1V21| N62 | 2022
DOI: 10.32735/S0718-6568/2022-N62-1743
2Como citar este artículo:
3Valenzuela, L,I. (2022). Estado de Bienestar Habilitante, política social solidaria y “Vida Ética” en América Latina. Polis Revista Latinoamericana, 21 (62), 91-110. doi: http://dx.doi.org/10.32735/S0718-6568/2022-N62-1743
4El impacto de la pandemia del coronavirus 19 en América Latina, en sus diversas manifestaciones, ha sido profundo e intenso. Numerosos problemas sociales se han visto agravados. Ello hace necesario reconceptualizar un conjunto de medidas y políticas públicas que guardan directa relación con el desarrollo humano, las capacidades y los contextos sociales concomitantes.
5Así, el presente artículo sostiene que el desarrollo humano y los contextos sociales asociados están siendo redefinidos en debates latinoamericanos sobre política social solidaria y renta básica universal. Mi argumento consiste en que tales debates pueden ser enriquecidos conceptualmente situando las capacidades humanas en el centro del desarrollo humano y sus contextos sociales. El Estado de Bienestar Habilitante Nórdico, bajo principios socialdemócratas, constituye una viable materialización institucional, y de política pública, altamente dinámica y digna de ser estudiada en profundidad por sus eventuales implicancias para América Latina. El Estado de Bienestar Habilitante Nórdico y las perspectivas de las capacidades humanas pueden proporcionar un soporte significativamente beneficioso para el desarrollo de experiencias de política social y de renta básica universal en las sociedades del subcontinente. Por último, es necesario contar con robustas alternativas de ética social ante los modelos individualistas derivados del neoliberalismo. En tal perspectiva, se argumenta a favor de avances conceptuales inspirados tanto en el enfoque sociocultural de las capacidades y desarrollo humano, como en los conceptos de “libertad social” y “Vida Ética”, de acuerdo con recientes elaboraciones de la teoría social de Hegel.
6En pocas palabras, la reconceptualización por la que se aboga redunda en que las experiencias en política social solidaria y de renta básica universal, en América Latina, se consoliden en línea con programas más universales y sistémicos, tal como sucede en avanzados Estados de Bienestar. Así, el Estado de Bienestar resulta ser del mayor interés para este propósito. Finalmente, las nociones de “Vida Ética” y “Libertad Social” dan cuenta de una filosofía pública que combina el desarrollo individual con el desarrollo social, la cual refuerza y legitima las políticas sociales propias del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar Nórdico se caracteriza por la importancia que confiere a las capacidades humanes en sus políticas sociales solidarias en crecientes experimentaciones y aprendizajes sociales, lo cual va de la mano del desarrollo y mejora de la vida democrática mediante una elevada participación ciudadana. El énfasis en las capacidades redefine el desarrollo humano entendido en una orientación potencial de “Vida Ética” y “Libertad Social”. La “Vida Ética” dice relación con los contextos institucionales que favorecen el despliegue de las capacidades y el desarrollo humano, al tiempo que la “Libertad Social” supone la materialización de éstas en auténticos procesos de colaboración entre los individuos, conforme a los cuales se logran mayores niveles de propósitos y metas compartidas socialmente. En suma, es mediante este encuadre que el artículo problematiza en torno a la política social solidaria y la renta básica universal en América Latina.
7El artículo consta de cuatro secciones. En la primera se pasa revista a importantes estudios acerca del impacto de la pandemia Covid 19 en áreas decisivas del desarrollo latinoamericano y se analizan las políticas sociales solidarias y la renta básica universal. A su vez, en la segunda sección se exponen las principales teorías sobre capacidades humanas, y se aboga por el enfoque sociocultural como un marco teórico alternativo. Asimismo, en tercer lugar, se expone y analiza el Estado de Bienestar Habilitante Nórdico, relacionándolo con la discusión en torno a la política social en América Latina. Por último, en la cuarta sección se argumenta a favor de ciertos conceptos de la teoría social hegeliana en tanto que soporte intelectual para las políticas sociales solidarias y la renta básica universal.
8La pandemia del coronavirus 19 ha puesto en el tapete, en América Latina, durante 2020 y 2021, un conjunto de problemas y fenómenos económicos, sociales y políticos que precisan de una necesaria y seria reconceptualización. Esto es especialmente válido para los debates que están teniendo lugar en América Latina, particularmente en relación al mundo del trabajo, el desarrollo humano y sus capacidades, la democracia, la formación y la educación.
9Así, en 2021, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dieron a conocer un estudio de la coyuntura laboral en América Latina, el cual señala la fuerte afectación a los mercados laborales de la región, derivada de la brusca paralización de la actividad económica y productiva internacional ocasionada por el Covid 19. (CEPAL & OIT, 2021; pág. 8)
10El producto económico de la región sufrió una impresionante caída de 7.1% en 2020 (Ibidem, pág. 8). Los indicadores de empleo, participación laboral y desocupación se vieron alterados, poniendo al descubierto la extrema fragilidad económico-institucional de la región ante la crisis de la pandemia, en un contexto de inusitado deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la ciudadanía. El notorio aumento de la desocupación, empinándose a 10.5%, y la informalidad se cruzó con la importante caída de la ocupación, principalmente en el empleo informal, que es de gran relevancia en América Latina.
11Debe subrayarse que las mayores pérdidas de puestos de trabajo remunerado se dieron en los segmentos más precarios, observándose una mayor contracción del empleo entre personas con niveles más bajos de educación formal, lo cual resalta un serio problema de profundización de la pobreza.
12El estudio da cuenta del gran revés que sufrió la actividad del sector privado en su conjunto, constatándose en general la falta de liquidez de las empresas para el pago de empleados, proveedores e impuestos. Además, la incertidumbre asociada al contexto de la crisis sanitaria podría dificultar la recuperación de las empresas, corriéndose el riesgo de que numerosas empresas, especialmente las de menos tamaño, y con pérdidas importantes, lisa y llanamente no consigan recuperarse a medida que se reactive la actividad económica y la producción en las economías de la región.
13En este sentido, el retorno al nivel de actividad económica previo a la pandemia tomará varios años, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo, así como en una agudización de numerosos cuellos de botella en los intentos por generar empleos estables, formales y de mayor calidad. Sobre ello, CEPAL y OIT subrayan que se requieren políticas activas de carácter sistémico en la capacidad productiva junto a políticas sectoriales, que permitan revitalizar las economías regionales y sus mercados laborales.
14En mayo de 2020, los mismos organismos hicieron público un informe que pone el acento en la necesidad de la implementación de medidas de seguridad ocupacional, trabajo a distancia y teletrabajo, de tal forma de propiciar el retorno seguro al trabajo una vez que las condiciones de salud pública lo permitan. Sin embargo, según estimaciones parciales, tan sólo un 23% (ibídem, pág. 33) de los trabajadores, en promedio, podría llevar a cabo sus actividades de manera remota en América Latina. Así, se redunda en que es del todo indispensable que exista una gestión adecuada y participativa del riesgo laboral de exposición al Coronavirus 19 en la perspectiva de fortalecer la recuperación y reactivación que requiere urgentemente la economía.
15Por otro lado, desde la igualmente crucial dimensión social de la formación y la educación en América Latina, CEPAL y UNESCO (Agosto, 2020; pág. 2-4), han identificado y analizado la compleja adaptación , amén de sendos escollos concomitantes, que han debido sortear el profesorado y el personal educativo en su conjunto, no sólo planificando y modificando los procesos educativos del aula, sino que también en la provisión de condiciones de seguridad material para los estudiantes y sus familias, entrañando la distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escolares, entre otros.
16Así, las necesidades relativas a la educación a distancia han comprendido numerosas responsabilidades y exigencias que aumentan significativamente el tiempo de trabajo que los cuerpos docentes de las instituciones educacionales destinan a la preparación y ejecución de las clases. En tal perspectiva, se observa una disparidad de recursos y capacidades en los diferentes sistemas educacionales de la región para hacer frente a la transición forzada desde la educación presencial a la remota. A este respecto, se constata que los docentes mejor calificados son distribuidos a zonas con más altos ingresos y solvencia institucional, en desmedro de sectores sociales más vulnerables y desprotegidos.
17Lo anterior pone en evidencia una serie de fenómenos que la educación remota y las TICs aplicadas en la educación han desatado de cara tanto a los estudiantes como a sus familias y hogares. La pandemia y la incidencia de la tecnología en la educación hacen patente las desigualdades y la precariedad que cruzan este decisivo ámbito social en América Latina. La brecha digital y la desigualdad en cuanto a las condiciones de los hogares y las escuelas representan un reto enorme que debe ser considerado. De igual modo, se torna perentorio mejorar las herramientas para asesorar y acompañar a las y los docentes para la utilización de la tecnología educativa, así como las formas de trabajo en las instituciones educativas, de manera acorde a las exigencias de la pandemia.
18Con todo, CEPAL y UNESCO (2020) consignan que, con anterioridad a la irrupción de la pandemia Coronavirus 19, el escenario social de América Latina exhibía un aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, persistencia de desigualdades y aumento del descontento social, razón por la que ha comenzado una intensa reflexión en torno a políticas sociales solidarias y la renta básica universal, propiciando un giro desde marcos focalizados hacia modalidades más universales y abarcadoras.
19Dado el escenario descrito, la pandemia del Covid 19 ha dejado al descubierto de forma tajante la realidad latinoamericana de un Estado de Bienestar débil, lo que redunda en la fragmentación y debilidad del sistema de protección social. A este respecto, es frecuente observar un “déficit de sistemas verdaderamente universales e integrales, que aseguren un nivel básico de consumo y de bienestar a lo largo del ciclo de vida” (NU. CEPAL, 2021, pág. 119).
20Da cuenta de lo señalado, por ejemplo, el gasto en salud, donde los países no logran cumplir con el 6% del PIB recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este insuficiente gasto se traduce en carencias de acceso a agua en la población, equipos de protección, camas y respiradores en las unidades de tratamiento.
21Otra dificultad es la existencia de un acusado mercado laboral informal de índole estructural. El sector informal genera empleos de mala calidad, sin cobertura de salud y pensiones, lo que lleva a la inseguridad y riesgo constantes y, en varios casos, a exacerbar la pobreza. Previo a la pandemia, en América Latina, tan sólo 47,2% de los ocupados estaba afiliado a sistemas de seguridad social y de salud, motivo por el cual no asombra que la informalidad socio laboral se haya vuelto difícil de manejar para los gobiernos centrales. (NU. CEPAL, pág. 31).
22El cuadro de la región, en 2020 y 2021, se ha tornado altamente delicado en medio, de modo específico, por un acceso desigual y reducido a la salud y pensiones junto a un acceso limitado a las transferencias monetarias no contributivas. (NU. CEPAL, 2021, pág. 126),
23Desde hace un par de décadas, en el ámbito de política social, las sociedades latinoamericanas han optado por la vía de transferencias monetarias no contributivas, a saber, políticas que no dependen de la participación actual o pasada de los individuos en el mercado de trabajo formal. Entre los instrumentos más comunes están los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) y las Pensiones sociales. (Cecchini, S., Villatoro, P., y Mancero, X., 2021)
24La estrategia que subyace en los PTMC es el pago de un monto determinado a hogares pobres o en extremo pobres, a cambio de que éstos cumplan con determinadas condiciones orientadas al desarrollo de características positivas en el beneficiado, conforme a criterios de los programas en cuestión.
25En lo relativo al impacto de las PTMC en la región, se ha observado que efectivamente las transferencias reducen especialmente la extrema pobreza y, en menor medida, la pobreza (Cecchini, S., Villatoro, P., y Mancero, X., 2021).
26Un componente novedoso de la política social en América Latina, a efectos de enfrentar la pobreza y la desigualdad, es el que dice relación con el trabajo de cuidado en América Latina. El severo retroceso de las mujeres en términos de participación laboral mucho tiene que ver con la carga que supone el trabajo de cuidado, entre otros aspectos. En tal perspectiva, CEPAL (NU. CEPAL, 2021, pág. 93) aboga, como orientación clave de política social, por los efectos positivos de invertir en economía del cuidado y salud, potenciando con ello el aumento del empleo general, la reactivación económica y la disminución de las desigualdades. De este modo, la política pública en cuestión reforzaría la línea de protección social general para la ciudadanía del subcontinente (NU. CEPAL, 2021, pág. 205).
27Simultáneamente, ante la pandemia y los perjuicios derivados de los desniveles sociales, la ONG Oxfam (Martin, Lawson, Abdo, Waddock, y Walker, 2020) ha constatado los esfuerzos hechos en todo mundo por incrementar el presupuesto destinado al gasto social. Sin embargo, tales esfuerzos, sobre todo en el Sur Global, no logran compensar las décadas de política neoliberal que prácticamente forzaron a los países menos desarrollados a mantener niveles bajos de inversión en protección y seguridad social, de la mano de programas sujetos al criterio economicista de la focalización. Lo anterior supuso no explorar, ni desarrollar, políticas más abarcadoras o solidarias en una perspectiva de creciente universalidad de la política social.
28Así entonces, y dando cuenta de la existencia de las desigualdades perdurables en todo el globo, Oxfam propone un Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (Índice CRI, 2020) (Martin, Lawson, Abdo, Waddock, y Walker, 2020). Según este índice, sobresalen, por su buena puntuación, Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Finlandia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Austria y Suecia. Tales sociedades efectivamente combaten las desigualdades y asimetrías sociales, propiciando un equilibrio entre crecimiento y un conjunto de dimensiones sociales de vital importancia para el desarrollo de los individuos.
29El índice CRI 2020 recoge 3 dimensiones: servicios públicos, materia fiscal y materia de empleo. Ahora bien, y dejando el foco únicamente en servicios públicos, que incluye educación, salud y protección sociales, destacan, en América Latina, Costa Rica, Chile y Argentina (Martin, Lawson,Abdo, Waddock y Walker, 2020).
30Paralelamente, y de la mayor importancia para la política social en América Latina, es el debate en torno a la Renta Básica Universal (RBU), entendiéndole potencialmente en tanto que forma de avance hacia un sistema de protección universal. La RBU aspira a ser una herramienta que, en un sentido económico y técnico, evite retroceder en materia de crecimiento económico y sus incentivos, pero que, al mismo tiempo, haga posible conseguir avances certeros en cohesión social y sustento material de los individuos.
31Por lo mismo, la RBU es una política que busca garantizar una forma de vida mínima a los residentes de determinado territorio. Van Parijs puntualiza que la RBU es “un ingreso pagado por un gobierno, a un nivel uniforme y a intervalos regulares, a cada miembro adulto de la sociedad” (Van Parijs, 2017, p. 201). En tal cometido, esta política se caracteriza por la universalidad en vez de la focalización.
32La Renta Básica Universal también se caracteriza por la incondicionalidad, razón por la que no habría motivo que la persona sea excluida de la transferencia monetaria en cuestión.
33Asimismo, es de subrayar y tener en cuenta que la RBU no tiene como objetivo último cubrir las necesidades básicas de manera absoluta. Así entonces, a lo que apunta la RBU con su atributo de “básico” es a la noción de determinada seguridad y estabilidad, vale decir, a “una base material sobre la que una vida puede descansar firmemente.” (Van Parijs, 2017, p. 202).
34Otras modalidades teóricamente próximas a la RBU, de acuerdo con Van Parijs, serían la subvención en un pago único o “dotación” y el Impuesto Negativo sobre la Renta (INR). Más específicamente, la INR consiste en un crédito fiscal reembolsable, que parte del hecho de que todo ciudadano que percibe ingresos superiores a cierta cantidad debe pagar impuestos (Van Parijs, 2017, p. 201). A su vez, la subvención en un pago único o “dotación” es una propuesta de Ackerman y Alsttot (2008), que se materializaría mediante un pago único de efectivo por persona hasta que esta alcance determinada edad. Dicha modalidad sólo presupone que el individuo sea maduro, a saber, con determinada escolarización formal y buena conducta social, para estar en condiciones de percibir un ingreso único de parte de la sociedad (Ackerman y Alsttot, 2008, P.81).
35Las políticas universales como la RBU se definen por un enfoque de equidad y de derechos humanos con las miras puestas en disminuir la pobreza. Se asocia con el aseguramiento de una cobertura universal de prestaciones y de riesgos esenciales a toda la población, pero con un énfasis en la calidad de las prestaciones. La calidad cobra especial importancia dado que la política focalizada (como por ejemplo la ya mencionada PTMC) se dirige exclusivamente a personas en situación de pobreza, ofreciéndole ciertas prestaciones que muchas veces son de calidad baja (Home, 2012).
36Por otra parte, se debe mencionar la propensión al estigma social de las políticas focalizadas. Se ha documentado profusamente cómo la rotulación social de “vulnerables”, “pobres”, etc., puede conducir a que los individuos generen falta de autorrespeto y pérdida de autovaloración. (Home, 2012, p.99).
37En años recientes, en América Latina, de manera desigual y diversa, se han acumulado experiencias de transición desde la focalización hacia la universalidad en materia de programas y políticas sociales. Un intento de articulación de ambas modalidades es la experiencia de la PTMC denominada Bolsa Familia y el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) en Brasil bajo el gobierno del ex Presidente Lula. Un objetivo buscado era que Bolsa Familia proporcionara información relevante de las personas usuarias al SUAS. El nivel de articulación de este caso no fue el suficiente, concluyéndose que “los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas reciben muy poca orientación para aprovechar más programas sociales y utilizar mejor las redes socioasistenciales” (Hevia de la Jara, 2011, p.359). Al mismo tiempo, se enfatiza que “la dificultad de articulación se encuentra más en el ámbito de la implementación de la política que en su diseño.” (Hevia de la Jara, 2011, p.359).
38En suma, América Latina, en diferentes casos se cuenta con experiencias de programas y políticas sociales que han procurado transitar desde coordenadas focalizadas hacia planteamientos más universales. Empero, la pandemia del Covid 19, como se constata en documentos de CEPAL, OIT y UNESCO, torna del todo necesario retomar con más energía y rigor la adopción de políticas sociales solidarias y formas de renta básica universal.
- 1 Cabe subrayar que, en el Estado Habilitante, especialmente en clave de modernización del Estado de (...)
39La experiencia del Estado de Bienestar Nórdico Habilitante, conforme al ideario socialdemócrata, es notablemente relevante para América Latina por su énfasis en acompañar las transferencias de recursos y la redistribución del ingreso con servicios públicos que cultivan y desarrollan las capacidades de la ciudadanía. El desarrollo de las capacidades humanas deviene en objeto estratégico de la política económica y social, pues se articula desde la activa participación democrática de la ciudadanía en la solución de los problemas sociales que les aquejan. Dichos procesos de resolución democrática de problemas involucran, según los respectivos perfiles de los problemas sociales, a “campos multi-organizacionales” de servicios públicos (Miettinen 2013) y “comunidades multi- profesionales” asociadas (Miettinen 2013)1.
40Sobre dichos fundamentos, se llevan a cabo estudios e investigaciones que permiten un conocimiento acucioso de los problemas, al tiempo que se despliegan y perfeccionan formas de trabajo donde la ciudadanía y las “comunidades interprofesionales” conjuntamente diseñan soluciones y remediales, de forma altamente descentralizada, local y participativa. Experimentos sociales y pilotajes surgen de estas formas de trabajo y desarrollo de programas y políticas sociales. El éxito del modelo educativo finlandés obedece a este tipo de principios, conceptos y metodología. Lo mismo subyace en los logros indiscutibles de la socialdemocracia en el Estado de Bienestar Habilitante Nórdico.
41Por consiguiente, la eventual adopción y consolidación de políticas sociales solidarias y formas de RBU puede enriquecerse mediante un mejor conocimiento de cómo se abordan los problemas y retos sociales por parte de las “comunidades” y “campos” que caracterizan los servicios públicos del Estado de Bienestar Habilitante Nórdico. Vale la pena recalcar la importancia de que tales transferencias y medidas redistributivas del ingreso vayan de la mano de programas y políticas que propician el desarrollo de las capacidades humanas.
42En pocas palabras, lo descrito proporciona un modelo en el que el desarrollo humano se articula con contextos sociales afines que hace posible propiciar tanto las capacidades individuales como el bien común de la sociedad.
43Con la finalidad de contribuir intelectualmente a los debates en curso sobre política social solidaria y renta básica universal en el desarrollo en América Latina, marcados por los efectos de la pandemia del Covid 19, propongo una reconceptualización sostenida y rigurosa de diversos sobre las capacidades humanas, específicamente a la luz de la experiencia del Estado de Bienestar Habilitante Nórdico, en Suecia, Finlandia, Dinamarca, y Noruega, desde las décadas de 1970 y 1980 a la fecha (Miettinen, 2013; Mjoset, 2011; Block 2011). La reflexión en torno al debate a dicha experiencia puede ser altamente enriquecedora para las redefiniciones en cuestión en América Latina.
44Así entonces, como se verá más adelante, la socialdemocracia nórdica logró resultados simplemente notables en materia de desarrollo económico y social, al tiempo que sentó bases sólidas para la innovación y la sociedad del conocimiento (Block, 2011). Por supuesto, estas sociedades están muy lejos de ser perfectas, por lo que también han de lidiar con serios problemas de diversa índole, sobresaliendo, entre otros, el incremento de la pobreza y la desigualdad, las presiones fiscales y la inclusión de la población migrante (Block, 2011).
45Pues bien, a diferencia de los análisis convencionales, en el presente artículo se pone el acento en el papel decisivo que cumplen los servicios públicos y las políticas que cultivan y desarrollan las capacidades humanas. Sostengo que las diversas corrientes de la socialdemocracia y la izquierda latinoamericana pueden beneficiarse considerablemente de una mayor comprensión y conocimiento del enfoque en cuestión, particularmente en lo referido a transitar desde la focalización hacia políticas sociales universales propias de un robusto Estado de Bienestar.
46En décadas recientes, el neoliberalismo propició el concepto de capital humano reforzando el tratamiento conceptual de la economía como dominio analíticamente separado de la sociedad, y que puede ser entendido cabalmente a partir de sus rasgos distintivos internos. Este abordaje adopta como supuesto que los individuos emprenden acciones racionales con el objetivo de maximizar sus preferencias, a saber, calculando la relación entre costos y beneficios en la búsqueda de su interés propio. En los hechos, dado su andamiaje conceptual, esta peculiar concepción del comportamiento humano, en suma, prescinde de una comprensión acabada de cualquier otra actividad humana que no sea la que se manifiesta en el intercambio de mercancías en el contexto del mercado capitalista.
47Por consiguiente, la noción economicista de capital humano no ha logrado asentarse como modelo explicativo adecuado para el desarrollo de políticas públicas volcadas al fortalecimiento de las capacidades, ya que no es capaz de reconocer diferencias cualitativas existentes entre conjuntos de instituciones y organizaciones comprometidas con el desarrollo de las capacidades humanas. De manera notoria, el enfoque de capital humano suele pasar por alto determinadas capacidades, tales como la creatividad y la imaginación, que son indispensables precisamente en contextos de intenso cambio e innovación social y tecno-económica (Miettinen, 2013; 2014).
48Paralelamente, y específicamente en los estudios económicos del desarrollo, Sen (1984) puso en marcha el “enfoque de capacidades”. Este enfoque tiene como objetivo brindar una versión más integral y sofisticada del desarrollo y las capacidades humanas que las existentes en formulaciones economicistas extremas. Con todo, Sen intenta llevar a cabo esta reformulación del desarrollo y las capacidades desde el liberalismo político y económico. Así entonces, la libertad de los individuos sólo puede desplegarse cabalmente en la medida que se sustente activamente en capacidades tales como la alfabetización y el acceso a educación de alta calidad. En otras palabras, es necesario que las políticas públicas definan y promuevan un conjunto de capacidades humanas intrínsecamente valiosas, las cuales, en verdad, conforman las bases mismas del bienestar y el desarrollo. Estas capacidades recomendadas por Sen pueden ser entendidas como los derechos y las libertades positivas de los individuos.
49Empero, la teoría de Sen sigue siendo la de un economista liberal al momento de definir, en el fondo, las capacidades en tanto que capacidad en el uso y manipulación de mercancías y bienes de consumo. En definitiva, y desde la perspectiva de la política pública, lo que cuenta en verdad es lo que el individuo puede hacer y ser con recursos a su disposición, constatándose diferencias en las capacidades de hacer y ser a partir de una misma canasta de mercancías o monto monetario disponible. Por lo mismo, las derivaciones a partir del enfoque de capacidades corren el riesgo de no estar en sintonía con formas y expresiones socioculturales no comerciales, comprendiendo tradiciones locales, educación pública, entre otras, además del carácter público y culturalmente compartido de la ciencia y el conocimiento profesional (Miettinen, 2013, p.159).
50En suma, las elaboraciones teóricas en torno a las capacidades hechas desde premisas liberales e individualistas no proporcionan bases sólidas en esta materia. Resulta necesario, por lo tanto, prestar la mayor atención a intentos serios por desarrollar un enfoque alternativo.
- 2 La teoría de la actividad histórico-cultural se ha desarrollado a través de “tres generaciones” de (...)
51Un desarrollo intelectual interdisciplinario en curso tanto en las ciencias sociales como en las educacionales, y que ofrece una línea alternativa crítica de investigación sobre las capacidades humanas, es el enfoque sociocultural fundado, en la década de 1920, por el psicólogo soviético L. S. Vygotsky (1987). Dado sus orígenes en el pensamiento de Marx, este enfoque parte del supuesto que las capacidades humanas, entre ellas, y de manera crucial, el aprendizaje, sólo pueden ser teorizadas adecuadamente si son arraigadas y relacionadas con sendos procesos socio-históricos en los que se desenvuelve la interacción sociocultural. De acuerdo con el enfoque sociocultural, las mentes individuales y el desarrollo humano de capacidades emergen, se despliegan y empoderan en complejas interacciones y relaciones sociales, las cuales entrañan modalidades compartidas de actividades materiales, prácticas e intelectuales. De manera más específica, Vygotsky es el fundador de la “teoría de la actividad histórico-cultural”2.
52Así pues, el enfoque sociocultural hace hincapié en que las capacidades y el aprendizaje están en el corazón mismo del desarrollo integral de la personalidad y la creatividad, entroncando de manera explícita y directa con el concepto Bildung de insignes pensadores sociales, filósofos y pedagogos alemanes a caballo entre los siglos XVIII y XIX (Good, 2005; 2018). En síntesis, Bildung comprende la autorrealización y crecimiento del individuo, así como el desarrollo de sus capacidades e identidad mediante su participación, crítica y contribución a la cultura de la que es miembro activo. Por lo mismo, esta noción no se circunscribe a la mera educación formal y al desarrollo cognitivo.
53En tal perspectiva, Good (2018) resalta tres dimensiones en el concepto de Bildung. En primer lugar, conforme a este entendimiento, el individuo encuentra su vocación singular para lo que es apto en la medida que contribuye al desarrollo de su propia cultura, generándose una interdependencia positiva entre el individuo y su sociedad. En segundo lugar, la noción en cuestión sugiere que una variedad amplia de experiencias es indispensable para desarrollar una mente abierta e inteligente. En términos pedagógicos esto implica despertar en los niños y adolescentes múltiples intereses. Finalmente, el desarrollo de las capacidades de los individuos y su vocación comprenden no solamente una modalidad única de participación sociocultural, sino que también un pensamiento crítico e independiente que es de especial importancia para el desarrollo posterior de dicha cultura.
54El abordaje sociocultural acerca del desarrollo y el aprendizaje humano propone encaminar las políticas de fomento de las capacidades desde las habilidades cognitivas hacia el desarrollo del individuo en tanto que ciudadano que es participante en un campo cultural y miembro de la humanidad. El aspecto medular para la educación debería ser el desarrollo de la vocación del individuo para contribuir a la sociedad democrática, y convertirse en un integrante reconocido de la misma. La identificación y apoyo a expresiones tempranas de talentos específicos e intereses constituye probablemente la “dimensión más sutil y exigente del trabajo pedagógico” (Miettinen, 2013, p.164).
55El enfoque sociocultural da cuenta intelectual y teóricamente de los notables logros en desarrollo humano del Estado de Bienestar en las sociedades nórdicas, y que se ha inspirado en principios, conceptos y valores socialdemócratas.
56Asimismo, lo expuesto se refuerza y complementa con la valiosa contribución al debate sobre la “libertad social” y la “Vida Ética” en las recientes elaboraciones críticas de la teoría social y política de Hegel (Honneth 2017, Blunden 2020; Miettinen 2020).
57El foco en el empoderamiento humano mediante el despliegue efectivo de las capacidades, fenómeno al que se ha hecho permanente referencia arriba, se expresa de manera explícita y nítida en la noción de “Estado de Bienestar Habilitante” (Miettinen, 2013). En tal perspectiva, resultante altamente interesante la versión del Estado de Bienestar Habilitante desarrollada por el pragmatismo institucional (Sabel, 2006; Herrigel, 2007; Kristensen y Lilja, 2011). Conforme a este enfoque, la provisión de servicios públicos crecientemente debe ser personalizada y ajustada a las diferentes e individuales necesidades de usuarios y clientes. En tal perspectiva, se propende a la exploración creativa de condiciones institucionales y organizacionales que propicien la convergencia entre sendos procesos de “aprendizaje institucional”, la mejora continua de los servicios públicos y la participación en clave de “experimentalismo democrático” (Dorf y Sabel, 1998). Asimismo, el Estado de Bienestar Habilitante ha de contar con dispositivos institucionales que efectivamente logren que los actores compartan sus respectivos conocimientos especialmente al tratarse de problemas compartidos más ampliamente. A este respecto, las innovaciones organizacionales en empresas post-fordistas, tales como Toyota, serían ilustrativas de formas de aprendizaje sustentadas en experimentaciones institucionales (Sabel, 2006).
58Pues bien, a partir de los principios vistos arriba sobre el Estado de Bienestar Habilitante, Reijo Miettinen (2011, 2013, 2016), destacado teórico finlandés sobre las relaciones entre capacidades humanas, democracia y políticas públicas, ha elaborado una propuesta de actualización y nuevo desarrollo para el “Estado de Bienestar Habilitante Nórdico” (EBHN) acorde con diversos retos contemporáneos. La propuesta de Miettinen se sitúa inequívocamente en un intento de reconceptualización del EBN en consonancia con la tradición socialdemócrata nórdica y las diversas exigencias del mundo actual, y, por consiguiente, adopta como punto de partida los notables logros de las políticas públicas y sociales alcanzados por los sistemas democráticos de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega (Block, 2011; Esping-Andersen 1990, 2002; Mjoset 2011).
59A juicio de Miettinen (2013, p.175; p.177), el modelo nórdico, en primer lugar, se distingue, entre otros modelos europeos de bienestar, por su énfasis en la provisión de servicios públicos de alta calidad para brindar igualdad de oportunidades en vez de la transferencia directa de dinero para hace frente a los riesgos sociales.
60Por lo tanto, los países nórdicos están a la vanguardia en materia de construcción de un Estado de Bienestar sobre la base de los servicios tales como jardines infantiles, educación, salud infantil y materna, bibliotecas públicas, cultura, entendidos como servicios públicos universales que son clave en tanto que instituciones cultoras de capacidades humanas y enriquecedoras de la vida sociocultural de la democracia.
61De la mayor importancia resulta ser la educación finlandesa, ya que ésta da cuenta, entre otros aspectos, de un sistema centrado en necesidades educativas especiales que busca “la provisión de servicios habilitantes individualizados” (Miettinen, 2013, p.175). Sin embargo, la individualización de la educación no tiene lugar a través del mercado, sino que a través de un sistema educativo público y gratuito.
62Es altamente aconsejable avanzar en políticas sociales solidarias y formas de RBU en América Latina procurando velar, al mismo tiempo, por el principio de la calidad y la igualdad de oportunidades, y relacionando las medidas adoptadas con los servicios públicos que por excelencia potencian las capacidades humanas.
63En segundo lugar, en las décadas de 1970 y 1980 se crearon servicios públicos de la mano de la formación de equipos de profesionales a cargo de los mismos, al tiempo que se fomentó la investigación concomitante para su constante desarrollo. Por lo mismo, entre los servicios públicos y las “comunidades multi-profesionales” en cuestión conforman, tras el paso del tiempo, interactivos e híbridos “campos multi-organizacionales” de los que crecientemente participan usuarios, clientes y asociaciones de ciudadanos. El consiguiente aprendizaje institucional y horizontal es la piedra angular tanto para el mejoramiento y desarrollo de la calidad de los servicios públicos como para la participación democrática de la ciudadanía.
64En el caso de la educación finlandesa, por ejemplo, el “campo-multi-organizacional” de escuelas y profesores se conecta sistémicamente con la investigación pedagógica que se lleva a cabo en las universidades.
65Esto es de la mayor importancia para la educación continua de los equipos directivos, los docentes y, por último, para el desarrollo de remediales, materiales didácticos y soluciones pedagógicas ajustadas a las necesidades locales de los estudiantes (Miettinen, 2013).
66Lo señalado, para América Latina, conlleva reformular las formas que adquieren la investigación académica de cara a los problemas sociales y a la formación de cuadros profesionales de alto nivel. La experimentación social es de vital importancia para perfeccionar las políticas sociales solidarias e iniciativas afines en términos de problemáticas concretas y específicas, tales como la pérdida de educación presencial, y desigual acceso a la educación a distancia de calidad, que ha afectado a una gran cantidad de la infancia, adolescencia y juventud latinoamericana a lo largo de la pandemia.
67En tercer lugar, el sistema educacional nórdico y otros servicios públicos han permitido un notable incremento en la población del nivel y calidad de sus estudios, escolarización y formación (Esping-Andersen 1990, 2002). En palabras de Miettinen (2013, p.176) “una población bien educada proporciona un tremendo potencial de conocimiento práctico, profesional y teórico distribuido en todas las esferas de la sociedad. Esto constituye una base ampliada para la actividad innovadora. También subraya la necesidad de democratización de la innovación, y cuestiona la naturaleza elitista de la innovación”.
68Como es sabido, América Latina necesita de manera urgente modernizar y democratizar su sistema educacional, relacionándolo con las demandas de la innovación propias de la sociedad del conocimiento. El caso nórdico da cuenta de prácticas educacionales que contribuyen a la cohesión social, a la vez que dota a la economía de una fuerza de trabajo altamente preparada, formada y educada.
69En cuarto lugar, por su parte, cabe poner de relieve la tradición histórica del mundo nórdico en términos de descentralización a nivel local y municipal, lo cual contribuyó de sobremanera a la respectiva descentralización de los servicios públicos universales del primer Estado de Bienestar Nórdico y a sus lazos con instituciones, valores y prácticas democráticas (Block, 2011).
70La experiencia nórdica pone de relieve el protagonismo de la descentralización y la participación ciudadana en los espacios locales para la mejora democrática constante. Numerosas lecciones se pueden extraer de dicha experiencia para América Latina, la cual sufre por un exacerbado centralismo político y económico, y amenazas a su desarrollo democrático,
71En quinto lugar, en perspectiva comparada, los ciudadanos nórdicos suelen ser activos integrantes de asociaciones varias, lo cual es de incalculable valor para el empoderamiento de los individuos y agrupaciones de la sociedad civil. Dice Miettinen (2013, p.177), “tanto la tradición de democracia local como la participación activa de los ciudadanos en asociaciones constituye una base para la profundización y ampliación de la democracia en la producción e innovación de los servicios y la política”.
72Llamativamente, el Estado de Bienestar nórdico precisamente estimula el desarrollo de la sociedad civil mediante asociaciones e iniciativas ciudadanas diversas y plurales. Este principio es crucial para legitimar las políticas sociales solidarias en los debates latinoamericanos.
73Finalmente, la idea del Estado de Bienestar Habilitante cabe ser entendida como una elaboración del “círculo virtuoso” de igualdad, desarrollo económico y democracia, el cual se encuentra en el corazón mismo del ideario y doctrina socialdemócrata nórdica, y en la concreción y realización histórico-institucional y política del Estado de Bienestar Nórdico (Miettinen, 2013; Mjoset 2011). De hecho, tales ideas caracterizaron las alusiones del destacado economista sueco, Gunnar Myrdal, al despliegue de la creatividad de la ciudadanía (Kettunen, 2012).
74Como se ha reiterado, de manera decisiva, conceptos, ideas, prácticas y valores de la socialdemocracia ha contribuido a la creación y desarrollo del Estado de Bienestar en las sociedades nórdicas. Sobre tales bases, definitivamente se estará en mejores condiciones de fortalecer en América Latina las políticas sociales solidarias.
75La reflexión en torno al Estado de Bienestar Habilitante Nórdico y sus posibles implicancias en las políticas sociales solidarias en América Latina puede adquirir mayor robustez conceptual de la mano de recientes interpretaciones de la teoría social de Hegel. Así entonces, una serie de nuevos estudios del pensamiento hegeliano sacan a relucir una teoría social altamente sugerente y de gran potencial analítico (Brandom 2007; Pippin 2001; Smith 1989; Neuhouser 2000; Honneth 2017; Blunden 2019; Miettinen 2020). Dicha afirmación también vale para los problemas sociales del desarrollo en América Latina abordados arriba.
76Las elaboraciones a partir de la teoría social de Hegel (Miettinen 2020) brinda un marco conceptual que comprende el desarrollo humano y los contextos sociales asociados.
77La teoría en cuestión enfatiza que la libertad y el desarrollo moral del individuo sólo pueden ser efectivos y reales en una Vida Ética históricamente desarrollada, que engloba las instituciones de la familia, el trabajo, la sociedad civil y el Estado (Blunden 2019; Miettinen 2020). Es mediante su participación en varias actividades, colectividades y comunidades de la sociedad que el individuo desarrolla sus capacidades y aptitudes.
78Ahora bien, Hegel (2010 [1820]) distingue entre persona, subjetividad moral y participación consciente en la Vida Ética. En tanto personas, los individuos disfrutan de la libertad como propietarios y dueños de cosas externas, de forma congruente con la idea liberal de libertad negativa, a saber, que nadie debe intervenir en lo que uno decide hacer con su propiedad. Como sujeto moral, el individuo sopesa y evalúa sus acciones y sus consecuencias a la luz de criterios de bondad o maldad. La subjetividad moral guarda relación con la responsabilidad asumida ante lo que sucede en el mundo. Sin embargo, estas dos formas de libertad ilustran una concepción acotada y reducida del potencial del desarrollo humano. En tal sentido, la noción de Vida Ética hace patente la relevancia de lo social ante lo meramente individual.
79El concepto de libertad social implica los conceptos de bien común y universal, y deberes. En tal perspectiva, Neuhouser (2000: 13) pone el acento en que la adopción de identidades acordes a las instituciones sociales va de la mano de la consideración de otros integrantes de la sociedad y grupos como un todo, ya que, al actuar sobre la base de la identidad propia como miembro de la familia, de una profesión o como ciudadano se actúa “por el bien del todo”. La conjunción señalada es a la vez “universalmente beneficiosa” y “particularmente satisfactoria”.
80Sobre la base de lo expuesto, son numerosos los estudios que valoran el concepto de libertad social, en la perspectiva de su continuo desarrollo y revisión crítica, para revitalizar la visión de la emancipación humana, y la realización integral concomitante de los individuos en la vida social (Honneth 2017; Blunden 2019; Miettinen 2020). Tales alcances son significativos para los debates latinoamericanos en materia de desarrollo humano, educación, trabajo y democracia, así como para la agenda programática de numerosos movimientos sociales. Los efectos de la pandemia del coronavirus 19, a contar de 2020 y 2021, como se ha visto, hace más apremiante y urgente la necesidad de mejorar el instrumental analítico y teórico en torno a las problemáticas señaladas.
81La agencia moral y la libertad de elección individual se entroncan en la libertad institucional sustantiva, comprendiendo el hecho de que cada individuo en su posición particular y profesión crea una relación personal con normas universales de las instituciones del orden ético. La libertad social entraña la unión de lo particular y lo universal, requiriendo la aplicación reflexiva por parte de los individuos de las normas hechas carne en los conjuntos institucionales y las prácticas sociales concomitantes.
82La participación en actividades colectivas de las instituciones es, a la vez, una actividad de constitución propia o auto-constitución. La reflexión racional de los estándares éticos de las instituciones sociales es coadyuvante al reconocimiento social del individuo en el seno de la comunidad. Como afirma Miettinen (2020: 383): “aprender a ser ético tiene lugar a través de la participación en las instituciones de la vida ética, como miembro de la familia, como miembro de una asociación de la sociedad civil y como ciudadano/a del Estado. Cada una de estas instituciones tiene su propio sistema de normas, hábitos y deberes. El Estado es esencial porque es universal, es decir, el bien común y bienestar de todos/as pertenecen a éste”.
83El teórico social alemán, Axel Honneth (1996), investiga las condiciones sociales para el desarrollo del individuo y su moral tomando como punto de partida, desde Hegel, el concepto de reconocimiento, la teoría política de la “forma de vida ética” y sus expresiones en la familia, la sociedad civil y el Estado. El autor también se apoya en el enfoque de G.H. Mead sobre el desarrollo de la personalidad humana en la interacción social y en el psicoanálisis de Winnicot que trata acerca de la relación entre el infante humano y su madre.
84Así pues, Honneth (1996) identifica tres formas o niveles de reconocimiento que son necesarios para el desarrollo de la conciencia y la moral. En primer lugar, el amor en las relaciones de los integrantes de la familia es necesario para el surgimiento de la conciencia. Asimismo, el reconocimiento por parte de la ley de los derechos del individuo. Por último, el reconocimiento de las capacidades y contribución del individuo en el trabajo y la sociedad civil. Al mismo tiempo, la teorización en cuestión, además, distingue manifestaciones de negación del reconocimiento, tales como el abandono, los abusos, la negación de derechos y exclusión, etc. De este modo, cabe evaluar las instituciones sociales de acuerdo a cómo llevan a cabo las diferentes modalidades de relaciones de reconocimiento en la vida social.
85Como se ha visto, la Vida Ética viene dada por la familia, la sociedad civil y el Estado. La Vida Ética, en tanto que concepto de libertad que ha adquirido existencia real tanto en la conciencia de los individuos como en la sociedad y sus instituciones, brinda un esbozo de un ordenamiento político racional que hace posible la concreción de la libertad individual.
- 3 Las complejas y profundas relaciones entre el pensamiento de Hegel y Marx siguen siendo sometidas a (...)
86Siguiendo a Honneth (2017: 16, 17, 18), la impronta de Hegel se manifiesta, en el análisis de Marx3, en la adopción de “dos modelos diferentes de reconocimiento mutuo para dar cuenta de dos modelos sociales contrapuestos. En pocas palabras, la lógica mercantil capitalista no puede articular debidamente la libertad individual con la libertad social o comunitaria. Se requiere, por tanto, otro tipo de relaciones de producción solidarias e igualitarias para avanzar certeramente en la consecución del objetivo y deseo en cuestión. Una tesis central de Honneth (2017: 37) es que, tras las concepciones erróneas de socialismo, éste puede ser revitalizado a partir de elaboraciones que adopten “la teoría de la libertad” de Hegel.
87El concepto de libertad debe de ser entendido de la mano de los conceptos de reconocimiento y Bildung, a saber, auto-formación. El postulado del reconocimiento intersubjetivo de Axel Honneth (1996; 2010) engarza con la tradición inaugurada por Hegel y redunda en la evaluación de las instituciones sociales de acuerdo con su contribución al florecimiento humano. El estudio de las condiciones para alcanzar la libertad social a través del Bildung en la Vida Ética es abordado por diversos autores conforme a un enfoque de “florecimiento humano” o de “las condiciones sociales de autorrealización” (Honneth 2010: 29).
88La política social solidaria y la renta básica universal, en tanto que propuestas de política pública, puede ser enriquecida en América Latina mediante una reconceptualización que la relacione con los retos del Estado de Bienestar Habilitante, el cultivo de las capacidades humanas, el desarrollo humano y los contextos sociales asociados. Como se ha indicado, el concepto hegeliano de Vida Ética contribuye y enriquece la reflexión aludida.
89La relación entre el desarrollo humano y los contextos sociales concomitantes se expresa en los “campos multi-organizacionales” y las “comunidades multi-profesionales” de los servicios públicos del Estado de Bienestar Habilitante Nórdico. Como se señalado arriba, hay principios, conceptos, prácticas y metodologías subyacentes en tales políticas y programas que, tras ser estudiados acuciosamente, son potencialmente susceptibles de ser aplicados y desarrollados en diversas problemáticas latinoamericanas. Esto es plenamente válido para los intentos de desarrollar políticas sociales solidarias y formas de RBU en el subcontinente. Asimismo, se ha redundado en cómo el enfoque sociocultural proporciona una base conceptual que da cuenta coherentemente de los logros en términos del desarrollo de las capacidades humanas. Por último, se ha sugerido que conceptos críticamente elaborados de la teoría social de Hegel contribuyen a reforzar conceptualmente la ética social indispensable para compatibilizar los intereses particulares con el bien común. A partir de este encuadre, se torna factible revitalizar el aporte de la socialdemocracia a los debates latinoamericanos.
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