1El pasado reciente de Chile, el de la dictadura (1973-1990), es como una sombra tendida sobre el presente.1 Ese pasado está saturado de la experiencia de quienes lo vivieron y lo recuerdan. El espacio en el cual nos movemos está habitado por las cosas ocurridas entonces y develadas de manera incidental, al azar de una conversación o una lectura. Dicho esto, desde 1993, fecha en que nos instalamos en Chile, fuimos testigos de un cambio considerable en la memoria social de la dictadura. La gente se decide a hablar de ella con mayor libertad; el discurso público sobre el pasado reciente se ajusta más a la realidad, y la verdad acerca de ese pasado ha adquirido dimensiones más grandes y es mejor admitida por la sociedad en su conjunto.

3Dos informes dados a conocer con casi 14 años de diferencia (enero de 1991 y noviembre de 2004) señalizan la evolución de la sociedad chilena con respecto a su pasado reciente: el de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (en lo sucesivo Comisión Rettig e Informe Rettig)2 y el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (en lo sucesivo Comisión  Valech e Informe Valech).3 Uno después de otro, los informes Rettig y Valech confirieron carácter público a una verdad que muchos conocían, pero que hasta entonces era sostenida esencialmente por las víctimas, sus familiares y los organismos de defensa de los derechos humanos; por lo tanto, ambos documentos pusieron en marcha dentro de la sociedad un proceso de reconocimiento de “lo que pasó”.4 Proceso laborioso y gradual: son oportunas las palabras “construcción moral de la verdad” con las cuales un diputado socialista se refirió a la tarea que debía cumplirse, un año después de la entrega del informe de la Comisión Rettig.5 Mencionemos también al presidente Lagos, que en agosto de 2003 hablaba de “crecientes grados de verdad” alcanzados de un informe a otro.6

4Otra iniciativa del poder ejecutivo, la Mesa del Diálogo, también contribuyó a los progresos de la verdad acerca del pasado, pero lo hizo de otro modo que las comisiones Rettig y Valech. El gobierno la convocó durante 1999 y 2000, con la esperanza de obtener informaciones sobre los lugares de inhumación clandestina de opositores eliminados por la dictadura. De casi mil doscientos desaparecidos registrados por la Comisión Rettig, sólo habían sido identificados los restos de 178 personas cuando la Mesa comenzó a sesionar. Por primera vez, representantes de las fuerzas armadas y defensores de los derechos humanos se vieron cara a cara para hablar del lado más oscuro del pasado reciente; sus reuniones prosiguieron a lo largo de nueve meses. Un resultado de la Mesa, cuya importancia no harían sino confirmar los acontecimientos ulteriores, fue el reconocimiento explícito del ejército acerca de los atentados a los derechos humanos cometidos por el Estado. “En cuanto a la información que pretendía recabarse a través de esta instancia, fundamentalmente proveniente de las Fuerzas Armadas, los resultados fueron magros y además, en oportunidades, equívocos”, evalúa el Informe anual sobre derechos humanos en Chile, 2004.7 La Mesa alcanzó un tercer objetivo del cual volveremos a hablar: la designación de “jueces especiales” con dedicación preferente en causas de derechos humanos.

6Instalarse en Chile en 1993 era acostumbrarse a vivir con un pasado omnipresente pero que comenzaba a ponerse en sordina. En los dos primeros años del gobierno de la Concertación se había producido, sin duda, una oleada inicial de revelaciones sobre los horrores cometidos a lo largo de los 17 años anteriores, y se esbozó un debate público con respecto a ellos.8 Esos años iniciales de la transición democrática habían estado puntuados por la Comisión Rettig (1991) y la ley de reparación (1992); el descubrimiento de nuevas sepulturas clandestinas en el norte y el centro del país, y la aparición de testimonios y buenos trabajos de periodismo de investigación.9 Y sobre todo por la publicación del informe de la Comisión Rettig, que puso en conocimiento del público el carácter masivo de las violaciones de los derechos humanos y estableció una lista de los muertos y desaparecidos, así como de las circunstancias de cada caso. Pero la prevista campaña de difusión masiva del informe y de sensibilización de la opinión pública no se llevaría adelante.10 Tras la muerte del ideólogo Jaime Guzmán, artífice de la constitución de 1980 asesinado por un grupo revolucionario de extrema izquierda,11 el gobierno de Aylwin estimó prudente disponer una retirada ante la ofensiva general de una derecha muy identificada con la dictadura. “Pasados los primeros años de la transición, la Concertación se mostró menos proclive a realizar actos que expresaran la diferencia moral entre democracia y dictadura.  Paulatinamente se encontró más bien a la defensiva, reaccionando a las irrupciones [del pasado] que no podía controlar” escribe Alexander Wilde en “Irruptions of Memory”, artículo en que analiza la respuesta de la Concertación ante hechos que “de manera errática pero frecuente [asaltaron] la conciencia nacional”, y hace el balance de la estrategia alternativa adoptada por la Concertación: plantear como asunto judicial las violaciones pasadas a los derechos humanos.12 Los programas de reparaciones en aplicación de la ley antes mencionada (sin equivalentes en ningún otro lugar del mundo) y las investigaciones concernientes a los detenidos desaparecidos, a cargo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se efectuaron con extrema discreción.13 El Informe Rettig cobró entonces las dimensiones de un “monumento”, como se calificaba antaño a las obras imponentes y dignas de perdurar. Con el paso de los años, la autenticidad de los hechos establecidos por él adquirió un carácter irrefutable. El documento, sin embargo, no puso en marcha una dinámica de reconocimiento público del pasado. Como escribe el abogado José Zalaquett, “la verdad que dio a conocer la Comisión Rettig actuó como una especie de buque rompehielos, permitiendo avanzar en lo que era impenetrable”.14 Un nuevo período de progresos se inició alrededor de 1998, y en los siete últimos años se ha avanzado mucho. El “pasado oscuro” tiene una actualidad cotidiana, ante todo por obra de la justicia, pero, también, de las iniciativas cívicas y las decisiones oficiales de las que es objeto. Y se expresa, finalmente, en una opinión pública que quiere conocer “la verdad de los hechos”.15

7Como es sabido, un juicio sustanciado en la justicia establece públicamente lo ocurrido; la interpretación de la ley en la sentencia constituye una manera de juzgar el pasado. En este aspecto, el tratamiento del pasado por parte de la justicia chilena tuvo un punto de inflexión a partir del arresto de Pinochet en Londres, en 1998, y sus 17 meses de detención entre ese año y 2000 (insistamos en que sólo se trata de un punto de inflexión desde el cual, tanto en el ámbito judicial como en otros aspectos de la gestión del pasado, las cosas se precipitan).16 Luego de Londres, Pinochet tuvo cada vez más problemas con la justicia. Como resultado, a principios de 2005 es inculpado simultáneamente en varios casos cuya instrucción sigue adelante. Unos se refieren a los derechos humanos, como la operación Cóndor (red de cooperación entre los servicios de inteligencia militar de los regímenes dictatoriales del Cono Sur) y el asesinato del general constitucionalista Prats y su esposa en Buenos Aires.17 Otros, iniciados a raíz del descubrimiento de su cuenta secreta en el banco Riggs de Washington, tienen que ver con la corrupción, un elemento novedoso. La revelación de su comportamiento corrupto en gran escala llevó a varios políticos y hasta militares a alejarse del ex dictador. Y todo indica que la fuerza probatoria de las cifras y documentos bancarios (que ponen de manifiesto la existencia de una fortuna ilegalmente amasada desde fines de la década de 1980, es decir a partir del momento en que el país se encamina hacia la transición democrática) terminará por imponer al público la convicción de que Pinochet también es el principal culpable de las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1990. En enero de 2005, cuatrocientos miembros retirados de las fuerzas armadas estaban procesados por violaciones de los derechos humanos (asesinatos políticos y desapariciones, pero asimismo torturas) en la persona de más de un millar de víctimas. Setenta de ellos ya están en prisión, incluidas las principales autoridades de la DINA, policía secreta que actuó entre enero de 1974 y agosto de 1977 (fue necesario agrandar las instalaciones penitenciarias que les están especialmente destinadas).18 A fines de febrero, los procesamientos dictados por los jueces especiales afectaron por primera vez a ex ministros de Pinochet aún en actividad, y ya no exclusivamente a militares retirados.19

8Chile atraviesa un período de intensa actividad judicial. Y ello por una razón precisa: tres años de investigaciones encaradas desde 2002, a lo largo de todo el país, por unos cuarenta jueces especiales, están a punto de culminar. En el curso de esas investigaciones, en primer lugar los suboficiales y luego los oficiales comenzaron a romper el “pacto de silencio” que existía desde treinta años atrás sobre los crímenes cometidos y las ramificaciones de la represión. Esta actividad de los tribunales en materia de violaciones de los derechos humanos estuvo acompañada por una notable evolución de la norma jurídica aplicada. Cada nueva sentencia pronunciada sobre la desaparición de personas desmorona un poco más la ley de amnistía que debía proteger a los autores de los crímenes perpetrados entre 1973 y 1978 (el período de la represión más intensa).20 Varias sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones también desestimaron la ley de amnistía por considerar que el derecho penal internacional en materia de homicidios y desapariciones es una norma superior a la ley chilena.21

9La presencia del pasado adquirió asimismo otra calidad en el espacio cotidiano. Entre los lugares habitados por el pasado se contaban esos símbolos nacionales que son, por doquier, el palacio presidencial y el centro de la capital. Al entrar a La Moneda reconstruida por Pinochet luego del bombardeo e incendio sufridos por el edificio el 11 de septiembre de 1973 (por ejemplo, en oportunidad de una invitación oficial), era difícil no sentirse invadido por ese recuerdo siniestro. Los edificios oficiales situados frente a su fachada sur todavía mostraban la huella de numerosos impactos de bala y otros proyectiles recibidos entonces. En la actualidad esos lugares parecen exorcizados por los trabajos de restauración y la presencia de placas, monumentos y cuadros conmemorativos del 11 de septiembre de 1973 y sus víctimas. Repintada de blanco en los primeros meses de la presidencia de Ricardo Lagos (2000), La Moneda se ha convertido en un lugar público. Los ciudadanos son recibidos en la casa de gobierno por carabineros (hombres y mujeres) en uniforme de gala, como corresponde, pero de talante campechano. En la plaza que mira al norte se levanta la estatua de Salvador Allende inaugurada en 2000. Al pasar por la otra plaza, más grande, que da a la fachada sur del palacio presidencial, nos sorprendió, poco antes de la Navidad de 2004, el desmantelamiento llevado a cabo sin dilaciones, detrás de un vallado de obra, del monumento erigido por Pinochet en 1979 a las “llamas de la libertad”.22 Éste dejará su lugar a un gran complejo cultural (debajo de la plaza y las calles circundantes, que deberán convertirse en peatonales); detrás, en el paseo Bulnes situado en línea con La Moneda, también se levantará un monumento a las mujeres víctimas de la dictadura.

10El 11 de septiembre de 2003, todas las cadenas de televisión del mundo occidental, para el cual el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representa un acontecimiento emblemático, pusieron en sus pantallas una imagen: la de Ricardo Lagos mientras reabría la Puerta de Morandé (puerta este del palacio presidencial, situada en el número 80 de la calle de ese nombre), a través de la cual se había sacado el cadáver de Allende del palacio presidencial en llamas el día del levantamiento militar.23 En ese año de conmemoración del golpe aparecieron placas y monumentos en todo el país, así como iniciativas de las numerosas asociaciones de víctimas para preservar las sedes de los centros de tortura más notorios.24 Esos intentos recientes de mantener viva la memoria de los lugares llaman la atención en un país donde la protección del patrimonio cultural es muy pobre, y también porque son objeto de una solicitud y ayuda crecientes de los servicios públicos.25 El Estadio Nacional, por el cual pasaron decenas de miles de personas detenidas entre septiembre y noviembre de 1973, fue declarado monumento histórico de Chile en agosto de 2003. Otros dos sitios recibieron la misma jerarquía en 2004. Uno es la Villa Grimaldi: ubicada en la avenida José Arrieta a la altura del 8200, fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. A pesar de haber sido arrasado por la dictadura, las excavaciones realizadas han sacado a la luz los cimientos de varios edificios (además de artefactos), y otros han sido reconstruidos; en su emplazamiento se habilitó un Parque de la Paz (avenida José Arrieta 8401). El otro sitio está ubicado en la calle José Domingo Cañas 1367, donde funcionó el Cuartel Ollagüe de la DINA; la destrucción de la casa que sirvió de centro de tortura no pudo impedirse, pero desde 2000 se realizan frente al solar vigilias con velas.26 “El encendido de una vela”, explica uno de los participantes en esas vigilias, “ilumina el espíritu de aquellos que están aquí, de aquellos que fueron torturados y asesinados en este lugar. Esta luz que está aquí refleja que ellos aún están presentes.”27

11En el trigésimo aniversario del 11 de septiembre de 1973 se tuvo la impresión de que las dificultades de la gente para hablar de ese pasado comenzaban a allanarse. El transcurso del tiempo había doblegado las reticencias. La palabra sobre el pasado, hasta entonces política, se convertía en histórica; de ese modo, tras una etapa en que existía el peligro de remover indebidamente “las ardientes cenizas del pasado” –para parafrasear la cita que Elizabeth Lira y Brian Loveman utilizaron como título de una de sus obras–,28 se ingresaba en una era en la cual era un deber prestar testimonio sobre acontecimientos históricos. Las siguientes son las palabras pronunciadas ese mismo mes de septiembre de 2003 por José Quiroga, uno de los seis médicos del entorno de Allende e integrante del grupo de leales que treinta años atrás, hacia las dos de la tarde, dejaban el palacio presidencial luego de negociar su rendición con las fuerzas rebeldes. Sin embargo, en la fila de los derrotados algunos interrumpieron la retirada y volvieron sobre sus pasos para averiguar la suerte corrida por el presidente. Serían así testigos involuntarios de su suicidio.

12Este testimonio es particularmente fuerte. Se ajusta, empero, a la idea aducida con más frecuencia en las alocuciones, breves, compuestas de palabras simples pronunciadas sin un micrófono delante, que se sucedieron durante la conmemoración pacífica del 11 de septiembre en torno de La Moneda, mientras decenas y decenas de delegaciones y cortejos se reunían frente a la Puerta de Morandé o la estatua de Allende. A saber: hoy queremos recordar juntos lo que sucedió hace treinta años como un acontecimiento histórico. En los meses anteriores a esa fecha, los medios comenzaron a hablar otra vez de la Unidad Popular (coalición con la cual Allende gobernó de 1970 a 1973) y del golpe. Se escucharon las voces, a menudo por primera vez, de protagonistas o testigos como Quiroga. Ese mismo año se publicó una nueva e importante serie de memorias y otros escritos sobre la época.30 Programas y debates televisivos suscitaron discusiones en las familias y entre las generaciones.

13En 2004, el estreno de Machuca, del director chileno Andrés Wood, tuvo un efecto similar a la conmemoración del 11 de septiembre, porque la película fue vista por centenares de miles de personas y generó amplios debates. Apenas estrenado, el filme se impuso como el mejor del año y no tardó en alcanzar el tercer lugar entre los de mayor asistencia de espectadores en el cine nacional. Su argumento se ocupa de la brecha entre clases medias y populares y las divisiones ideológicas que la recortan, según las viven alumnos, padres y docentes de un colegio secundario progresista para sectores de posición económica desahogada, entre fines de la Unidad Popular y comienzos de la dictadura. El hecho de que el protagonista principal fuera un adolescente facilitó la identificación con la historia, tanto entre los espectadores que lo eran entonces como entre quienes lo fueron poco tiempo atrás. La posibilidad de ser testigos de las discusiones que enfrentan a los protagonistas de Machuca permitió conjurar el recuerdo de las vividas por el país en 1973: ahora se podía hablar de ellas sin el riesgo de nuevas fracturas. El cambio afecta a todos los estratos de una sociedad a la que se coincide en calificar de poco locuaz y bastante desconfiada. En muchos grupos existentes cuando se produjo el golpe de 1973 –de los alumnos de liceos progresistas a los militantes de un mismo partido político–, el trigésimo aniversario intensificó un movimiento de rememoración iniciado alrededor de 1998: reuniones, recuperaciones de vínculos, romerías a las tumbas de camaradas desaparecidos. La difusión de Internet en esos mismos años contribuyó a propiciar el movimiento, pues no hay en Chile una sola persona cuyo círculo de relaciones tejidas en la década de 1970 no haya padecido la diáspora producida por el exilio.31 En gran medida todo esto fue espontáneo y tomó por sorpresa a los propios interesados.

14La actividad judicial y las iniciativas del Estado con respecto al pasado reciente, tal como antes las reseñamos, contribuyeron igualmente al resurgimiento de esos lazos y redes de ex militantes de la Unidad Popular. Esos factores tuvieron incluso su papel en el retorno de los individuos a esa parte de su pasado. Se organizaron grupos de influencia para la designación de un sitio histórico o la colocación de una placa, y la actividad de las asociaciones de víctimas cobró nuevos bríos a mediados de 2003, cuando el gobierno del presidente Lagos preparaba el proyecto legislativo titulado “No hay mañana sin ayer”. De tal modo, hoy hay mucha gente dedicada a la exhumación literal y figurada de su pasado: las víctimas de la dictadura lanzadas a la búsqueda de documentos que les permitan entrar en uno de los programas de reparaciones, las que se prestan al careo con un torturador en el marco de una instrucción, las que acudieron a declarar ante la Comisión Valech. Unos se proponen hacer excavaciones en el sector de su jardín donde creen haber enterrado en las horas posteriores al golpe documentos o recuerdos que se convertían de improviso en elementos comprometedores, pero de los cuales no podían separarse. Otros releen el recurso de amparo o la denuncia presentada, durante la dictadura, por intermedio de un abogado del servicio legal de la Vicaría de la Solidaridad.32 Esa denuncia consignaba una cantidad de cosas de las que la memoria, aunque incapaz de dejarlas por completo atrás, se había aligerado inevitablemente, y cuya lectura reactiva el temor o la pena que oprimían entonces. Para muchos, por lo tanto, no habría cura de olvido, y el retorno al pasado que se constata hoy en Chile es una experiencia individual, difícil de soportar, que trae consigo pesadillas y fobias,33 con sus repercusiones en los comportamientos colectivos: las acciones judiciales y las políticas de reparación generan fuertes tensiones y dan lugar a enconados debates entre el Estado y las asociaciones de víctimas.34

15La Comisión Rettig había centrado la memoria pública del pasado en las víctimas de ejecuciones y desapariciones, por la sencilla razón de que en los plazos prescriptos sólo había podido establecer la verdad individual en relación con los casos de desaparición y ejecución (sobre los cuales elaboró una lista con los nombres de las víctimas). De todos modos, el Informe Rettig ya demostraba que la tortura había sido muy ampliamente utilizada, con métodos y en lugares que describía para cada período.35 Siendo así, la tortura quedó como un tema pendiente en materia de reparación del pasado, pero también era algo de lo cual las víctimas se abstuvieron de hablar durante mucho tiempo.36 “Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente por el país”, leemos en el Informe Valech.37 Como éste señala, es indudable que la tortura es una “realidad desconocida, cruel y difícil de asimilar”38 para cualquier sociedad. Además, como lo hace notar María Luisa Sepúlveda, vicepresidente de la Comisión Valech: “La tortura no ha sido un tema socialmente reivindicado”.39 Durante mucho tiempo, los supervivientes de las prisiones de Pinochet hablaron ante todo en calidad de testigos de la ejecución o desaparición de sus compañeros.  El cambio ocurrido en los últimos años y precipitado por la aparición del Informe Valech consiste en la ampliación de la memoria social de la represión hasta el extremo de incluir la detención y la tortura. En el origen de ese cambio hay un encadenamiento de hechos que se remontan al arresto de Pinochet en Londres. La tortura es uno de los delitos que los law lords tuvieron en cuenta para admitir el pedido de extradición presentado por el juez español Garzón.40 En Chile, los abogados comenzaron entonces a reunir pruebas relativas a las víctimas de torturas.41 Se sumó a ello un caso que estremeció al mundo universitario y terminó, de otra manera, por llevar la tortura a la sala de audiencias.

16En febrero de 2001, Felipe Agüero, profesor de ciencias políticas en una universidad norteamericana, escribió al director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile para informarle que, detenido en septiembre de 1973 en el Estadio Nacional, fue torturado por un miembro de dicho instituto. Por entonces oficial de marina reservista, Emilio Meneses había sido, en efecto, convocado otra vez al servicio activo en los meses siguientes al golpe, y se lo destinó a ese estadio. Como ambos eran docentes de la misma disciplina y además se habían especializado en temas de defensa, Agüero y su antiguo torturador se encontraron varias veces frente a frente en distintas reuniones universitarias. El primero terminó por no ir más al Instituto de Ciencias Políticas, pero guardó el secreto hasta 1998, cuando decidió dejar de callar esas circunstancias ante sus colegas de la Católica.42 Los medios dieron gran publicidad al caso Agüero-Meneses.43 Entre las consecuencias de éste puede mencionarse la formación de una Comisión Ética contra la Tortura en marzo de 2001, por iniciativa de asociaciones de ex detenidos apoyadas por los organismos de defensa de los derechos humanos. La entidad exigió que los casos de tortura se llevaran a la justicia y se les aplicara la imprescriptibilidad vigente para los crímenes contra la humanidad.

17En materia de reparaciones, la propuesta hecha por el presidente Lagos en agosto de 2003 con el título de “No hay mañana sin ayer” era en parte el fruto de las presiones ejercidas por las asociaciones de ex detenidos y los organismos de defensa de los derechos humanos.44 El proyecto preveía, entre otras cosas, la creación de una comisión encargada de establecer “una lista rigurosa de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas”. Ese cuerpo se instituyó efectivamente en noviembre de 2003, a través de un decreto que le asignaba la misión de buscar la verdad acerca de esas “situaciones graves” que son la prisión política y la tortura, determinar cuáles eran las personas que las padecieron y proponer medidas de reparación en su beneficio.45 La comisión presentó su informe en noviembre de 2004; se aprobó entonces, con alguna precipitación, el proyecto de ley elaborado por el gobierno sobre la base de las recomendaciones formuladas por aquel organismo.46 Pero el Informe Valech fue un acontecimiento en los medios y hay muchas razones para creer en sus efectos a largo plazo sobre la conciencia moral del país: a fines de noviembre de 2004 una encuesta reveló que el 74% de los consultados aprobaban el informe y el 66% conocían efectivamente el documento.47

18Para comprender el paso dado en la construcción social de la verdad gracias al Informe Valech, es importante considerar el número de personas que se reconocen en él y de quienes depende, en parte, su capacidad de llegar hoy a la opinión pública. Pues al ampliarse hasta incluir la detención y la tortura, la verdad pública sobre el pasado corresponde ahora a la memoria de una gran cantidad de chilenos. Memoria fuerte que es la de quienes declararon ante la Comisión Valech (mientras que de los muertos y los detenidos y desaparecidos fueron sus familiares y compañeros sobrevivientes quienes hablaron ante ese organismo). Memoria de todos los otros que, pese a haber vivido la misma situación que los declarantes, no acudieron a la comisión; en particular, y volveremos a ello más adelante, quienes en uno u otro momento estuvieron detenidos sólo 24 o 48 horas, sin haber sufrido torturas.48 Memoria, además, de los allegados de los ex detenidos, declarantes o no, que fueron directamente afectados por su arresto. Memoria, también, de los camaradas y amigos que compartían el mismo compromiso y los mismos riesgos que las víctimas (declarantes o no), pero a quienes el azar protegió: “Por cada detenido y torturado, había una familia, un grupo de amigos, una red social que se resintió con el conocimiento de lo ocurrido, y que experimentaron y contagiaron [a otros] el temor y la inseguridad”, señala al respecto la Comisión Valech.49 Memoria, para terminar, de quienes fueron testigos oculares o auriculares de las detenciones, en su carácter de vecinos, compañeros de trabajo o conocidos de las víctimas. ¿Acaso no escuchamos muchas veces decir: “No soy víctima directa, ni familiar de una; como muchos quizás estuve cerca de serlo. Conocí a muchos que sí, lo fueron”?50 Un universo muy amplio de personas se reconoce, por lo tanto, en la verdad correspondiente a las detenciones y torturas infligidas por la dictadura. Nos codeamos todos los días con esa gente; los cambios que acabamos de mencionar en la presencia del pasado son una realidad vivida de cerca y no sólo un asunto de actualidad y opinión pública, tal como cualquier persona razonablemente informada puede advertirlo.51

19El hecho de que la verdad sobre el pasado reciente establecida por el Informe Valech concierna a un universo extenso de personas de “vidas tronchadas” desde 1973 se verifica en los datos estadísticos aportados por el propio informe acerca del grupo de declarantes. La comisión recibió el testimonio de 35.868 personas, un número de casos que multiplica por diez los examinados por la Comisión Rettig. De esa cifra, se reconoció oficialmente como víctimas a 27.255 personas, que en su mayor parte tienen hoy 51 años o más.52 Muchos de los allegados a las víctimas que comparten actualmente su memoria se sitúan en los mismos grupos de edad. La dictadura sorprendió a todos ellos cuando eran jóvenes y estudiantes de entre veinte y treinta años. La mayoría tenía un compromiso político (sobre todo en el sindicalismo) y casi todos eran militantes de base.53 La participación en la movilización social y política de Chile a fines de la década de 1960, que culminó durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), y la posterior continuidad de la actividad política o sindical clandestina, valieron a las víctimas la detención, la tortura, el envío a una residencia alejada (relegación) o la expulsión del país.54 Sin embargo, más allá de las víctimas, las formas larvadas de discriminación afectaron a la totalidad de su grupo de pertenencia: imposibilitados de obtener becas o puestos de trabajo, padecieron una desocupación prolongada o la expulsión del colegio o la universidad, con la consecuencia de un final prematuro de los estudios, etcétera.

20La fuerza sociológica de esa memoria explica su capacidad de llegar hoy a la opinión pública. Vale la pena detenernos en dos de los grupos antes mencionados, que se reconocen en el Informe Valech. El primero lo conforman quienes vivieron la detención y la tortura tal como la describieron los declarantes, pero que no se presentaron ante la comisión. Rechazo de la expectativa aparente de una indemnización como consecuencia de las gestiones, falta de confianza hacia la iniciativa gubernamental y su desenlace, inquietud de personalidades políticas (en especial si eran miembros del gobierno) ante una posible mala interpretación de su presentación: todos estos motivos se adujeron, no sin razón, para explicar la decisión de ciertas víctimas de no acudir al llamado de la comisión. Sin embargo, hay una razón que parece preponderante, y a cuyo respecto se menciona una y otra vez la palabra “pudor”: “Descorrer el velo de la tortura, de la violencia física y psicológica, es algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges”, escribe la comisión.55 El segundo grupo tocado de cerca por la brutalidad de la represión está constituido por quienes no se presentaron ante la comisión porque no fueron torturados durante su detención.56 El hecho de que el 94% de las víctimas hayan declarado haber sufrido torturas a lo largo de su detención aclara, en contraste, las razones de los otros de no asumir la misma actitud. En atención al contexto de la época, declarantes y no declarantes parecen haber seguido una regla empírica según la cual, para presentarse ante la comisión, era preciso que el arresto arbitrario y el trato brutal hubieran sido la antesala de la tortura.57 No bastaba el hecho de haber padecido un arresto y una detención breves, por ejemplo en los días siguientes al golpe, haber sido hacinado en las comisarías con otros centenares de personas sin agua ni comida, echado boca abajo y forzado a recibir, en esa postura, puntapiés y culatazos. Tampoco bastaba la detención transitoria en las mismas condiciones a la cual pocos militantes escaparon en el transcurso de los 17 años de gobierno de Pinochet, aun pasados los terribles meses finales de 1973.

21¿Pueden aportarse algunas precisiones numéricas a esta investigación sumaria sobre los individuos afectados por la verdad del Informe Valech? A falta de precisiones, se pueden proponer tres órdenes de magnitud. Ante todo en lo concerniente a las víctimas de la tortura: además de los 27.000 calificados por la comisión, ¿cuántos permanecieron por propia voluntad en el anonimato? Su número asciende a decenas de miles: al respecto, las opiniones de la comisión y de los dirigentes de los organismos de defensa de los derechos humanos coinciden con la estimación de los mismos declarantes. Tratándose del conjunto de las víctimas, la Comisión Valech estimó no contar con elementos que permitieran dar una respuesta.58 Para comprenderla, habrá que señalar la diferencia entre los cálculos propuestos, que oscilan entre sesenta mil y trescientas mil. En parte, esa diferencia se explica, sin duda, por la heterogeneidad de los criterios adoptados, según las estimaciones, para designar a las víctimas. Pero también debe aludirse a la naturaleza inevitablemente politizada de esas cifras: la política interviene sobre todo en las más elevadas. Chile no es una excepción a la regla, como tiende a indicarlo el hecho de que ninguno de los organismos con los que la comisión se puso en contacto por haber propuesto cifras respondió ni aportó pruebas al respecto. Remitámonos al número muy prudente de sesenta mil víctimas de torturas que mencionaron, en la década de 1980, los abogados y psicólogos que por su trabajo estaban en relación con las víctimas y sus familias, dentro de organismos de defensa de los derechos humanos como la Vicaría y FASIC [Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas]. El segundo orden de magnitud que puede proponerse concierne a la cantidad de personas privadas de la libertad por razones políticas en uno u otro momento de la dictadura, pero que no sufrieron necesariamente torturas. Incluyendo las detenciones efectuadas durante allanamientos y protestas en la década de 1980 que no aparecen en el mandato dado por el gobierno a la Comisión Valech, José Zalaquett propone una estimación que va de ciento cincuenta mil a doscientas mil personas.59 El tercer y último cálculo concierne entonces al círculo de parientes, amigos y compañeros de militancia afectados por la detención de las víctimas. La Comisión Valech considera conveniente multiplicar por cinco el número de víctimas para llegar a ese círculo (como lo hicieron los historiadores con respecto al círculo enlutado por la muerte de un combatiente durante la Primera Guerra Mundial). Al adoptar este factor multiplicador de 1 a 5, las personas afectadas por la suerte de las víctimas pueden evaluarse en unas trescientas mil si se considera el círculo de quienes fueron torturados, y hasta un millón si se toman en cuenta todos los detenidos en uno u otro momento de la dictadura. En todo caso, con respecto a los nueve millones de habitantes que tenía Chile a principios de la década de 1970 (hoy tiene 15 millones), el círculo de personas que se reconocen en la verdad establecida por el Informe Valech representa de una sola vez mucho más gente que la incluida en todas las categorías de víctimas de la represión pinochetista que habían sido registradas antes del trabajo de la Comisión Valech. Y es comprensible, de resultas, que esos centenares de miles de personas afectadas en distintos grados por la prisión política y la tortura tengan mucho peso en la memoria colectiva.

22A lo largo de los años que acabamos de evocar llegaron a Chile los ecos de un campo historiográfico desarrollado en la década de 1980: la historia del tiempo presente mencionada al comienzo de este artículo.60 Si se toma conocimiento de los trabajos monográficos y de la reflexión epistemológica de alemanes, franceses y españoles sobre su pasado “complicado” de las décadas del treinta y el cuarenta, es posible reconocer un objetivo que empezaba a perfilarse entonces en Chile: ocuparse de un pasado del que se es contemporáneo y que vive en los recuerdos de la gente, pretender abordarlo como historiador pese a su proximidad. En perspectiva, advertimos hoy dónde tropezaba la empresa: en la década del noventa faltaban todavía las palabras que permitieran identificar y conceptualizar un objeto de investigación. Cuando se abordaban los decenios de 1970 y 1989, el tono, a la derecha, se pretendía distanciado y de una neutralidad presuntamente científica, pero se callaba lo esencial; a la izquierda, la condena moral y el juicio político precedían a menudo la investigación. Quienes procuraban navegar entre los escollos de una historia oficial por un lado y una historia militante por otro, cuidaban como mínimo sus palabras y se fijaban un umbral variable de opacidad o militancia léxica según las instituciones o medios en los cuales se movían.61 La aceptación societal, a partir de 1998, de una verdad pública sobre “lo que pasó” permitió efectivamente a la investigación soltar amarras y proporcionarnos un vocabulario del pasado reciente. Cuando el “carácter inmoral” del régimen (para retomar la expresión de Alex Wilde), la represión y sus víctimas volvieron a ser un tema de actualidad y debate público, la situación instaló un lenguaje más directo. Se comenzó a hablar entonces de violaciones de los derechos humanos, de tortura, de “la dictadura”, de impunidad. Esas palabras, antes sólo utilizadas por los organismos de defensa de los derechos humanos, desplazaron poco a poco los eufemismos que eran los resguardos de una visión oficial del pasado hasta entonces apenas puesta en cuestión: gobierno militar, apremios, atropellamientos. No queremos decir que con anterioridad la investigación haya sido inexistente: debemos saludar aquí las tesis de licenciatura en historia (equivalentes a una maestría en Europa) que son probablemente los primeros trabajos de investigación consagrados al período de la dictadura, y recordar a los docentes que, contra viento y marea, tuvieron a bien dirigirlas.62 Se trataba, sin embargo, de obras de aprendices que no podían aún inscribirse en un campo de investigaciones reconocido.

23Al decidir reorientar hacia la historia del tiempo presente una enseñanza centrada desde varios años atrás en las cuestiones metodológicas e historiográficas, pasábamos por alto, sin duda, el peso de otro factor: la contemporaneidad del acontecimiento por examinar es algo cambiante, habida cuenta de que la actualidad reordena y redefine constantemente el pasado reciente. Y la enseñanza y la investigación no pueden hacer abstracción del sentido que asume públicamente el pasado en el momento de su examen.63 A nuestro juicio, la necesidad práctica de hacer frente a ese desafío puede orientar la reflexión en direcciones imprevistas y fecundas. El ejemplo de seminarios dictados hace poco y de un proyecto de investigación en curso ilustrará esta afirmación.

24Empecemos por el seminario realizado en 2002 y titulado “Memoria de los sitios, sitios de la memoria”.64 La expresión “memoria de los sitios” recuerda que la operación de representación del pasado, en la memoria espontánea, está ligada con mucha frecuencia a un lugar, y son contados los recuerdos no localizados.65 Se sabe, por otra parte, cuál fue el título elegido por Pierre Nora para su muy conocida obra: Les Lieux de mémoire (1984-1992). En la intención de su autor, la metáfora era lo bastante grande para englobar los textos, sitios, instituciones, edificios, aniversarios y otros elementos que sirven de respaldo a la memoria identitaria nacional. Ello antes de que un rápido deslizamiento metonímico, producido en el contexto de una renovación de la política estatal de conservación del patrimonio cultural francés, diera a la expresión un sentido literal que aseguró su fortuna.66 Esas palabras forjadas en el contexto del bicentenario de la Revolución Francesa toman otra resonancia en la actualidad chilena, durante el primer semestre de 2002. Para los participantes chilenos –docentes, estudiantes y oyentes– de nuestro seminario, los lugares de la memoria son aquellos donde se ocultaron los hechos probablemente más graves de la represión: la eliminación de personas y su inhumación en tumbas clandestinas, y hasta la remoción de cuerpos de detenidos desaparecidos. Hechos que, como ya se dijo, los jueces especiales se proponen investigar: “El encuentro de estos restos óseos es parte de la verdad”, dice uno de ellos. El combate por alcanzar la verdad en torno del lugar de inhumación de las personas desaparecidas había sido iniciado por los movimientos de derechos humanos a fines de la década de 1970. Dónde están: con esta forma, el reclamo de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos cruza las fronteras de Chile.67 El descubrimiento de cuerpos no identificados y tumbas clandestinas suscitó una y otra vez una movilización intensa que, a principios de la década de 1980, coincidió con la organizada para recuperar una plena libertad de información. Cuando las fuerzas opositoras democráticas se reorganizaron y prepararon una réplica concertada a la dictadura, resultó de singular utilidad saber qué pasaba en el país y evaluar la fuerza de la oposición, pese a la existencia de medios de comunicación controlados o cómplices. De allí la idea de estructurar una parte del seminario sobre los lugares de la memoria en torno de profesionales de la información audiovisual, cuya tarea consistía en la época en investigar lo que ocurría acudiendo a esos sitios. Así, un documentalista y un reportero de actualidades nos mostraron documentos en video realizados en la década de 1980. Mientras los veían con nosotros, sus realizadores recordaron las circunstancias del rodaje, pero también su reacción frente al acontecimiento, y más simplemente lo que pasaba entonces ante su mirada: ¡enorme plusvalía para la investigación histórica!68 Su participación puso de manifiesto el recurso excepcional que constituyen, para el historiador del tiempo presente, los periodistas que son “observadores privilegiados” del acontecimiento.69

25En 1982, Ignacio Agüero terminó un cortometraje titulado No olvidar. Hizo el montaje en Suiza donde había salido discretamente con las cintas. Los miembros del equipo de producción recibieron nombres ficticios y se decidió que la compañía productora se llamara “Grupo Memoria”: “Eso sí era importante, llamarnos de ese modo y que ese nombre quedara impreso en la película, pues resumía el sentido de nuestro trabajo”, recuerda Agüero.70 La película narra el descubrimiento, en 1978, de los cuerpos de 15 campesinos en dos hornillos de una mina abandonada de Lonquén, una localidad de la comuna rural de Isla de Maipo, no lejos de Santiago. Los campesinos figuraban como desaparecidos desde su arresto en octubre de 1973. No olvidar testimonia el momento en que, ante el descubrimiento de esas tumbas clandestinas (y de otras, en la misma época, en distintos lugares del país), las familias y los opositores al régimen se hacen a la idea de que los detenidos desaparecidos están efectivamente muertos. Allegado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que asisten a las familias de las víctimas,71 Agüero tomó en Lonquén imágenes de las pequeñas capillas ardientes (animitas) y de los peregrinajes (romerías) que sacralizaron el lugar. De ese modo, el documental capturó la aparición de las primerísimas manifestaciones de la memoria colectiva que los estudios sobre la memoria social suelen olvidar: ante la muerte violenta y escandalosa, el “no olvidar” se expresa ante todo y de manera espontánea a través de la participación en los ritos funerarios. Encontramos una expresión similar de la memoria colectiva en los funerales de opositores políticos mediante los cuales las comunidades desafiaron a los regímenes ocupantes o autoritarios en casi todo el mundo occidental durante los siglos XIX y XX. En Chile (y América Latina en general), esa memoria “primera”, próxima a los hechos rememorados, está ligada al desarrollo del movimiento por los derechos humanos: es una memoria moral, que se levanta contra la mentira.72 Y como lo sugiere el título No olvidar, se expresa ante todo a la manera de la conminación, de la resistencia: el acto mismo de reminiscencia es resistencia a la represión.73

29Retengamos dos aspectos de los comentarios de Salas en el momento de ver la película. Por una parte, el objetivo de reunir pruebas a despecho de la censura lleva al documentalista a privilegiar las imágenes de contenido informativo y susceptibles de probar algo (a diferencia de los heridos y los gases lacrimógenos, cuyo efecto visual es fuerte pero que transmiten un mensaje trivial), y hacer hablar extensamente a la gente sobre lo que acaba de pasar. Por otra parte, el material visual se presenta en bruto, es decir que no ha sufrido un montaje selectivo en torno de una idea o un hecho. Por lo tanto, abunda en informaciones, una de las cuales suscita en nosotros una impresión particular: la presencia de las mujeres. Cuando entra a La Victoria, el documentalista es recibido por el cura, Pierre Dubois, cuyas primeras palabras registradas son: “No hay hombres aquí”. Luego, Salas filma el relato de las pobladoras sobre el allanamiento y el arresto de los hombres. Las formas de organización de las mujeres y su protagonismo (subsistencia económica, oposición o respaldo a la dictadura) fueron objeto de trabajos importantes en sociología y ciencias políticas; no en historia.74 Imágenes como las de Salas deberían permitir a los historiadores posar sobre lo ocurrido una mirada que incluyera a las mujeres, por ejemplo con referencia a la resistencia popular a la dictadura.75

30¿Qué hacen los historiadores del pasado reciente en los países vecinos de Chile? A partir de 2000, la actualidad política de la Argentina y Perú nos llevó a plantearnos esta cuestión.76 Observamos, por ejemplo, a nuestros colegas argentinos debatir acerca de las repercusiones que la presencia del Proceso en la conciencia histórica del país tuvo sobre su tarea.77 Y luego, en 2001, nos enteramos del establecimiento de una comisión de la verdad en Perú, para investigar los veinte años de violencia política debidos a los movimientos terroristas y el contraterrorismo de Estado. De ese interrogante formulado con varios colegas chilenos surgió el proyecto de comparar nuestras miradas sobre el pasado reciente en la región y examinar qué implica su “historización”, en los tres países, para los historiadores y aquellos que, a partir de otras disciplinas y competencias, también se interesan en ese pasado. Por nuestra parte no teníamos tanto un objetivo propiamente comparativo como el simple deseo de abordar de manera colectiva, en la región, el tratamiento del pasado vivo.

31Cada uno a su turno, los tres países sufrieron el fenómeno de la violencia política en las últimas décadas del siglo XX y luego, contra ella, el auge del movimiento de defensa de los derechos humanos, para terminar en la constitución de una comisión de la verdad considerada como una referencia mundial. Es cierto que la violencia adoptó formas diferentes en cada país. De igual modo, también varía enormemente la distancia que separa a cada uno de ese pasado doloroso y conflictivo: puede decirse incluso que, en ciertos aspectos, la violencia política peruana incumbe a un pasado inmediato, todavía abierto.78 Pero en los tres países ese pasado pertenece ya a la conciencia histórica colectiva como la memoria de lo que no debe repetirse; al mismo tiempo, irrumpe con regularidad en la actualidad política nacional. Y ese carácter de pasado moralmente problemático le asigna un lugar aparte en la historia nacional, inclinada con mayor frecuencia a celebrar las hazañas y a sus héroes. Cabe pensar que durante mucho tiempo suscitará investigaciones (de juzgarse, por ejemplo, según el precedente de la historia alemana del período nazi). Y tarde o temprano habrá que incluirlo en los manuales de estudio (lo cual implica a menudo rehacerlos) y hacer de él una materia de enseñanza y de investigaciones en historia.

32El Institute of Latin American Studies (ILAS) de la Universidad de Londres organizó en 2003 un taller que reunió a investigadores principalmente argentinos, chilenos y peruanos (o especialistas en estos países), para dar un marco concreto a esas preocupaciones.79 Los trabajos presentados en Londres constituyeron el núcleo de la publicación electrónica Historizar el pasado vivo en América Latina, que podrá consultarse próximamente en línea. Un primer objetivo fue contribuir al desarrollo de la investigación histórica sobre un pasado que ya ha suscitado no pocos trabajos en ciencias sociales, y comenzar a resituar ese ciclo reciente de violencia en la larga duración de la historia nacional.80 Un segundo objetivo consistió en seriar mejor los cuestionamientos y herramientas pertinentes para escribir la historia del tiempo presente en América Latina y señalar, en particular, las nociones epistemológicas y metodológicas que la organizan. Una meta complementaria radica en situar ese campo latinoamericano de la historia del tiempo presente dentro de un campo historiográfico existente a escala del mundo occidental (para no hablar sino de lo que conocemos) y, de tal modo, dar a conocer nuestros esfuerzos y preocupaciones fuera de América Latina. Para cumplir esos objetivos, Historizar el pasado vivo… reúne estudios de casos dedicados a los tres países, cuyos autores son ante todo historiadores, pero también antropólogos, politólogos, psicólogos, sociólogos e incluso periodistas y activistas del movimiento por los derechos humanos. La sección consagrada a cada país se abre con un inventario razonado de los recursos bibliográficos y un estado de la investigación sobre el pasado reciente en nuestros días. Y termina con una presentación de los archivos actualmente identificados, cuya consulta es deseable para el estudio de ese pasado.

33Tomados en conjunto, los estudios de casos presentados en Londres muestran que en la hora actual y nuestra región latinoamericana, la historia del tiempo presente en abreva en tres especialidades. La más reciente es la historia sociocultural de la memoria colectiva engendrada por un acontecimiento; en otras palabras, la evolución a través del tiempo de los grupos que la reivindican, así como sus manifestaciones y soportes topográficos y materiales (lo que Henry Rousso llama la posteridad en el imaginario de un acontecimiento y sus representaciones sucesivas).81 Las otras dos ya están bien representadas en los trabajos de historia contemporánea (al menos desde hace un cuarto de siglo): por un lado la historia oral, la de los grupos de abajo, los sin voz,82 y por otro, la historia política. La inclusión de una rúbrica de “archivos” en esta publicación es reveladora del interés que la cuestión despierta en la región, cuando se trata del pasado reciente. La opinión pública comienza a advertir el valor intrínseco de los archivos; la inquietud por su conservación y el reclamo de su apertura (a veces, como veremos más adelante, olvidándose del resguardo de la vida privada) forman hoy parte del combate por la “memoria”. Por último, y sobre todo, los historiadores (y todos los que estudian ese pasado) se acostumbran a manejar de manera conjunta fuentes orales y documentos de archivos.

34Historizar el pasado vivo… examina asimismo la responsabilidad profesional que implica el hecho de trabajar sobre el pasado vivo y no el “pasado pasado”. Esta dimensión se manifestó en Londres, adonde nuestros colegas peruanos llegaron luego de haber concluido, dos meses antes, su trabajo para la Comisión de Verdad y Reconciliación. Por lo demás, la participación de investigadores universitarios en este tipo de organismos fue por sí misma el objeto de la sesión de clausura del taller.83 Esa responsabilidad cívica, a veces pública, es asumida por la mayoría de los colaboradores de la publicación, latinoamericanos o no. Entre los ámbitos en los cuales se ejerce, mencionemos los siguientes: la redacción de manuales escolares y la participación en las comisiones públicas encargadas de evaluarlos; la elaboración de contenidos y pedagogías para la inclusión del pasado reciente en los programas de enseñanza; el trabajo en los organismos de defensa de los derechos humanos y las instituciones públicas o privadas de preservación y difusión de la memoria del pasado reciente, sobre todo en los medios populares; las colaboraciones habituales en la prensa nacional; el papel de asesores políticos en materia de gestión del pasado; la función de peritos ante los tribunales y, last but not least, el trabajo en las comisiones de verdad y otros cuerpos de investigación del pasado reciente (así como en la integración de su personal y la función de consultores), tanto a escala nacional como de una comunidad.

35La sección “Hitos” de Historizar el pasado vivo… propone textos de reflexión general sobre los conceptos clave de nuestro campo de investigación: “verdad, justicia, memoria”. Enunciados en este orden, constituyeron en la Argentina, Chile y Perú la reivindicación central de las organizaciones de defensa de los derechos humanos desde los tiempos oscuros. Dichos conceptos están cargados, entonces, de una significación histórica adquirida en la época de la violencia, que no dejó de evolucionar desde esos días (como lo muestra Vezzetti en el caso argentino)84 y, como tal, forma parte de las herramientas mentales de los historiadores de la región. Por consiguiente, en primer lugar abordamos desde ese punto de vista la noción de verdad, con la ayuda de los juristas latinoamericanos especializados en derecho penal internacional.85 Paralelamente, una palabra como “memoria” engloba un concepto esencial en historia y desde hace poco también en ciencias sociales.86 Al respecto, decidimos abrevar en la reflexión de los filósofos y sociólogos a quienes todos –tanto investigadores en ciencias sociales como historiadores– se refieren con frecuencia desde la década de 1990: una reflexión sobre la facultad del individuo de recordar y representarse el pasado que autoriza el recurso al testimonio, y sobre la noción de memoria colectiva o social, interesada en las condiciones en las cuales es posible compartir recuerdos, así como en su modo de manifestación en los grupos o las sociedades.87

36Bajo el encabezado “Paralelos y precedentes”, por último, se proponen trabajos procedentes de otras regiones del mundo occidental donde la práctica de la historia del tiempo presente (campo que en los hechos adopta distintas denominaciones) constituye una actividad más antigua que la nuestra en América Latina o paralela a ella, y rica en enseñanzas. Por ejemplo, los historiadores de Alemania, Francia y España se han movido hoy del tratamiento de un pasado reciente y conflictivo a un pasado moralmente presente, y de testigos omnipresentes, pero poco escuchados, a la palabra de los últimos testigos que cautivan al público. En cambio, en Irlanda del Norte, Argelia, Marruecos o Polonia, el pasado difícil que durante mucho tiempo se silenció o se negó comienza a aparecer en la conciencia colectiva, la verdad se considera como fundadora de instituciones democráticas y el historiador debe cumplir un papel en el establecimiento de los hechos.88 Para terminar, una cuestión como la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial revela la dimensión ética de la gestión del pasado y al mismo tiempo la de su interpretación histórica, tanto para Estados Unidos como para Japón.89 La elección de los trabajos incluidos en esta sección de Historizar el pasado vivo… estuvo guiada por el deseo de ilustrar diversos trayectos de indagación, temas de investigación, opciones metodológicas e implicaciones éticas del estudio del pasado reciente.

37Las cuestiones que acabamos de mencionar fueron, en mayor o menor medida, la materia de un seminario de introducción a la historia del tiempo presente, dictado a estudiantes de maestría y doctorado en historia y estudios latinoamericanos.90 Dos lecciones extraídas de ese curso completarán nuestra reflexión aplicada sobre la enseñanza y la investigación del pasado cercano latinoamericano. En primer lugar, sus participantes hicieron la experiencia de la tensión propia de la historia del tiempo presente entre una situación de proximidad con respecto al objeto de estudio y la ambición y hasta la necesidad de ser objetivos: en la práctica, ¿cómo aprehender objetivamente algo que, a través del recuerdo, forma parte de nuestra propia vida? A medida que nos sumergimos en las investigaciones y devolvemos su especificidad y complejidad al hecho, debemos esperar sin duda que el pasado se convierta en una “tierra extranjera” (“the past is a foreign country”), para retomar la expresión inglesa: estudiantes de doctorado que ya son historiadores profesionales y entre los cuales algunos cuentan con publicaciones en su activo han hecho la experiencia de ello. La distancia es mucho más difícil de instaurar en el simple ejercicio de lectura y comentario crítico al cual invita un seminario. Hay una tentación constante de reaccionar de acuerdo con la vivencia propia en vez de hacer de ella un criterio de evaluación entre otros, así como de replegarse hacia el terreno familiar de los recuerdos en lugar de ampliar el registro de referencias históricas. Aquí se impuso el enfoque regional y más ampliamente comparativo; en rigor de verdad, de una manera empírica. La lectura y discusión de textos referidos al pasado reciente y violento de Perú y la Argentina e incluso de Guatemala y Brasil, pero también de países de Europa occidental y oriental, permitió señalar cuestiones interesantes, identificar modos ventajosos de abordarlas y evaluar los resultados propuestos acerca de un pasado reciente, pero no propio. Al final de cada sesión del seminario se volvió sistemáticamente a la historia chilena y se planteó la siguiente pregunta: ¿qué sugiere este trabajo a propósito de Chile, en el plano temático, metodológico e interpretativo?

38El seminario sobre la historia del tiempo presente también brindó la oportunidad de adoptar un proceder regresivo, es decir de delimitación de nuestro campo de investigación histórica a partir de cuestiones que planteaba la actualidad, en el mismo momento y sobre ese mismo pasado. Durante el primer semestre de 2004, mientras se realizaba el seminario, la Comisión Valech recibía las declaraciones de las víctimas (entre diciembre de 2003 y mayo de 2004). Decidimos entonces consagrar no algunas lecturas sino todo el último mes del semestre al estudio comparativo de las cuatro grandes comisiones de la verdad de América Latina (en orden cronológico, la Argentina, Chile, Guatemala y Perú), similares a la Comisión Valech por sus objetivos, mecanismos institucionales y modus operandi.91 El seminario se interesó ante todo en la explicación del pasado propuesta por las comisiones, su manera de llegar a ella, las pruebas que reunieron, en primer lugar los testimonios. Y la cuestión de la verdad hacia la que tiende todo el trabajo de estos organismos: cuestión moral para la sociedad en que el funcionamiento de una comisión de la verdad se convierte en la “piedra angular” sobre la cual se funda la capacidad de una democracia de afrontar el pasado (para utilizar las palabras de José Zalaquett), y cuestión epistemológica y metodológica para los historiadores, en lo concerniente al conocimiento del pasado. Se examinaron tres esferas de cuestiones. En principio, el paso, gracias a la existencia de un informe, de una verdad privada y negada a una verdad pública, así como el camino recorrido por la opinión pública del conocimiento de los hechos a la conciencia y el reconocimiento de lo que éstos quieren decir.92 A continuación, los parámetros de la verdad que las comisiones procuraban establecer: universo de casos considerado, método para alcanzar un grado de certeza sobre los hechos que permitiera formarse una convicción moral (verdad global, individualizada, establecida por proyección; reunión de antecedentes sobre casos individuales o codificación de los datos para su cruce y tratamiento estadístico). Por último, los diferentes estatus de la verdad que giraban en torno del trabajo de las comisiones: judicial, histórica, ética, subjetiva.

39El Informe Valech es un gran documento sobre la represión sufrida por las víctimas de la dictadura y, por consiguiente, sus formas y su organización entre 1973 y 1990. Sin prejuzgar acerca de las otras lecturas posibles del documento, las siguientes observaciones lo abordan desde una perspectiva histórica; hacen hincapié en el método que se trazó la comisión y el rigor con el cual ésta se atuvo a él. El propósito es poner de relieve dos aspectos que, a nuestro juicio, son el fundamento de la solidez de la verdad individual y global establecida por ella: por un lado, el recurso a una pluralidad de fuentes de gran valor probatorio y su cruzamiento sistemático mediante programas informáticos; por otro, el hecho de que la explicación general de la tortura y prisión política se obtiene por un camino ascendente a partir de la masa de casos y hechos singulares, en otras palabras, por un método inductivo que la Comisión Valech tomó de la Comisión Rettig. En efecto, “desde el conocimiento de estas situaciones particulares”, se lee en el Informe Rettig, “se fueron induciendo lo que en el presente texto se llama generalizaciones y que tienen por objeto descubrir las características globales de lo ocurrido en cada uno de los períodos estudiados”.93 Algunas observaciones finales se consagrarán, por una parte, a la cuestión de los archivos de la Comisión Valech –sobre los cuales se harán unas recomendaciones–, y por otra a los aspectos de la investigación que el informe, a nuestro entender, invita a los historiadores a considerar.

40Los hechos por esclarecer se determinan en el decreto presidencial de creación del organismo:94 ¿quiénes son las víctimas de la “privación de libertad o tortura por razones políticas infligidas por agentes del Estado o personas a su servicio”? ¿En qué consistieron sus tormentos? ¿Cómo puede el Estado reparar el daño que les ha hecho? Por lo tanto, se pedía a la Comisión Valech establecer una verdad individualizada. Para ello, el cuerpo debió empezar por darse definiciones operativas de las violaciones de los derechos del individuo que estaban en cuestión. En el caso de la detención arbitraria, es decir ilícita y no autorizada por una orden de arresto, la cosa era bastante simple. En lo concerniente a la tortura, la comisión tuvo que revisar los instrumentos jurídicos existentes en el derecho internacional y ratificados por Chile.95 Pues ése era el objetivo central de su investigación. Antes señalamos que, para las víctimas que testimoniaron ante la comisión, la detención había estado acompañada de torturas.96 Y la opinión pública que bautizó el documento como “informe sobre la tortura” no se equivocaba. Es hora de explicar por qué, desde el punto de vista del trabajo demandado a la comisión, ésta no podía sino reunir los dos hechos en una sola categoría: a treinta años de distancia –reconoció el organismo–, se revela extremadamente difícil la imputación precisa y cierta de los males que sufre la víctima a la tortura que le fue infligida (y es demasiado cruel someterla vanamente, con ese fin, a un interrogatorio minucioso). Entretanto pasaron demasiadas cosas que pueden estar en el origen de esos males.97

41El método de trabajo de la comisión otorga a sus resultados un grado tan elevado de confiabilidad que es preciso ser mal intencionado o estar mal informado para pretender impugnarlos.98 En este sentido, dos aspectos cruciales fueron, por una parte, el establecimiento de una ficha individual (ficha de ingreso para la recepción del testimonio del preso político y torturado) que cada declarante debía llenar antes de prestar su testimonio ante la comisión; por otra, la reunión de pruebas documentarias que corroboraran a la vez los datos incluidos en esa ficha y el tenor de la declaración. Un tercer aspecto, de igual importancia, fue el tratamiento informático de la totalidad de los datos así recogidos, que examinaremos a continuación. La ficha individual fue elaborada por la comisión teniendo en cuenta las variables que componían la verdad por establecer: identidad de la víctima, organismos que en la época de los hechos la ayudaron o tuvieron información sobre su destino, condiciones y circunstancias propiamente dichas de detención (esto es: organismo u organismos responsables de la detención, lugar de reclusión, tortura).99

42La mayoría de los historiadores están habituados a manejar documentos escritos, en particular los de origen administrativo. Saben reconocer su valor probatorio: no el valor de la justicia que establece las intenciones y responsabilidades individuales en aplicación del derecho y según el procedimiento en vigencia, sino el de su disciplina –el conocimiento del pasado–, que debe demostrar que tal hecho se produjo efectivamente antes de analizar su alcance. Una gran parte del oficio de historiador consiste en someter las fuentes a una crítica que permita aceptarlas o no, aplicando para ello criterios precisos. El informe suministra las informaciones necesarias para juzgar el método que se utilizó.100 Las gestiones hechas por la comisión ante una gran cantidad de instituciones públicas y privadas y la descripción de la documentación que recibió de ellas son el objeto de un tratamiento pormenorizado.101 En total se enumeran 22 tipos de pruebas documentarias sobre las cuales el cuerpo pudo fundar sus conclusiones. La lista presentada como anexo, a la cual se adjuntaron 16 especímenes, pone en evidencia su índole oficial y administrativa.102 Se trata de indicios, decía Marc Bloch, que el pasado deja caer sin premeditación a lo largo de su camino.103 En efecto, ¿cuántos de los oficiales y chupatintas que los redactaron hace treinta años, en su carácter de comandantes o empleados de los centros de detención, se imaginaban que esos pedazos de papel permitirían algún día a sus poseedores exhibir la prueba de los sufrimientos que habían padecido?

43Un elemento de igual importancia en historia para demostrar que algo ha sucedido es la diversidad de pruebas de que se dispone, así como su grado de concordancia: una fuerte coincidencia entre fuentes de orígenes muy diversos permite, en efecto, concluir con un significativo “grado de certidumbre en el establecimiento de los hechos”; a partir de allí, esa concordancia autoriza a “formarse convicción moral” sobre la verdad de éstos, como lo hicieron los miembros de la comisión. Consideremos en primer lugar las pruebas concernientes al caso de cada víctima. En aplicación de la máxima del derecho romano según la cual testis unus, testis nullus, el organismo había exigido no atenerse a una única prueba. “Lo más impactante fue ver a esta gente llegar a la comisión con su carpeta de documentos antiguos y gastados, en donde estaba establecida la vida tronchada”, señala uno de los miembros de la comisión.104 Los certificados exhibidos por las víctimas (se los emitió sobre todo durante los primeros años) están revestidos de todas las marcas exteriores de la legalidad y llevan claramente la indicación de su procedencia institucional (lo cual confirma, por si fuera necesario, la reputación legalista de los chilenos). Esas pruebas se cotejaron con los datos reunidos por la comisión a través de otros canales; en ocasiones hubo que completarlas o rectificarlas mediante el recurso a archivos de los diferentes servicios y organismos del Estado, conservados en el Archivo Nacional de Chile; se apeló también a los repositorios de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos: Vicaría, FASIC, CODEPU (por medio de un acuerdo suscripto con ellas). Todo esto provocó, en muchos sectores (¡y países del mundo!), un gran movimiento de los archivos más diversos: mencionemos, a título de ejemplo, los informes anuales de la OIT correspondientes a cada país, la prensa de la época y los archivos de las embajadas que habían otorgado asilo.105

44La cantidad de piezas que de tal modo pudieron reunirse con respecto a cada individuo (entre ellas, las declaraciones de testigos) permitió multiplicar los cruces y con ello circunscribir más la verdad. Obtenidos por medios informáticos, los cruces concernientes a más de 32.000 casos ostentan una confiabilidad máxima. Ahora bien, en un enorme número de víctimas hubo una completa coincidencia entre los distintos datos codificados. Esos resultados extremadamente positivos se refieren a la vez a las víctimas, en un plano individual, y a los lugares, las prácticas y las circunstancias específicas del hecho global de la tortura, para todo el país. Esta concordancia entre miles y miles de testimonios ya no permite hablar de casualidad y probabilidad sino de realidad irrefutable: las víctimas han dicho la verdad. Además, la explotación a gran escala de las pruebas acumuladas permite a la Comisión Valech demostrar (y confirmar con ello lo establecido por la Comisión Rettig) que la detención política y la tortura fueron organizadas. Tomemos uno de los resultados del tratamiento informático de la información: que 5.373 de las 27.255 personas reconocidas como víctimas por el organismo hayan sido detenidas en las 48 horas siguientes al golpe muestra la eficacia con la cual los distintos sectores del ejército y la policía y su jerarquía reconvirtieron una institución destinada a la protección de los ciudadanos para adaptarla a las necesidades de la represión.106 Digamos por último que los documentos reunidos y tratados informáticamente por la comisión constituyen hoy un banco de datos único sobre la tortura en Chile entre 1973 y 1990.107

45Entre los resultados globales obtenidos por medio del método que acabamos de describir, destaquemos los relacionados con el perfil de las víctimas y su distribución numérica por período.108 Ante todo, la mayoría es de sexo masculino: nueve detenidos hombres por cada mujer. Y son jóvenes: más de la mitad (54%) tienen entre 18 y treinta años, y otra cuarta parte (25,4%), entre treinta y cuarenta. Por otro lado, el 68,70% fue detenido en 1973 (18,33% entre 1974 y 1977 y 12,97% entre 1978 y 1990); en otras palabras, la represión de los primeros meses fue masiva; a partir de 1974 afectó a menos gente, mientras evolucionaba en sus formas. Predominio masculino entre las víctimas y fuerza inicial de la represión ya habían sido constatados por el Informe Rettig, en lo tocante a muertes y desapariciones políticas. La confirmación aportada por el Informe Valech con referencia a los detenidos políticos y víctimas de la tortura indica que estamos ante una única política dictatorial, el mismo conjunto de víctimas y la misma tendencia general de la represión, masiva en un principio y luego, con el transcurso del tiempo, más especializada y dirigida a blancos precisos. Entre los cuadros estadísticos proporcionados por uno y otro informe se observan divergencias. Consideremos dos ejemplos. Las mujeres son dos veces menos numerosas entre las víctimas de ejecuciones y desapariciones políticas calificadas por la Comisión Rettig (6%) que las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión Valech (12,5%): ¿habrá que ver en ello el efecto, por un lado, de la táctica de ejecuciones con blancos precisos de la DINA en una sociedad en la cual las mujeres asumían sin lugar a dudas menores responsabilidades políticas, y por otro los progresos del activismo femenino que en la década de 1980 se triplica con respecto a 1973?109 ¿Y cómo explicar la diferencia notable entre las cifras relacionadas con la distribución de las víctimas según los períodos? En el caso de las muertes y desapariciones se establece de la siguiente manera: 53,8% en 1973; 27,5% en 1974-1977, y 19,1% en 1978-1990. Cuando se trata de las torturas, la concentración en los tres meses y medio que van desde el golpe hasta fines de 1973 es más pronunciada: 68,70% en 1973 contra 18,33% entre 1974 y 1977 y 12,97% de 1978 a 1990.

46Diferencias como las que acabamos de mencionar sólo autorizan, en la ocurrencia, algunas especulaciones, y deberán ser materia de futuras investigaciones. Pero ponen de relieve otro aspecto: los límites explicativos de las divisiones temporales adoptadas por la Comisión Rettig y retomadas por la Comisión Valech. Esas divisiones corresponden a cambios institucionales en el aparato represivo –creación de la DINA en 1974 y su posterior reemplazo por la CNI que funcionará hasta el final de la dictadura–, así como a datos estadísticos establecidos por la comisión sobre el perfil de las víctimas y la evolución del número de detenciones con el paso de los años. En ese aspecto, constituyen referencias temporales provisorias, necesarias y con seguridad razonables; pero no son en verdad una construcción del tiempo histórico de la represión. Por lo demás, la Comisión Valech tuvo conciencia de ello, pues advirtió que las “divisiones temporales aquí adoptadas son tentativas”.110 Y señaló la distancia que podía haber entre una medida legislativa y los casos de detención y tortura, indicando, por ejemplo, que “cuando la amnistía se dictó [1978] la mayoría de los presos ya habían sido liberados. En muchos casos a éstos se les conmutó la pena de reclusión por extrañamiento”.111 Observó asimismo una superposición temporal importante entre los modos de detención y tortura y los tipos de centros en funcionamiento, para insistir en suma sobre el carácter de práctica ubicua y continua (o recurrente, según las regiones) que adoptó la tortura. Esos matices y advertencias en la exposición se explican, a nuestro parecer, por el hecho de que la Comisión Valech examinó hechos de detención, es decir inscriptos en la duración, y el tratamiento informático permitió incluso precisar esta última, al registrar las trayectorias de los detenidos. La experiencia promedio es, en efecto, de seis meses de detención por víctima, con un paso por más de tres lugares de detención y autoridades distintas.112 La Comisión Rettig, por su parte, reconstruyó acciones de muerte o desaparición desarrolladas en un tiempo más breve en promedio, como se comprueba al leer los dos mil o más casos relatados en su informe. Será menester esperar, sin duda, hasta tener acceso a la documentación oficial sobre la concepción y planificación de la represión113 para notar secuencias y una dinámica propias de ésta. Estudios regionales deberán asimismo someter a prueba, o afinar de acuerdo con otros criterios, la periodización indicativa con que contamos en la actualidad.

47Un comentario frecuente sobre la índole del Informe Valech, en las semanas siguientes a su aparición, pone el acento sobre la suma de testimonios que contiene y su carácter insoportable, que haría de él una lectura difícil para gente sensible. La reflexión da pábulo a la sorpresa: ¿hemos leído bien? Debe transcurrir una tercera parte del informe (capítulo 5, “Métodos de tortura: definiciones y testimonios”) para que la inclusión de testimonios sea sistemática, en la forma, por lo demás, de citas que no superan un párrafo.114 La comisión se mostró ante todo respetuosa de la confianza que miles de víctimas habían depositado en ella, al acudir a testimoniar hechos sobre los cuales el 80% no había dicho hasta entonces nada a persona alguna; por ello, el cuerpo evitó todo tipo de erudición en la exposición del horror (y el sensacionalismo que, inadvertidamente, podía derivar de éste). Fiel al mandato recibido, quiso, al contrario, representar mediante testimonios las situaciones estadísticamente más frecuentes; en otras palabras, la tortura corriente y rutinaria, su habitualidad.

48Los testimonios citados de manera extractada en el informe no pretenden mostrar como una revelación el hecho de que durante el régimen de Pinochet se torturó, sino confirmar públicamente lo que ya se sabía. Como observa el documento, en el fondo, esos testimonios “no difiere[n] de la información recogida en numerosas querellas por tortura presentadas en los tribunales del país, especialmente desde diciembre de 1980”.115 Al recurrir a ellos de manera específica en el capítulo sobre los “métodos de tortura”, la comisión procedió inductivamente; procuró hacer entender mejor los tratamientos infligidos por los torturadores, mostrando cómo los vivieron las víctimas. Por eso el catálogo elaborado por ella (unos veinte métodos) difiere de los vigentes en las convenciones internacionales. Mientras éstas señalan en primer lugar las prácticas a las que el siglo XX dio triste notoriedad –como el pau de arara (una forma de colgamiento), el teléfono (golpes fuertes aplicados simultáneamente en los dos oídos), la parrilla (aplicación de electricidad sobre las partes más sensibles del cuerpo) o el submarino (inmersión hasta llegar casi a la asfixia)–, la comisión, por su parte, enumera las formas de tortura que fueron una práctica habitual en Chile entre 1973 y 1990 (con las principales variantes de cada una): “Se incluyen sólo aquellas descripciones representativas de lo señalado por quienes entregaron sus testimonios”. El orden de frecuencia establecido a partir de las declaraciones es importante: comienza por los “golpes, lesiones corporales, colgamientos, posiciones forzadas”; sigue la aplicación de electricidad y luego las “amenazas (de muerte, por ejemplo, del detenido o de sus familiares)”, los simulacros de “fusilamiento, humillaciones, desnudamiento”, y así sucesivamente. Al leer esta reseña extraída de los testimonios se comprende cómo, de “malos tratos y violencia extrema” dispensados al vuelo, se pasó por gradaciones a la administración de la tortura por medio de técnicas y equipos que podían ser sofisticados, durante sesiones individuales realizadas en locales especiales, so pretexto de interrogatorios.

49Para terminar, es preciso agradecer a la comisión por haber examinado en sí misma la violencia sexual ejercida contra las mujeres detenidas, sobre la base de los progresos muy recientes del derecho internacional en la materia (la cuestión no había sido objeto de un tratamiento independiente en el Informe Rettig). El modo de reunión de los datos es revelador de la dificultad con que tropiezan las instituciones y los procedimientos de investigación a fin de contar desde el comienzo con los instrumentos necesarios para asegurarse de que la dimensión específicamente femenina de las situaciones de violencia y discriminación no se les escape: la violencia sexual ejercida contra las mujeres no se había incluido entre las cuestiones que debían tocarse en la entrevista individual, ni en la formación especial impartida a tal efecto a los especialistas encargados de recibir a las víctimas. Al mismo tiempo, el hecho de que la violencia sexual haya surgido de manera espontánea en las declaraciones es demostrativo de una mayor conciencia de género entre las mujeres chilenas de hoy. Los resultados establecidos por la comisión son abrumadores y, por desdicha, poco sorprendentes cuando se los compara con los obtenidos por otras comisiones que investigaron en tiempos recientes situaciones de violaciones de los derechos humanos: “casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades”. El 10% de ellas declararon haber sido violadas; la comisión estima, con razón, que ese porcentaje está por debajo de la realidad.116 El número de centros de detención y tortura asciende a 1.132, cuatro veces más de lo establecido por la Comisión Rettig (unos trescientos).117 Éste es uno de los resultados más importantes del Informe Valech. La demostración se hace en el capítulo 7, “Recintos de detención”, dedicado a una de las variables adoptadas inicialmente por la comisión para su investigación: el o los lugares de detención y el o los organismos responsables de arrestos, detenciones e interrogatorios. Ese capítulo, que ocupa por sí solo más de la tercera parte del documento (255 páginas de un total de 646, sin contar la lista de víctimas), expone de una manera topográfica y espacial la verdad establecida por la Comisión Valech (por su parte, el principio organizador del Informe Rettig era cronológico). Por medio de un tratamiento informático, las informaciones recogidas acerca de millares de víctimas se reorganizaron por lugares de detención. Para la descripción detallada de éstos sólo se tuvieron en cuenta 802 lugares de los cuales la comisión estimó poseer suficientes testimonios; los otros 330 únicamente se enumeraron (de todos modos, se trataba del lugar o los lugares que la víctima quiso describir, pero no necesariamente de todos aquellos por los cuales pasó durante su encarcelamiento).118 La descripción sumamente precisa de las características físicas del sitio se combinaba a veces con la imposibilidad de indicar con certeza su ubicación. O bien sucedía lo contrario: se identificaba esta última, pero era difícil describir el lugar con precisión. Ése es el tipo de conocimiento que puede adquirirse cuando se está condenado a tener los ojos constantemente vendados o la cabeza cubierta por una capucha, y a ser transportado sin cesar de un lugar a otro.119

50De Arica, en la frontera con Perú, a Tierra del Fuego, en el estrecho de Magallanes, el capítulo sobre los sitios de tortura lleva al lector a recorrer el país de un extremo a otro. Quien haga ese recorrido ya no podrá viajar de la misma manera a través de Chile. “Se induce al lector a pensar en un gran campo de concentración en Chile”, deplora una “Declaración de historiadores y profesores de historia”.120 Mal que les pese, hay algo de eso: allí están los hechos que muestran sin lugar a dudas el universo ilícito, carcelario y torturador construido en Chile en los últimos meses de 1973. Con la coexistencia, en lo sucesivo, de una población cuya vida “normal” seguía su curso al margen de las prisiones y de una sociedad subterránea y clandestina de decenas de miles de personas detenidas arbitrariamente y a menudo incomunicadas. Al referirse a su detención en Tejas Verdes, arriba del balneario de Santo Domingo, el escritor Hernán Valdés percibió con claridad los rasgos insólitos de esa coexistencia. Desde los cobertizos rústicos que funcionan como baños en el campo al que acaba de ser trasladado, reconoce el largo puente tendido sobre el Maipo. Él mismo ha estado en Santo Domingo algunas semanas antes y recuerda haberse asombrado de que la vida siguiera su curso, como todos los veranos, en esa ciudad balnearia apreciada por la burguesía santiaguina.121

51Metódica, la descripción del informe prosigue intendencia por intendencia y gobernación por gobernación: las concentraciones urbanas; los centros campesinos donde la reforma agraria había alcanzado mucha difusión; los centros industriales fuertemente sindicalizados; los complejos mineros o extractivos de distintos tipos (por ejemplo, los complejos madereros o petrolíferos del sur del país), y la frontera cordillerana, antártica y del Pacífico. La síntesis regional que precede la descripción de las características de cada centro pone de relieve el reparto de la autoridad por zonas (por ejemplo, la armada en las zonas portuarias y los regimientos de montaña en las regiones cordilleranas) y la coordinación entre las diferentes armas y sus servicios de informaciones respectivos (DINA, SIN, SIFA, SICAR),122 en el marco de “operativos conjuntos” o de una cooperación de rutina entre cuarteles de investigaciones y lugares de detenciones.123 Las unidades militares que actuaban en cada lugar se registran como corresponde, y otro tanto ocurre con los centros de los que aquéllas eran oficialmente responsables, con las fechas pertinentes.

52A partir del 11 de septiembre, las fuerzas armadas y policiales arrestan a ciudadanos en los rincones más remotos del país y los trasladan a las comisarías, y de allí a los centros de detención e interrogatorio de las grandes ciudades. Los recorridos y modos de transporte que implican esas operaciones muestran desde el comienzo que el bloqueo del país pone en juego las cualidades organizativas y de funcionamiento jerárquico del ejército chileno.124 En este aspecto, el desarrollo de los hechos en el sur es ilustrativo, vista la geografía de esas regiones. Las personas detenidas en las islas y zonas rurales de la IX región de la Araucanía son enviadas en helicópteros o aviones de la fuerza aérea a Temuco, donde se las entrega a diferentes unidades.125 El mismo procedimiento se utiliza en la X región de Los Lagos, donde el traslado aéreo a la capital regional de Puerto Montt se hace con las puertas de los aviones abiertas y bajo la amenaza constante de ser arrojado al agua. Entre los relatos de numerosas víctimas pueden mencionarse los de los detenidos de la isla de Chaitén, llevados en helicóptero a Chiloé; luego de una escala de duración variable en la comisaría de esa localidad, la mayoría es transferida a Puerto Montt, sea “al cuartel de investigaciones”, sea “a la cárcel”.126 La comisión resume del siguiente modo la logística utilizada en la XI región de Aysén:

54Destaquemos para terminar el tratamiento que el Informe Valech reserva a dos cuestiones significativas para cualquier historiador: el conjunto de circunstancias vigentes y el recurso a la memoria de la gente para reconstituirlas. Al usar en el título del capítulo 3 la palabra “contexto”, muy manoseada en nuestros días, la comisión se atuvo, sin embargo, a su significación estricta. En sustancia, dice lo siguiente: no vamos a hacer la historia general de Chile entre 1973 y 1990; remitimos para ello al Informe Rettig. No pretendemos dilucidar los factores que incidieron sobre el rumbo tomado por los acontecimientos a partir del golpe –pues ningún factor justifica lo ocurrido–, ni establecer responsabilidades individuales. De conformidad con el mandato recibido, dice la comisión, vamos a examinar lo sucedido en una serie de instituciones que cedieron “terreno para la acción discrecional de las nuevas autoridades y sus agentes”, allanando así el camino a la instauración de la detención arbitraria y la tortura.130 Demostración ceñida que se refiere a cuatro esferas. En primer lugar, destrucción de las libertades fundamentales constitucionalmente garantizadas en una democracia (cierre del Congreso, destrucción de los padrones electorales, designación de autoridades militares a la cabeza de los sindicatos, las escuelas y las universidades) y proclamación del estado de sitio, cuya ficción legal autoriza el control total del país mediante instrumentos como el toque de queda, entre otros. Segundo, “abdicación” del poder judicial a favor de unos tribunales militares de prácticas aberrantes, y negativa –sistemática en lo sucesivo– de las cortes civiles de justicia a respetar el habeas corpus y los recursos de amparo, así como a recibir denuncias relacionadas con la tortura (entre 1978 y 1989, sólo la Vicaría presentó 130, sin obtener jamás una respuesta favorable).131 Tercero, creación de la DINA y su continuadora, la CNI, que tuvieron un papel preponderante en la represión e incorporaron como personal a efectivos de todas las ramas de las fuerzas armadas y la policía. Cuarto, control de los medios de comunicación a través del cierre de diarios y estaciones de radio y televisión, el establecimiento de la censura y, sobre todo, la complicidad de los medios autorizados, que repetían las mentiras difundidas por el gobierno.

55La comisión examina a continuación la acción de los organismos promotores de los derechos humanos que, al denunciar la tortura y defender a los presos, pudieron poner algún freno a la represión desde fines de la década de 1970.132 Aquel cuerpo describe sus medios de expresión, sus esfuerzos para contrarrestar la censura de prensa y las campañas oficiales de desinformación. En lo concerniente a los resultados del enorme esfuerzo hecho por estos organismos para informar, el veredicto de la comisión es contundente: “No era fácil acceder a la verdad” y, sobre todo, nadie podía sospechar la amplitud de la represión antes de disponer de los testimonios aportados en nuestros días.133 Tanto más meritorias aparecen, en consecuencia, la obstinación y la clarividencia de que algunos abogados daban muestra por entonces. Tal el caso de Andrés Aylwin, que en 1975 remitió una carta al presidente de la Corte Suprema para recusar, con pruebas en su apoyo, la versión de que una persona desaparecida había sido liquidada a raíz de una purga interna del MIR, movimiento de extrema izquierda cuyos militantes estaban en la época en la mira de la DINA:

56Pasemos al segundo punto: el uso de la memoria en historia. Para llegar a una convicción moral sobre la verdad de lo ocurrido, la comisión se apoyó principalmente en los recuerdos de las víctimas. La apuesta era grande: se trataba de reconocerles o no, de manera oficial, esa calidad. Por eso, el tratamiento crítico dado a los testimonios por la comisión parece a nuestro juicio mucho más ejemplar. Particularmente en tres aspectos. Ante todo, lo que se desprende del objeto de los testimonios: hechos lejanos en el tiempo y que son de naturaleza traumática. “Para las personas, el relato de los hechos y las circunstancias de su detención demandaron un esfuerzo de memoria realizado treinta años después de su ocurrencia.”135 La prueba de que los declarantes han dicho la verdad se obtiene mediante la suma de sus testimonios y su concordancia en cuanto a los lugares, métodos y organismos responsables, aun cuando en tal o cual punto específico –las fechas, sobre todo– las declaraciones contengan inexactitudes. El segundo aspecto concierne a la significación presente de la memoria para las personas que somos hoy en día, es decir, diferentes de ayer. “Mirar los hechos con muchos años de distancia ofrece la oportunidad de verlos de otra manera”, leemos en el informe. “Permite reconocer algo que no fue fácil de admitir para muchos en este momento.”136 ¿Y para las víctimas? La comisión considera aquí un tercer elemento: ¿es posible o no para ellas vivir con esos recuerdos traumáticos sin ser dominadas por ellos? Sí, admite el organismo, la “reconstrucción del período de la represión con el fin de entregar su testimonio a esta Comisión permitió a las víctimas tener una visión retrospectiva acerca de cómo se habían reorganizado emocional y moralmente a pesar de lo padecido”.137 Pero “para muchos, ese sufrimiento nunca fue totalmente «cosa del pasado»”.138 La memoria de situaciones desdichadas es tenaz, se inmiscuye a tiempo y a destiempo en la vida y las relaciones cotidianas y algunos de sus efectos son irreparables. El capítulo 8 del informe, “Consecuencias de la prisión política y tortura”, es tal vez el más conmovedor, porque las víctimas cuentan que, transcurridos treinta años, no han dejado de vivir con ese pasado. Muy probablemente, el público jamás había escuchado esos testimonios sobre las consecuencias permanentes de la tortura: los elementos del pasado que siguen siendo presentes; en todo caso, aquéllos nunca habían sido el objeto de una verdad pública acerca de la dictadura: “Me torturaron hasta enloquecer, fui sacado de allí en forma inhumana y nunca más logré vivir humanamente”; “Nunca he dicho esta verdad que llevo con dolor por lo que hice: entregué nombres”; “Continuamente sueño que soy nada”.139

57Veamos la cuestión de los archivos. La Comisión Rettig ya se había preocupado por el valor histórico futuro de sus archivos para los investigadores, así como, con mayor pragmatismo, por su conservación.140 La recomendación respectiva fue aceptada por el gobierno de Aylwin y los archivos de la Comisión Rettig se pusieron en manos de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Con razón: creada, ante todo, para proseguir las investigaciones concernientes a las víctimas desaparecidas, la Corporación debía tener acceso a los archivos de esa comisión, archivos “intermedios”, ya no del todo vivos pero aún no del todo históricos, y que todavía no están a disposición de los investigadores.141 También la Comisión Valech destacó desde el principio de su informe la importancia de sus archivos. Y las medidas tendientes a su conservación y comunicación figuran entre las recomendaciones finales; se aconseja principalmente su entrega a un Instituto de Derechos Humanos cuya creación promueve aquel organismo, así como su apertura en un plazo máximo de treinta años (de no establecerse ese instituto, deberían depositarse en los servicios de archivos del Estado).142 Si bien a principios de marzo de 2005 no se ha dado a conocer ninguna decisión sobre el lugar de conservación de los archivos de la comisión, el presidente Lagos, en cambio, ha dispuesto postergar su apertura hasta dentro de cincuenta años. El cierre de esos repositorios durante varias décadas ha suscitado críticas, al igual que la negativa de la comisión a dar los nombres de los culpables de acuerdo con las informaciones de que dispone, actitud que, se aduce, significaría un perjuicio para la justicia.143 En líneas generales, esas críticas son un hecho positivo, en cuanto atestiguan una toma de conciencia sobre la importancia de los archivos relacionados con la dictadura y abren el camino hacia una reflexión necesaria sobre las responsabilidades éticas que implica la conservación y comunicación de dichos archivos, algo relativamente novedoso en Chile.

58“Dar nombres sería establecer cargos criminales”, dice la comisión.144 Lo cierto es que ésta se atuvo escrupulosamente al mandato recibido, que le negaba esa facultad: “No podrá asumir funciones de carácter jurisdiccional”, y por lo tanto no podrá “pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento”.145 Del principio al cual se aferró la Comisión Valech –una comisión investigadora sin poder jurisdiccional no puede asumir un papel de justiciera– se desprende la naturaleza de los archivos producidos por ella: éstos identifican a las víctimas y los daños sufridos, no a los culpables. No obstante, algunos activistas de los derechos humanos han hablado de la existencia de una lista de culpables, que la comisión habría ocultado. Pasemos por alto la ilusión consistente en creer que acerca de una cuestión que nos interesa existe una fuente lista para utilizar, y no hay más que lograr acceso a ella. Para que hubiera una lista de culpables en los archivos de la comisión, sería menester que fuera el fruto del aprovechamiento informático de ese dato específico, tomado de decenas de miles de fichas individuales. Ahora bien, la identificación de los culpables, como se recordará, no está entre las variables consideradas en el diseño de la ficha de informaciones individuales con vistas a su tratamiento informático. Que tal o cual víctima haya mencionado un nombre en el sector “Breve relato” incluido en esa ficha, es muy probable. Para ello habría sido preciso el azar del reconocimiento de un compañero de escuela o de regimiento, o del amigo criado en el mismo barrio; o, con mayor probabilidad, el hecho de que la víctima hubiera sido interrogada por un torturador notorio, claramente identificado como tal, por entonces o más adelante. Sin embargo, ¿qué prueba legalmente un testimonio aportado a la comisión, es decir, al margen de todo proceso judicial iniciado por la denuncia de una víctima y sancionado por un veredicto? El trabajo realizado por la comisión no impide que la justicia haga el suyo, como ya lo ha hecho. Entre los declarantes, algunos ya habían puesto su caso en manos de la justicia antes de presentarse ante la comisión. Es de suponer que otros declarantes también harán una denuncia judicial y, para ello, deberán contar de nuevo los hechos. Si con respecto a algún punto de la investigación se demostrara que los archivos de la Comisión Valech son indispensables –por ejemplo, porque contienen el testimonio de otra persona víctima del mismo torturador, pero ya fallecida–, cabe imaginar que el juez solicitaría al organismo encargado de aquéllos, mediante un exhorto, la comunicación del testimonio en cuestión (como lo haría para obtener el levantamiento del secreto bancario).

59Las restricciones de la comunicación son objeto de la segunda crítica que se ha planteado. En muchos países se garantiza efectivamente el principio del acceso del público a los archivos oficiales. De todos modos, se establecen normas especiales para los registros concernientes a personas vivas, a fin de proteger el derecho a la vida privada (del cual se deduce, por ejemplo, el respeto del secreto de la correspondencia). A diferencia de los archivos de la Comisión Rettig, sus similares de la Comisión Valech se ocupan concretamente de personas vivas y, por ese motivo, gozan de la misma confidencialidad que otros expedientes personales (prontuario judicial, historia clínica médica, cuenta bancaria, etc.). La restricción en materia de comunicación se agrava debido a que esos archivos corresponden a un período nacional políticamente conflictivo e incluso están dedicados de manera específica al conflicto en cuestión.146 Señalemos que el carácter confidencial de las informaciones referidas a la vida personal y familiar de los individuos se les garantiza en general en el momento en que las proporcionan. Eso es lo que hizo la comisión al establecer desde el comienzo la regla de que toda información concerniente a los hechos de detención o tortura por razones políticas sería confidencial.147

60La reposición de los archivos de la Comisión Valech en el conjunto documental más vasto al cual pertenecen –los archivos relativos a la violencia política, represión y derechos humanos – aportará un último elemento. Los archivos de las comisiones investigadoras constituyen un primer tipo: se crean en una fecha posterior al período de violencia política, generalmente en un lapso de algunos meses correspondiente al tiempo de actividad del organismo. Otros dos tipos de archivos relativos a la dictadura son contemporáneos de la violencia. Por un lado están los archivos de los órganos de represión: por ejemplo, la Policía Política de Río de Janeiro o DOPS (1964-1983) en Brasil, la policía del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay o la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires o DIPBA en la Argentina.148 Por otro lado están los archivos de los organismos de defensa de los derechos humanos que se opusieron a la represión y se asignaron la misión de ayudar a las víctimas, como los ya mencionados a los cuales recurrió la Comisión Valech. Los tres tipos de acervos documentales tienen en común el hecho de que una parte importante de sus colecciones consiste en expedientes individuales de víctimas.149 Ahora bien, que se trate de prontuarios policiales o expedientes de organismos de defensa de los derechos humanos, los servicios de archivos responsables aplican un solo y el mismo principio: el resguardo de la información privada. Sólo comunican los expedientes a los interesados o sus ascendientes y descendientes directos o las personas autorizadas por ellos, o bien a investigadores académicos que se comprometen a respetar este principio. Ya en 1994, el grupo de investigación sobre los archivos de los ex organismos represivos, que trabajaba dentro del Consejo Internacional de Archivos (bajo los auspicios de la Unesco) concluyó: “Los derechos individuales de las víctimas de la represión política tienen preferencia sobre la investigación histórica”.150 En su trabajo, los historiadores tienen el deber de respetar el derecho a la vida privada (del que también ellos pretenden disfrutar en su calidad de ciudadanos).

61Como conclusión, quisiéramos señalar dos direcciones de investigación que, a nuestro juicio, el Informe Valech muestra a los historiadores. En primer lugar, la combinación de rigor y abundancia fáctica del informe nos lleva a prestar atención a la parte del método histórico concerniente a los hechos por establecer, mediante la recolección de pruebas y su crítica. Nos parece que, en un primer momento, ese aspecto positivo asume una especial importancia; hay una multitud de hechos cuyas circunstancias y encadenamiento deben reconstituirse, medirse (aun cuando la historia cuantitativa haya pasado de moda) y restablecerse contra la mentirosa versión oficial de la época. Para ello es menester reunir pruebas, muy particularmente las disponibles a poca distancia de los hechos, pero de probable desaparición poco tiempo después. Entendámonos: no se trata de propiciar la acumulación erudita de hechos y pruebas, sino únicamente de recordar que, sin ellos, la interpretación y comprensión que podemos aportar serán limitadas y frágiles (Lucien Febvre decía: “queremos amueblar la historia con muebles sólidos”). Señalemos una segunda dirección: al explicar la organización de la violencia y el sufrimiento, y sus efectos sobre los sentidos, el informe encauza a los historiadores hacia lo que a veces se denomina historia de las sensibilidades. Detrás de las situaciones límite que son la tortura y la prisión política, sistemáticamente estudiadas por la comisión, hay miedo, humillación, angustia, marginación. Esas sensaciones fueron la suerte cotidiana de millones de personas que estaban en libertad, y saturan su memoria. Constituyen hechos históricos subjetivos que desaparecerán con los últimos testigos: es importante, por lo tanto, estudiarlos hoy. El gobierno chileno adhirió oficialmente a la recomendación de la comisión de crear un Instituto de Derechos Humanos, cuya misión debería ser “coordinar la labor destinada a conocer la verdad [y] profundizar las lecciones del pasado”.151 La verdad histórica debe tener su parte en ello, y los historiadores de todo el país (¡no sólo de Santiago!) deben ser invitados al esfuerzo.