Introducción

4El objetivo de este artículo es poner en debate esa falsa dicotomía entre dimensión instituyente y destituyente de la política. Para esto es necesario responder a las siguientes preguntas. ¿Qué características asumió ese ethos participativo, cuáles fueron sus corolarios para el espacio multiorganizacional y dónde residía la reivindicación de lo destituyente? ¿Por qué sólo las organizaciones que adherían a la gramática movimientista con una tradición nacional y popular pudieron capitalizar los corolarios del proceso de movilización anterior, ese ethos participativo que se había construido sobre las ruinas del neoliberalismo y mantener una intervención pública capaz de ampliar debates sociales en temas profundamente igualitarios como la distribución de la riqueza -en especial de la renta agropecuaria, la asignación universal por hijo-, la desmonopolización de los medios de comunicación concentrados y el matrimonio igualitario?

5Tomando como referencias fuentes primarias de las organizaciones y entrevistas a funcionarios nacionales y dirigentes de organizaciones sociales, a continuación se propone desplegar el análisis de este proceso en tres dimensiones sucesivas: 1) describir las principales características del ethos participativo constituido en el ciclo de movilización iniciado en 1997 tomando como punto de referencia la dinámica organizativa de uno de los mayores protagonistas, como lo fueron las organizaciones piqueteras; 2) caracterizar la trayectoria de las organizaciones populares kirchneristas en virtud de una diagnosis compartida sobre el contexto de oportunidades políticas generado por el flamante gobierno y la discusión sobre el estatuto instituyente de la política, y 3) evaluar críticamente esa división entre lo social y lo político, entre lo instituyente y lo destituyente que parece haber marcado la dinámica de los procesos de movilización en la Argentina reciente.

6El argumento que se sostendrá postula que esa división entre lo social y lo político despojó a la política de su carácter instituyente, resaltando el destituyente. Complementariamente, la propuesta es pensar a la institucionalización no como cooptación de una fracción o partido político ni como sumisión/integración al gobierno sino como una mediación entre la sociedad civil y el régimen político, de tal modo que puedan redefinirse las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política (O‘Donnell, 1993; 2007). El interrogante por la institucionalización supone responder cuáles son los vínculos, los efectos o las resonancias de un ciclo de movilización sobre ese régimen en la clave que lo ha planteado la sociología política. Este artículo, vale aclararlo, tiene un carácter exploratorio y tiene como propósito reponer el carácter instituyente a la política con la complejidad que supone para los sujetos colectivos, sorteando la oscilación entre posturas celebratorias o miserabilistas sobre los movimientos sociales.

Procesos de movilización y la conformación de un ethos participativo

8En ambos ciclos, los cambios se produjeron en tres dimensiones: formato, demandas y actores. Cabe aclarar que algunos de ellos se originaron con antelación a ese ciclo; sin embargo fue en este donde es posible observarlos con mayor precisión. Respecto del formato, o en términos más generales, del repertorio de acción e intervención pública se evidencia una tendencia inversamente proporcional en relación a los cortes de ruta con los paros: hacia 2001 había el doble de cortes de ruta que de paro, revirtiendo la relación de principios de la década del noventa cuando se producía “un corte de ruta cada siete paros” (Schuster, et. al., 2006: 60). En términos porcentuales, el corte alcanzó el 18%, mientras que los paros el 12%. Es necesario considerar que no sólo las organizaciones piqueteras o de desocupados realizaban cortes de ruta, sino que ese formato adquirió una modularidad importante siendo apropiado por otras. En el ciclo pos- crisis, se revierte el tipo de relación entre los cortes de ruta (14%) y los paros (13%) (Armesto, Pereyra y Pérez, 2009). Más allá de estos cambios, en ambos ciclos se nota la primacía del formato manifestación con un 48% y 47% respectivamente.

9Respecto de las demandas, lo que se encuentra es una creciente heterogeneización en el sentido de una “diversidad mayor en su contenido que se manifiesta en el menor peso relativo de las principales demandas” (Schuster, et. al., 2006: 60). Por ejemplo, la demanda salarial (pedidos de aumento, pago de retribución o queja por la disminución o ausencia de pago) en ese ciclo tuvo una tendencia decreciente que se ubicó por debajo del 20%; mientras que las demandas por asistencia social directa -es decir donde se le reclama al Estado la provisión de planes sociales, alimentos, etc.- y trabajo representan en el ciclo de protestas pre-crisis cerca del 13%. En términos absolutos, tal vez no sea un crecimiento importante, sin embargo hay que considerar que antes de 1997 este tipo de demanda no alcanzaba el 1%. En el ciclo de protestas post-crisis, las demandas salariales alcanzaron el 35% con un pico de 40% en 2005. Las de asistencia social directa y trabajo descendieron a menos del 10% en el segundo ciclo. Una demanda que sufrió un crecimiento significativo fue la de derechos humanos y administración de justicia que alcanzó el 19% en el primer ciclo (Ibid: 44-45), trepando al 25% en el segundo. Un comportamiento llamativo tuvo la demanda política, es decir aquella que busca impugnar el orden económico o del régimen imperante: en el ciclo pre-crisis alcanzó el 40%, mientras que en el siguiente descendió a menos del 10%, probablemente por el proceso de normalización institucional.

10La última dimensión es la de actores. En el primer ciclo, el sindical representaba el 39% de las protestas, el civil 40% y el piquetero 9%, en contraposición con el 59%, 32% y menos del 1% respectivamente (Armesto, Pereyra y Pérez, 2009). En el ciclo pos-crisis esos porcentajes sufrieron algunas alteraciones, a saber: 43% el civil, 31% el sindical (con un pico significativo en 2005) y 25% el piquetero. Estos cambios tienen varias explicaciones, en principio hay un crecimiento sostenido del actor civil, mientras sigue decreciendo la movilización del sindical. Esto no quiere decir que este último no tenga impacto en el régimen político, sino que ha ido perdiendo el monopolio de la movilización que lo caracterizara otrora. Asimismo, respecto del actor piquetero se observa una tendencia creciente teniendo como puntos de inflexión 1997; 2002 y 2004; el incremento en el segundo ciclo puede explicarse a partir de los realineamientos y ruptura de grandes organizaciones desde mediados que provocaron una suerte de diáspora, proliferación de pequeños colectivos.

11Hasta acá hemos repasado el comportamiento de la movilización a la luz de datos cuantitativos sobre los eventos de protestas y sus principales dimensiones, tal como formatos de acción, demandas y actores. El propósito de tal presentación era enmarcar las principales características que asumió la movilización social durante los noventa. No obstante, es menester completar esa descripción con un análisis de esas transformaciones y la ruptura que implicó el 2003 para el régimen político y complementariamente para el espacio multiorganizacional.

Los corolarios de la movilización y su impacto en el espacio multiorganizacional

12En principio, es necesario reiterar que esas transformaciones en la movilización social que se describieron en el apartado anterior aparejaron varios corolarios para el espacio multiorganizacional.

14Otro corolario fue la recuperación de un lenguaje de derechos que permitió al mismo tiempo generalizar la legitimidad de los reclamos e intentar tímidamente cierta recuperación del Estado, no sólo como aparato burocrático sino como Estado de Derecho, y en consecuencia garante de ciertos principios igualitarios. De alguna manera, esta formulación implicó la reposición de la legitimidad del componente democrático relegado en los ochenta. Asimismo, quebró la separación entre lo social y lo político en tanto los reclamos ya no se formulaban unívocamente en términos sectoriales; sino que por el contrario contribuía decisivamente a recuperar la politicidad de las luchas sociales. Por último, ese tipo de formulación favoreció la ruptura de “relaciones de intermediación biunívocas entre organización corporativa o sectorial y estado a una estrategia de generalización del conflicto” (Tapia, 2009: 2) promoviendo la articulación entre diferentes sectores y la reorganización de alianzas y apoyos. Tal vez si el núcleo central del corolario anterior fue el quiebre de la autorreferencialidad de la clase política, en este lo principal fue el reordenamiento de la agenda política nacional a partir de la introducción de ciertos temas que no pueden ser desconocidos por aquellos que aspiren a gobernar sobre la base de mayorías. En palabras de Rinesi y Vommaro, esto último señala que el “aprendizaje democrático realizado por esta ciudadanía y por sus gobernantes durante [los meses de 2001] de tan intensa actividad y movilización no tiene marcha atrás y configura una garantía democrática fundamental hacia el futuro” (2007: 455).

15Un último corolario fue la difusión de una dinámica asamblearia que redituaba a la democracia como modalidad de participación e intervención sobre los asuntos públicos. Vinculada a la reposición del componente democrático, y fundamentada sobre la proliferación de la acción directa, la dinámica asamblearia se expandió a los muchos colectivos que se constituían. De esta manera, se instauraba “un espacio de deliberación y de toma de decisiones más democrático y participativo, contribuyendo a formular un sentido más colectivo de lo político y posibilitando una reconstrucción de la identidad individual mediante la revalorización de las competencias y experiencias” (Svampa, 2005: 251). Dicha dinámica contuvo entonces un elemento sumamente emancipador que permitió que los sectores organizados “tomaran la palabra”, se liberaran de aquellos que hablaban en su nombre y permitiera a lo largo de este movimiento la construcción de una voluntad política.

16Estos tres corolarios señaladas construyeron ese ethos participativo (Pérez, 2010) con esa potencia destituyente que revolucionó la dinámica política durante el neoliberalismo. No obstante, como ha sido señalada ese proceso tuvo una seria deficiencia: muchas de las organizaciones que habían protagonizado ese ciclo renegaban de la dimensión instituyente de la política. Esa debilidad era fomentada desde las gramáticas políticas de dichas organizaciones que aún con diferencias postulaban una visión monolítica del régimen político. En este sentido, las organizaciones seguían pensando en una clave neoliberal, que ya dijimos que no sólo era una propuesta económica sino un aparato ideológico que había subvertido la manera de pensar. Concretamente, habían quedado entrampadas en una división que el propio neoliberalismo había tendido entre lo social y lo político. Bajo esta lógica, las organizaciones debían ocuparse atender a las necesidades urgentes que sucedían en los territorios, con un marcado sesgo de autorregulación de la sociedad civil;  mientras la clase política se ocuparía de ordenar las cuestiones vinculadas con el régimen político y las grandes definiciones nacionales. El uso instrumental de las organizaciones al Estado y las designaciones peyorativas que ponían en juego al calificarlo meramente como burocracia se convertía en una reivindicación de la dimensión destituyente de todo proceso de movilización, dificultando la posibilidad aunque más no sea de discutir la instituyente.

18En este punto es menester retomar una pregunta planteada en la Introducción. ¿Por qué organizaciones que habían tenido sumo protagonismo en el ciclo de movilización pre-crisis quedaron progresivamente marginadas de la contienda política, y, a su vez, que razones explican que otras organizaciones, como las movimientistas que hasta entonces habían tenido un desarrollo exiguo y una presencia pública reducida hayan cobrado semejante protagonismo pos 2003? La explicación pareciera estar en el tipo de gramática que subyacía a cada una. Veamos de qué se trata.

Disgresiones conceptuales

19Hasta el momento, se ha hecho mención en reiteradas oportunidades a la noción de gramáticas políticas pero sin avanzar en una definición precisa. Antes de proseguir con el desarrollo del argumento del artículo es necesario hacer algunas aclaraciones conceptuales.

20Sin dudas la noción de gramática alude a la obra del filósofo Ludwing Wittgenstein. Sin embargo, dicho concepto  pueden diferenciarse tres acepciones: “a) performatividad política de la acción, donde el estudio se orienta a una perspectiva pragmatista; b) estructura motivacional de los sujetos implicados; lo que habilita un enfoque fenomenológico; y c) estructura organizativa de los movimientos sociales, en clave la movilización de recursos” (Natalucci, 2010c). Aunque en vistas del artículo resulta apropiada la primera acepción, se empezará por las dos últimas.

21Respecto de la segunda acepción, Trom (2008) ubica a los motivos como componente central de las gramáticas. Desde su perspectiva, los motivos son “la instancia que liga acción y situación” (Ibid: 34). Sostiene además que en esas gramáticas de la movilización se articula una gama de actuaciones con un lenguaje específico, aportan “un repertorio de argumentos, justificaciones y marcos para la interpretación de las acciones propias y de otros” (Natalucci, 2010c: 99). Este enfoque presenta dos inconvenientes. Por un lado, remite a la estructura motivacional de los sujetos y por otro, no establece diferencias entre gramáticas políticas, de acción y de movilización. La tercera acepción -estructura organizativa de los movimientos sociales- se ocupa principalmente de la gramática de movilización en la que incluye modalidades de confrontación con el gobierno y otros sujetos colectivos, estilos organizativos y cuestiones de dinámica cotidiana vinculadas a su construcción interna.

22Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la gramática política y la gramática de movilización? En otros términos ¿cuál es la especificidad de la gramática política? Desde la perspectiva pragmática, la gramática política excede a la de movilización ya que la primera no es reductible a las formas o estilos de construcción política de una organización en el sentido de las formas de distribución interna del poder. La gramática política debe entenderse como “un juego de reglas no escritas que delimita, por un lado, las pautas de interacción de los sujetos; y por otro, las combinaciones de acciones para coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas, acciones que se dirijan a cuestionar, transformar o ratificar el orden social” (Natalucci, 2010c: 100). En definitiva, esta noción de gramáticas alude a las reglas y usos que dotan de un principio de inteligibilidad a las acciones.

24La gramática autonomista se caracteriza por la centralidad otorgada a los mecanismos deliberativos, en especial promueve el asambleario y horizontal, siendo el consenso la forma de toma de decisiones. A su vez, se prioriza lo territorial que se haya intrínsecamente vinculado a su concepción de cambio social, es decir “desde abajo, en el aquí y ahora a partir  de la transformación de las relaciones cotidianas” (Burkart y Vázquez, 2008: 279). Coherentemente, la estructura interna de este tipo de organizaciones no goza de una disposición jerárquica y reniega de la figura de representantes. Este apego territorial se orienta en detrimento de la posibilidad de articulación con otras organizaciones. Respecto del régimen político es concebido de un modo monolítico, unívoco, desconociendo que su composición es el producto de relaciones sociales en pugna. Su expectativa de cambio social y concepción del régimen político aparejan un fuerte sustrato destituyente, pero muchas resistencias a pensar en una dinámica instituyente.

25La gramática clasista también comparte esta visión monolítica del régimen político al que iguala al Estado y a este como instrumento de dominación de la clase dominante. Sin embargo, su expectativa de cambio es más bien ambiciosa: prevé una revolución que reorganice las relaciones entre clases sociales, de modo de desaparecer al capitalismo como régimen de acumulación. En este sentido, se posiciona como la vanguardia de la clase dominada a la que espera conducir. Por ello, hay una presencia importante de un vínculo pedagógico que fortalezca la “conciencia clasista” a partir de discusiones de tipo ideológico-programático (Natalucci, 2008a). En términos de las organizaciones, estas tienen una estructura vertical donde los “ascensos” se rigen por probados méritos en las luchas partidarias. En general, el resto de los conflictos quedan subsumidos en los de clase, por lo que la política de articulación es limitada ya que supone la supeditación a una estrategia general. La confianza teleológica en el destino de la clase obrera restringe los márgenes de acción al momento destituyente de la política, especial para demostrar la veracidad del programa propuesto por la organización.

26Por último, la gramática movimientista. En términos de concepción del cambio social, la historia es organizada en dos etapas, la de resistencia, que supone un retroceso político y económico para los sectores populares y el de ofensiva. De acuerdo a este precepto mientras el primero produce la fragmentación de los sectores organizaciones, el de ofensiva alienta la articulación con el fin de superar posturas sectoriales. Esta particularidad permite explicar, aunque sea parcialmente, el crecimiento que tienen estas organizaciones en determinadas coyunturas políticas. Esta gramática emergió sobre la base de pensarse en relación con el Estado nacional; por ello tienen incorporado el uso de un lenguaje de derechos, que por otra parte permite superar la fragmentación y consolidar las articulaciones interoganizacionales. La expectativa es construir un movimiento nacional que impulse un proyecto popular; en este sentido las organizaciones se piensan a sí mismas como puentes entre el pueblo o los sectores populares y el Estado (Natalucci, 2008a; 2008b). En el caso argentino, esta tomó como referencia al peronismo y a la tradición nacional-popular. En consecuencia, esta gramática suele fundamentarse sobre una matriz estatista, que tiene incorporada la dimensión instituyente de la política, pero sin renegar de la destituyente. Siguiendo a Rinesi y Vommaro, esta gramática “contiene en su seno esta doble dimensión: es conflicto y orden” (2007: 460). En los términos que se han utilizado en este artículo, la gramática movimientista se maneja en la tensión instituyente/destituyente precisamente porque los cambios que se quieren impulsar son posibles por la movilización popular.

Las organizaciones frente al dilema de la institucionalización

27Antes de esta digresión conceptual, fue reiterada una pregunta original de la Introducción: ¿a partir de qué criterios es posible explicar la marginación de la dinámica política de organizaciones que habían gozado de centralidad en el primer ciclo de movilización señalado?  ¿Cómo se explica que las organizaciones con una gramática movimientista hayan cobrado protagonismo en el ciclo de movilización que se abrió en 2002, pero fundamentalmente a partir de 2003? Inicialmente se mencionó que la explicación a estos interrogantes está vinculada al tipo de gramática que subyace en cada organización.

28En un apartado anterior, sostuve que las organizaciones autonomistas y clasistas compartían la concepción monolítica del régimen político, ambas por las razones y características esgrimidas tuvieron dificultades para entender la complejidad del nuevo ciclo de movilización. Por un lado, ya no contaban con el consenso de los primeros tiempos a raíz de la campaña anti-piquetera impulsada por los medios de comunicación concentrados (Svampa, 2005). Por otro, las autonomistas quedaron descolocadas a partir de cierta recomposición de la autoridad presidencial (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008), dado que habían promovido el boicot electoral desestimando las elecciones presidenciales de mayo 2003 (Natalucci, 2008a; 2008b). Varias organizaciones movimientistas también habían promocionado diversas formas de boicot electoral, como votar en blanco, abstencionismo, votos repudios. Las organizaciones clasistas mantuvieron su política concurrista con una estructura partidaria propia, pero sin que se viera reflejada su presencia callejera en el porcentaje electoral.

29Las elecciones de mayo de 2003 aparejaron una primera sorpresa, no sólo por la significativa concurrencia electoral, sino por la recomposición del campo político, donde “los ciudadanos no se vieron ya impulsados a sentirse y a manifestarse fuera, sino dentro, de los mecanismos institucionales de la vida política liberal-democrática” (Rinesi y Vommaro: 2007: 457). Esto supuso nuevos dilemas.

30Primero, un momento de desmovilización expectante a la asunción del nuevo presidente. Luego, el desafío de las organizaciones de reposicionarse frente “a un gobierno que construyó rápidamente su legitimidad de ejercicio apelando a la oposición al modelo neoliberal a través de un imaginario productivista y distributivo, que recuperaba buena parte de las demandas presentes hasta el 2003” (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008: 16). En este sentido, todas las organizaciones de todo el espectro ideológico -especialmente las piqueteras paradigmáticas de la lucha contra el neoliberalismo- fueron convocadas, la mayoría por primera vez, a la Casa Rosada con el fin que el flamante presidente escuchara sus reclamos y proponerles su incorporación al proyecto. La propuesta concretar era incorporarse al plantel gubernamental, trabajar en lo territorial y despejar las calles de la manera en que lo habían hecho hasta entonces. Estas reuniones tuvieron lugar en junio de 2003.

31A partir de este punto de inflexión, se agudizaron las rupturas reorganizándose los alineamientos organizacionales. Resumidamente, tanto las organizaciones clasistas como las autonomistas insistieron con la presencia callejera que fue desactivándose a partir de la mencionada campaña anti-piquetera y la presión del gobierno nacional de desmovilización. Las autonomistas fueron replegándose en el territorio, dedicándose a la implementación de proyectos productivos autogestionados, recuperando esa premisa de transformar lo cotidiano. Las clasistas encontraron nuevos núcleos de conflictividad desde los cuales publicitar su propuesta programática. El mayor debate se dio en las organizaciones movimientistas, que con dificultades fueron constituyendo parte del espacio kirchnerista; problemática que remite a la segunda parte de la pregunta formulada.

La constitución del espacio kirchnerista y los primeros debates

32¿Qué características adquirió ese espacio kirchnerista? ¿A qué razones es atribuible su protagonismo desde 2003?

33En principio, las organizaciones movimientistas leyeron las declaraciones -en especial el discurso de asunción- y primeros gestos del presidente en la clave de las tres banderas históricas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. En ese primer discurso, Kirchner convocó a la reconstrucción de un movimiento nacional que repusiera un modelo productivista y distributivo opuesto al neoliberal.

34Varias organizaciones que hasta entonces tenían un trabajo territorial acotado como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (luego Movimiento Evita), el Movimiento de Trabajadores Desocupados Resistir y Vencer, Malón -que hasta 2002 confluían en una organización llamada Movimiento Patriótico 20 de Diciembre- y otras de mayor envergadura y de alcance nacional, como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat -perteneciente a la Central de Trabajadores Argentinos- (FTV) y Barrios de Pie -perteneciente al nucleamiento de izquierda nacional Patria Libre, que luego confluyó en Libres del Sur-, se nuclearon en sucesivos espacios de articulación y coordinación política. El acuerdo mínimo fue una caracterización relativamente compartida respecto de la nueva coyuntura política, las oportunidades políticas que se abrían, con el fin de conformarse como la base social del kirchnerismo. La intención era constituir espacios o frentes políticos que, por un lado, favorecieran la reconstrucción del movimiento nacional; y por otro habilitaran un espacio de “ofensiva popular”, es decir incorporaran la dimensión política al trabajo social que venían desarrollando. En este sentido, las organizaciones discutieron la etiqueta “social” o “piquetera”, adoptando la de “populares”. Esta re-denominación puede entenderse en la clave de no quedar encerradas en la lógica de lo social y poder tener intervención política.

35Al respecto de estos objetivos se produjo un debate respecto de la modalidad de construcción interna. Se reeditó la discusión setentista sobre tres opciones que podía asumir el espacio: “movimientista”, “tendencia” y “alternativa independiente” (Pérez y Natalucci, 2010). La primera apelaba a la reconstrucción del movimiento nacional y la aceptación del liderazgo de Néstor Kirchner. Su concepción era que el gobierno era uno en transición, es decir que ese gobierno neoliberal había desaparecido, quedando meramente elementos residuales. En este sentido, al antagonista se ubicaba por fuera del kirchnerismo; por ello prácticamente no se generaron reticencias en aceptar la confluencia con sectores provenientes del Partido Justicialista -desacreditado por los gobiernos neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y la desastrosa salida del modelo de Convertibilidad durante el gobierno provisional del ex senador Eduardo Duhalde (2002-2003)-. Esta posición era sostenida básicamente por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita.

38Aún con este debate inconcluso, pero decididas a conformar la base social del kirchnerismo que les permitiera participar políticamente del proceso, las organizaciones ensayaron por lo menos dos frente durante 2004. El primero conformado en junio se llamó Frente de Organizaciones Populares (FOP) donde confluían el MTD Evita, el Frente Transversal, Barrios de Pie y la FTV. El FOP difundió un documento “La hora de los pueblos” donde convocaban a construir un espacio kirchnerista no PJ. La premisa subyacente a este llamamiento podría resumirse en la siguiente idea: “la resistencia había finalizado, se debía aprovechar la experiencia acumulada y pasar a la fase ofensiva” (Pérez y Natalucci, 2010: 112). En pos de este objetivo, el FOP organizó la Mesa Coordinadora por un Nuevo Proyecto Nacional desde el cual convocó a dirigentes kirchneristas que procedían de organizaciones políticas no pejotistas, en general con militancia en la izquierda peronista. Así en diciembre de 2004 se constituyó el Frente Patria para Todos (FPT), que intentaba impulsar una coalición política que apoyara la política oficial y que al mismo tiempo pudiera presentarse en las elecciones legislativas previstas para fin de 2005. Si bien ambas experiencias diluyéndose al poco tiempo debido a disputas internas y la lógica política en general, ya que el armado de esa coalición y su presentación a elecciones dependía también de la intención del propio Kirchner, dejaron huellas en el espacio militante. De esta manera, en los últimas meses de 2005 se conformó el Movimiento Evita, que agrupó a las organizaciones que del debate mencionado recuperaban la posición “movimientista”, en 2006 hizo su parte el Movimiento Libres del Sur, que reunió a las organizaciones que adherían a la postura de “alternativa independiente” (Natalucci, 2008; Gómez y Massetti, 2009).  

39Este debate encontró un punto de inflexión en el tercer aniversario del gobierno de Kirchner el 25 de mayo de 2006 -coincidentemente con el aniversario de la revolución de mayo de 1810. Para esta fecha se organizó un acto con la consigna “Volvimos” y “Hoy el pueblo sabe de que se trata. Festejemos juntos el día de la patria”. Los organizadores (funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales) calcularon la presencia de 350 mil personas, no faltó nadie: ni las organizaciones sociales, ni los intendentes del Conurbano bonaerense, ni los gobernadores provinciales (sobre todo Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa), ni bastiones del PJ, ni los sindicatos (Pérez y Natalucci, 2010: 108). Estos eran los pilares del kirchnerismo y sobre estos debía girar la construcción política.

40Kirchner finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2007, cargo en el que lo sucedió Cristina Fernández de Kirchner esposa y compañera de militancia. Por primera vez en mucho tiempo un presidente que había desistido de su reelección, terminaba su mandato con una alta aceptación popular. En este período presidencial, las organizaciones crecieron cuantitativamente y en su despliegue territorial logrando una expansión nacional, algunos de sus dirigentes incluso lograron integrar listas de legisladores nacionales y provinciales. Sin embargo, su expectativa de reconstrucción del movimiento nacional, que permitiera sortear la brecha entre lo social y lo político estaba lejos de satisfacerse. Es decir, las organizaciones se ocupaban de la organización de los sectores populares, pero esto seguía sin tener la incidencia que pretendían en el régimen político. Resumiendo, en su momento originario en el espacio kirchnerista se combinaron “los rastros de la experiencia piquetera [con una] redefinición de la relación con el régimen político cifrada en la recreación de una matriz movimientista de participación y movilización” (Pérez y Natalucci, 2010: 100). El desafío para el momento de consolidación del espacio kirchnerista consistía en avanzar sobre lo político.

 “El kirchnerismo se defiende trasgrediendo”

41El debate no dio en términos internos como en el momento de emergencia del espacio kirchnerista, sino más bien en las políticas que se impulsaron desde el gobierno que las organizaciones leían como la profundización del proyecto nacional. Como se mencionó en la Introducción hubo tres ejes de discusión presentadas en orden cronológico: 1) la distribución de la riqueza, sobre todo a partir del intento fallido del gobierno de aumentar las “retenciones” (la tasa de exportación a productos agropecuarios) que se plasmó en la resolución 125/08 y la implementación de la asignación universal  por hijo; 2) la sanción de ley de Servicios Audiovisuales, que permitirá desmonopolizar a los medios concentrados de comunicación y por último 3) la sanción de la ley de “Matrimonio igualitario” que permite que personas del mismo sexo puedan casarse y gozar de los mismos derechos que los heterosexuales, en lo que representa un avance en materia de igualdad de derechos verdaderamente sorprendente.

42Cada una de esas tres presentó antagonistas fuertes: la primera a los sectores de la oligarquía agropecuaria y de las transnacionales vinculadas a los agronegocios como Nidera, Monsanto, Craghill; la segunda a los propietarios de poderosos medios de comunicación como el Grupo Clarín, La Nación con vínculos como organismos internacionales como ADEPA que montaron una campaña de desprestigio al gobierno y a la sanción de la ley; y la tercera a la Iglesia Católica, la Evangélica y la Judía que se oponían rotundamente, propiciando el activismo de sus feligreses contra la sanción de la ley.

44La disputa se cerró dramáticamente por el “voto no positivo” como el mismo Cobos lo denominó en julio de 2008, cuatro meses después de iniciado el conflicto. Las consecuencias se vieron en el corto plazo por el desgaste sufrido por el gobierno en términos de un descenso de su imagen, la ruptura de alianzas y alineamientos internos, sobre todo aquellos que se desempeñaban en cargos ejecutivos provinciales y legislativos a nivel nacional y subnacionales. En el mediano plazo, los costos fueron aún mayores: el gobierno perdió las elecciones legislativas nacionales realizadas en junio de 2009, Néstor Kirchner encabezaba la lista por el oficialismo y si bien perdió por no más de dos puntos lo hizo con un candidato inventado en consultoras de asesoramiento a políticos y promovido por un conocido programa televisivo que se emite en horario nocturno. Este fue un duro golpe para el gobierno y para las organizaciones.

45Repasando el estado de situación de las alianzas organizacionales del kirchnerismo no se habían producido grandes cambios, a excepción de Libres del Sur, seguían participando del espacio la FTV, el Frente Transversal, el Movimiento Evita, la Corriente Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre -desprendimientos de Libres del Sur-, Perucas, Corriente Nacional Peronista, Peronismo Militante, el Peronismo 26 de Julio, la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo. Incluso entre 2007 y 2009 se habían conformado organizaciones, algunas a partir de desprendimientos de otras  más grandes como La Cámpora, JP Provincia de Buenos Aires, el Colectivo de Comunicación Paco Urondo, la JP Descamisados y el Movimiento Peronista Revolucionario.

47En este marco, en las vísperas del 17 de octubre de 2010, conocido en la tradición peronista como el Día de la Lealtad, las organizaciones populares lanzaron la Corriente Nacional de la Militancia. La apuesta era generar un espacio desde el cual, por un lado, se propusieran ejes a profundizar desde el gobierno, y por otro, posicionar a algunos referentes como candidatos genuinos del kirchnerismo. De esta manera, empezó a delinearse una estrategia política dentro del movimientismo cerca de la “tendencia”.

48La expectativa de alguna manera seguía siendo la misma: la necesidad que los sectores populares tuvieran representantes, participaran de la toma de las grandes decisiones. Para esto seguían siendo necesario “apoderarse del Estado” pero no sólo entendido como un aparto burocrático, sino como una relación social en pugna, en el que se discute el sentido de lo político. De alguna manera, esto también implica concebir al gobierno en una situación de disputa, donde los componentes neoliberales seguían presentes y, más aún, prestos para impedir mejoras sociales.

49La frase que abrió este apartado “El kirchnerismo se defiende trasgrediendo” pertenece a un dirigente de una organización kirchnerista. Desde mi perspectiva sintetiza este segundo momento que atravesaron las organizaciones, es decir donde la profundización del proyecto a partir de la concesión y afirmación de derechos a mayorías y minorías generó fuertes controversias, disputas y conflictos con sectores antagónicos y que acarreó una discusión interna que repercutió en un fortalecimiento ideológico por parte de amplios sectores de la sociedad. Para la dinámica interna, se delineó con mayor profundidad algo recientemente mencionado: la creación de una “tendencia” que reafirmaba su pertenencia al kirchnerismo con un fuerte contenido emancipador.

Lo social y lo político, lo instituyente y lo destituyente

50Tal como se planteó en la Introducción uno de los objetivos del artículo apunta a evaluar críticamente esa división entre lo social y lo político que marcó la dinámica de los procesos de movilización en la Argentina reciente. En vistas a este, una primera discusión retoma de qué manera los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales han pensado el problema de la institucionalización. Complementariamente, ofrecer una conceptualización que capture la dimensión transformadora de los movimientos en perspectiva histórica y profundamente democrática.

51Respecto del primer punto -es decir como los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales enfocaron el problema de la institucionalización- es necesario retrotraerse a la sociología de masas. En su versión funcionalista, -especialmente los trabajos de Smelser aunque desprendida de los rasgos psicologistas que caracterizaron a los primeros estudios como los de Le Bon, Tarde y Freud-, indagaba sobre los fenómenos colectivos conceptualizándolos como anomalías de un orden político (Pérez y Natalucci, 2008). Esta negativa caracterización se asentaba sobre el carácter no institucional de dichos procesos, en un marco donde era necesario que todos los fenómenos contribuyeran o apuntaran al equilibrio del sistema social.

52Por su parte, Olson (1968) pero fundamentalmente la teoría de la movilización de recursos (Oberschall, 1973; Mc Carthy y Zald, 1977; Jenkins, 1994) surgieron cuestionando esa equiparación de los fenómenos colectivos como anomalías por su desapego institucional para reponer una discusión en términos de la racionalidad y los incentivos en juego en la participación en la movilización social. Esta perspectiva hizo hincapié en las continuidades entre el movimiento social y las actuaciones institucionales. Siguiendo a Jenkins, los movimientos sociales, agentes del cambio social, son “actores colectivos que lucha por el poder en un determinado contexto institucional” (1994: 9). Es en esta dirección, que el movimiento social es considerado como “una prolongación de actuaciones institucionalizadas”. En consonancia con esta posición, Mc Carthy y Zald consideran al movimiento social como un “conjunto de opiniones y creencias de la población que representa preferencias para cambiar algunos elementos de la estructura social y/o la distribución de las recompensas en una sociedad” (1977: 1217-1218. Traducción propia). Desde esta perspectiva, las actividades de los movimientos no son espontáneas, sino que están organizadas en base a intereses compartidos y la posibilidad de contar con los recursos necesarios. Si bien la teoría de movilización de recursos no desdeña de la dimensión instituyente que supone toda participación política o movilización social, sus fundamentos sociopolíticos residen en la teoría del Pluralismo Competitivo, cuyo exponente es Robert Dahl. En esta, la concepción de política hace referencia “al modelo económico de la competencia por recursos e influencia llevada adelante por grupos de interés constituidos en el marco institucional estable del gobierno representativo” (Pérez y Natalucci, 2008: 83). En definitiva, esta teoría de la acción colectiva promueve una concepción de política como la posibilidad de acceso a instituciones, y no como una práctica social con capacidad de transformación esos propios marcos sistémicos. Aunque parezca repetitivo, la política desde esta perspectiva pertenece exclusivamente al orden de lo estatal/institucional.

53Veamos el tratamiento que le dio a esta discusión la teoría de los nuevos movimientos sociales (Touraine, 1987, 1991; Melucci, 1980, 1994; Offe, 1988, Pizzorno, 1994). Esta surgió en el marco de la constitución de experiencias de organización cuyo protagonista ya no era la clase obrera, sino lo que Melucci denominó “luchas encaminadas a la extensión de la ciudadanía” (1994: 155). En una sociedad que se transformaba, la atención se centro sobre la construcción de estas identidades emergentes. Ya no eran trabajadores los que desafiaban a la sociedad industrial, sino que nuevos sujetos colectivos exigían el tratamiento de problemas hasta entonces dejados de lado, como los de género, sexuales, culturales, etc. Los movimientos desde esta perspectiva eran pensados como “un actor colectivo movilizador que, sobre la base de una alta integración simbólica y una escasa especificación de su papel, perseguía una meta” (Raschke, 1994: 124). Estas metas se dirigían en general a introducir cambios en la estructura social, pero sin que afectara a la totalidad del sistema (Ibid). En este sentido, los movimientos están claramente diferenciados de los sindicatos y los partidos políticos. Es más, hay una suerte de teleología que establece en una linealidad histórica ciertos protagonismos: partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales (Pérez, 2010). En vistas a la controversia planteada en este artículo respecto de cómo pensaron los procesos instituyentes y destituyentes, para la teoría de los nuevos movimientos sociales, la institucionalización es pensada como integración en el sistema político y en este sentido son capturados por el sistema que decían impugnar (Pérez, 2010).

54Más allá de las diferencias entre la teoría de movilización de recursos y la de nuevos movimientos sociales, ambas tienen algunos acuerdos respecto de su concepción general que es necesario remarcar. Primero, los movimientos emergen de una falencia del sistema institucional, o bien para re-introducirse como intereses en un sistema representativo o bien como un cambio parcial en el sistema social. Segundo, comparten una idea de la política cristalizada en instituciones y principalmente en el estado, por lo que aquella queda cautiva del sistema político o de instancias de representación de intereses. Esta premisa conlleva una taxativa división entre el estado y la sociedad civil, entre lo político y lo social. Por último, la política es una especie de juego regido por un sistema de distribución general de recursos donde la “capacidad de poder se justifica en términos de quienes acuerdan o no con aquellas reglas de juego” (Pérez y Natalucci, 2008: 90).

55Yendo al segundo punto propuesto en el inicio del apartado, es probable que la institucionalización como proceso no tenga lugar de mantenerse esa taxativa diferencia entre estado y sociedad civil. Al respecto, Tapia (2009) tiene una propuesta que entiendo superadora. El politólogo postula que en las sociedades modernas se había elegido al estado como el lugar privilegiado para la política; sin embargo las complejidades que han transformado a la sociedad han ampliado esos lugares predilectos para la política, sobre todo de la mano de los procesos de ciudadanización. En esta dirección, la sociedad civil es “otro lugar de la política” (Ibid: 1); es decir es un espacio no estatal, que se rige con otras pautas, pero un espacio para la política al fin. Al ampliar la perspectiva, la institucionalización no queda reducida al espacio de lo estatal, sino que es posible pensarla como estabilización o como establecimiento de ciertas regularidades, pautas comunes. Tapia agrega que los movimientos sociales no tienen un lugar específico donde hacer política, por ello pueden transitar la sociedad civil e incluso el estado “con sus críticas, demandas, discursos, prácticas y proyectos” (Ibid: 1).

Reflexiones finales

56El ciclo de movilización que hemos denominado “pre-crisis”, y especialmente la experiencia piquetera, sin dudas dejó huellas en la cultura política argentina, en el sentido de un rastro que desdibuja la referencia a su autor, definiendo pautas de interacción. Desde esta perspectiva, el corte de calle o ruta se integró al repertorio de intervención pública; se generaron aprendizajes que pasaron a formar parte de un saber-hacer del campo multiorganizacional militante, modificando gramáticas políticas consolidadas como la clasista o la movimientista. Ahora bien, el argumento central que ha estado presente en el artículo se vincula a dos cuestiones. La primera es a qué es atribuible el carácter decididamente destituyente que asumió el ciclo relegando el instituyente. La segunda cuestión apunta a intentar explicar porqué el ciclo que se abrió en la post-crisis en 2003 sí pudo recuperar ambas dimensiones de la política. Este interrogante lejos de tener una respuesta unívoca, encuentra varias aristas.

57Por un lado, las organizaciones que protagonizaron ese ciclo tenían una concepción monolítica del régimen político, las autonomistas rechazando cualquier tipo de interacción en beneficio de la transformación de lo cotidiano. Y las clasistas remarcando una confianza teleológica en la dinámica de la clase obrera, que desvalorizó la reivindicación de derechos y estableció falsas dicotomías que contribuyeron a polarizar, dividir y fragmentar el espacio multiorganizacional.

58Por otro lado, hay una confusión conceptual respecto del término de institucionalización. Como se mencionó a lo largo del artículo, suele afirmarse que se trata de la cooptación de una fracción o partido político o bien para subsumirlo en una estructura mayor eliminando toda diferencia o bien para forzarlo a integrar el gobierno. Por el contrario, la concepción postulada en este artículo se orienta a pensar la institucionalización como una mediación entre la sociedad civil y el régimen político, es decir como un vínculo entre lo social y lo político, que aún con las diferentes lógicas que los atraviesan contienen elementos comunes. Este sentido, lejos de aplastar el carácter transformador de los movimientos sociales, potencia su impacto político al redefinir las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política. Esta conceptualización implica despejar componentes teleológicos que determinarían la acción colectiva y la movilización social, captar lo histórico y específico que tienen esos movimientos.   

59Siguiendo a Boaventura de Souza Santos (2006), en  lo que respecta a los movimientos sociales es necesario comprender los horizontes emancipatorios que recrean, en qué medida participan de la construcción de ideas hegemónicas y los modos en que impulsan la politización de la realidad. A partir de estas premisas podremos tener una idea acabada de su desempeño como agentes del cambio social.