Navigation – Plan du site

La lucha por el territorio mapuche en Chile: una cuestión de pobreza y medio ambiente

La lutte pour le territoire mapuche au Chili, une affaire de pauvreté et d’environnement
The struggle for mapuche territory in Chile: an issue about poverty and environment
María José Andrade

Résumés

Le conflit actuel entre l’Etat du Chili et le peuple mapuche a comme axe central la dispute pour les territoires indigènes, dont la perte a conduit les communautés natives à la pauvreté. Par ailleurs, l’appropriation de ces terrains par des entreprises d’extraction des ressources naturelles a généré de graves dégâts à l’environnement. Etant donné le rapport particulier des natifs avec leur territoire et leur relation harmonieuse avec la nature, leur avis sur son administration est fondamental. Cependant non seulement le Chili a échoué dans la reconnaissance des droits territoriaux des mapuches, mais il ne garantit pas non plus leur participation effective quand ces espaces se voient dégradés, ce qu’on peut observer clairement dans la législation sur la consultation préalable des peuples autochtones. Des inégalités socio-économiques et territoriales s’entrelacent ainsi avec les défaillances de l’Etat dans la protection des droits indigènes et de l’environnement.

Haut de page

Texte intégral

Introducción

1Los pueblos indígenas tienen cada vez más protagonismo en la comunidad internacional, en gran medida por su mayor participación en la construcción de instrumentos que protegen sus derechos, pasando de ser considerados objetos, a verdaderos sujetos de Derecho Internacional (Gómez del Prado, 10). Sin embargo, están dentro de los grupos más marginados del mundo y frecuentemente se encuentran aislados política y económicamente dentro de los Estados en que viven (ONU 2015, 2). De hecho, aunque sólo son el 5% de la población mundial, representan el 15% de quienes viven en extrema pobreza. Como esto afecta en su acceso a bienes y servicios de primera necesidad, son el grupo mayoritario entre analfabetos y desempleados (ONU 2010, 3). Por si fuera poco, esta diferencia entre grupos indígenas y no indígenas en términos de pobreza va en aumento en varios países del mundo (ONU 2015, 2).

2Lo anterior tiene sus causas en el pasado, en la pérdida de sus tierras y así del acceso a recursos, y en una relación compleja con el resto de la población y con Estados que históricamente han pretendido eliminar su cultura. Los factores que más influyen en esta situación son “la amenaza de un desposeimiento forzado de sus tierras, la frecuente obligación que tienen de obtener de las autoridades no indígenas el permiso para practicar sus actividades económicas tradicionales, el deber de obtener autorización de los servicios administrativos para utilizar sus recursos naturales, y también los efectos que ha tenido la tecnología moderna en su hábitat” (Gómez del Prado, 66). Así, a pesar del mayor reconocimiento internacional de sus derechos, su participación efectiva en la toma de decisiones no haya avanzado a la misma velocidad.

  • 1 Salvo que se cite una obra donde se escriba “mapuches” en plural, escribimos mapuche en singular, a (...)

3Un ejemplo de esto es la realidad del pueblo mapuche1 en Chile. Este artículo pretende demostrar que las directrices del Estado con respecto a sus derechos, han legitimado históricamente su pobreza a partir de la ocupación de sus territorios y del fomento de actividades económicas en ellos, que son incompatibles con su cultura y supervivencia, en parte por el daño que causan al medio ambiente.

4Con este fin, el estudio adopta una perspectiva histórico-jurídica, analizando la legislación chilena con respecto a los territorios indígenas y a la participación de los pueblos originarios.

  • 2 El uso de la palabra “araucano” para denominar al mapuche proviene de la zona de Arauco, aparenteme (...)

5El trabajo comienza con una síntesis del proceso histórico de usurpación territorial mapuche por parte del Estado y continúa con un análisis de las visiones contrapuestas entre éste y las comunidades indígenas sobre el territorio. Luego trata dos industrias específicas que se desarrollan en La Araucanía2 con graves efectos en sus poblaciones y medio ambiente –la forestal y la acuícola–, y finalmente los espacios de participación que los pueblos indígenas tienen en estos casos.

6A partir de lo anterior, plantea que la opinión de los pueblos originarios debe ser fundamental en la toma de decisiones al respecto, pues su acceso a sus territorios ancestrales influye en buena medida en su situación socioeconómica y en el cuidado del medio ambiente.

I. Las raíces del conflicto: usurpación sistemática y legal de territorios indígenas

  • 3 Los parlamentos eran grandes reuniones entre representantes indígenas y españoles, en los que se po (...)

7Al llegar los españoles a América en el siglo XVI, los mapuche ocupaban un territorio bastante amplio, y comenzaban a dedicarse a una incipiente agricultura y a la ganadería, por lo que su sociedad “se desarrolló en la abundancia” (Marimán, 57). Los primeros enfrentamientos entre conquistadores e indígenas dibujaron un límite territorial entre ambos: el río Bío-Bío. Tras innumerables batallas, se firmó la paz en el Parlamento de Quilín en 1641, donde el Rey de España reconocía esta frontera, las autoridades indígenas y su independencia, se establecía el libre comercio en la frontera, y se sellaba la alianza entre los mapuche y la Corona.3 Esto se mantuvo hasta 1881, pues todos los parlamentos posteriores tuvieron estos puntos como base (Casanova 1989, 100 y ss.). De ese modo, se constituyó el territorio mapuche como un espacio que no pertenecía a la Capitanía General de Chile. Esto ha sido discutido por Villalobos (1982), que afirma que los españoles reconocían su libertad, pero que es una exageración pensar que se les reconocía como “naciones” y a sus representantes como embajadores, aunque se les nombrara así, pues era probablemente para mantenerlos tranquilos. Además, al no constituir los mapuche un Estado, no podrían considerarse como tratados (Villalobos 2013, 171-172).

  • 4 Palabra con la que los mapuche se refieren a los no mapuche.

8Las relaciones comerciales entre españoles y mapuche dieron lugar a una vida fronteriza activa y pacífica, interrumpida sólo por algunos levantamientos que se solucionaban mediante dichos parlamentos. Por tanto, la postura inicial del winka4 hacia el mapuche fue de inclusión. Este discurso permaneció a comienzos del siglo XIX en los planteamientos criollos independentistas que rechazaban el legado de España y, en cambio, resaltaban los anhelos libertarios y el patriotismo de los indígenas (Casanova 1999, 23). Sin embargo, en la segunda mitad de la centuria, la sociedad chilena cambió a una política de exclusión en lo que se conoce con el eufemismo de “Pacificación de La Araucanía”, que no es más que la conquista del territorio mapuche.

9El inicio de la usurpación sistemática de territorios indígenas puede situarse en 1883, cuando se dio operación a la Comisión Radicadora de Indígenas. Ésta debía ubicarles en espacios delimitados para colonizar el resto de la zona. Cada “comunidad reduccional” adquiría “Títulos de Merced” por las propiedades en que se le radicaba, pero de las 10 millones de hectáreas que España había reconocido como territorio mapuche en los parlamentos (Marimán, 116), se entregaron sólo 536 mil hectáreas a 150 mil nativos, dejando a muchos sin tierra.

10Este proceso despojó al pueblo mapuche de un elemento central de su cultura y principal fuente de sustento, pues la agricultura ha sido históricamente eje de la economía mapuche. Al reducirse el tamaño de sus tierras, tuvo que cambiar sus hábitos alimentarios y productivos, pasando de ser una sociedad agrícola a un conjunto de campesinos pobres dedicados a la pequeña ganadería y cultivos de subsistencia. Se trató de una “política de acorralamiento espacial” del mapuche (Marimán, 120), que tuvo para él dos efectos gravísimos: el fin de su riqueza territorial y bonanza económica, y la fragmentación de su sociedad en pequeñas unidades (Foerster y Montecino, 13).

  • 5 El autor publicó en diversos formatos estas ideas desde el año 2000 (cartas al diario El Mercurio, (...)

11Villalobos tiene nuevamente una visión distinta de estos procesos: a su juicio los mapuche colaboraron en su propia dominación, al ceder o vender parte de sus tierras, acomodarse a la nueva situación y recibir las ventajas de una cultura superior.5

12En 1930 se eliminó la Comisión Radicadora pero se crearon los “Juzgados de Indios”, tribunales encargados de dividir las comunidades indígenas, que funcionaron hasta 1973. Su obra significó la casi total desintegración del pueblo mapuche, dividiendo sus comunidades en numerosas propiedades pequeñas. Entre 1961 y 1971, los indígenas presentaron 1.434 demandas por restitución de tierras, pero los juzgados fallaron a favor de ellos en sólo 352 casos, devolviéndoles apenas 3.380 hectáreas (Hernández, 186).

13En 1962 se aprobó una Reforma Agraria, pero ésta no implicó una disolución real de los latifundios: surgieron sólo 491 propietarios en Chile en los dos años que estuvo en vigor, y los pocos terrenos recuperados se destinaron a indígenas damnificados por el terremoto de 1960 (Correa, Molina y Yáñez, 234-235), pero no para restituir propiedades indígenas.

  • 6 COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS INDÍGENAS. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Tr (...)

14En 1967 una Nueva Reforma Agraria buscó mejorar el nivel de vida de los campesinos en general, obviando el factor étnico. Sin embargo, desde 1970 Salvador Allende la utilizó para aumentar la restitución de tierras mapuche mediante la expropiación. A esto contribuyó la Ley Indígena 17.729, que pretendía garantizar la tenencia de la tierra mapuche mediante su inembargabilidad, la prohibición de venderlas a personas que no fueran indígenas, empresas estatales o cooperativas, y establecía la “comunidad indígena indivisa”, requiriendo el acuerdo de todos los miembros de la comunidad para solicitar su división. Era la primera vez que el Estado diseñaba una legislación específica para devolver las tierras usurpadas a los nativos, y con ella se restituyeron 132.115,78 hectáreas a las comunidades mapuche, incluyendo tierras con títulos de merced y territorios ancestrales.6

15Este “paréntesis en el proceso de apropiación del territorio mapuche” (Aylwin, 280) se vio interrumpido en 1973 por la dictadura de Augusto Pinochet, que reprimió duramente al pueblo mapuche, persiguió a sus dirigentes, y retrocedió en la restitución territorial, volviendo a una política de usurpación.

  • 7 El Censo del 2017 muestra que en la Región Metropolitana viven 614.881 mapuche, mientras son sólo 3 (...)

16Como resultado de este despojo sistemático de territorios indígenas, el 30,2% de los mapuche vive hoy en situación de pobreza (CASEN 2017), “una ‘pobreza obligada’ en la que el Estado tuvo la total responsabilidad” (Bengoa 2012a, 78). La cifra ha disminuido, pero sigue siendo superior a la de la población no indígena (19,7%), sin que esa brecha se reduzca. Como luego se explicará, esto también se debe al uso que el Estado ha dado a estas tierras, fomentando actividades extractivas que las dañan, perjudican la pequeña agricultura y no generan ganancias económicas para la región, pues las empresas que las desarrollan no tributan en ella sino en la localidad de su casa matriz, que generalmente es Santiago. Esto ha motivado la emigración mapuche de La Araucanía, especialmente a Argentina (Pinto, 158-161) y a las grandes ciudades chilenas: según el último censo, la mayor parte de la población mapuche se concentra en la Región Metropolitana, casi doblando la población de la IXª Región.7

17La vuelta a la democracia en 1990 trajo cierta esperanza a los pueblos originarios, pues el Estado se comprometió a reconocerles constitucionalmente y garantizarles protección. Sin embargo, obvió asuntos complejos como la autonomía territorial, y se centró en planes de desarrollo local, donaciones, subsidios y recursos en general (Bengoa y Caniguan, 28). Desde entonces ha habido avances en el tema, pero las instituciones no han solucionado las demandas mapuche, mostrando falta de voluntad política y distanciando a las partes.

18Detrás de las posiciones antagónicas en este conflicto, hay una lucha por el territorio, en la que no sólo se contraponen intereses económicos sino dos cosmovisiones radicalmente opuestas, que se distinguen en primer lugar por su relación con la naturaleza. A diferencia del Estado, para los indígenas el territorio no se reduce sólo a la tierra física sino que corresponde a una idea amplia de cosmos, que engloba todo su ambiente de modo integral: tierra, agua, subsuelo, bosques, riberas, recursos naturales, lugares sagrados, etc.

II. Demandas territoriales: visiones antagónicas en relación con el medio ambiente

19Las demandas territoriales de los mapuche deben entenderse dentro de su anhelo de autonomía política; éste obedece a su afán por subsistir como colectivo, pues “[e]l objetivo de la autonomía no es un fin en sí mismo, sino el medio que les proporcionaría los recursos para preservar su identidad cultural como pueblo” (Araya, 415).

20El territorio es esencial para la existencia de estas comunidades, por la fuerte dependencia que su economía tiene de sus recursos naturales. Para el mapuche, ésta tiene un sentido comunitario y se desarrolla en armonía con la naturaleza: “siembra y cosecha lo estrictamente necesario, con el objetivo de permitir a sus tierras desgastadas un descanso y renovación” (Araya, 175). El modelo económico capitalista del Estado de Chile, se basa en la explotación de recursos naturales y en un concepto de propiedad muy distinto del indígena. Primero, por su visión individualista, opuesta a la propiedad colectiva. Además, jurídicamente se desvincularon los elementos propios del territorio, que para el mapuche son partes indivisibles de su medio ambiente: el sistema legal separa el suelo de las aguas y los recursos naturales, estableciendo regímenes jurídicos distintos para cada uno. Así, la protección de los territorios mapuche bajo la Ley Indígena 19.253 sólo incluye el suelo, quedando los demás recursos regulados por la Constitución, el Código de Aguas, la Ley de Pesca, el Código de Minería, etc.

21Por lo tanto, cuando el mapuche reclama por su tierra no es sólo en sentido material, sino en pos de la defensa de su cultura, del espacio donde se desarrolla su vida como comunidad: defender sus territorios ancestrales frente a la expansión de empresas forestales, hidroeléctricas y salmoneras, no responde sólo a una postura política sino a un asunto de supervivencia (Rojas y Miranda, 53).

III. El rol de la industria forestal

22La profunda contradicción entre las visiones mapuche y chilena de la naturaleza y la economía, se manifiesta claramente en el conflicto entre comunidades indígenas y empresas forestales en La Araucanía, en torno a territorios ancestrales de las primeras, hoy en propiedad de las segundas.

23Dicha región tiene condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de proyectos industriales como los forestales y las pisciculturas, que alteran significativamente las condiciones de vida de las comunidades que habitan en las cercanías. En el centro-sur de Chile, por ejemplo, las plantaciones forestales:

“han introducido importantes perturbaciones sobre los sistemas territoriales; sobre los procesos ambientales naturales en general, y en particular sobre sus componentes hídricos, climas locales, suelos y biodiversidad, que han sido severamente afectados con los cambios dramáticos experimentados por la ecología de los paisajes forestados” (Romero y Órdenes, 16).

  • 8 Entre 1979 y 2000, el 40,1% del aumento de las plantaciones forestales se desarrolló sobre terrenos (...)
  • 9 Entre 1973 y 2011 se perdió el 19% de bosque nativo en Chile. La principal causa de esto sería la c (...)

24Esta actividad ha generado gran contaminación y deterioro de los suelos, debido a su amplio uso de pesticidas8 y a su sustitución del bosque nativo por monocultivos de especies exóticas,9 que implican:

  • 10 Junto con esto, “[l]a homogeneidad de las plantaciones obstruye el sol e impide la formación de hum (...)
  • 11 Las empresas forestales prefieren estas especies foráneas en lugar de las nativas porque crecen más (...)

“un consumo intensivo de agua,10 acidificación de los suelos y agotamiento de nutrientes,11 lo cual dificulta la convivencia con otras actividades productivas propias de la zona (como el turismo y la agricultura familiar), afectando la subsistencia de las comunidades campesinas e indígenas” (Aedo y Larraín, 6).

25Por todo esto, un elemento fundamental dentro del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido la expansión forestal hacia La Araucanía, desde principios de la dictadura de Pinochet, cuyo Decreto Ley 701 de 1974, quiso promover el desarrollo industrial por medio de las empresas papeleras, incentivando la forestación a través de la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptos, la cual aprovecharon especialmente las dos empresas más grandes del rubro: la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y Celulosa Arauco. Esta actividad dañó significativamente el medio ambiente y las condiciones sociales de las comunidades aledañas; la mayoría, mapuche que reclama sus derechos sobre esos territorios. A pesar de ello, la validez del Decreto fue extendida varias veces hasta que el 2015, al estallar un escándalo por colusión de precios de estas mismas empresas, se congeló el Proyecto de Ley que la ampliaba nuevamente, y luego se anunció otro –aún en trámite– que establece beneficios sólo para los pequeños y medianos empresarios forestales, excluyendo a ambas compañías mencionadas.

26El desarrollo de esta industria se ha basado en forestar sobre tierra desertificada, eliminando todo tipo de maleza y animales que puedan comerse los brotes –conejos, por ejemplo–, para plantar una densísima población de árboles que no son endémicos y que necesitan mucha agua, por lo que los campos colindantes se secan y se perjudica la agricultura. Estos problemas afectan a casi toda La Araucanía, quedando las comunidades mapuche rodeadas de plantaciones forestales, con su entorno medioambiental destruido y desprovisto de los recursos naturales de los que ellas dependen (Aedo y Larraín, 25-26). De ahí su empobrecimiento y forzado traslado de la zona: “la industria forestal ha marchado de la mano con la pobreza de las comunidades campesinas de los alrededores, obligando a parte de su población a emigrar a otros lugares” (Pinto, 167).

27Es un sistema diseñado para espacios desertificados, por lo que imposibilita –o al menos dificulta– el establecimiento de comunidades humanas. De ese modo, puede verse en La Araucanía un progresivo descenso de la población: su crecimiento ha sido menor que en el resto del país, lo que se explica porque “la economía no brindó en los últimos 40 años oportunidades muy interesantes a los pobladores de la región” (Pinto, 164).

28Por otro lado, los pueblos indígenas no dependen sólo económicamente del territorio y sus recursos, sino también de forma espiritual:

“La pérdida de biodiversidad atenta contra su patrimonio cultural, puesto que muchas actividades rituales y de sanación dependen de plantas y hierbas autóctonas, las cuales a raíz del deterioro ambiental, han desparecido o se encuentran con mucha dificultad” (Aedo y Larraín, 26).

29Por tanto, el modo en que la industria forestal se ha desarrollado en la zona es incompatible con la propia existencia del pueblo mapuche. No se trata sólo de intereses contrapuestos sino de la “contradicción entre un modelo de expansión forestal en el sur de Chile y la supervivencia de las comunidades humanas, en particular las mapuche” (Bengoa 2012b, 162).

IV. La industria salmonera y la desprotección del pueblo lafkenche frente a ella

30La acuicultura es otra actividad que se ha desarrollado en territorio ancestral indígena en Chile –que, como se ha dicho, comprende también las aguas–, y que daña al medio ambiente y las comunidades aledañas.

31La producción de salmones implica el uso excesivo de antibióticos y desinfectantes que afectan negativamente a los ecosistemas en que se ubican las piscinas. En Chile no está controlado el uso de antibióticos en la acuicultura, y se usa en mucho mayor medida que en Noruega (Cabello, 1002). El problema es que las jaulas de cultivo están rodeadas de ambientes con peces autóctonos que pueden alimentarse de lo que no consumieron los peces exóticos de las piscinas, así como de sus heces. Estos peces silvestres –también de consumo humano– pueden así estar contaminados con residuos de antibióticos. Esto probablemente ha generado resistencia bacteriana a los antibióticos, lo que no sólo es un problema biológico sino también “médico, social, económico y ético dado que las infecciones producidas por esas bacterias resistentes a los antibióticos tienen mayor morbilidad y mortalidad” (Cabello 1002). El consumo humano de carne contaminada con antibióticos puede alterar la flora normal del tracto digestivo, llevando a infecciones como la salmonella, y también producir fenómenos tóxicos y alérgicos difíciles de diagnosticar (Fortt y Buschmann, 11). Asimismo, el personal que trabaja en la industria acuícola, sus familias y sus comunidades en general, pueden verse seriamente afectadas por esto.

32Además, la introducción masiva de nutrientes y desechos al ecosistema producen un aumento descontrolado de algas. Por último, los salmones que escapan de las jaulas son depredadores de especies nativas que de ese modo pueden verse aún más disminuidas, alterando los ecosistemas marinos locales (Camus y Jaksic).

  • 12 Lafkenche es una palabra mapuche formada a partir de lafken –mar– y che –gente–: significa pueblo d (...)

33En este contexto, cabe hacer referencia al pueblo mapuche lafkenche en Chile y los conflictos surgidos por la administración del espacio costero en las zonas que habitan.12 Sus principales actividades económicas son la recolección de invertebrados marinos y algas, la pesca de orilla, actividades agropecuarias y la caza de lobos marinos. Sus miembros se organizan en función del mar, e incluso conocen los límites de cada una de sus comunidades en la tierra y en la playa, de acuerdo con criterios y mecanismos tradicionales y elementos de la naturaleza. Por esto, no sólo reivindican sus derechos sobre la tierra sino también sobre el agua con la que se relacionan: su espacio costero ancestral. Evidentemente, esto choca con los intereses de las empresas acuícolas que tienen presencia significativa en la zona.

34La Ley 20.249 o “Ley Lafkenche” creó el espacio costero marino de los pueblos originarios, definiéndolo como: “espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio.” (Artículo 2.e)

35Sin embargo, dispone inmediatamente su limitación:

“Serán susceptibles de ser declarados como espacio costero los bienes comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia y administración del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, de conformidad con el artículo 1º del Decreto con fuerza de Ley nº 340 de 1960, del Ministerio de Hacienda sobre Concesiones Marítimas, o la norma que lo reemplace.” (Artículo 2.f)

36Según este Decreto, el borde costero cubre sólo 80 metros de playa desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral. Por supuesto, los lafkenche no consideran que un espacio tan delimitado, sea equivalente al que ellos han ocupado tradicionalmente y del que han hecho uso consuetudinario. La visión detrás de la Ley 20.249, por tanto, no corresponde a la concepción indígena de territorio. De hecho, la normativa nunca menciona el término “territorio indígena”, sino que se refiere al “espacio marino” y los “bienes” que comprende.

37El espacio costero marino de pueblos originarios está delimitado en el artículo 4 de la “Ley Lafkenche”, donde se determina que depende de “la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario realizado en él, de conformidad con el artículo 6º.” Este último define el uso consuetudinario como:

“las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura.”

  • 13 Creado por la Ley Indígena de 1993, es el organismo público encargado de promover, coordinar y ejec (...)

38Finalmente, el Decreto 134 –que aprueba el reglamento de la Ley 20.249– establece que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)13 decide si esas conductas constituyen uso consuetudinario (artículo 3). Es decir, no son las comunidades mismas las que determinan la categorización de sus propias prácticas colectivas habituales.

39Este reglamento presenta también requisitos y condiciones bastante exigentes sobre el plan de administración y manejo (artículos 9 y 10), y aclara que las actividades en el espacio costero marino deben realizarse siempre de acuerdo con las normativas sectoriales vigentes, elaboradas sin considerar a los pueblos indígenas.

40Por estos motivos, puede afirmarse que las disposiciones de este sistema:

“no tienen en cuenta el carácter específico del pueblo mapuche-lafkenche, su modelo de organización, su enfoque territorial, no aplican las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, tampoco se ajustan a las recomendaciones de los organismos internacionales” (Zelada y Park, 58).

41Sobre dicho tratado ampliaremos en el punto siguiente.

V. La (no)participación de los pueblos indígenas en asuntos que les afectan: legislación sobre consulta previa

42El pueblo mapuche también reclama el ejercicio de su derecho a la participación efectiva, para influir en las decisiones que se toman con respecto a su organización política, social, su educación, su economía y especialmente sus territorios.

43Piedra angular del Convenio 169 de la OIT, la consulta previa es un modo de hacer efectivo ese derecho a la participación, pues es el derecho de las comunidades indígenas a ser escuchadas antes de que se tome una medida que les afecte directamente. También deriva de su derecho a la autodeterminación, pues es la manera en que pueden determinar su modelo de desarrollo. Además, responde a sus derechos territoriales y la protección de su ambiente, con el cual tienen una relación muy especial.

  • 14 Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuando se trata de proyectos de gran (...)

44Los instrumentos internacionales sólo obligan a los Estados a considerar la opinión de los pueblos originarios vertida en la consulta, pero no necesariamente a obedecerla. Sin embargo, “[a]unque se ha entendido tradicionalmente que el derecho a consulta no implica un derecho a veto por parte de los pueblos interesados, lo cierto es que el derecho internacional está avanzando en esa dirección” (Sanhueza et al., 82).14

45En Chile, la participación indígena está garantizada en el artículo 34 de la Ley 19.253, y se regula a través del Decreto 66, que aprueba el reglamento sobre consulta previa. Éste ha sido criticado por algunos asuntos.

46En primer lugar, su artículo 3 señala:

El órgano responsable deberá realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar el acuerdo o el consentimiento de los pueblos afectados, dando cumplimiento a los principios de la consulta a través del procedimiento establecido en este reglamento. Bajo estas condiciones, se tendrá por cumplido el deber de consulta, aun cuando no resulte posible alcanzar dicho objetivo.”

47Contrario a la tendencia señalada, esta disposición enfatiza que el deber está cumplido aún sin llegar a buen puerto, destacando que es sólo una obligación de procedimiento, pero no de resultado.

48También se ha criticado la poca relevancia que el Decreto 66 da a las instituciones indígenas dentro del proceso (Astudillo, 144-147), pues el artículo 12 establece que el responsable de éste es el órgano del Estado que vaya a adoptar la medida sobre la que se consulta. Es decir, la coordinación y ejecución del procedimiento no están en manos de las instituciones indígenas.

49Por último, el artículo 2 define “consulta” como:

“un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas que se materializa a través de un procedimiento apropiado y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y que debe realizarse de conformidad con los principios recogidos en el Título II del presente reglamento.”

50Esta definición restringe la aplicación del procedimiento sólo a “medidas legislativas o administrativas” que afecten directamente a los pueblos originarios, omitiendo los casos de proyectos de inversión; éstos se derivan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Tampoco aplica el procedimiento en relación con sus derechos territoriales, cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los vincula estrechamente con el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios, porque si su derecho de propiedad se ve restringido en pos de un proyecto industrial, el Estado debe garantizar su participación y que obtenga una compensación equitativa razonable. La consulta previa se entiende también dentro de un balance posible entre estrategias nacionales de desarrollo económico y los efectos negativos de las actividades extractivas sobre el medio ambiente, en base a la idea de sustentabilidad y al enfoque de derechos humanos aplicado al desarrollo (Tramontana, 259-260).

VI. La (no)participación de los pueblos indígenas en los proyectos industriales que les afectan: la legislación ambiental

51Como se adelantó, si un proyecto de inversión afecta a un pueblo originario y se relaciona con la explotación de recursos naturales, se deriva al SEIA. El marco jurídico de la consulta indígena en este ámbito, lo da la Ley 19.300 de 1994, modificada por la Ley 20.417 de 2010 y regulada por el reglamento de dicho Sistema según el Decreto Supremo 40 de 2012.

52La Ley 19.300 establece un procedimiento para evaluar un proyecto de inversión, que depende del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Éste debe determinar, en base a un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, si el impacto ambiental del proyecto en cuestión se ajusta a la legislación vigente o no. El Estudio sólo se requiere si un proyecto implica reasentamiento de comunidades humanas, riesgo para la salud de la población o alteración significativa de sus sistemas de vida. De lo contrario, ingresa como Declaración, que prevé una instancia de participación ciudadana, pero bajo ciertos requisitos formales: ser solicitada por escrito y dentro de diez días desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial, por mínimo dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o diez personas naturales afectadas directamente, y siempre que el proyecto genere cargas ambientales para las comunidades próximas. Estas exigencias más parecen simples trabas a la participación. De hecho, ante los estándares del Convenio 169 de la OIT, la sola distinción entre Estudio y Declaración carece de sentido, “en tanto aquellos obligan a realizar consulta cada vez que se prevean medidas que afecten directamente a pueblos indígenas” (Sanhueza et al., 39).

53El Decreto 40 determina las normas que debe cumplir una consulta indígena en estos casos, pero no da a las comunidades nativas ningún tipo de participación en el diseño ni en el desarrollo del procedimiento, que está a cargo del SEA, al cual el artículo 85 ordena:

diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas, de modo que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental.

54La disposición menciona elementos significativos –la buena fe, la consideración de los mecanismos indígenas y la influencia que se les debe facilitar en el proceso–, pero en la práctica la garantía de su participación no pasa de eso: que puedan incidir en las decisiones que les afectan, pero no que puedan decidir.

55El artículo 27 del Decreto también ordena al SEA considerar los mecanismos de toma de decisiones, las costumbres y estructuras organizativas de los pueblos originarios, así como reunirse con ellos para saber sus opiniones, las cuales también debe considerar en su pronunciamiento. Sin embargo, no le obliga a regirse por ellos, y así el resultado del procedimiento no es vinculante. De hecho, el artículo 85 de la normativa recuerda que el proceso de consulta debe realizarse con miras a lograr un acuerdo o el consentimiento de las comunidades indígenas, pero aclara que “el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta.”

  • 15 Arnstein propone una tipología de ocho niveles de participación, según el grado de poder ciudadano (...)

56Lo cierto es que la Ley 19.300 y el Decreto 40 obedecen a una perspectiva que entiende la participación ciudadana como un trámite de información y un espacio de expresión de las poblaciones afectadas por un proyecto de inversión. El artículo 82 del Decreto lo demuestra, pues al referirse a los objetivos de la participación, señala que ésta “comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas.” Es decir, procedimientos que no trascienden los niveles más elementales de la participación en la escala propuesta por Arnstein.15

57El Decreto 40 presenta otros elementos que debilitan la consulta indígena. Por ejemplo, su artículo 84 permite al SEA derivar esta obligación al privado, pues puede:

“solicitar al titular informar a la comunidad sobre las características del proyecto o actividad, sus impactos, las medidas propuestas para mitigarlos, repararlos y compensarlos, cuando corresponda, así como cualquiera otra medida de carácter ambiental que se proponga.”

58Esto disminuye la carga de responsabilidad del Estado en el ejercicio de la participación, cuando según los estándares internacionales el Estado “no puede delegar en los privados el deber jurídico de instaurar mecanismos para la consulta” (Sanhueza et al., 53).

59Por otro lado, mientras el Derecho Internacional insiste en que la consulta debe realizarse en las primeras etapas del proyecto, su artículo 84 sólo dice que “[e]stas actividades deberán realizarse oportunamente”, lo que puede interpretarse de modos muy distintos.

60Además, cuando se trata de proyectos de afectación indirecta o de bajo impacto ambiental, el Decreto establece una instancia de diálogo con las comunidades indígenas afectadas en su artículo 86. Estas reuniones están siempre a cargo del SEA y su objetivo es simplemente conocer y analizar su opinión.

61Como se observa, el proceso con el cual la legislación chilena pretende garantizar el derecho a la consulta previa de sus pueblos originarios, no cumple satisfactoriamente lo que ordena el Convenio 169. Lo más relevante es que esta participación no tiene mayores efectos en la práctica, pudiendo ignorarse fácilmente la opinión de las comunidades nativas afectadas.

  • 16 El Consorcio Norte-Sur fue fundado el 2009 por académicos del Centro de Derechos Humanos de la Univ (...)
  • 17 Las reuniones estuvieron generalmente a cargo de las empresas, cuyos representantes resaltaban los (...)

62Un buen ejemplo de lo anterior es la investigación realizada entre 2010 y 2012 por el Consorcio Norte-Sur en Derechos Humanos,16 acerca de la aplicación de la normativa internacional sobre consulta indígena en Chile, cuyos resultados se analizan en la obra No nos toman en cuenta. Se estudiaron varios proyectos de piscicultura en La Araucanía, que evidencian varias falencias en el ejercicio de la consulta indígena: la poca antelación con que se realizó, la escasa garantía de que fuera realmente informada,17 la ausencia de asistencia técnica independiente para las comunidades, etc. Es decir:

“el simple suministro de información a través de reuniones de socialización fue el único medio utilizado por el Estado y las empresas privadas para poner en práctica los procedimientos de ‘consulta’. Este es un ejemplo paradigmático del modelo de ‘socialización’ que rechazan la OIT y otras fuentes internacionales” (Sanhueza et al., 166).

  • 18 “Instead of genuine citizen participation, the bottom rung of the ladder signifies the distortion o (...)

63Las características de este sistema de participación concuerdan con las que Arnstein atribuye a su nivel más básico –la manipulación–, donde se dan espacios a los ciudadanos en organismos de consulta meramente formales para “educarles” o manipular su apoyo. No sería genuina participación sino “la distorsión de la participación en un vehículo de relaciones públicas de quienes detentan el poder” (Arnstein, 218).18

64Por tanto, la implementación chilena de la obligación internacional de consultar a los pueblos indígenas si un proyecto de inversión les afecta, es mediante una legislación indirecta –sobre medio ambiente, poco coactiva y aplicada de modo ineficiente.

Conclusiones

65La usurpación histórica de los territorios ancestrales del pueblo mapuche ha tenido dos consecuencias negativas para Chile: ha destinado a su comunidad nativa más numerosa a la pobreza, y parte importante de esos territorios están hoy en manos de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, lo que ha significado perjuicios para los asentamientos aledaños y graves daños al medio ambiente.

66El Derecho internacional ordena consultar a los pueblos originarios toda vez que una medida vaya a afectarles directamente, pero Chile ha estado muy por debajo de esos estándares. Esto es doblemente preocupante cuando son medidas que afectan sus territorios, pues está en juego también la conservación del medio ambiente. Debido a la especial relación de los mapuche con su territorio, la opinión que tengan sobre su administración es fundamental. No obstante, en la legislación chilena no sólo falta reconocer sus derechos territoriales, sino también la garantía de su participación efectiva cuando estos espacios sean afectados.

67El modelo extractivo que ha fomentado el Estado es incompatible con dos intereses esenciales de una sociedad democrática como la chilena: primero, con la protección de su patrimonio natural; además, al amenazar la preservación de la cultura y el pueblo mapuche, amenaza la diversidad del país. Urge, por tanto, diseñar un modelo distinto, que incluya la participación efectiva de las comunidades nativas en la administración de sus territorios ancestrales. De ese modo, Chile se acercaría al cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a los derechos indígenas, por un lado, y se orientaría de mejor manera a la protección de su medio ambiente. Esto debería repercutir también en una mejora de las condiciones de vida del pueblo mapuche, lo que se reflejaría en menores índices de pobreza y desigualdad.

Haut de page

Bibliographie

AEDO, María Paz y Sara LARRAÍN. Impactos ambientales en Chile: desafíos para la sustentabilidad. Santiago de Chile: LOM y Programa Chile Sustentable, 2004.

AGUAYO, Mauricio, Aníbal PAUCHARD, Gerardo AZÓCAR y Óscar PARRA. «Cambio del uso del suelo en el centro sur de Chile a fines del siglo XX. Entendiendo la dinámica espacial y temporal del paisaje». Revista Chilena de Historia Natural. 2009, nº 82, 361-374.

ARAYA, Jorge. El reconocimiento del pueblo mapuche como superación del conflicto interétnico con el Estado de Chile: propuesta para una ciudadanía intercultural. Tesis: Filosofía. Valencia: Universidad de Valencia, 2013.

ARNSTEIN, Sherry R. «A ladder of citizen participation». Journal of the American Institute of Planners. 2007, vol. 35, nº 4, 216-224.

ASTUDILLO, Luis. «¿Cumple Chile los estándares internacionales en materia de consulta a los pueblos indígenas? (Una breve revisión a los D.S. Nº 66 del Ministerio de Desarrollo Social y Nº 40 del Ministerio del Medio Ambiente)». Estudios Constitucionales. 2017, año 15, nº 1, 129-152.

AYLWIN, José. «La política pública y el derecho de los mapuche a la tierra y el territorio». En AYLWIN, José (ed.). Derechos humanos y pueblos indígenas: tendencias internacionales y contexto chileno. Temuco: Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, 2004, 279-291.

BENGOA, José. Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX. Santiago de Chile: LOM, 2008 [2000, 7ª edición corregida].

BENGOA, José. «La agricultura y la población mapuche». En BENGOA, José (ed.). Mapuche. Procesos, políticas y culturas en el Chile del Bicentenario. Santiago de Chile: Catalonia, 2012a, 75-111.

BENGOA, José. «Leones, bosques y comunidades». En BENGOA, José (ed.). Mapuche. Procesos, políticas y culturas en el Chile del Bicentenario. Santiago de Chile: Catalonia, 2012b, 153-162.

BENGOA, José y Natalia CANIGUAN. «Los mapuche y el Bicentenario». En BENGOA, José (ed.). Mapuche. Procesos, políticas y culturas en el Chile del Bicentenario. Santiago de Chile: Catalonia, 2012, 27-51.

CABELLO, Felipe, «Antibióticos y acuicultura en Chile: consecuencias para la salud humana y animal». Revista Médica de Chile. 2004, nº 132, 1001-1004.

CAMUS, Pablo y Fabián JAKSIC. Piscicultura en Chile. Entre la productividad y el deterioro ambiental. 1856-2008. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009.

CARMONA, Rosario. «Pueblo mapuche, Estado y explotación forestal. Extractivismo y desigualdad en un conflicto socio-ambiental de larga data en Chile». En DELGADO, Manuel y Aline LARA (Coords.). Congreso El extractivismo en América Latina. Dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2017, 260-276.

CASANOVA, Holdenis. Las rebeliones araucanas del siglo XVIII. Mito y realidad. Temuco: Ediciones Universidad de La Frontera, 1989.

CASANOVA, Holdenis. «Entre la ideología y la realidad: la inclusión de los mapuche en la nación chilena (1810-1830)». Revista de Historia Indígena. 1999, nº 4, 9-48.

CASTRO, Paulo. «Aproximación a la identidad lafkenche». Perifèria. 2005, nº 2, 70-100.

CORREA, Martín, Raúl MOLINA y Nancy YÁÑEZ. «La Reforma Agraria y las tierras mapuches». América Latina. Revista del Doctorado en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas. 2002, 2º semestre, 223-265.

FOERSTER, Rolf y Sonia MONTECINO. Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900-1970). Santiago de Chile: Centro de Estudios de la Mujer, 1988.

FORTT, Alejandra y BUSCHMANN, Alejandro. «Uso y abuso de antibióticos en la almonicultura». Oceana, documento 3. 2006. Disponible en https://chile.oceana.org/sites/default/files/reports/Uso_antibioticos_en_la_salmonicultura.pdf [Consultado el 30 abril 2019].

GÓMEZ DEL PRADO, José Luis, Pueblos indígenas. Normas internacionales y marcos nacionales, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos nº 21, Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, p. 10.).

HERNÁNDEZ, Isabel. Autonomía o ciudadanía incompleta: el pueblo mapuche en Chile y Argentina. Santiago de Chile: Pehuén, 2003.

MARIMÁN, Pablo. «Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina». En MARIMÁN, Pablo, Sergio CANIUQUEO, Rodrigo LEVIL y José MILLALEN. ¡…Escucha, winka…! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. Santiago de Chile: LOM, 2006, 53-125.

MIRANDA, Alejandro, Adison ALTAMIRANO, Luis CAYUELA, Antonio LARA y Mauro GONZÁLEZ. «Native forest loss in the Chilean biodiversity hotspot: revealing the evidence». Regional Environmental Change. 2017, vol. 17, nº 1, 285-297.

OTAVO, Samuel y Cristian ECHEVERRÍA. «Fragmentación progresiva y pérdida de hábitat de bosques naturales en uno de los hotspots mundiales de biodiversidad». Revista Mexicana de Biodiversidad. 2017, nº 88, 924-935.

PINTO, Jorge. La población de La Araucanía en el siglo XX. Crecimiento y distribución espacial. Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera, 2009.

ROJAS, Nicolás y Omar MIRANDA. «Dinámica sociopolítica del conflicto y la violencia en territorio mapuche. Particularidades históricas de un nuevo ciclo en las relaciones contenciosas». Revista de Sociología. 2015, nº 30, 33-69.

ROMERO, Hugo y Fernando ÓRDENES. «El impacto de la forestación y la necesidad de la evaluación ambiental estratégica en el desarrollo territorial del sur de Chile: el caso de Collipulli». Tiempo y espacio. 2003, nº 13, 15-33.

SANHUEZA, Cristián, Daniel SABER, James CAVALLARO, Jorge CONTESSE, y César RODRÍGUEZ. No nos toman en cuenta: pueblos indígenas y consulta previa en las pisciculturas de la Araucanía. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

TORRES-SALINAS, Robinson et al. «Desarrollo forestal, escasez hídrica, y la protesta social mapuche por la justicia ambiental en Chile». Ambiente & Sociedade. 2016, vol. XIX, nº 1, 121-146.

TRAMONTANA, Enzamaria. «The contribution of the Inter-American Human rights bodies to evolving International law on indigenous rights over lands and natural resources». International Journal on Minority and Group Rights. 2010, vol. 17, 241-263.

VILLALOBOS, Sergio. «Tres siglos y medio de vida fronteriza». En VILLALOBOS, Sergio, Carlos ALDUNATE, Horacio ZAPATER, Luz María MÉNDEZ y Carlos BASCUÑÁN. Relaciones fronterizas en la Araucanía. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1982, 9-64.

VILLALOBOS, Sergio. «Nuevas fantasías y errores en la historia de la Araucanía». Cuadernos de Historia. 2013, nº 38, 161-188.

VILLALOBOS, Sergio. La Araucanía. Historia y falsedades. Santiago de Chile: Universidad Bernardo O’Higgins, 2015.

ZELADA MUÑOZ, Sara y James PARK KEY. «Análisis crítico de la Ley Lafkenche (nº 20.249). El complejo contexto ideológico, jurídico, administrativo y social que dificulta su aplicación». Universum. 2013, vol. 28, nº 1, 47-72.

Documentos Estadísticos

ONU, Departamento de Información Pública. La situación de los pueblos indígenas en el mundo, DPI/2551, 2010. [Consultado el 30 abril 2019]. Disponible en <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-press-package-es.pdf>.

ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. State of the world’s indigenous peoples, vol. 2. United Nations Publications, 2015. [Consultado el 30 abril 2019]. Disponible en <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2015/sowip2volume-ac.pdf>.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). Situación de pobreza: síntesis de resultados. Santiago de Chile, 2017. [Consultado el 30 abril 2019]. Disponible en <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf>.

COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS INDÍGENAS. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Santiago de Chile, 2008. [Consultado el 30 abri 2019]. Disponible en <http://www.memoriachilena.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf>.

Legislación

Ley nº 17.729, de 15 de septiembre de 1972. Diario Oficial de la República de Chile nº 28.362, de 26 de septiembre de 1972, pp. 3.893-2.899.

Ley nº 19.253, de 28 de septiembre de 1993. Diario Oficial de la República de Chile nº 34.683, pp. 2-8.

Ley nº 19.300, de 1 de marzo de 1994. Diario Oficial de la República de Chile nº 34.810, de 9 de marzo de 1994, pp. 3-10.

Ley nº 20.249, de 31 de enero de 2008. Diario Oficial de la República de Chile nº 38.989, de 16 de febrero de 2008, pp. 3-4.

Ley nº 20.417, de 12 de enero de 2010. Diario Oficial de la República de Chile nº 29.527, de 26 de enero de 2010, pp. 3-15.

Decreto con Fuerza de Ley nº 340, de 5 de abril de 1960. Diario Oficial de la República de Chile nº 24.613, de 6 de abril de 1960, pp. 886-887.

Decreto Ley nº 701, de 15 de octubre de 1974. Diario Oficial de la República de Chile nº 28.988 A, de 24 de octubre de 1974, pp. 3.859-3.861.

Decreto nº 134, de 29 de agosto de 2008. Diario Oficial de la República de Chile nº 39.370, de 26 de mayo de 2009, pp. 8-10.

Decreto nº 124, de 4 de septiembre de 2009. Diario Oficial de la República de Chile nº 39.470, de 25 de septiembre de 2009, pp. 10-11.

Decreto nº 40, de 30 de octubre de 2012. Diario Oficial de la República de Chile nº 40.632, de 12 de agosto de 2013, cuerpo I, pp. 8-42.

Decreto nº 66, de 15 de noviembre de 2013. Diario Oficial de la República de Chile nº 40.798, de 4 de marzo de 2014, cuerpo I, pp. 2-5.

Haut de page

Annexe

Figura 1: Pueblos indígenas en Chile hacia 153519

Figura 1: Pueblos indígenas en Chile hacia 153519

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. Atlas geográfico para la educación. Santiago de Chile: IGM, 2007, 92.

Figura 2: Distribución de la población mapuche en Chile en la actualidad en porcentaje, y según región administrativa

Figura 2: Distribución de la población mapuche en Chile en la actualidad en porcentaje, y según región administrativa

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Censo de 2017 y sobre el mapa político-administrativo de Chile del INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. Atlas geográfico para la educación. Santiago de Chile: IGM, 2007, 109.

Haut de page

Notes

1 Salvo que se cite una obra donde se escriba “mapuches” en plural, escribimos mapuche en singular, aun si se refiere a una pluralidad de sujetos: es una palabra mapuche, y no se pluraliza según las reglas gramaticales del castellano. Por eso también va debidamente en cursiva.

2 El uso de la palabra “araucano” para denominar al mapuche proviene de la zona de Arauco, aparentemente por un río llamado Rauco, al sur de Concepción. Los mapuche que habitaban este sector se llamarían “raucos”, y los españoles les llamaron “Arauco” y “Araucanos”, extendiéndolo a todos los mapuche. Es, por tanto, un nombre castellano; ellos mismos se denominaban mapuche (Bengoa 2008, 22-23). La zona que ocupaban se denominó “La Araucanía”, y la IXª Región político-administrativa actual del país, donde se ha localizado tradicionalmente el pueblo mapuche, ha recibido el mismo nombre (ver Figura 1 en el anexo para su ubicación geográfica en el siglo XVI, y Figura 2 para la actual distribución de su población).

3 Los parlamentos eran grandes reuniones entre representantes indígenas y españoles, en los que se ponía fin a los conflictos entre ambos mediante acuerdos de paz.

4 Palabra con la que los mapuche se refieren a los no mapuche.

5 El autor publicó en diversos formatos estas ideas desde el año 2000 (cartas al diario El Mercurio, artículos científicos, columnas de opinión, etc.), y el 2015 las aunó, organizó y precisó en su libro La Araucanía. Historia y falsedades.

6 COMISIONADO PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS INDÍGENAS. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Santiago de Chile, 2008. El libro contiene una copia fiel del informe que el 2003 entregó dicha comisión al entonces presidente Ricardo Lagos Escobar. La fuente que utiliza el Informe para extraer estos datos corresponde a la sesión nº 35 de la Cámara de Diputados de Chile, del 14 de septiembre de 1971.

7 El Censo del 2017 muestra que en la Región Metropolitana viven 614.881 mapuche, mientras son sólo 314.174 los que se encuentran en la Araucanía. Estos datos no aparecen en la síntesis de resultados de dicho censo, pero se pueden obtener de su sitio electrónico, en https://resultados.censo2017.cl/Home/Download [consultado el 30 abril 2019]. Ahora bien, proporcionalmente la presencia mapuche sigue siendo más significativa en La Araucanía (32,8%) que en la Región Metropolitana (8,6%).

8 Entre 1979 y 2000, el 40,1% del aumento de las plantaciones forestales se desarrolló sobre terrenos agrícolas (Aguayo et al., 366), y en ellas se ha detectado dieldrín y lindano, plaguicidas organoclorados muy tóxicos, que incluso están prohibidos en el país como pesticidas (Aedo y Larraín, 26).

9 Entre 1973 y 2011 se perdió el 19% de bosque nativo en Chile. La principal causa de esto sería la conversión del bosque nativo a matorrales, pero en las zonas de mayor biodiversidad se trataría de su conversión en especies foráneas (Miranda et al.). En la Cordillera de Nahuelbuta –tramo de la Cordillera de la Costa que separa las regiones del Biobío y La Araucanía, y que tiene una alta diversidad–, entre 1989 y 2011 se perdió un 33,2% de bosque nativo, principalmente al ser reemplazado por plantaciones forestales (Otavo y Echeverría, 929). De hecho, el 21% del avance de las plantaciones forestales entre 1979 y 2000, se dio justamente en reemplazo del bosque nativo (Aguayo et al., 366-367).

10 Junto con esto, “[l]a homogeneidad de las plantaciones obstruye el sol e impide la formación de humus, por lo que el suelo se mantiene seco incluso en épocas húmedas” (Carmona, 269). La relación entre la industria forestal y la escasez hídrica ha sido analizada por Torres-Salinas et al., quienes afirman que la primera ha significado una importante degradación ambiental y social de las condiciones de vida de las familias mapuche que habitan en las cercanías de esas plantaciones.

11 Las empresas forestales prefieren estas especies foráneas en lugar de las nativas porque crecen más rápido. Lamentablemente, esto “inhibe la descomposición de nutrientes y el aporte a los suelos”, con lo que “se impide la regeneración de vegetación nativa o de cultivos y se incrementa la acidez de los suelos” (Carmona, 269). Esto mismo explica el mayor uso de pesticidas, pues los monocultivos son genéticamente más vulnerables a plagas e infecciones.

12 Lafkenche es una palabra mapuche formada a partir de lafken –mar– y che –gente–: significa pueblo de mar o pueblo costeño, y es una de las identidades que habita el Wallmapu (Castro, 71). Se ubican en la Cordillera de la Costa y en el litoral de las regiones del Bío-Bío y de La Araucanía, y de la provincia de Valdivia (Región de Los Ríos).

13 Creado por la Ley Indígena de 1993, es el organismo público encargado de promover, coordinar y ejecutar la política pública en materia de asuntos indígenas, incluyendo la de tierras indígenas.

14 Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuando se trata de proyectos de gran escala con mayor impacto en la comunidad, el Estado debe también obtener el consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo con sus tradiciones.

15 Arnstein propone una tipología de ocho niveles de participación, según el grado de poder ciudadano en la determinación del producto final. Los primeros dos –de “manipulación” y de “terapia”– son niveles que denomina de “no-participación”, y su objetivo real no sería permitir a las personas participar en la planificación o conducción de programas sino permitir a quienes detenten el poder, “educar” o “curar” a los participantes (Arnstein, 217).

16 El Consorcio Norte-Sur fue fundado el 2009 por académicos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en Chile. El 2012 se unió la Universidad de Stanford.

17 Las reuniones estuvieron generalmente a cargo de las empresas, cuyos representantes resaltaban los beneficios de sus proyectos y omitían información sobre sus posibles consecuencias negativas en salud y medio ambiente. A veces esa información era incluso engañosa, aprovechando la falta de oportunidades laborales y la pobreza de gran parte de esas comunidades.

18 “Instead of genuine citizen participation, the bottom rung of the ladder signifies the distortion of participation into a public relations vehicle by powerholders.”

19 Los mapuche se dividían en distintos grupos según el territorio que habitaban, incluyéndose dentro de ellos también los pikunche, los pehuenche, los huilliche y los kukunche (cuncos).

Haut de page

Table des illustrations

Titre Figura 1: Pueblos indígenas en Chile hacia 153519
Crédits Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. Atlas geográfico para la educación. Santiago de Chile: IGM, 2007, 92.
URL http://journals.openedition.org/orda/docannexe/image/5132/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 672k
Titre Figura 2: Distribución de la población mapuche en Chile en la actualidad en porcentaje, y según región administrativa
Crédits Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Censo de 2017 y sobre el mapa político-administrativo de Chile del INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. Atlas geográfico para la educación. Santiago de Chile: IGM, 2007, 109.
URL http://journals.openedition.org/orda/docannexe/image/5132/img-2.png
Fichier image/png, 666k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

María José Andrade, « La lucha por el territorio mapuche en Chile: una cuestión de pobreza y medio ambiente », L'Ordinaire des Amériques [En ligne], 225 | 2019, mis en ligne le 20 décembre 2019, consulté le 06 juin 2020. URL : http://journals.openedition.org/orda/5132 ; DOI : https://doi.org/10.4000/orda.5132

Haut de page

Auteur

María José Andrade

Universidad Pública de Navarra
mandradem@alumni.unav.es

Haut de page

Droits d’auteur

Licence Creative Commons
L’Ordinaire des Amériques est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Haut de page
  • Logo IPEAT
  • Logo Université Toulouse-Jean Jaurès
  • Logo Université de Toulouse
  • Logo Latindex
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OpenEdition Journals