1En el transcurso de las dos últimas décadas, parte importante de los países andinos ha experimentado un giro político hacia la izquierda. Como ocurre en Venezuela y luego en Bolivia y Ecuador, este giro ha significado redefinir el funcionamiento de las economías y de los sistemas políticos al interior de cada uno de esos países. El presente libro se centra en la experiencia ecuatoriana, tomando como foco de atención el proyecto definido tras la constituyente de 2007. Su título, “buen vivir” alude a una propuesta alternativa a la lógica del desarrollo que subyace al neoliberalismo imperante en los demás países del continente, y a quienes apuestan por la existencia de mercados autorregulados y la privatización de los servicios públicos. La noción de “buen vivir” es la traducción de la expresión Sumak Kawsay proveniente de la lengua kichwa. En el uso actual de esta expresión, se pone un énfasis en la protección del medio ambiente y en el despliegue de la solidaridad. Por otra parte, se alude también a la necesidad de “profundizar la democracia”, al hacer hincapié en la promoción de una serie de derechos y garantías sociales. Tanto la concepción de desarrollo, como la importancia asignada a los derechos y las garantías sociales, fueron asumidos por la asamblea constituyente e incorporados en la nueva Constitución ecuatoriana de 2008.

2Nueve son los artículos presentados en este libro, además de un prólogo elaborado por Alberto Acosta. Más de un tercio de los artículos abordan directamente el tema medio ambiental, y su relación con el desarrollo; los restantes se refieren a ciertos temas contenidos por la Constitución ecuatoriana, propuestas económicas y aspectos relacionados con el “socialismo del siglo XXI”. Al tratar lo económico, Alberto Acosta sostiene que la propuesta del “buen vivir” no significa sustituir al mercado por el Estado. Por el contrario, se apuesta por establecer “una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad” (p. 20).  En términos específicos, se intenta asegurar el acceso a la propiedad, de los sectores más postergados, y al mismo tiempo evitar la formación de grandes monopolios. Además, se intenta “humanizar” la actividad económica, permitiendo —a quienes han sufrido la postergación y la exclusión del neoliberalismo— el acceso a la pequeña producción y al comercio informal. Finalmente, plantea Acosta (p. 28), resulta primordial evitar la mera extracción de recursos naturales apostando a la generación de nuevas riquezas.

3En materia social, el “buen vivir” implica la gratuidad de la salud y educación, así como una mayor inversión de recursos hacia este tipo de servicios. Especialmente significativa resulta la noción de ciudadanía promovida por el “buen vivir” y la Constitución ecuatoriana, al plantear la ampliación de los derechos políticos hacia los inmigrantes. Esto supone no sólo poder participar y contar con representantes, sino también “impulsar varias iniciativas políticas, inclusive de ley” (p. 22). De este modo, sostiene Acosta, se piensa más allá del propio territorio ecuatoriano al proponer un principio mucho más integrador, que incorpore a otros países de la región.

4En el artículo “Hacia otra noción de riqueza” (pp. 31ss) escrito por el politólogo venezolano Edgardo Lander, se reconoce una continuidad entre el neoliberalismo imperante en varios país de la región y el anterior modelo industrialista. Como se viene insistiendo desde fines de los sesenta, ambos modelos producen efectos similares, como la depredación y el deterioro de la naturaleza, y la necesidad de un crecimiento ilimitado capaz de asumir las demandas de consumo. Según estima Lander, en la actualidad “la capacidad productiva global” es superior a “su capacidad de reposición”, poniendo en riesgo lo que  correspondería a las futuras generaciones (p. 32). Socialmente ocurre algo más o menos parecido, pues quienes cuentan con más ingreso terminan reduciendo los recursos que pueden disponer los más pobres. La constatación de Lander dista mucho de ser apocalíptica, al coincidir con varios diagnósticos que se vienen  realizando desde principios de los años setenta, en los cuales se advierte por primera vez acerca de “los límites del crecimiento”. Pero a diferencia de las propuestas demográficas, y con un sesgo notoriamente malthusiano, dadas a conocer en aquello años, Lander plantea que es primordial partir por redefinir los parámetros, predominantes en la ciencia económica, que se utilizan para establecer los indicadores de crecimiento y desarrollo.

5Complementando el diagnóstico de Lander, el artículo “Seis puntos clave en ambiente y desarrollo” (pp. 39ss), del uruguayo Eduardo Gudynas, parte destacando que más del 80% de las exportaciones en los países andinos se basan en producción primaria. Al igual que Lander advierte acerca de la necesidad de asegurar bienes y recursos para las futuras generaciones, introduciendo para ello la noción de patrimonio. Con este concepto los recursos naturales no sólo revisten un uso productivo sino que tienen valores más amplios. Cabe a la sociedad asumir un sentido de responsabilidad frente a las futuras generaciones, junto con reconocer ciertos derechos a la naturaleza, que serían independientes de la utilidad práctica que le pueden asignar cada uno de los individuos. Finalmente insiste en la necesidad de introducir una serie de regulaciones destinadas, por un lado, a salvaguardar la naturaleza y, por otro, evitar y reducir una serie de riesgos sociales. Los “derechos de la naturaleza” son retomados en el siguiente artículo de Norman Wray, titulado: “Los retos del régimen de desarrollo” (pp. 51ss). De acuerdo a Wray, este tipo de derechos constituyen la base de la propuesta de desarrollo alternativo al asegurar que el ecosistema pueda mantener su capacidad evolutiva. A su vez, con este tipo de derechos se produce una modificación de la relación con la naturaleza y el ecosistema en general.

6Por su parte, en el artículo “Cambiar la economía para cambiar la vida”, Magdalena León explicita que lo fundamental en la transformación del modelo de desarrollo radica en una nueva forma de concebir lo productivo. Tal como advertía Acosta, no se trata sólo de disminuir la influencia del mercado y del sector privado sino de cambiar la visión política de quienes deciden lo que se produce y consume. Para efectos de la organización productiva al interior de una sociedad, y considerando también la relación entre los países, añade el principio de “complementariedad”. Este principio se manifiesta —de preferencia— en las relaciones de intercambio, permitiendo “eliminar injusticias y crear otros equilibrios” (p. 71). De hecho, la “complementariedad” permite superar la exclusión que conlleva la competencia y la búsqueda de la satisfacción individual en los diferentes mercados.      

7Los artículos de Ricardo Carrere (pp. 93ss) y Dania Quirola (pp. 103ss), respectivamente, reafirman la idea de establecer una relación armónica entre sociedad y naturaleza, así como la crítica a la depredación de los recursos naturales realizadas por los anteriores autores. En su artículo, Dania Quirola es enfática en destacar que la forma de organización productiva de la sociedad, y sus modos de vida, son consecuencia de la forma en que se distribuye el poder entre los distintos grupos sociales.

8El sociólogo ecuatoriano Rafael Quintero aborda los aspectos conceptuales de la Constitución promulgada el 2008. A diferencia de los contenidos de la carta constitucional aprobada diez años antes, la nueva constitución intentó superar las atribuciones de ciertos poderes y la sobrerepresentación de determinados sectores al interior del parlamento. Como dice el propio Quintero, tal sobrerepresentación era consecuencia “de los recurrentes fraudes electorales, las fórmulas inequitativas de repartición de escaños, y una publicidad electoral financiada por ese Partido Medial de Derecha...” (pp. 77-78). La Constitución ha intentado responder a las demandas de la izquierda ecuatoriana y de ciertos movimientos sociales que han abogado por una mayor intervención del Estado y a la capacidad de éste para acoger una serie de demandas emanadas desde la sociedad.

9De acuerdo a lo señalado por Quintero, los aspectos más innovativos de la Constitución de 2008 son la incorporación de los “Derechos de la Naturaleza”, aludidos anteriormente, además de mayores atribuciones y autonomía a los gobiernos locales. Junto con ello, Quintero también hace referencia al significado que posee el “buen vivir”, destacando entre las principales fuentes la cosmovisión de los pueblos indígenas que veían a la naturaleza como “un espacio de vida”. Al asignarle ciertos derechos a los recursos y elementos de la naturaleza se le “otorga sacralidad al territorio, a los espacios que no deben ser ‘tocados’...” (p. 84). Pero como advierte Quintero, el “buen vivir” no sólo se expresa en la promoción de una cierta cosmovisión, o una concepción particular acerca del desarrollo y la organización de la sociedad, sino que implica una ciudadanía activa y la capacidad de emprender acciones en función del respeto de la biodiversidad.   

10La perspectiva constitucional es también abordada por el sociólogo y antropólogo Patricio Carpio B. (pp. 115ss) quien parte destacando algunos antecedentes históricos que permiten entender de qué manera América Latina, y Ecuador en particular, se incorporaron al marcado internacional y a las dinámicas globales. Según él, existen condiciones históricas que explican no sólo el atraso de este tipo de sociedades sino además el despojo de algunos recursos y el deterioro ambiental. Adicionalmente, permite entender la pobreza y la desprotección en la que se vio enfrentada buena parte de la población ecuatoriana (p. 132). La constituyente ecuatoriana ha intentado revertir esta situación promoviendo mayor participación, así como fomentando un modelo de desarrollo que haga hincapié en la equidad, la solidaridad y la protección de la naturaleza. Para la consecución del “buen vivir”, la Constitución ecuatoriana, en sus artículos 3 y 4, especifica cuáles son los deberes que le atañen al Estado y cuáles son lo que les corresponden a las personas, pueblos y comunidades en general.

11El último artículo de esta publicación corresponde a la entrevista realizada al sociólogo y politólogo belga François Houtart, efectuada por Helga Serrano y Eduardo Tamayo (pp. 149ss). La entrevista versa sobre el “socialismo del siglo XXI”, que como es sabido en la región viene siendo promovido a partir del “giro” político experimentado por Venezuela, Bolivia y Ecuador. De acuerdo a lo explicado por Houtart, la novedad de este “socialismo del siglo XXI” reside en promover una alternativa distinta a la lógica capitalista y superar la experiencia del socialismo del siglo XX, que había “tenido que empezar a caminar con las piernas del capitalismo” (p. 151). Es en esencia anticapitalista y como tal es definido como una superación del capitalismo y del neoliberalismo imperante. En esa misma condición, intenta superar las economías de mercado y las bases del liberalismo político, sobre el cual también se sustentó parte importante del socialismo y de la izquierda occidental del siglo XX, anteponiendo la participación y organización comunitaria de raíz indígena, o más directamente andina. De hecho, la noción de democracia expuesta por el propio Houtart intenta ser aplicada al conjunto de las relaciones humanas, no sólo políticas, sino también económicas y de género, sustituyendo la representación, y la renovación de representantes, por “la participación real de todos” (p. 158).         

12En buenas cuentas, por sobre la descripción y constatación de determinados hechos, este libro se plantea más bien en la perspectiva de la propuesta política, o sobre la base de experiencias que se están recién implementando. Gran parte de las propuestas se amparan en la recuperación de una serie de cosmovisiones indígenas, sobre todo en lo que concierne a la relación con la naturaleza, y los principales postulados acerca de la ciudadanía multicultural. En ese sentido, el “buen vivir” puede ser considerado un proyecto que porta consigo un nuevo paradigma respecto a cómo concebir el desarrollo, el rol del Estado y la participación política de la sociedad. Sus limitaciones son el reflejo de los vacíos e interrogantes que deja consigo el “nuevo socialismo” implementado en los tres países de la región andina.