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Editorial: Bienes comunes y diseño territorial autónomo

Fernando de la Cuadra Arancibia, Beatriz Cid Aguayo y Eduardo Letelier Araya

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  • 1 Los editores invitados, Beatriz Cid y Eduardo Letelier se encuentran ejecutando en este momento el (...)

1El presente número es una colección de escritos y casos sobre procesos de comunalización económica existentes en nuestros territorios1. En su conjunto dan cuenta del reconocimiento empírico –y también del deseo- que no todas las esferas de la vida económica están completamente subsumidas a las relaciones y lógicas de las relaciones de capital. Esta reflexión se entronca en una amplia tradición heterodoxa en el pensamiento que algunos llaman “sustantivista”, otros “anti-utilitarista” y más recientemente “performativa” que han problematizado el objeto de “la economía” como ciencia y el “mercado autorregulado” como práctica, en tanto “inventan” un discurso naturalizado a la vez que un horizonte normativo por el cual se organiza la realidad (Polanyi, 1957). La ciencia económica neoclásica se ha construido sobre la base de un modelo de acción y decisión, que no da cuenta de la diversidad de subjetividades –intereses apasionados- que animan lo económico. Más aún, la economía-disciplina ha construido la economía-cosa (Latour y Lépinay, 2008), en lo que Polanyi (1957) denominó una gran profecía auto-cumplida. La economía-práctica se entiende así como el resultado de las decisiones y acciones que cursamos y donde el rango de racionalidades es más amplio y diverso que la abstracción conceptual moderna y fuertemente masculinista del hommo económicus.

2Se releva así lo performativo de la actividad económica -como proceso que se está haciendo, lo que deja abierta distintas posibilidades de futuro- y la relevancia de los actores frente a estructuras naturalizadas. Con ello devuelve la capacidad de acción e incidencia política de los actores y contribuye a un discurso económico empoderador. Este cambio semántico, rechaza la naturalización de los discursos de la dominación, poder y violencia para reconstruir un discurso capaz de vislumbrar guiones alternativos. Así el foco de análisis deviene en problematizar colectiva y participativamente prácticas económicas éticamente arraigadas ya existentes en una política de comunalización y construcción de diseños territoriales -como los que se describen en este volumen- que permita modelarlas y amplificarlas hacia otros espacios territoriales.

3Esta discusión a su vez forma parte de una discusión ética amplia en torno a cómo el mercado autorregulado ha sacado la esfera de la producción, del flujo de la vida, de la materia y la energía. Diversos proyectos teóricos y políticos han problematizado este discurso naturalizado: las economías sociales y solidarias, las propuestas de decrecimiento, de otro desarrollo, de alternativas al desarrollo en América del Sur, la economía ecológica, así como también el trabajo sobre heterogeneidad económica. En su conjunto estas visiones relevan la diversidad de formas económicas existentes en contextos geográficos e históricos variados. Son perspectivas críticas que, frente a la expansión del proceso de privatización generalizada de la vida, proponen la creación, defensa y reinvención de los comunes como camino para evitar la “tragedia de lo no-común” (Laval y Dardot 2014). Se busca así ampliar las posibilidades de reconocer otras relaciones e imaginar otras formas de existir.

4La pregunta por los comunes es antigua en la economía – disciplina. Desde la teoría neoclásica, los bienes comunes son definidos como bienes de libre acceso (no excluibles) pero que son agotables (rivales en el consumo). Se diferencian de los bienes privados (excluibles y rivales en el consumo), de los bienes públicos (no excluibles y no rivales en el consumo) y de los bienes de club o colectivos (excluibles y no rivales en el consumo). Mucho de la literatura económica tradicional los presenta como bienes en peligro de agotamiento -en riesgo permanente de tragedia- por el mal uso que usuarios ambiciosos, egoístas y desarticulados: bien de todos, es bien de nadie, y va a tender a desaparecer. Desde esta perspectiva solo pueden ser cuidados a través del ejercicio de una regulación estatal superior o bien a través de asignación de derechos claros de propiedad. Vemos acá una doble tragedia: dejar a los comunes en manos de Estados cuya eficiencia territorial es dudosa, o bien en manos de privados que pueden no estar interesados en su cuidado sino solo en su rendimiento. El trabajo de recopilación desarrollado por Elinor Ostrom (1990) reconoce sin embargo una salida a este dualismo, en tanto observa que arreglos institucionales colectivos logran asegurar su mantención y previenen la provisión privada sub-óptima de los mismos, evitan el problema del polizonte (free riding), volviendo innecesaria la intervención estatal (Ostrom, 1990).

5Desde una perspectiva sustantiva, anti-utilitaria y performativa los bienes comunes pueden ser definidos como aquellos en cuya creación, uso, consumo, gobernanza, circulación y ampliación participa más de un individuo. Esta visión convoca a entenderlos no como un conjunto delimitado de bienes naturales, sino como resultado de prácticas políticas colectivas y generativas que los crean, cuidan y expanden permanentemente. La existencia de bienes comunes - desde bosques y pesca hasta los productos digitales de la economía inmaterial – no son externos a las personas, sino que están entrelazados a los sujetos comunitarios que los construyen y gestionan frente a los sucesivos cercamientos privatizadores. Existe así una dialéctica entre procesos de privatización y comunalización: muchos bienes comunes se crean como tales ante la amenaza de la privatización o agotabilidad.

6Estos procesos son de alta relevancia política pues reivindican los comunes y la comunidad contra las nuevas formas de apropiación privada y estatal; articulando luchas y prácticas en torno a lo material y lo inmaterial. Así, frente a la “tragedia de los comunes”, se subraya la puesta en práctica de lo común, apelando a una comunidad de agentes que producen, mantienen y hacen circular comunes en un proceso de “comunalización”. De esta manera si la comunalización se refiere a la producción y reproducción permanente de los comunes, la comunidad es entonces el resultado de un proceso de asociación y conciencia territorial. Esto es “El ‘nosotros’ que produce y comparte estos bienes comunes no es simplemente la asociación de humanos sino un colectivo de seres humanos y no humanos, incluyendo los ríos y los cuerpos de agua, las plantas y las selvas, los peces y las especies animales - a las que nos referimos frecuentemente como recursos naturales [...]” (Gibson-Graham et al. 2017, p. 176).

7A partir de estas definiciones una economía comunalizadora es lo que hacen los agentes construyendo, gobernando y circulando comunes, así como las relaciones subyacentes a estas agencias. Esto implica negociaciones éticas y toma de decisiones políticas sobre lo que tradicionalmente se ha denominado problema económico (cómo cuidar los bienes comunes, que producir, como consumir para vivir bien colectivamente, cuanto excedente producir y cómo repartirlo). En ella, se reconoce y negocia nuestra interdependencia con otros seres humanos, otras especies y el entorno biofísico de manera autónoma. Es en el proceso de negociación y agencia colectiva para el mantenimiento, creación y circulación de comunes donde se construye comunidad, unas relaciones comunitarias socio-naturales, una red de interdependencia entre agentes (humanos y no-humanos) en un determinado territorio.

8En resumen, la convocatoria del presente número de la Revista Polis se propuso recibir aportes de artículos que dieran cuenta del reconocimiento de ejercicios de comunalización en torno a ciertas actividades económicas específicas -tales como la gestión colectiva de bienes culturales y naturales asociados al patrimonio vitivinícola, la textilería, las semillas y el agua, el atractivo turístico entre otros-, que sin embargo son marginadas, desconocidas y exotizadas por el modelo de desarrollo hegemónico.

9En particular, se buscaba comprender y problematizar estos ejercicios o experiencias desde la perspectiva de sus limitaciones y potencialidades para proyectarse más allá del espacio local y constituir la posibilidad de diseños territoriales autónomos. Para esto se procuró indagar en el modo como estos ejercicios elaboran arreglos -saberes, experiencias y tecnologías- que hibridizan en forma más o menos fluida, saberes y prácticas tradicionales con tecnologías y conocimientos modernos, los cuales son potencialmente valiosos, replicables y escalables.

10Estos han sido precisamente los temas principales abordados por el conjunto de los estudios que son parte del presente número monográfico de la revista. En el primer artículo de esta sección, La recuperación de los comunes en el sur-austral: construcción institucional de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs), los académicos Florencia Diestre de la Barra y Francisco Araos Leiva, de la Universidad de Chile y de Los Lagos respectivamente, muestran cómo la degradación de los comunes en el sur austral de Chile ha sido propiciada por el sistema de concesiones acuícolas para la salmonicultura.

11En este contexto, desde un enfoque de ecología política neo-institucionalista, el artículo discute el proceso de construcción institucional para la recuperación de los comunes impulsado en el marco de la implementación de la Ley 20.249, que entrega la administración de la zona marino costera a comunidades o asociaciones mapuche lafkenche de la zona sur austral de Chile. A través del estudio de tres casos que comparten un Área Geocultural Costera Marítima, los autores muestran cómo son defendidos los recursos comunes de formas productivas perjudiciales tanto para la zona marino costera como para el habitar de las comunidades.

12En particular, al considerar la interrelación histórica de factores ambientales, sociales, físicos demográficos y tecnológicos que inciden en el precio relativo de los recursos naturales asociados al mar, el artículo hace visibles las actuales asimetrías de poder y la gestación de nuevas condiciones de poder, gracias a la consolidación de los ECMPOs. Del mismo modo, al analizar la relación entre ideologías y selección de instituciones, a través de discursos y narrativas de los grupos de interés, el artículo permite comprender los argumentos que legitiman el comportamiento de los actores sobre el control y uso de los comunes, relevando la forma en que lo comprenden y conceptualizan sus demandas y establecen compromisos y alianzas en los procesos de negociación, a fin de alcanzar sus intereses en la gestión de dichos comunes.

13En el segundo trabajo de esta sección, el investigador Martín Llancaman Cárdenas aborda el tema de la Pluralidad de significado en los bienes comunes: mirada Mapuche hacia la defensa de las aguas. Se trabaja a partir del conflicto sociocultural asociado la proyección y construcción de centrales hidroeléctricas en territorio mapuche. Las comunidades involucradas han articulado la defensa política de sus sistemas de aguas movilizando el termino ngen (entidad espiritual dueña del espacio), concepto que da cuenta de la experiencia mapuche del territorio.

14La comprensión de estos otros lenguajes y sus racionalidades, permite reconocer otros universos de sentido -en la concepción de pluriversos trabajada por A. Escobar y M. de la Cadena- y como tal permite trascender un multiculturalismo neoliberal extractivo y neocolonial, para favorecer una construcción multicultural negociada sensible a la exigencia de justicia histórica. Estas reflexiones problematizan también las visiones clásicas de bien común para dar lugar a la mirada de pueblos indígenas en este caso -el pueblo mapuche- de aproximación a los territorios y su política.

15El tercer artículo de la serie es de los investigadores mexicanos Mauricio López Barreto y Miguel Pinkus Rendón de la Universidad Autónoma de México, sede Mérida. En su colaboración titulada Indicadores bioculturales en proyectos de gestión ambiental. El caso de la meliponicultura en Yucatán, ellos desarrollan un análisis etnográfico de un proyecto para el rescate de la meliponicultura (abeja nativa) en la península de Yucatán, y a partir de ahí -con el apoyo de las teorías de valoración relacional- se proponen indicadores para conocer la incidencia en la dimensión biocultural en proyectos que afectan directamente las prácticas de los comunes socio-ambientales.

16El tipo de instrumentos propuestos, se arraigan en el lugar y el contexto particular de los proyectos considerados, siendo de esta manera emergentes y contingentes al conocimiento y experiencia cultural local. Estos indicadores se alejan expresamente de la valoración monetaria, con el propósito de apoyar la desmercantilización de los comunes bioculturales, que son amplio, complejos y heterogéneos.

17En la cuarta contribución, Christiane Marques Severo y Alessandra Matte de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, respectivamente, abordan la temática que lleva por título Comunalização da gestão do sistema socioecológico do bioma Pampa: análise de um coletivo de pecuaristas tradicionais do Uruguai. El estudio hace una precisa caracterización de las actividades realizadas por ganaderos asociados con el apoyo de las instituciones pertinentes, lo cual les permite garantizar un tipo de producción sustentable que asegura la conservación y la capacidad de reproducción natural de los recursos utilizados, en este caso, de los pastos para la actividad pecuaria.

18En ese sentido, la investigación realizada se inserta en el debate en torno a los procesos de gestión de los bienes comunes a partir del análisis del comportamiento de actores pertenecientes a las comunidades de ganaderos asentados en el socioecosistema del llamado Bioma Pampa. Este grupo ganaderos pueden ser considerados como formando parte en un Sistema Socioecológico en la medida en que mantienen una relación sustentable con los recursos naturales utilizados en su actividad, evitando el colapso de dichos ecosistemas, contando también para ello con el apoyo de especialistas, académicos y agentes institucionales del Estado uruguayo. En este estudio y en otros anteriores, las autoras destacan la presencia de mecanismos de coordinación interinstitucional y de canales efectivos de participación social que tienen un papel significativo en la sustentabilidad del uso de los recursos, lo cual, junto con la estabilidad política e institucional, se refleja en el proceso de planificación y diseño de políticas públicas elaboradas en torno a la preservación de dicho ecosistema.

19Por último, las autoras concluyen que este colectivo de ganaderos ha demostrado que a partir de un escenario político estable y de apoyo institucional pertinente, han sido capaces de realizar un uso sustentable de los recursos naturales por medio de la valorización de sus formas tradicionales de producir, protegiendo las condiciones existentes en el bioma considerado como un bien común. Sumado a ello, la ganadería familiar incorpora “aspectos socioculturales y de la tradición regional que conforman el proceso de comunalización de la gestión del sistema socioecológico en el que están insertos, en la medida en que las acciones del colectivo buscan atender a ese colectivo de la forma más igualitaria posible”.

20En el siguiente trabajo Conflictos socioterritoriales: la pesca artesanal como bien común en Península Valdés, Argentina, de las académicas e investigadoras Pía Valeria Rius y Lorena Álvarez Manríquez, se analiza el uso compartido de zonas de pesca artesanal en un área natural declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Por lo mismo, esta es una zona que está definida por el uso sustentable del recurso marítimo, así como la relación entre el área oceánica y el espacio continental, ambos considerados como zonas intangibles, de uso sostenido restringido, de asentamientos poblacionales y de zonas de rehabilitación natural y cultural.

21La participación de investigadores junto a las comunidades de pescadores artesanales -que proviene de larga data- permite la conformación de Mesas de Trabajo por zonas y en función de ello, se han obtenido resultados significativos en la actividad pesquera, considerando la sustentabilidad de los recursos en un territorio determinado. Ello a partir del establecimiento de normas formales e informales de buenas prácticas, las cuales se mantienen hasta los días actuales, a pesar de las presiones ejercidas por agentes externos y que imponen límites para la consolidación exitosa de esta experiencia.

22Es decir, tales prácticas son incumplidas por pescadores que no tienen permiso y que colocan en riesgo la sustentabilidad del recurso. Ello ha creado conflictos con las autoridades provinciales, ya que se reconoce la debilidad de éstas para realizar sus tareas de monitoreo, control y fiscalización de las áreas comprendidas en el Plan de Manejo elaborado conjuntamente entre los diversos actores interesados. En consecuencia, la aplicación de la normativa es considerada ineficaz en la medida que solo afecta a los pescadores y mariscadores con permiso, dejando sin sanción a quienes usufructúan de este recurso a través de vías ajenas a las estipuladas en los Planes de Manejo, colocando en riesgo los esfuerzos desplegados por la comunidad de pescadores para mantener el uso sustentable de este bien común.

23Ello releva por lo tanto el debate sobre el uso de los bienes comunes y como bien apunta la autora, “sobre los principios de justicia y dispositivos de participación ciudadana” en un espacio territorial en el cual se encuentran insertos los pescadores artesanales asociados en diversos grupos, los investigadores y las autoridades provinciales. Por lo mismo, dicho debate público representa una instancia superadora de las lógicas del mercado que emergen de la experiencia de intercambio y de reconocimiento mutuo existentes en el ámbito de la construcción social presente en estas comunidades de pescadores.

24Continuando este dossier, encontramos el aporte de Janett Vallejo Román y Juan Carlos Rodríguez Torrent, titulado Bienes comunes, conservación ambiental y economía campesina. Un estudio de caso en el Parque Nacional Cofre de Perote, Veracruz, México, en la cual se abordan las tensiones sobre el uso de bienes comunes naturales -como las áreas de alta biodiversidad- entre usuarios locales que han hecho un uso consuetudinario de los mismos bajo sistemas regulatorios autogestionarios y las pretensiones de regulación estatal superior que los asume como áreas de conservación de relevancia global.

25Tomando como caso un parque nacional en México, se problematiza en torno a los distintos usos y usuarios de la naturaleza: por una parte, los proyectos de conservación sujeto a la normativa de Área Nacional Protegida, y por la otra, poblaciones locales que hacen uso de la naturaleza como parte de su forma de vida. Se profundiza así en las controversias discursivas y prácticas en torno a la gestión, diseño, planeación y gobernanza del bien común. El caso, convoca entonces a reflexionar sobre cómo generar condiciones de reconocimiento e integración de las poblaciones locales que superen la oposición entre sociedad y biodiversidad -donde toda acción antrópica es siempre vista como negativa-. Esto implica reconocer la historia adaptativa de las poblaciones humanas y su codependencia al cuidado y reproducción de los comunes.

26En el séptimo y último artículo de esta sección, la académica Marilia Veríssimo Veronese, de la UNISINOS, Brasil, nos entrega su contribución titulada Economia solidária, saúde mental e arte/cultura: promovendo a racionalidade política dos comuns, en la cual se propone realizar una valorización de los comunes a partir del derecho fundamental a acceder a los servicios públicos de salud mental y de su relación con la producción de arte y cultura, las que se difunden a través de prácticas económicas solidarias en redes de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua. El estudio en cuestión fue realizado en dos comunidades ubicadas en dos ciudades de Brasil, Rio de Janeiro y Porto Alegre.

27La investigación aborda las estrategias de rehabilitación en salud mental de los usuarios de la Red de Atención Psicosocial (RAPS) por medio de actividades grupales vinculantes y de la producción artística cultural. Dicha producción se vincula a iniciativas que promueven el enraizamiento comunitario y la construcción de sentido entre los integrantes de las dos organizaciones estudiadas.

28El asociativismo generado en este proceso supone una práctica que supera la lógica mercantil y las leyes de valor imperantes en la sociedad, posibilitando o creando el espacio de autonomía entre los dolientes psíquicos, modificando su inserción en el mundo. De manera que “la autoestima y consciencia de sí pasan también por un proceso de modificación, algo que no sería posible fuera de los circuitos recíprocos activados por el mismo”. La autora concluye que reciprocidad, cooperación y producción de normas comunes están en la base del fenómeno analizado, a partir de la multiplicidad de participaciones en la promoción de ese común.

29El presente número de la revista Polis se completa con otros cinco artículos de la sección Avances y resultados de Investigación y dos reseñas de producciones científicas publicadas recientemente.

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Notas

1 Los editores invitados, Beatriz Cid y Eduardo Letelier se encuentran ejecutando en este momento el Proyecto Fondecyt N°1190020 Comunalización y hetereogenidades económicas: espacios de diálogo en torno a casos en el centro-sur de Chile.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Fernando de la Cuadra Arancibia, Beatriz Cid Aguayo y Eduardo Letelier Araya, «Editorial: Bienes comunes y diseño territorial autónomo»Polis [En línea], 57 | 2020, Publicado el 29 octubre 2020, consultado el 20 enero 2021. URL: http://journals.openedition.org/polis/19858

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Autores

Fernando de la Cuadra Arancibia

Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

Email: fdelacuadra@ucm.cl

Beatriz Cid Aguayo

Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Email: beatrizcid@udec.cl

Eduardo Letelier Araya

Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

Email: eletelier@ucm.cl

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Derechos de autor

© Polis

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