• *  Exposición realizada en el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas). Buenos Aires, (...)

1En junio de 1996*, en pleno desarrollo de las reformas neoliberales en la Argentina, los habitantes de las localidades de Cutralco y Plaza Huincul de la provincia de Neuquen bloquearon las vías de acceso a la zona, interrumpiendo la circulación de vehículos y personas a lo largo de siete días y siete noches. El gobierno nacional había privatizado YPF, la empresa petrolera y gasífera que diera existencia y vida a tantos pueblos patagónicos, que ahora sufrían los efectos implacables de la desocupación y de la ausencia de alternativas laborales. En este primer “cutralcazo”, una jueza con 400 gendarmes intentó despejar la ruta 22, ocupada espontáneamente por unas 25.000 personas. De inmediato les requirió por sus representantes o voceros, obteniendo por respuesta que no los tenían y que tampoco los admitirían. En una situación en extremo tensa la invitaron a descender del vehículo, ofreciéndole conversar directamente con el pueblo allí reunido.

• 1  El cutralcazo y otras rebeliones semejantes no deben ser confundidas con el posterior piqueterismo (...)

2Ya desde la noche del primer día, habiendo advertido que una línea interna del Movimiento Popular Neuquino, pretendían socavar a su propio gobierno usándolos a ellos como masa de maniobra, habían empezado a congregarse por fuera de toda estructura con expresa exclusión de dirigentes. Lo que al principio era sólo un conjunto difuso de demandas, se transformó en un cuestionamiento radical de las metodologías políticas, y al poco andar la movilización se centraba en contenidos concretos que surgían de la deliberación directa. En adelante, cualquier decisión debía ser aprobada por todos los piquetes apostados en diferentes puntos de la región, siendo desautorizados e impedidos de salir de la ciudad personalidades locales que en representación de las “fuerzas vivas” proponían viajar a la capital a negociar con el gobernador. Las mujeres habían logrado, además, que no circulara el alcohol entre los jóvenes, a los cuales instaban tanto a resistir como a evitar los motivos o excusas para una represión que desactivara la revuelta. Esto mantuvo el espíritu de los rebeldes, que aguantaron exitosamente a los refuerzos represivos que llegaron con la orden de despejar los caminos. Pues bien, en estas pocas escenas se hallan presentes los rasgos básicos del tipo de desobediencia civil al que haré referencia1.

• 2  En consistencia con esto, el código penal argentino, por ejemplo, reprime con prisión de 15 días a (...)

3La respuesta del gobierno a este tipo de rebeliones fue la usual, esto es, el desgaste y la descalificación para la posterior resolución parcial y en frío de algunas de las demandas. La actitud de la sociedad, atada al sesgo informativo de los medios de comunicación nacionales, preocupados exclusivamente por el sagrado derecho constitucional de transitar, fue de desconfianza o de indiferencia hostil. Más incomprensible fue la intolerancia del centroizquierda de la época, el Frente Grande y las alas progresistas del peronismo y del radicalismo, al interpretar este tipo de rebeliones como un desafío a la democracia, en conjunción con la posición del ambiente académico, que las impugna como manifestaciones prepolíticas o antipolíticas. Sin embargo, en términos constitucionales, el gobierno, los medios, los partidos y los intelectuales tenían razón. El articulo Nº 36, el primero de los nuevos derechos incorporados en la reforma de 1994 dice más o menos esto: a) cuando la observancia de la constitución fuese interrumpida por actos de fuerza, los responsables quedarán sujetos a la pena de los infames traidores a la patria, b) tendrán la misma sanción quienes usurpen las funciones previstas para las autoridades, c) se considerará que atentan contra la democracia también quienes incurran en delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, y d) los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza antes mencionados2.

• 3  En su encíclica El evangelio de la vida señala que valores de primer rango, como la dignidad human (...)

6Esto significa que los procedimientos son instrumentos que deben servir a determinados propósitos, dados de antemano, y que quedan fuera de discusión. Lo que es contradictorio con la idea de que la justicia de un procedimiento es independiente de sus resultados, y de que en una sociedad secularizada no puede haber criterios externos para evaluar la validez de una norma. Si la obligación de obedecer una norma o una política se funda en que ha sido decidida de acuerdo a un procedimiento inherentemente justo, y no porque creamos que su contenido es bueno para mí o para nosotros o porque es igualmente bueno para todos, el derecho a desobedecerla, en consecuencia, podrá fundamentarse simétricamente en el argumento de que el diseño o el empleo de los procedimientos vigentes para decidirla son o tramposos o insuficientes o deficientes, comparados con los procedimientos ideales pragmáticamente presupuestos en toda argumentación en serio. Para sostener lo contrario tendríamos que ubicarnos en la posición de observadores, y no ya en la posición de participantes comprometidos. Desde fuera siempre podremos lógicamente cuestionar, sobre la base de cierto cognitivismo ético sustancial, cualquier cosa que pueda ser resuelta democráticamente, pero sin un criterio que sea a su vez también democrático. Por ejemplo, alguien que se sustrae a todo procedimiento, como Juan Pablo II, puede establecer en sus encíclicas que la ley civil se subordina a la ley natural, que contiene derechos imprescriptibles cuyo no-respeto por parte del legislador resta todo valor jurídico a las leyes positivas correspondientes. Para este punto de vista, la democracia es un valor de segundo rango: “su valor se mantiene o desaparece en función de los valores que encarna o promueve”3.El caso, o si se quiere el drama, es que todas las variantes de la teoría democrática comparten de uno u otro modo esta posición instrumentalista.

• 4  Debe admitirse que hay errores en la autocomprensión normativa del capitalismo democrático, hegemo (...)

7Uno podría pensar, empero, que si la sociedad convalida los métodos de los rebeldes sólo cuando comparte sus demandas es porque todavía no habrá alcanzado los niveles de madurez cívica y el desarrollo moral correspondiente a la etapa posconvencional de los teóricos normativos de la democracia, pero que con el tiempo finalmente será educada por Rawls, Dworkin o Habermas. Sin embargo, hasta donde puedo entenderlos, para ellos la desobediencia civil se justifica únicamente cuando la democracia interfiere con el liberalismo4.

• 5  Habermas adopta las tres condiciones que Rawls menciona para la desobediencia civil: a) la protest (...)

10Habermas tiene una concepción más radicalmente democrática de la desobediencia civil, pero sus conclusiones son inconsecuentes con sus premisas (1997:51-57). La obediencia requiere para él de una justificación moral, que no reside en los derechos individuales sino en un principio contrafáctico interno al derecho constitucional, según el cual sólo serán validas las normas que acordarían todos los posibles afectados en un debate racional. Así, el disidente puede justificarse recurriendo a los mismos principios con los que se legitima la mayoría que dictó la ley cuestionada. No habría contradicción entre la norma dictada democráticamente y la acción que la desobedece porque ambas remiten a un fundamento común. La obediencia al derecho positivo no debe ser incondicional, sino cualificada. Una minoría puede desobedecer a la mayoría si sus decisiones no resultan de un foro público de discusión abierta a la crítica. Pero nunca debe ejercitarse fuera del ámbito constitucional ni aceptarse su uso revolucionario. La desobediencia civil es una acción conciente, contraria a la legalidad, no violenta, que opera como última apelación al sentido de justicia de la mayoría, después de haber agotado las posibilidades de acción legal correspondiente al caso, y sin poner en peligro el orden constitucional. Dada en estos términos, el Estado no debe tratar a los disidentes como delincuentes, sino como ciudadanos comprometidos con la democracia, aunque deben mantenerse las penalizaciones para evitar que este tipo de acción tienda a la normalización5.

• 6  No obstante, Habermas, más que cualquier otro, ofrece una cobertura para la desobediencia civil al (...)

11Sin embargo, carece de sentido convalidar la desobediencia civil sobre la base de un procedimiento deliberativo inmanente al derecho constitucional, y luego colocarla dentro de los límites de la constitución, y aproximarla a una estrategia para obtener una declaración judicial de inconstitucionalidad de la ley. No puede quedar encapsulada legalmente cuando las propias constituciones establecen reglas decisorias invariablemente amañadas o distorsivas, como ya se dijo. Y es cínico plantear que a los disidentes no se los puede tratar como delincuentes, pero manteniendo las penalizaciones para evitar que se generalice. O se les da la razón o se los sanciona; en todo caso, si han de ser “castigados” debe ser sobre la base de un tratamiento equivalente al funcionario que es interpelado por el parlamento o llevado a juicio político. Y si se prefiere, desde una perspectiva aún más racional, la Constitución debería ampliar la participación de la ciudadanía en términos de democracia directa, de tal modo de elevar los costos de oportunidad de la desobediencia civil6.

• 7  En esta misma dirección, García Amado, J. (1992: 123-126), exponiendo el pensamiento de Habermas a (...)
• 8  Ante el hecho de que el poder constituyente no puede ser institucionalizado totalmente por un régi (...)

13En lugar de encapsular a la desobediencia civil dentro de los moldes del liberalismo con el menor costo posible para el Estado de derecho, y convertirla en inofensiva para que sea legítima, habría que redefinirla a partir de los ideales procedimentales que presuponemos inevitablemente en cualquier práctica social, y que pueden ser resumidos, si se quiere, en el principio moral aludido por Habermas: serán válidas (merecerán ser obedecidas) las normas que todos los posibles afectados acordarían dentro de un diálogo racional, es decir, entablado entre participantes con igual libertad para participar en la búsqueda del mejor argumento. Desde esta perspectiva el razonamiento último que legitima a la desobediencia civil puede consistir en que puede probarse que si el procedimiento vigente hubiera admitido la participación de todos los implicados o que si no impusiera restricciones al debate, otro hubiese sido el resultado y la norma así obtenida sería más justa y merecería obediencia. O, dicho de otro modo: si hay afectados que no han formado parte del acuerdo significa que éste puede carecer de validez, sea porque las reglas están sesgadas a favor de un agente particular o son instrumentadas por objetivos fuera de discusión o porque no traducen suficientemente la posibilidad de deliberar directamente7. Es sobre la base de este razonamiento subyacente que la desobediencia civil surge como respuesta al déficit de fundamentación de las políticas públicas, es decir, como crítica a la irracionalidad de las reglas procesales vigentes8.

• 9  Recurrir a la desobediencia civil no exige agotar “todas” las instancias y mecanismos legales esta (...)

16Sin embargo, no es el procedimentalismo lo que le imprime su especificidad y radicalidad a la desobediencia civil, ya que hay otros tipos de acción colectiva que podrían aceptar como propio el razonamiento anterior. Lo específico y radical es la índole de sus procedimientos, pues se trata de una rebelión que cuenta con la fuerza ilocucionaria que proviene de su ruptura práctica con el orden existente, en términos de cuatro condiciones o propiedades de carácter procesal. Es disruptiva, porque sin siquiera agotar todas las instancias legales previas o sin estar obligada a recurrir a los mecanismos legales disponibles9, interfiere en derechos individuales y colectivos, no como agresión ad hominem sino a través de su suspensión provisional con el propósito de convertir en conflicto un problema que el sistema se niega a considerar como tal, es decir, para convertir al antagonismo una asimetría que arbitrariamente permite a unos ejercer derechos a condición de que otros no lo hagan, o que permite que algunos derechos puedan hacerse efectivos antes o en mayor grado que otros, como si la jerarquía entre los mismos estuviese ya dirimida democráticamente.

• 10  Para una descripción de numerosas experiencias pacifistas en diferentes épocas y situaciones, aunq (...)

17Es, además, pacífica, porque infringe la ley ateniéndose a las sanciones que correspondan, pues los implicados se exponen personalmente y no están dispuestos a que la represión recaiga sobre terceros. Puede incluir actos “violentos” de autodefensa, pero es una estrategia deliberadamente ghandiana que utiliza la fuerza del oponente con el objeto de que esta se vuelva inviable o contraproducente10. Es autónoma, porque no se inscribe en el espacio público preexistente, sino que lo recrea o lo amplía al politizar un problema y obligar al resto de la sociedad a definirse en relación con el mismo. Si introdujera el principio de representación perdería eficacia y dependería de un reconocimiento externo, es decir, de cómo es evaluada la acción por sus interlocutores, que le asignarán un papel y un libreto que acotará su imprevisibilidad. Si fuera heterónoma, además, entraría en contradicción con su intencionada ilegalidad. Y, finalmente, es recursiva, porque no alcanza, como en Habermas, con que esté moralmente motivada; tiene que vincularse internamente con el mismo tipo de reglas que le reclama al sistema. Esta es una práctica anticipatoria o “prefigurativa” por la cual los protagonistas se aplican a sí mismos los procedimientos que quisieran que el sistema ponga en vigencia. Este requisito es el más difícil de cumplir, es el umbral en el que la mayor parte de las movilizaciones o movimientos quedan atascados o no pueden atravesar; se trata nada menos que de la condición que infunde a la desobediencia civil su carácter eventualmente revolucionario.