Introducción

2Los rasgos sociales y políticos del período de los populismos o Estados desarrollistas latinoamericanos de mediados del siglo XX que dieron pie a una importante activación social de grandes movimientos con orientación de clase, han sido ampliamente analizados. Ésta, la llamada matriz socio-política clásica, se caracterizó por múltiples factores, entre otros, un Estado que cumplió un rol referencial para todas las acciones colectivas así como un acelerado proceso migración campo ciudad donde las demandas estuvieron marcadas por el acceso a servicios sociales básicos. Esta matriz, que se quebraja y definitivamente se derrumba en el período de los autoritarismos y en los procesos de democratización, fue reemplazada por una nueva gran estructura político-social que ha tenido un impacto inexorable sobre el quehacer de la sociedad civil latinoamericana ya sea para generar procesos de activación o bien de desactivación ciudadana.

3Este trabajo busca contribuir, por una parte, al debate respecto a la constelación de factores que ha dado forma a esta nueva estructura social y, por otra, a la manera en que dichos factores han impactado sobre las dinámicas, los campos de acción y los discursos aglutinadores de las sociedades civiles de la región. Específicamente y mediante la utilización del análisis bibliográfico, se sintetiza la influencia de tres grandes factores que han sido relevantes para la construcción de la estructura social contemporánea, estos son (i) el trauma, el miedo y las memorias colectivas de un pasado autoritario y de alta conflictividad social, (ii) el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica por los gobiernos encargados de las reconstrucciones democráticas de la región y, finalmente (iii) el impacto de la modernización neoliberal. Se analizará la manera en que dichos factores se han desenvuelto y han derivado en explosiones y efervescencia social en ciertos momentos, o bien, en desactivación o períodos de subsidencia o invisibilización ciudadana en otros.

América Latina, matrices socio-políticas y (des) movilización

4La llamada matriz socio-política clásica (Garretón, 1996; 2002) o también matriz estadocéntrica (Cavarozzi, 1992) se refiere a la estructura política y social que tuvo lugar aproximadamente entre la década del treinta y el sesenta bajo los llamados populismos o Estados desarrollistas y que fue definida por las transformaciones económicas y sociales acontecidas durante ese período. De forma específica, luego de la crisis mundial del año 1929 y la desarticulación del sistema exportador oligárquico, se inaugura en el continente un esfuerzo por un tipo de industrialización endógena a la región mediante el conocido proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En paralelo, tuvieron lugar profundos procesos de transformación económica y social impulsados por la urbanización y las migraciones internas, el desarrollo de un mercado local, la modernización y una gradual movilidad social.

6El advenimiento de los Estados burocráticos-autoritarios (ODonnell, 1973), implicó la supresión de las formas de organización activadas en las décadas anteriores y tuvo profundas consecuencias para el devenir de la sociedad civil, sus movimientos sociales, los partidos políticos y los mecanismos de representación en todo espectro. El autoritarismo transformó la inclusión en eliminación política a través de la represión y la violencia extrema mientras los procesos burócratas y tecnócratas fueron insumos para una redefinición de la cultura política de la época (Alvarez et al., 1998).

7El Estado desarrollista o de compromiso característico de la matriz clásica fue desarticulado por los regímenes militares así como por las transformaciones institucionales y estructurales de los años ochenta. En términos de la sociedad civil, los aparatos represores redujeron las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y, suprimiendo la libertad de asociación, de expresión y de prensa, la sociedad fue desmovilizada (Foweraker, 1995). En el período de los autoritarismos tardíos, sin embargo y tal como señala Pearce (1997), amplios sectores se movilizaron en una insurgencia popular que tomaba ventaja de los quiebres internos y las crisis latentes de legitimidad que estos sistemas presentaban.

9La llamada década perdida en América Latina se caracterizó por una serie de procesos desencadenados a partir de la aguda crisis económica que afectó a la región. Las políticas neoliberales y de libre mercado con las medidas de ajuste y las estrategias de austeridad implicaron la transformación de los sistemas laborales y una precarización de los niveles de vida de las clases medias y populares con el aumento de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad (Archila, 2011; Slater, 1994). En este contexto y contrariando lo esperado, Escobar y Alvarez (1992) señalan que no se presenció en la región un nivel importante de movilización y organización social, lo que probablemente se debió a la exclusión, represión y precariedad de los años ochenta que forzó a los latinoamericanos a volcarse hacia la esfera privada y las tareas cotidianas de la supervivencia. En este período de movilización latente o subsidencia social (Melucci, 1989; Salazar, 2001), se produciría por tanto un lento proceso de reconstrucción identitaria desde los desarticulados modelos tradicionales de acción social hacia la emergencia de una serie de formas de acción colectiva correspondiente a los nuevos movimientos sociales.

10Dicha tendencia a la desmovilización presenciada durante los años ochenta se extendería hasta principios de la década del noventa. Como señala Archila (2011), la disminución de la agitación social en América Latina se puede atribuir, por una parte, a la pérdida de dinamismo de alguna organizaciones de derechos humanos una vez restablecidas las democracias, pero especialmente al impacto del neoliberalismo que produjo una fragmentación en las luchas así como al debilitamiento de los horizontes utópicos contenidos en los socialismos reales. Para Modonesi (2012), a mediados de los años noventa se produce la emergencia de masivas movilizaciones de tipo anti-neoliberal, que no sólo provocaron crisis políticas y destituyeron gobernantes, sino que ocuparon un lugar importante en la disputa hegemónica en el contexto de la sociedad civil.

11A partir de los años 80 quedó claro que la matriz tradicional era reemplazada por una nueva estructura y con ello nuevas expresiones de acción colectiva (Salazar, 2013). Por tratarse de fenómenos recientes, es difícil evaluar las características generales de la matriz de la transición latinoamericana así como se ha hecho respecto a la estructura socio-política estadocéntrica. Sin embargo es posible afirmar, tal como lo hace Calderón (2007) que los cambios asociados a la globalización, las reformas económicas estructurales y los proceso de democratización han impactado en la región latinoamericana en los últimos treinta años generando un nuevo tipo societal.

12Tomando en cuenta estos macro factores, en las siguientes secciones se consideran las reformas estructurales así como elementos asociados a la democratización para analizarlos en referencia constante al quehacer de la sociedad civil del continente. De forma específica, el proceso de democratización es examinado desde el legado de los autoritarismos en la forma de trauma y memorias de represión institucional, polarización y conflicto social, por una parte, así como desde las estrategias de gobernabilidad puestas en práctica por los gobiernos de las transiciones, por otra. Finalmente, se presenta el impacto de las reformas estructurales de la mano del recetario y modernización neoliberal.

La influencia del trauma, el miedo y las memorias del autoritarismo

13El terrorismo de Estado junto a los altos niveles de polarización y conflicto social que de forma transversal inundaron la región en durante el siglo XX, alteraron profundamente la institucionalidad política, cultural y social teniendo, por tanto, importantes efectos sobre el quehacer y las formas de organización de la sociedad civil del continente.

14La memoria colectiva ligada al trauma social o la cultura del miedo (Procupez y Obarrio, 2006; Koonings y Kruijt, 1999) - heredados de décadas pasadas en América Latina, son relevantes en la medida que el trauma social y la memoria colectiva, o memorias colectivas están de la mano en la América latina post-dictatorial (Iglesias, 2005: 169). El trauma se refiere a la exposición a al menos un hecho de violencia o de amenaza a la propia supervivencia (Bonanno, 2004), que en el caso del período de los autoritarismos latinoamericanos tomó la forma de violencia concreta (tortura, desaparición masiva y sistemática de personas, exilio, enfrentamientos) y también simbólica (censura, toques de queda) por parte tanto del Estado como de grupos de oposición. Al tratarse de terrorismo de Estado, Benegas advierte que se relaciona con el poder ejemplificador y disciplinador descrito por Foucault y la forma en que las prácticas de violencia pública dejan marcas indelebles en la memoria colectiva -en el corazón de los hombres (Foucault, 2002 citado por Benegas, 2011: 4)-.

15Asimismo, y respecto a la relación entre memoria colectiva y trauma social, Kovalskys (2006) señala que las sociedades optan por el olvido para enterrar los recuerdos que agreden el sentimiento nacional, proceso psicoafectivo que incluye las biografías, los trauma familiares y sociales articulados con otras historias y otras significaciones. El acto de olvidar o rememorar como respuesta al trauma social también ha sido analizado por Jelin (2003) quien sugiere que el olvido y el silencio responden tanto a un proceso selectivo necesario para la supervivencia, como al producto de una voluntad política de estrategia para impedir la recuperación (o creación) de la memorias sociales. El acto de la rememoración, por otra parte, también responde a voluntades políticas y sociales diferentes tales como recordar en pos de la búsqueda de verdad y justicia o hacerlo por la reconciliación. De igual forma, el objetivo de traer el pasado al presente puede responder a una estrategia cultural específica de incorporación del pasado en las perspectivas sobre el presente y el futuro (Jelin, 2001). La forma en que se incorporó el pasado y se le intentó dar un sentido para la construcción del futuro, las luchas por la rememoración, así como aquellas por la búsqueda de la verdad y la justicia dieron pie a un campo acción dentro del escenario de los nuevos movimientos sociales, siendo la temática de los derechos humanos un insumo relevante para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana en la redemocratización (Calderón, 1986).

16En el contexto autoritario, el principio aglutinador de la acción colectiva fue la recuperación de la democracia y fueron específicamente los movimientos contra la tortura y de familiares de detenidos y desaparecidos y otras diversas asociaciones de derechos humanos, las que no sólo denunciaron las violaciones a aquellos derechos, sino que encabezaron la resistencia y las protestas contra las dictaduras militares (Bobes, 2010). Una vez recuperada la democracia en el continente, el quehacer de estos movimientos y organizaciones continuó centrándose en la búsqueda de la verdad y la justicia en un primer momento, para luego restructurarse y diversificarse derivando en temas tales como la rememoración, el olvido y la lucha sobre la reconstrucción del pasado. Más adelante, las demandas se centrarían en darle contenido a la democracia, es decir, generar una nueva concepción de derechos humanos relacionada con la profundización democrática, la inclusión y la equidad. Esto, pues la evolución de las ideas-fuerza de los movimientos de defensa de los derechos humanos, tiene que ver con los cambios y reestructuraciones que sufre -y sigue sufriendo- la memoria colectiva.

La búsqueda por la verdad y justicia como forma de acción colectiva

18Las comisiones de la verdad germinarían por el continente ya sea como resultado de un proceso formal-estatal derivado de la presión del activismo de los grupos de derechos humanos como el caso de Argentina, Chile y El Salvador, o a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil como en el caso de Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia (Cuya, 1996). En ellos, la consigna Nunca Más estaría presente de manera transversal (Jelin, 2003). En el contexto de demanda de verdad y justicia surgen las Funas en Chile (Stern, 2010) y los escraches en Argentina y Uruguay, denunciando a aquellos casos donde estas organizaciones consideraban que la justicia no había actuado y como una forma de intervención política en relación al terrorismo de Estado (Benegas, 2011: 21).

Batallas por la rememoración y el olvido

19El problema del trauma colectivo instalado en la memoria social y materializado en las demandas por la verdad y la justicia durante la redemocratización latinoamericana temprana, evoluciona pronto hacia batallas sociales por la rememoración, la reconstrucción del pasado y la tensión entre la memoria oficial y la memoria social. Tal como señala Lifschitz (2012), las disputas por la memoria en los países del Cono Sur no representan un conflicto únicamente por la significación del pasado sino por las formas de pensar el mundo y la sociedad. En ese sentido, priorizar el olvido, silenciar el pasado, la determinación de lo que resulta decible o indecible (Lechner y Guell, 1998) o la invisibilización del conflicto responden a una determinada visión del mundo, que en el caso latinoamericano tal como se verá más adelante, fue parte de la estrategia de gobernabilidad utilizada por los Estados. Pese a la lógica de olvido y la impunidad o silenciamiento oficial -o quizás motivado por el mismo-, Lifchitz señala que en las últimas décadas surgieron nuevos agentes sociales vinculados a la memoria sobre el terrorismo de Estado dispuestos a hablar del tema y a disputar la construcción del pasado de las naciones.

20Como afirma Jelin (2003), los diferentes actores de la sociedad civil se embarcaron en una lucha política activa acerca del sentido del pasado, del sentido de lo ocurrido y de la memoria misma. Utilizando el ejemplo de la memoria de los miembros de la Fundación Pinochet versus la de los movimientos de familiares de detenidos desaparecidos en Chile, la autora señala que el escenario de las luchas políticas por la memoria no se dio únicamente por la tensión entre memoria y olvido, sino por la confrontación de distintas memorias. Dado que el trauma colectivo no fue consecuencia exclusiva del terrorismo ejercido por los Estados latinoamericanos sino también derivado del clima general de violencia y polarización, alimentado por grupos de oposición y resistencia, el balance sobre el pasado devino en diferentes experiencias y versiones sobre el mismo.

21Las disputas sociales sobre el sentido del pasado dieron lugar a movilizaciones que incorporaban estrategias culturales como el intento de materialización de la memoria y los recuerdos en sitios físicos (Jelin y Langland, 2003) como monumentos, museos y memoriales, o en sitios testimoniales como formas performativas de marcación de la memoria en el espacio (Schindel, 2009). Los lugares de la memoria así como las múltiples interpretaciones e (inter) subjetividades asociadas a ellos, evidenciaban un pasado que buscaba ser reivindicado e incorporado en el presente y con ello en el futuro de los pueblos.

22La tensión entre la memoria oficial y la social constituyeron un campo de batalla importante y un insumo para el quehacer de la sociedad civil en los procesos de democratización dado que la memoria-olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a experiencias traumáticas colectivas de represión y aniquilación, cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo (Jelin, 2001: 98).

Tensiones sociales en la definición de la democracia

23Así, la dicotomía entre la justicia y la impunidad, entre el recuerdo y el olvido, gatillaron el despliegue de movimientos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana. Para Archila (2011), la redemocratización significó una pérdida de dinamismo para muchas de las organizaciones de derechos humanos en la medida que sus luchas se fragmentaron, se focalizaron o simplemente dejaron de tener sentido en un contexto democrático. Sin embargo, el llamado Movimiento Democrático que jugara un rol central en la lucha contra los regímenes autoritarios no pareció ser desmantelado, sino que resignificado en el marco de la redemocratización de la región, expandiendo e incorporando pronto nuevos elementos su campo de acción (Garretón, 1996). Como señala el mismo Garretón (2001), el movimiento se vio ampliado hacia la demanda democrática en el marco de los nuevos movimientos sociales.

24Lo anterior, pues otra consecuencia del trauma de la violencia política y las dictaduras del pasado fue la revalorización de la democracia (Calderón, 1986; Jelin and Hershberg, 1996b; Jelin, 2003). La experiencia dictatorial grabó en la memoria social el mensaje que los derechos humanos y cívicos básicos, así como la democracia misma no podían ser dados por supuestos y garantizados. Por ello, durante la transición la incorporación de la clave violaciones a los derechos humanos fue, en ese marco, una verdadera revolución paradigmática. Esta definición implica concebir al ser humano como portador de derechos inalienables (Jelin, 2003: 5). En un contexto en que los mecanismos democráticos ya han sido formalizados, el desafío se traslada a su desarrollo y profundización. Las confrontaciones comienzan a darse entonces con relación al contenido de la democracia (Jelin, 2001: 98).

25Cuando los derechos humanos y su defensa se instalan como pilar de la democracia, las demandas sociales ya no sólo se concentran en los reclamos por los crímenes del pasado aún no resueltos, sino que también en articulaciones en torno a la denuncia de formas de violencia arbitraria o manifestaciones del autoritarismo residual (Procupez y Obarrio, 2006). Asimismo, y tal como lo indican Kooning y Kruijt (1999: 3), los problemas de la violencia y el miedo que plagaron las sociedades latinoamericanas en el pasado parecieron continuar en el escenario democrático, aunque esta vez no en la forma de guerras civiles y dictaduras, sino en la persistencia de los problemas de la inequidad, la pobreza y la exclusión social y política. En este contexto, la defensa de los derechos humanos como campo de acción para los movimientos de la sociedad civil no desaparece sino que cambia su definición, ampliando e integrando los derechos económicos, sociales, culturales así como a los recursos naturales como nuevos componentes (Jelin 2003; Albuquerque, 2004; Seoane, 2003; Alvarez et al., 1998).

La gobernabilidad democrática y la búsqueda de estabilidad institucional

26En el apartado anterior se presentan las implicancias y el impacto del trauma colectivo contenido en la memoria social sobre los campos de acción y los discursos de la sociedad civil latinoamericana. La historia de polarización y conflicto de las décadas pasadas, sin embargo, no sólo se alojó en la memoria social produciendo efectos para las dinámicas de la sociedad civil, sino también se instaló en la memoria de las elites y de las dirigencias con consecuencias para la cultura política y las formas de hacer gobierno en la transición latinoamericana. El aprendizaje político derivado del período anterior así como las exigencias propias de las transiciones sobrevinieron en un paradigma de gobernabilidad relativamente transversal a la región con su consecuente correlato en el quehacer de la sociedad civil.

27En la década de los sesenta y setenta se experimentó una crisis económica, política e ideológica cristalizada en la erosión del Estado de Bienestar y en una ola de movilizaciones y conflicto social que sacudió tanto a Europa como a Estados Unidos. Este momento no sólo sirvió de punto de inflexión para la investigación sobre los nuevos movimientos sociales, sino que también gatilló una discusión teórica que confluyó en el término (in) gobernabilidad como búsqueda de una explicación a la crisis que se verificaba en esos momentos en los países desarrollados. Tal como lo han descrito diversos autores (Camou, 2001a; Camou, 2001b; Moreno, 2006; Monedero, 2009; Torres-Rivas, 1993), la discusión respecto a la (in) gobernabilidad se sostuvo principalmente desde una corriente de corte conservador y otra neomarxista.

28La primera, resumida en la creación de la Comisión Trilateral y el trabajo de Huntington y Crozier (1975), establecieron que las causas de la crisis estaban en la sobrecarga de demandas y expectativas que debe enfrentar el Estado en el contexto de la profundización de la democracia de masas. De esta manera, cuando la democracia se expande -esto es, un exceso de participación social- resulta en una sobrecarga e hiperbolización de las funciones del Estado con el consecuente rebase de su capacidad de respuesta a las demandas sociales, así como en la efervescencia y conflicto social que vuelve ingobernable la sociedad. El análisis neo-marxista concentrado en el trabajo de Habermas (1988) y Offe (1990), sindicaba la tensión y contradicciones irresolubles entre el sistema político-administrativo y el capitalismo avanzado como las causas de la conflictividad social y a la crisis de gobernabilidad del período.

29Dada las diferencias en términos de las variables explicativas de la crisis, así como las receta que ambas posturas platearon para restaurar la erosionada gobernabilidad del primer mundo, la visión conservadora y la neomarxista alimentaron diferentes paradigmas de gobernabilidad, entendidos como el conjunto de respuestas institucionalizadas (ideas, valores, normas, prácticas) que una comunidad política sustenta en pos de resolver (y aceptar) ciertas soluciones a sus problemas de gobierno (Camou, 2001a: 11). Las recetas de gobernabilidad propuestas por los trilateristas basadas en el control social, la estabilidad, el pragmatismo y la tecnocracia, fueron sin embargo las que finalmente se pusieron en práctica no sólo en Europa, Estados Unidos y Japón, sino pronto extrapoladas a otras regiones del mundo incluyendo América Latina (Rodríguez, 2008).

30De esta forma, las tendencias de gobernabilidad en Latinoamérica fueron fuertemente influenciadas por el paradigma conservador enarbolado en el primer mundo, mandatado por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y condensadas en el Consenso de Washington de 1982. El recetario trilateral, sin embargo, se vio enfrentado a la realidad socio-histórica latinoamericana donde, a diferencia de lo ocurrido en el primer mundo, los problemas de gobernabilidad de aquellos años no habían sido gatillados por un exceso de democracia sino justamente por la endémica falta de ésta (Camou, 2001c; Moreno, 2006). Las débiles democracias latinas habían sido afectadas por profundos desajustes económicos e inestabilidad política, en una región donde las cicatrices de los autoritarismos aún estaban frescas (Torres-Rivas, 1993: 99).

Tal como lo señala Camou (2001b), la discusión respecto a la gobernabilidad en la región estuvo marcada por los desafíos de tres procesos que se desarrollaron en la década del ochenta en América Latina: la crisis, ajuste y reestructuración económica, el agotamiento del modelo del Estado interventor y las transiciones y la consolidación de las jóvenes y frágiles democracias.

31Para Silva (1997a), la hegemonía de la ideología neoliberal junto a la presión de los organismos internacionales, la falta de proyectos políticos y económicos considerados viables y el pasado político reciente del continente confabularon en la adopción de un paradigma de gobernabilidad basado en el pragmatismo político. El ideal de democracia schumpeteriana que privilegia el control elitista sobe la toma de decisiones y que limita la participación ciudadana en los asuntos políticos (Ducatenzeiler y Oxhorn, 1994; Costa Bonino, 2000; Silva, 1997a), se impuso en el continente. Las tareas priorizadas en ese contexto fueron evitar la regresión autoritaria (ODonnell y Schmitter, 1986), la descompresión del Estado, la tecnificación de la política, la vigorización del crecimiento económico, así como la estabilidad política y el control social de la acción colectiva (Garretón, 1993) lo que tuvo impacto en las dinámicas de la sociedad civil de la región.

32Si bien la democracia como valor cobró especial relevancia luego del fin de los autoritarismos para la sociedad civil y sus movimientos sociales, el paradigma de gobernabilidad puesto en práctica concluía, por su parte, que el exceso de democracia en términos de participación social había provocado los conflictos del período anterior. Mientras los movimientos sociales buscaban la participación para la profundización de la democracia, las elites dirigentes buscarían limitarla y controlarla por el temor de que se produjeran desbordes y demandas de la población que no se pudieran satisfacer (Salazar, 1998: 18). Esta visión afecta a la sociedad civil en dos dimensiones: por una parte, la participación social por los canales institucionales es propiciada en desmedro aquella que emerge desde la informalidad. Por otra, se asume que la participación por vías informales pondría en peligro la democracia, lo que implicó un discurso de deslegitimización de la protesta social.

Tecnocracia, despolitización y el discurso de la participación social

34El costo de dicha participación limitada o inclusión controlada por las elites (Cammack, 1985), que tomó la forma de la promoción de ONGs en desmedro de los movimientos sociales, fue muchas veces la cooptación de la organizaciones por parte del Estado así como su volatilidad en la medida que éstas debían cambiar sus objetivos de modo de ajustarse a los requerimientos de los fondos disponibles para su funcionamiento. Para Foweraker,

• 6  Traducción propia.

… durante el período de las transiciones democráticas en América Latina, las ONGs se volvieron protagonistas del tema del desarrollo, y participaron de reuniones y foros financiados por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el BID () Éstas, recibieron fondos, créditos, capacitaciones y asistencia técnica, al costo de sus propias voces y visiones. La consecuencia fue menos movilización de organizaciones de base y una menor capacidad de criticar políticas gubernamentales o buscar soluciones alternativas6 (2001: 851852)

35La crítica a este tipo de participación plantea que las políticas públicas de promoción de la sociedad civil son estrategias top down que constituyen una retórica de la sociedad civil más que una real estrategia de fortalecimiento (White, 1996). En este sentido, la participación sería más bien un mecanismo para alcanzar la legitimidad y la eficiencia propias de la gobernabilidad. Para Hevia (2010), mientras la legitimidad se refiere a la capacidad de ejercer la soberanía y validar las acciones de gobierno que se mueven en la arena de la política y el conflicto, la eficacia apela al mejoramiento de la gestión y las políticas públicas específicas. Para el autor, cuando prima una sobre otra, es decir, cuando el objetivo de la participación es únicamente lograr legitimidad entre la sociedad o la eficacia en la aplicación de una política pública, ésta corre el riesgo de la despolitización en el sentido de eliminar la capacidad de disenso y conflicto.

La deslegitimización de la protesta

36Mientras la participación social por vías institucionales fue defendida como parte de la estrategia de gobernabilidad durante las democratizaciones en América Latina, la participación informal o no institucionalizada -las movilizaciones sociales- sufrieron un tratamiento diametralmente diferente. Durante la época de los populismos, las movilizaciones sociales o movimientos de masas gozaron de cierta legitimidad en un contexto de relación de dependencia y clientelismo con el Estado. Durante las transiciones, en cambio, con Estados más reducidos y movimientos sociales más autónomos y fragmentados, la forma de control que se adoptó fue la deslegitimización de la protesta al ser considerada fuente de conflicto y de riesgo para la gobernabilidad y la consolidación democrática.

37El sistema político de las transiciones se estructuró de manera de facilitar la implementación de los ajustes económicos por lo que se buscó que los representantes no sufrieran presiones desde abajo a la vez que se aisló a los grupos de tecnócratas para que pudieran implementar los ajustes sin obstáculos (Silva, 1997). En este contexto, Ducatenzeiler y Oxhorn (1994) observaron que la primera mitad de la década de los noventa se dio un giro hacia soluciones autoritarias como forma de enfrentar los problemas de gobernabilidad en los regímenes democráticos.

39La relación entre las medidas represivas, el desarrollo de los nuevos movimientos sociales y las estrategias de gobernabilidad es difícil de evaluar. La protesta a nivel latinoamericano fue intensa durante los años noventa y principios del nuevo milenio y la respuesta de los gobiernos generó enfrentamientos que más que proteger la gobernabilidad devinieron en serias crisis que concluyeron incluso en el derrocamiento de presidentes constitucionales en manos de la presión popular. Para Alda Mejías (2007: 56), las deficiencias en el proceso de democratización y los problemas de gobernabilidad son los factores que explican que catorce presidentes constitucionales no hayan terminado su mandato en América Latina en las últimas décadas, donde el motivo para abandonar el poder ha estado directamente asociado con la protesta social organizada para este fin.

El impacto de la modernización neoliberal

42El modelo neoliberal, heredero aunque renovado y ampliado desde los métodos y contenidos de la teoría neoclásica, fue desarrollado principalmente en las escuelas de Stanford y Chicago, siendo los teóricos de esta última institución quienes tuvieron mayor influencia en los programas económicos de los países latinoamericanos (Talavera, 1985). El debate y la aplicación de este modelo económico tuvo su origen en las medidas puestas en marcha durante el régimen de Augusto Pinochet, siendo Chile un país pionero en la aplicación de este tipo de modelos de estabilización y ajuste, al que seguirían Bolivia y México en 1982; Costa Rica, Jamaica y Uruguay en 1985; y Argentina, Brasil, Colombia, el Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela en 1897 (Gigli, 1999).

43Como señalan ciertos autores (Monedero, 2009; Gigli, 1999; Acuña et al., 1996), el programa de ajuste estructural se planteó, en términos generales, para reducir las funciones del aparato estatal remitiéndolas a tareas subsidiarias o a aquellas que no resultaran rentables para el sector privado, produciéndose con ello reformas presupuestarias, masivas privatizaciones de empresas públicas, políticas sociales compensatorias y focalizadas y una fuerte contención del gasto público. Asimismo, se buscó la desregularización financiera y comercial para asegurar una asignación correcta de recursos por parte del mercado mientras el Estado reforzaba su condición de garante del orden legal en términos de la economía de mercado y la propiedad privada. Se promulgó la desnacionalización y ampliación del alcance de los mercados nacionales e internacionales, la reinserción competitiva de las economías a nivel mundial y el incentivo a la inversión extranjera. Finalmente, se favoreció un funcionamiento de la economía basado en el libre actuar de la oferta y la demanda para la satisfacción de necesidades como la salud, la educación y la fuerza de trabajo que perdieron las garantías y protección del período anterior y pasaron a ser definidos como mercancías a transar en el mercado.

44Si bien la aplicación de las políticas propugnadas por el Consenso de Washington lograron un mejoramiento general de los indicadores macroeconómicos -específicamente sobre la hiperinflación, el equilibrio de las cuentas externas así como una mayor disciplina para la contención del déficit fiscal del sector público- también supusieron evidentes costos sociales y mostraron ser limitadas y elusivas para una estrategia de crecimiento sustentable (Gigli, 1999; Acuña et al., 1996). Las políticas de fomento a la productividad y al libre mercado redundaron en un mercado del trabajo flexibilizado que elevó los índices de desempleo a la vez que profundizó el proceso de concentración de la riqueza, aumentaron los índices de pobreza en la región y se produjo una precarización de los niveles de vida de las clases medias y populares durante los años ochenta (Archila, 2011; Slater, 1994; Giarracca, 2004). Asimismo, se produjo un debilitamiento del sindicalismo (Garcés, 2004) y transformaciones estructurales tanto en el terreno económico como en el social, político y cultural (Seoane, 2003). Durante los años noventa, en tanto, según datos de Banco Interamericano de Desarrollo, el número de pobres se incrementó en cierta medida mientras la distribución del ingreso no mostró mejorías (BID, 1997).

45Tal como se había adelantado, el impacto inicial de las medidas de ajuste estructural sobre las dinámicas de la sociedad civil se tradujo en una relativa desmovilización social en la medida que las condiciones de precariedad generaron un repliegue de la ciudadanía hacia las tareas y la urgencia de la supervivencia (Escobar y Alvarez, 1992). A partir de la década del noventa, sin embargo, esta tendencia parece revertirse inaugurándose un nuevo ciclo de movilizaciones, de carácter defensivo y motivado especialmente por las amenazas contenidas en los programas de ajuste estructural sobre los derechos sociales. Para Almeida (2007), el paso de los estados desarrollistas a estados neoliberales gatilló un contra-movimiento de fuerzas sociales que se movilizó especialmente a mediados de los años noventa cuando la crisis de la deuda y las reformas económicas de recortes público y privatización se vieron profundizadas. Utilizando un registro del número de protestas, el autor constató una curva ascendente de eventos para el período 1995-2001 en el continente y especialmente activas en Argentina, Bolivia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala.

Ciclo de activación de movilizaciones anti-neoliberales

46La crisis económica que se buscaba superar con la aplicación del paquete de medidas de ajuste estructural neoliberal fue acompañado por una crisis de legitimidad y de representatividad tanto de ciertos Estados como de los partidos políticos tradicionales, que se expresó en una oleada movilizadora en la región (López Maya, 1999). El nuevo ciclo de protestas de mediados de la década del noventa fue protagonizado por los movimientos y organizaciones sociales que, promoviendo demandas que surgieron o que fueron refundadas luego de la disolución de la matriz clásica y la imposición de las reformas neoliberales, reconfiguraron el mapa de la conflictividad social de las décadas anteriores. Dentro de la activación de este ciclo de movilización social, se ha señalado como punto de inflexión el levantamiento zapatista de principios de 1994 que dio por iniciada esta serie de protestas y movimientos que han sido clasificadas como anti-neoliberales (Svampa, 2010).

47Para Giarracca (2004), junto a la aparición del movimiento zapatista en México, un segundo acontecimiento importante para esta serie de protestas anti-neoliberales ocurre en la Argentina de forma casi simultánea. Bajo el gobierno de Carlos Menem, en Santiago del Estero se desataría una rebelión contra las autoridades del Estado provincial traducido en la quema de edificios y la persecución de políticos en un episodio denominado el Santiagueñazo que resultó un antecedente para la posterior crisis de 2001. Unos meses después de lo ocurrido en México y Argentina, indígenas de Ecuador convocan a una movilización que paralizó el país durante dos semanas. A estos sucesos se suma la emergencia del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) quienes, pese a constituirse con anterioridad, comienzan ganar visibilidad a partir de la década del noventa, mientras en Bolivia se iniciaba la articulación de movimientos indígenas y cocaleros. De esta forma, emergen nuevos tipos de movimientos sociales de base territorial tanto en el mundo rural como en el espacio urbano, articulados en torno a su identidad étnico-cultural, como el caso de los movimientos indígenas, o en referencia a sus carencias, como en el caso de los llamados movimientos sin como los sin tierra, sin techo o sin trabajo (Seoane et al., 2006).

48De acuerdo con Figueroa (2008), el alzamiento zapatista en el caso mexicano desencadenó un ciclo de protesta popular que entre los años 1994 y 1999 incluyó más de 82 mil acciones de protesta. En Argentina, en tanto, el corolario de las movilizaciones iniciadas en Santiago del Estero se daría en el denominado Argentinazo del año 2001 en el que las clases medias, trabajadores desocupados y del sector público se unieron en una protesta no sólo por la retención de sus ahorros - el conocido corralito - sino también como respuesta a años de alzas de precios, contenciones salariales y privatizaciones. La crisis de gobernabilidad derivada de la movilización desencadenó la renuncia del gobierno del presidente de la Rúa a los finales de 2001.

49En Ecuador, destacaron las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y por el movimiento Pachakutik aglutinados originalmente en torno a la temática indígena. Los movimientos terminan por abarcar amplios sectores sociales afectados por las políticas neoliberales y culmina con la caída del gobierno de Jamil Mahuad (Seoane et al., 2006). Para estos últimos autores, Bolivia también es un caso destacado dentro de este ciclo de movilización social. Comenzando en abril de 2000 con la llamada Guerra del Agua que provocó la anulación del proyecto para privatizar dicho recurso, se vivió luego un proceso de ascenso en las movilizaciones que culmina en la Guerra del Gas y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La movilización popular emerge luego en junio de 2005 provocando la crisis y posterior derrocamiento del gobierno de Carlos Mesa en protestas que incluyeron al movimiento cocalero de la región del Chapare y del movimiento indígena en el Altiplano.

50Otros autores también han retratado el ciclo de movilizaciones latinoamericanas de resistencia a la aplicación de políticas neoliberales (Urrutia Fernandez, 2006; Vanden, 2007; Svampa, 2010; Zibechi, 2003; Bruckmann y Dos Santos, 2005; Archila, 2011; Seoane, 2003; Seoane y Taddei, 2004; Garcés, 2003; Procupez y Obarrio, 2006). Junto a los movimientos ya mencionados, luego de la caída de Collor de Mello en Brasil (1994) y producto del malestar y repudio social, serán la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) los grupos que protagonizarán la contestación a las políticas neoliberales. Las movilizaciones campesinas en Paraguay, fueron pieza clave en la caída del presidente Cubas Grau (1999) y confrontarán pronto las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos posteriores. Asimismo, el anuncio de que Fujimori sería reelecto por tercera vez, inició una activación de la protesta popular en Perú que provocó su destitución en el 2000 y que se mantendrían activas en las resistencias a las políticas de privatización impulsadas por el gobierno de Toledo. Asimismo, para Archila (2011) Venezuela representa un caso paradigmático. Ya en 1989 vivió el levantamiento masivo conocido como Caracazo cuya crisis dejaría en difíciles condiciones de gobernabilidad al país. Para el autor, a partir de ese momento la sociedad venezolana inicia un proceso de claro carácter anti-neoliberal con miras a la tenencia de la tierra, la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de las empresas privatizadas.

51Como consecuencia de este período de activación social, una oleada de victorias electorales de candidatos, partidos y coaliciones denominados progresistas como en el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y El Salvador tuvo lugar. Para Modonesi (2012), el hasta el año 2011 fue posible observar dos tendencias de movilización social en el marco de la consolidación de las experiencias de los gobiernos progresistas: la disminución de la conflictualidad social y de desmovilización, por una parte, y una simultánea reactivación del conflicto y de re-movilización cuyas características son aún incipientes, por otra.

Comentarios finales

52Las características sociales y políticas del período de los populismos o Estados desarrollistas latinoamericanos de mediados del siglo XX dieron pie a una importante activación social de grandes movimientos con orientación de clase. Esta matriz clásica, quebrajada en el período autoritario y en los procesos de democratización, fue reemplazada por una nueva gran estructura político-social con un correlato de transformaciones y desafíos políticos y económicos que redefinieron los ámbitos de acción de la sociedad civil latinoamericana.

53Por tratarse de fenómenos recientes, resulta difícil evaluar las características generales del proceso latinoamericano de los últimos años en términos de una nueva matriz sociopolítica. Es posible sin embargo retratar los rasgos centrales de la estructura que reemplazó a la matriz socio-política estadocéntrica en base a los factores sugeridos por la literatura como relevantes para el proceso latinoamericano contemporáneo. Dentro de estos factores se han destacado la influencia que han tenido - y siguen teniendo - las reformas económicas estructurales y los proceso de democratización en las últimas tres décadas. Diversos autores han centrado su atención en estas dimensiones analizando diferentes aspectos e impactos de las mismas en la configuración del escenario político y social de la América Latina actual. En este trabajo se ha intentado recoger y sintetizar elementos relevantes propuestos por dichos esfuerzos analíticos dando pie a un examen a un macro nivel sobre la influencia del trauma colectivo, el paradigma de gobernabilidad y la modernización neoliberal sobre el sistema social latinoamericano y, de manera más específica, sobre el quehacer y las dinámicas de la sociedad civil del continente.

54Tal como se ha podido advertir hasta este punto, la triada de dimensiones aquí analizadas constituye una constelación de factores que surge y se articula como reacción a la experiencia populista-desarrollista pasada y a las lecciones y traumas desde ahí emergidos. La memoria traumática en paralelo a la imposición de las políticas de ajuste neoliberal dibujaron campos de conflicto y fueron insumo para las trayectorias de (des) movilización de la sociedad civil. Estas acciones y campos estuvieron mediados e influidos por el paradigma de gobernabilidad de los gobiernos definido por la contención y el control de la sociedad civil. La tensión generada por - y entre - estos factores forzó una definición social identitaria en términos del nosotros y los otros que aglutinó la acción de organizaciones sociales.

55Estos tres factores se han desenvuelto produciendo diferentes resultados dependiendo del momento específico y las realidades locales lo que escapa del foco y las pretensiones de este trabajo. Sin embargo, y con la idea de trazar una trayectoria relativamente general para la acción social latinoamericana, es posible constatar una fase de desmovilización, movilización latencia o reconfiguración identitaria relativamente común y general al continente a partir de los años ochenta que reemergería con fuerza en la forma de un nuevo ciclo de movilización a mediados de los noventa. Así, y aun cuando las transformaciones profundas observadas en las últimas décadas cambiaron el panorama de los actores sociales en movimiento, la acción colectiva de la sociedad civil sigue manifestándose en formas de organización y movimientos sociales. Como resultado de las emergencias y latencias de la acción colectiva, se despliegan nuevas identidades y referentes identitarios en que las dimensiones étnicas, de género, territoriales, generacionales, de los derechos humanos y del contenido democrático generan líneas de acción colectiva para la sociedad civil del continente.