Santiago de Chile: ciudad/sociedad ¿dual?

1Santiago es considerada por la literatura especializada una metrópolis que se moderniza y se adapta con celeridad a los requerimientos de la globalización económica (De Mattos, 2007, Galetovic y Jordán, 2006), y al mismo tiempo, una ciudad desigual con grandes diferencias en la calidad urbana de los territorios que la componen y en la calidad de vida urbana de sus habitantes (Rodríguez y Winchester, 2001, Orellana, Fuentes, Bannen, Gilabert & Pape, 2011). En su faceta exitosa con sus casi 6 millones de habitantes, Santiago, ha cambiado notablemente en los últimos 20 años: se han construido autopistas urbanas tarificadas, túneles, megaproyectos, centros comerciales, nuevos edificios inteligentes, establecimientos para servicios y producción industrial, y gran cantidad de viviendas sociales. Es una ciudad donde prácticamente no se observan tugurios ni campamentos: en su lugar, hay grandes conjuntos de viviendas sociales con una gran densidad (Rodríguez y Rodríguez, 2012ª: 133). Todo parece indicar, puntualizan los autores, que Santiago es una ciudad privilegiada en el concierto de ciudades Latinoamericanas; una ciudad que se ve y funciona bien y que algunos reconocen como ciudad Globalizada. Al respecto Fuentes (2011), si bien cuestiona el alcance del concepto de competitividad, destaca un avance importante en una serie de indicadores que se requiere satisfacer para lograr el calificativo de ciudad competitiva: mayor integración económica a mercados internacionales, mejoramiento de la conectividad y de la infraestructura urbana, expansión del empleo, crecimiento del ingreso, aumento en la cobertura de salud, educación y vivienda, entre otros aspectos.

3Es en estas 22 comunas con ICVU bajo el promedio nacional que vive el 58% de la población del Área Metropolitana. Al analizar la situación por factores, puntualiza el informe, se evidencia que entre los aspectos más deficitarios que distinguen un territorio de otro está el mayor o menor atractivo para la inversión y emprendimiento privado y la calidad de la vivienda y su entorno urbano inmediato (Orellana, Fuentes, Bannen, Gilabert & Pape, 2011: 19-20). De esta manera, el Gran Santiago representa una radiografía que deja al descubierto desequilibrios existentes en materia de calidad de vida urbana entre comunas marcando especialmente los contrastes al interior de las ciudades en proceso de conurbación o en pleno proceso de metropolización, catalogadas para este estudio como ciudades metropolitanas (Ibid: 46).

4Para Rodríguez y Rodríguez esta dicotomía se pone en evidencia al observar, por una parte, el discurso de la inclusión social en las políticas públicas y sociales; y por otra, la desregulación de la planificación urbana, la aplicación de programas mediante los cuales se fragmenta física y simbólicamente el espacio. Ambos discursos provienen del Estado. Son discursos contradictorios: mientras uno incentiva la inclusión, la incorporación social, el otro establece las bases materiales para la fragmentación del espacio donde se llevarán a cabo las políticas de inclusión social (Rodríguez y Rodríguez, 2012b: 122). Esto deja a la población residente en los condominios de vivienda social emplazados, en su mayoría, en las periferias pobres, en una doble condición de aislamiento físico: localización fragmentada respecto de la ciudad consolidada y repliegue territorial como consecuencia de la escasa calidad urbana e inseguridad de los espacios que habitan.

5No obstante, estos problemas no afectan solamente a los residentes de condominios de vivienda social, sino a todos aquellos territorios que poseen déficits importantes en uno o varios indicadores socio territoriales: 24 de las 36 comunas según el informe de Orellana y otros (2011) y que equivalen a un 60% del total de comunas del Área Metropolitana de Santiago. En suma, no estamos hablando solamente de las periferias pobres de la zona sur y/o norponiente de la ciudad, sino también, de sectores de la ciudad que aun estando muy cercanos a las centralidades consolidadas, experimentan procesos de deterioro social y funcional, como es el caso de algunos barrios del centro histórico y de casi la mayoría de las comunas peri céntricas que en total suman 16 de las 34 que constituyen el Área Metropolitana de Santiago (López, 2006).

6En síntesis, frente al discurso de Santiago como ciudad globalizada, es dable formularse algunas preguntas en relación a cada una de las dimensiones que se relevan: aumento de la competitividad e integración económica de la ciudad a mercados internacionales ¿de qué territorios y de qué habitantes? Una expansión del empleo, ¿con qué características? Un crecimiento del ingreso, ¿con qué salarios? Un aumento en la cobertura de salud, educación y vivienda ¿con qué calidad? Por otra parte, Fuentes reconoce junto con lo anterior, un aumento de la sensación de inseguridad, desconfianza en las instituciones públicas, baja participación cívica e importantes problemas de cohesión social debidos principalmente a la desigual calidad de vida de sus habitantes (Fuentes, 2011).

7Desde otra perspectiva, un estudio sobre transformaciones del mercado metropolitano de trabajo y cambios socio espaciales, indica que en la Región Metropolitana de Santiago (RMS) no se observa un proceso de polarización o dualización de la estructura social, mientras que tampoco se asemejan en sentido estricto a las tendencias identificadas por Hamnett en su estudio sobre Londres, donde más bien se constata la presencia creciente de grupos directivos y profesionales. El tipo de estructura social que ha estado surgiendo en este periodo en la RMS se asemejaría más bien a una de tipo medianizada, como la reseñada por Préteceille para el caso francés (De Mattos, Riffo, Salas y Yáñez, 2007: 111). Esta afirmación del autor debe ser relativizada en función de la escala de la comparación y de las características de habitabilidad de los grupos medios y medios altos. Dichos segmentos, aún cuando se instalen en comunas de clases medias bajas o en comunas pobres, como por ejemplo, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Huechuraba, Colina o Pudahuel - como ha sido el caso desde fines de la década del ochenta - tienden a agruparse entre sí y a proveerse directamente en el mercado de los recursos que necesitan para asegurarse una buena calidad de vida urbana aunque la comuna no la tenga: áreas verdes cuidadas y bien mantenidas, seguridad, iluminación, transporte privado, mientras algunas de las poblaciones que rodean estos nuevos conjuntos habitacionales no gozan de estos privilegios (Hidalgo, 2005, 2007).

9Lo interesante de la aproximación de la autora es que identifica el territorio como uno de los nuevos indicadores de diferenciación de la estratificación que urge incorporar en varios sentidos. Por una parte, la consideración del crecimiento de ciudades de tamaño intermedio ligadas a las actividades productivas de exportación y lo que ello ha significado en términos de situar a las regiones como un escenario necesario de considerar en el estudio de la estratificación. Por otra parte, La regionalización y la inserción territorial de las personas en los sistemas de producción llevan a la conformación de estilos de vida vinculados a los territorios y también a la conformación de estructuras de oportunidades asociadas a ellos (Barozet, 2008: 6-8). Esta información adquiere mayor propiedad si se asume que existen importantes diferencias en las posiciones estructurales al interior de una mayoría identificada con las clases medias y una brecha creciente entre grupos que no logran salir de su situación de pobreza mientras que los obreros tradicionales tienden a desaparecer y a desplazarse hacia el sector terciario de la economía. Se trata de un cambio en la estructura productiva: Si a fines de los sesenta Santiago era una ciudad de base industrial con una fuerte presencia obrera en su fuerza de trabajo, y los trabajadores sindicalizados y los partidos obreros eran actores políticos importantes en la vida pública, hoy es una ciudad de servicios: el sector industrial redujo su participación en el PIB del 36,9% en 1967 a 27% en 2005 (Rodríguez y Rodríguez, 2012: 136)

10Soja, relaciona estos procesos observables en la estructura social a nivel urbano, con lo que llama la fractalización de la metrópolis postmoderna (De Mattos y otros, 2005) y que daría lugar a una espacialidad confusa (Soja, 2008:374). A la ciudad heredada del urbanismo fordista, se agregaría una socialidadrecompuesta igualmente fluida, fragmentada, descentralizada y reorganizada en complejos patrones que tan sólo ahora se ha empezado a reconocer, comprender y estudiar de forma efectiva. Pese a que permanezcan algunas constantes significativas y muchas de ellas no puedan ser ignoradas, el orden social urbano contemporáneo no puede seguir siendo definido efectivamente a partir de este tipo de modelos familiares y convencionales de estratificación social y de división en clases, como el de la ciudad dual de la burguesía y el proletariado; la ciudad jerárquica netamente estratificada en ricos, clase media y pobres; o la ciudad dividida racialmente de las «dos Américas», de negros frente a blancos, que fue descrita tras las secuelas de las insurrecciones urbanas en la década de l960 (Ibid). Estos fenómenos, que el autor identifica como viejas polaridades, lejos de desaparecer, se integrarían en una «geometría social mucho más polimórfica y fracturada (Ibid: 375) a partir de la reestructuración de las fronteras sociales y de las lógicas categóricas de la clase, la renta, la ocupación, la profesión, la raza, la etnia y el género que caracterizaron las metrópolis modernas hasta principios de la década de 1970 (Ibid). Ello, ha suscitado la producción de un discurso urbano crítico y complejo que intenta dar cuenta de este reestructurado mosaico social propio de la post metrópolis, caracterizado por diferencias importantes de poder y de estatus entre individuos, expresadas, entre otros aspectos, mediante su localización en la ciudad. Este fenómeno sería para el autor, inherente a los nuevos procesos de urbanización, los cuales estarían en estrecha relación con la profundización de las desigualdades socio-económicas (Soja, 2008).

11Así, la fractalización podría constituir una lente interesante para entender la actual configuración urbana de la ciudad de Santiago donde la precariópolis y la privatópolis, de las que hablan Hidalgo y Orellana (2011), podrían ser consideradas dos tipos de ciudad entre otras. La precariópolis sería aquel espacio mono funcional, fragmentado y segregado que se genera como efecto de la instalación de vivienda social en la periferia en terrenos de bajo valor, mal conectados a la trama urbana y con infraestructura y servicios de urbanización elementales. Las viviendas son pequeñas, de baja calidad constructiva, no se observa mixtura social ni comercio y servicios de calidad. Es la ciudad de la precariedad que contrasta con la privatópolis,que sería la ciudad suburbana y peri urbana con una oferta residencial y de servicios opuesta a la anterior. Es también la ciudad de lo mega proyectos residenciales, que han tenido un impacto profundo sobre la segmentación socio espacial de la ciudad, junto con modificar el hábitat rural por el cambio de uso de suelo que conlleva este tipo de desarrollos (de rural a urbano) y reforzar la auto segregación (Hidalgo y Orellana, 2011).

14Estos antecedentes nos permiten sostener que el debate sobre si Santiago es o no una ciudad dual, pierde pertinencia al constatar las grandes diferencias en las características urbanas entre territorios y entre prácticas espaciales de sus habitantes, así como también, diferencias al interior de un mismo territorio, como en el caso de las comunas de Peñalolén, Colina y/o Huechuraba, donde se observa la presencia de grupos socio económicos muy diversos, así como diversa es también su calidad de vida urbana. Todo parece indicar que para el análisis de la pobreza y la desigualdad a nivel urbano, más que el establecimiento de distinciones absolutas se vuelve imperativo una perspectiva multidimensional que tenga en consideración este mosaico social del que habla Soja y de una óptica relativa y relacional como aquella que propone la mayoría de los autores contemporáneos para el estudio de la pobreza hoy día.

Desigualdad y pobreza urbana en América Latina

15A pesar de exhibir indicadores socio territoriales ostensiblemente superiores a los de otras capitales latinoamericanas, Santiago comparte muchas características de la estructura económica y político administrativa de estas mismas ciudades. Nada más citar un informe de la CEPAL del 2010: La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir en que se constata que en la Región, la desigualdad se expresaría desde el punto de vista urbano en el hecho de que la alta concentración espacial de la población y de la actividad económica () se acompaña de muy fuertes disparidades territoriales brechas en el PIB per cápita territorial, mientras que en los países del OCDE los índices de concentración no son tan altos ni están asociados a la existencia de disparidades () (CEPAL, 2010: 138). En América Latina, en cambio, la concentración y las disparidades han ido de la mano y han provocado una situación de inequidad territorial que reclama adecuadas respuestas de política pública (). Asimismo, La dinámica del libre mercado crea desigualdades en las ciudades de todo el mundo, pero en la región son más fuertes a causa de una marcada asimetría en la dotación de infraestructura y equipamiento social. En las zonas urbanas donde se concentra la demanda por parte de las actividades económicas más dinámicas y las familias de mayores ingresos, el suelo adquiere un valor inmobiliario que impide el acceso o expulsa a las actividades menos dinámicas y a las familias de menores ingresos (Idem: 138- 142). Todo ello influye negativamente en el precio del suelo urbano, y por tanto, en la posibilidad de los municipios de captar ingresos por la vía de impuestos, patentes o permisos municipales, afectando su capacidad de invertir y mantener servicios públicos e infraestructura comunitaria. A raíz de este deterioro de los espacios públicos, surgen problemas de acceso a los servicios, falta de espacios apropiados de socialización y aumento del índice de inseguridad física (Idem: 142). Ante este escenario, las familias que pueden hacerlo emigran de estos territorios y los inversionistas evitan desarrollar allí actividades económicas o comerciales.

16Para Kaztman (2001), entre los factores que más poderosamente inciden en los cambios que experimenta la pobreza urbana en los países de la región se encuentran: las transformaciones en los mercados de trabajo, los procesos de desindustrialización, la reducción del estado, la innovación tecnológica, la reducción de la proporción de ocupaciones protegidas y estables, lo que lleva a un aumento de las disparidades de ingreso entre trabajadores de alta y de baja calificación, intensificándose los problemas de desempleo y subempleo que afectan en particular a estos últimos. Para el autor citado, otras de las consecuencias más graves de estos procesos, está en la reducción de los ámbitos de sociabilidad informal entre clases que se originan por ocupar los mismos servicios. Para Kaztman (2001) ello conduce inevitablemente a una reducción del campo de problemas comunes y a una polarización en la composición social de los vecindarios. Los servicios públicos van perdiendo importancia dado que su calidad estuvo históricamente garantizada, en parte, por la presión de las clases medias.

17Para Oberti y Préteceille (2004) esto ocurre, de la misma manera que lo plantea Kaztman, en razón de una progresiva deserción de las clases medias del ámbito público, lo que tiene como correlato espacial una reducción de los espacios públicos que posibilitan el establecimiento de contactos informales entre clases en condiciones de igualdad. De ahí que el informe de la CEPAL, ya citado, subraye la relación existente entre segregación y atomización administrativa con una desigual distribución de los servicios públicos y del acceso a la educación y el conocimiento, sobre todo en los grandes centros urbanos que no cuentan con una administración centralizada, sino que funcionan como un agregado de municipios o gobiernos locales que, dados los recursos de que disponen, replican y potencian las diferencias (CEPAL, 2010: 143).

18Ello genera un círculo vicioso que se expresa en diferencias de calidad entre servicios públicos y privados, deteriorando aun más la posición de los pobres con respecto al resto de la sociedad. Para Kaztman (2001) debido al peso relativo de la población afectada, así como a la gravedad de las consecuencias que ello tiene sobre sus oportunidades de integrarse en la sociedad y sobre la salud del tejido social, las formas de segregación residencial que afectan a los pobres urbanos demandan una atención preferencial de los encargados de las políticas sociales: aislamiento social y grado de concentración espacial de estratos populares urbanos. Estas transformaciones se reflejan principalmente en la forma de inserción de las personas en situación de pobreza en el campo ocupacional, por sobre todo en el sector terciario, en sus ingresos medios, en el tipo de necesidades básicas que no logran satisfacer, en las características de su perfil socio demográfico, en cuanto a edad, sexo y nivel educativo (Kaztman, 2001).

19Según este mismo autor, la heterogeneidad de la pobreza se proyecta en el espacio urbano, lo que supondría una tendencia entre los hogares pobres a agruparse según cualidades similares de lo que él llama su portafolio de activos. El nuevo escenario económico y social, puntualiza Kaztman, crea condiciones que favorecen el crecimiento de vecindarios que se acercan a los rasgos típicos del gueto urbano: lugares donde permanecen los que no tienen recursos para instalarse en otra parte, se van los que pueden y se suman los que son expulsados de otras áreas de la ciudad. Los hogares de este último tipo de vecindario muestran los niveles más altos de aislamiento social: los vínculos más débiles con el mercado, con los distintos servicios del estado y con los segmentos de población urbana que orientan su comportamiento por los patrones normativos y valores dominantes (Kaztman, 2001). De este modo, los pobres urbanos que estarían en peores condiciones son los que viven en el gueto.

21En síntesis, tanto en América Latina como en el Caribe las brechas territoriales observadas entre las capacidades productivas, los ingresos y los niveles de satisfacción de las necesidades básicas junto con ser alarmantes, constituyen causa y consecuencia de la profunda desigualdad que cruza la región de las más diversas maneras. Por ende, revertir la desigualdad territorial implica también remontar la madeja de la desigualdad general. De ahí la importancia de contar con políticas públicas de Estado, respaldadas por pactos entre los actores de los distintos niveles de desagregación territorial y orientadas a promover una mayor igualdad territorial (CEPAL, 2010: 154).

Desigualdad socio espacial y justicia espacial

22Teniendo en cuenta estos antecedentes, es dable afirmar que la desigualdad en el espacio no se relacionaría solo con deficiencias en materia de vivienda y hábitat, sino también, con nuevos mecanismos de diferenciación de las prácticas espaciales de sus habitantes. Lo anterior, originará nuevas problemáticas que afectan tanto a la población pobre como a aquella en condiciones de integración precaria y que habita zonas de baja calidad urbana y vive, entre otras dificultades, situaciones complejas de convivencia entre vecinos, experiencias de inseguridad, estigmatización territorial y problemas de movilidad cotidiana, lo que debe tenerse en cuenta al momento de pensar en políticas urbanas de reducción de la desigualdad socio espacial y de mejoramiento de la calidad de vida urbana de todos los habitantes. De ahí la importancia de analizar las desigualdades socio espaciales en términos multidimensionales como lo propone la matriz que reproducimos a continuación.

23¿Pero cuáles son los fundamentos que a nivel teórico justifican abordar la desigualdad y la pobreza desde una perspectiva socio espacial? En primer lugar, el advenimiento de una dialéctica socio espacial, un giro espacial en el pensamiento y comprensión de los fenómenos sociales y el estímulo a nuevas formas de pensamiento y acción para cambiar las geografías injustas en las que vivimos (Link, 2010: 173). Como señala Soja (2008), el estudio de la causalidad espacial urbana debiese considerar la influencia de la metrópolis sobre la conducta cotidiana de quienes la habitan, y también, sobre el conjunto del proceso de producción de la ciudad. Asimismo, el autor indica que la explicación de los hechos sociales ha estado liderada por más de un siglo por una perspectiva historicista social, lo que parece revertirse desde hace algunos años ante el reconocimiento de la importancia de pensar espacialmente en casi todas las disciplinas. Este giro se entiende, en el caso de la ciudad, por un cambio en la reflexión sobre el espacio que deja de ser considerado como un receptáculo o la escena donde se despliega la actividad humana o como una simple dimensión física, sino una fuerza activa que moldea nuestra experiencia (Soja, 2008).

25Harvey (1977) establece una relación indisociable entre justicia social y justicia territorial sugiriendo algunos elementos que permitan hacer el cruce entre ambas. Primero, garantizar una distribución del ingreso que permita cubrir las necesidades de la población dentro de cada territorio; una asignación de recursos que favorezca la maximización de los efectos multiplicadores interregionales y una inversión de los recursos suplementarios para contribuir a superar dificultades especiales provenientes del medio físico y social (Ídem). Asimismo, se deben asegurar mecanismos (institucionales, organizativos, políticos y económicos) que garanticen que las perspectivas de los territorios menos aventajados sean lo más favorables posible (Ídem). Esta óptica entiende que la organización del espacio es la traducción geográfica de los hechos sociales y retroactúa sobre las relaciones que tienen lugar en él (Soja, 2010). Ello implica que para comprender las desigualdades sociales y las políticas territoriales que buscan reducirlas, se torna fundamental el análisis de las interacciones entre espacio y sociedad. Dentro de los ámbitos de preocupación de la justicia espacial se encuentran: la distribución socio espacial de las riquezas, servicios y oportunidades, el acceso a bienes materiales, inmateriales, posiciones sociales, representaciones del espacio, identidades, prácticas sociales y procesos de toma de decisiones. Finalmente, el concepto de justicia espacial cuestiona la distribución de la riqueza y la gestión del territorio en todas las escalas y su combinación: escala mundial (primer y tercer mundo), nacional y local (Harvey, 1977, Soja, 2010).

26Ahora bien, ¿Por qué el concepto de justicia espacial y no, por ejemplo, el de equidad territorial? Para González, la equidad sería una particular, no general, forma de justicia, asociada con la gracia, asociada con la benevolencia hacia los miserables, marginados y pobres () que no sustituye en ningún caso a la justicia (González, 2000:28). A ello sumamos lo planteado por Musset (2010), quien estima que a la base de la noción de equidad está la idea de que las desigualdades se pueden cuantificar. Si bien el autor admite la importancia de esta operación, insiste en que lo fundamental en el análisis de la desigualdad socio espacial en clave de justicia espacial, es la experiencia y el sentimiento humano de ser objeto de una arbitrariedad. Es a esta dimensión a la que el autor quiere apuntar: la desigualdad experimentada como injusticia capaz de movilizar a los individuos. Musset (2010) llama la atención sobre la potencia política que ha ido adquiriendo el concepto de justicia en los últimos años y que se expresa en la existencia de partidos políticos y organizaciones en casi todo el mundo, que adoptan este término para auto definirse. Al mismo tiempo para el autor referido, la noción de equidad encuentra su referente filosófico en la Teoría de la Justicia de John Rawls, aproximación respecto de la cual manifiesta algunas reservas. A pesar de su voluntad de encontrar una justa teoría de la justicia, el planteamiento de Rawls sería para Musset a-temporal y a-histórico pues no consideraría -a propósito de la idea de Rawls relativa a una presunta posición de igualdad original de todos los seres humanos- las diferencias culturales y el factor tiempo que determinarán qué capacidades humanas serán consideradas valiosas según el modelo de sociedad dominante, lo que es, sin duda, una cuestión histórica. Es esa valoración y no otra la que condicionará el punto de partida de los seres humanos y que Rawls presume teóricamente similar en todos los individuos. Se cuestiona el carácter abstracto de esta propuesta formulada a partir de una ficción epistemológica que poco tiene que ver con la realidad, particularmente con aquella de las sociedades desiguales donde la suerte de los individuos se juega en función del medio social, económico y cultural en el que nacen.

27En la perspectiva del reconocimiento a la dignidad y a la reciprocidad en la experiencia de todo habitante urbano a la que adscribe esta reflexión, Marcuse (2008) sostiene que una ciudad buena no debería simplemente caracterizarse por una igualdad distributiva, sino por ser una entidad que sostiene el desarrollo de cada individuo y de todos los individuos: una justa distribución de bienes materiales junto con la calidad de las interacciones y de los procedimientos democráticos. Para el autor, es fundamental considerar la diversidad de maneras en que puede ser abordada la cuestión de la justicia en el contexto urbano y lo urgente que resulta saber qué hacer ahora para volver la idea de la ciudad justa verdaderamente útil como concepto analítico y como herramienta política. Para ello, Marcuse (2008) identifica algunas proposiciones que permitirían pasar de un análisis más teórico a aproximaciones concretas y a la acción. Haremos un contrapunto entre cada una de estas proposiciones y algunas situaciones y características de la ciudad de Santiago que resultan particularmente paradigmáticas como reflejo de su transgresión.

28La primera, es que el confinamiento de cualquier grupo a un espacio limitado sin que lo haya escogido, constituiría una negación del valor moderno de la libertad. Uno de los principales hechos sociales vividos por la ciudad de Santiago a fines de la década del setenta y que reflejará una transgresión brutal de este principio, es el Programa de Viviendas Básicas o Programa de erradicación de campamentos ejecutado en virtud del decreto Nº 2.552 como reflejo, entre otros, de las reformas urbanas neo liberales impulsadas por la dictadura militar en el año 1979. Dicho decreto dispuso, entre otras medidas, la construcción de un catastro de campamentos, personas y familias que arrojó como resultado la existencia de 340 campamentos integrados por 259.000 personas agrupadas en 51.797 familias, de ellas un 27,4 % fueron radicadas mediante un plan de urbanización y una solución habitacional en el mismo lugar donde vivían (De Ramón, 2000: 254). Las otras familias, 72,6% del total, fueron trasladadas fuera y dentro de su comuna (erradicación inter e intra comunal respectivamente) (Ídem). Como complemento de estas disposiciones se estableció que las viviendas no podían tener un tamaño inferior a 18 mts2, la infraestructura necesaria y una urbanización mínima (De Ramón, 2000). Así, un conjunto de comunas del área sur como La Pintana, La Granja, San Bernardo, Puente Alto, Peñalolén, más Pudahuel en el sector occidental -todas caracterizadas por déficit de infraestructura urbana y alta concentración de extrema pobreza se transformaron en territorios receptores de población pobre. Estos movimientos poblacionales van a acentuar la homogeneidad social en las comunas, tanto para aquellas cuyos habitantes serán asociados a las clases medias o altas, como para las que pasan a transformarse en comunas de clase baja y media baja. La gran contradicción, puntualiza De Ramón (2000), es que esta población había salido desde comunas que contaban con una infraestructura eficiente como eran Estación Central, Conchalí, Vitacura, Macul, Lo Espejo, Las Condes y La Cisterna (Ídem). Al contrario, las comunas dadoras de población se beneficiaron por el aumento en la valorización de los terrenos en los que antes se habían emplazado los campamentos, lo que se vio favorecido por el decreto 420 de 1979 que posibilitaba la expansión indiscriminada de los límites urbanos (Ídem). Así la pobreza, señala el autor, deja de ser parte del entorno urbano cotidiano de los habitantes de estos sectores, pasando a constituirse en una realidad no sólo ajena, sino también lejana.

29No obstante, años después y en un contexto de retorno a la democracia, esta negación del valor moderno de la libertad relativo a la localización en la ciudad, se verá reflejada una vez más en las decisiones concernientes al emplazamiento de la vivienda social durante los gobiernos de la Concertación. Los beneficiarios de dicha política, no tuvieron participación en la selección de los sectores donde se emplazarían sus futuras residencias.

30La segunda proposición de Marcuse, es que la distribución desigual de los recursos sobre el territorio, expresaría una transgresión al principio de igualdad de recursos consagrado en el ideario moderno de justicia. Los datos que hemos reproducido en este trabajo, relativos, por ejemplo, a las diferencias en los indicadores de calidad de vida urbana entre las comunas que conforman la ciudad, son más que elocuentes en este sentido. Hoy, Santiago es una ciudad segregada y desintegrada socio- espacialmente. La conformación espacial de la ciudad es producto de una subdivisión territorial y administrativa en sectores extremadamente homogéneos económica, social y culturalmente, casi sin vasos comunicantes entre sí. Ello es producto, reflejo y causal de una confluencia de desigualdades sociales históricas y, por otra parte, del actual predomino de sistemas de gestión basados en los intereses del mercado (Rodríguez y Rodríguez 2012ª: 136).

31La tercera proposición, considera que la injusticia espacial es el resultado de una injusticia social más extensa. Es decir, no se pueden aislar las injusticias espaciales de su contexto histórico, social, político y económico. La persistencia en los indicadores negativos de distribución del ingreso en Chile, son una manifestación concreta de esta injusticia. Las injusticias sociales tienen siempre una dimensión espacial y no se pueden abordar sin ella. Ello no obsta que exista consenso, señala Marcuse, en torno a la importancia de las remediaciones espaciales. Sin embargo, las remediaciones espaciales son necesarias pero no suficientes para revertir las injusticias espaciales, menos aun la injusticia social. Respecto de este principio cabe recordar que en el caso chileno, El incremento de los subsidios de las políticas sociales ha sido un paliativo que no ha podido aminorar la distancia entre el primer decil (ingresos menores) y el décimo decil (mayores ingresos), que en 1990 era de 30,58 veces y en 2006, de 33,01. Uno de estos subsidios y muy importante ha sido el habitacional, que si bien no redujo la desigualdad permitió el desarrollo del sector inmobiliario y de la construcción (Rodríguez y Rodríguez 2012ª: 136).

32Finalmente para Marcuse, un tema central es la importancia que adquiere la ciudad en el desarrollo económico, el lugar del espacio urbano en la economía mundial. Las decisiones de inversión y otras tales como la renovación y la revitalización urbanas, se ligan directamente a las localizaciones. Ello nos lleva a preguntarnos si es posible recalificar material y socialmente la ciudad, en un contexto como el chileno en que la planificación urbana se transformó en gestión urbana para la valorización del suelo (Rodríguez y Rodríguez, 2012).

33Otra aproximación interesante a este debate es la que propone Susan Fainstein (2008). La autora sostiene dos cuestiones que nos parecen fundamentales. La primera, es que la única forma de aproximarse al análisis del funcionamiento de lo que identifica como los principios de una ciudad justa -a saber, democracia, igualdad y diversidad- es la comparación entre ciudades que han intentado fortalecer uno o varios de ellos, analizando las posibilidades, limitaciones, e incluso, las consecuencias no deseadas de la aplicación de políticas sustentadas prioritariamente en uno u otro. Fainstein (2008) compara las ciudades de Londres, Amsterdam y Nueva York donde es posible advertir que la acción del Estado se ha inclinado por fortalecer alguno de estos principios. La segunda cuestión que concluye a partir de este análisis, es que la igualdad absoluta en términos socio espaciales no es observable en ninguna ciudad. La autora advierte que el fortalecimiento de alguno de estos principios suele poner en tensión a los otros dos. Revisemos muy sucintamente que entiende Fainstein por cada uno de ellos. La igualdad se relaciona con la distribución equitativa de las ventajas y de las desventajas urbanas, lo que coincide con lo planteado por Marcuse en párrafos anteriores. La igualdad no implica de ninguna manera, la supresión de las fronteras y de las legítimas diferencias entre grupos, sino más bien, la consideración de fronteras porosas que dejan a los individuos en libertad de escoger donde quieren estar junto con la posibilidad de que sujetos de distintas clases sociales, converjan naturalmente en algunos espacios, porque es la ciudad en sí misma la que provoca o induce ese encuentro. En este sentido el rol de la planificación urbana y el papel del Estado, se vuelve fundamental como garante de la mixtura social y funcional que posibilite la igualdad referida.

34Por su parte, la democracia se relacionaría con el pronunciamiento y la participación de los actores concernidos directa e indirectamente en la toma de decisiones a distintas escalas: barrial, comunal y metropolitana. Se postula una participación diferenciada en función de aquello que se está disputando, lo que supone una definición amplia e informada de las consecuencias de una decisión. En Chile estamos todavía muy lejos de alcanzar ese propósito. Nuestro país cuenta con una legislación urbana -Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L) Nº 458, la Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile (LGUC)- que data de mediados de la década del setenta y que prácticamente no se ha modificado. Esta Ley fue promulgada durante la dictadura militar en un tipo de ciudad que no corresponde más a la que existe hoy día. Como es evidente la ciudad ha experimentado profundas transformaciones urbanas y territoriales de las cuales la ciudadanía ha sido un espectador pasivo. La LGUC, indica Rojas no contempla la participación ciudadana en el diseño de la ciudad, poniendo en evidencia importantes vacíos legales en materia de democracia local y participativa. No existen instancias gubernamentales cuya área de responsabilidad sea toda la ciudad ni una autoridad única responsable () La necesidad de implementar estos cambios requiere de una institucionalidad que se estructure en base a un liderazgo, con capacidad técnica, política y sobre todo con un alto grado de representación de la ciudadanía (Rojas, 2010: 11-12).

35Por otra parte, La presencia determinante que ha tenido el sector privado en la inversión, y con ello, en el desarrollo de las ciudades, ha influido en su forma y funcionalidad () La desventaja de la menor participación del Estado en estos procesos es justamente entregar el desarrollo urbano al libre juego de la oferta y la demanda, con las consecuencias ya descritas en el párrafo anterior. Frente a esta situación se requiere que el sector privado asuma las externalidades que genera y que el Estado tenga un mayor grado de fiscalización, una normativa exigente y clara frente al resguardo de los derechos de los territorios y personas (historia, medioambiente, patrimonio), además de un Estado activo en el desarrollo urbano que no es objeto de inversión para los privados: espacios públicos, parques, equipamientos, etc., para los sectores de más bajos recursos (Rojas, 2010: 12).

36Finalmente, la diversidad se relaciona con la importancia de la aceptación de la diferencia concretizada en la mixtura de usos del espacio: mixtura de ingresos de los ciudadanos en el mismo espacio sin supresión de las fronteras (fronteras porosas) y compensadas con espacios públicos de calidad, accesibles a todos los grupos sociales (Fainstein, 2008). En este sentido, es evidente la estrecha relación que existe entre la diversidad y la democracia y entre esta última y la igualdad.

37¿Qué se concluye a partir de la comparación entre ciudades que potencian preferentemente, o la diversidad, o la igualdad, o la democracia, o intentan como Amsterdam, un equilibrio entre estos tres principios? Primero, la contradicción potencial entre diversidad y debate democrático puesto que, por ejemplo, la extensión de las diferencias de lengua, culturas, cosmovisiones que trae aparejada la diversidad, podría dificultar la construcción de visiones compartidas sobre el tipo de ciudad a la que aspiran los ciudadanos. Pese a ello, esto podría transformarse en una oportunidad en el contexto de ciudades multiculturales para reflexionar y poner en práctica nuevas formas de funcionamiento de las democracias a nivel local y metropolitano. Segundo, una eventual oposición entre democracia y el carácter justo de los resultados de una política. Nada más revisar los resultados de la política de vivienda social en Chile que, más que una política social, como señalan Rodríguez y Sugranyes (2004) resultó ser una política de financiamiento para la construcción masiva de viviendas baratas. Y tercero, que un ideal de integración puede conducir a ignorar los privilegios adquiridos por determinados habitantes y grupos sociales en materia de capital cultural: recursos discursivos o manejo de información, particularmente en sociedades tan desiguales como la chilena, que jugarán en su favor al momento de participar en la toma de decisiones sobre el presente o el futuro de la ciudad.

Reflexiones finales

38El éxito económico del país, una cierta movilidad social de su población por la vía del aumento de los ingresos y el consumo, han tendido a ocultar la forma como se plasma la gran heterogeneidad social existente en el Área Metropolitana de Santiago. Las diferencias que existen entre comunas y entre prácticas espaciales de los habitantes de esta metrópolis, en función del grupo social de pertenencia y de territorios de residencia, es mucho mayor que lo que se deduce de los cambios en la estructura social.

39De igual manera, el panorama complejo y contradictorio que exhibe la ciudad, sugiere la combinación de fenómenos cuya profundización se torna fundamental para reconocer nuevos mecanismos en la transmisión de las desigualdades en el espacio. Ya no estamos frente a la insatisfacción de lo que se consideran necesidades básicas a nivel urbano, a las que se asocian requerimientos elementales como la posesión de una vivienda (de un techo) o la presencia o ausencia de infraestructura sanitaria, estamos hablando de disparidades que se traducen en la coexistencia de territorios con características opuestas: comunas y barrios poco mixtos en términos funcionales y sociales, muy segregados por la alta concentración en ellos de personas de un mismo origen social o por el carácter segmentado de su localización en la ciudad, mal conectados a la trama urbana en circunstancias que sus habitantes utilizan el transporte público de manera intensiva o escasamente dotados de recursos y oportunidades sociales, económicas, culturales y medio ambientales.

40A lo anterior, se suman las características de las prácticas espaciales de quienes los habitan: acciones y movimientos en la cotidianidad urbana marcados por la dificultad para apropiarse, acceder, usar y/o disfrutar de los espacios físicos y de los recursos materiales y simbólicos de la ciudad a distintas escalas: barrial, comunal y metropolitana. Si a estos rasgos adicionamos las diferencias en la capacidad de toma de decisiones y ejercicio de poder por parte de los ciudadanos respecto de otros actores que intervienen en la ciudad, nos alejamos cada vez más de la reciprocidad simétrica como condición de una modernidad que garantice el reconocimiento y el respeto por la dignidad de todos los ciudadanos, y por lo tanto, nos distanciamos de los tres pilares indisociables de lo que se considera una ciudad justa, a saber, igualdad, democracia y diversidad. Estos tres principios suponen, además, profundizar cuestiones relativas al acceso a bienes simbólicos de la ciudad tales como trato, respeto, reconocimiento, entre otros, a partir de pertenencias sociales y/o variables socio demográficas. Ello significa que el análisis de la desigualdad socio espacial, puede y debe hacerse extensivo a una diversidad de categorías sociales para quienes la posibilidad de apropiación integral de los recursos de la ciudad no está garantizada: adultos mayores, niños, discapacitados, mujeres, inmigrantes. En ese sentido, planteamos que es la combinación de las dimensiones materiales objetivas, sumado a la percepción que de dichas condiciones poseen las personas, junto con su sentimiento de acceder o no a estos bienes simbólicos lo que permite estimar la calidad de la experiencia urbana de los habitantes.

41Al mismo tiempo, algunas de las medidas que el Estado de Chile tomó para disminuir las brechas de desigualdad territorial, como es el caso de la Política de Vivienda Social y el nuevo modelo de transporte público para la ciudad de Santiago (Transantiago) -por citar dos ejemplos paradigmáticos- rompieron con el equilibrio de un sistema, ciertamente precario, para reemplazarlo en el caso de los campamentos y la política de vivienda social, por una nueva forma de hábitat: los condominios, que rompieron el equilibrio construido sobre la base de una condición desigual, pero regulada y aceptada por los actores (Linares, 2010). En el caso del Transantiago, cuyo propósito central fue mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de la urbe, a pesar de las deficiencias en la calidad del antiguo sistema en cuanto a su calidad, nivel de eficiencia, congestión y riesgos entre otros, éste cumplía con su rol social pues permitía la realización de los desplazamientos cotidianos de la población para desarrollar sus actividades diarias sea donde sea que éstas estuvieran y fuera cual fuera la hora en la que debieran realizar dicho desplazamiento (Avellaneda y Lazo, 2011: 52). Dos rasgos de esa mayor eficiencia social eran entonces, una mayor oferta de transporte y una mejor conexión de la mayoría de las periferias pobres con el cono centro oriente donde se encuentran sus fuentes laborales. Todos estos antecedentes nos indican que pensar en términos de justicia espacial, requiere estar atentos a la generación de nuevos desequilibrios a partir de la intención de revertirlos.

42Adscribimos junto con Musset (2010) a la idea que la noción de justicia hace referencia al sentimiento y a la experiencia humana de sentirse objeto de desigualdad (dimensión simbólica de la experiencia difícil de cuantificar); ello nos lleva a pensar que en Chile hemos avanzado mucho en cuanto a medir inequidades. El país cuenta con indicadores de larga data cuya evolución se estudia Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), Índice de Competitividad Comunal (ICC). Hemos avanzado menos en profundizar cuestiones asociadas al sentimiento que produce en el habitante lo que la ciudad le niega, y por lo tanto, el efecto moral que le provoca esta deuda de la ciudad hacia su persona o esta asimetría en la reciprocidad. Podemos mejorar los espacios físicos pero si no abordamos simultáneamente cuestiones relativas a las dimensiones intangibles de la desigualdad objetiva vivida como experiencia de injusticia, comprenderemos mal o solamente una parte del problema.

43En base a todo lo planteado pensamos que uno de los desafíos centrales para la intervención en el territorio, es trabajar para que las desigualdades socio territoriales puedan ser sentidas y analizadas por los propios actores en clave de injusticia. Transformar el legítimo malestar en acción política ciudadana y en acción pública a fin de asumir las desigualdades injustas en clave de derechos: del Derecho a la Ciudad (Lefebvre, 1974).