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PART 3 | Drugs, Development and Cross-Cutting Issues

Los impactos de género de las políticas de drogas en las mujeres: estudios de casos en México

Corina Giacomello
Translated by Loreto Solís
This article is a translation of:
The Gendered Impacts of Drug Policy on Women: Case Studies from Mexico [en]
Other translation(s):
Les conséquences genrées des politiques en matière de drogues pour les femmes: études de cas au Mexique [fr]

Abstract

Este trabajo se centra en mujeres acusadas de delitos relacionados con drogas y en mujeres que usan drogas, desde la perspectiva de la intersección de tres ejes: i) las relaciones y los sistemas de género, ii) el desarrollo y iii) las políticas de drogas. Tiene como fin analizar el impacto de las políticas de drogas en las mujeres desde una perspectiva de género, enfocándose en dos grupos de “mujeres detenidas”: mujeres privadas de la libertad y mujeres en centros de tratamiento de uso de drogas. En este artículo se sostiene que las políticas de drogas actuales son parte integrante de estructuras patriarcales que fundamentan la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que socavan la igualdad de género y el desarrollo.

Por medio de la prohibición, el marco internacional de fiscalización de las drogas genera mercados de drogas ilícitas y organizaciones de narcotráfico que reflejan sistemas de género hegemónicos y consideran a las mujeres, niñas, niños y adolescentes como objetos desechables. Estas reproducen, además, estructuras sexistas que conducen a la explotación laboral de mujeres por parte de sus parejas masculinas, a relaciones patriarcales en contextos de trabajo remunerado ilícito, así como a la violencia y a una cultura patriarcal. Otros resultados directos de la implementación de políticas internacionales en materia de drogas son el uso de la encarcelación como medida disuasoria y la reclusión de un número cada vez mayor de mujeres por delitos de drogas.

También en el caso de las mujeres que consumen drogas, las políticas de drogas actuales contribuyen, mediante elementos prácticos y discursivos, a la reproducción y la justificación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres privadas de la libertad de los dos grupos analizados en este capítulo, en lugar de estar acompañadas por comunidades, familias e instituciones estatales que se ocupen de su sufrimiento y de los delitos que se cometen en su contra, y que intenten repararlos, se encuentran aún más aisladas como consecuencia de su internamiento en recintos legales o ilegales en los cuales sigue reproduciéndose la violencia contra las mujeres y se frena el desarrollo.

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Full text

1. Introducción

“La limpiábamos [la marihuana], la empaquetábamos, la liábamos y era como un proceso. En el pueblo la gente estaba contenta cuando empezó este trabajo, porque participaban incluso niños y ancianos, gente de todas las edades”.

Gaby, Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Oaxaca, México

1Gabriela Cruz (“Gaby”) creció en la zona rural de uno de los estados más sorprendentes de México: Oaxaca. Situado en el sudeste, Oaxaca concentra múltiples maravillas y tesoros: una gastronomía variada, selvas exuberantes, pirámides sumamente bien conservadas, playas vírgenes de arena blanca, una multiplicidad de idiomas indígenas y plantas que alteran la conciencia: los “niños santos” de María Sabina cargados de psilocibina, la salvia divinorum y la principal fuente de trabajo del pueblo de Gaby: la marihuana. Con todo, la extensa contribución de Oaxaca al desarrollo cultural y espiritual mundial contrasta con el contexto de desarrollo nacional y local.

  • 1 Los gráficos se pueden consultar en “Medición de Pobreza 2008-2018, Estados Unidos Mexicanos”, Cone (...)

2La mitad de la población mexicana vive en la pobreza1 y, desde 2008, el acceso a la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos han disminuido. En este contexto, en diversas regiones del país las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los hombres es de 0,789, mientras que el de las mujeres es de 0,752 y el “ingreso nacional bruto estimado per cápita” masculino es, por su parte, el doble del femenino (PNUD, 2018, 35).

3En el Índice de Desigualdad de Género, México se ubica en la posición número 76. Otra cifra que impacta es la tasa de natalidad entre las adolescentes de ese país: 60,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años (PNUD, 2018, 38), para un promedio mundial de 44 nacimientos. Los embarazos adolescentes son una problemática regional: de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “aunque la tasa de fecundidad total (número de hijos por mujer) ha ido disminuyendo en América Latina y el Caribe a lo largo de los treinta últimos años, la tasa de fecundidad en adolescentes solo ha disminuido ligeramente durante ese período y sigue siendo la segunda más alta del mundo, solo superada por la del África subsahariana” (OPS, 2017, 13).

4El caso de Gaby coincide con estas estadísticas. Ella tuvo a su primera hija a los 15 años. Su embarazo fue producto de una violación por parte de un hombre de su pueblo. Además de ser víctima de violencia infantil (Lenzer, 2015) y de violencia basada en el género contra las mujeres y las niñas (Consejo de Europa, 2011), en aquella época Gaby ya era también víctima de una de las peores formas de trabajo infantil (ILO, 1999): desde los 12 años de edad tenía que transportar pequeños paquetes de marihuana a la Ciudad de México. Su empleador también era un hombre de su pueblo.

5Cuando Gaby creció, se enamoró de un traficante de drogas y se embarazó nuevamente. El traficante la dejó. Gaby no tenía recursos para pagar atención médica privada y la atención pública en México es escasa, especialmente en las zonas rurales. El hijo de Gaby nació con parálisis física y cerebral, por lo que Gaby siguió transportando marihuana para poder financiar los exámenes médicos de su hijo.

6Hasta ahora, el Estado había estado prácticamente ausente de la vida de Gaby. Ni la violencia sexual ni la explotación laboral infantil de las que fue víctima justificaron la atención o la intervención del Estado. Gaby logró equilibrar la pobreza y el subdesarrollo mediante el trabajo que le proporcionó el cultivo ilícito y “compensar” la falta de atención médica con el conocimiento local de las hierbas e infusiones.

7Un día el Estado sí se interesó en Gaby, cuando fue detenida transportando marihuana y condenada a diez años de cárcel. La recluyeron junto a su hijo y finalmente Gaby se convirtió en un número. Su única huella oficial se encuentra en los registros de otro fenómeno mundial que tiene consecuencias específicas en México y Latinoamérica: las políticas internacionales en materia de drogas. México no solamente es un país donde se cultiva el opio y la marihuana, donde circula la cocaína y la heroína, entre otras facetas del tráfico internacional de drogas (ONUDD, 2019). Allí también se observa parte de lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) califica de “consecuencias imprevistas” (ONUDD, 2008), a saber, el aumento de las detenciones por delitos menores y por consumo de drogas, como también la falta de tratamiento para las personas que sufren de uso dependiente de sustancias.

8En el contexto de un paradigma en materia de políticas de drogas en el que las tasas de encarcelamiento son un indicador del éxito de las mismas (Bewley-Taylor, 2016), la pena de cárcel de Gaby representa un paso hacia adelante, hacia un “mundo sin drogas”. Sin embargo, a medida que examinamos minuciosamente su historia y distinguimos en ella elementos como la violencia en razón de género, la exclusión social y la discriminación racial, así como las repercusiones que el encarcelamiento tiene para su hijo, el balance nos lleva hacia otras interpretaciones posibles. La historia de Gaby se vuelve parte de una tendencia mundial: las políticas de drogas tienen repercusiones de género tanto en las mujeres como en el desarrollo.

Argumentos, metodología y contenidos principales

9Es posible analizar los impactos de las políticas de drogas en las mujeres desde la situación particular de por lo menos cuatro grupos específicos: i) las mujeres y las adolescentes privadas y ex privadas de la libertad, ii) las mujeres que consumen drogas, iii) las niñas y las adolescentes que tienen a un/a “adulto/a referente” (forma cercana a la del tutor/a legal) privado/a o un/a adulto/a referente internado/a para el tratamiento del uso dependiente de sustancias psicoactivas, y iv) las mujeres cuidadoras de personas en las cárceles o de quienes consumen drogas.

  • 2 La detención se entiende en los términos que establecen los Principios y Buenas Prácticas sobre la (...)

10El presente capítulo se centra en los primeros dos grupos y más específicamente en mujeres privadas de la libertad tanto en cárceles como en centros de rehabilitación de drogas. Dicha preferencia está motivada por la experiencia de la autora, como asimismo por la intersección entre las creencias de género y la detención2, que conforma un espacio simbólico y material en el cual se reproducen múltiples formas de violencia en razón de género contra las mujeres y las adolescentes.

11Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se entiende por políticas en materia de drogas (OMS):

En el contexto de las sustancias psicoactivas, el conjunto de políticas diseñadas para influir en la oferta y la demanda de drogas ilegales, a escala local o nacional, que comprenden programas de educación, tratamiento, control y otros programas y políticas. En este sentido, la política en materia de drogas no incluye la política farmacéutica (excepto en lo que se refiere al desvío al uso no médico) ni tampoco la política sobre alcohol y tabaco3.

  • 4 La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes modificada por el Protocolo de 1972, el Convenio (...)
  • 5 Entre estos se cuentan –solo para mencionar los más pertinentes de los últimos años– el Documento f (...)

12El marco que rige las políticas nacionales en materia de drogas lo proporcionan tres convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre drogas4, además de otros documentos pertinentes de carácter internacional5. En lo que respecta a las mujeres, tres textos destacan la exposición de las mujeres a la discriminación y la violencia por motivos de género en el contexto del tráfico de drogas y del consumo de drogas, y hacen un llamado a los organismos internacionales y a los Estados miembros a incorporar la perspectiva de género en las políticas en materia de drogas, a tener en cuenta las necesidades y realidades específicas de las mujeres, y a adoptar acciones centradas en el género en la concepción y la ejecución de las políticas en materia de drogas. Estos documentos son el documento de políticas A gender perspective on the impact of drug use, the drug trade, and drug control regimes [Perspectiva de género sobre el impacto del consumo, el comercio y los regímenes de fiscalización de drogas] de ONU Mujeres (2014), la resolución  de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas (Comisión de Estupefacientes de la ONU, 2016) y el Documento final de la sesión extraordinaria de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (Asamblea General de la ONU, 2016). Cada uno de estos textos contiene propuestas de políticas públicas orientadas a incorporar las dimensiones de género del consumo de drogas y el tráfico de drogas, así como a implementar políticas centradas en las mujeres, entre las que se cuentan: i) implementar alternativas al encarcelamiento de mujeres acusadas de delitos menores no violentos que estén embarazadas o tengan a su cuidado principal o exclusivo niñas y niños pequeños, ii) recopilar e intercambiar datos desglosados por sexo, iii) ofrecer a las mujeres que consumen drogas acceso a servicios de tratamiento adaptados a sus necesidades, iv) contribuir a la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, y v) garantizar la inclusión de las mujeres en el diseño, ejecución, evaluación y supervisión de las políticas de drogas.

13Si bien el presente capítulo reconoce la importancia del análisis contenido en los documentos recién mencionados y concuerda con el enfoque general y el contenido de sus propuestas, este enfatiza la importancia de que se realice un examen de las políticas en materia de drogas bajo el prisma del género y de la crítica feminista. Para tal fin, los relatos de las propias mujeres son el principal recurso metodológico que permite desentrañar algunos de los impactos de género que tienen dichas políticas para las mujeres en detención y sus efectos negativos en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5: “Lograr la igualdad entre los género y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (Asamblea General de la ONU, 2015, 16). En el presente capítulo se afirma que las políticas de drogas actuales favorecen la violencia contra las mujeres y las adolescentes, y debilitan aún más la igualdad de género y el desarrollo.

14Los estudios de casos de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas que se presentan en la segunda sección de este capítulo forman parte de un trabajo de sensibilización y de presión política que se llevó a cabo conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil EQUIS Justicia para las Mujeres (México) y la Washington Office on Latin America (WOLA). Los casos se analizan dentro del marco más amplio de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas. Estos estudios de casos se benefician de la labor de investigación empírica de más de diez años de la autora realizada mayoritariamente en cárceles femeninas y mixtas de México, como también de investigaciones comparativas jurídicas y políticas centradas en Latinoamérica sobre mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas (Giacomello, 2013a, 2013b, 2017a, 2017b, Giacomello, Erreguerena y Blas, 2017).

15La información que aquí se presenta sobre mujeres que usan drogas y se encuentran privadas de la libertad en centros de rehabilitación de drogas o en centros penitenciarios es el resultado de un trabajo de investigación que se extendió por un año y que comprendió nueve meses de trabajo de campo en cuatro estados mexicanos, en i) dos cárceles, ii) dos centros de rehabilitación públicos y uno semiprivado, iii) una clínica semiprivada de tratamiento de substitución de opiáceos y iv) cinco centros de rehabilitación privados para personas de bajos ingresos, tres de ellos para mujeres y adolescentes, y los demás para hombres, mujeres y adolescentes de ambos sexos.

16La información acerca de las mujeres y las adolescentes que participaron generosamente en entrevistas semi-estructuradas con la autora se sistematiza en un gráfico en la sección correspondiente. El análisis se basa en la totalidad de los datos recopilados y se narran dos historias de forma más detallada con el propósito de entregar una visión más acabada de los resultados generales obtenidos. Por una decisión metodológica de la autora, la información no es homogénea respecto de todas las fuentes entrevistadas, tal como se puede apreciar en el gráfico 2. Debido al carácter delicado e íntimo de los temas abordados y a las experiencias de vida que las mujeres y adolescentes compartieron dentro de un espacio de confianza frágil y limitado por el tiempo, las entrevistas se llevaron a cabo como conversaciones con preguntas abiertas y no como un cuestionario de respuestas cerradas. Por tanto, en aquellos casos en que al consultar ciertas informaciones no se obtuvo respuesta, en que el contexto (entre otros, escasez de tiempo, situación de peligro, entrevista grupal o presencia de autoridades) impidió obtener respuestas más detalladas o en que la fuente simplemente asumió el control de la entrevista “utilizándola” como un espacio para expresarse, la autora no indicó que faltara información, sino que optó por preservar la continuidad y la confianza de la conversación.

17Tanto las entrevistas individuales como las grupales se centraron en tres temas: i) la relación de las mujeres con las drogas, ii) la intersección entre el consumo de drogas y las experiencias de vida, lo que principalmente se tradujo en relatos sobre ciclos de violencia por motivos de género y distintas formas de internamiento (ya sea en centros de detención juvenil, centros de rehabilitación de drogas, cárceles, o en instituciones para niños abandonados o víctimas de maltrato familiar) y iii) las condiciones de vida en los centros de rehabilitación.

18En el caso de las mujeres privadas de la libertad, también conversamos sobre los delitos que cometieron (principalmente sobre las circunstancias en que estos ocurrieron, más que sobre el procedimiento judicial). Su participación en delitos penales (robos, homicidios, secuestros, tráfico de drogas) la mayor parte de las veces estaba vinculada con relaciones que se desarrollaron de forma paralela al consumo de drogas y/o con relaciones afectivas.

19Las entrevistas grupales se llevaron a cabo principalmente en cárceles por dos motivos principales: cada vez que la autora visitó la cárcel, se le ofreció la posibilidad de entrevistar de cuatro a diez mujeres durante un período de tiempo limitado (generalmente unas tres horas). Para poder conversar con todas las mujeres que asistían a las entrevistas sin hacerlas esperar ni cancelar a última hora, resultó más conveniente realizar las entrevistas individuales de forma grupal. Por supuesto, las mujeres participaban en las entrevistas grupales solamente si se sentían cómodas al respecto. El segundo motivo, que reforzó el primero, es que las autoridades penitenciarias traían a las mujeres en grupos, aunque ello no ocurrió en todos los recintos penitenciarios. En otros casos se realizaron entrevistas colectivas porque así lo solicitaron las mujeres y las adolescentes. En un caso, por ejemplo, dos reclusas quisieron que las entrevistaran juntas y sin otras reclusas. En un centro de rehabilitación público, dos adolescentes pidieron que las entrevistaran juntas y el centro recomendó lo mismo, ya que una de ellas había tenido una crisis luego de haber contado en una sesión de terapia colectiva, que había sido víctima de violación. Esta vez estaba dispuesta a dar la entrevista y a conversar sobre su experiencia solamente si su amiga la acompañaba.

20Al inicio de cada entrevista individual o grupal se informaba a las mujeres y adolescentes acerca de la estructura y el propósito de la misma. Se les invitaba a abandonar la reunión cuando lo quisieran o lo necesitaran, así como a revelar tanta información y con tanto detalle como quisieran. Se les prometió además que el hecho de retirarse de la entrevista no tendría repercusiones.

21De manera general, la autora hizo lo posible por que las entrevistadas se sintieran cómodas, escuchadas y libres de retirarse en todo momento, así como de conversar sobre los temas que prefirieran, si eso les ayudaba a sentirse más a gusto. En general, la experiencia de que alguien las escuchara fue positiva y tuvo un efecto tranquilizador. En un solo caso, en un centro de rehabilitación de drogas en donde la propia autora se sintió amenazada, las adolescentes querían hablarle aún sabiendo que probablemente recibirían un castigo por ello. A pesar de la intención de la autora de retirarse del centro cuando entendió la gravedad de la situación, dos adolescentes insistieron en que las entrevistaran porque se sentían completamente aisladas y no tenían a nadie con quien conversar. La autora recalcó que el hecho de hablar con ella podía ponerlas en peligro y que no tenía cómo protegerlas. Agregó que si lo necesitaban, conversaría con ellas hasta que los dueños del centro (un pastor protestante y su esposa) le pidieran que se fuera. Así ocurrió, en un tono amenazante, luego de un par de entrevistas.

22Por último, es necesario aclarar que la posibilidad que tuvo la autora de entrevistar a estas mujeres fue producto de sus contactos personales y profesionales, más que de procedimientos institucionales. Estos solo fueron necesarios en el caso de los centros de rehabilitación semipúblicos. Un aspecto positivo es que ello le permitió acceder a información que generalmente es difícil de obtener, sin embargo, refleja también como los obstáculos institucionales y la voluntad de ocultar conductas ilegales en el caso de algunos centros de rehabilitación de drogas, suelen impedir la realización de investigaciones que podrían favorecer el desarrollo de políticas públicas.

23El presente capítulo está estructurado de la siguiente manera: en la primera parte, “Discriminación y violencia contra las mujeres”, se presentan algunos conceptos teóricos, como asimismo datos que muestran la persistencia de desigualdades en las relaciones de género. En la sección siguiente, “Género y políticas de drogas” se presentan los principales estudios de casos que componen el trabajo de campo de la autora sobre mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas y mujeres drogadictas en centros de rehabilitación públicos y privados en México. El capítulo concluye con algunas reflexiones finales sobre las dificultades que supone la incorporación de una perspectiva de género a las políticas en materia de drogas.

2. Discriminación y violencia contra las mujeres

“Me enseñaron que las mujeres tenían que obedecer a sus maridos”.
Sonia, condenada a 5 años de cárcel por posesión de cocaína,
Centro femenil Tanivet, Oaxaca, México

2.1. Género, sistemas de género y estructuras patriarcales

24En el marco de este capítulo, el concepto de género se entiende i) como un organizador de la identidad de estructuras sociales binarias desiguales en las cuales los hombres tienen poder sobre las mujeres; ii) como un concepto relacional, y iii) en términos del sistema de género.

25Es importante destacar que en este trabajo se reproduce la división binaria ficticia que distingue entre hombres y mujeres como únicas identidades sexuales y de género posibles, y que es uno de los pilares de los sistemas de género. Ello se explica no porque la autora crea que tal división describe acertadamente las identidades sexuales y de género, sino porque es parte de los sistemas de género en los que se basan y construyen tanto los relatos y las experiencias de las mujeres entrevistadas, como la manera en que las políticas de drogas se refieren al género. Así, las otras identidades de género, el poder transformador de lo que entendemos por género y la manera en que este se aplica en contextos individuales y sociales, no forman parte del marco teórico de este capítulo.

26El género entendido como “identidad de trasfondo” (Ridgeway, 2009) y como “forma primaria de relación de poder” (Wallach Scott, 2008) se refiere a cómo se construyen características, roles, atributos y expectativas de acuerdo a la percepción que las personas tienen de sí mismas y de los demás. Esto es válido respecto a las relaciones individuales y sociales de las personas, a sus relaciones con sus propios cuerpos e identidades sexuales, así como a la forma en que las demás personas las perciben y esperan que sean. La identidad de género se interrelaciona con otros constructos de la identidad social tales como la raza, el origen étnico y la clase social, y forma parte de los diversos niveles de estratificación y de estereotipos sociales que se asignan a las personas y a los grupos sociales.

27Las diferencias entre los hombres y las mujeres, entre los hombres entre sí y entre las mujeres entre sí, funcionan de acuerdo a una escala horizontal y a una escala vertical (Ridgeway y Correll, 2004) en las que tradicionalmente se considera a las mujeres como inferiores a los hombres. Héritier (2007) define la situación de inferioridad social de las mujeres mediante el concepto de “valencia diferencial de los sexos”, la cual siempre ha estado presente, aunque de formas distintas, en todas las sociedades, grupos sociales y épocas históricas.

28De este modo, el género constituye un conjunto cambiante de creencias culturales y símbolos en los que se fundamenta la construcción y la reinterpretación constante de lo que entendemos por los conceptos binarios y asimétricos de “hombre” y “mujer”, y la forma en que las personas, relaciones y contextos sociales aplican dichos conceptos.

29Los roles y atributos de género se transmiten como sistema binario de prohibiciones y expectativas. Dicho de otro modo, el género prohíbe y prescribe. La combinación de las prohibiciones y las prescripciones de género constituyen lo que aquí se define como “axiomas de género”, a saber, el conjunto de comportamientos que responden y corresponden a las creencias en las que se basan. Por ejemplo, se supone que las mujeres deben amar a sus bebés y se les prohíbe consumir drogas durante el embarazo. Esta prescripción y esta prohibición son inseparables entre sí gracias a la creencia tradicional de género –arraigada en una interpretación de lo que es el cuerpo de la mujer– según la cual la reproducción, además de ser posible biológicamente, corresponde a un deseo natural. Las mujeres que no desean ser madres tienen que explicar su decisión, lo cual no ocurre con las mujeres que optan por la maternidad. Además, el “rol natural de la mujer como fuente de vida” necesita encontrar una correspondencia cultural en el “rol cultural de la mujer como proveedora de cuidados”, garantizando de ese modo una continuidad entre el sexo y la identidad de género que puede presentarse como un producto coherente de prescripciones y prohibiciones basadas en el género. No cumplir con la prescripción o transgredirla lleva a una infracción del axioma de género, lo que a su vez produce estigmatizaciones y sanciones.

30Los axiomas de género abarcan tanto las creencias de género hegemónicas como las creencias de género alternativas (Ridgeway y Correll, 2004). Las primeras prevalecen sobre las segundas en términos de cómo las personas esperan que las traten y cómo estas se comportan. Sin embargo, los axiomas de género hegemónicos y alternativos no son estructuras fijas o aisladas, sino que interactúan entre sí y pueden ser incorporados conjuntamente a la historia de vida de una persona. Así ocurre, por ejemplo, con mujeres que han cometido delitos relacionados con drogas. En los relatos de algunas de ellas su capacidad de acción no hegemónica (p. ej. transportar drogas) se formula como un acto de transgresión positiva (decidir cometer un delito) y también como creencias y roles de género hegemónicos (p.ej. ser pobre, madre soltera que tiene que ser proveedora de sus hijos o esposa obediente). Así, la combinación entre la capacidad de acción y la victimización basada en el género, además de ser una aproximación analítica (Giacomello, 2017a), es también un relato que se alimenta de un conjunto rico y variado de creencias de género que coexisten pese a las representaciones binarias de comportamientos “buenos” y “malos”, o “hegemónicos” y “alternativos” basados en el género.

31Por consiguiente, el género se debe entender no solo como eje de identidad y organizador de las relaciones, sino también como un sistema que funciona como matriz de preceptos y jerarquías que limitan y dirigen las conductas humanas. En su esencia estos preceptos y jerarquías son difícilmente evitables –en parte por miedo a la estigmatización y por la gratificación que significa entrar en la “normalidad” (Goffman, 1961), como también porque siempre nos hallamos en medio de relaciones de género– tanto respecto a las identidades interpersonales o a la identidad propia, como a los acuerdos normativos y culturales que regulan a las sociedades como un todo, y en sus efectos prácticos respecto de instituciones formales e informales tales como el idioma, la religión, la familia, la educación, las instituciones del Estado, los organismos económicos y las estructuras políticas.

32Los sistemas de género evolucionan constantemente y los cambios se reflejan en el avance que consiguen las mujeres en todos los ámbitos. Con todo, tal como se verá en los datos y los relatos de las mujeres en las siguientes secciones, la “inferiorización” de las mujeres es un aspecto que persiste. La “valencia diferencial de los sexos” se manifiesta y se reproduce a través de las seis estructuras patriarcales descritas en la obra de Walby, Theorizing Patriarchy [Teorizar el patriarcado]: i) un modo de producción patriarcal en el cual los maridos expropian el trabajo de sus esposas, ii) relaciones patriarcales respecto del trabajo remunerado, iii) el Estado patriarcal, iv) la violencia masculina, v) relaciones patriarcales en materia de sexualidad y vi) la cultura patriarcal. Estas seis estructuras, parcialmente independientes entre sí, componen un patriarcado definido como “un sistema de estructuras sociales y de prácticas en las cuales los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres” (Walby, 1989, 214). Estas estructuras también se entrecruzan y se manifiestan en el ámbito del tráfico de drogas, las políticas en materia de drogas y sus efectos en las mujeres.

2.2. Datos sobre desigualdad de género

33Pese al hecho de que en el último siglo se ha asistido a enormes avances hacia la igualdad de género, las mujeres siguen encontrándose a la zaga de los hombres en todos los ámbitos: educación, salud, independencia económica y acceso a recursos, competitividad económica y participación en organismos de decisión política.

  • 6 La metodología y el análisis cuantitativo en que se basan estas cifras se describen en WEF (2018, 3 (...)

34El Global Gender Gap de 2018 del Foro Económico Mundial “compara 149 países en cuanto a sus avances hacia la paridad de género en una escala de 0 (disparidad) a 1 (paridad), según cuatro aspectos temáticos: los subíndices de participación y oportunidades económicas; el nivel educacional; la salud y la supervivencia; y el empoderamiento político” (WEF, 2018, vii – our transl.). Sus resultados principales muestran que la brecha de género mundial es de 32 % y que esta desaparecerá dentro de 108 años6.

35La desigualdad de género no solamente constituye una violación de los derechos humanos, sino que entorpece el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Tal como se indica en el informe Índices e indicadores de desarrollo humano:

Las desventajas a las que se enfrentan las mujeres y las niñas son una importante fuente de desigualdad y una de las mayores barreras para el progreso en materia de desarrollo humano. […].A nivel mundial, el valor medio del IDH de las mujeres (0,705) es un 5,9% más bajo que el de los hombres (0,749) […].Gran parte de la diferencia se debe a los menores ingresos y nivel educativo de las mujeres en muchos países. La brecha de género es más amplia en los países con un desarrollo humano bajo, donde el valor medio del IDH de las mujeres es un 13,8% más bajo que el de los hombres (PNUD, 2018, 5-6).

  • 7 Estas metas son: ‘5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las (...)

36La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible comprende 17 objetivos interdependientes e indisociables, a los cuales se asocian 169 metas. Como se destacó en la introducción a este capítulo, el objetivo número 5 promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este objetivo se descompone en metas precisas7, que reflejan los principales obstáculos a la realización de la igualdad entre los hombres y las mujeres: la violencia contra las mujeres, la carga laboral dos o tres veces mayor en el caso de las mujeres, especialmente en actividades no remuneradas vinculadas a las tareas domésticas y a la crianza infantil (es decir, cuidar a otros en detrimento de cuidar de sí mismas), y su mayor exclusión del empleo formal y por ende, de la protección social, sin mencionar las limitaciones “invisibles” y las diferencias salariales, las cuales constituyen algunas de las herramientas más poderosas de la opresión que se ejerce de forma continua contra las mujeres y las niñas.

37El Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. La distribución de los ingresos se puede ilustrar examinando la participación de los hogares en el ingreso total. El quintil con mayores ingresos (quintil V) representa alrededor de 45 % del ingreso total de los hogares, mientras que el ingreso del quintil de menores ingresos (quintil I) recibe, en promedio, a penas 6 % (CEPAL, 2019, 114). Además, tras más de una década de reducción de la pobreza y la extrema pobreza, desde 2015, ambas han comenzado a aumentar. La pobreza no afecta de la misma manera a todas las personas: el informe muestra que “hay una mayor presencia relativa de mujeres en los hogares en situación de pobreza. En América Latina, el índice de feminidad de la pobreza se mantuvo elevado y estable entre 2012 y 2017, situándose en torno a 113” (CEPAL, 2019, 120), lo que significa que de 100 hombres de entre 20 y 59 años que viven en situación de pobreza, 113 mujeres se encuentran en esa misma situación.

2.3. La violencia contra las mujeres

38La violencia por razones de género es fundamental para entender tanto la participación de las mujeres en delitos relacionados con drogas como el desarrollo de la dependencia.

39El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, define la violencia contra las mujeres por razones de género como “toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada” (Consejo de Europa, 2011, 8). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos define la violencia por razones de género y sus intersecciones del modo siguiente:

Por violencia de género se entiende todo acto lesivo dirigido a una persona o grupo de personas en razón de su género. Esta puede incluir la violencia sexual, la violencia doméstica, la trata de personas, el matrimonio precoz o forzado y las prácticas tradicionales nocivas. La comprensión de la concomitancia entre el género y, por ejemplo, la raza, la religión, la condición económica, la afiliación política y la situación geográfica también son fundamentales para comprender y abordar las modalidades y formas de violencia de género (ACNUDH, 2014 – our transl.).

40El enfoque interseccional –es decir, el reconocimiento de que existe una intersección de desigualdades múltiples (Walby, Amstrong y Strid, 2012) y la forma en que ello afecta de distintas maneras a personas y grupos diferentes– es esencial para entender el impacto de género de las políticas de drogas. Por ejemplo, la opresión de que son víctimas las mujeres blancas de clase media no es la misma que sufren las mujeres de color o indígenas. Asimismo, las mujeres privadas de la libertad, ya sea acusadas por delitos relacionados con drogas o en centros de rehabilitación, son simultáneamente víctimas de violencia por razones de género. Esta última comprende tanto la violencia sexual, y las formas interseccionales de violencia y de discriminación (por ser pobre, por no respetar el axioma de género de “la madre buena”, por ser indígena, etc.), como los impactos de políticas específicas en materia de drogas que refuerzan la violencia por razones de género: por un lado, la privación de la libertad y por el otro, la mayor estigmatización hacia las mujeres que consumen drogas ilegales. Tal como lo expresó una de las mujeres entrevistadas: “un hombre que consume drogas es solo un consumidor de drogas; una mujer que consume drogas es una consumidora de drogas y una puta”.

  • 8 Véase Hechos y cifras: acabar con la violencia contra mujeres y niñas, publicado por ONU Mujeres en (...)
  • 9 Véase la página Feminicidio, publicada por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en ht (...)

41De acuerdo con ONU Mujeres8, 35 % de las mujeres de todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. La expresión más extrema de la violencia en razón de género es el asesinato de mujeres y niñas. Mientras que el 80 % de las víctimas de homicidio son hombres, 82 % de las víctimas de homicidio contra la pareja son mujeres (ONUDD, 2018a, 11). Con frecuencia estos asesinatos basados en el género son la culminación de años o décadas de violencia en razón de género. A nivel mundial, la tasa de asesinatos por razones de género por parte de miembros de la familia o de la pareja –definidos legalmente como “femicidios” o “feminicidios”, y sancionados en la mayoría de los países de América Latina– fue de 1,3 por cada 100.000 mujeres en 2017 (ONUDD, 2018a, 11). En 2018, la tasa de la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe era superior al promedio mundial: 6,8 en El Salvador (la más alta de la región), 5,1 en Honduras, 3,4 en Trinidad y Tobago, 1,4 en México, 1,3 en Ecuador y 1,7 en Uruguay9.

3. Género y políticas de drogas

42En la presente sección se analizan los impactos de género de las políticas en materia de drogas en las mujeres privadas de la libertad.

43Basándose en el marco teórico de género y de las estructuras patriarcales que se expone en la primera parte de este capítulo, la expresión “impactos de género de las políticas en materia de drogas” alude a dos aseveraciones: la primera es que las mujeres y los hombres participan de manera distinta en las actividades relacionadas con las drogas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, la mayoría de quienes consumen drogas y de las personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas son hombres. Los hombres consiguen una posición de liderazgo en las organizaciones de tráfico de drogas con mayor frecuencia que las mujeres, y son más proclives a tener un papel destacado en instituciones encargadas de controlar la oferta y la demanda de drogas. Ello implica que tanto las instituciones encargadas de las políticas de drogas como las poblaciones a las que estas se aplican, están representadas y dominadas por hombres. En lo que se refiere a las estructuras patriarcales definidas por Walby (1989), tanto las organizaciones de tráfico como las políticas de drogas reproducen dichas estructuras, al asignar a las mujeres la posición más inferior en la cadena delictiva, donde tienen pocas posibilidades de liderazgo, al mismo tiempo que son explotadas laboralmente a través de la familia y las relaciones de pareja. Así, no solamente se desposee a las mujeres de su trabajo y se les condiciona a limitaciones invisibles, sino que además las labores a las que se les induce y se les fuerza a realizar las exponen al peligro mayor de ser detenidas por las fuerzas del orden, lo que, como veremos en este capítulo, queda reflejado en el aumento excesivo de la tasa de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. Asimismo, como lo mostrarán los testimonios de las mujeres, tanto las mujeres acusadas por delitos relacionados con drogas como aquellas que las consumen sufren violencias cíclicas que se practican en su contra en razón de género. Si bien las políticas actuales en materia de drogas no provocan ni incitan directamente a lo anterior, la importancia de los discursos y prácticas represivas y estigmatizadoras que se derivan de la ejecución del marco de políticas actual contribuye a que se ignore dicha violencia, y en cierta medida, a justificarla de manera implícita.

44El uso del género como herramienta analítica para evaluar las políticas de drogas, además de requerir una descripción diferenciada de la participación de las mujeres y los hombres, también supone tener en cuenta sus roles diferenciales: sus formas de participación e implicación, sus drogas preferidas y los efectos de la aplicación de normativas supuestamente neutras.

45Basándose en lo anterior, la segunda hipótesis en que se basa la comprensión de los impactos de género de las políticas en materia de drogas es que diferencial es sinónimo de perjudicial para las mujeres, como consecuencia de la desigualdad de las relaciones de género transversales. Así, “la valencia diferencial de los sexos” de Héritier abarca tanto el tráfico y el consumo de drogas como las políticas correspondientes.

46Como lo señala Walby (1989, 224) “el argumento de que el Estado es una estructura patriarcal no implica que el Estado sea monolítico”. Esta afirmación es válida tanto en relación con las políticas internacionales en materia de drogas en sí, como con su aplicación en el contexto nacional. Es por ello que el presente capítulo se inicia y concluye con observaciones respecto a posturas centradas en las mujeres presentes en el discurso dominante en las políticas de drogas, las cuales reconocen y al mismo tiempo intentan enfrentar las desigualdades de género en términos de los resultados de estas políticas en la actualidad. Con todo, en este capítulo se sostiene que a no ser que se analicen y cuestionen dichas políticas como estructuras patriarcales, las mencionadas propuestas solo podrán rozar la superficie de las desigualdades sin resolverlas.

47La siguiente parte de este capítulo está estructurada en dos secciones. En la primera se presentan relatos sobre la participación de mujeres en el tráfico de drogas desde la perspectiva de la discriminación y la violencia basadas en el género y la intersección de las estructuras patriarcales, así como de las dinámicas del comercio de drogas y las consecuencias de las iniciativas de control de la oferta. Estas últimas implican un aumento de las tasas de encarcelamiento femenino por delitos menores no violentos. En la segunda sección, los relatos de mujeres que consumen drogas se presentan en relación con sus historias de vida y con los sistemas de género que operan en los centros de rehabilitación de drogas.

3.1. Mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas

48El encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas es un fenómeno mundial que ha experimentado un aumento asombroso, tal y como lo ha destacado tanto la sociedad civil (Álvarez, 2018, 2019a, 2019b, PRI; 2020, WOLA et al., 2016), como organizaciones internacionales (CIDH, 2017; JIFE, 2016; ONUDD, 2018b; ONU Mujeres, 2014) y estudios académicos (Anderson, 2005; Bailey, 2013; Fleedosod, 2014; 2017; Giacomello, 2013a; 2017a; Maher y Hudson, 2007). Esa es también la principal razón del aumento de la población en los centros penitenciarios femeninos. Pese a que las mujeres todavía representan una gran minoría en todos los sistemas penitenciarios, constituyendo 6,9 % de la población penitenciaria mundial (Walmsley, 2017), según las listas de cárceles del Instituto para la Investigación de las Política Penal, la tasa de encarcelamiento femenino se ha incrementado en 53 % desde 2000. Por su parte, la población penitenciaria general crece al mismo ritmo que la población mundial, con un aumento de cerca del 20 % en ese mismo período (Walmsley, 2017, 2).

49Tal como se presenta en el Informe Mundial sobre las Drogas de 2018 de la ONUDD, las mujeres conforman cerca del 10 % de las personas que han ingresado al sistema de justicia penal por delitos relacionados con drogas en el mundo. Sin embargo, este porcentaje varía dependiendo de cada región: Oceanía, Asia y Latinoamérica presentan porcentajes superiores, seguidos por Europa. Por su parte, las cifras son muy inferiores en África, donde las mujeres representan menos de 5 % de las personas arrestadas por ese tipo de delitos (ONUDD, 2018b, 28).

50En un informe de Penal Reform International (PRI), que analiza las prácticas en materia de sentencias en el caso de mujeres acusadas por delitos relacionados con drogas y que abarca las jurisdicciones de 18 países, se demuestra, por ejemplo, que “en varias de las jurisdicciones analizadas, las sentencias no privativas de la libertad constituyen la forma más común de sentencia por delitos menores de mujeres relacionados con drogas (p. ej., en Inglaterra y Gales, Alemania y Nueva Zelanda). En Rusia, por el contrario, se dictan sentencias no privativas de la libertad solamente en cerca de 4% de los casos de delitos relacionados con drogas” (Linklaters, 2020). En Tailandia, por su parte, 82 % de las mujeres en establecimientos penitenciarios están allí por delitos relacionados con drogas (Álvarez, 2019a) y en las Filipinas este número asciende a 53 % (Álvarez, 2018).

51En Latinoamérica, dependiendo de cada país, los delitos relacionados con drogas constituyen ya sea la razón principal o la segunda razón de encarcelamiento de mujeres (Giacomello, 2019). Esto es consecuencia de la intersección de tres factores. En primer lugar, además de ser la región con mayor desigualdad del mundo y con altos niveles de violencia contra las mujeres, Latinoamérica es una región represiva. Mientras que la tasa mundial de encarcelamiento –número de personas privadas de la libertad por 100.000 habitantes– se sitúa en 145 (53 % de los países poseen una tasa inferior a esta), la tasa de personas privadas de la libertad en el continente americano es de 233 por 100.000 habitantes y en América Central asciende a 316 (Walmsley, 2018). El segundo factor es que en general los países de América Latina tienden a imponer la cárcel como respuesta a delitos relacionados con drogas, lo que produce un aumento de la población carcelaria. Un estudio realizado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) muestra que en la mayor parte de los países latinoamericanos el número de personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas ha aumentado en mucha mayor proporción que la población carcelaria general y que la población total. En Brasil, por ejemplo, entre 2006 y 2014, la población general aumentó de 8 %, la población penitenciaria, de 55 % y el número de personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas, de 267 %. Estas mismas categorías muestran aumentos respectivos de 19 %, 142 % y 289 % en Colombia entre 2000 y 2015 y de 13 %, 49 % y 127 % en Argentina entre 2002 y 2014 (Chaparro, Pérez Correa, Youngers, 2017, 26).

52Como se muestra en el estudio Niñez que cuenta (Giacomello, 2019), que analiza los impactos de las políticas de drogas en las hijas/os de madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe, el criterio represivo en la ejecución de dichas políticas tiene mayor impacto en las mujeres. El gráfico 1 muestra el porcentaje de hombres y mujeres encarceladas por delitos vinculados con drogas en una selección de países.

GRÁFICO 1 Personas encarceladas por delitos relacionados con drogas en Latinoamérica (porcentajes), por sexo, en una selección de países.

GRÁFICO 1 Personas encarceladas por delitos relacionados con drogas en Latinoamérica (porcentajes), por sexo, en una selección de países.

FUENTE: Giacomello (2019).

53Con excepción de la República Dominicana y Guatemala, las diferencias son notables. Esta tendencia se explica en cierta medida por el recurso a la detención preventiva y a las penas de prisión por delitos menores no violentos relacionados con drogas (García Castro, 2019).

54La tendencia regional general al encarcelamiento es resultado directo de las políticas internacionales en materia de drogas y de su ejecución en países represivos. Tanto la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes como la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 contemplan el encarcelamiento contra quienes participen en el tráfico de drogas (específicamente en el artículo 36 de la primera convención y en el artículo 3 de la segunda). Asimismo, la cantidad de detenciones de personas acusadas de delitos relacionados con drogas es un indicador internacional del éxito de las políticas nacionales en esta materia (Bewley-Taylor, 2016). Si bien respecto a las personas que usan drogas existe cierto margen de maniobra (la pena se acompaña de un tratamiento o se substituye por este), casi ningún país latinoamericano recurre a estas últimas medidas. Por otra parte, la respuesta más frecuente al tráfico a micro-escala que suele ir aparejado con el uso de drogas, es la privación de la libertad en fase de proceso y como pena. Tanto el aumento de la cantidad de encarcelamientos, como la crisis carcelaria que afecta a la mayoría de los países en Latinoamérica y los impactos de la privación de la libertad en niñas y niños con madres y padres encarcelados son, por lo tanto, una consecuencia directa de las políticas actuales y de sus objetivos.

55Como se señaló a través del caso de Gaby en la introducción a este capítulo, lo que refleja el “éxito” nacional de estas políticas es la continuidad de una serie de formas de violencia múltiples contra las mujeres y las adolescentes, la cual persiste, es invisible y no es cuestionada. Los casos que se presentan a continuación representan a algunas de las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas en México. Estos contribuyen a reforzar lo que sabemos sobre los perfiles de las mujeres encarceladas, así como sobre su implicación y participación en delitos relacionados con drogas. Estas mujeres casi siempre son pobres, sin educación y con un historial de violencia ejercida en su contra en la infancia y/o de violencia sexual en razón de género ejercida en su contra siendo niñas o adultas. Son mujeres que han crecido en condiciones generales de subdesarrollo y escasez de servicios estatales que facilita el surgimiento de organizaciones de tráfico de drogas. Las mujeres se involucran en el tráfico principalmente a través de sus esposos o compañeros, y la función que estos cumplen como agentes en un contexto de victimización marca la diferencia entre el consentimiento y la coacción para cometer delitos más complejos. Si bien la mayoría de las mujeres entrevistadas reconoce su participación activa en la venta, el transporte o el ingreso de drogas a las cárceles o su tráfico a través de las fronteras, el contexto en el que esto ocurre transmite la idea de una “elección obligada”, en vez de un consentimiento libre, voluntario y pleno. Además, estas complejidades muestran la relación indisociable que existe entre el género, la violencia y la pena, en donde cohabitan tanto la capacidad de acción como la victimización (Giacomello, 2017a).

3.1.1. Gaby

56Como se describió en la introducción al presente capítulo, en su niñez Gaby fue víctima de violencia sexual y de explotación laboral infantil. Ambas circunstancias quedaron en la impunidad. Gaby solo aparece en los registros oficiales como traficante de drogas. Durante su detención, fue transferida de un centro penitenciario mixto –una cárcel donde las infraestructuras para los hombres cuentan con unos pocos espacios para las mujeres (ya sea dormitorios, secciones o algún tipo de edificio aparte)– a Tanivet, un recinto 100% femenino ubicado más cerca de la capital del estado de Oaxaca. Cabe mencionar que en México, la mayoría de las mujeres privadas de la libertad se hallan en cárceles mixtas, ya que del total de 311 centros penitenciarios existentes, solo 19 son femeninos (CNDH, 2018). Las condiciones en las cárceles del país son extremas para todas las personas, pero las mujeres reclusas se encuentran más expuestas a la violación de diversos derechos, entre los que se cuentan el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación, a condiciones de vida dignas, al trabajo y, a veces, el derecho a estar cerca de sus familias y a la comunicación. Asimismo, en las cárceles mixtas el abuso sexual puede servir de mercancía de negociación a cambio de servicios, como puede también recurrirse a la trata de personas con fines de explotación sexual, incluyendo el abuso sexual de las niñas y los niños que viven con sus madres. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2018, 436 niñas y niños vivían con sus madres en la cárcel (CNDH, 2018). El hijo de Gaby ya no vivía con ella en Tanivet, ya que Gaby tuvo que tomar la decisión entre que se quedara con ella o enviarlo a una institución pública donde pudiera seguir un tratamiento de rehabilitación para sus afecciones. En un comienzo, Gaby le solicitó al juez el derecho de acompañar a su hijo a la rehabilitación y regresar después con él a la cárcel para no tener que separarse de él. El juez estimó que “los hijos son los hijos y el delito es el delito”, y que Gaby “debía haber pensado en eso antes de traficar marihuana”. Este tipo de argumentaciones constituye una violación del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que vela por el derecho de los niños a permanecer junto a su familia, mientras así lo requiera el interés superior de estos. Tampoco respeta las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) en cuanto a la aplicación de medidas no privativas de la libertad a mujeres cuando estas son las únicas o las principales responsables de niñas o niños (Giacomello, 2018). Gaby tuvo que escoger entre el derecho de su hijo a la salud y su derecho a permanecer junto a ella, si bien se trata de dos derechos humanos interdependientes e indivisibles (Verhellen, 2015).

57El involucramiento de Gaby en el tráfico de drogas comenzó cuando era niña, trabajando para un traficante de alto rango. Luego, se implicó y participó además en el transporte de marihuana a instancias de otro hombre que la expuso aún más al riesgo de detención. Como muchas de sus compañeras de cárcel, Gaby era una niña con posibilidades limitadas que se hizo mujer en un entorno predominantemente masculino, dentro de un Estado patriarcal en donde la violencia contra las mujeres no solo no es sancionada, sino que se considera legítima. La respuesta del Estado, al encarcelarla, constituyó una nueva violación de sus derechos y redujo sus posibilidades de empoderamiento. Esto puso además en riesgo el bienestar de su hijo, primero, al no proporcionarle condiciones de vida adecuadas y acceso a atención médica en la cárcel, y luego, al forzarlo a separarse de su madre como única opción si quería acceder a tratamiento y rehabilitación.

58Los discursos de las políticas de drogas y su sistema de indicadores ofrecieron el escenario y el paraguas bajo el cual el Estado pudo ejercer violencia legítimamente. Gaby y su hijo forman parte de la narrativa oficial de criminalización y sanción de los infractores. Es necesario cotejar estas narrativas con otras en las que estos aparecen como víctimas de omisiones y violaciones constantes por parte del Estado, así como de relaciones de género desiguales y violentas.

3.1.2. Sonia

59La historia de Sonia tiene elementos en común con la de Gaby. La acusación de posesión de cocaína en su contra se tradujo en una pena de prisión de cinco años. Sonia transportaba drogas de Guatemala a México escondiéndolas debajo de su falda, viajando en bus con su hijo de dos años en su regazo y su marido-empleador sentado detrás de ella. Su manera de contar la historia recuerda la historia de la mayor parte de las “mulas” cargadoras de drogas: un aprieto económico –una deuda que contrajo su marido– que lo llevó a participar como “mula” en el mayor corredor terrestre de cocaína del mundo. Después, el marido de Sonia le propuso que viajara con él: así podrían pagar la deuda más rápidamente. En un comienzo ella se negó, por no querer exponer el bienestar de su familia, pero al final aceptó. El axioma de género establecía que Sonia tenía que obedecer a su marido y soportar la violencia. Ella hizo ambas cosas, cumpliendo además la prescripción de la buena madre: como era su responsabilidad cuidar a su hijo pequeño, lo llevaría con ella.

60Las prescripciones de género pueden servir para camuflar el tráfico: mujeres jóvenes y bonitas que cruzan las fronteras y seducen a guardias, mujeres de aspecto normal que hacen la fila para entrar a la cárcel como visitas, “familias” que viajan juntas, una mujer sumisa sentada al lado de su marido (Giacomello, 2013a). En este caso, el marido de Sonia le sugirió pegarse la droga con cinta adhesiva a las piernas bajo la falda.

61Cuando los detuvieron los llevaron a la fiscalía de la Policía Federal, donde los policías amenazaron a Sonia con quitarle a su hijo “y dárselo a una familia que lo quisiera de verdad”. Las amenazas en las que se utiliza a niñas, niños y adolescentes son un método relativamente común de tortura psicológica en detención y generalmente son formas de amenaza de tortura física y sexual (INEGI, 2016).

62Posteriormente, el niño fue transferido a una institución pública, y Sonia y su marido quedaron en detención preventiva. A él lo dejaron en libertad y ella fue condenada. El abogado de Sonia la convenció de declararse culpable de la acusación para que su marido quedara libre y pudiera volver a Guatemala con sus hijos. Sonia no ha vuelto a ver a sus hijos desde que está presa, ya que su marido nunca cumplió su promesa de ir a visitarla.

63A Sonia los axiomas de género le jugaron en contra. Además de haber sido víctima de violencia doméstica a través de las prescripciones de su rol de buena esposa y madre, la hicieron atravesar la frontera llevando ella misma las drogas. La Policía Federal la torturó sobre la base de los axiomas de género y luego la encarcelaron a ella en lugar de su marido. En los centros penitenciarios mexicanos las mujeres como Sonia tienen un nombre: son las “pagadoras”, es decir, las mujeres que cumplen condena para encubrir a su pareja o a un pariente de sexo masculino, o son acusadas junto a ellos o en lugar de ellos (Giacomello 2013a).

64Gaby, Sonia y decenas de otras mujeres privadas de la libertad con las que la autora ha conversado a través de los años, tienen en común tres ejes que determinan su capacidad de acción en delitos relacionados con drogas, ya que en su mayoría ellas reconocen haber cometido un delito. El primero es el subdesarrollo: pobreza multifactorial, falta de acceso a servicios básicos, oportunidades económicas nulas o escasas, feminización de la pobreza y bajo nivel escolar. Este eje se ve reforzado por la discriminación y la violencia de género, las cuales atraviesan las vidas de estas mujeres y tienen consecuencias en la manera en que se involucran en delitos relacionados con drogas, en los roles que cumplen y en su exposición a que las detengan transportando drogas. El eje de las políticas de drogas se manifiesta de dos maneras. Primero, mediante la creación –como consecuencia de la prohibición– de mercados de drogas ilegales y organizaciones de tráfico, lo que refleja sistemas de género hegemónicos, y en donde se trata a las mujeres y a los niños como objetos desechables. Lo anterior perpetúa tanto las estructuras sexistas que conducen a la explotación laboral de las mujeres por parte de sus parejas hombres, como las relaciones patriarcales respecto al trabajo ilegal remunerado, y la violencia y la cultura patriarcal.

65El otro resultado directo de las políticas en materia de drogas es la puesta en práctica de un discurso represivo que descansa en el encarcelamiento como mecanismo de disuasión. Esto no solamente ha resultado un fracaso si se considera el crecimiento de los mercados de drogas ilegales (ONUDD 2019), sino que además produce dos consecuencias que el discurso y los propósitos de las propias políticas en materia de drogas no quieren ver. Una de ellas es el encarcelamiento de mujeres pobres y sin educación que en su mayoría son víctimas de violencia. La otra son los impactos que tiene en millones de niñas, niños y adolescentes el encarcelamiento de sus madres y padres y el surgimiento de niñas y niños institucionalizados transnacionalmente (Giacomello, 2019).

66Por consiguiente, las políticas en materia de drogas crean las condiciones para la explotación de las mujeres en un contexto de desigualdad estructural, así como su exclusión aún mayor mediante el encarcelamiento. Más que traficantes, las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas son mujeres traficadas. La acción conjunta de los sistemas de género y las políticas de drogas sientan las bases para la trata de mujeres tanto por parte del Estado patriarcal como de las organizaciones criminales. A través de la ejecución de las políticas actuales de drogas y en especial mediante la judicialización del sistema de justicia penal en detrimento de soluciones enfocadas a la salud, los Estados no solo no consiguen cumplir con su mandato en términos de desarrollo e igualdad de género, sino que además generan formas nuevas de discriminación y violencia contra las mujeres o refuerzan las preexistentes.

67Como se verá en la sección siguiente, esta situación se aplica igualmente a las mujeres que consumen drogas.

3.2. Mujeres que usan drogas y acceso a tratamiento

68En 2008, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó cinco consecuencias imprevistas de la ejecución del marco actual de políticas internacionales en materia de drogas, el cual está compuesto por los tres convenios de la ONU anteriormente citados. Estas consecuencias son: i) la creación de un mercado delictivo, ii) un “desplazamiento de las políticas”, que significa que se han destinado más recursos a iniciativas de control de la oferta, lo que implica que se han dejado de lado medidas enfocadas a la salud pública, pese al hecho de que esta última sea “el motivo principal subyacente a la fiscalización” (ONUDD, 2008, 219), iii) el desplazamiento geográfico, o “efecto globo”, que hace que se modifiquen las tendencias de producción y las rutas de tráfico con el fin de escapar al control de las fuerzas del orden, iv) los desplazamientos de sustancias y, por último, v) “el modo en que las autoridades perciben a la población de consumidores de drogas ilícitas y se ocupan de ella”. La ONUDD prosigue, “Parece haberse creado un sistema por el cual quienes caen en la red de la toxicomanía se encuentran excluidos y marginados de la sociedad, marcados con un estigma moral y, con frecuencia, sin posibilidad alguna de recibir tratamiento, aun cuando se sienten motivados a buscarlo” (ONUDD, 2008, 220).

69La presente sección se centra en las dos consecuencias imprevistas siguientes: el desplazamiento de las políticas (ii) y la manera en que las autoridades se ocupan de quienes consumen drogas (v).

70La información de que se dispone muestra que si bien, a escala mundial, las mujeres consumen muchas menos drogas ilegales que los hombres, el nivel de consumo femenino de opiáceos y tranquilizantes con fines no médicos es equivalente o superior al de los hombres (ONUDD, 2018b, 6). Los datos provenientes de América Latina (CICAD, 2019) y México (INEGI, 2017) confirman estas tendencias. Con todo, las diferencias de género en relación con el consumo de drogas tienden a reducirse o a desaparecer en el caso de los y las adolescentes. Generalmente las mujeres acceden al consumo de drogas principalmente a través de sus parejas de sexo masculino y tienden a desarrollar una dependencia con mayor rapidez que los hombres, fenómeno conocido como “efecto telescópico” (ONUDD, 2018b).

71Según el estudio Improving the management of violence experienced by women who use psychoactive substances [Mejoramiento de la gestión de la violencia que sufren las mujeres que consumen sustancias psicoactivas] del Grupo Pompidou del Consejo de Europa, las mujeres que consumen drogas sufren mayor violencia y de forma más grave: i) que los hombres, ii) que las mujeres de la población general y iii) que los hombres consumidores de drogas. Asimismo, las personas que consumen drogas han sufrido más violencia que quienes no las consumen (Benoit y Jauffret-Roustide, 2016). Las mujeres consumidoras de drogas son víctimas i) de violencia doméstica y de violencia por parte de sus parejas, ii) de violencia durante la infancia, iii) de situaciones ligadas al consumo de drogas, y principalmente de violencia sexual, iv) de violencia vinculada con el comercio sexual, v) de violencia vinculada con la trata de personas y vi) de violencia institucional. Esta última se manifiesta en distintos entornos, tales como comisarías y patrullas policiales, como también en centros de rehabilitación de drogas y en especial en aquellos con pacientes de sexo masculino y femenino.

72El acceso de las mujeres a tratamientos de rehabilitación se ve limitado por diversos factores, entre los cuales el principal es la intersección de los sistemas de género y las políticas de drogas. La falta de énfasis que ponen las políticas de drogas en la salud pública no solamente invalida los supuestos discursos y objetivos del sistema de fiscalización de drogas en su totalidad, sino que expone vidas humanas. Como lo señala el Estudio sobre las repercusiones del problema mundial de las drogas en el ejercicio de los derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2015), las políticas de drogas actuales conducen a diversas violaciones de los derechos humanos de quienes consumen drogas. Entre estos se encuentran el derecho a la salud, dado que dichas políticas no garantizan el acceso a tratamiento. Estas además criminalizan a quienes consumen drogas. Asimismo, las personas que consumen drogas pueden ser víctimas de discriminación en contextos de atención médica. La escasez de servicios de reducción del daño en la comunidad y en las cárceles disminuye aún más las posibilidades de llegar a quienes consumen drogas, de reducir la transmisión del VIH y las hepatitis B y C, o de prevenir las sobredosis. La estigmatización y la penalización del consumo de drogas desalienta a quienes las consumen de solicitar asistencia en el sector de la atención médica por temor a la detención. El ODS número 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, (Asamblea General de la ONU, 2015, 16) aborda específicamente estos temas en las metas 3.3 (de aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles) y 3.5 (fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol).

73Tanto la falta de centros de rehabilitación suficientes como los obstáculos de acceso a los tratamientos existentes son resultado directo de la aplicación de políticas en materia de drogas en marcos nacionales específicos. Ambos tienen consecuencias más negativas para las mujeres. De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), “de las personas que necesitan acceder a un tratamiento, el número de mujeres que lo logran es inferior al de hombres” (JIFE, 2016, 9). Lo anterior se relaciona directamente con obstáculos culturales, sociales y estructurales en los cuales se entrecruzan las políticas en materia de drogas y el género:

Un tercio de las personas que abusan de las drogas en todo el mundo son mujeres, pero de las personas que reciben tratamiento por abuso de drogas solo una quinta parte son mujeres. Las mujeres se enfrentan a importantes obstáculos sistémicos, estructurales, sociales, culturales y personales para acceder al tratamiento del abuso de sustancias. En el plano estructural, entre los principales escollos se encuentran la falta de servicios de guardería y los prejuicios hacia las mujeres que consumen drogas, especialmente si están embarazadas. A menudo, los programas de tratamiento residenciales no admiten a mujeres con hijos. Las mujeres que consumen drogas a veces no solicitan tratamiento por miedo a perder la custodia de sus hijos. Otras de las razones de que haya pocas mujeres en tratamiento pueden ser la hostilidad del personal médico o el hecho de que los ambulatorios estén llenos de pacientes varones, lo que hace que las pacientes se sientan incómodas (JIFE, 2016, 8).

74Además, las mujeres se ven enfrentadas a mayores obstáculos para acceder a servicios y tratamiento de reducción del daño en las cárceles (Sander, Shirley-Beavan y Stone, 2019) y en sus comunidades. Esta situación no es exclusiva de Latinoamérica y puede definirse como un problema mundial, en el cual cada país proporciona niveles y calidad de acceso diferentes (Ayon et al., 2019; Médecins du Monde, 2019; Uusküla et al., 2018); Asimismo, generalmente a las mujeres dependientes de drogas que son víctimas de violencia se les niega el acceso a albergues para mujeres víctimas de violencia por el hecho de consumir drogas, ya sea por ley o debido a prácticas institucionalizadas, dejándolas de este modo tanto a ellas como a sus hijas e hijos en una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la acción del Estado y las instituciones privadas (Benoit y Jauffret-Roustide, 2016; HRI, 2013).

3.3. Mujeres en centros de rehabilitación de drogas en México

75En México, los servicios públicos de rehabilitación de drogas son escasos: existen solo 44 centros residenciales, además de 11 servicios a cargo de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), organismo civil subvencionado por el gobierno), contra cerca de 2.108 centros privados (CONADIC, 2019a). Solamente la mitad de los centros privados están registrados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), autoridad responsable entre otras funciones, de la supervisión de los centros de rehabilitación. De los 1.045 centros registrados, solo 348 son reconocidos por la CONADIC, lo que significa que estos han sido objeto de evaluación y supervisión. De ellos, 99 son para hombres y mujeres, 34 solo para mujeres y el resto solo para hombres (CONADIC, 2019b). Los CIJ también son centros mixtos. En consecuencia, al igual que ocurre con las cárceles, a las mujeres consumidoras de drogas se les trata mayoritariamente en centros mixtos. El gran predominio de los centros residenciales de tratamiento de las adicciones no registrados ni supervisados se traduce en una infinidad de métodos, condiciones de vida y, con frecuencia, en abusos. La mayor parte de los centros, comúnmente llamados “granjas” o “anexos”, son lugares donde los castigos físicos son moneda corriente, como también lo son los maltratos psicológicos, los trabajos forzados, los abusos sexuales y los asesinatos. Para los y las consumidoras de drogas obligadas a vivir en estos centros de manera indefinida, la amenaza de tal vez no despertar al día siguiente es real. Desafortunadamente, dado que aventurarse al interior de estos centros es arriesgado, la investigación académica sobre este tema es escasa.

76Como se explicó en la introducción a este capítulo, las páginas siguientes se fundamentan en un trabajo de campo realizado por la autora entre febrero y noviembre de 2019 en el marco de un proyecto de investigación que está llevando a cabo para la Universidad Autónoma de Chiapas y EQUIS Justicia para las Mujeres (México). El cuadro 1 muestra la distribución de las entrevistas.

CUADRO 1. Tipo y número de personas entrevistadas.

Grupo

Número de entrevistas

Mujeres en centros de rehabilitación de drogas

21

Mujeres adolescentes en centros de rehabilitación de drogas

4

Hombres adolescentes en centros de rehabilitación de drogas

4

Mujeres en la cárcel

15

Mujeres en la cárcel por delitos relacionados con drogas (no por consumo de drogas)

3

Personas con conocimiento académico o profesional sobre este tema

15

FUENTE: LA AUTORA.

77Las entrevistas con mujeres y adolescentes se realizaron de forma individual o grupal, dependiendo de su preferencia. Tanto en las cárceles como en los centros de rehabilitación se garantizó la privacidad de las conversaciones, las cuales se realizaron en un marco confidencial. Las entrevistas se centraron en dos temas principales: el desarrollo de la adicción a las drogas en relación con las historias de vida de las entrevistadas y sus experiencias de tratamiento residencial. El gráfico 2 ilustra la información recopilada respecto a cada mujer o adolescente. En él se sistematiza la información acerca de 21 mujeres y 4 adolescentes en centros de rehabilitación de drogas, 15 mujeres en centros penitenciarios y 2 ex-consumidoras que trabajan respectivamente como directora y subdirectora en centros de rehabilitación privados.

78En las dos primeras columnas se indican el nombre y la edad de las entrevistadas y en las nueve columnas siguientes –de color– se indica la primera ocasión de consumo de drogas junto a la edad que tenía la entrevistada en dicha ocasión (ya sea la edad exacta, una franja etaria o un periodo de tiempo; ver más detalles en la leyenda del gráfico). Si la entrevistada consumió dos o más drogas la primera vez en la misma franja etaria, las demás sustancias se indican de la misma manera (“ATS” significa estimulantes de tipo anfetamínico). La siguiente columna –escala de grises– indica si la mujer o la niña ha sido víctima de abuso sexual. Este tema nunca constituyó una pregunta específica, sino que la autora lo abordó solamente cuando se crearon las condiciones de confianza necesarias o cuando este surgió por iniciativa de las propias entrevistadas. En consecuencia, en los casos en que no se abordó el tema del abuso sexual, ello se indica en gris como “no especificado”. La ausencia de símbolo significa que la mujer o la adolescente indicaron específicamente no haber sido víctimas de violación. La última columna registra el número de hijos/as que tiene cada entrevistada y su situación de embarazo al momento de la entrevista se indica con un asterisco.

GRÁFICO 2. Información recopilada sobre mujeres y adolescentes que consumen drogas.

Mujeres en centros de rehabilitación de drogas

Mujeres en centros de rehabilitación de drogas

Mujeres en centros penitenciarios

Mujeres en centros penitenciarios

FUENTE : LA AUTORA.

79En lo que se refiere al consumo de drogas, los datos reflejan las tendencias nacionales, en donde el alcohol y el tabaco son las primeras drogas utilizadas y la marihuana, la primera droga ilegal (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2017). Las drogas con mayores impactos –es decir, aquellas que ocasionan más daños individuales y sociales– son principalmente la metanfetamina cristalizada, la heroína y las drogas del tipo de la cocaína. Excepto en un caso, el consumo de drogas de las entrevistadas se inició en la niñez (con seis y nueve años como edades más precoces) o en la adolescencia. Los miembros de la familia (principalmente los padres y los hermanos) son el principal vector de introducción al consumo de drogas. Por ejemplo, a Marta le dio cocaína su padre, policía federal, cuando tenía 12 años, para que “nadie la engañara cuando fuera grande”. En las familias de la mayoría de estas mujeres hay antecedentes de alcoholismo.

80De las 43 mujeres y adolescentes, 21 informaron haber sufrido abuso sexual. Los autores principales fueron los tíos, padrastros, padres, abuelos y primos. De ellas, 23 tenían hijos, lo que refleja la tendencia al embarazo adolescente mencionada en la introducción a este capítulo. Así le ocurrió a Sara, quien fue víctima de abuso sexual por parte de sus primos mayores cuando tenía ocho años y hasta los 11 años, todos los domingos por la tarde después de la misa. O a Tamara, cuyo abuelo abusaba sexualmente de ella y a quien enviaron a un centro de detención juvenil luego de que lo asesinara a puñaladas a los 16 años de edad. A “Gato” la violó primero su abuelo a partir de los tres años de edad y luego su padre, cuando ella tenía 16. Generalmente estos actos de violencia sexual no son objeto de denuncia y cuando las víctimas son niñas menores de edad, generalmente nadie les cree. Ninguna de las múltiples formas de violencia que sufrieron estas mujeres cuando eran niñas tuvieron consecuencias para los autores. Sin embargo, sí las tuvieron para las víctimas. Esta relación de las mujeres con las drogas está intrínsecamente vinculada con sus historias de vida y con el género (Romero Mendoza et al., 2018).

81Los casos siguientes son un ejemplo de los relatos que conforman los resultados de la investigación que aquí se presenta. El primer caso es el de Alejandra, quien estaba presa en el momento de la entrevista. El segundo es el de Sol, una joven adolescente que trabajaba como sicaria para un cartel de narcotráfico y que fue detenida contra su voluntad en un centro de rehabilitación privado.

3.3.1. Alejandra

82“Has tenido una vida muy difícil…”, afirmé luego de más de 40 minutos escuchándola, con la impresión de que algo faltaba. “Después de una situación que me ocurrió… cambié. Era feliz…” dice mirando hacia abajo, “Era feliz, feliz…” repite y vuelven a su mente recuerdos de una época de su niñez. “¿Alguien te hizo daño?”, le pregunto. Y por fin empieza a contar su historia.

83Alejandra (Ale) tenía 13 años y vivía en un pueblo de Chiapas, un estado pobre del Sur de México. Vivía con sus abuelos y hermanos. Su madre y su padre vivían en otros estados de México. Una mañana iba caminando rumbo a la escuela. Casi siempre caminaba con un compañero de clase, su amor platónico. Pero ese día él no llegó. Llegaron dos vecinos. Le golpearon los tobillos con un palo y la obligaron a ir con ellos a un campo cercano. Alejandra pidió auxilio, pero nadie vino. “Hicieron lo que quisieron conmigo”, dijo, y la violaron y golpearon durante horas. Cuando la dejaron irse, le advirtieron que no le contara a nadie lo sucedido y la amenazaron con violar a sus hermanas si lo hacía. Entonces los dos hombres comenzaron a venir todos los días a pararse frente a su casa, a controlarla, a obligarla a guardar un silencio temeroso. Unos días después, le contó a su abuela lo que había ocurrido. Sin embargo, incluso después de que su familia habló con la policía, no pasó nada. Pocos días después, Alejandra volvió a la escuela, cambiando el camino de regreso a casa, intentando evitarlos. Pero un día los mismos dos hombres la interceptaron. La llevaron a una casa y la encerraron, violándola y golpeándola. “Había niños en el cuarto”, dijo, tal vez eran los hijos o los sobrinos de los hombres, y ellos les decían: “Miren y aprendan como hay que tratar a las mujeres”. Luego de tres días la dejaron ir.

84Esta es la historia que cambió la vida de Ale. Su adolescencia y su juventud estuvieron marcadas por el uso dependiente de drogas y la detención en un centro penitenciario juvenil. Fue acusada de ser cómplice en un homicidio y recurrió al trabajo sexual para conseguir dinero para pagar las drogas. Pero necesitaba más drogas para encontrar la fuerza necesaria para volver al trabajo sexual nuevamente. Cuando la conocí, se hallaba en calidad de procesada en la sección femenina del centro penal de media seguridad El Amate, por robo con violencia.

3.3.2. Sol

85Sol tenía 15 años cuando la entrevisté. Estaba detenida en un “anexo”. Su familia la llevó allí a la fuerza y los “guardias” (internos que adquieren cierto nivel de autoridad dentro del régimen de control vertical de los centros) del “anexo” la ingresaron con violencia. Creía que su vida corría peligro: por un lado, Fito, un “militar” o “ex-policía” –como lo describieron las mujeres y las adolescentes con las que conversé– a cargo del centro de seguridad, podía castigarla a ella y a sus compañeras reclusas por dar la entrevista. Por otro lado, Sol sabía que el cartel de la droga para el que había trabajado podía tratar de asesinarla: “Dejé el cartel; no hay forma de salir del cartel, solo la muerte”.

86Comenzó a consumir sustancias inhalables a los seis años de edad. Creció en la zona roja de una ciudad del centro-norte de México, con su madre, trabajadora sexual. Entonces su madre se mudó a Tijuana, en la frontera norte, donde empezó a trabajar como “dama de compañía” para un cartel de narcotraficantes. El padre de Sol trabajaba para un cartel rival del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez. Su padrastro la violó cuando tenía cuatro años y cuando tenía ocho fue violada nuevamente por el jefe de su madre. Este la obligó a vender drogas, a emplear a otras mujeres para el cartel y, posteriormente, a transformarse en sicaria.

87Alejandra, Sol, y la mayoría de las mujeres y adolescentes con las que conversé, tienen en común una experiencia de vida que puede resumirse de la siguiente manera: primero, cuando niñas, se ejerce violencia contra ellas dentro de sus propias familias, principalmente en forma de violencia sexual y física, abandono y violencia verbal. Cuando intentan informar a su entorno acerca de estos episodios de violencia sexual, no les creen; por el contrario, las acusan de mentir o se les culpa de provocar a sus padrastros o a otros autores de violencia de sexo masculino. Algunas reacciones, la mayor parte de las veces de las madres, consisten en agredirlas. Dos situaciones se abren mayoritariamente ante ellas: se ven involucradas en un ciclo de violencia en razón de género ya sea en el contexto de relaciones con hombres mayores que ellas, en entornos de consumo de drogas o en entornos institucionales (comisarías, centros penitenciarios y centros de rehabilitación de drogas). Lo anterior generalmente lleva a varios embarazos –primero siendo adolescentes y después siendo adultas– y, a veces, al trabajo sexual, a la explotación sexual y a delitos inducidos por sus parejas de sexo masculino. También es posible que acaben viviendo en la calle, pero en cualquiera de los casos, al huir de la violencia se abren nuevas formas de abuso.

88Respecto a los casos en que se emplea por la fuerza a mujeres en el crimen organizado, las sicarias con las que conversé –cuatro de ellas en la cárcel y dos adolescentes en un centro de rehabilitación de drogas– vivieron esa situación al comienzo de la adolescencia. Cuando las entrevisté, todas habían sido víctimas de múltiples violaciones sexuales y habían matado a una gran cantidad de personas. Al ser consultadas acerca del papel del Estado, la opinión de las mujeres privadas de la libertad fue clara y categórica: “El Estado solo nos golpea, nos arresta y nos mata”.

89En la primera parte de los relatos de las entrevistadas, las drogas constituyen claramente un mecanismo para enfrentar el sufrimiento que ocasiona el abandono y el abuso tanto en el hogar como en sus relaciones de pareja. Cuando se desarrolla la dependencia a las drogas y la vida comienza a girar en torno a estas, sus referentes –principalmente la familia– se desmoronan y se producen situaciones de mayor riesgo, como la vida en situación de calle, el trabajo sexual y la exposición a la penalización y el encarcelamiento. A estas alturas entra en juego el tratamiento obligatorio contra la drogadicción y, una vez más, como en el caso de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas, se aísla a las mujeres en espacios predominantemente masculinos donde son víctimas de múltiples formas de violencia por razones de género. Las estructuras patriarcales –es decir, la violencia contra las mujeres y la cultura patriarcal— se reproducen tanto en los circuitos de consumo de drogas como en los centros de rehabilitación.

90El centro de rehabilitación de drogas donde entrevisté a Sol era un lugar especialmente peligroso y, como se explicó anteriormente, su propietario, un supuesto pastor protestante, me pidió que abandonara el lugar. Al igual que sucede en otros centros de rehabilitación, en este las personas permanecen en reclusión obligatoria por une período de tiempo indefinido. Selma, por ejemplo, estuvo recluida durante todo un año sin haber podido nunca poner los pies fuera del recinto. Es un lugar muy sombrío y lleno de humo, sin ventilación ni luz natural y demasiado pequeño para la cantidad de personas que viven allí. Gracias a la buena conducta de Selma y a sus logros en relación con el tratamiento, se le permitió ir a su casa para visitar a su hija joven. Viajó a Estados Unidos, cerca de la frontera con México, donde vive su familia. Allí se encontró con su primo, con quién acostumbraba fumar metanfetamina antes de iniciar el tratamiento. Volvió a fumar y a pesar del hecho de volver a poder estar con su hija y de haber consumido drogas nuevamente, volvió responsablemente al centro de rehabilitación. Su regreso tendría que haber sido valorado como un logro importante en su recuperación. No obstante, el centro estimó que Selma había reincidido y como las reincidencias son consideradas como parte de la toxicomanía, fue sancionada: la obligaron a sentarse durante varias semanas en el “banco de los recaídos”, en exhibición frente a todo el centro. Esto sucedió en agosto de 2019, cuatro meses antes de que la entrevistara. Selma me explicó que su recaída implicaba que sus antecedentes de tratamiento previos no existían. “Tengo que aceptar que he estado aquí cuatro meses, no un año y cuatro meses”.

91Es importante destacar que este centro está certificado por la autoridad pública nacional. Las personas permanecen allí indefinidamente. La duración del tratamiento la deciden los propios dueños basándose en una evaluación arbitraria del proceso de rehabilitación, cuyo objetivo es la abstinencia. En su mayoría son las propias familias de la/os pacientes –a la/os que comúnmente se denomina “interno/as”– las que les llevan a los centros contra su voluntad y les dejan en manos de sus dueños, quienes les aíslan y se ganan la vida con una población recluida de personas que usan drogas a quienes colocan en una senda obligatoria hacia la abstinencia. En otros casos, a quienes consumen drogas les viene a buscar –prácticamente secuestrándoles– el personal de un centro y les introducen a la fuerza en vehículos para transportarles al centro. A estos “recogedores” se les conoce como “la Patrulla Celestial”. En lo personal, luego de entrevistar a Selma sentí la necesidad urgente de escapar. Nunca había tenido una sensación tan fuerte de encarcelamiento, ni siquiera en la sección de alta seguridad de una cárcel federal femenina.

92Además de la violencia sexual, que aparentemente no se produce en los centros que visité, otras formas de violencia en razón de género y de discriminación afectan a las mujeres, especialmente en los centros mixtos. Esta violencia puede clasificarse en tres modalidades: discursiva, estructural y normativa.

93La violencia discursiva por razones de género se refleja en la manera en que el personal de los centros se refiere a las mujeres que consumen drogas: como más problemáticas que los hombres, que intentan atraer la atención de los hombres con fines sexuales, únicas responsables de su dependencia de las drogas y de sus consecuencias. Las adolescentes y las mujeres son culpables de consumir drogas, y sus condiciones estructurales se descartan por completo y no se tienen en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico de su drogodependencia. La dependencia es percibida como un problema individual que las personas deben resolver por ellas mismas mediante el tratamiento y la reclusión, cuyo propósito es la abstinencia. Aunque este discurso se aplica también a los hombres, en el caso de las mujeres el “fracaso personal” se ve reforzado por su transgresión de los axiomas de género. A las mujeres consumidoras de drogas se les cataloga y estigmatiza por partida doble, y en el caso de ser madres, la discriminación de que son objeto es aún mayor.

94Estos discursos están arraigados en las condiciones estructurales y normativas. En el aspecto estructural, los centros mixtos cuentan con menos capacidad para las mujeres. Por ejemplo, en uno de los centros públicos que visité, de un total de 40 camas, solo seis estaban destinadas a mujeres. La suposición de que las mujeres consumen menos drogas que los hombres no es una explicación que justifique esta disparidad, ya que en el consumo adolescente la diferencia de género es casi inexistente. Asimismo, si se tienen en cuenta los obstáculos con los que se enfrentan las mujeres para acceder a tratamiento, la falta de espacios se puede traducir en exclusión, alejándolas de este modo de la atención médica en vez de animarlas a buscar ayuda.

95Los sistemas de género en los centros de rehabilitación reproducen las estructuras patriarcales. Por ejemplo, en un centro de rehabilitación mixto de Baja, en California, el director y exconsumidor de drogas, se había casado con una de las internas, quien era actualmente la subdirectora. Muchas veces las mujeres en los centros de rehabilitación mixtos necesitan hallar lo que denomino un “macho dominante” y apoderarse de él, de modo de no transformarse en objeto sexual de otros consumidores o de miembros del personal. En las relaciones horizontales entre masculinidades en competencia y en su interacción con la dominación sexual patriarcal de tipo vertical de las mujeres, estas últimas se ven obligadas a “escoger” un compañero sexual que las sustraiga del ámbito de los “objetos sexuales desechables” y las sitúe en el lugar legítimo de “mujer de alguien”. Este aspecto también se señala en el informe del Grupo Pompidou:

Las relaciones entre las consumidoras, los consumidores y el personal de estas comunidades reproducen las relaciones del mundo exterior: con frecuencia, algunos consumidores de sexo masculino estigmatizan y acosan a las mujeres, como también algunos miembros del personal. Cualquier gesto amistoso de parte de las mujeres puede interpretarse como un intento de seducción. Cuando las mujeres coquetean, también se les juzga y se les atribuye la culpa debido a la idea profundamente arraigada de que estas utilizan sus cuerpos para obtener drogas a cambio. A veces esto lleva a las mujeres a aceptar, de la misma forma en que lo hicieron antes de incorporarse como internas, una relación basada en una estrategia de protección, para evitar el acoso y la violencia por parte de otros internos de sexo masculino y del personal del centro (Benoit y Jauffret-Roustide, 2016, 25).

96En ese mismo centro de Baja, a los hombres se les permitía salir para llevar a cabo “servicios” para el centro –esencialmente recaudar dinero en la calle o trabajar gratis en panaderías, almacenes u otros establecimientos análogos–, mientras que a las mujeres no se les autorizaba nunca a salir del centro. La razón que se dio fue que a las mujeres era necesario “protegerlas” principalmente de ellas mismas, ya que se creía que intentarían seducir sexualmente a los hombres.

97Estas creencias de género discriminatorias contra las mujeres y perjudiciales para ellas también se reproducen en otras prácticas. En dos centros de rehabilitación mixtos públicos que visité, no estaba permitido que los hombres y las mujeres tuvieran contacto entre sí y además debían respetar las normas relativas a la vestimenta de modo de no provocar comportamientos sexuales. Por ejemplo, las mujeres no estaban autorizadas a llevar shorts, faldas ni vestidos. Cuando se producen intercambios verbales, escritos u orales entre hombres y mujeres, generalmente se acusa a las mujeres de provocar a los hombres. Una paciente me contó que en una ocasión salió de su dormitorio en la noche para ir al baño y que llevaba unos leggins apretados. Al día siguiente recibió una advertencia en que se le indicaba, “Estás buscando que te violen”. Esta mujer fue víctima de abuso sexual a partir de los tres años de edad.

98Si se tienen en cuenta tanto la investigación empírica como el marco más amplio de los sistemas de género, las políticas de drogas y los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a tratamiento, además de los aspectos discursivos y prácticos examinados, es posible sostener que en el caso de las mujeres que consumen drogas, las políticas de drogas actuales se inscriben en estructuras patriarcales que crean, justificándolas, las condiciones de existencia de la violencia por motivos de género, la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Los dos grupos de “mujeres en detención” que se analizan en el presente capítulo, en vez de encontrarse acompañadas por sus comunidades, familias e instituciones del Estado que deberían enfrentar e intentar reparar el sufrimiento y los delitos cometidos en su contra, se hallan aún más aisladas a través del internamiento en instituciones legales e ilegales en donde se sigue reproduciendo la violencia contra las mujeres.

4. Conclusiones

99Este capítulo se centró en dos grupos de mujeres en detención: mujeres encarceladas y mujeres internas en centros de rehabilitación de drogas residenciales. A partir de un marco teórico de género se analizó cómo el género, el desarrollo y las políticas en materia de drogas se intersectan. Se sostiene que el sistema de fiscalización de drogas actual es parte integrante de las estructuras patriarcales y que la interacción entre las políticas de drogas y sistemas de género perjudiciales para las mujeres establece las condiciones para el ejercicio de la violencia en razón de género contra las mujeres y las niñas. Ello se consigue al fomentar la criminalización y el encarcelamiento de personas acusadas de delitos menores no violentos relacionados con drogas, y a través de un marco discursivo y de prácticas de estigmatización y penalización hacia quienes consumen drogas. Las políticas de drogas crean una plataforma para el tráfico y la explotación sexual y laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el seno de sus familias y comunidades, así como a través del crimen organizado y de las instituciones del Estado. Al propiciar un sistema basado en las actividades de detección y de represión en detrimento de una estrategia de salud pública, las políticas actuales en esta materia han desencadenado una crisis de derechos humanos que afecta principalmente a las poblaciones más desfavorecidas de los países en desarrollo y a quienes consumen drogas. Las desigualdades, combinadas con sistemas de género basados en la aludida “valencia diferencial de los sexos”, se manifiestan en la feminización de la pobreza y en la violencia contra las mujeres. Estos dos aspectos figuran entre las causas subyacentes de la implicación de las mujeres en delitos relacionados con drogas y de su adicción a las drogas, e impiden tanto el desarrollo como el empoderamiento de las mujeres y la realización de la igualdad de género.

100En los últimos años esta problemática ha llamado la atención en el ámbito de las políticas de drogas internacionales. La ONUDD ha elaborado documentos sobre el tema de las mujeres y el consumo de drogas, y dedicó un folleto especial a la situación de las mujeres dentro de su Informe Mundial sobre las Drogas de 2018 (ONUDD, 2018b). La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, 2016), por su parte, dedicó un capítulo especial en uno de sus informes anuales al involucramiento de las mujeres en delitos relacionados con drogas y en el consumo de drogas.

101Como se señaló al comienzo del presente capítulo, a modo de preparación para la sesión extraordinaria de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (Asamblea General de la ONU, 2016), ONU Mujeres (2014) presentó su documento de políticas Una perspectiva de género sobre las repercusiones del consumo, el comercio y los regímenes de fiscalización de drogas. En él el organismo afirma que “aparte de un enfoque más humano y equilibrado de las iniciativas internacionales de fiscalización de drogas, centrado en los derechos humanos y poniendo de relieve las dimensiones de salud pública de la presente crisis, este enfoque debe, además, tener perspectiva de género” (ONU Mujeres, 2014, 3 – our transl.).

102En marzo de 2016, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aprobó la resolución Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas (UN CND (Comisión de Estupefacientes de la ONU), 2016). Pese a la existencia de dos resoluciones previas en el ámbito de las mujeres, esta se destaca por su enfoque más integral. El texto reconoce a las mujeres como consumidoras de drogas e indica los obstáculos a los que estas se ven enfrentadas para acceder a tratamiento. La resolución recalca, además, la implicación de las mujeres en el tráfico –principalmente en las posiciones más bajas de las organizaciones criminales, y a menudo por medio de engaños y coacción–, y destaca la importancia de las mujeres como agentes de las políticas en materia de drogas, haciendo un llamado a su participación activa para contribuir “a formular y ejecutar políticas y programas nacionales relacionados con las drogas” (Comisión de Estupefacientes de la ONU, 2016, 45). Entre otras, la resolución propone las acciones siguientes i) que se reúnan e intercambien datos cuantitativos y cualitativos, desglosados por edad y sexo, sobre el problema mundial de las drogas, ii) dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño y iii) “que amplíen la cobertura de los programas existentes y garanticen el acceso a ellos y ofrezcan capacitación y supervisión a todos los profesionales de la salud y la atención social competentes que trabajen con mujeres, inclusive en entornos penitenciarios” (Comisión de Estupefacientes de la ONU, 2016, 46).

103Asimismo, en el documento final de la Asamblea General de la ONU (2016) se hace referencia específicamente a la incorporación de la perspectiva de género:

Incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas en materia de drogas y asegurar la participación de las mujeres en todas las etapas de su elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación, formular y difundir medidas que tengan en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y las niñas en relación con el problema mundial de las drogas y que sean adecuadas a su edad y su género, y, en cuanto Estados partes, aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Asamblea General de la ONU, 2016, 17).

  • 10 Bacchi elabora la metodología de la evaluación profunda como un análisis político ex ante consisten (...)

104Estas demandas son valiosas y necesarias. Recopilar datos desagregados por sexo, promover el empleo de alternativas al encarcelamiento para las mujeres embarazadas o para aquellas que son las principales responsables de niñas, niños y adolescentes, mejorar y ampliar las posibilidades de acceso de las mujeres a tratamiento e incorporar a las mujeres afectadas en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de drogas, son medidas fundamentales que deben fomentarse. No obstante, estas solamente tendrán efectos superficiales si no forman parte de un espectro más amplio de transformaciones que se requieren con urgencia en el sistema internacional de fiscalización de drogas y en su ejecución, retórica, indicadores y prácticas. Una “evaluación profunda”10 (Bacchi y Eveline, 2010) debería reemplazar el análisis actual de las prácticas de género dentro de las políticas de drogas, de modo de garantizar el poder transformador de la incorporación de la perspectiva de género y erradicar la reproducción de estructuras patriarcales. Tal enfoque debería comenzar por la esencia del sistema internacional de fiscalización de drogas y sus instituciones, lo que debería guiar a los países a emprender esa misma senda.

105Por otra parte, es primordial que las mujeres que consumen drogas, las comunidades donde estas se consumen, la/os profesionales y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temas conexos, incentiven y se hagan parte de narrativas y prácticas alternativas no estigmatizadoras y orientadas al empoderamiento en torno al género, el consumo de drogas, las necesidades y fortalezas de las mujeres, la violencia en razón de género y las responsabilidades relativas al cuidado de otros. La participación activa de mujeres que consumen drogas no solo es deseable desde el punto de vista ético, sino que es indispensable para poder desarrollar herramientas que i) respondan eficazmente a las diversas situaciones que viven las mujeres y que supone el consumo de drogas, ii) respondan a las necesidades de las mujeres y iii) reconozcan sus fortalezas y se basen en ellas, proporcionando orientación, estrategias y prácticas para mujeres que consumen drogas en general, mediante un enfoque interseccional.

106Si se tiene en cuenta la situación actual de violencia contra las mujeres y de desigualdades estructurales en la mayoría de los países en desarrollo, es evidente que las políticas de drogas actuales no son la única ni la principal causa de la violencia contra las mujeres y las niñas, y que incluso mediante cambios profundos en la forma de implementar los convenios sobre drogas no se conseguiría combatir los sistemas de género de base. Con todo, si el sistema internacional de fiscalización de drogas no enfrenta adecuadamente la desigualdad de género como parte de un “examen desde el interior”, las políticas de drogas seguirán siendo un fuerte componente de las estructuras patriarcales, y una herramienta retórica y práctica útil para reproducir el estado de detención simbólica y concreta de las mujeres.

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Notes

1 Los gráficos se pueden consultar en “Medición de Pobreza 2008-2018, Estados Unidos Mexicanos”, Coneval, https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg (ultimo accesso: 5 de mayo de 2020).

2 La detención se entiende en los términos que establecen los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH, 2008), según los cuales: ‘A los efectos del presente documento, se entiende por ‘privación de libertad’: cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas’. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp

3 En su Glosario de términos de alcohol y drogas, accesible en https://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf (última visita: 16 de noviembre de 2020), la OMS proporciona dos definiciones de las políticas en materia de drogas. La segunda es: “En el contexto del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales, ‘la política nacional de medicamentos’ se refiere a la política farmacéutica de un país sobre la comercialización, disponibilidad y uso terapéutico de los medicamentos. La OMS recomienda que todos los países dispongan de una política de este tipo, formulada en el contexto de una política sanitaria nacional. La Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS es un esfuerzo para ayudar a los países en desarrollo a elaborar una política farmacéutica en consonancia con la asignación de fondos escasos para productos farmacéuticos basándose en las necesidades sanitarias en lugar de en aspectos de mercado”. El presente capítulo emplea solamente la primera definición, la cual se cita en el cuerpo del texto.

4 La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes modificada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

5 Entre estos se cuentan –solo para mencionar los más pertinentes de los últimos años– el Documento final de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (Asamblea General de la ONU, 2016), de abril de 2016, la Posición común del sistema de las Naciones Unidas en favor de la aplicación de la política de fiscalización internacional de drogas mediante una colaboración interinstitucional eficaz, adoptada en noviembre de 2018 (Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, 2019, 12-14) y la Aplicación de todos los compromisos internacionales sobre políticas en materia de drogas de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que siguió a la Declaración ministerial sobre el fortalecimiento de nuestras medidas adoptadas a nivel nacional, regional e internacional para acelerar el cumplimiento de nuestros compromisos conjuntos a fin de abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas de 2009 (Comisión de Estupefacientes de la ONU, 2019).

6 La metodología y el análisis cuantitativo en que se basan estas cifras se describen en WEF (2018, 3-7).

7 Estas metas son: ‘5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país, 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen, 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales, 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres, 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles’ (Asamblea General de la ONU, 2015, 20-21).

8 Véase Hechos y cifras: acabar con la violencia contra mujeres y niñas, publicado por ONU Mujeres en https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (última visita: 16 de noviembre de 2020).

9 Véase la página Feminicidio, publicada por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio (última visita: 16 de noviembre de 2020).

10 Bacchi elabora la metodología de la evaluación profunda como un análisis político ex ante consistente en desarrollar “una forma de evaluación política que estimule el examen crítico de supuestos conceptuales, modelos de ejecución y formas de evaluación tradicionales dentro de un política existente o propuesta” (Bacchi y Eveline, 2010, 16).

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Title GRÁFICO 1 Personas encarceladas por delitos relacionados con drogas en Latinoamérica (porcentajes), por sexo, en una selección de países.
Credits FUENTE: Giacomello (2019).
URL http://journals.openedition.org/poldev/docannexe/image/4426/img-1.png
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Title Mujeres en centros de rehabilitación de drogas
URL http://journals.openedition.org/poldev/docannexe/image/4426/img-2.png
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Title Mujeres en centros penitenciarios
Credits FUENTE : LA AUTORA.
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Corina Giacomello, Los impactos de género de las políticas de drogas en las mujeres: estudios de casos en MéxicoInternational Development Policy | Revue internationale de politique de développement [Online], 12 | 2020, Online since 01 December 2020, connection on 27 January 2021. URL: http://journals.openedition.org/poldev/4426; DOI: https://doi.org/10.4000/poldev.4426

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About the author

Corina Giacomello

Corina Giacomello es investigadora asociada de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas (México). Se desempeña además como consultora para la ONG EQUIS Justicia para las Mujeres. Sus temas de investigación son el género, los sistemas penitenciarios y las alternativas al encarcelamiento, las políticas de drogas, las mujeres privadas de la libertad, las mujeres que consumen drogas y las niñas y los niños con madres y padres encarcelados.

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