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Socialismo del siglo XXI y neoliberalismo. Opciones ideológicas diversas no siempre tienen efectos diferentes

Fernando Eguren
Translation(s):
Socialism in the Twenty-First Century and Neo-liberalism: Diverse Ideological Options Do Not Always Generate Different Effects

Abstract

En este ensayo se pretende mostrar que las políticas que se derivan de opciones ideológicas distintas no necesariamente tienen efectos tan diferentes. En la región andina, los gobiernos de Rafael Correa, en Ecuador, y de Evo Morales, en Bolivia, asumieron el «socialismo del siglo XXI» como referente, mientras que los gobiernos de Colombia y Perú orientaron sus opciones políticas hacia el neoliberalismo y el Consenso de Washington. Sin embargo, en dos temas de gran importancia, como el tratamiento a los procesos de concentración de la propiedad de la tierra y el tratamiento a las poblaciones indígenas, el comportamiento de los dos grupos de países no ha tenido resultados muy diferentes. La incorporación de los países al proceso de globalización permite variaciones en la mayor o menor radicalidad de los discursos políticos de los gobiernos, pero es mucho menos tolerante con el grado de autonomía que los gobiernos tienen para implementarlos. Por otro lado, los conflictos sociales internos también ponen límites a los márgenes que tienen los Estados para implementar sus políticas.

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Full text

1. Introducción

1En las últimas dos décadas del siglo pasado, varios países de la región latinoamericana adoptaron políticas de ajuste estructural para enfrentar graves problemas económicos originados por el elevado monto de endeudamiento, contraído gracias al fácil acceso a créditos por la abundante liquidez originada por la elevación de los precios del petróleo. El posterior incremento de las tasas de interés convirtió las deudas prácticamente en impagables. En muchos, casos estos créditos sirvieron para financiar el déficit fiscal. El capital financiero y las instituciones que lo cautelaban, particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, impusieron rígidas condiciones y controles en las economías nacionales para asegurarse el pago de las deudas. Estos hechos contribuyeron a poner fin a un período, iniciado a mediados del siglo pasado, en el que las estrategias económicas de los gobiernos se orientaban, con mayor o menor convicción, a fortalecer los mercados internos, a desarrollar las manufacturas y a sustituir las importaciones.

2En el mismo período, la globalización vinculó más estrechamente las economías nacionales a los mercados internacionales. El grado de intensidad y velocidad de esta vinculación dependió de las orientaciones de los gobiernos en materia de política económica, influidas, a su vez, por opciones ideológicas de la propia fortaleza institucional del Estado, de su sensibilidad ante los problemas sociales y ambientales y de la mayor o menor participación social y política de sus respectivas sociedades civiles.

3Estas diferencias tuvieron impactos importantes en las relaciones entre el Estado y el mercado, en las instituciones públicas y privadas, en las organizaciones políticas y sociales, en la estructura socioeconómica de los países y en la concentración o distribución del poder económico y político. También se expresaron en los discursos políticos de los gobernantes, que pueden revelar u ocultar los resultados reales, deseados o no, intencionales o imprevistos, de sus políticas.

4Pero todo ello no pudo neutralizar la inmensa influencia de la globalización en las economías nacionales y en los límites que esa influencia impone a la autonomía y soberanía de los Estados. No debe sorprender, por consiguiente, que gobiernos que difieren en sus opciones ideológicas y económicas opten finalmente, en materias que son estructurales y de gran importancia, por políticas y resultados similares, más allá de los discursos e intenciones. Ello no significa necesariamente comportamientos inconsecuentes de los gobernantes; puede expresar, más bien, su escasa capacidad de transformar dimensiones de la realidad que obedecen a relaciones y dinámicas situadas más allá de la influencia de la intervención estatal.

  • 1 Las bases de esta concepción del socialismo son, simplificando: el desarrollismo, la democracia par (...)

5En este breve ensayo se comparan los impactos sobre aspectos importantes de la cuestión agraria y rural de cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Dos de ellos –Bolivia y Ecuador– asumieron, desde mediados de la década pasada, y después de gobiernos neoliberales, el «socialismo del siglo XXI» como ideología política, difundida por el presidente venezolano Hugo Chávez1, mientras que los otros dos países, Colombia y Perú, continuaron con políticas neoliberales introducidas desde la década de 1980, inspiradas en el Consenso de Washington.

6En la primera sección de este ensayo se describen, de manera resumida, los antecedentes que resultaron, finalmente, en el alineamiento de los países por una u otra opción. En la segunda sección se trata de dilucidar qué impacto tuvieron estos alineamientos en uno de los componentes más importantes de la cuestión agraria: la concentración de la propiedad de la tierra. En la tercera sección se verán las particularidades en el tratamiento de la cuestión indígena. Finalmente, se expondrán las principales conclusiones.

2. Los antecedentes

7En esta sección expondremos los procesos que llevaron a los cuatro países a optar ya sea por el socialismo del siglo XXI o por el neoliberalismo. El punto de partida común fue la crisis económica desencadenada por el sobreendeudamiento externo en el que incurrieron los gobiernos en las décadas de 1970 y 1980.

8El enfrentamiento de la crisis económica boliviana en los primeros años de la década de 1980 no salía del círculo de hierro «inflación - paquete de medidas - inflación», cuyos efectos positivos tenían una corta duración. Morales (2008, 2), en su análisis del caso boliviano, fija el inicio de la crisis en el gobierno de Hernán Siles Suazo (1982-1985), quien fue elegido después de una sucesión de dictaduras militares. Bolivia sufrió una hiperinflación que multiplicó los precios 625 veces entre abril de 1984 y agosto de 1985, en medio de graves convulsiones sociales y con un gobierno con escasa capacidad de controlarlos (Morales, 2008). Víctor Paz Estenssoro sucedió a Siles Suazo en la presidencia, inaugurándose así un largo período de políticas neoliberales, que tuvieron un rápido impacto en el freno a la hiperinflación, pero sus efectos sobre el nivel de vida de los ciudadanos fueron muy negativos. Los conflictos sociales que adquirieron una gran intensidad a comienzos del nuevo siglo, sumieron al país en una aguda crisis política que se prolongó hasta la elección de Evo Morales en el año 2005.

9Como presidente, Evo Morales dio un giro importante a la política económica. Forzó la revisión de los contratos con las empresas extractivas extranjeras, sobre todo de hidrocarburos, lo cual incrementó los ingresos fiscales en una coyuntura de elevación de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Estos ingresos adicionales permitieron políticas redistributivas que contribuyeron a su popularidad. Pero tan o más importante fue el papel prioritario que ha dado en su discurso político a las poblaciones indígenas, a las que, sin duda, ha contribuido a empoderar. Este reconocimiento se plasmó luego en la nueva Constitución, aprobada en 2009, cuyo primer artículo define el carácter «Plurinacional Unitario del Estado», mientras que en el segundo reconoce la «libre determinación» de los pueblos originarios, que consiste en «su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales». En un país con un 42% de ciudadanos que se reconocen como indígenas (censo de 2012), no es extraño que haya sido reelegido presidente dos veces con muy alta votación.

10Como Bolivia, también el Ecuador tuvo varios gobiernos que aplicaron políticas neoliberales antes de que Rafael Correa fuera elegido presidente en el año 2006. Estas políticas fueron adoptadas inicialmente por el presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984) y su equipo, siendo uno de sus principales objetivos el pago de la deuda externa, pública y privada (Acosta, 2006: 168). Los gobiernos posteriores –de León Febres-Cordero (1984-1988) y Rodrigo Borja (1988-1992)– siguieron el mismo derrotero, coincidentes en la convicción de que, en palabras de Alberto Acosta, «el logro del equilibrio macroeconómico… [se transformó] casi en un sustituto del desarrollo económico y social, al cual se debería llegar posteriormente, en forma casi espontánea, según los argumentos neoliberales, como producto de la propia estabilización» (Acosta, 2006, 178). Es en ese período que se implementan, promovidos por el Banco Mundial, los servicios sociales focalizados como programas de compensación en favor de los sectores poblacionales más afectados por las políticas neoliberales, que serían también aplicados en otros países de la región. En esos años, los resultados de aplicación de las políticas neoliberales no pudieron ser más desalentadores: de 1980 a 1989 la tasa anual de crecimiento del Ecuador fue de -0,7%. (Acosta, 2006, 180). Los gobiernos posteriores no tuvieron mejor éxito. Ya en 1999 la economía ecuatoriana había sufrido el retroceso económico más severo y el empobrecimiento más acelerado de América Latina (Acosta 2006, 196). A continuación de los problemas económicos se sumaron otros de índole político y social: en apenas siete años –de 1996 a 2003– se sucedieron cinco presidentes.

11No es extraño que los ciudadanos ecuatorianos, luego de dos décadas de mal manejo del país, estuviesen dispuestos a elegir a quien pudiese ofrecer una ruptura con las políticas anteriores. En este contexto es que surge Rafael Correa, que asume el poder a comienzos del año 2007 en una alianza de partidos de izquierda y organizaciones indígenas. Correa introdujo importantes cambios que condujeron a su reelección en dos oportunidades, en 2009 y en 2013.

12Las orientaciones del nuevo gobierno ecuatoriano se plasmaron en una Constitución, aprobada en el año 2008. La nueva Constitución fortalece el rol del Estado en la economía; plasma, en diferentes artículos, las ideas de mayor igualdad y redistribución, y desarrolla los derechos económicos y sociales; reconoce el carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad ecuatoriana; institucionaliza la participación de los ciudadanos en la gestión pública; fortalece al Estado central, pero también a los gobiernos locales y cantonales.

13La llegada de Morales y de Correa a la presidencia tuvieron antecedentes similares: la constatación del fracaso de las políticas neoliberales para salir de la crisis económica y la exigencia de la ciudadanía de un cambio de rumbo.

14También en Colombia el largo período de crisis económica se instala con el endeudamiento externo contraído entre la segunda mitad de la década de los setenta y la primera de la década de los ochenta, la cual confronta a los gobiernos con las dificultades para pagar oportunamente el servicio de la deuda. Desde 1973 empezó a anunciarse una política fiscal de equilibrio presupuestal y de estricto orden monetario (Parada Corrales y Baca Mejia, 2009, 19). Diez años después, en 1983, siendo presidente Belisario Betancur, se inició un proceso de ajustes y de apertura en la política macroeconómica, con el fin de recuperar el atraso cambiario, disminuir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, reducir el déficit fiscal y frenar la espiral inflacionaria (Pineda Hoyos, 1996). Con el presidente Virgilio Barco, el programa de apertura económica de Colombia se amplió, y aún más con el mandato de su sucesor, César Gaviria (1990-1994). Durante su gobierno se aprobó una nueva Constitución, que al tiempo que consagraba principios democráticos, optaba por una economía de apertura al mercado y a la inversión extranjera (Castaño, 2002). Durante esa década la política macroeconómica colombiana se alinea completamente con los planteamientos del Consenso de Washington (Parada Corrales y Baca Mejia, 2009, 22). El gobierno del presidente Uribe, que duró ocho años (2002-2010), heredó una situación económica muy crítica –para algunos la peor crisis económica de la historia del país–, que logró ser revertida, en parte, gracias a la gran inversión extranjera, sobre todo para actividades extractivas, hidrocarburos y minerales, pero sin lograr reducir el alto índice de desempleo ni las desigualdades sociales (Dinero, 2010). El presidente Santos, elegido en el 2010, continuaría con las políticas económicas de los gobiernos anteriores. ¿Por qué no surgió una opción socialista, a pesar de los limitados logros de las políticas neoliberales? Para muchos, la izquierda fue la principal responsable de la prolongada y cruenta guerra interna que sufre el país y, por tanto, no estarían dispuestos a elegir a un gobierno de esa tendencia.

15En cuanto al Perú, las profundas reformas realizadas en la década de 1970 por un gobierno militar, la más trascendente de las cuales fue la reforma agraria, fueron financiadas, en buena medida, con endeudamiento externo. Ya en la segunda mitad de esa década, el monto de la deuda se tornó en un problema suficientemente grave como para que periódicamente se aplicaran medidas de ajuste que resultaron ineficaces. La década de 1980 se inició con el regreso a la democracia. Se dio marcha atrás a una serie de reformas y la crisis económica se agudizó. La inestabilidad política del país, que comenzó a manifestarse en los últimos años de la década del gobierno militar, se agravó con la aparición del grupo terrorista Sendero Luminoso, que inició sus acciones en áreas rurales pobres de predominancia campesina. Durante el gobierno de Alan García (1985-1990), la crisis política y económica evolucionó a niveles no alcanzados en todo el siglo XX por su impericia en el manejo de la política económica y por los avances de la acción de Sendero Luminoso.

16El shock económico aplicado en los primeros días del arribo al poder de Alberto Fujimori (1990-1995 y 1995-2000) inauguró un largo período de orientación económica neoliberal. Durante la mayor parte de la década del 2000 y primeros años de la siguiente, el país experimentó un crecimiento económico sin precedentes en su historia republicana, impulsado por los altos precios de los minerales y las masivas inversiones extranjeras en industrias extractivas. Ollanta Humala fue elegido presidente en 2011 con una plataforma política moderadamente izquierdista, pero ya en el poder continuó con las orientaciones económicas de los gobiernos anteriores, que tan buenos resultados habían dado en términos del crecimiento del producto interno bruto.

3. Concentración de la propiedad de tierras agrícolas

17¿En qué medida las distintas orientaciones de los gobiernos, por un lado de Ecuador y Bolivia, y por otro de Colombia y Perú, incidieron sobre uno de los problemas más relevantes de la cuestión agraria: la propiedad sobre la tierra?

18En el año 2012, la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe publicó los resultados de un estudio realizado en 17 países de la región para conocer si había procesos de concentración de la propiedad de la tierra y, de haberlo, cuáles eran sus modalidades (Soto Baquero y Gómez, 2012). Este estudio surgió de la inquietud de indagar hasta qué punto la región había sido influenciada por el proceso de acaparamiento de tierras (land grabbing), notorio en algunos países de África y Asia, que atrajo la atención mundial hacia fines de la década del 2000.

19Los estudios de caso encomendados por la FAO provocaron una serie de reflexiones que fueron luego sistematizadas y difundidas (Soto Baquero y Gómez, 2014). Algunas consideraciones generales son pertinentes para este ensayo, pues los casos incluyeron a los países andinos. Se mostró que la concentración y la extranjerización de las tierras agrícolas son importantes en la región, más allá de las orientaciones políticas de los gobiernos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en África y en Asia, los compradores de tierras más importantes en América Latina son inversionistas nacionales o transnacionales regionales («translatinas»). También se constató que la concentración ocurre particularmente alrededor de los rubros de exportación, sobre todo de soja y otros granos, biocombustibles, productos de exportación tradicionales (bananos, café, frutos tropicales) y no tradicionales (frutas, hortalizas), y productos forestales. Otro rasgo de estos procesos es que se construyen fuertes cadenas de valor que incluyen el control de insumos y la producción, la distribución y la venta del producto con posibilidades de comportamientos monopólicos.

20En Bolivia, desde mediados del siglo pasado, el gobierno estimuló la ocupación de las tierras bajas del departamento oriental de Santa Cruz, dando origen a latifundios que no fueron afectados por la reforma agraria de 1953. Por el contrario, ésta promovió el desarrollo de una agricultura capitalista moderna en el oriente del país al determinar que «los extranjeros tendrán los mismos derechos que los bolivianos a la dotación gratuita de tierras por parte del Estado» (Urioste, 2012, 63). Entre 1953 y 1992 se beneficiaron 402 personas con 7,7 millones de hectáreas dotadas por el Estado boliviano a través del Consejo Nacional de Reforma Agraria.

21A fines del siglo pasado, el departamento de Santa Cruz se convirtió en un importante productor y exportador de soja, dedicando a este cultivo alrededor de un millón de hectáreas; recibió, además, importantes inversiones en el sector terciario vinculado a la explotación y exportación del gas natural. Entre 1990 y 2007 la superficie cultivada del departamento de Santa Cruz pasó de 413 mil hectáreas a un millón 822 mil hectáreas, llegando a concentrar dos tercios del total de hectáreas cultivadas en el país (Urioste, 2012, 71). La incorporación posterior de nuevas tierras de cultivo ha ido consolidando una estructura de tenencia polarizada entre grandes y pequeñas.

22Santa Cruz se convirtió, así, no solo en el principal departamento agrícola del país, sino en el motor de la economía nacional (PNUD, 2004, 36-37), condición que mantiene hasta la actualidad.

23Una particularidad del proceso de concentración en Bolivia es que se da en buena medida por la penetración, desde la década de 1980, de las inversiones agrarias brasileñas en el departamento de Santa Cruz. La Fundación Tierra estimó que en el año 2010, los brasileños tenían alrededor del 40% del negocio sojero, los menonitas –que emigraron a Bolivia a partir de la década de 1950– el 20,2% y los empresarios nacionales el 28% (Bolivia Rural, 2010).

24La evolución de la legislación de tierras ha sido bien resumida por Urioste (2012, 64-5). En 1996 el gobierno de Sánchez de Lozada aprobó la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, llamada Ley INRA, que dio un tratamiento diferenciado a las tierras según fueran de empresas agropecuarias, que podían ser transferidas por compra y venta, o de pueblos indígenas y de pequeños propietarios, protegidas por el Estado y excluidas del mercado de tierras. La misma ley dio un plazo de diez años para sanear todas las tierras del país. Concluida su vigencia, sin cumplir con su meta, el gobierno de Evo Morales dio una nueva ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que ampliaba las facultades del Ejecutivo para titular territorios a favor de los indígenas y revertir tierras de los latifundios improductivos. Durante su primer gobierno se titularon 16 millones de hectáreas, de las cuales casi dos tercios fueron para los pueblos indígenas y comunidades campesinas en propiedad colectiva, la mayor parte tierras fiscales localizadas en el oriente y la Amazonía. Pero la distribución de tierras, individualmente, a campesinos ha sido muy modesta, y no se eliminó el latifundio. Se avanzó poco en el saneamiento de las tierras de los empresarios medianos y grandes de la región del oriente debido a los conflictos que podía generar, puesto que parte significativa de esas tierras fueron adquiridas al margen de la ley. Los empresarios agroindustriales y ganaderos del oriente, que sostuvieron una oposición radical al gobierno de Morales en sus primeros años, negociaron políticamente para llegar a una tregua temporal, que sigue vigente hasta la actualidad. Más aún, la Constitución Política aprobada en el año 2009 establece límites al tamaño de la propiedad de la tierra –en principio, 5 mil hectáreas–, pero una sociedad mercantil puede multiplicar esa extensión por el número de accionistas que la conforman (artículo 315), pudiendo formar latifundios. La Constitución determina también que «las extranjeras y los extranjeros, bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado» (art. 396, inc. II), pero son libres de adquirirlas de personas privadas, naturales o jurídicas. De hecho, no es excepcional el que un boliviano adquiera tierras fiscales con la finalidad de transferirlas luego a un empresario extranjero.

25En síntesis, la concentración de las tierras de cultivo en Bolivia no ha sido modificada.

26Otro tanto ocurrió en el Ecuador, donde hubo una legislación para la reforma agraria, pero que tuvo escasa aplicación y no afectó significativamente la gran propiedad. La hacienda tradicional, que caracterizó la estructura agraria hasta los años setenta, fue «metamorfoseándose» en un proceso en el que el modelo rentista de utilización del suelo fue siendo abandonado y reemplazado por el agrnegocio (Martínez Valle, 2014, 127).

27Como en los demás países andinos, también en Ecuador hay una importante concentración de la propiedad de la tierra pero, en este caso, asociada a la exportación de productos tradicionales (bananos y azúcar), a diferencia de Bolivia (soja) y Perú (hortalizas y frutas). Más recientemente, la vinculación con el mercado externo de biocombustibles –al que se han ido dedicando cada vez más las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera– se ha incrementado; en cambio, el índice de concentración es menor en donde existen cultivos para el mercado interno, como ocurre también en otros países de la región (Martínez Valle, 2012, 231).

28La Constitución del año 2008, aprobada durante la gestión de Correa, prohíbe expresamente el latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra (art. 282). Hay una retórica política que critica la concentración, pero que no llega a plasmarse en medidas concretas dirigidas a limitarla, y menos en la adopción de algún tipo de reforma agraria. Ello, a pesar de que la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, aprobada en el año 2009, sí contempla restricciones al acaparamiento de tierras, pero remite su implementación a una futura ley «que establecerá los procedimientos para su eliminación y determinará los mecanismos para el cumplimiento de su función social y ambiental» (art. 6). En la práctica, se ha limitado a la formación de un fondo de tierras en poder del Estado, de un área indeterminada (entre 120 mil y 300 mil hectáreas) a ser transferida a campesinos en forma asociativa.

29Martínez Valle subraya las contradicciones de la política agraria del gobierno. Por un lado, hay un marco legal de avanzado contenido social, como la mencionada Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, y una opción preferencial por la pequeña agricultura; pero, por otro lado, están las políticas que contribuyen a la consolidación de los agronegocios.

30Aun la promoción de «negocios inclusivos», que supuestamente trata de beneficiar a la pequeña agricultura vinculándola a los agronegocios, termina siendo más bien una forma disfrazada de asalaramiento que condena al pequeño agricultor a una autoexplotación permanente. Por lo demás, al impulsar un programa de apoyo a los biocombustibles, el gobierno consolida los cultivos que precisamente están asociados a la concentración de las tierras (Martínez Valle, 2014, 150-151).

  • 1 SIPAE, ECOLEX, FEPP, Monitoreo Agrario (16/12/2015).

31Hacia fines del año 2015 se inició un debate legislativo sobre una nueva propuesta de ley llamada «Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales»; según sus críticos, entre ellos la CONAIE, favorece al agronegocio y no contempla cuestiones estructurales como la definición de la extensión de latifundio y la concentración de la propiedad1.

32En Colombia también se dieron leyes de reforma agraria en 1961, en 1968, en 1973 y en 1980, que no solo no lograron modificar una estructura agraria muy desigual, sino que la violencia imperante en el campo contribuyó a una mayor concentración de la propiedad a manos de cárteles de la droga o de grupos armados. En el mejor de los casos se hizo una reforma agraria marginal que no modificó la estructura de tenencia de la tierra y se limitó finalmente a titular baldíos (Salinas Abdala, 2012, 181).

33La cuestión de la tierra en Colombia no puede ser entendida ni explicada sin hacer referencia a la violencia en la que está envuelto el país desde hace varias décadas. Las tierras de centenares de miles de campesinos fueron arrebatadas por los grupos armados vinculados al narcotráfico para dar lugar a latifundios que, con el tiempo, fueron «blanqueados». La población rural desplazada hasta el año 2014 fue de 5.8 millones, obligada a abandonar 6.6 millones de hectáreas, equivalente al 12% de la superficie agropecuaria del país (Amaya et al., 2015, 34). El impulso del sector agrícola está estrechamente relacionado con el sistema de tenencia de la tierra y las reparaciones a las víctimas de los conflictos en las zonas rurales (OCDE, 2015, 6). Ambos temas ocupan un lugar central en las actuales negociaciones por la paz entre el gobierno colombiano y las FARC.

34La política pública de Colombia en la última década contribuyó a consolidar la desigualdad social y económica. En los años noventa y comienzos del nuevo siglo fueron desmontados varios programas orientados a la pequeña agricultura. La misma capacidad del Estado para definir y ejecutar políticas que orientasen el desarrollo de la agricultura hacia horizontes más equitativos, fue debilitándose. Ha sido el propio sector privado el que asumió la orientación del desarrollo agrario (PNUD, 2011, 42) en beneficio de los grandes productores, gracias a subsidios y transferencias directas (OCDE, 2015, 13). La desigualdad en la distribución de las tierras en Colombia es una de las mayores en el mundo (PNUD, 2011, 198). Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), el 52% de la tierra en Colombia le pertenece al 1,5% de los propietarios, mientras que el 78% son minifundistas (Amaya Navas et al., 2015, 24). La mayor concentración de la propiedad se da en las áreas más afectadas por el desplazamiento de poblaciones y cercanas a los proyectos de inversión de las industrias extractivas, lo cual ha contribuido a agudizar los conflictos por el uso de la tierra (Salinas Abdala, 2012, 186).

35Según el PNUD, el modelo de desarrollo rural colombiano no promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural, es inequitativo y no favorece la convergencia, invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres, es excluyente, no promueve la sostenibilidad, concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos, es poco democrático y, finalmente, no afianza la institucionalidad rural (PNUD, 2011, 12).

36En contraste con Ecuador y Colombia, en el Perú se ejecutó, entre los años 1969 y 1975, una de las reformas agrarias más radicales de América Latina, conducida por un gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado. Fueron expropiados todos los latifundios del país, modernos y tradicionales. La clase terrateniente fue borrada del mapa. Muchos se reubicaron en otros sectores económicos, otros emigraron y aun otros sufrieron radicalmente en sus economías familiares y estatus social.

37Las haciendas expropiadas fueron transformadas en cooperativas agrarias que mantuvieron sus dimensiones originales. Pero el fracaso económico y organizativo de las cooperativas condujo a sus socios –los propios trabajadores– a liquidarlas y a distribuir las tierras y demás activos entre las familias. La agricultura familiar dominó el espacio rural hasta el gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien, a los pocos días de asumir, aplicó un shock económico radical como primer paso para la adopción de una política abiertamente neoliberal. La Constitución de 1993 y normas posteriores redujeron la protección a las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas, permitieron su incorporación al mercado de tierras y sentaron las bases para la eliminación de todas las restricciones a la propiedad que habían regido desde el año 1969 (Eguren, 2004).

38En pocos años, se formaron decenas de empresas de grandes dimensiones, casi en su totalidad dedicadas a la exportación de hortalizas y frutas. Alrededor de un tercio de las tierras de cultivo de la región costeña, las más fértiles y con acceso a riego, pertenece a una cincuentena de empresas con más de mil hectáreas de extensión. El valor de las exportaciones agrícolas se multiplicó por ocho en apenas diez años, pasando de USD 621 millones en 1995 a USD 5078 millones en 2014 (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). El apoyo estatal a la gran agroindustria exportadora fue –y continúa siendo– notorio. Estas empresas pagan la mitad del impuesto a la renta y se benefician de un régimen laboral que «flexibiliza» los mecanismos de contratación y de despido de los trabajadores asalariados y reduce las cargas laborales de las empresas.

39En el Perú, muchos neolatifundios se han formado sobre tierras fiscales, lo cual parece ser un rasgo común a todos los países andinos. Son tierras ganadas al desierto gracias a grandes y costosas obras de irrigación financiadas con recursos públicos. Se estima que en las últimas dos décadas, el Estado invirtió en proyectos de irrigación en la costa USD 6321 millones de dólares, de los cuales el 93% fueron subsidios netos a los compradores, que en todos los casos fueron agroindustrias exportadoras (Eguren, 2014). Desde la década de 1990 todos los gobiernos han continuado con la misma política; sin un decidido y persistente apoyo gubernamental, este fenómeno de concentración no hubiese ocurrido. La mayor parte de las inversiones son de capitalistas nacionales, aun cuando no existen restricciones para la inversión extranjera.

40Además de la transferencia de las nuevas tierras ganadas al desierto, la concentración ha ocurrido también por otras vías: el mercado de tierras, la transferencia a inversionistas privados de las grandes cooperativas azucareras agroindustriales sobrevivientes, la venta de tierras fiscales eriazas a precios ínfimos y, finalmente, las concesiones para plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera destinadas a biocombustibles (Eguren, 2014, 178).

41Cuatro décadas después de la radical reforma agraria se ha conformado, nuevamente en la costa, una agricultura bipolar, en donde pocos propietarios tienen mucha tierra y muchos pequeños agricultores la tienen en cantidad insuficiente.

42Dos factores externos influyen fuertemente en que los cuatro países andinos hayan mantenido, e incluso intensificado, la concentración de la propiedad de la tierra. Por un lado, el incremento de la demanda mundial de productos agrícolas; por el otro, los cambios ocurridos en la estructura de los mercados, que atrajeron importantes inversiones tanto en los países con políticas neoliberales como en aquellos con discursos más nacionalistas y proteccionistas.

4. La cuestión indígena

43Un rasgo que acerca a las sociedades rurales de los países de la región andina es la existencia de una importante población indígena rural, en tanto que mantienen instituciones, costumbres y comportamientos de larga tradición, a menudo secular. Las comunidades campesinas o indígenas poseen tierras de propiedad comunal –sobre todo en las serranías andinas– o ejercen control sobre amplios territorios, en el caso de poblaciones nativas amazónicas. Pero además, son importantes referencias identitarias para poblaciones que son generalmente marginadas por la sociedad mayor.

44En las últimas décadas ha habido importantes avances en el reconocimiento de las poblaciones indígenas y de sus derechos. Quizá lo más importante en este sentido haya sido la aprobación en 1989 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, como norma vinculante para decenas de Estados, entre los cuales están los cuatro países andinos1. A un nivel general, y más allá de las diferencias de orientación política, en todos los países de la región latinoamericana se ha avanzado en ese reconocimiento, incluyendo la «ampliación de poderes y transferencia de competencias desde el nivel central de los Estados hacia las instancias autonómicas» (CEPAL, 2014a, 20).

  • 2 Es muy llamativo que en el censo del año 2001, en Bolivia, el 62 % de la población se declaró indíg (...)

45El peso de la población indígena en relación con la población total en los países andinos varía mucho, como se muestra en el cuadro 6.1. Sin embargo, los criterios para definir qué es «población indígena» cambian de país en país y dependen también del tipo de información disponible. Gruesamente, hay dos maneras de definirlo: ya sea por un agente externo, en función de criterios construidos ad-hoc (con fines políticos, o para la instrumentalización de programas específicos o para determinar qué sectores de la población pueden acceder a beneficios y cuáles no), o por autopercepción, como es el caso de los censos que registran la información sobre adscripción étnica determinada por la persona censada, como es el caso de Bolivia2.

Cuadro 6.1. Población indígena en los países andinos

Cuadro 6.1. Población indígena en los países andinos

Fuente: *Para Bolivia, INE (2013). Para los demás países, CEPAL (2014a, 43).

46Bolivia es, sin duda, el país de la región que más ha levantado desde las esferas oficiales el tema de la población indígena. La revaloración de lo indígena es una pieza central en la ideología política del gobierno, que contrapone la civilización andina o «mundo andino» a la civilización occidental o «mundo occidental», ambas presentes en el país, pero en las que, claramente, la primera es considerada superior. El sustento de esta superioridad sería la relación armoniosa con la naturaleza, propia del mundo andino, mientras que el mundo occidental es presentado como utilitario y destructivo. En la siguiente cita se expresa claramente esta construcción ideológica:

En el mundo occidental el hombre está sobre la tierra, de ahí nace la concepción de que el hombre es separable de la tierra. Por ello puede vender la tierra, enajenarla, envenenarla o matarla; no le importa, no es parte de él.

En el mundo andino el hombre no está sobre la tierra, el hombre es parte de la tierra. No puede vender la tierra, alquilarla o matarla porque la tierra es su madre y él es la tierra misma.

En el mundo occidental el futuro es adelante, adelante, siempre adelante, ciencia, tecnología, hasta llegar a la bomba atómica y la destrucción del mundo.

Para el mundo andino el futuro no es adelante, el futuro es atrás, el futuro está en nuestra historia, en nuestra raíz, en nuestra identidad. Un pueblo que no tiene historia es un pueblo que no existe (Chivi Vargas, 2010, 25).

47El impacto que ha tenido este discurso pro indígena en la población que se considera como tal debe haber sido muy grande y seguramente es una de las razones –junto con los importantes programas redistributivos– por las que, luego de diez años de gobierno, Evo Morales es tan popular. No es un hecho menor que poblaciones que han sido tratadas simbólica y realmente como inferiores a lo largo de la historia colonial y republicana encuentren un gobierno que sostiene, con fuerza y de manera persistente, un discurso que levanta sus virtudes y valores, en particular, su real o imaginada relación armónica con la naturaleza, en un contexto en el que es obvia la relación instrumental, frecuentemente agresiva y destructiva, que tiene con la naturaleza, un cierto modo de producción y de consumo propio de los países desarrollados y, también, de los llamados países emergentes.

48Sin embargo, Bolivia, en tanto parte del mundo globalizado, no está libre de contradicciones. Es así que para mantener sus políticas redistributivas requiere de las rentas que provienen de la exportación de las industrias extractivas, principalmente del gas y los minerales, así como de las plantaciones monocultoras de soja, actividades todas ellas con fuertes impactos negativos sobre los recursos naturales, el calentamiento global y las propias poblaciones indígenas.

49Por otro lado, las dificultades de llevar a la práctica el derecho a la creación de las autonomías territoriales indígenas, consagrado en la Constitución, muestra los límites reales de un sistema político que, finalmente, reposa fuertemente en un gobierno centralista y en un líder carismático. Un acucioso estudioso de la situación boliviana sostiene que:

El gobierno nacional no pudo superar su temor ante la posibilidad real de formación de territorios indígenas con autogobierno, democracia comunitaria sin partidos políticos y con derecho a ser consultados para la explotación de recursos naturales. Mientras que en los papeles, el gobierno nacional ha reconocido un amplio catálogo de derechos indígenas, por otro lado no logró o no quiso comunicar un mensaje explícito y comprensible sobre la importancia de la implementación de la autonomía indígena para el ejercicio y realización de tales derechos (Colque, 2015).

50Una de las razones de fondo, afirma Colque, es que «las pretendidas autonomías indígenas han entrado en conflicto con los intereses económicos emergentes del extractivismo. Es un cambio que encarna el punto de quiebre de mayor impacto para el declive de las autonomías indígenas».

51A principios de 1912, el gobierno de Evo Morales experimentó uno de los mayores desafíos a su liderazgo en el movimiento indígena cuando miles de personas marcharon para evitar la construcción de una carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, en los departamentos de Cochabamba y Beni, que cortaría por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). El gobierno al final cedió a los reclamos campesinos y dio una ley que declaró intangible al territorio y prohibió expresamente la ruta (Varios, 2012). El origen del conflicto fue la necesidad del gobierno boliviano de seguir aumentando los ingresos fiscales acudiendo a la explotación de los recursos naturales, específicamente gas y minerales. En palabras de Miguel Urioste, «el conflicto del TIPNIS es una cruda muestra de la contradicción entre el discurso indigenista-ambientalista (modelo alternativo al capitalismo) y la opción real por un modelo desarrollista-extractivista (modelo de capitalismo de Estado)» (Ortiz Echazu, 2012, 191).

52En su campaña por acceder al poder en Ecuador, el discurso sobre lo indígena de Rafael Correa no tuvo la centralidad que sí tuvo con Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el año 2006, fue apoyado por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, de tendencia indigenista. Este apoyo no tuvo larga vida. Grupos indígenas (entre los cuales se encontraba la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador [CONAIE], una de las organizaciones sociales más fuertes del país) rechazaron el apoyo de Correa a las inversiones en minería y otros megaproyectos por sus impactos negativos al medio ambiente. El tema medioambiental se convirtió en el eje de los conflictos entre el gobierno y las poblaciones indígenas, opuestas a la política extractivista de Correa.

53En el Perú, las posturas indigenistas no han tenido influencias políticas significativas a pesar de su importante población indígena. Por el contrario, el presidente peruano Alan García (2006-2011) publicó, en su segundo gobierno, un célebre y difundido artículo que refleja bien la concepción de su gestión sobre el tema indígena y ambiental. En él sostiene que los ingentes recursos naturales que tiene el país no pueden ser explotados porque están en posesión de campesinos y nativos que los utilizan mal debido a que son pobres y poco educados, y que deberían ser transferidos en favor de los inversionistas. Las comunidades campesinas que, afirma, viven en la extrema pobreza y esperan «que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras», deberían alquilarlas, trasladarlas.

… porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador. (…) [Hay] tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica [comunista, ahora transmutada en ambientalista] del siglo XIX subsiste como un impedimento (García, 2007).

54A pesar de su poca sensibilidad hacia los temas indígenas y ambientales, el gobierno de García se vio forzado a crear el Ministerio del Ambiente, en cumplimiento de los compromisos derivados del Tratado de Libre Comercio firmado con el gobierno de los Estados Unidos. Por su lado, el gobierno que sucedió al de García, presidido por Ollanta Humala, promulgó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reclamada por las organizaciones indígenas, que permitió finalmente poner en práctica los acuerdos del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Perú en el año 1994. La dación de esa ley fue uno de los compromisos del gobierno resultante de las negociaciones con las organizaciones indígenas después del llamado «baguazo», un conflicto entre policías y nativos en la zona de Bagua, que protestaban contra la contaminación de los ríos por la explotación petrolera que culminó en una masacre. El caso peruano muestra que, más allá de su opción por el neoliberalismo y su insensibilidad ante los temas ambientales y de las poblaciones indígenas, tuvieron que adoptar medidas pro ambientalistas y pro indígenas debido al contexto internacional –en este caso la firma del Tratado de Libre Comercio– y las presiones sociales.

55En un análisis comparativo de los casos del Ecuador de Correa, Bolivia de Morales, y del Perú, Anthony Bebbington subrayó las grandes similitudes entre los dos primeros países, alineados con los ideales del «socialismo del siglo XXI» y que proponen la superación del extractivismo, con la orientación extractivista y neoliberal de los sucesivos gobiernos peruanos:

56«En conjunto, la política y la economía en torno a la extracción en estos tres países complican la distinción entre neoliberalismo y posneoliberalismo, lo cual suscita preguntas como a qué se refiere ese prefijo pos-. Si se supone que se refiere a diferencias en la política macroeconómica, en lo que respecta a la economía extractiva, estas diferencias no son tan grandes. Si se refiere meramente a diferencias en el discurso político y en la manera en que se habla del nacionalismo, imperialismo y capitalismo, entonces las diferencias implicadas en “pos” parecerían más retóricas que sustantivas. Y si se refiere a las diferencias en el estilo y la práctica política, distinguiendo regímenes que son descaradamente simpatizantes del capital extractivo de aquellos que son en realidad solo simpatizantes, entonces, es irónico que el «pos»neoliberal parezca el menos transparente de los dos. En la medida que Bolivia y Ecuador han sido fuentes de inspiración para quienes esperan una agenda posneoliberal, la implicación es que se requiere trabajar más intensamente para definir el contenido de esta agenda» (Bebbington y Bebbington, 2010, traducción nuestra).

57En Colombia, el «renacimiento» de los pueblos originarios surge a finales de la década de 1960, cuando el gobierno del presidente Carlos Lleras (1966-1970) los convoca para apoyar la implementación de la Ley 135 de 1961 de reforma agraria. En alianzas con otras organizaciones campesinas y sindicales de trabajadores agrícolas, lograron llevar sus movilizaciones a capitales departamentales y a la capital del país. Aun cuando en el camino hacia la consecución de sus reclamos hubo divisiones internas y elevados costos en vidas y patrimonios, «presentan un balance positivo en términos de recuperación de tierras» (Fajardo Montaña, 2014, 104).

5. Anotaciones finales

58Las diferentes opciones políticas no siempre logran resultados muy diferentes en temas que son centrales. Hemos visto que más allá del alineamiento al «socialismo del siglo XXI» o al «neoliberalismo», las diferencias en el tratamiento de la concentración de la propiedad no son mayores, aun cuando los gobiernos de Colombia y Perú apoyan con mayor entusiasmo que los otros dos países la inversión en la gran agricultura de exportación. Esta, por lo demás, es en buena medida una respuesta a procesos globales, como el incremento de la demanda internacional de ciertos productos agrarios (frutas, hortalizas, alimento para ganado) y de biocombustibles, respecto de los cuales los cuatro países tienen ventajas comparativas que les convienen a los cuatro por lo que significan como ingreso de divisas e ingresos fiscales. Los gobiernos de Morales y Correa no podrían sostener sus importantes programas sociales –y el apoyo de importantes sectores de la población– sin esos ingresos. Tampoco hay grandes diferencias, en la práctica, en el tratamiento que los cuatro países dan a las inversiones extranjeras.

59Perú y Colombia, por su lado, han podido ejecutar programas redistributivos importantes precisamente por la amplia disponibilidad de recursos fiscales generados por los altos precios de los productos que exportan. Como se aprecia en el gráfico 6.1, la pobreza rural disminuyó significativamente en los cuatro países, pero algo más en Ecuador y Perú que en Bolivia y Colombia.

Grafico 6.1. Evolución de la pobreza rural en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2002-2014 (en porcentajes)

Grafico 6.1. Evolución de la pobreza rural en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2002-2014 (en porcentajes)

Fuente: CEPAL (2014b).

60En cuanto al tratamiento a las poblaciones indígenas, las diferencias pueden estar más en el nivel simbólico que en el nivel concreto, si comparamos las diferencias entre los dos países que se orientaron por el «socialismo del siglo XXI» y los que optaron por el neoliberalismo. Por un lado, como acabamos de ver, la disminución de la pobreza rural, que ocurrió en los cuatro países, benefició también a la población indígena, asentada mayoritariamente en las áreas rurales. Por otro lado, un interesante indicador de la atención prestada por los gobiernos a las poblaciones indígenas es la evolución de la incidencia de la desnutrición en ese sector de la sociedad en los diferentes países. En los cuatro casos, la brecha entre la desnutrición crónica (talla/edad) y global (peso/edad) en los niños indígenas y no indígenas es muy marcada, duplicándose en la mayor parte de los casos (cuadro 6.2).

Cuadro 6.2. Prevalencia de la desnutrición crónica y global en niños menores de cinco años (en porcentajes)

Cuadro 6.2. Prevalencia de la desnutrición crónica y global en niños menores de cinco años (en porcentajes)

Fuente: CEPAL (2014a, 156)

61Sin embargo, esta información es estática. ¿Cómo evoluciona en el tiempo la incidencia de la desnutrición en la población indígena en dos países con orientaciones políticas distintas?

62Comparando la situación en Bolivia y Perú (cuadro 6.3), se aprecia que en este último país la reducción fue notable, mucho mayor que en Bolivia. Perú partió de una situación muy desfavorable en comparación con Bolivia, pero en doce años logró reducirla a menos de la mitad.

Cuadro 6.3. Reducción de la desnutrición crónica (en porcentajes)

Cuadro 6.3. Reducción de la desnutrición crónica (en porcentajes)

* per Perú, 2000 y 2012

Fuente: FAO (2014, 141).

63Las economías de los cuatro países crecieron en esos años, de modo que era de esperar una reducción de la pobreza y la indigencia. Pero, además, algunos países tuvieron importantes políticas redistributivas y descentralizadoras, como Bolivia y Perú. Estas, aparentemente, tuvieron mejores resultados en el caso del Perú, en donde la reducción de la indigencia fue muy significativa.

64En este ensayo hemos intentado demostrar que respecto a dos temas –el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y el tratamiento a la cuestión indígena–, las diferencias entre los dos países orientados por el «socialismo del siglo XXI», Ecuador y Bolivia, y los alineados detrás del neoliberalismo, no son lo marcadas que uno podría esperar si solo observamos los discursos políticos.

65A pesar de que en estos tiempos se pretende que la economía y la política lato sensu son esferas relativamente autónomas, los casos de Bolivia y de Ecuador nos sugieren que uno de los grandes límites para concretar cambios en la política es la economía. Países cuyos ingresos económicos dependen, en buena medida, de las rentas obtenidas por la exportación de sus recursos naturales, tienen escasos márgenes para emprender cambios sociopolíticos radicales. Sus límites son factores exógenos: la evolución de la demanda y de los precios de los recursos naturales exportados. El extractivismo resulta siendo indispensable para financiar tanto los programas sociales (que redistribuyen ingresos) como el empoderamiento de sectores sociales subordinados (redistribución de poder). La sostenibilidad de tales empeños reformistas es fuertemente dependiente del entorno internacional.

66Además, algunas de las exigencias del extractivismo suponen políticas públicas que terminan atentando contra las expectativas o las condiciones de vida ‒particularmente del entorno ambiental‒ de sectores sociales a los que se pretende beneficiar, como queda ilustrado en el caso de TIPNIS en Bolivia y el apoyo a la minería en Ecuador. Parte importante de estos sectores termina manifestando su desafección a los gobiernos que eligieron con entusiasmo.

67En cambio, los países con gobiernos liberales pueden administrar mejor las tensiones entre sus discursos políticos y sus opciones económicas. En sus discursos no pueden dejar de afirmar que benefician a las poblaciones rurales e indígenas, pero no como una opción prioritaria. Las mejoras económicas efectivamente logradas son presentadas como resultados del crecimiento económico hecho posible gracias a medidas neoliberales. Así como los cambios sociopolíticos ocupan un lugar central en los discursos del «socialismo del siglo XXI», el crecimiento económico es lo prioritario en los discursos de los países alineados con el neoliberalismo.

68Finalmente, lograr cambios políticos y sociales reales y sostenibles resultan siendo tareas más complejas que no pueden desligarse de la necesidad de cambios en economías que dependen demasiado de actividades primarias con escaso valor agregado, escasa autonomía y supeditadas a los vaivenes del entorno económico internacional. Por lo demás, las crisis de otros países que en su momento embanderaron la causa del socialismo real, como Venezuela, los cambios de gobierno de otros países cercanos, como Argentina y Brasil, el descrédito del gobierno de Nicaragua y el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, y finalmente, la cercanía del fin de los actuales gobiernos de Bolivia y Ecuador, sin posibilidades de reelección, indicarían el fin, no de propuestas políticas progresistas e izquierdistas, sino de su variante particular de «socialismo del siglo XXI».

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Notes

1 Las bases de esta concepción del socialismo son, simplificando: el desarrollismo, la democracia participativa, el papel central de las organizaciones de base y la reducción de las desigualdades.

1 SIPAE, ECOLEX, FEPP, Monitoreo Agrario (16/12/2015).

1 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). Texto en Espanol: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,es (accedido el 11 de noviembre 2016).

2 Es muy llamativo que en el censo del año 2001, en Bolivia, el 62 % de la población se declaró indígena y una década después, según el censo de 2012, solo lo hizo el 40%, a pesar del amplio favor que lo indígena tiene en el gobierno de Evo Morales. Sobre el censo del 2001, ver http://bit.ly/1YPf2tb; sobre el censo del 2012, ver http://bit.ly/1a2BqXD (accedido el 11 de noviembre 2016).

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List of illustrations

Title Cuadro 6.1. Población indígena en los países andinos
Credits Fuente: *Para Bolivia, INE (2013). Para los demás países, CEPAL (2014a, 43).
URL http://journals.openedition.org/poldev/docannexe/image/2513/img-1.png
File image/png, 29k
Title Grafico 6.1. Evolución de la pobreza rural en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2002-2014 (en porcentajes)
Credits Fuente: CEPAL (2014b).
URL http://journals.openedition.org/poldev/docannexe/image/2513/img-2.png
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Title Cuadro 6.2. Prevalencia de la desnutrición crónica y global en niños menores de cinco años (en porcentajes)
Credits Fuente: CEPAL (2014a, 156)
URL http://journals.openedition.org/poldev/docannexe/image/2513/img-3.png
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Title Cuadro 6.3. Reducción de la desnutrición crónica (en porcentajes)
Caption * per Perú, 2000 y 2012
Credits Fuente: FAO (2014, 141).
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Fernando Eguren, « Socialismo del siglo XXI y neoliberalismo. Opciones ideológicas diversas no siempre tienen efectos diferentes », International Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 9 | 2017, Online since 27 February 2018, connection on 18 August 2018. URL : http://journals.openedition.org/poldev/2513 ; DOI : 10.4000/poldev.2513

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About the author

Fernando Eguren

Fernando Eguren es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Estudios de posgrado en Sociología en L’École Pratique des Hautes Études, de París, y en Estudios Políticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales y Director de Debate Agrario y de La Revista Agraria.

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