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2005

El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura

Apuntes de una historiadora
Anne Pérotin-Dumon

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Palabras claves:

Derechos Humanos
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Notes de la rédaction

Traducción de Horacio Pons

Texte intégral

1El pasado reciente de Chile, el de la dictadura (1973-1990), es como una sombra tendida sobre el presente.1 Ese pasado está saturado de la experiencia de quienes lo vivieron y lo recuerdan. El espacio en el cual nos movemos está habitado por las cosas ocurridas entonces y develadas de manera incidental, al azar de una conversación o una lectura. Dicho esto, desde 1993, fecha en que nos instalamos en Chile, fuimos testigos de un cambio considerable en la memoria social de la dictadura. La gente se decide a hablar de ella con mayor libertad; el discurso público sobre el pasado reciente se ajusta más a la realidad, y la verdad acerca de ese pasado ha adquirido dimensiones más grandes y es mejor admitida por la sociedad en su conjunto.

2Más de diez años de estudios sobre la manera como las sociedades manejan un pasado complicado y avanzan paulatinamente sobre la verdad nos autorizan a decir que la situación de Chile no es en sí misma original sino, más bien, característica de los países que, como éste, sufrieron una tragedia nacional, en los decenios siguientes a ella. Sólo nos referiremos a esa situación, entonces, en lo concerniente a sus repercusiones sobre la práctica cotidiana del oficio de historiador, tema central de este artículo: ¿cómo investigar y enseñar hoy el pasado “vivo” en Chile, siendo así que, por su actualidad misma, éste sufre un proceso de continua redefinición, en un momento en que aparece una multitud de testigos, los archivos empiezan a abrirse y un discurso más veraz sobre ese pasado proporciona las palabras necesarias para trabajar? Otras tantas singularidades que, más allá de la diversidad evidente de los enfoques y puntos de vista, distinguirán para siempre de las siguientes a una primera generación de historiadores que se perfila en los días que corren.

3Dos informes dados a conocer con casi 14 años de diferencia (enero de 1991 y noviembre de 2004) señalizan la evolución de la sociedad chilena con respecto a su pasado reciente: el de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (en lo sucesivo Comisión Rettig e Informe Rettig)2 y el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (en lo sucesivo Comisión  Valech e Informe Valech).3 Uno después de otro, los informes Rettig y Valech confirieron carácter público a una verdad que muchos conocían, pero que hasta entonces era sostenida esencialmente por las víctimas, sus familiares y los organismos de defensa de los derechos humanos; por lo tanto, ambos documentos pusieron en marcha dentro de la sociedad un proceso de reconocimiento de “lo que pasó”.4 Proceso laborioso y gradual: son oportunas las palabras “construcción moral de la verdad” con las cuales un diputado socialista se refirió a la tarea que debía cumplirse, un año después de la entrega del informe de la Comisión Rettig.5 Mencionemos también al presidente Lagos, que en agosto de 2003 hablaba de “crecientes grados de verdad” alcanzados de un informe a otro.6

4Otra iniciativa del poder ejecutivo, la Mesa del Diálogo, también contribuyó a los progresos de la verdad acerca del pasado, pero lo hizo de otro modo que las comisiones Rettig y Valech. El gobierno la convocó durante 1999 y 2000, con la esperanza de obtener informaciones sobre los lugares de inhumación clandestina de opositores eliminados por la dictadura. De casi mil doscientos desaparecidos registrados por la Comisión Rettig, sólo habían sido identificados los restos de 178 personas cuando la Mesa comenzó a sesionar. Por primera vez, representantes de las fuerzas armadas y defensores de los derechos humanos se vieron cara a cara para hablar del lado más oscuro del pasado reciente; sus reuniones prosiguieron a lo largo de nueve meses. Un resultado de la Mesa, cuya importancia no harían sino confirmar los acontecimientos ulteriores, fue el reconocimiento explícito del ejército acerca de los atentados a los derechos humanos cometidos por el Estado. “En cuanto a la información que pretendía recabarse a través de esta instancia, fundamentalmente proveniente de las Fuerzas Armadas, los resultados fueron magros y además, en oportunidades, equívocos”, evalúa el Informe anual sobre derechos humanos en Chile, 2004.7 La Mesa alcanzó un tercer objetivo del cual volveremos a hablar: la designación de “jueces especiales” con dedicación preferente en causas de derechos humanos.

5Las observaciones que van a leerse se fundan, ante todo, en anotaciones personales acopiadas día tras día a partir del año 1998, cuando el ex dictador Pinochet deja el mando de las fuerzas armadas (marzo) y queda detenido en Londres (octubre). La primera parte del artículo muestra que la presencia del pasado se hizo cada vez más explícita en los ámbitos y la información cotidianos. Y que hubo, al mismo tiempo, un progreso de la verdad: porque pudieron conocerse más cosas concernientes a la historia personal de un número creciente de personas, y porque esa verdad se abrió paso en la conciencia de la gente. La segunda parte examina esa vivencia y su manera de orientar la práctica del historiador hacia lo que franceses y españoles llaman “historia del tiempo presente”. En otras palabras, una historia reciente centrada en la parte del pasado que se confunde con la memoria de un sector significativo de la población, y una historia que, por la proximidad de los hechos estudiados, se ve en la necesidad de privilegiar ciertos temas de investigación y aspectos del método histórico. Dos cursos dictados poco tiempo atrás y una recopilación de trabajos realizado en colaboración con colegas argentinos, chilenos y peruanos constituyen la materia prima de nuestras reflexiones sobre el estudio del pasado reciente en la coyuntura actual de Chile. La tercera parte del artículo propone una lectura del Informe Valech desde el punto de vista de la disciplina histórica. Destacamos dos aspectos del método de investigación de la comisión: por un lado, el cruzamiento de una vasta cantidad de fuentes diferentes, como resultado de la cual se alcanzó una gran confiabilidad en el proceso de calificación de las víctimas; por otro, una manera inductiva de llegar a la verdad global a partir de los testimonios y los demás datos recogidos. La cuestión de los archivos de la comisión se aborda in fine, así como las nuevas perspectivas de investigación sobre la historia de la dictadura abiertas por el Informe Valech.

I

6Instalarse en Chile en 1993 era acostumbrarse a vivir con un pasado omnipresente pero que comenzaba a ponerse en sordina. En los dos primeros años del gobierno de la Concertación se había producido, sin duda, una oleada inicial de revelaciones sobre los horrores cometidos a lo largo de los 17 años anteriores, y se esbozó un debate público con respecto a ellos.8 Esos años iniciales de la transición democrática habían estado puntuados por la Comisión Rettig (1991) y la ley de reparación (1992); el descubrimiento de nuevas sepulturas clandestinas en el norte y el centro del país, y la aparición de testimonios y buenos trabajos de periodismo de investigación.9 Y sobre todo por la publicación del informe de la Comisión Rettig, que puso en conocimiento del público el carácter masivo de las violaciones de los derechos humanos y estableció una lista de los muertos y desaparecidos, así como de las circunstancias de cada caso. Pero la prevista campaña de difusión masiva del informe y de sensibilización de la opinión pública no se llevaría adelante.10 Tras la muerte del ideólogo Jaime Guzmán, artífice de la constitución de 1980 asesinado por un grupo revolucionario de extrema izquierda,11 el gobierno de Aylwin estimó prudente disponer una retirada ante la ofensiva general de una derecha muy identificada con la dictadura. “Pasados los primeros años de la transición, la Concertación se mostró menos proclive a realizar actos que expresaran la diferencia moral entre democracia y dictadura.  Paulatinamente se encontró más bien a la defensiva, reaccionando a las irrupciones [del pasado] que no podía controlar” escribe Alexander Wilde en “Irruptions of Memory”, artículo en que analiza la respuesta de la Concertación ante hechos que “de manera errática pero frecuente [asaltaron] la conciencia nacional”, y hace el balance de la estrategia alternativa adoptada por la Concertación: plantear como asunto judicial las violaciones pasadas a los derechos humanos.12 Los programas de reparaciones en aplicación de la ley antes mencionada (sin equivalentes en ningún otro lugar del mundo) y las investigaciones concernientes a los detenidos desaparecidos, a cargo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se efectuaron con extrema discreción.13 El Informe Rettig cobró entonces las dimensiones de un “monumento”, como se calificaba antaño a las obras imponentes y dignas de perdurar. Con el paso de los años, la autenticidad de los hechos establecidos por él adquirió un carácter irrefutable. El documento, sin embargo, no puso en marcha una dinámica de reconocimiento público del pasado. Como escribe el abogado José Zalaquett, “la verdad que dio a conocer la Comisión Rettig actuó como una especie de buque rompehielos, permitiendo avanzar en lo que era impenetrable”.14 Un nuevo período de progresos se inició alrededor de 1998, y en los siete últimos años se ha avanzado mucho. El “pasado oscuro” tiene una actualidad cotidiana, ante todo por obra de la justicia, pero, también, de las iniciativas cívicas y las decisiones oficiales de las que es objeto. Y se expresa, finalmente, en una opinión pública que quiere conocer “la verdad de los hechos”.15

7Como es sabido, un juicio sustanciado en la justicia establece públicamente lo ocurrido; la interpretación de la ley en la sentencia constituye una manera de juzgar el pasado. En este aspecto, el tratamiento del pasado por parte de la justicia chilena tuvo un punto de inflexión a partir del arresto de Pinochet en Londres, en 1998, y sus 17 meses de detención entre ese año y 2000 (insistamos en que sólo se trata de un punto de inflexión desde el cual, tanto en el ámbito judicial como en otros aspectos de la gestión del pasado, las cosas se precipitan).16 Luego de Londres, Pinochet tuvo cada vez más problemas con la justicia. Como resultado, a principios de 2005 es inculpado simultáneamente en varios casos cuya instrucción sigue adelante. Unos se refieren a los derechos humanos, como la operación Cóndor (red de cooperación entre los servicios de inteligencia militar de los regímenes dictatoriales del Cono Sur) y el asesinato del general constitucionalista Prats y su esposa en Buenos Aires.17 Otros, iniciados a raíz del descubrimiento de su cuenta secreta en el banco Riggs de Washington, tienen que ver con la corrupción, un elemento novedoso. La revelación de su comportamiento corrupto en gran escala llevó a varios políticos y hasta militares a alejarse del ex dictador. Y todo indica que la fuerza probatoria de las cifras y documentos bancarios (que ponen de manifiesto la existencia de una fortuna ilegalmente amasada desde fines de la década de 1980, es decir a partir del momento en que el país se encamina hacia la transición democrática) terminará por imponer al público la convicción de que Pinochet también es el principal culpable de las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1990. En enero de 2005, cuatrocientos miembros retirados de las fuerzas armadas estaban procesados por violaciones de los derechos humanos (asesinatos políticos y desapariciones, pero asimismo torturas) en la persona de más de un millar de víctimas. Setenta de ellos ya están en prisión, incluidas las principales autoridades de la DINA, policía secreta que actuó entre enero de 1974 y agosto de 1977 (fue necesario agrandar las instalaciones penitenciarias que les están especialmente destinadas).18 A fines de febrero, los procesamientos dictados por los jueces especiales afectaron por primera vez a ex ministros de Pinochet aún en actividad, y ya no exclusivamente a militares retirados.19

8Chile atraviesa un período de intensa actividad judicial. Y ello por una razón precisa: tres años de investigaciones encaradas desde 2002, a lo largo de todo el país, por unos cuarenta jueces especiales, están a punto de culminar. En el curso de esas investigaciones, en primer lugar los suboficiales y luego los oficiales comenzaron a romper el “pacto de silencio” que existía desde treinta años atrás sobre los crímenes cometidos y las ramificaciones de la represión. Esta actividad de los tribunales en materia de violaciones de los derechos humanos estuvo acompañada por una notable evolución de la norma jurídica aplicada. Cada nueva sentencia pronunciada sobre la desaparición de personas desmorona un poco más la ley de amnistía que debía proteger a los autores de los crímenes perpetrados entre 1973 y 1978 (el período de la represión más intensa).20 Varias sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones también desestimaron la ley de amnistía por considerar que el derecho penal internacional en materia de homicidios y desapariciones es una norma superior a la ley chilena.21

9La presencia del pasado adquirió asimismo otra calidad en el espacio cotidiano. Entre los lugares habitados por el pasado se contaban esos símbolos nacionales que son, por doquier, el palacio presidencial y el centro de la capital. Al entrar a La Moneda reconstruida por Pinochet luego del bombardeo e incendio sufridos por el edificio el 11 de septiembre de 1973 (por ejemplo, en oportunidad de una invitación oficial), era difícil no sentirse invadido por ese recuerdo siniestro. Los edificios oficiales situados frente a su fachada sur todavía mostraban la huella de numerosos impactos de bala y otros proyectiles recibidos entonces. En la actualidad esos lugares parecen exorcizados por los trabajos de restauración y la presencia de placas, monumentos y cuadros conmemorativos del 11 de septiembre de 1973 y sus víctimas. Repintada de blanco en los primeros meses de la presidencia de Ricardo Lagos (2000), La Moneda se ha convertido en un lugar público. Los ciudadanos son recibidos en la casa de gobierno por carabineros (hombres y mujeres) en uniforme de gala, como corresponde, pero de talante campechano. En la plaza que mira al norte se levanta la estatua de Salvador Allende inaugurada en 2000. Al pasar por la otra plaza, más grande, que da a la fachada sur del palacio presidencial, nos sorprendió, poco antes de la Navidad de 2004, el desmantelamiento llevado a cabo sin dilaciones, detrás de un vallado de obra, del monumento erigido por Pinochet en 1979 a las “llamas de la libertad”.22 Éste dejará su lugar a un gran complejo cultural (debajo de la plaza y las calles circundantes, que deberán convertirse en peatonales); detrás, en el paseo Bulnes situado en línea con La Moneda, también se levantará un monumento a las mujeres víctimas de la dictadura.

10El 11 de septiembre de 2003, todas las cadenas de televisión del mundo occidental, para el cual el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representa un acontecimiento emblemático, pusieron en sus pantallas una imagen: la de Ricardo Lagos mientras reabría la Puerta de Morandé (puerta este del palacio presidencial, situada en el número 80 de la calle de ese nombre), a través de la cual se había sacado el cadáver de Allende del palacio presidencial en llamas el día del levantamiento militar.23 En ese año de conmemoración del golpe aparecieron placas y monumentos en todo el país, así como iniciativas de las numerosas asociaciones de víctimas para preservar las sedes de los centros de tortura más notorios.24 Esos intentos recientes de mantener viva la memoria de los lugares llaman la atención en un país donde la protección del patrimonio cultural es muy pobre, y también porque son objeto de una solicitud y ayuda crecientes de los servicios públicos.25 El Estadio Nacional, por el cual pasaron decenas de miles de personas detenidas entre septiembre y noviembre de 1973, fue declarado monumento histórico de Chile en agosto de 2003. Otros dos sitios recibieron la misma jerarquía en 2004. Uno es la Villa Grimaldi: ubicada en la avenida José Arrieta a la altura del 8200, fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. A pesar de haber sido arrasado por la dictadura, las excavaciones realizadas han sacado a la luz los cimientos de varios edificios (además de artefactos), y otros han sido reconstruidos; en su emplazamiento se habilitó un Parque de la Paz (avenida José Arrieta 8401). El otro sitio está ubicado en la calle José Domingo Cañas 1367, donde funcionó el Cuartel Ollagüe de la DINA; la destrucción de la casa que sirvió de centro de tortura no pudo impedirse, pero desde 2000 se realizan frente al solar vigilias con velas.26 “El encendido de una vela”, explica uno de los participantes en esas vigilias, “ilumina el espíritu de aquellos que están aquí, de aquellos que fueron torturados y asesinados en este lugar. Esta luz que está aquí refleja que ellos aún están presentes.”27

11En el trigésimo aniversario del 11 de septiembre de 1973 se tuvo la impresión de que las dificultades de la gente para hablar de ese pasado comenzaban a allanarse. El transcurso del tiempo había doblegado las reticencias. La palabra sobre el pasado, hasta entonces política, se convertía en histórica; de ese modo, tras una etapa en que existía el peligro de remover indebidamente “las ardientes cenizas del pasado” –para parafrasear la cita que Elizabeth Lira y Brian Loveman utilizaron como título de una de sus obras–,28 se ingresaba en una era en la cual era un deber prestar testimonio sobre acontecimientos históricos. Las siguientes son las palabras pronunciadas ese mismo mes de septiembre de 2003 por José Quiroga, uno de los seis médicos del entorno de Allende e integrante del grupo de leales que treinta años atrás, hacia las dos de la tarde, dejaban el palacio presidencial luego de negociar su rendición con las fuerzas rebeldes. Sin embargo, en la fila de los derrotados algunos interrumpieron la retirada y volvieron sobre sus pasos para averiguar la suerte corrida por el presidente. Serían así testigos involuntarios de su suicidio.

Porque a mí si me hubieras preguntado hace un montón de años atrás, yo te habría dicho que no sabía nada. Por años dije eso. Porque a pesar de que sabía, en ese momento era más importante el aspecto político, y que todo el mundo creyera que a Allende lo habían matado los militares. Después de 25 años, ya no es un hecho político sino histórico. La gente tiene derecho a saber lo que pasó.29

12Este testimonio es particularmente fuerte. Se ajusta, empero, a la idea aducida con más frecuencia en las alocuciones, breves, compuestas de palabras simples pronunciadas sin un micrófono delante, que se sucedieron durante la conmemoración pacífica del 11 de septiembre en torno de La Moneda, mientras decenas y decenas de delegaciones y cortejos se reunían frente a la Puerta de Morandé o la estatua de Allende. A saber: hoy queremos recordar juntos lo que sucedió hace treinta años como un acontecimiento histórico. En los meses anteriores a esa fecha, los medios comenzaron a hablar otra vez de la Unidad Popular (coalición con la cual Allende gobernó de 1970 a 1973) y del golpe. Se escucharon las voces, a menudo por primera vez, de protagonistas o testigos como Quiroga. Ese mismo año se publicó una nueva e importante serie de memorias y otros escritos sobre la época.30 Programas y debates televisivos suscitaron discusiones en las familias y entre las generaciones.

13En 2004, el estreno de Machuca, del director chileno Andrés Wood, tuvo un efecto similar a la conmemoración del 11 de septiembre, porque la película fue vista por centenares de miles de personas y generó amplios debates. Apenas estrenado, el filme se impuso como el mejor del año y no tardó en alcanzar el tercer lugar entre los de mayor asistencia de espectadores en el cine nacional. Su argumento se ocupa de la brecha entre clases medias y populares y las divisiones ideológicas que la recortan, según las viven alumnos, padres y docentes de un colegio secundario progresista para sectores de posición económica desahogada, entre fines de la Unidad Popular y comienzos de la dictadura. El hecho de que el protagonista principal fuera un adolescente facilitó la identificación con la historia, tanto entre los espectadores que lo eran entonces como entre quienes lo fueron poco tiempo atrás. La posibilidad de ser testigos de las discusiones que enfrentan a los protagonistas de Machuca permitió conjurar el recuerdo de las vividas por el país en 1973: ahora se podía hablar de ellas sin el riesgo de nuevas fracturas. El cambio afecta a todos los estratos de una sociedad a la que se coincide en calificar de poco locuaz y bastante desconfiada. En muchos grupos existentes cuando se produjo el golpe de 1973 –de los alumnos de liceos progresistas a los militantes de un mismo partido político–, el trigésimo aniversario intensificó un movimiento de rememoración iniciado alrededor de 1998: reuniones, recuperaciones de vínculos, romerías a las tumbas de camaradas desaparecidos. La difusión de Internet en esos mismos años contribuyó a propiciar el movimiento, pues no hay en Chile una sola persona cuyo círculo de relaciones tejidas en la década de 1970 no haya padecido la diáspora producida por el exilio.31 En gran medida todo esto fue espontáneo y tomó por sorpresa a los propios interesados.

14La actividad judicial y las iniciativas del Estado con respecto al pasado reciente, tal como antes las reseñamos, contribuyeron igualmente al resurgimiento de esos lazos y redes de ex militantes de la Unidad Popular. Esos factores tuvieron incluso su papel en el retorno de los individuos a esa parte de su pasado. Se organizaron grupos de influencia para la designación de un sitio histórico o la colocación de una placa, y la actividad de las asociaciones de víctimas cobró nuevos bríos a mediados de 2003, cuando el gobierno del presidente Lagos preparaba el proyecto legislativo titulado “No hay mañana sin ayer”. De tal modo, hoy hay mucha gente dedicada a la exhumación literal y figurada de su pasado: las víctimas de la dictadura lanzadas a la búsqueda de documentos que les permitan entrar en uno de los programas de reparaciones, las que se prestan al careo con un torturador en el marco de una instrucción, las que acudieron a declarar ante la Comisión Valech. Unos se proponen hacer excavaciones en el sector de su jardín donde creen haber enterrado en las horas posteriores al golpe documentos o recuerdos que se convertían de improviso en elementos comprometedores, pero de los cuales no podían separarse. Otros releen el recurso de amparo o la denuncia presentada, durante la dictadura, por intermedio de un abogado del servicio legal de la Vicaría de la Solidaridad.32 Esa denuncia consignaba una cantidad de cosas de las que la memoria, aunque incapaz de dejarlas por completo atrás, se había aligerado inevitablemente, y cuya lectura reactiva el temor o la pena que oprimían entonces. Para muchos, por lo tanto, no habría cura de olvido, y el retorno al pasado que se constata hoy en Chile es una experiencia individual, difícil de soportar, que trae consigo pesadillas y fobias,33 con sus repercusiones en los comportamientos colectivos: las acciones judiciales y las políticas de reparación generan fuertes tensiones y dan lugar a enconados debates entre el Estado y las asociaciones de víctimas.34

15La Comisión Rettig había centrado la memoria pública del pasado en las víctimas de ejecuciones y desapariciones, por la sencilla razón de que en los plazos prescriptos sólo había podido establecer la verdad individual en relación con los casos de desaparición y ejecución (sobre los cuales elaboró una lista con los nombres de las víctimas). De todos modos, el Informe Rettig ya demostraba que la tortura había sido muy ampliamente utilizada, con métodos y en lugares que describía para cada período.35 Siendo así, la tortura quedó como un tema pendiente en materia de reparación del pasado, pero también era algo de lo cual las víctimas se abstuvieron de hablar durante mucho tiempo.36 “Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente por el país”, leemos en el Informe Valech.37 Como éste señala, es indudable que la tortura es una “realidad desconocida, cruel y difícil de asimilar”38 para cualquier sociedad. Además, como lo hace notar María Luisa Sepúlveda, vicepresidente de la Comisión Valech: “La tortura no ha sido un tema socialmente reivindicado”.39 Durante mucho tiempo, los supervivientes de las prisiones de Pinochet hablaron ante todo en calidad de testigos de la ejecución o desaparición de sus compañeros.  El cambio ocurrido en los últimos años y precipitado por la aparición del Informe Valech consiste en la ampliación de la memoria social de la represión hasta el extremo de incluir la detención y la tortura. En el origen de ese cambio hay un encadenamiento de hechos que se remontan al arresto de Pinochet en Londres. La tortura es uno de los delitos que los law lords tuvieron en cuenta para admitir el pedido de extradición presentado por el juez español Garzón.40 En Chile, los abogados comenzaron entonces a reunir pruebas relativas a las víctimas de torturas.41 Se sumó a ello un caso que estremeció al mundo universitario y terminó, de otra manera, por llevar la tortura a la sala de audiencias.

16En febrero de 2001, Felipe Agüero, profesor de ciencias políticas en una universidad norteamericana, escribió al director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile para informarle que, detenido en septiembre de 1973 en el Estadio Nacional, fue torturado por un miembro de dicho instituto. Por entonces oficial de marina reservista, Emilio Meneses había sido, en efecto, convocado otra vez al servicio activo en los meses siguientes al golpe, y se lo destinó a ese estadio. Como ambos eran docentes de la misma disciplina y además se habían especializado en temas de defensa, Agüero y su antiguo torturador se encontraron varias veces frente a frente en distintas reuniones universitarias. El primero terminó por no ir más al Instituto de Ciencias Políticas, pero guardó el secreto hasta 1998, cuando decidió dejar de callar esas circunstancias ante sus colegas de la Católica.42 Los medios dieron gran publicidad al caso Agüero-Meneses.43 Entre las consecuencias de éste puede mencionarse la formación de una Comisión Ética contra la Tortura en marzo de 2001, por iniciativa de asociaciones de ex detenidos apoyadas por los organismos de defensa de los derechos humanos. La entidad exigió que los casos de tortura se llevaran a la justicia y se les aplicara la imprescriptibilidad vigente para los crímenes contra la humanidad.

17En materia de reparaciones, la propuesta hecha por el presidente Lagos en agosto de 2003 con el título de “No hay mañana sin ayer” era en parte el fruto de las presiones ejercidas por las asociaciones de ex detenidos y los organismos de defensa de los derechos humanos.44 El proyecto preveía, entre otras cosas, la creación de una comisión encargada de establecer “una lista rigurosa de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas”. Ese cuerpo se instituyó efectivamente en noviembre de 2003, a través de un decreto que le asignaba la misión de buscar la verdad acerca de esas “situaciones graves” que son la prisión política y la tortura, determinar cuáles eran las personas que las padecieron y proponer medidas de reparación en su beneficio.45 La comisión presentó su informe en noviembre de 2004; se aprobó entonces, con alguna precipitación, el proyecto de ley elaborado por el gobierno sobre la base de las recomendaciones formuladas por aquel organismo.46 Pero el Informe Valech fue un acontecimiento en los medios y hay muchas razones para creer en sus efectos a largo plazo sobre la conciencia moral del país: a fines de noviembre de 2004 una encuesta reveló que el 74% de los consultados aprobaban el informe y el 66% conocían efectivamente el documento.47

18Para comprender el paso dado en la construcción social de la verdad gracias al Informe Valech, es importante considerar el número de personas que se reconocen en él y de quienes depende, en parte, su capacidad de llegar hoy a la opinión pública. Pues al ampliarse hasta incluir la detención y la tortura, la verdad pública sobre el pasado corresponde ahora a la memoria de una gran cantidad de chilenos. Memoria fuerte que es la de quienes declararon ante la Comisión Valech (mientras que de los muertos y los detenidos y desaparecidos fueron sus familiares y compañeros sobrevivientes quienes hablaron ante ese organismo). Memoria de todos los otros que, pese a haber vivido la misma situación que los declarantes, no acudieron a la comisión; en particular, y volveremos a ello más adelante, quienes en uno u otro momento estuvieron detenidos sólo 24 o 48 horas, sin haber sufrido torturas.48 Memoria, además, de los allegados de los ex detenidos, declarantes o no, que fueron directamente afectados por su arresto. Memoria, también, de los camaradas y amigos que compartían el mismo compromiso y los mismos riesgos que las víctimas (declarantes o no), pero a quienes el azar protegió: “Por cada detenido y torturado, había una familia, un grupo de amigos, una red social que se resintió con el conocimiento de lo ocurrido, y que experimentaron y contagiaron [a otros] el temor y la inseguridad”, señala al respecto la Comisión Valech.49 Memoria, para terminar, de quienes fueron testigos oculares o auriculares de las detenciones, en su carácter de vecinos, compañeros de trabajo o conocidos de las víctimas. ¿Acaso no escuchamos muchas veces decir: “No soy víctima directa, ni familiar de una; como muchos quizás estuve cerca de serlo. Conocí a muchos que sí, lo fueron”?50 Un universo muy amplio de personas se reconoce, por lo tanto, en la verdad correspondiente a las detenciones y torturas infligidas por la dictadura. Nos codeamos todos los días con esa gente; los cambios que acabamos de mencionar en la presencia del pasado son una realidad vivida de cerca y no sólo un asunto de actualidad y opinión pública, tal como cualquier persona razonablemente informada puede advertirlo.51

19El hecho de que la verdad sobre el pasado reciente establecida por el Informe Valech concierna a un universo extenso de personas de “vidas tronchadas” desde 1973 se verifica en los datos estadísticos aportados por el propio informe acerca del grupo de declarantes. La comisión recibió el testimonio de 35.868 personas, un número de casos que multiplica por diez los examinados por la Comisión Rettig. De esa cifra, se reconoció oficialmente como víctimas a 27.255 personas, que en su mayor parte tienen hoy 51 años o más.52 Muchos de los allegados a las víctimas que comparten actualmente su memoria se sitúan en los mismos grupos de edad. La dictadura sorprendió a todos ellos cuando eran jóvenes y estudiantes de entre veinte y treinta años. La mayoría tenía un compromiso político (sobre todo en el sindicalismo) y casi todos eran militantes de base.53 La participación en la movilización social y política de Chile a fines de la década de 1960, que culminó durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), y la posterior continuidad de la actividad política o sindical clandestina, valieron a las víctimas la detención, la tortura, el envío a una residencia alejada (relegación) o la expulsión del país.54 Sin embargo, más allá de las víctimas, las formas larvadas de discriminación afectaron a la totalidad de su grupo de pertenencia: imposibilitados de obtener becas o puestos de trabajo, padecieron una desocupación prolongada o la expulsión del colegio o la universidad, con la consecuencia de un final prematuro de los estudios, etcétera.

20La fuerza sociológica de esa memoria explica su capacidad de llegar hoy a la opinión pública. Vale la pena detenernos en dos de los grupos antes mencionados, que se reconocen en el Informe Valech. El primero lo conforman quienes vivieron la detención y la tortura tal como la describieron los declarantes, pero que no se presentaron ante la comisión. Rechazo de la expectativa aparente de una indemnización como consecuencia de las gestiones, falta de confianza hacia la iniciativa gubernamental y su desenlace, inquietud de personalidades políticas (en especial si eran miembros del gobierno) ante una posible mala interpretación de su presentación: todos estos motivos se adujeron, no sin razón, para explicar la decisión de ciertas víctimas de no acudir al llamado de la comisión. Sin embargo, hay una razón que parece preponderante, y a cuyo respecto se menciona una y otra vez la palabra “pudor”: “Descorrer el velo de la tortura, de la violencia física y psicológica, es algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges”, escribe la comisión.55 El segundo grupo tocado de cerca por la brutalidad de la represión está constituido por quienes no se presentaron ante la comisión porque no fueron torturados durante su detención.56 El hecho de que el 94% de las víctimas hayan declarado haber sufrido torturas a lo largo de su detención aclara, en contraste, las razones de los otros de no asumir la misma actitud. En atención al contexto de la época, declarantes y no declarantes parecen haber seguido una regla empírica según la cual, para presentarse ante la comisión, era preciso que el arresto arbitrario y el trato brutal hubieran sido la antesala de la tortura.57 No bastaba el hecho de haber padecido un arresto y una detención breves, por ejemplo en los días siguientes al golpe, haber sido hacinado en las comisarías con otros centenares de personas sin agua ni comida, echado boca abajo y forzado a recibir, en esa postura, puntapiés y culatazos. Tampoco bastaba la detención transitoria en las mismas condiciones a la cual pocos militantes escaparon en el transcurso de los 17 años de gobierno de Pinochet, aun pasados los terribles meses finales de 1973.

21¿Pueden aportarse algunas precisiones numéricas a esta investigación sumaria sobre los individuos afectados por la verdad del Informe Valech? A falta de precisiones, se pueden proponer tres órdenes de magnitud. Ante todo en lo concerniente a las víctimas de la tortura: además de los 27.000 calificados por la comisión, ¿cuántos permanecieron por propia voluntad en el anonimato? Su número asciende a decenas de miles: al respecto, las opiniones de la comisión y de los dirigentes de los organismos de defensa de los derechos humanos coinciden con la estimación de los mismos declarantes. Tratándose del conjunto de las víctimas, la Comisión Valech estimó no contar con elementos que permitieran dar una respuesta.58 Para comprenderla, habrá que señalar la diferencia entre los cálculos propuestos, que oscilan entre sesenta mil y trescientas mil. En parte, esa diferencia se explica, sin duda, por la heterogeneidad de los criterios adoptados, según las estimaciones, para designar a las víctimas. Pero también debe aludirse a la naturaleza inevitablemente politizada de esas cifras: la política interviene sobre todo en las más elevadas. Chile no es una excepción a la regla, como tiende a indicarlo el hecho de que ninguno de los organismos con los que la comisión se puso en contacto por haber propuesto cifras respondió ni aportó pruebas al respecto. Remitámonos al número muy prudente de sesenta mil víctimas de torturas que mencionaron, en la década de 1980, los abogados y psicólogos que por su trabajo estaban en relación con las víctimas y sus familias, dentro de organismos de defensa de los derechos humanos como la Vicaría y FASIC [Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas]. El segundo orden de magnitud que puede proponerse concierne a la cantidad de personas privadas de la libertad por razones políticas en uno u otro momento de la dictadura, pero que no sufrieron necesariamente torturas. Incluyendo las detenciones efectuadas durante allanamientos y protestas en la década de 1980 que no aparecen en el mandato dado por el gobierno a la Comisión Valech, José Zalaquett propone una estimación que va de ciento cincuenta mil a doscientas mil personas.59 El tercer y último cálculo concierne entonces al círculo de parientes, amigos y compañeros de militancia afectados por la detención de las víctimas. La Comisión Valech considera conveniente multiplicar por cinco el número de víctimas para llegar a ese círculo (como lo hicieron los historiadores con respecto al círculo enlutado por la muerte de un combatiente durante la Primera Guerra Mundial). Al adoptar este factor multiplicador de 1 a 5, las personas afectadas por la suerte de las víctimas pueden evaluarse en unas trescientas mil si se considera el círculo de quienes fueron torturados, y hasta un millón si se toman en cuenta todos los detenidos en uno u otro momento de la dictadura. En todo caso, con respecto a los nueve millones de habitantes que tenía Chile a principios de la década de 1970 (hoy tiene 15 millones), el círculo de personas que se reconocen en la verdad establecida por el Informe Valech representa de una sola vez mucho más gente que la incluida en todas las categorías de víctimas de la represión pinochetista que habían sido registradas antes del trabajo de la Comisión Valech. Y es comprensible, de resultas, que esos centenares de miles de personas afectadas en distintos grados por la prisión política y la tortura tengan mucho peso en la memoria colectiva.

II

22A lo largo de los años que acabamos de evocar llegaron a Chile los ecos de un campo historiográfico desarrollado en la década de 1980: la historia del tiempo presente mencionada al comienzo de este artículo.60 Si se toma conocimiento de los trabajos monográficos y de la reflexión epistemológica de alemanes, franceses y españoles sobre su pasado “complicado” de las décadas del treinta y el cuarenta, es posible reconocer un objetivo que empezaba a perfilarse entonces en Chile: ocuparse de un pasado del que se es contemporáneo y que vive en los recuerdos de la gente, pretender abordarlo como historiador pese a su proximidad. En perspectiva, advertimos hoy dónde tropezaba la empresa: en la década del noventa faltaban todavía las palabras que permitieran identificar y conceptualizar un objeto de investigación. Cuando se abordaban los decenios de 1970 y 1989, el tono, a la derecha, se pretendía distanciado y de una neutralidad presuntamente científica, pero se callaba lo esencial; a la izquierda, la condena moral y el juicio político precedían a menudo la investigación. Quienes procuraban navegar entre los escollos de una historia oficial por un lado y una historia militante por otro, cuidaban como mínimo sus palabras y se fijaban un umbral variable de opacidad o militancia léxica según las instituciones o medios en los cuales se movían.61 La aceptación societal, a partir de 1998, de una verdad pública sobre “lo que pasó” permitió efectivamente a la investigación soltar amarras y proporcionarnos un vocabulario del pasado reciente. Cuando el “carácter inmoral” del régimen (para retomar la expresión de Alex Wilde), la represión y sus víctimas volvieron a ser un tema de actualidad y debate público, la situación instaló un lenguaje más directo. Se comenzó a hablar entonces de violaciones de los derechos humanos, de tortura, de “la dictadura”, de impunidad. Esas palabras, antes sólo utilizadas por los organismos de defensa de los derechos humanos, desplazaron poco a poco los eufemismos que eran los resguardos de una visión oficial del pasado hasta entonces apenas puesta en cuestión: gobierno militar, apremios, atropellamientos. No queremos decir que con anterioridad la investigación haya sido inexistente: debemos saludar aquí las tesis de licenciatura en historia (equivalentes a una maestría en Europa) que son probablemente los primeros trabajos de investigación consagrados al período de la dictadura, y recordar a los docentes que, contra viento y marea, tuvieron a bien dirigirlas.62 Se trataba, sin embargo, de obras de aprendices que no podían aún inscribirse en un campo de investigaciones reconocido.

23Al decidir reorientar hacia la historia del tiempo presente una enseñanza centrada desde varios años atrás en las cuestiones metodológicas e historiográficas, pasábamos por alto, sin duda, el peso de otro factor: la contemporaneidad del acontecimiento por examinar es algo cambiante, habida cuenta de que la actualidad reordena y redefine constantemente el pasado reciente. Y la enseñanza y la investigación no pueden hacer abstracción del sentido que asume públicamente el pasado en el momento de su examen.63 A nuestro juicio, la necesidad práctica de hacer frente a ese desafío puede orientar la reflexión en direcciones imprevistas y fecundas. El ejemplo de seminarios dictados hace poco y de un proyecto de investigación en curso ilustrará esta afirmación.

24Empecemos por el seminario realizado en 2002 y titulado “Memoria de los sitios, sitios de la memoria”.64 La expresión “memoria de los sitios” recuerda que la operación de representación del pasado, en la memoria espontánea, está ligada con mucha frecuencia a un lugar, y son contados los recuerdos no localizados.65 Se sabe, por otra parte, cuál fue el título elegido por Pierre Nora para su muy conocida obra: Les Lieux de mémoire (1984-1992). En la intención de su autor, la metáfora era lo bastante grande para englobar los textos, sitios, instituciones, edificios, aniversarios y otros elementos que sirven de respaldo a la memoria identitaria nacional. Ello antes de que un rápido deslizamiento metonímico, producido en el contexto de una renovación de la política estatal de conservación del patrimonio cultural francés, diera a la expresión un sentido literal que aseguró su fortuna.66 Esas palabras forjadas en el contexto del bicentenario de la Revolución Francesa toman otra resonancia en la actualidad chilena, durante el primer semestre de 2002. Para los participantes chilenos –docentes, estudiantes y oyentes– de nuestro seminario, los lugares de la memoria son aquellos donde se ocultaron los hechos probablemente más graves de la represión: la eliminación de personas y su inhumación en tumbas clandestinas, y hasta la remoción de cuerpos de detenidos desaparecidos. Hechos que, como ya se dijo, los jueces especiales se proponen investigar: “El encuentro de estos restos óseos es parte de la verdad”, dice uno de ellos. El combate por alcanzar la verdad en torno del lugar de inhumación de las personas desaparecidas había sido iniciado por los movimientos de derechos humanos a fines de la década de 1970. Dónde están: con esta forma, el reclamo de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos cruza las fronteras de Chile.67 El descubrimiento de cuerpos no identificados y tumbas clandestinas suscitó una y otra vez una movilización intensa que, a principios de la década de 1980, coincidió con la organizada para recuperar una plena libertad de información. Cuando las fuerzas opositoras democráticas se reorganizaron y prepararon una réplica concertada a la dictadura, resultó de singular utilidad saber qué pasaba en el país y evaluar la fuerza de la oposición, pese a la existencia de medios de comunicación controlados o cómplices. De allí la idea de estructurar una parte del seminario sobre los lugares de la memoria en torno de profesionales de la información audiovisual, cuya tarea consistía en la época en investigar lo que ocurría acudiendo a esos sitios. Así, un documentalista y un reportero de actualidades nos mostraron documentos en video realizados en la década de 1980. Mientras los veían con nosotros, sus realizadores recordaron las circunstancias del rodaje, pero también su reacción frente al acontecimiento, y más simplemente lo que pasaba entonces ante su mirada: ¡enorme plusvalía para la investigación histórica!68 Su participación puso de manifiesto el recurso excepcional que constituyen, para el historiador del tiempo presente, los periodistas que son “observadores privilegiados” del acontecimiento.69

25En 1982, Ignacio Agüero terminó un cortometraje titulado No olvidar. Hizo el montaje en Suiza donde había salido discretamente con las cintas. Los miembros del equipo de producción recibieron nombres ficticios y se decidió que la compañía productora se llamara “Grupo Memoria”: “Eso sí era importante, llamarnos de ese modo y que ese nombre quedara impreso en la película, pues resumía el sentido de nuestro trabajo”, recuerda Agüero.70 La película narra el descubrimiento, en 1978, de los cuerpos de 15 campesinos en dos hornillos de una mina abandonada de Lonquén, una localidad de la comuna rural de Isla de Maipo, no lejos de Santiago. Los campesinos figuraban como desaparecidos desde su arresto en octubre de 1973. No olvidar testimonia el momento en que, ante el descubrimiento de esas tumbas clandestinas (y de otras, en la misma época, en distintos lugares del país), las familias y los opositores al régimen se hacen a la idea de que los detenidos desaparecidos están efectivamente muertos. Allegado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que asisten a las familias de las víctimas,71 Agüero tomó en Lonquén imágenes de las pequeñas capillas ardientes (animitas) y de los peregrinajes (romerías) que sacralizaron el lugar. De ese modo, el documental capturó la aparición de las primerísimas manifestaciones de la memoria colectiva que los estudios sobre la memoria social suelen olvidar: ante la muerte violenta y escandalosa, el “no olvidar” se expresa ante todo y de manera espontánea a través de la participación en los ritos funerarios. Encontramos una expresión similar de la memoria colectiva en los funerales de opositores políticos mediante los cuales las comunidades desafiaron a los regímenes ocupantes o autoritarios en casi todo el mundo occidental durante los siglos XIX y XX. En Chile (y América Latina en general), esa memoria “primera”, próxima a los hechos rememorados, está ligada al desarrollo del movimiento por los derechos humanos: es una memoria moral, que se levanta contra la mentira.72 Y como lo sugiere el título No olvidar, se expresa ante todo a la manera de la conminación, de la resistencia: el acto mismo de reminiscencia es resistencia a la represión.73

26En 1979 Agüero no tenía más que las imágenes del sitio. Por entonces los hornos fueron dinamitados y arrasados. Inquieto por el ruido hecho alrededor de Lonquén, el régimen militar prefirió hacerlos desaparecer. Al enterarse de la noticia, Agüero recuerda haber pensado: “tengo que hacer la película”. La realización del documental se convertía así en la manera de cumplir un deber de memoria. Entrevistó a la sazón a una de las familias, los Maureira Muñoz, así como a los responsables de la Vicaría de la Solidaridad que habían impulsado la acción judicial: reconstituyó las circunstancias tanto del asesinato como del hallazgo de los cuerpos y puso fin al documental, fechado en 1982. Pero, ¿por qué esperó para hacerlo? Las explicaciones dadas por el realizador en el seminario, con respecto a su actitud de postergar una y otra vez el rodaje, aclaran las condiciones en las cuales debía trabajar un documentalista durante la dictadura, e incluso a pocos años del golpe (1978), tironeado entre los riesgos implícitos en el abordaje de tales temas, el carácter de deber moral de la tarea y la renuencia a reavivar un recuerdo penoso tanto para los productores como para los participantes.

27A partir de 1980, la memoria asociada a Lonquén –todo lo que significó allí el descubrimiento de los cuerpos– es la de lugares que ya no existen: sólo la conciencia de la gente es su depositaria; sin embargo, fue en esa localidad donde la muerte de los detenidos desaparecidos alcanzó una dimensión concreta. La conclusión del seminario, planteada por Elizabeth Lira, resume todos esos aspectos. Y lleva al mismo tiempo la marca de la coyuntura de principios de 2002: la justicia busca los lugares de inhumación clandestina de los “detenidos desaparecidos”.

Aquí, el hallazgo de cuerpos en este lugar llega a que los huesos de los muertos no fueran entregados a los familiares. Y el lugar es dinamitado, desaparece materialmente a pesar, o más bien porque, ya se había convertido en sitio de memoria. Sólo queda la memoria de los hechos designados por el nombre de este lugar que ya no existe, es borrado. El mismo acontecimiento hace, sin embargo, que la muerte se haga concreta; pues se acaba la expectativa de los familiares de que estén con vida en algún lugar. [...] El espacio es sitio de memoria sólo en cuanto a los vínculos creados con ello por los que no quieren olvidar; está en la mente, en la conciencia de la gente. Hoy, muchos lugares donde ocurrió algo han sido destruidos, porque recordar lo que pasó era para muchos inconveniente, conflictivo. Si las memorias no se atan a lugares ni circunstancias, muchos creen que terminarán desapareciendo.

28Pablo Salas inició su carrera de reportero audiovisual en la década de 1980, cuando se organizaron las grandes protestas, esas manifestaciones surgidas en distintos barrios de Santiago y mediante las cuales la sociedad civil expresaba su rechazo a la dictadura. Ésta replicó con el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en incursiones particularmente dirigidas a las poblaciones o villas de emergencia de la periferia de la capital. Salas filmó una operación memorable lanzada en noviembre de 1986 contra la población de La Victoria (que incluyó el descenso de tropas transportadas en helicópteros, una maniobra que despertó terror entre los residentes). Los efectivos allanaron las casas y se llevaron a todos los hombres de entre 15 y 65 años para verificar su identidad y encontrar a opositores. El rodaje fue improvisado: tras enterarse del operativo por Radio Cooperativa, el reportero y su camarógrafo partieron de inmediato hacia La Victoria. Las primeras imágenes de los allanamientos en el barrio se tomaron al final de la mañana. Salas logró entrar a la población por atrás, mientras los militares se retiraban y llegaba la policía. Comenzó a filmar con el objeto de acumular pruebas acerca de un acontecimiento cuyo desenlace aún era desconocido por todos: las casas marcadas luego de su allanamiento y sobre todo a los hombres apiñados en los camiones. Más adelante, Salas filmó a los mismos pobladores detenidos dentro de un estadio, alineados en largas columnas para la verificación de su identidad. Las imágenes, tomadas con zoom desde el apartamento de un amigo situado frente al estadio, se detienen especialmente en los individuos cuyos rostros tal vez fuera importante conservar. Entre las primeras tomas de la población allanada desde el amanecer y las imágenes de los hombres detenidos en el estadio al caer la noche, Salas insertó el comunicado del ministro de información sobre el operativo efectuado en La Victoria, transmitido a las seis de la tarde por la televisión nacional: al parecer, era simplemente un control de identidad y las fuerzas armadas habían recibido la orden de tratar a los pobladores con la mayor consideración. El régimen militar se desvelaba por hacer creer que no ocurría nada, pero tomó la precaución de prohibir el acceso a los lugares donde, según sus dichos, la situación era completamente normal. Al trasladarse allí a pesar de todos los inconvenientes y volver con su filmación en video, el documentalista se erigía en testigo de los hechos y productor de pruebas. Sus imágenes serían vistas in situ por los opositores y vendidas a las agencias de prensa extranjeras que informaban con libertad.

29Retengamos dos aspectos de los comentarios de Salas en el momento de ver la película. Por una parte, el objetivo de reunir pruebas a despecho de la censura lleva al documentalista a privilegiar las imágenes de contenido informativo y susceptibles de probar algo (a diferencia de los heridos y los gases lacrimógenos, cuyo efecto visual es fuerte pero que transmiten un mensaje trivial), y hacer hablar extensamente a la gente sobre lo que acaba de pasar. Por otra parte, el material visual se presenta en bruto, es decir que no ha sufrido un montaje selectivo en torno de una idea o un hecho. Por lo tanto, abunda en informaciones, una de las cuales suscita en nosotros una impresión particular: la presencia de las mujeres. Cuando entra a La Victoria, el documentalista es recibido por el cura, Pierre Dubois, cuyas primeras palabras registradas son: “No hay hombres aquí”. Luego, Salas filma el relato de las pobladoras sobre el allanamiento y el arresto de los hombres. Las formas de organización de las mujeres y su protagonismo (subsistencia económica, oposición o respaldo a la dictadura) fueron objeto de trabajos importantes en sociología y ciencias políticas; no en historia.74 Imágenes como las de Salas deberían permitir a los historiadores posar sobre lo ocurrido una mirada que incluyera a las mujeres, por ejemplo con referencia a la resistencia popular a la dictadura.75

30¿Qué hacen los historiadores del pasado reciente en los países vecinos de Chile? A partir de 2000, la actualidad política de la Argentina y Perú nos llevó a plantearnos esta cuestión.76 Observamos, por ejemplo, a nuestros colegas argentinos debatir acerca de las repercusiones que la presencia del Proceso en la conciencia histórica del país tuvo sobre su tarea.77 Y luego, en 2001, nos enteramos del establecimiento de una comisión de la verdad en Perú, para investigar los veinte años de violencia política debidos a los movimientos terroristas y el contraterrorismo de Estado. De ese interrogante formulado con varios colegas chilenos surgió el proyecto de comparar nuestras miradas sobre el pasado reciente en la región y examinar qué implica su “historización”, en los tres países, para los historiadores y aquellos que, a partir de otras disciplinas y competencias, también se interesan en ese pasado. Por nuestra parte no teníamos tanto un objetivo propiamente comparativo como el simple deseo de abordar de manera colectiva, en la región, el tratamiento del pasado vivo.

31Cada uno a su turno, los tres países sufrieron el fenómeno de la violencia política en las últimas décadas del siglo XX y luego, contra ella, el auge del movimiento de defensa de los derechos humanos, para terminar en la constitución de una comisión de la verdad considerada como una referencia mundial. Es cierto que la violencia adoptó formas diferentes en cada país. De igual modo, también varía enormemente la distancia que separa a cada uno de ese pasado doloroso y conflictivo: puede decirse incluso que, en ciertos aspectos, la violencia política peruana incumbe a un pasado inmediato, todavía abierto.78 Pero en los tres países ese pasado pertenece ya a la conciencia histórica colectiva como la memoria de lo que no debe repetirse; al mismo tiempo, irrumpe con regularidad en la actualidad política nacional. Y ese carácter de pasado moralmente problemático le asigna un lugar aparte en la historia nacional, inclinada con mayor frecuencia a celebrar las hazañas y a sus héroes. Cabe pensar que durante mucho tiempo suscitará investigaciones (de juzgarse, por ejemplo, según el precedente de la historia alemana del período nazi). Y tarde o temprano habrá que incluirlo en los manuales de estudio (lo cual implica a menudo rehacerlos) y hacer de él una materia de enseñanza y de investigaciones en historia.

32El Institute of Latin American Studies (ILAS) de la Universidad de Londres organizó en 2003 un taller que reunió a investigadores principalmente argentinos, chilenos y peruanos (o especialistas en estos países), para dar un marco concreto a esas preocupaciones.79 Los trabajos presentados en Londres constituyeron el núcleo de la publicación electrónica Historizar el pasado vivo en América Latina, que podrá consultarse próximamente en línea. Un primer objetivo fue contribuir al desarrollo de la investigación histórica sobre un pasado que ya ha suscitado no pocos trabajos en ciencias sociales, y comenzar a resituar ese ciclo reciente de violencia en la larga duración de la historia nacional.80 Un segundo objetivo consistió en seriar mejor los cuestionamientos y herramientas pertinentes para escribir la historia del tiempo presente en América Latina y señalar, en particular, las nociones epistemológicas y metodológicas que la organizan. Una meta complementaria radica en situar ese campo latinoamericano de la historia del tiempo presente dentro de un campo historiográfico existente a escala del mundo occidental (para no hablar sino de lo que conocemos) y, de tal modo, dar a conocer nuestros esfuerzos y preocupaciones fuera de América Latina. Para cumplir esos objetivos, Historizar el pasado vivo… reúne estudios de casos dedicados a los tres países, cuyos autores son ante todo historiadores, pero también antropólogos, politólogos, psicólogos, sociólogos e incluso periodistas y activistas del movimiento por los derechos humanos. La sección consagrada a cada país se abre con un inventario razonado de los recursos bibliográficos y un estado de la investigación sobre el pasado reciente en nuestros días. Y termina con una presentación de los archivos actualmente identificados, cuya consulta es deseable para el estudio de ese pasado.

33Tomados en conjunto, los estudios de casos presentados en Londres muestran que en la hora actual y nuestra región latinoamericana, la historia del tiempo presente en abreva en tres especialidades. La más reciente es la historia sociocultural de la memoria colectiva engendrada por un acontecimiento; en otras palabras, la evolución a través del tiempo de los grupos que la reivindican, así como sus manifestaciones y soportes topográficos y materiales (lo que Henry Rousso llama la posteridad en el imaginario de un acontecimiento y sus representaciones sucesivas).81 Las otras dos ya están bien representadas en los trabajos de historia contemporánea (al menos desde hace un cuarto de siglo): por un lado la historia oral, la de los grupos de abajo, los sin voz,82 y por otro, la historia política. La inclusión de una rúbrica de “archivos” en esta publicación es reveladora del interés que la cuestión despierta en la región, cuando se trata del pasado reciente. La opinión pública comienza a advertir el valor intrínseco de los archivos; la inquietud por su conservación y el reclamo de su apertura (a veces, como veremos más adelante, olvidándose del resguardo de la vida privada) forman hoy parte del combate por la “memoria”. Por último, y sobre todo, los historiadores (y todos los que estudian ese pasado) se acostumbran a manejar de manera conjunta fuentes orales y documentos de archivos.

34Historizar el pasado vivo… examina asimismo la responsabilidad profesional que implica el hecho de trabajar sobre el pasado vivo y no el “pasado pasado”. Esta dimensión se manifestó en Londres, adonde nuestros colegas peruanos llegaron luego de haber concluido, dos meses antes, su trabajo para la Comisión de Verdad y Reconciliación. Por lo demás, la participación de investigadores universitarios en este tipo de organismos fue por sí misma el objeto de la sesión de clausura del taller.83 Esa responsabilidad cívica, a veces pública, es asumida por la mayoría de los colaboradores de la publicación, latinoamericanos o no. Entre los ámbitos en los cuales se ejerce, mencionemos los siguientes: la redacción de manuales escolares y la participación en las comisiones públicas encargadas de evaluarlos; la elaboración de contenidos y pedagogías para la inclusión del pasado reciente en los programas de enseñanza; el trabajo en los organismos de defensa de los derechos humanos y las instituciones públicas o privadas de preservación y difusión de la memoria del pasado reciente, sobre todo en los medios populares; las colaboraciones habituales en la prensa nacional; el papel de asesores políticos en materia de gestión del pasado; la función de peritos ante los tribunales y, last but not least, el trabajo en las comisiones de verdad y otros cuerpos de investigación del pasado reciente (así como en la integración de su personal y la función de consultores), tanto a escala nacional como de una comunidad.

35La sección “Hitos” de Historizar el pasado vivo… propone textos de reflexión general sobre los conceptos clave de nuestro campo de investigación: “verdad, justicia, memoria”. Enunciados en este orden, constituyeron en la Argentina, Chile y Perú la reivindicación central de las organizaciones de defensa de los derechos humanos desde los tiempos oscuros. Dichos conceptos están cargados, entonces, de una significación histórica adquirida en la época de la violencia, que no dejó de evolucionar desde esos días (como lo muestra Vezzetti en el caso argentino)84 y, como tal, forma parte de las herramientas mentales de los historiadores de la región. Por consiguiente, en primer lugar abordamos desde ese punto de vista la noción de verdad, con la ayuda de los juristas latinoamericanos especializados en derecho penal internacional.85 Paralelamente, una palabra como “memoria” engloba un concepto esencial en historia y desde hace poco también en ciencias sociales.86 Al respecto, decidimos abrevar en la reflexión de los filósofos y sociólogos a quienes todos –tanto investigadores en ciencias sociales como historiadores– se refieren con frecuencia desde la década de 1990: una reflexión sobre la facultad del individuo de recordar y representarse el pasado que autoriza el recurso al testimonio, y sobre la noción de memoria colectiva o social, interesada en las condiciones en las cuales es posible compartir recuerdos, así como en su modo de manifestación en los grupos o las sociedades.87

36Bajo el encabezado “Paralelos y precedentes”, por último, se proponen trabajos procedentes de otras regiones del mundo occidental donde la práctica de la historia del tiempo presente (campo que en los hechos adopta distintas denominaciones) constituye una actividad más antigua que la nuestra en América Latina o paralela a ella, y rica en enseñanzas. Por ejemplo, los historiadores de Alemania, Francia y España se han movido hoy del tratamiento de un pasado reciente y conflictivo a un pasado moralmente presente, y de testigos omnipresentes, pero poco escuchados, a la palabra de los últimos testigos que cautivan al público. En cambio, en Irlanda del Norte, Argelia, Marruecos o Polonia, el pasado difícil que durante mucho tiempo se silenció o se negó comienza a aparecer en la conciencia colectiva, la verdad se considera como fundadora de instituciones democráticas y el historiador debe cumplir un papel en el establecimiento de los hechos.88 Para terminar, una cuestión como la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial revela la dimensión ética de la gestión del pasado y al mismo tiempo la de su interpretación histórica, tanto para Estados Unidos como para Japón.89 La elección de los trabajos incluidos en esta sección de Historizar el pasado vivo… estuvo guiada por el deseo de ilustrar diversos trayectos de indagación, temas de investigación, opciones metodológicas e implicaciones éticas del estudio del pasado reciente.

37Las cuestiones que acabamos de mencionar fueron, en mayor o menor medida, la materia de un seminario de introducción a la historia del tiempo presente, dictado a estudiantes de maestría y doctorado en historia y estudios latinoamericanos.90 Dos lecciones extraídas de ese curso completarán nuestra reflexión aplicada sobre la enseñanza y la investigación del pasado cercano latinoamericano. En primer lugar, sus participantes hicieron la experiencia de la tensión propia de la historia del tiempo presente entre una situación de proximidad con respecto al objeto de estudio y la ambición y hasta la necesidad de ser objetivos: en la práctica, ¿cómo aprehender objetivamente algo que, a través del recuerdo, forma parte de nuestra propia vida? A medida que nos sumergimos en las investigaciones y devolvemos su especificidad y complejidad al hecho, debemos esperar sin duda que el pasado se convierta en una “tierra extranjera” (“the past is a foreign country”), para retomar la expresión inglesa: estudiantes de doctorado que ya son historiadores profesionales y entre los cuales algunos cuentan con publicaciones en su activo han hecho la experiencia de ello. La distancia es mucho más difícil de instaurar en el simple ejercicio de lectura y comentario crítico al cual invita un seminario. Hay una tentación constante de reaccionar de acuerdo con la vivencia propia en vez de hacer de ella un criterio de evaluación entre otros, así como de replegarse hacia el terreno familiar de los recuerdos en lugar de ampliar el registro de referencias históricas. Aquí se impuso el enfoque regional y más ampliamente comparativo; en rigor de verdad, de una manera empírica. La lectura y discusión de textos referidos al pasado reciente y violento de Perú y la Argentina e incluso de Guatemala y Brasil, pero también de países de Europa occidental y oriental, permitió señalar cuestiones interesantes, identificar modos ventajosos de abordarlas y evaluar los resultados propuestos acerca de un pasado reciente, pero no propio. Al final de cada sesión del seminario se volvió sistemáticamente a la historia chilena y se planteó la siguiente pregunta: ¿qué sugiere este trabajo a propósito de Chile, en el plano temático, metodológico e interpretativo?

38El seminario sobre la historia del tiempo presente también brindó la oportunidad de adoptar un proceder regresivo, es decir de delimitación de nuestro campo de investigación histórica a partir de cuestiones que planteaba la actualidad, en el mismo momento y sobre ese mismo pasado. Durante el primer semestre de 2004, mientras se realizaba el seminario, la Comisión Valech recibía las declaraciones de las víctimas (entre diciembre de 2003 y mayo de 2004). Decidimos entonces consagrar no algunas lecturas sino todo el último mes del semestre al estudio comparativo de las cuatro grandes comisiones de la verdad de América Latina (en orden cronológico, la Argentina, Chile, Guatemala y Perú), similares a la Comisión Valech por sus objetivos, mecanismos institucionales y modus operandi.91 El seminario se interesó ante todo en la explicación del pasado propuesta por las comisiones, su manera de llegar a ella, las pruebas que reunieron, en primer lugar los testimonios. Y la cuestión de la verdad hacia la que tiende todo el trabajo de estos organismos: cuestión moral para la sociedad en que el funcionamiento de una comisión de la verdad se convierte en la “piedra angular” sobre la cual se funda la capacidad de una democracia de afrontar el pasado (para utilizar las palabras de José Zalaquett), y cuestión epistemológica y metodológica para los historiadores, en lo concerniente al conocimiento del pasado. Se examinaron tres esferas de cuestiones. En principio, el paso, gracias a la existencia de un informe, de una verdad privada y negada a una verdad pública, así como el camino recorrido por la opinión pública del conocimiento de los hechos a la conciencia y el reconocimiento de lo que éstos quieren decir.92 A continuación, los parámetros de la verdad que las comisiones procuraban establecer: universo de casos considerado, método para alcanzar un grado de certeza sobre los hechos que permitiera formarse una convicción moral (verdad global, individualizada, establecida por proyección; reunión de antecedentes sobre casos individuales o codificación de los datos para su cruce y tratamiento estadístico). Por último, los diferentes estatus de la verdad que giraban en torno del trabajo de las comisiones: judicial, histórica, ética, subjetiva.

III

39El Informe Valech es un gran documento sobre la represión sufrida por las víctimas de la dictadura y, por consiguiente, sus formas y su organización entre 1973 y 1990. Sin prejuzgar acerca de las otras lecturas posibles del documento, las siguientes observaciones lo abordan desde una perspectiva histórica; hacen hincapié en el método que se trazó la comisión y el rigor con el cual ésta se atuvo a él. El propósito es poner de relieve dos aspectos que, a nuestro juicio, son el fundamento de la solidez de la verdad individual y global establecida por ella: por un lado, el recurso a una pluralidad de fuentes de gran valor probatorio y su cruzamiento sistemático mediante programas informáticos; por otro, el hecho de que la explicación general de la tortura y prisión política se obtiene por un camino ascendente a partir de la masa de casos y hechos singulares, en otras palabras, por un método inductivo que la Comisión Valech tomó de la Comisión Rettig. En efecto, “desde el conocimiento de estas situaciones particulares”, se lee en el Informe Rettig, “se fueron induciendo lo que en el presente texto se llama generalizaciones y que tienen por objeto descubrir las características globales de lo ocurrido en cada uno de los períodos estudiados”.93 Algunas observaciones finales se consagrarán, por una parte, a la cuestión de los archivos de la Comisión Valech –sobre los cuales se harán unas recomendaciones–, y por otra a los aspectos de la investigación que el informe, a nuestro entender, invita a los historiadores a considerar.

40Los hechos por esclarecer se determinan en el decreto presidencial de creación del organismo:94 ¿quiénes son las víctimas de la “privación de libertad o tortura por razones políticas infligidas por agentes del Estado o personas a su servicio”? ¿En qué consistieron sus tormentos? ¿Cómo puede el Estado reparar el daño que les ha hecho? Por lo tanto, se pedía a la Comisión Valech establecer una verdad individualizada. Para ello, el cuerpo debió empezar por darse definiciones operativas de las violaciones de los derechos del individuo que estaban en cuestión. En el caso de la detención arbitraria, es decir ilícita y no autorizada por una orden de arresto, la cosa era bastante simple. En lo concerniente a la tortura, la comisión tuvo que revisar los instrumentos jurídicos existentes en el derecho internacional y ratificados por Chile.95 Pues ése era el objetivo central de su investigación. Antes señalamos que, para las víctimas que testimoniaron ante la comisión, la detención había estado acompañada de torturas.96 Y la opinión pública que bautizó el documento como “informe sobre la tortura” no se equivocaba. Es hora de explicar por qué, desde el punto de vista del trabajo demandado a la comisión, ésta no podía sino reunir los dos hechos en una sola categoría: a treinta años de distancia –reconoció el organismo–, se revela extremadamente difícil la imputación precisa y cierta de los males que sufre la víctima a la tortura que le fue infligida (y es demasiado cruel someterla vanamente, con ese fin, a un interrogatorio minucioso). Entretanto pasaron demasiadas cosas que pueden estar en el origen de esos males.97

41El método de trabajo de la comisión otorga a sus resultados un grado tan elevado de confiabilidad que es preciso ser mal intencionado o estar mal informado para pretender impugnarlos.98 En este sentido, dos aspectos cruciales fueron, por una parte, el establecimiento de una ficha individual (ficha de ingreso para la recepción del testimonio del preso político y torturado) que cada declarante debía llenar antes de prestar su testimonio ante la comisión; por otra, la reunión de pruebas documentarias que corroboraran a la vez los datos incluidos en esa ficha y el tenor de la declaración. Un tercer aspecto, de igual importancia, fue el tratamiento informático de la totalidad de los datos así recogidos, que examinaremos a continuación. La ficha individual fue elaborada por la comisión teniendo en cuenta las variables que componían la verdad por establecer: identidad de la víctima, organismos que en la época de los hechos la ayudaron o tuvieron información sobre su destino, condiciones y circunstancias propiamente dichas de detención (esto es: organismo u organismos responsables de la detención, lugar de reclusión, tortura).99

42La mayoría de los historiadores están habituados a manejar documentos escritos, en particular los de origen administrativo. Saben reconocer su valor probatorio: no el valor de la justicia que establece las intenciones y responsabilidades individuales en aplicación del derecho y según el procedimiento en vigencia, sino el de su disciplina –el conocimiento del pasado–, que debe demostrar que tal hecho se produjo efectivamente antes de analizar su alcance. Una gran parte del oficio de historiador consiste en someter las fuentes a una crítica que permita aceptarlas o no, aplicando para ello criterios precisos. El informe suministra las informaciones necesarias para juzgar el método que se utilizó.100 Las gestiones hechas por la comisión ante una gran cantidad de instituciones públicas y privadas y la descripción de la documentación que recibió de ellas son el objeto de un tratamiento pormenorizado.101 En total se enumeran 22 tipos de pruebas documentarias sobre las cuales el cuerpo pudo fundar sus conclusiones. La lista presentada como anexo, a la cual se adjuntaron 16 especímenes, pone en evidencia su índole oficial y administrativa.102 Se trata de indicios, decía Marc Bloch, que el pasado deja caer sin premeditación a lo largo de su camino.103 En efecto, ¿cuántos de los oficiales y chupatintas que los redactaron hace treinta años, en su carácter de comandantes o empleados de los centros de detención, se imaginaban que esos pedazos de papel permitirían algún día a sus poseedores exhibir la prueba de los sufrimientos que habían padecido?

43Un elemento de igual importancia en historia para demostrar que algo ha sucedido es la diversidad de pruebas de que se dispone, así como su grado de concordancia: una fuerte coincidencia entre fuentes de orígenes muy diversos permite, en efecto, concluir con un significativo “grado de certidumbre en el establecimiento de los hechos”; a partir de allí, esa concordancia autoriza a “formarse convicción moral” sobre la verdad de éstos, como lo hicieron los miembros de la comisión. Consideremos en primer lugar las pruebas concernientes al caso de cada víctima. En aplicación de la máxima del derecho romano según la cual testis unus, testis nullus, el organismo había exigido no atenerse a una única prueba. “Lo más impactante fue ver a esta gente llegar a la comisión con su carpeta de documentos antiguos y gastados, en donde estaba establecida la vida tronchada”, señala uno de los miembros de la comisión.104 Los certificados exhibidos por las víctimas (se los emitió sobre todo durante los primeros años) están revestidos de todas las marcas exteriores de la legalidad y llevan claramente la indicación de su procedencia institucional (lo cual confirma, por si fuera necesario, la reputación legalista de los chilenos). Esas pruebas se cotejaron con los datos reunidos por la comisión a través de otros canales; en ocasiones hubo que completarlas o rectificarlas mediante el recurso a archivos de los diferentes servicios y organismos del Estado, conservados en el Archivo Nacional de Chile; se apeló también a los repositorios de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos: Vicaría, FASIC, CODEPU (por medio de un acuerdo suscripto con ellas). Todo esto provocó, en muchos sectores (¡y países del mundo!), un gran movimiento de los archivos más diversos: mencionemos, a título de ejemplo, los informes anuales de la OIT correspondientes a cada país, la prensa de la época y los archivos de las embajadas que habían otorgado asilo.105

44La cantidad de piezas que de tal modo pudieron reunirse con respecto a cada individuo (entre ellas, las declaraciones de testigos) permitió multiplicar los cruces y con ello circunscribir más la verdad. Obtenidos por medios informáticos, los cruces concernientes a más de 32.000 casos ostentan una confiabilidad máxima. Ahora bien, en un enorme número de víctimas hubo una completa coincidencia entre los distintos datos codificados. Esos resultados extremadamente positivos se refieren a la vez a las víctimas, en un plano individual, y a los lugares, las prácticas y las circunstancias específicas del hecho global de la tortura, para todo el país. Esta concordancia entre miles y miles de testimonios ya no permite hablar de casualidad y probabilidad sino de realidad irrefutable: las víctimas han dicho la verdad. Además, la explotación a gran escala de las pruebas acumuladas permite a la Comisión Valech demostrar (y confirmar con ello lo establecido por la Comisión Rettig) que la detención política y la tortura fueron organizadas. Tomemos uno de los resultados del tratamiento informático de la información: que 5.373 de las 27.255 personas reconocidas como víctimas por el organismo hayan sido detenidas en las 48 horas siguientes al golpe muestra la eficacia con la cual los distintos sectores del ejército y la policía y su jerarquía reconvirtieron una institución destinada a la protección de los ciudadanos para adaptarla a las necesidades de la represión.106 Digamos por último que los documentos reunidos y tratados informáticamente por la comisión constituyen hoy un banco de datos único sobre la tortura en Chile entre 1973 y 1990.107

45Entre los resultados globales obtenidos por medio del método que acabamos de describir, destaquemos los relacionados con el perfil de las víctimas y su distribución numérica por período.108 Ante todo, la mayoría es de sexo masculino: nueve detenidos hombres por cada mujer. Y son jóvenes: más de la mitad (54%) tienen entre 18 y treinta años, y otra cuarta parte (25,4%), entre treinta y cuarenta. Por otro lado, el 68,70% fue detenido en 1973 (18,33% entre 1974 y 1977 y 12,97% entre 1978 y 1990); en otras palabras, la represión de los primeros meses fue masiva; a partir de 1974 afectó a menos gente, mientras evolucionaba en sus formas. Predominio masculino entre las víctimas y fuerza inicial de la represión ya habían sido constatados por el Informe Rettig, en lo tocante a muertes y desapariciones políticas. La confirmación aportada por el Informe Valech con referencia a los detenidos políticos y víctimas de la tortura indica que estamos ante una única política dictatorial, el mismo conjunto de víctimas y la misma tendencia general de la represión, masiva en un principio y luego, con el transcurso del tiempo, más especializada y dirigida a blancos precisos. Entre los cuadros estadísticos proporcionados por uno y otro informe se observan divergencias. Consideremos dos ejemplos. Las mujeres son dos veces menos numerosas entre las víctimas de ejecuciones y desapariciones políticas calificadas por la Comisión Rettig (6%) que las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Valech (12,5%): ¿habrá que ver en ello el efecto, por un lado, de la táctica de ejecuciones con blancos precisos de la DINA en una sociedad en la cual las mujeres asumían sin lugar a dudas menores responsabilidades políticas, y por otro los progresos del activismo femenino que en la década de 1980 se triplica con respecto a 1973?109 ¿Y cómo explicar la diferencia notable entre las cifras relacionadas con la distribución de las víctimas según los períodos? En el caso de las muertes y desapariciones se establece de la siguiente manera: 53,8% en 1973; 27,5% en 1974-1977, y 19,1% en 1978-1990. Cuando se trata de las torturas, la concentración en los tres meses y medio que van desde el golpe hasta fines de 1973 es más pronunciada: 68,70% en 1973 contra 18,33% entre 1974 y 1977 y 12,97% de 1978 a 1990.

46Diferencias como las que acabamos de mencionar sólo autorizan, en la ocurrencia, algunas especulaciones, y deberán ser materia de futuras investigaciones. Pero ponen de relieve otro aspecto: los límites explicativos de las divisiones temporales adoptadas por la Comisión Rettig y retomadas por la Comisión Valech. Esas divisiones corresponden a cambios institucionales en el aparato represivo –creación de la DINA en 1974 y su posterior reemplazo por la CNI que funcionará hasta el final de la dictadura–, así como a datos estadísticos establecidos por la comisión sobre el perfil de las víctimas y la evolución del número de detenciones con el paso de los años. En ese aspecto, constituyen referencias temporales provisorias, necesarias y con seguridad razonables; pero no son en verdad una construcción del tiempo histórico de la represión. Por lo demás, la Comisión Valech tuvo conciencia de ello, pues advirtió que las “divisiones temporales aquí adoptadas son tentativas”.110 Y señaló la distancia que podía haber entre una medida legislativa y los casos de detención y tortura, indicando, por ejemplo, que “cuando la amnistía se dictó [1978] la mayoría de los presos ya habían sido liberados. En muchos casos a éstos se les conmutó la pena de reclusión por extrañamiento”.111 Observó asimismo una superposición temporal importante entre los modos de detención y tortura y los tipos de centros en funcionamiento, para insistir en suma sobre el carácter de práctica ubicua y continua (o recurrente, según las regiones) que adoptó la tortura. Esos matices y advertencias en la exposición se explican, a nuestro parecer, por el hecho de que la Comisión Valech examinó hechos de detención, es decir inscriptos en la duración, y el tratamiento informático permitió incluso precisar esta última, al registrar las trayectorias de los detenidos. La experiencia promedio es, en efecto, de seis meses de detención por víctima, con un paso por más de tres lugares de detención y autoridades distintas.112 La Comisión Rettig, por su parte, reconstruyó acciones de muerte o desaparición desarrolladas en un tiempo más breve en promedio, como se comprueba al leer los dos mil o más casos relatados en su informe. Será menester esperar, sin duda, hasta tener acceso a la documentación oficial sobre la concepción y planificación de la represión113 para notar secuencias y una dinámica propias de ésta. Estudios regionales deberán asimismo someter a prueba, o afinar de acuerdo con otros criterios, la periodización indicativa con que contamos en la actualidad.

47Un comentario frecuente sobre la índole del Informe Valech, en las semanas siguientes a su aparición, pone el acento sobre la suma de testimonios que contiene y su carácter insoportable, que haría de él una lectura difícil para gente sensible. La reflexión da pábulo a la sorpresa: ¿hemos leído bien? Debe transcurrir una tercera parte del informe (capítulo 5, “Métodos de tortura: definiciones y testimonios”) para que la inclusión de testimonios sea sistemática, en la forma, por lo demás, de citas que no superan un párrafo.114 La comisión se mostró ante todo respetuosa de la confianza que miles de víctimas habían depositado en ella, al acudir a testimoniar hechos sobre los cuales el 80% no había dicho hasta entonces nada a persona alguna; por ello, el cuerpo evitó todo tipo de erudición en la exposición del horror (y el sensacionalismo que, inadvertidamente, podía derivar de éste). Fiel al mandato recibido, quiso, al contrario, representar mediante testimonios las situaciones estadísticamente más frecuentes; en otras palabras, la tortura corriente y rutinaria, su habitualidad.

48Los testimonios citados de manera extractada en el informe no pretenden mostrar como una revelación el hecho de que durante el régimen de Pinochet se torturó, sino confirmar públicamente lo que ya se sabía. Como observa el documento, en el fondo, esos testimonios “no difiere[n] de la información recogida en numerosas querellas por tortura presentadas en los tribunales del país, especialmente desde diciembre de 1980”.115 Al recurrir a ellos de manera específica en el capítulo sobre los “métodos de tortura”, la comisión procedió inductivamente; procuró hacer entender mejor los tratamientos infligidos por los torturadores, mostrando cómo los vivieron las víctimas. Por eso el catálogo elaborado por ella (unos veinte métodos) difiere de los vigentes en las convenciones internacionales. Mientras éstas señalan en primer lugar las prácticas a las que el siglo XX dio triste notoriedad –como el pau de arara (una forma de colgamiento), el teléfono (golpes fuertes aplicados simultáneamente en los dos oídos), la parrilla (aplicación de electricidad sobre las partes más sensibles del cuerpo) o el submarino (inmersión hasta llegar casi a la asfixia)–, la comisión, por su parte, enumera las formas de tortura que fueron una práctica habitual en Chile entre 1973 y 1990 (con las principales variantes de cada una): “Se incluyen sólo aquellas descripciones representativas de lo señalado por quienes entregaron sus testimonios”. El orden de frecuencia establecido a partir de las declaraciones es importante: comienza por los “golpes, lesiones corporales, colgamientos, posiciones forzadas”; sigue la aplicación de electricidad y luego las “amenazas (de muerte, por ejemplo, del detenido o de sus familiares)”, los simulacros de “fusilamiento, humillaciones, desnudamiento”, y así sucesivamente. Al leer esta reseña extraída de los testimonios se comprende cómo, de “malos tratos y violencia extrema” dispensados al vuelo, se pasó por gradaciones a la administración de la tortura por medio de técnicas y equipos que podían ser sofisticados, durante sesiones individuales realizadas en locales especiales, so pretexto de interrogatorios.

49Para terminar, es preciso agradecer a la comisión por haber examinado en sí misma la violencia sexual ejercida contra las mujeres detenidas, sobre la base de los progresos muy recientes del derecho internacional en la materia (la cuestión no había sido objeto de un tratamiento independiente en el Informe Rettig). El modo de reunión de los datos es revelador de la dificultad con que tropiezan las instituciones y los procedimientos de investigación a fin de contar desde el comienzo con los instrumentos necesarios para asegurarse de que la dimensión específicamente femenina de las situaciones de violencia y discriminación no se les escape: la violencia sexual ejercida contra las mujeres no se había incluido entre las cuestiones que debían tocarse en la entrevista individual, ni en la formación especial impartida a tal efecto a los especialistas encargados de recibir a las víctimas. Al mismo tiempo, el hecho de que la violencia sexual haya surgido de manera espontánea en las declaraciones es demostrativo de una mayor conciencia de género entre las mujeres chilenas de hoy. Los resultados establecidos por la comisión son abrumadores y, por desdicha, poco sorprendentes cuando se los compara con los obtenidos por otras comisiones que investigaron en tiempos recientes situaciones de violaciones de los derechos humanos: “casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades”. El 10% de ellas declararon haber sido violadas; la comisión estima, con razón, que ese porcentaje está por debajo de la realidad.116 El número de centros de detención y tortura asciende a 1.132, cuatro veces más de lo establecido por la Comisión Rettig (unos trescientos).117 Éste es uno de los resultados más importantes del Informe Valech. La demostración se hace en el capítulo 7, “Recintos de detención”, dedicado a una de las variables adoptadas inicialmente por la comisión para su investigación: el o los lugares de detención y el o los organismos responsables de arrestos, detenciones e interrogatorios. Ese capítulo, que ocupa por sí solo más de la tercera parte del documento (255 páginas de un total de 646, sin contar la lista de víctimas), expone de una manera topográfica y espacial la verdad establecida por la Comisión Valech (por su parte, el principio organizador del Informe Rettig era cronológico). Por medio de un tratamiento informático, las informaciones recogidas acerca de millares de víctimas se reorganizaron por lugares de detención. Para la descripción detallada de éstos sólo se tuvieron en cuenta 802 lugares de los cuales la comisión estimó poseer suficientes testimonios; los otros 330 únicamente se enumeraron (de todos modos, se trataba del lugar o los lugares que la víctima quiso describir, pero no necesariamente de todos aquellos por los cuales pasó durante su encarcelamiento).118 La descripción sumamente precisa de las características físicas del sitio se combinaba a veces con la imposibilidad de indicar con certeza su ubicación. O bien sucedía lo contrario: se identificaba esta última, pero era difícil describir el lugar con precisión. Ése es el tipo de conocimiento que puede adquirirse cuando se está condenado a tener los ojos constantemente vendados o la cabeza cubierta por una capucha, y a ser transportado sin cesar de un lugar a otro.119

50De Arica, en la frontera con Perú, a Tierra del Fuego, en el estrecho de Magallanes, el capítulo sobre los sitios de tortura lleva al lector a recorrer el país de un extremo a otro. Quien haga ese recorrido ya no podrá viajar de la misma manera a través de Chile. “Se induce al lector a pensar en un gran campo de concentración en Chile”, deplora una “Declaración de historiadores y profesores de historia”.120 Mal que les pese, hay algo de eso: allí están los hechos que muestran sin lugar a dudas el universo ilícito, carcelario y torturador construido en Chile en los últimos meses de 1973. Con la coexistencia, en lo sucesivo, de una población cuya vida “normal” seguía su curso al margen de las prisiones y de una sociedad subterránea y clandestina de decenas de miles de personas detenidas arbitrariamente y a menudo incomunicadas. Al referirse a su detención en Tejas Verdes, arriba del balneario de Santo Domingo, el escritor Hernán Valdés percibió con claridad los rasgos insólitos de esa coexistencia. Desde los cobertizos rústicos que funcionan como baños en el campo al que acaba de ser trasladado, reconoce el largo puente tendido sobre el Maipo. Él mismo ha estado en Santo Domingo algunas semanas antes y recuerda haberse asombrado de que la vida siguiera su curso, como todos los veranos, en esa ciudad balnearia apreciada por la burguesía santiaguina.121

51Metódica, la descripción del informe prosigue intendencia por intendencia y gobernación por gobernación: las concentraciones urbanas; los centros campesinos donde la reforma agraria había alcanzado mucha difusión; los centros industriales fuertemente sindicalizados; los complejos mineros o extractivos de distintos tipos (por ejemplo, los complejos madereros o petrolíferos del sur del país), y la frontera cordillerana, antártica y del Pacífico. La síntesis regional que precede la descripción de las características de cada centro pone de relieve el reparto de la autoridad por zonas (por ejemplo, la armada en las zonas portuarias y los regimientos de montaña en las regiones cordilleranas) y la coordinación entre las diferentes armas y sus servicios de informaciones respectivos (DINA, SIN, SIFA, SICAR),122 en el marco de “operativos conjuntos” o de una cooperación de rutina entre cuarteles de investigaciones y lugares de detenciones.123 Las unidades militares que actuaban en cada lugar se registran como corresponde, y otro tanto ocurre con los centros de los que aquéllas eran oficialmente responsables, con las fechas pertinentes.

52A partir del 11 de septiembre, las fuerzas armadas y policiales arrestan a ciudadanos en los rincones más remotos del país y los trasladan a las comisarías, y de allí a los centros de detención e interrogatorio de las grandes ciudades. Los recorridos y modos de transporte que implican esas operaciones muestran desde el comienzo que el bloqueo del país pone en juego las cualidades organizativas y de funcionamiento jerárquico del ejército chileno.124 En este aspecto, el desarrollo de los hechos en el sur es ilustrativo, vista la geografía de esas regiones. Las personas detenidas en las islas y zonas rurales de la IX región de la Araucanía son enviadas en helicópteros o aviones de la fuerza aérea a Temuco, donde se las entrega a diferentes unidades.125 El mismo procedimiento se utiliza en la X región de Los Lagos, donde el traslado aéreo a la capital regional de Puerto Montt se hace con las puertas de los aviones abiertas y bajo la amenaza constante de ser arrojado al agua. Entre los relatos de numerosas víctimas pueden mencionarse los de los detenidos de la isla de Chaitén, llevados en helicóptero a Chiloé; luego de una escala de duración variable en la comisaría de esa localidad, la mayoría es transferida a Puerto Montt, sea “al cuartel de investigaciones”, sea “a la cárcel”.126 La comisión resume del siguiente modo la logística utilizada en la XI región de Aysén:

Desde ese momento y durante 1973, según consta en los testimonios, en muchos sitios alejados, en zonas rurales y cordilleranas fronterizas con Argentina, en asentamientos y empresas mineras se efectuaron detenciones, y trasladaron a los prisioneros a retenes de los poblados más cercanos. Desde ahí, en embarcaciones de la CONAF (Corporación Nacional Forestal) y del INDAP (Instituto del Desarrollo Pecuario), los llevaron hasta Puerto Aysén, donde permanecieron algunas horas o días en las comisarías de esta ciudad, para ser conducidos posteriormente hasta Coyhaique, ya sea a la comisaría, ya sea al regimiento n° 14 o a la cárcel.127

Llegamos a la XII región de la Antártica: de Porvenir y Puerto Natales, los detenidos son trasladados en avión o barcaza fiscal hasta Punta Arenas, donde ya los esperan camiones militares.128 Agreguemos que esos traslados fueron constantes durante toda la dictadura y exigieron el uso de buques de carga, trenes y camiones militares (a expensas de los contribuyentes) para transportar a las víctimas del norte al sur o a la inversa: por ejemplo, al campo de prisioneros de Chacabuco, a tres mil metros de altura, en el Norte Grande, o al de Puchuncaví, en la V región, o hacia los centros secretos de detención de Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, en Santiago.129

53El cuadro geográfico por lugares de detención permite hacerse una mejor idea de las relaciones entre los modos de tortura y el ámbito físico y material, así como el clima (en un país que abarca las latitudes correspondientes a una extensión similar a la existente entre Noruega y Chad, en sentido inverso). Esas prácticas remiten a una antropología de la tortura del siglo XX en el mundo occidental, con sus aspectos procedentes de la noche de los tiempos (calabozos subterráneos, inmersión en aguas profundas, ejecución de música durante el suplicio, encadenamiento de la víctima a un árbol). Otros evocan la aparición de los fusileros de infantería, la constitución de marinas nacionales y ejércitos de conscriptos (simulacros de ejecución, hileras de soldados que golpean al detenido, barcos prisiones). Y por último, las innovaciones de mediados del siglo XX (aplicación de electricidad, amenaza de ser arrojado al mar desde el avión que transporta al prisionero). Las variaciones locales observadas en esas prácticas, se trate de los instrumentos utilizados o de los tratamientos infligidos, proponen una suerte de inventario de la civilización material del Chile de la década de 1970, con su país urbano y rural, sus regiones cercanas o alejadas de la capital, sus unidades dotadas de medios rudimentarios o especializados. Veamos dónde se aloja a los detenidos: caballerizas, cuchas de perro, pesebres, corrales de cerdos o caballos; o bien graderías y galerías de estadios, camarotes y entrepuentes de los barcos prisiones, e incluso “celdas a prueba de ruido, herméticamente cerradas, con paredes forradas con aislantes”. Veamos esa otra cosa tan simple, el instrumento utilizado para golpear (la forma más corriente eran los puntapiés): varillas de mimbre (sur), coligües (una variedad de bambú, en el sur), palos, yatagán. O el aporte de un clima extremo: desértico en la pampa norte, antártico en Punta Arenas, con aguas heladas.

54Destaquemos para terminar el tratamiento que el Informe Valech reserva a dos cuestiones significativas para cualquier historiador: el conjunto de circunstancias vigentes y el recurso a la memoria de la gente para reconstituirlas. Al usar en el título del capítulo 3 la palabra “contexto”, muy manoseada en nuestros días, la comisión se atuvo, sin embargo, a su significación estricta. En sustancia, dice lo siguiente: no vamos a hacer la historia general de Chile entre 1973 y 1990; remitimos para ello al Informe Rettig. No pretendemos dilucidar los factores que incidieron sobre el rumbo tomado por los acontecimientos a partir del golpe –pues ningún factor justifica lo ocurrido–, ni establecer responsabilidades individuales. De conformidad con el mandato recibido, dice la comisión, vamos a examinar lo sucedido en una serie de instituciones que cedieron “terreno para la acción discrecional de las nuevas autoridades y sus agentes”, allanando así el camino a la instauración de la detención arbitraria y la tortura.130 Demostración ceñida que se refiere a cuatro esferas. En primer lugar, destrucción de las libertades fundamentales constitucionalmente garantizadas en una democracia (cierre del Congreso, destrucción de los padrones electorales, designación de autoridades militares a la cabeza de los sindicatos, las escuelas y las universidades) y proclamación del estado de sitio, cuya ficción legal autoriza el control total del país mediante instrumentos como el toque de queda, entre otros. Segundo, “abdicación” del poder judicial a favor de unos tribunales militares de prácticas aberrantes, y negativa –sistemática en lo sucesivo– de las cortes civiles de justicia a respetar el habeas corpus y los recursos de amparo, así como a recibir denuncias relacionadas con la tortura (entre 1978 y 1989, sólo la Vicaría presentó 130, sin obtener jamás una respuesta favorable).131 Tercero, creación de la DINA y su continuadora, la CNI, que tuvieron un papel preponderante en la represión e incorporaron como personal a efectivos de todas las ramas de las fuerzas armadas y la policía. Cuarto, control de los medios de comunicación a través del cierre de diarios y estaciones de radio y televisión, el establecimiento de la censura y, sobre todo, la complicidad de los medios autorizados, que repetían las mentiras difundidas por el gobierno.

55La comisión examina a continuación la acción de los organismos promotores de los derechos humanos que, al denunciar la tortura y defender a los presos, pudieron poner algún freno a la represión desde fines de la década de 1970.132 Aquel cuerpo describe sus medios de expresión, sus esfuerzos para contrarrestar la censura de prensa y las campañas oficiales de desinformación. En lo concerniente a los resultados del enorme esfuerzo hecho por estos organismos para informar, el veredicto de la comisión es contundente: “No era fácil acceder a la verdad” y, sobre todo, nadie podía sospechar la amplitud de la represión antes de disponer de los testimonios aportados en nuestros días.133 Tanto más meritorias aparecen, en consecuencia, la obstinación y la clarividencia de que algunos abogados daban muestra por entonces. Tal el caso de Andrés Aylwin, que en 1975 remitió una carta al presidente de la Corte Suprema para recusar, con pruebas en su apoyo, la versión de que una persona desaparecida había sido liquidada a raíz de una purga interna del MIR, movimiento de extrema izquierda cuyos militantes estaban en la época en la mira de la DINA:

Lo que pueda haber sucedido con Jacqueline Binfa se sabrá, más tarde o más temprano. En la misma forma se sabrá la verdad sobre todos los otros casos semejantes. Ese día, cuando la verdad se sepa, las nuevas generaciones de Chile nos preguntarán: “¿qué hicieron ustedes?” Sí, que hicimos hoy... y no ayer o nuevamente mañana.134

56Pasemos al segundo punto: el uso de la memoria en historia. Para llegar a una convicción moral sobre la verdad de lo ocurrido, la comisión se apoyó principalmente en los recuerdos de las víctimas. La apuesta era grande: se trataba de reconocerles o no, de manera oficial, esa calidad. Por eso, el tratamiento crítico dado a los testimonios por la comisión parece a nuestro juicio mucho más ejemplar. Particularmente en tres aspectos. Ante todo, lo que se desprende del objeto de los testimonios: hechos lejanos en el tiempo y que son de naturaleza traumática. “Para las personas, el relato de los hechos y las circunstancias de su detención demandaron un esfuerzo de memoria realizado treinta años después de su ocurrencia.”135 La prueba de que los declarantes han dicho la verdad se obtiene mediante la suma de sus testimonios y su concordancia en cuanto a los lugares, métodos y organismos responsables, aun cuando en tal o cual punto específico –las fechas, sobre todo– las declaraciones contengan inexactitudes. El segundo aspecto concierne a la significación presente de la memoria para las personas que somos hoy en día, es decir, diferentes de ayer. “Mirar los hechos con muchos años de distancia ofrece la oportunidad de verlos de otra manera”, leemos en el informe. “Permite reconocer algo que no fue fácil de admitir para muchos en este momento.”136 ¿Y para las víctimas? La comisión considera aquí un tercer elemento: ¿es posible o no para ellas vivir con esos recuerdos traumáticos sin ser dominadas por ellos? Sí, admite el organismo, la “reconstrucción del período de la represión con el fin de entregar su testimonio a esta Comisión permitió a las víctimas tener una visión retrospectiva acerca de cómo se habían reorganizado emocional y moralmente a pesar de lo padecido”.137 Pero “para muchos, ese sufrimiento nunca fue totalmente «cosa del pasado»”.138 La memoria de situaciones desdichadas es tenaz, se inmiscuye a tiempo y a destiempo en la vida y las relaciones cotidianas y algunos de sus efectos son irreparables. El capítulo 8 del informe, “Consecuencias de la prisión política y tortura”, es tal vez el más conmovedor, porque las víctimas cuentan que, transcurridos treinta años, no han dejado de vivir con ese pasado. Muy probablemente, el público jamás había escuchado esos testimonios sobre las consecuencias permanentes de la tortura: los elementos del pasado que siguen siendo presentes; en todo caso, aquéllos nunca habían sido el objeto de una verdad pública acerca de la dictadura: “Me torturaron hasta enloquecer, fui sacado de allí en forma inhumana y nunca más logré vivir humanamente”; “Nunca he dicho esta verdad que llevo con dolor por lo que hice: entregué nombres”; “Continuamente sueño que soy nada”.139

57Veamos la cuestión de los archivos. La Comisión Rettig ya se había preocupado por el valor histórico futuro de sus archivos para los investigadores, así como, con mayor pragmatismo, por su conservación.140 La recomendación respectiva fue aceptada por el gobierno de Aylwin y los archivos de la Comisión Rettig se pusieron en manos de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Con razón: creada, ante todo, para proseguir las investigaciones concernientes a las víctimas desaparecidas, la Corporación debía tener acceso a los archivos de esa comisión, archivos “intermedios”, ya no del todo vivos pero aún no del todo históricos, y que todavía no están a disposición de los investigadores.141 También la Comisión Valech destacó desde el principio de su informe la importancia de sus archivos. Y las medidas tendientes a su conservación y comunicación figuran entre las recomendaciones finales; se aconseja principalmente su entrega a un Instituto de Derechos Humanos cuya creación promueve aquel organismo, así como su apertura en un plazo máximo de treinta años (de no establecerse ese instituto, deberían depositarse en los servicios de archivos del Estado).142 Si bien a principios de marzo de 2005 no se ha dado a conocer ninguna decisión sobre el lugar de conservación de los archivos de la comisión, el presidente Lagos, en cambio, ha dispuesto postergar su apertura hasta dentro de cincuenta años. El cierre de esos repositorios durante varias décadas ha suscitado críticas, al igual que la negativa de la comisión a dar los nombres de los culpables de acuerdo con las informaciones de que dispone, actitud que, se aduce, significaría un perjuicio para la justicia.143 En líneas generales, esas críticas son un hecho positivo, en cuanto atestiguan una toma de conciencia sobre la importancia de los archivos relacionados con la dictadura y abren el camino hacia una reflexión necesaria sobre las responsabilidades éticas que implica la conservación y comunicación de dichos archivos, algo relativamente novedoso en Chile.

58“Dar nombres sería establecer cargos criminales”, dice la comisión.144 Lo cierto es que ésta se atuvo escrupulosamente al mandato recibido, que le negaba esa facultad: “No podrá asumir funciones de carácter jurisdiccional”, y por lo tanto no podrá “pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento”.145 Del principio al cual se aferró la Comisión Valech –una comisión investigadora sin poder jurisdiccional no puede asumir un papel de justiciera– se desprende la naturaleza de los archivos producidos por ella: éstos identifican a las víctimas y los daños sufridos, no a los culpables. No obstante, algunos activistas de los derechos humanos han hablado de la existencia de una lista de culpables, que la comisión habría ocultado. Pasemos por alto la ilusión consistente en creer que acerca de una cuestión que nos interesa existe una fuente lista para utilizar, y no hay más que lograr acceso a ella. Para que hubiera una lista de culpables en los archivos de la comisión, sería menester que fuera el fruto del aprovechamiento informático de ese dato específico, tomado de decenas de miles de fichas individuales. Ahora bien, la identificación de los culpables, como se recordará, no está entre las variables consideradas en el diseño de la ficha de informaciones individuales con vistas a su tratamiento informático. Que tal o cual víctima haya mencionado un nombre en el sector “Breve relato” incluido en esa ficha, es muy probable. Para ello habría sido preciso el azar del reconocimiento de un compañero de escuela o de regimiento, o del amigo criado en el mismo barrio; o, con mayor probabilidad, el hecho de que la víctima hubiera sido interrogada por un torturador notorio, claramente identificado como tal, por entonces o más adelante. Sin embargo, ¿qué prueba legalmente un testimonio aportado a la comisión, es decir, al margen de todo proceso judicial iniciado por la denuncia de una víctima y sancionado por un veredicto? El trabajo realizado por la comisión no impide que la justicia haga el suyo, como ya lo ha hecho. Entre los declarantes, algunos ya habían puesto su caso en manos de la justicia antes de presentarse ante la comisión. Es de suponer que otros declarantes también harán una denuncia judicial y, para ello, deberán contar de nuevo los hechos. Si con respecto a algún punto de la investigación se demostrara que los archivos de la Comisión Valech son indispensables –por ejemplo, porque contienen el testimonio de otra persona víctima del mismo torturador, pero ya fallecida–, cabe imaginar que el juez solicitaría al organismo encargado de aquéllos, mediante un exhorto, la comunicación del testimonio en cuestión (como lo haría para obtener el levantamiento del secreto bancario).

59Las restricciones de la comunicación son objeto de la segunda crítica que se ha planteado. En muchos países se garantiza efectivamente el principio del acceso del público a los archivos oficiales. De todos modos, se establecen normas especiales para los registros concernientes a personas vivas, a fin de proteger el derecho a la vida privada (del cual se deduce, por ejemplo, el respeto del secreto de la correspondencia). A diferencia de los archivos de la Comisión Rettig, sus similares de la Comisión Valech se ocupan concretamente de personas vivas y, por ese motivo, gozan de la misma confidencialidad que otros expedientes personales (prontuario judicial, historia clínica médica, cuenta bancaria, etc.). La restricción en materia de comunicación se agrava debido a que esos archivos corresponden a un período nacional políticamente conflictivo e incluso están dedicados de manera específica al conflicto en cuestión.146 Señalemos que el carácter confidencial de las informaciones referidas a la vida personal y familiar de los individuos se les garantiza en general en el momento en que las proporcionan. Eso es lo que hizo la comisión al establecer desde el comienzo la regla de que toda información concerniente a los hechos de detención o tortura por razones políticas sería confidencial.147

60La reposición de los archivos de la Comisión Valech en el conjunto documental más vasto al cual pertenecen –los archivos relativos a la violencia política, represión y derechos humanos – aportará un último elemento. Los archivos de las comisiones investigadoras constituyen un primer tipo: se crean en una fecha posterior al período de violencia política, generalmente en un lapso de algunos meses correspondiente al tiempo de actividad del organismo. Otros dos tipos de archivos relativos a la dictadura son contemporáneos de la violencia. Por un lado están los archivos de los órganos de represión: por ejemplo, la Policía Política de Río de Janeiro o DOPS (1964-1983) en Brasil, la policía del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay o la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires o DIPBA en la Argentina.148 Por otro lado están los archivos de los organismos de defensa de los derechos humanos que se opusieron a la represión y se asignaron la misión de ayudar a las víctimas, como los ya mencionados a los cuales recurrió la Comisión Valech. Los tres tipos de acervos documentales tienen en común el hecho de que una parte importante de sus colecciones consiste en expedientes individuales de víctimas.149 Ahora bien, que se trate de prontuarios policiales o expedientes de organismos de defensa de los derechos humanos, los servicios de archivos responsables aplican un solo y el mismo principio: el resguardo de la información privada. Sólo comunican los expedientes a los interesados o sus ascendientes y descendientes directos o las personas autorizadas por ellos, o bien a investigadores académicos que se comprometen a respetar este principio. Ya en 1994, el grupo de investigación sobre los archivos de los ex organismos represivos, que trabajaba dentro del Consejo Internacional de Archivos (bajo los auspicios de la Unesco) concluyó: “Los derechos individuales de las víctimas de la represión política tienen preferencia sobre la investigación histórica”.150 En su trabajo, los historiadores tienen el deber de respetar el derecho a la vida privada (del que también ellos pretenden disfrutar en su calidad de ciudadanos).

61Como conclusión, quisiéramos señalar dos direcciones de investigación que, a nuestro juicio, el Informe Valech muestra a los historiadores. En primer lugar, la combinación de rigor y abundancia fáctica del informe nos lleva a prestar atención a la parte del método histórico concerniente a los hechos por establecer, mediante la recolección de pruebas y su crítica. Nos parece que, en un primer momento, ese aspecto positivo asume una especial importancia; hay una multitud de hechos cuyas circunstancias y encadenamiento deben reconstituirse, medirse (aun cuando la historia cuantitativa haya pasado de moda) y restablecerse contra la mentirosa versión oficial de la época. Para ello es menester reunir pruebas, muy particularmente las disponibles a poca distancia de los hechos, pero de probable desaparición poco tiempo después. Entendámonos: no se trata de propiciar la acumulación erudita de hechos y pruebas, sino únicamente de recordar que, sin ellos, la interpretación y comprensión que podemos aportar serán limitadas y frágiles (Lucien Febvre decía: “queremos amueblar la historia con muebles sólidos”). Señalemos una segunda dirección: al explicar la organización de la violencia y el sufrimiento, y sus efectos sobre los sentidos, el informe encauza a los historiadores hacia lo que a veces se denomina historia de las sensibilidades. Detrás de las situaciones límite que son la tortura y la prisión política, sistemáticamente estudiadas por la comisión, hay miedo, humillación, angustia, marginación. Esas sensaciones fueron la suerte cotidiana de millones de personas que estaban en libertad, y saturan su memoria. Constituyen hechos históricos subjetivos que desaparecerán con los últimos testigos: es importante, por lo tanto, estudiarlos hoy. El gobierno chileno adhirió oficialmente a la recomendación de la comisión de crear un Instituto de Derechos Humanos, cuya misión debería ser “coordinar la labor destinada a conocer la verdad [y] profundizar las lecciones del pasado”.151 La verdad histórica debe tener su parte en ello, y los historiadores de todo el país (¡no sólo de Santiago!) deben ser invitados al esfuerzo.

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Notes

1 “La dictadura” es la manera más corriente de referirse al régimen que, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, instala hasta marzo de 1990 una junta militar rápidamente dominada por el general Augusto Pinochet (el eufemismo de rigor fue durante mucho tiempo “gobierno militar”).
2 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre la violación a los derechos humanos en Chile, 1973-1990, Santiago: Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1991 (de aquí en más citamos según la edición de 1996, que tiene tres volúmenes en lugar de los dos iniciales). Puede consultarse en www.ddhh.gov.cl. El trabajo de la Comisión Rettig fue completado por su sucesora, la Corporación de Reparación y Reconciliación. Ésta publicó en 1996 una lista complementaria de desaparecidos (Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de los derechos humanos y de la violencia política) y administró los diversos programas de reparaciones gubernamentales (véase más adelante). Recordemos que, desde el punto de vista histórico, la Comisión de Verdad de Chile es una de las primeras; su similar de Sudáfrica (1995-1998) se benefició directamente con su experiencia.
3 El Informe Valech puede consultarse en www.gobiernodechile.cl/comision_valech, sitio del cual provienen nuestras citas, y en www.ddhh.gov.cl. La versión impresa, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Santiago: Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, 2005, tuvo una tirada de 33.000 ejemplares que no se destinaron a la venta sino a las víctimas (no podemos sino lamentar esa difusión muy restringida). Para un análisis del informe y sus implicaciones éticas, véase “¡Nunca olvidar! ¡Repetir jamás!”, Informe Ethos, Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, 39, 2005, http://etica.uahurtado.cl/informe_ethos.
4 Es de desear que un estudio conjunto de las dos comisiones chilenas y sus respectivas relaciones ponga de manifiesto la secuencia constituida por ellas y las sitúe como tales entre las iniciativas similares que surgieron en distintos lugares del mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En el presente artículo no hacemos más que rozar el tema, al comparar en puntos precisos los resultados establecidos por los dos informes. Para encarar un estudio más ambicioso, las reflexiones de José Zalaquett son, a nuestro juicio, un buen punto de partida: “La Comisión Valech actuó como una especie de comisión de verdad mixta. En cierto sentido fue como la Comisión Rettig (respecto de los prisioneros polìticos), pues dio cuenta, nominativamente, de cada caso de víctima que le tocó conocer y de cuya verdad estuvo convencida; y en otro sentido actuó como la comisión sudafricana o peruana (respecto de la tortura) al dar oportunidad y un espacio amistoso para que las personas afectadas pudieran contar su historia” (comunicación personal de José Zalaquett, 13 de abril de 2005). José Zalaquett fue miembro de la Comisión Rettig.
5 “Se abre una nueva etapa en materia de derechos humanos para Chile; comienza el tiempo de la reflexión –que tanta falta nos hace–, del diálogo y de la construcción social de la verdad. De ello depende que cada uno de los chilenos nos libremos de los hábitos y conductas aprendidas en la pedagogía del miedo que impuso el gobierno autoritario, miedo que nunca deberá repetirse”, dijo Roberto Muñoz Barra. Debates parlamentarios sobre la ley de reparación al cumplirse un año de la entrega del Informe Rettig, 49ª sesión, 28 de enero de 1992, en Elizabeth Lira y Brian Loveman, Políticas de reparación: Chile 1990-2004, Santiago: LOM-Universidad Alberto Hurtado-DIBAM, 2005, p. 137. Elizabeth Lira fue integrante de la Mesa del Diálogo y miembro de la Comisión Valech.
6 La expresión del presidente figura en el “paquete” legislativo de “medidas tendientes a perfeccionar la búsqueda de la verdad y la justicia [...] [y] la reparación social que Chile otorga a las víctimas”, presentado por el gobierno con el título de “No hay mañana sin ayer”. Véase www.lanacion/cl.
7 Una de las informaciones recibidas a raíz del trabajo de la Mesa del Diálogo es que los militares arrojaron un gran número de cuerpos al mar. El juez Guzmán pudo comprobar su veracidad en lo concerniente a más de cuatrocientos detenidos de la Villa Grimaldi. Véase Informe anual sobre derechos humanos en Chile, 2004. Hechos de 2003, Santiago: Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, 2003, pp. 290-291, y capítulo 5, “Verdad y justicia respecto de las violaciones del pasado”, passim, reproducido en Anne Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo en América Latina, publicación electrónica de próxima aparición en www.historizarelpasadovivo.edu.pe.
8 La Concertación es la coalición de demócratas cristianos, socialistas y radicales que está en el poder desde el retorno a la democracia en 1990, con los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000- ). Sobre los años 1990-1991, véase Brian Loveman y Elizabeth Lira, El espejismo de la reconciliación política: Chile 1990-2002, Santiago: LOM-DIBAM, 2002. Los autores utilizan la prensa de la época para reconstruir con mucha eficacia ese clima inicial de revelaciones acerca del pasado.
9 Señalemos que desde 1983 el levantamiento de la censura había permitido la publicación de varios libros que contaban la verdad. Entre ellos, Patricia Verdugo.  Caso Arellano: los zarpazos del Puma  (1989), 22ª edición, Santiago: CESOC Ediciones, 2001, sobre la expedición represiva dirigida por el general Arellano Stark, que recorrió el país entre septiembre y octubre de 1973, y Eugenio Ahumada et al., Chile: la memoria prohibida, Santiago: Ediciones Pehuén, 1989. Sobre los límites de la libertad de expresión durante la primera década de la transición en Chile (1990-1998) véase el informe de Human Rights Watch escrito por Sebastián Brett, The Limits of Tolerance: Freedom of Expression and the Public Debate in Chile, New York: Human Rights Watch, 1998 [traducción castellana: Human Rights Watch, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile,  Santiago: LOM, 1998].
10 Se suspendió, en particular, la difusión de una Síntesis del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación realizada bajo la dirección de Alfredo Riquelme y Jaime Troncoso, Santiago: Comisión Chilena de Derechos Humanos-Centro IDEAS, 1991, en el marco de una campaña nacional de educación para la verdad y los derechos humanos denominada “Para crecer en Chile”. El texto de la Síntesis se reprodujo en Nunca más en Chile, Santiago: LOM-Comisión Chilena de Derechos Humanos-IDEAS, 1999, por desdicha sin las ilustraciones originales, aunque sí con una lista actualizada de las víctimas.
11 Al momento de su asesinato, Jaime Guzmán era senador y líder principal de uno de los dos partidos de oposición de derecha, la Unión Democrática Independiente (UDI).
12  Alexander Wilde, “Irruptions of memory: Expressive politics in Chile’s transition to democracy”, Journal of Latin American Studies, 31, pp. 473-500 [traducción castellana: “Irrupciones de la memoria: La política expresiva en la transición a la democracia en Chile”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit]. El artículo ofrece un estudio detallado de la gestión del pasado dictatorial por los presidentes Aylwin y Frei entre 1990 y 1998, período que no está dentro del marco de nuestro trabajo. Muestra cómo las “irrupciones” regulares del pasado en la escena política a partir de 1993, por ejemplo, con motivo del arresto del jefe de la DINA, el descubrimiento de nuevas sepulturas, el ingreso de Pinochet al Congreso como senador vitalicio, etcétera, fueron consideradas intempestivas por un mundo político que prefería discutir otros temas “normales” como la economía, la salud, la educación. A la vez, el autor recuerda la actividad judicial: “Durante los años noventa el país presenció una corriente incesante de juicios relativos a los derechos humanos que se ventilaban ante los tribunales militares y civiles, dentro y fuera de Chile. En virtud de las leyes vigentes, la tramitación de dichos juicios recaía en los tribunales existentes, aun cuando la Concertación aceptó el dictamen de la Comisión Rettig, en el sentido de que durante la dictadura aquéllos no protegieron los derechos fundamentales. La gran cantidad de juicios y las numerosas instancias que componen el procedimiento judicial produjeron el efecto de mantener el pasado dictatorial casi continuamente presente en el público. Además del caso Letelier [Orlando Letelier, ex ministro de Allende asesinado por agentes de la DINA en 1976] y del de los degollados [3 profesionales comunistas que cayeron víctimas de agentes de la Dirección de Comunicaciones de los Carabineros en 1985], (...) entre los juicios más profusamente publicitados durante los ocho años de la transición se contaron la Operación Albania [12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de extrema izquierda, asesinados por agentes de inteligencia en 1987] y la historia interminable de la siniestra Colonia Dignidad”, íbid. La cita está tomada de la traducción de “Irrupciones de la memoria”, de próxima aparición.
13 Sobre el contenido, funcionamiento y balance de los programas de reparaciones gubernamentales, véase E. Lira y B. Loveman, Políticas de reparación…, op. cit. En la actualidad casi cien mil personas son beneficiarias, en diversos conceptos, de indemnizaciones pecuniarias y otras formas de reparación.
14 José Zalaquett Daher, “«No hay mañana sin ayer». Análisis de la propuesta del Presidente Lagos sobre derechos humanos”, Estudios Públicos, 92, primavera de 2003. Citamos del manuscrito, generosamente puesto a nuestra disposición por el autor.
15 Como lo mostraron sus reacciones al publicarse el Informe Valech. Ello no impide, empero, que la gente se dedique a sus asuntos y ni siquiera que confíe en sus instituciones: al comienzo de su sexto año en el cargo, el presidente Lagos tiene un índice de adhesión de casi el 65% de la población, según una encuesta de opinión de enero de 2005.
16 El día mismo de la liberación de Pinochet en Londres, siete abogados chilenos solicitaron y obtuvieron (en 2000) el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del ex dictador convertido en senador designado, a fin de interrogarlo sobre su papel en la organización de la caravana de la muerte (véase la nota 9). Si bien la Corte Suprema revocó el fallo del tribunal de primera instancia en 2002, el juicio de los otros acusados, entre ellos el propio Arellano Stark, sigue actualmente su curso. Véase Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004…, op. cit., capítulo 5, “Verdad y justicia respecto de las violaciones del pasado”, passim, reproducido en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit. Sobre los logros del período anterior, en particular el fallo de la Corte Suprema, en 1995, de las causas de Manuel Contreras, ex director de la DINA, y de Pedro Espinoza, jefe de operaciones, declarados culpables del asesinato de Orlando Letelier (1976), véase, A. Wilde, “Irruptions of Memory”, op. cit.
17 El general Prats era comandante en jefe del ejército hasta pocas semanas antes del golpe, cuando renunció y fue reemplazado por su segundo en la cadena de mandos, el general Pinochet.
18 “Los números de los juicios”, Siete, 22 de enero de 2005.
19 Se trata de Sergio Fernández (senador de la UDI) y de Enrique Montero Marx (brazo derecho de Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, el principal diario del país, muy conservador y favorable en su momento a Pinochet).
20 Dicha ley de amnistía fue promulgada el 10 de marzo de 1978. La interpretación de los abogados que comienza a ganar la aceptación de los tribunales a fines de la década de 1990 es que “la desaparición debe ser asimilada a la figura del secuestro permanente, lo cual no permite agotar la investigación en ausencia de cuerpo. Así queda inaplicable la ley de amnistía de 1978 si los tribunales no pueden cerrar las causas hasta que los restos aparecieran”. Comunicación personal del abogado Roberto Garretón, que agradecemos aquí calurosamente, enero de 2005. En una sentencia de noviembre de 2004 dictada por la Segunda Sala de la Corte Suprema también se constató, contra la “ley de amnistía”, la aparición de una referencia a la legislación penal internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos contra la humanidad. Véase “Caso Sandoval”, rol n° 517-2004. Agradezco a Javier Couso estas últimas precisiones.
21 Véase Jorge Escalante, “Otra sentencia rechaza amnistía en homicidio y condena al fisco”, La Nación, 19 de enero de 2005.
22 La erección de este monumento representa el momento culminante, pero efímero, de los esfuerzos de la dictadura por instaurar su propia cultura política y sus símbolos (como la acuñación de una moneda y la estrofa agregada al himno nacional).
23 La puerta había sido tapiada durante los trabajos de restauración del palacio emprendidos por el régimen de Pinochet, a raíz de los graves daños sufridos a causa del bombardeo al que lo sometió el ejército rebelde la mañana del 11 de septiembre, así como del incendio resultante.
24 Entre los monumentos conmemorativos recientes, señalemos los levantados en el Cementerio General de Santiago en homenaje a las víctimas de la represión que integraban las formaciones políticas del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
25 Véase, en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, el proyecto Obras de Reparación Simbólica, que levantó un inventario de los memoriales surgidos desde 1990 y apoya los nuevos proyectos. Puede consultarse su sitio de Internet, http://www.ddhh.gov.cl/DDHH_obras.html. Agradecemos a Alex Wilde por habernos indicado la existencia de este sitio.
26 Véase el volumen publicado por la Corporación José Domingo Cañas 1367, Una experiencia para no olvidar. Casa de tortura José Domingo Cañas 1367, Santiago: Martín Faunes Amigo editor, 2001. Agradezco a Mario Garcés por haberme indicado esta publicación y la entidad que la produjo.
27 Véase Macarena López Oliva y Esteban Aguayo Sepúlveda, De víctimas a santos: detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Procesos de santificación y sacralización de personas y lugares de muerte, Santiago: Fondart-Gobierno de Chile, 2003, pp. 35-36.
28 Elizabeth Lira y Brian Loveman, Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1932-1994, Santiago: LOM-DIBAM, 2000.
29 “Hubo seis testigos del suicidio de Allende”, La Nación, 12 de septiembre de 2003, www.lanacion.cl.
30 Entre las memorias podemos mencionar Miguel Lawner, Retorno a Dawson, Santiago: LOM, 2004, cuyo capítulo final, “Retorno a la isla, 2003”, cuenta la ceremonia de reconciliación entre los ex detenidos y la armada, realizada en 2003, y Claudio Enrique Durán Pardo, Autobiografía de un ex jugador de ajedrez, Santiago: LOM, 2003. La editorial LOM también publicó las memorias y escritos de varios dirigentes políticos de la época de la Unidad Popular como Miguel Henríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Pedro Naranjo et al., compil., Santiago: LOM, 2004. Entre los trabajos universitarios vale la pena señalar Claudio Rolle et al., 1973. La vida cotidiana de un año crucial, Santiago: Planeta, 2003; Rolando Álvarez Vallejos, Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980), Santiago: LOM, 2003; Mario Garcés y Sebastián Leiva, El golpe en La Legua, Santiago: LOM, 2005, y Diana Veneros R.-T, Salvador Allende, Santiago: Editorial Sudamericana, 2003. En el ámbito del periodismo de investigación: Fernando Villagrán, Disparan a la bandada: una crónica secreta de la FACH, Santiago: Planeta, 2002; Pascale Bonnefoy Miralles, Terrorismo de Estadio. Prisioneros de guerra en un campo de deportes, Santiago: Ediciones CESOC, 2005; John Dinges, The Condor Years: How Pinochet and his Allies Brought Terrorism to Three Continents, Nueva York: The New Press, 2004 [traducción castellana: Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, Santiago: Ediciones B, 2004]; Peter Kornbluh (comp.), The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, Nueva York: The New Press, 2004 [traducción castellana: Pinochet: los archivos secretos, Barcelona: Crítica, 2004], y Peter Winn, Weavers of Revolution. The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism, Nueva York: Oxford University Press, 1986 [traducción castellana: Tejedores de la revolución, Santiago: LOM, 2004]. Una obra muy reciente es la de Steve S. Stern, Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London 1998, Durham, N.C.: Duke University Press, 2004. En Peter Winn, “La presencia del pasado: historia y memoria en Chile hoy”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit., se encontrará una visión de conjunto de las publicaciones recientes vinculadas al trigésimo aniversario del golpe.
31 En F. Villagrán, Disparan a la bandada…, op. cit., se encontrará el ejemplo de una red informal de ex detenidos armada justamente en 2001 con la ayuda de Internet, en el momento del caso Meneses-Agüero.
32 La Vicaría de la Solidaridad fue el principal servicio de ayuda legal durante la dictadura, y actuó bajo la protección de la Iglesia Católica. Sobre la entidad como demostración de una situación en que la cuestión ética se convierte en una fuerza política, véase Pamela Lowden, Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90, Londres: Macmillan Press, 1996.
33 Debemos expresar nuestro agradecimiento a Elba Peña y Fernando Hidalgo por los testimonios e informaciones aportados sobre este punto. Señalemos, por otra parte, que la tensión nerviosa no es patrimonio exclusivo de las víctimas. Según lo informado por una fuente segura pero no corroborada, las recetas de antidepresivos, ansiolíticos y somníferos para el personal retirado de las fuerzas armadas han mostrado un notable aumento en los hospitales militares de Santiago. Por lo demás, el personal del ejército que cumplió funciones represivas recibió pensiones oficiales de invalidez por “estrés de posguerra”. Las más de las veces, los individuos beneficiados con ellas tenían un diagnóstico de maníacos o maníaco depresivos (véase E. Lira y B. Loveman, Políticas de reparación…, op. cit.). Para apreciar la importancia del aspecto emocional en el personal militar retirado, véase el sitio de Internet www.chilemipatria.cl/index.php?name=p_news&news_id=all (visitado el 25 de febrero de 2005).
34 En el Informe Valech, pp. 116-117, figura una lista indicativa de las asociaciones de ex detenidos con las cuales se reunió la Comisión Valech.
35 Sobre el mandato recibido en materia de “hechos que debían ser indagados”, incluyendo la tortura, así como sobre las decisiones tomadas para cumplirlo, véase Informe Rettig, vol. 1, pp. 4 y 16. Sobre la detención política y la práctica de la tortura, ibíd., tercera parte, capítulos 1, 2 y 3, bajo las rúbricas de “detención” y “tortura”.
36 De todos modos, la Comisión Valech, de la que volveremos a hablar en la tercera parte de este trabajo, recordó que las torturas habían sido objeto de mil trescientas denuncias presentadas por los abogados en representación de las víctimas entre junio de 1978 y diciembre de 1989 (Informe Valech, p. 188). Por otro lado, en 1983 se abrió una primera brecha en el silencio que rodeaba socialmente la tortura, cuando Sebastián Acevedo se mató en público para denunciar la situación de sus dos hijos, que habían sido detenidos y torturados. La Iglesia Católica estuvo muy presente en la protesta que ganó por entonces los ámbitos públicos: excomulgó a los torturadores, y el sacerdote Jorge Aldunate impulsó la creación del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo.
37 Informe Valech, p. 9.
38 Ibíd., p. 645.
39 María Luisa Sepúlveda, intervención en el seminario sobre el Informe Valech, organizado por el Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, 20 de enero de 2005.
40 Véase Madeleine Davis (comp.), The Pinochet Case: Origins, Progress, and Implications, Londres: Institute of Latin American Studies, 2003 (la traducción será publicada próximamente por la editorial LOM).
41 Al construir causas que pueden incluir a varias decenas de personas que sufrieron en los mismos lugares y las mismas circunstancias en manos de los mismos torturadores, esos juristas contribuyen en los hechos a fortalecer la conciencia de grupo de los ex detenidos y, de resultas, su capacidad de presión. Algún día habrá que estudiar la historia de las relaciones entre víctimas y abogados. Así, por ejemplo, el abogado Hiram Villagra (de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo o CODEPU) presentó en 2001 una denuncia en representación de varias víctimas menores de edad que fueron detenidas y torturadas (caso “Lena Pardex y otros”, actualmente en manos de los tribunales). Véase “Develando el crimen de la tortura: el abogado Hiram Villagra es entrevistado por Memoria y Justicia”, abril de 2003, www.memoriayjusticia.cl.
42 Véase Patricia Verdugo (comp.), De la tortura no se habla, Santiago: Catalonia, 2005, en particular Claudio Fuentes, “Académicos. Golpe a la cátedra”, pp. 91-116, que expone la vertiente universitaria del asunto. Meneses, que negaba los hechos atribuidos a él por Agüero, intentó demandarlo por difamación. Perdió el pleito resultante, pues el juez reconoció que Agüero había dicho la verdad, al igual que varios testigos convocados por la defensa, que también habían sido torturados por Meneses en el Estadio Nacional.
43 En el encadenamiento de hechos aquí mencionado podría agregarse que este caso atrajo la atención sobre el Estadio Nacional. La joven cineasta Carmen Luz Parot realizó ese mismo año, 2001, un documental titulado Estadio Nacional, en el que Agüero y otros ex detenidos entrevistados relatan su experiencia y las torturas que sufrieron. La declaración del estadio como monumento nacional, en 2002, fue el resultado de una campaña en la cual la cineasta Parot tomó parte activa.
44 Véase E. Lira y B. Loveman, Políticas de reparación..., op. cit., capítulo 1.
45 Informe Valech, pp. 15-17.
46 Se esperaba, por ejemplo, un debate parlamentario análogo a los entablados en 1991-1992.
47 Encuesta de opinión realizada por la Fundación Futuro entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2004. Debo agradecer a Jennifer Herbst por esta valiosa información, así como por varias otras que me procuró para el presente artículo.
48 Aclaremos que el decreto de creación de la Comisión Valech no incluye entre los criterios que definen a una víctima las “retenciones temporales efectuadas durante allanamientos masivos, «operaciones peineta» u otra forma similar de control”. Esos hechos sólo se consideran cuando resultaron en la prisión e incluso la tortura (Informe Valech, p. 16). Sin embargo, esas mismas experiencias de detención breve, frecuentes en los años de las grandes protestas (1983-1987), tienen un papel indiscutible en la solidaridad con las víctimas que sienten muchos ex militantes al leer hoy el informe.
49 Informe Valech, p. 590.
50 Pablo Salvat, intervención en el seminario sobre el Informe Valech, organizado por el Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, 20 de enero de 2005. Véase también el testimonio de Nicolás Eyzaguirre, ministro de hacienda, al hablar frente al Foro Empresarial el 2 de diciembre de 2004: “Les quiero decir que yo abracé exactamente las mismas causas y desarrollé las mismas acciones que a unos pocos amigos les significaron la muerte, a quienes tuve que llorar y enterrar. Y a muchos amigos les significaron la tortura. [...] Sólo el azar, sólo el azar me salvó de aquellos padecimientos”.
51 A medida que la verdad sobre el pasado se expresaba de manera cada vez más explícita, esa evolución nos afectó más íntimamente. Lo cual no es nada sorprendente en una sociedad pequeña y concentrada en la capital. Así, desempeñábamos nuestras funciones en la Universidad Católica cuando estalló, en 2001, el caso Meneses antes mencionado. El Instituto de Historia y el Instituto de Ciencias Políticas forman parte de la misma facultad, que por entonces encaraba su mudanza a un nuevo edificio del campus principal de la universidad. Las ondas de choque del caso Meneses llegaron a los historiadores que eran sus vecinos de piso y compartían a veces los mismos estudiantes. En 2004, el Centro de Ética de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado al cual pertenecemos constituyó un observatorio privilegiado de la Comisión Valech, en virtud de la presencia en su seno de uno de los miembros de ésta y el hecho de que varios profesores, investigadores, estudiantes e integrantes del personal de la universidad hubieran trabajado para ella.
52 Informe Valech, p. 562. El 40,1% de las víctimas tienen hoy entre 51 y sesenta años, y el 42,9% superan esta última edad.
53 El 69% de las víctimas aludió de manera espontánea a su afiliación política o sindical en sus declaraciones; entre ellas, el 63,8% eran militantes de base; ibíd., p. 565.
54 La relegación (asignación de una residencia vigilada, por lo común solitaria y alejada del domicilio habitual) se incluye entre los casos de privación de libertad tenidos en cuenta por la Comisión Valech (Informe Valech, pp. 23-24). Curiosamente, y hasta donde sabemos, no se hace otra mención a ella en el resto del informe. El capítulo 8 examina las “consecuencias de la prisión política y tortura”.
55 Informe Valech, p. 10.
56 Agradezco a Alfredo Riquelme por una conversación que mantuvimos sobre lo que sigue.
57 Al acoplar de manera sistemática “privación de libertad y tortura por razones políticas” para designar las circunstancias de las que la comisión debía ocuparse, el decreto de creación sugería un margen de maniobra tanto para los declarantes como para el trabajo del cuerpo. Sobre los motivos de la comisión para admitir una única categoría de “víctima de prisión política y tortura”, véase la tercera parte de este artículo.
58 Informe Valech, pp. 587-589.
59 J. Zalaquett, “«No hay mañana sin ayer.» Análisis de la propuesta...”, op. cit. En su carácter de abogado, Zalaquett trabajó desde 1973 en la cuestión, primero en el Comité Pro Paz y luego en la Vicaría de la Solidaridad. El factor que incrementa la estimación propuesta para los 17 años de dictadura es la masa de detenciones breves efectuadas en la década de 1980 (comunicación personal de José Zalaquett, 13 de abril de 2005).
60 Por lo que sabemos, fue Alfredo Riquelme, profesor de historia en la Universidad Católica, quien introdujo esta problemática en Chile.
61 Los trabajos que escapaban a ese espíritu estaban a menudo escritos en otro idioma; por ejemplo, las síntesis de Alan Angell, “Chile since 1958”, en Leslie Bethell (comp.), Cambridge History of Latin America, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, vol. 8, pp. 311-384, y en Leslie Bethell (comp.), Chile Since Independence, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 129-202, y de Simon Collier y William Sater, Historia de Chile, 1808-1994, Madrid: Cambridge University Press, 1998. Las editoriales y revistas de investigación chilenas que disfrutaban de una reputación establecida se negaban a traducir trabajos importantes referidos a la dictadura; por ejemplo Pamela Constable y Arturo Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile under Pinochet, Nueva York y Londres: Norton & Company, 1991. “No es conveniente”, solía argumentarse.
62 Por ejemplo la de Manuel Gárate, reproducida en “La Michita: un proyecto urbanístico y una comunidad intelectual bajo la dictadura”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit. En “Trabajos universitarios inéditos sobre el pasado reciente de Chile” se encontrará una selección de tesis de licenciatura y maestría en historia sobre ese pasado reciente.
63 La misma constatación hace Jean-Jacques Becker, historiador de la Primera Guerra Mundial, en “La mémoire, objet d’histoire?”, en Écrire l’histoire du temps présent, París: IHTP-CNRS Éditions, 1993, p. 120 (el volumen es una buena introducción a la historia del tiempo presente tal como se mostraba en Francia hace unos diez años).
64 Seminario dictado en la Universidad Alberto Hurtado, marzo-abril de 2002, por Elizabeth Lira, que, como una expresión de amistad, tuvo la gentileza de invitarme a darlo junto con ella.
65 Véase Edward Casey, Remembering: A Phenomenological Study (1987), Bloomington: Indiana University Press, 2000, capítulo “Place memory”.
66 Véase la entrevista realizada a Pierre Nora, Nouvel Observateur, 1699, 29 de mayo de 1997.
67 El régimen pinochetista persistía en calificar de “presuntos” o “personas que no tienen existencia” a los detenidos desaparecidos.
68 Que pudo constatarse igualmente en los últimos años cuando se exhibieron colecciones fotográficas inéditas acerca de la Primera y, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, acompañadas esta vez del comentario del fotógrafo de actualidades aún vivo.
69 Las palabras son de uno de los participantes del seminario, Pablo Salas. Una de sus colegas que trabajaba en Chile en 1973 expresó virtualmente en los mismos términos la conciencia del periodista: “Los documentalistas viven la experiencia” (comunicación personal de Pamela Yates, noviembre de 2004)
70 Ignacio Agüero, correspondencia del 22 de diciembre de 2004.
71 La Vicaría de la Solidaridad, a la cual llegó la información concerniente a las tumbas, constituyó una comisión investigadora que se trasladó al lugar, dio a conocer la noticia y ayudó a las familias a presentar una denuncia en la justicia. Hecho inaudito, se realizaría una investigación antes de que la causa pasara a la justicia militar, que aplicó la ley de amnistía sancionada poco tiempo atrás para poner fin a las diligencias. Pese a una campaña en la que tomaron parte sacerdotes, religiosas y laicos, los cuerpos, que habían sido trasladados a la morgue de Santiago, no se entregaron a las familias; fueron, en cambio, enterrados en silencio en la fosa común del cementerio de Isla de Maipo. Sobre el caso judicial de Lonquén, véase Máximo Pacheco, Lonquén, Santiago: Editorial Aconcagua-Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1980, col. “Documentos para la Verdad”, n° 1. Vicepresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Pacheco integró la comisión investigadora formada por el cardenal Silva Henríquez, con el fin de comprobar la presencia de restos humanos en los hornos de Lonquén (sobre la cual se había informado de manera anónima al Vicario de la Solidaridad). Sobre el punto de inflexión que significa Lonquén para las familias de los desaparecidos y para los movimientos de defensa de los derechos humanos, véase Patricia Verdugo y Claudio Orrego V., Detenidos desaparecidos: una herida abierta, Santiago: Editorial Aconcagua, 1980.
72 En la misma época, y de acuerdo con otra dinámica ya no moral sino política, el 11 de septiembre “se instala” como una fecha conmemorativa en Chile. Véase Azun Candina Polomer, “Memoria e instalación del 11 de septiembre en Chile”, en Elizabeth Jelin (comp.), Las conmemoraciones: las disputas en las “fechas in-felices”, Buenos Aires: Siglo XXI, 2002, pp. 9-48.
73 Sobre la reminiscencia como resistencia, en el caso temporalmente paralelo de los primeros movimientos de oposición en los países socialistas, véase Alain Brossat et al. (comps.), À l’Est, la mémoire retrouvée, París: La Découverte, 1990 [traducción castellana: En el Este, la memoria recuperada, Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1992]. Sobre los panfletos de los disidentes rusos, Catherine Merridale, Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia, Nueva York: Penguin Group, 2000. Pensemos, por último, en el deber de memoria de Primo Levi, que es conminación lanzada, en primer lugar, a las otras víctimas; se lo reencuentra como tal en numerosas memorias de supervivientes, redactadas a su regreso de los campos de concentración nazis (véase Annette Wieviorka, Déportation et génocide: Entre la mémoire et l’oubli, París: Hachette-Plon, 1992), así como en esta frase inscripta en las placas y pequeñas cruces que marcan la memoria de los lugares: “Transeúnte, recuerda”.
74 Véanse los trabajos contemporáneos del período estudiado: María Elena Valenzuela, La mujer en el Chile militar. Todas íbamos a ser reinas, Santiago: CESOC, 1987; Claudia Serrano, “Pobladoras en Santiago: algo más que la crisis”, en Mujeres, crisis y movimiento, Santiago: Isis Internacional-MUDAR, 1988; Patricia M. Churchryck, “Feminist anti-authoritarian politics: The role of women’s organization in the Chilean transition to democracy”, en Jane S. Jaquette (comp.), The Women’s Movement in Latin America, Boston: Unwin Hyman, 1989, y Lisa Baldez, Why Women Protest: Women’s Movements in Chile, Cambridge (Gran Bretaña) y Nueva York: Cambridge University Press, 2002. Agradezco a María Elena Valenzuela por sus observaciones esclarecedoras y sus sugerencias bibliográficas.
75 En este aspecto, es muy rica otra película de Pablo Salas vista en el seminario: la que muestra una manifestación del movimiento Mujeres por la Vida, realizada en noviembre de 1985.
76 Dos factores nada desdeñables favorecieron, en ese mismo momento, la toma de conciencia de un objetivo regional: la generalización de la televisión por cable que permite la difusión en Santiago de dos canales argentinos y la instalación de Internet en la universidad.
77 Véase Luis Alberto Romero, “Recuerdos del Proceso, imágenes de la democracia: Luces y sombras en las políticas de la memoria”, Clío & Asociados. La historia enseñada (Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral), 7, 2003, pp. 113-124, en especial por su reflexión, a diez años de distancia, sobre “los éxitos inmediatos de esta política de la memoria, de esta construcción de un pasado de espanto”, en la cual profesores como Romero participaron activamente, movidos por el sentido de un deber cívico, como lo atestigua la primera edición de su Breve historia contemporánea de la Argentina (1994), cuarta reimpresión de la segunda edición, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003 [hay traducción inglesa: A History of Argentina in the Twentieth Century, University Park, PA: Penn State Press, 2002],  en particular el capítulo sobre el Proceso (1976-1983). Se encontrará otro ejemplo en Federico Guillermo Lorenz, “«Tomála vos, dámela a mí.» La noche de los lápices: El deber de memoria y las escuelas”, en Elizabeth Jelin y Federico Guillermo Lorenz (comps.), Educación y memoria, Madrid: Siglo XXI, 2004, pp. 95-129; véase, asimismo, Lila Pastoriza, “Federico Lorenz analiza La noche de los lápices y cómo enseñar mucho más allá de la historia oficial”, Página 12, martes 16 de septiembre de 2003, www.pagina12web.com.ar/diario/elpais.
78 Sobre el estudio del pasado inmediato, véase Frédérique Langue, “Quand la rue s’embrase sous le regard de l’université: L’histoire immédiate du Venezuela, méthodes et questionnements”, Problèmes d’histoire immédiate (Université de Toulouse, Le Mirail), 25, primavera de 2004, pp. 123-158.
79 Véase el sitio de Internet http://www.sas.ac.uk/ilas/sem_memory.htm. En 2004, ILAS pasó a formar el Institute for the Study of the Americas.
80 La coordinadora de este proyecto tiene una deuda intelectual con varios colegas: Steve Stern, por las cuestiones que resultaron en Steve Stern (comp.), Shining and Other Paths, Durham: Duke University Press, 1999 [traducción castellana: Los senderos insólitos del Perú, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1999]; Luis Alberto Romero, por la lección de historia contemporánea dada en La crisis argentina. Una mirada al siglo XX, Buenos Aires: Siglo XXI, 2003, y Peter Klarén, por su reflexión sobre la violencia política en la larga duración histórica en Peru: Society and Nationhood in the Andes, Nueva York: Oxford University Press, 2001 [traducción castellana: Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2004], y “The time of troubles (1980-2000): Modern violence and the long sweep of Peruvian history”, de próxima aparición en traducción castellana en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit.
81 De Henry Rousso, véase “La trayectoria de un historiador del tiempo presente (1975-2000)”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit.
82 Además del libro de P. Winn, Weavers of Revolution…, op. cit., señalemos una obra pionera de la historia oral chilena referida al pasado reciente: José del Pozo, Rebeldes, reformistas y revolucionarios: una historia oral de la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular, Santiago: Ediciones Documentas, 1992. Véase también, del especialista Mario Garcés, “El 11 de septiembre de 1973 en la población La Legua de Santiago de Chile”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit.
83 Con las intervenciones de Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación peruana, y Arturo Taracena, jefe del equipo de investigaciones históricas de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. De este último, véase “Los desafíos para el historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala”, en ibíd. Véase Arturo Taracena, “Los desafíos para el historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala” y Carlos Iván Degregori, “Ayacucho 1969-1979: el surgimiento de Sendero Luminoso” en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit.
84  Hugo Vezzetti, Pasado y presente: guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI, 2002, y “Conflictos de la memoria en la Argentina: Un estudio histórico de la memoria social”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit
85  Juan E. Méndez, “El derecho humano a la verdad: Lecciones de las experiencias latinoamericanas de relato de la verdad”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit
86  Véase el proyecto regional dirigido por Elizabeth Jelin y Carlos Iván Degregori, varios de cuyos volúmenes de la colección “Memorias de la Represión”, editada por Siglo XXI de la Argentina entre 2001 y 2004, han sido citados en este artículo.
87 Véase Paul Ricœur, “Historia y memoria: La escritura de la historia y la representación del pasado”, y Marie-France Lavabre, “Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit.
88 En Mark McGovern y Patricia Lundy, “Dentro del silencio: El Proyecto Conmemorativo de Ardoyne, el relato comunitario de la verdad y la transición posconflicto”, en ibíd., se encontrará un ejemplo de responsabilidad asumida por un historiador y una socióloga para el establecimiento de la verdad en el Ulster. De los mismos autores, véase también Ardoyne Commemoration Project, Ardoyne: The Untold Truth, Belfast: BTP Publications, 2002.
89 Véase John W. Dower, “Tres relatos de nuestra humanidad”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo…, op. cit.
90 El seminario se dictó en el Departamento de Estudios de Posgrado y el Departamento de Historia de la Universidad de Chile
91 Conviene resituar el mecanismo de las comisiones de la verdad utilizado para “reparar injusticias históricas” (según la expresión de Elazar Barkan), a partir de la década de 1980, en la huella de las comisiones de peritos nacionales, bilaterales o internacionales cuya actividad marcó el siglo XX, sobre todo en Europa, al término de cada una de las guerras mundiales. Su objeto se refirió según los casos al destino de las minorías, el trazado de fronteras, la reglamentación de compensaciones económicas, la elaboración de manuales escolares de historia, etc. La Argentina tuvo la primera comisión de la verdad del mundo que alcanzó resultados concretos (la comisión investigadora de Uganda, reunida en 1974, constituye un precedente, mientras que la de Bolivia, que sesionó entre 1982 y 1984, no terminó sus trabajos). La comisión del Perú es la más reciente de América Latina hasta el día de hoy. Véase Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, Nueva York y Londres: Routledge, 2001 (traducción castellana de próxima aparición). Sobre el objeto de estas comisiones, véase Elazar Barkan, The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices, Baltimore y Londres: Johns Hopkins University Press, 2000.
92 Véanse Patricia Valdez, “Las comisiones de la verdad”, en Juan E. Méndez, Martín Abregú y Javier Mariezcurrena (comps.), Verdad y justicia: Homenaje a Emilio F. Mignone, San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001, pp. 123-159, y las otras colaboraciones sobre el mismo tema; agradecemos a Martín Abregú el habernos indicado este libro. Véase asimismo José Zalaquett, “Los derechos humanos y la transición a la democracia”, en Iglesia y derechos humanos en Chile: Pasado, presente, futuro, Santiago: Fundación Vicaría de la Solidaridad-LOM, 2002, pp. 49-62, en especial p. 54.
93 Informe Rettig, p. 10.
94 Informe Valech, pp. 16-22.
95 Ibíd., pp. 19 y 255: “Constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esta persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación, siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos hayan sido cometidos por un agente del Estado u otra persona a su servicio o que actuara bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia”.
96 Ya es eso lo que se desprende de los testimonios recogidos por la Comisión Rettig, que describen los “malos tratos [que] acompañaban la tortura”. Informe Rettig (1996), p. 478.
97 Informe Valech, p. 82.
98 Gonzalo Vial, “Especial de Gonzalo Vial sobre el Informe de la Tortura (I). Su valor probatorio para una convicción moral”, La Segunda, 1º de diciembre de 2004. El historiador Gonzalo Vial fue miembro de la Comisión Rettig.
99 Un facsímil de la ficha figura en el Informe Valech, pp. 95-100.
100 Sobre el método, la naturaleza de las pruebas reunidas y su tratamiento con fines de verificación, véase ibíd., pp. 30-32, 40-42.
101 Ibíd., pp. 53-74.
102 Ibíd., pp. 101-115. El hecho de que los propios responsables de los centros de represión hayan emitido en la época tantos certificados, conservados a su vez por las víctimas, parece haber sorprendido a la comisión, que no los incluyó en la lista indicativa incorporada a la ficha (ibíd., p. 100).
103 Véase Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, nueva edición anotada por Étienne Bloch, París: Armand Colin, 1998, p. 76 [traducción castellana: Apología para la historia o el oficio de historiador, México: Instituto Nacional de Antropología-Fondo de Cultura Económica, 1998].
104 Miguel Luis Amunátegui, intervención en el seminario sobre el Informe Valech, Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, 20 de enero de 2005.
105 Las investigaciones en los archivos más variados prosiguen hasta mayo de 2005 en lo concerniente a los declarantes incluidos en la “lista de reconsideración”, en busca de pruebas complementarias. Una comunicación de la embajada de Suecia en Santiago nos informó en febrero de 2005 de las investigaciones efectuadas con éxito en sus archivos de los años correspondientes a la dictadura de Pinochet, hoy conservados en Estocolmo, con respecto a víctimas que habían encontrado asilo en esa embajada.
106 Informe Valech, p. 233.
107 Ibíd., pp. 30-35.
108 Ibíd., capítulo 7, “Perfil de las víctimas”, pp. 559-582.
109 Ibíd., p. 570.
110 Ibíd., p. 230: “Cabe insistir en que las divisiones temporales aquí adoptadas son tentativas, no tajantes, con la única finalidad de discernir etapas de acuerdo a la diversidad y al desarrollo de un proceso represivo continuo. En general, los hechos materia de este informe no suceden, ni dejan de suceder, ni cambian radicalmente, en una fecha precisa. Entonces, el criterio de segmentación temporal responde a la consideración de indicadores tales como: organismos de seguridad involucrados, número y perfil de las víctimas, y contexto nacional operante”. La comisión consagró a las divisiones temporales un capítulo independiente (capítulo 4, “Prisión política, período a período”, p. 227-251) pero se inclinó por ordenar el grueso de las informaciones recogidas por centros de detención, mientras que el Informe Rettig las había distribuido de acuerdo con las tres franjas cronológicas sucesivas.
111 Ibíd., p. 247.
112 Ibíd., pp. 234-235.
113 Es indudable que las fuerzas armadas destruyeron distintos archivos e incluso estaban autorizadas a hacerlo por varias leyes sancionadas por la dictadura en el momento en que se perfilaba un cambio posible (1987 y 1989), como lo estableció la Comisión Rettig (Informe Rettig, p. 75). Algunos de los documentos llegados a la Comisión Valech muestran, empero, que la destrucción de los archivos de la represión a instancias de la dictadura no fue total (véase la lista de registros consultados por la comisión, Informe Valech, p. 31), situación que los archivistas conocen bien y que se verificó particularmente en el Cono Sur con los archivos policiales de varios regímenes dictatoriales (véase más adelante la nota 148). Con el tiempo, las huellas de esos archivos aparecen con más frecuencia, por ejemplo, en los diarios La Nación (y su suplemento La Nación Domingo) y Siete, que publican habitualmente columnas de periodismo de investigación en materia de derechos humanos. Recordemos que en El infierno, Santiago: Planeta, 1993, Luz Arce, víctima a quien la DINA había convertido en una de sus confidentes, describe el manejo informático de los archivos, ya que durante un tiempo estuvo afectada a ese servicio. Por último, el Informe Valech menciona en varias ocasiones “la existencia de archivos y fichas de detenidos”. En la XII región, en particular, alude a “detenidos que fueron fichados y fotografiados por los funcionarios de la CNI” (p. 504).
114 En total hemos contado 137 testimonios citados en el capítulo 5. Sumados a los 114 que ilustran las consecuencias de la tortura (capítulo 8), estamos por debajo del 1% del conjunto de las declaraciones (27.255).
115 Informe Valech, p. 589.
116 Ibíd., p. 291 (la parte del capítulo 5 referida a la violencia ejercida contra las mujeres está en las pp. 290-297). Todos los estudios recientes de los que disponemos muestran la reticencia persistente de las mujeres a hablar muy en particular de las violaciones de que han sido objeto. Para un análisis de las normas y principios emergentes en materia de violaciones sexuales perpetradas contra las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos, así como del tratamiento específico que se dio a ellas en el caso de la Comisión de la Verdad peruana –la primera en el mundo que lo hizo sistemáticamente–, véase Julissa Mantilla Falcón, “Perspectiva de género y comisión de la verdad: Los logros y hallazgos de la comisión peruana”, en A. Pérotin-Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo..., op. cit.
117 Informe Valech, p. 301.
118 Un ejemplo en ibíd., p. 303
119 Una observación frecuente es la que encontramos, por ejemplo, con referencia a los lugares de detención situados en Valparaíso, Viña del Mar y Los Andes (V región): “Las condiciones en que [los declarantes] eran privado de libertad y trasladados, y la forma en que permanecían recluidos hacen que las descripciones de los recintos de la CNI [...] contengan poca información relevante acerca de las características del lugar, no así de las condiciones y tratamientos de los prisioneros en ellos”; ibíd., pp. 358-359.
120 “Declaración de historiadores y profesores de historia”, El Mercurio, 10 de diciembre de 2004, http://www.diario.elmercurio.com.
121 Hernán Valdés, Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile (1974), tercera edición, Santiago: LOM-CESOC, 1996, p. 56. El libro fue escrito “al calor de la memoria”, tras la salida del autor del campo de concentración. Otro testimonio escrito en condiciones parecidas es Sheila Cassidy, Audacity to Believe (Fount Paperbacks, 1978) segunda edición, Londres: Darton, Longman & Todd, 1992; agredezco a Jennifer Herbst el haberme señalado este libro.
122 Un ejemplo en la VII región de Bío Bío, Base Naval de Talcahuano: “La base estaba a cargo de la armada, pero también actuó el Servicio de Inteligencia Regional (SIRE) de Concepción, integrado por efectivos de distintas unidades de la zona de Concepción, como efectivos de la armada y del ejército; entre el personal subordinado predominaban los efectivos de la armada, con importante participación de miembros de carabineros e investigaciones”. Véase Informe Valech, p. 425.
123 Un ejemplo en ibíd., p. 345 (IV región de Coquimbo, regimiento de Arica y fiscalía militar).
124 Ejemplos en ibíd., pp. 419, 450, 470, 477, 479, 481, 494, 503.
125 Ibíd., p. 450.
126 Ibíd., p. 477.
127 Ibíd., p. 491.
128 Ibíd., p. 498.
129 Ibíd., pp. 360 y siguientes, 419, 470.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Anne Pérotin-Dumon, « El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura »Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 23 mai 2005, consulté le 27 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/954 ; DOI : https://doi.org/10.4000/nuevomundo.954

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Auteur

Anne Pérotin-Dumon

Anne Pérotin-Dumon es integrante del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. La autora agradece, por su lectura atenta de una primera versión, a María Eugenia Albornoz, Javier Couso, Manuel Gárate, Elizabeth Lira, Alfredo Riquelme, Anthony Tillett, Alexander Wilde y José Zalaquett.

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