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Dossiê: Política e diferença: miradas antropológicas para o século 21

Pasado y presente de la relación Estado-población pobre en Chile: de la historicidad del ‘Programa Familias’ como política pública1

Passado e presente da relação Estado-população pobre no Chile: a historicidade do ‘Programa Familias’ como política pública
Past and present of the relationship between the State and poor population in Chile: the historicity of the ‘programa Familias’ as public policy
Inti Fernando Fuica Rebolledo

Resumos

O programa Familias é uma política pública que visa melhorar as condições de vida da população
vulnerável do Chile. Nesta comunicação, se rastreiam suas origens históricas no século 19, quando «senhoras» da classe alta visitavam «mães» pobres. Além disso, se caracterizam os diferentes trânsitos e mudanças vivenciadas até o século XXI, quando se utilizou o «assistencial socializado» como proposta de superação da pobreza. Com base na análise histórica e nos relatos dos atuais trabalhadores do programa Famílias, alguns eixos de continuidade e mudança se estabelecem na relação que se estabelece entre o Estado e a população pobre.

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Notas da redacção

Versão original recebida em / Original Version 06/08/2021
Aceitação / Accepted 09/11/2021

Texto integral

Introducción

  • 1 Agradezco a ANID y su programa de formación de capital humano avanzado, por la beca Chile para estu (...)

1Este artículo presenta la historización del programa Familias, correspondiente a una de las
tareas propias de la propuesta de análisis antropológico del Estado aquí descrita. El programa
Familias es una política pública del Estado chileno, destinada a familias en situación de «extrema
vulnerabilidad», “cuyo objetivo es contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de manera sostenible, a través del desarrollo de capacidades que le permitan
generar ingresos autónomos por la vía del trabajo y alcanzar mejores condiciones de vida”
(Ministerio de Desarrollo Social 2017:156). La intervención tiene una duración de dos años, y
cuenta como componentes principales una batería de transferencias monetarias (algunas
condicionadas y otras no) y el «acompañamiento» (Larrañaga, Contreras, & Cabezas 2014; Ministerio de Desarrollo Social, 2017). El acompañamiento consiste en visitas periódicas de una
profesional de las ciencias sociales al domicilio de la familia «usuaria», en las cuales se trabaja
sobre cinco dimensiones del bienestar (trabajo; ingresos; salud; educación; vivienda y entorno)
para generar estrategias conjuntas de mejoramiento.

2En este artículo, se realiza una historización del programa Familias, con la finalidad de develar sus
antecedentes e integrarlo en un proceso histórico de largo aliento. Para esto, en primer lugar, se
presenta brevemente la propuesta teórica que posiciona al Estado como una «estructura
performativa». Comprenderlo así implica una necesaria tarea de historización de sus prácticas.
Además, se plantea la utilización del análisis de una política pública como eje vertebrador para el
estudio del Estado, como una forma de ordenar la investigación e integrar los distintos «niveles»
de funcionamiento estatal. En segundo lugar, se procede a la reconstrucción histórica de los
antecedentes del programa Familias. Este apartado se subdivide en diferentes epígrafes que
representan las prácticas hegemónicas de cada época analizada: desde la «beneficencia» y
«caridad» del siglo XIX hasta lo «asistencial socializado» del siglo XXI. El tercer punto presenta los diferentes elementos de actualización, en términos de continuidades y cambios, que se pueden
identificar en la performance contemporánea del programa Familias respecto de los antecedentes históricos. Estos se ilustran mediante reflexiones de actores que trabajan actualmente en esta
política pública. El último apartado corresponde a las conclusiones, en donde se retoma la idea
inicial de Estado como «estructura performativa» y se integra la reconstrucción histórica con las reflexiones contemporáneas, entregando una lectura teórica del fenómeno analizado.

El Estado como estructura performativa

3La investigación doctoral que enmarca esta reconstrucción histórica propone estudiar al Estado entendiéndolo como una «estructura performativa». Esta propuesta teórica busca subsanar las
debilidades identificadas por Marcus (2008) respecto del enfoque conocido como «etnografía del Estado» (Gupta 2015). Esta última propuesta plantea un estudio del Estado a través de sus
representaciones públicas y de sus prácticas cotidianas, dando cuenta de cómo el Leviatán se
constituye como algo diferente en función de la posición estructural de quien lo referencia. La
principal crítica de Marcus (2008) apunta a que en esta relatividad se soslayan características que han permitido al Estado sobrevivir durante siglos, manteniéndose como una estructura
hegemónica a nivel global. Si bien esta crítica resulta acertada, no deja de ser cierto que la
«etnografía del Estado» ha resultado fructífera, con varios ejemplos de investigaciones
interesantes en Latinoamérica (ver: Flexor & Grisa 2016; Hevia 2017; Magalhães 2018; Renoldi 2015; Rodríguez & Estrada 2016; Torres, Herrera, Vizcarra, & Lutz 2015). De ahí que resulte
interesante ofrecer una salida teórica que no implique el abandono del estudio antropológico del Estado, sino que retome las fortalezas de esta propuesta y apunte a subsanar sus debilidades.

4La primera parte de la propuesta pasa por vertebrar la investigación mediante una política pública en particular. La «antropología de las políticas públicas» tiene una importante tradición y
desarrollo (Okongwu & Mencher 2000; Ramírez 2010; Shore 2010; Shore & Wright 1997), y puede resultar en una útil forma de organizar la observación y estudio empírico. Las políticas públicas se «materializan» en leyes, decretos, ordenanzas, objetivos y lineamientos de acción, definiendo un
problema público y estableciendo las acciones concretas para su solución (Fuica & Carrasco 2021). De ahí que ofrezcan «datos» sobre el Estado tanto a nivel textual como práctico, y articulen
distintas agencias estatales en su solución (Ramírez 2010; Shore 2010). Esto permite la aplicación
de la batería metodológica de la antropología de forma directa sobre la (re)producción del Estado. En América Latina hay varios trabajos interesantes al respecto (ver, entre otros: Arenas & Alzate 2019; de La Maza 2018; Martínez B. 2018; Pérez 2010). Además, planteo que las políticas públicas
actúan como «vectores de gubernamentalidad» (Fuica & Carrasco 2021).

5La gubernamentalidad es un concepto desarrollado por Michel Foucault, el cual refiere a los
mecanismos con los que se busca dirigir la conducta de la población hacia prácticas definidas
como «normales» (Castro-Gómez 2010; Foucault 2008, 2009; Lorey 2016). Si bien el pensador
francés lo utiliza en específico para describir tecnologías de gobierno desarrolladas por los Estados y vincula la gubernamentalización con el proceso de cristalización del Estado-nación moderno en
la Europa del siglo XVIII, otras prácticas no-estatales también han sido definidas como
gubernamentalidad (Irusta 2014; Rose & Miller 1992). Con esto, podemos clarificar que existe una definición «estrecha» de gubernamentalidad,
que la vincula directamente con los mecanismos
estatales de gobierno sobre la población y otra definición «amplia»,
según la cual la
gubernamentalidad se refiere a “relaciones de poder donde ciertos individuos o grupos intentan
conducir la conducta de otros individuos o grupos apelando a técnicas y procedimientos que
varían según las distintas épocas” (Irusta 2014:42).

6El segundo paso para otorgar una salida a la crítica de la etnografía del Estado realizada por
Marcus (2008), consiste en retomar las definiciones que plantean al Estado como un «objeto de
tercer orden» (Abrams 2015) o bien como un «efecto estructural» (Mitchell 2015). Estos autores
plantean que el Estado no es una estructura discreta, sino que su existencia viene dada como un
proyecto ideológico, fruto de la coordinación y repetición de prácticas que lo sustentan. De ahí
que no baste con mencionar al Estado como el poseedor del monopolio de la violencia física
legítima (Giddens 2010; Weber 2006), ni tampoco con agregar su alto capital simbólico que le
permite definir qué es lo legal y qué es lo ilegal (Bourdieu 2014). Como todo «agregado social», el Estado no puede ser objeto de una «definición ostensiva», ya que los fenómenos socioculturales
complejos se constituyen por los diversos modos en que existen, por lo que deben ser objeto de
una «definición performativa» (Latour 2008). Aquello implica que, rastreando las asociaciones que se producen entre diferentes actores, se puede dar cuenta del Estado como agregado social en
sus diferentes niveles (Fuica & Carrasco 2021; Latour 2008).

7Para Latour (2008), los objetos performativos desaparecen cuando no son actuados, y si
permanecen es porque otro actor tomó el relevo. Como será entendido en este artículo, este es el nivel «performático» de la «performatividad». El Estado ha sido estudiado en su aspecto
«performático» por varios autores (ver, entre otros: Bakker, 2016; Foxeus 2016; Kingsley & Telle
2016; Willems 2015), en la estela inaugurada por Geertz con su libro
Negara (2000). Sin embargo,
la «performatividad» no se agota en la actuación, sino que también responde a una historicidad
concreta (Butler 2002). Esto quiere decir que las prácticas que se repiten para sostener la
existencia del Estado, lo hacen integradas en una historia que les leg
ítima, pero que la misma
actuación oculta (Butler 2002; Feldman 2005). Este aspecto resulta crucial, ya que historizar la
política pública permite develar su relación con el proceso histórico que construye la legitimidad
estatal y que enmarca su accionar. Entonces, la «performance» estatal se actualiza y cambia con el paso de los años, pero manteniendo trazas de continuidad que permiten incorporar las nuevas
políticas dentro de prácticas ya institucionalizadas. Visibilizar este vínculo histórico es el objetivo
de este artículo, para el caso del programa Familias en Chile.

Historizar la relación estado-población pobre en Chile

8El programa Familias es entendido como el eslabón contemporáneo en una larga cadena de
intervenciones del Estado sobre la población pobre en Chile. Esta reconstrucción histórica apunta a identificar sus raíces
en el siglo XIX. A pesar de que existen indudables cambios y modificaciones, también es posible identificar signos de continuidad con la intervención actual del programa
Familias.

9Beneficencia intramuros y caridad extramuros

  • 2 La pobreza comenzó a ser «medida» en Chile recién a partir de la década de 1970, con posterioridad (...)

10Durante el siglo XIX, la relación que estableció el Estado de Chile con la población más pobre
mantuvo muchos rasgos de continuidad con los formatos coloniales (León 2011; Ponce 2011; Salazar & Pinto 1999). Esta situación no resulta sorpresiva cuando comprendemos que la guerra de
independencia (1810-1818), antes que un ejercicio de autodeterminación de una nación fue una
lucha oligárquica interna, en la cual se buscaba un formato de Estado más eficiente para el control del «bajo pueblo»
2 (León 2011; Salazar & Pinto 1999). De ahí que las autoridades
gubernamentales no exhibiesen mayor preocupación por la modificación de las condiciones
estructurales que conllevaban pobreza material para la mayoría de la población, y apuntaran a
acciones paliativas de sus consecuencias. Las elites de gobierno mantuvieron la relación colonial
del Estado con la población pobre a través de las «instituciones de beneficencia», las que no
buscaban
guiar la conducta de la población sino únicamente encerrar a quienes no resultaban
productivos. Ahora bien, la misma elite que administraba el Estado, pero actuando desde su
ámbito «privado», importó una práctica innovadora: la «caridad extramuros».
Esta práctica fue la primera forma de gubernamentalización, en sentido amplio, de la pobreza, y es aquí donde
encontramos las mayores trazas de continuidad con el programa Familias.

11Las instituciones de beneficencia eran los espacios de «encierro» heredados de la colonia, en
donde se aglomeraba una multitud de pobres sin demasiada diferenciación. Asilos, hospicios,
hospitales, lazaretos y cárceles recibían por igual a mendigos, enfermos, locos, huérfanos y
discapacitados, en un intento infructuoso por rehabilitar y curar. Si bien eran la principal «política pública» de la época destinada a la población pobre, su efecto era extraer de la circulación urbana a quienes fuesen improductivos antes que ofrecer respuestas o ayudas para mejorar su condición
(Ponce 2011). Solo hacia fines de siglo XIX, cuando en Chile ya se ha desarrollado una incipiente
«clase media profesional», los médicos comienzan a tomar control de estos espacios y generar una efectiva diferenciación: hospitales para sanar a enfermos de gravedad; dispenserías como
espacios de consulta de enfermedades sencillas; lazaretos para el confinamiento de apestados;
hospicios para alimentar y educar a huérfanos, entre otras (Ponce 2011).

12Por otro lado, la «caridad extramuros» correspondía a un formato de asociacionismo laico
innovador para la época en Chile, importado directamente desde Europa. Se promulgaba la
necesidad de «ir» hacia las habitaciones populares para cambiar sus «malas costumbres», a través de un discurso moralizante, y así extraerlos de su pobreza. Las asociaciones estaban conformadas por «consocios», hombres de alcurnia y sus esposas, cuyo «deber cristiano» les compelía a asistir a la población pobre. Las asociaciones eran dirigidas por los varones, quienes determinaban las
finanzas y seleccionaban a las familias que serían asistidas; por su parte, las «señoras» eran
quienes asistían directamente a los hogares de las familias pobres y, de mujer a mujer, entregaban a las madres populares tanto los «beneficios» como el discurso moralizante. Por lo tanto, las
«señoras» eran quienes encarnaban la novedad de la «visita», ya que eran las «características
propias» del género femenino (el cuidado, la escucha, la empatía y el «ser madre») lo que las hacía idóneas para la labor de reformar las «conductas inmorales» del pueblo chileno (Ponce 2011).

13Higienismo

14Así como a fines de siglo XIX el saber científico comenzó a dominar las instituciones de
beneficencia, sus preceptos también comenzaron a ser traspasados hacia las intervenciones de la
caridad extramuros. Era el tiempo de la emergencia del «higienismo» como ciencia social, en
donde el estamento profesional pugnó por incidir en las políticas públicas y mejorar los espacios
de habitación populares, sindicando las condiciones de vida como la principal causa de la miseria y enfermedad, no
así las costumbres individuales (Illanes 2007; Ponce 2011). Si bien el proyecto
político de integrar este saber al accionar estatal fue derrotado militarmente en 1891, su accionar se mantuvo «por fuera del Estado» (Illanes 2007). En otras palabras, en este periodo hubo un
intento por gubernamentalizar la intervención estatal incorporando un sustento científico al
accionar de las instituciones de gobierno, pero este esfuerzo se vio interrumpido por la derrota
militar (Illanes 2007; Salazar & Pinto 1999). Con esto, los mecanismos que buscaban conducir a la población hacia prácticas «normales» se mantuvieron por fuera del Estado.

  • 3 Las gotas de leche eran instituciones privadas que supervisaban la lactancia de madres populares. S (...)
  • 4 Los consultorios correspondían a consultas médicas ubicadas en los lugares de habitación popular.
  • 5 Las dispenserías eran oficinas en donde se realizaban consultas médicas de baja complejidad y se
    en
    (...)

15La «puericultura», como ciencia del embarazo, parto y posparto, fue el principal saber que
comenzó a estructurar la visita de las «señoras» a fines del siglo XIX. Identificada la mortalidad
infantil como el mayor problema para el desarrollo de Chile, su solución se tornó en el principal
objetivo de las intervenciones sobre la población pobre (Illanes 2007; Ponce 2011). Junto con esta identificación, emergieron nuevas instituciones (públicas y privadas) dedicadas exclusivamente a
subsanar la mortalidad infantil: «gotas de leche»
3, consultorios4 y dispenserías5 comenzaron a
integrar la puericultura como sustento de su accionar. Esto implicó que las señoras ya no iban
únicamente con un discurso moralizante, sino que ahora tenían bases científicas para proponer
modificaciones en la conducta de las madres populares. El principal objetivo era mantener la
lactancia, y, de no ser posible, sustituirla por los suplementos de leche que entregaban las
instituciones (Illanes 2007).

16Las primeras décadas del siglo XX marcan el comienzo de la efectiva gubernamentalización del
Estado chileno en su relación con la población pobre, ya que paulatinamente comienza a
incorporar las instituciones caritativas bajo su accionar y financiamiento. Esto se produce con base en la combinación de elementos premodernos (filantrópicos) y modernos (científicos), que
articulan el accionar de la visita domiciliaria. El resultado es un «gobierno de lo social» centrado en las políticas asistencialistas dirigidas al pueblo (Illanes 2007). Las señoras de clase alta fueron, en
principio, acompañadas por «matronas» con formación profesional, las que paulatinamente las
fueron desplazando y profesionalizando la intervención de la puericultura. Esto evidenció la
necesidad de profesionalizar también la «visita social», lo que culminó en la década de 1920 con la fundación de las primeras escuelas de servicio social en Chile.

17Servicio social

18La culminación del proceso de gubernamentalización del Estado en Chile se produce con la
constitución de 1925, en donde se determina que el Leviatán debe proveer derechos sociales y
jugar un rol activo en la economía del país (Illanes 2007; Salazar & Pinto 1999). Esta
transformación «desde arriba» del rol del Estado se sustentaba en el trabajo que, «desde abajo»,
llevaron adelante muchos actores, entre los que destacan las mujeres de la asistencialidad (Illanes 2007).

19El servicio social se profesionalizó en Chile a partir de 1925, cuando se funda la primera escuela. Su formación se diferenciaba de la caridad en varios aspectos, tales como su carácter científico; la
intervención preventiva; la entrega de consejos e ideas antes que bienes materiales; una relación directa con los sectores populares en general y no sólo con enfermos o embarazadas; un
acercamiento como «semejante», con soluciones prácticas y no morales. Sin embargo, también se mantuvieron varios elementos en continuidad con las prácticas caritativas: las mujeres como
protagonistas (tanto de quienes realizan la intervención como de quienes la reciben); la visita al
domicilio; la utilización de premios para estimular la permanencia en la intervención. Con todo, el acercamiento que las nuevas «visitadoras sociales» realizaban sobre la población pobre empezó a generar conocimiento científico respecto de sus condiciones de vida, ya que aplicaban encuestas,
cuestionarios y realizaban observación, acumulando un saber disciplinar específico (Illanes 2007).

  • 6 Las visitadoras sociales fueron incorporadas a los organigramas de las grandes industrias a partir (...)

20Dadas las graves consecuencias de la crisis post «gran depresión» (1929-1932), el Estado incorporó en casi la totalidad de sus servicios públicos a visitadoras sociales. Poseían capacidad de incidencia directa y decisión sobre las medidas gubernamentales para paliar la cesantía, el hambre y la
miseria, por lo que su enfoque disciplinar se disemina por la totalidad del aparato estatal. Illanes
(2007) incluso habla de un «Estado asistencial» en el Chile de esta época. Además, las visitadoras
sociales comenzaron a ser contratadas por las industrias, en un esfuerzo por destrabar los
enfrentamientos capital-trabajo. En estos espacios industriales, las visitadoras sociales ejercían una doble mediación entre obreros y patrones, y entre obreros y el Estado (Illanes 2007)
6. Hacia la
década de 1940, el conocimiento disciplinar dio paso a la movilización política, ya que las
visitadoras sociales comenzaron a ser actores activos en las transformaciones sociales de este
periodo histórico, entretejiendo al movimiento obrero con las clases medias (Illanes 2007).

21En consonancia con la incorporación del servicio social al aparato estatal, durante el periodo que
comprende 1925-1973 el «gasto social»
aumentó a un ritmo 10 veces superior a lo que
aumentaron los ingresos nacionales (Arellano 1985). En estos años se hegemonizó la idea de que
el Estado debía «proteger» a las clases más pobres, no como un ejercicio de caridad, sino que de
justicia (Rovira 2014). El Estado asume una función de redistribución del ingreso, especialmente
mediante la prestación de diferentes servicios asociados a derechos sociales, como salud,
educación, vivienda y previsión social (Arellano 1985). Las «visitadoras sociales», ahora llamadas
«asistentes sociales», jugaron un rol primordial en la operacionalización de este cambio de rol
estatal.

  • 7 En este periodo histórico se produjo la confluencia de varios procesos sociales que permitieron dot (...)

22Es importante mencionar que, durante el periodo de auge de políticas sociales en Chile, la
población objetivo ya no fue el «bajo pueblo», sino que los «trabajadores». En base a la
vinculación laboral y salaria
se estructuró la seguridad social y la entrega de beneficios,
asociándose directamente con la configuración de una familia heteropatriarcal como unidad social «normal» y deseada (Fuica 2016; Illanes 2007; Rojas 2019)
7. Además, la negociación «por rama»
era mayoritaria, por lo que cada sector industrial generaba una legislación particular, en términos de beneficios acordados, protección frente al despido y regulación salarial (Arellano 1985). Esta
etapa histórica concluye con el golpe de Estado cívico-militar de 1973. Aquí se clausura la lógica
expansiva de servicios sociales financiados con recursos públicos.
De esta manera se da inicio a la «racionalización» mediante la subsidiaridad y focalización.

23Focalización y subsidiaridad

  • 8 Nombre coloquial con el que se conoce a un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católi (...)

24La dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet (1973-1990) transformó de forma radical la relación Estado-población cimentada durante el siglo XX. A través de la imposición violenta de
un nuevo modelo económico social, apostó por reducir el rol del Estado a su aspecto coercitivo y
de preservación de la lógica neoliberal (Garretón 2016). Con el control militar de Chile, se
suprimieron los derechos cívicos y políticos de la ciudadanía, se proscribieron las actividades
político-partidarias y se logró forzar una serie de «modernizaciones» neoliberales con el sustento
racional-económico de los «Chicago boys»
8. Algunos de los principales cambios son las modificaciones al Código del Trabajo y al sistema de pensiones, cercenando las protecciones al empleo.

También se debilitan intencionadamente la educación y salud públicas, al traspasar su
administración a las municipalidades, lo que redunda en la emergencia de actores privados para
cumplir estos roles. Se trata de un traspaso de la responsabilidad motora del «desarrollo»
del
Estado hacia el mercado (Arellano 1985; Fuica 2016; Garretón 2016). Con esto, se puede afirmar
que en este periodo se instala en Chile una gubernamentalidad neoliberal que redefine el accionar estatal.

25El Estado se reorganiza completamente, y se multiplican los actores privados que proveen
servicios antes reservados al sector público. A partir de esta reorganización, el principal rol que
ejecuta el Estado consiste en «subsidiar» el correcto funcionamiento del sector privado (Arellano
1985; FUSUPO & UDP 2011). En política social, se produce un alejamiento del activo rol estatal, en su lugar, se implementa una política de subsidios directos basados en la demanda, además de
instalarse fuertes criterios de «focalización» como mecanismo de distribución de los recursos. Se
abandona la idea de vínculo directo entre la condición de «trabajador» y la seguridad social y el
accionar estatal se concentra en asistir a la población estadísticamente pobre (Rojas 2019).

26La focalización es un elemento clave para entender la relación Estado-población pobre durante la dictadura, que tiene continuidad hasta el día de hoy. Una de las características distintivas de la
gubernamentalidad neoliberal es la reducción y racionalización del gasto público, el que opera
bajo un criterio de subsidiaridad dirigido únicamente hacia los sectores de la población que se
encuentren en peores condiciones (Cubillos 2019; Raczynski 2002; Rojas 2019; Rubilar & Grau
2017). Este mecanismo, que limita la intervención estatal, extiende la lógica económica hacia los
aspectos más fundamentales de la vida, ya que impone una mirada «mercantil» sobre los
derechos sociales y restablece el acceso desigual al bienestar (Cubillos 2019). Es así como el Estado chileno se reorganiza bajo la dictadura cívico-militar, cuyo resultado está en perfecta sincronía
con los postulados del neoliberalismo estadounidense (Foucault 2009).

27Un prerrequisito para el correcto funcionamiento de la focalización es contar con buenas
estadísticas. En Chile, las primeras mediciones de la pobreza datan de la década de los 60,
realizadas por la CEPAL. Sin embargo, el esfuerzo más sistemático por parte del Estado comenzó
en dictadura, con un primer «mapa de extrema pobreza en Chile» realizado por la Oficina de
Planificación (ODEPLAN) y la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1974 (FUSUPO & UDP
2011). La pobreza se medía básicamente por las condiciones materiales de la vivienda. Con su
cuantificación a nivel nacional se cimentaban las bases para una gubernamentalización neoliberal de la pobreza.

28Con la información proveída por este mapa, a partir de 1975 el Estado comenzó a focalizar sus
recursos y destinarlos solo a los «extremadamente pobres» (Rovira 2014). Desde 1979, con base
en las municipalidades, comienzan a funcionar los Comités de Asistencia Social (CAS), órganos
encargados de ejecutar diferentes programas sociales focalizados en la pobreza. Para ello, desde
1980 se crea la «ficha CAS», que constituye un sistema de medida de las condiciones de vida de las personas en base a la vivienda e ingresos. Su vigencia, aunque con reformulaciones y
actualizaciones, se mantuvo hasta bien entrada la década de 2010, manteniéndose como la puerta de entrada para la asignación municipal de subsidios y programas sociales (FUSUPO & UDP 2011; Ramos 2016; Rovira 2014).

29Gracias a este proceso de medición y construcción de una nueva realidad, el término «pobres»
volvió a difundirse en las políticas estatales como un segmento de la población bajo los estándares mínimos de supervivencia (Ramos 2016). Este cambio resulta fundamental, ya que oscurece una
serie de identidades que se habían construido a lo largo de los años y dotaban de pertenencia a la población popular, como «pobladores», «trabajadores», «obreros» o «campesinos». Este no es un proceso exclusivo de Chile, ya que, tanto en Europa como en Latinoamérica, la idea de «lucha contra la pobreza» copó rápidamente los discursos estatales, hegemonizándose a partir del acuerdo
entre organismos internacionales y la investigación científica que le entregó sustento (Rojas 2019).

30Lo asistencial socializado

31Con el retorno de la democracia, el nuevo régimen intentó saldar, durante la década de 1990, lo
que se conoció como la «deuda social» del Estado con los pobres. Esto debido a que durante la
dictadura las cifras de pobreza aumentaron significativamente, así como se pauperizaron las
condiciones de vida de amplias franjas de la población. La estrategia del Estado chileno para
subsanar esta grave problemática se centró en fortalecer políticas sectoriales que aseguraran un
nivel básico en salud, educación, vivienda, seguridad social y justicia. También se impulsaron
programas sociales destinados específicamente a los sectores más pobres y vulnerables,
especialmente a través de fondos concursables para generar herramientas en la población (Rovira 2014). La idea de «focalizar» las políticas sociales se mantuvo intacta. Inicialmente se logró una
fuerte disminución de la pobreza, generalizando la idea de que una vez se «salía» de la pobreza,
ésta se transformaba en el umbral de referencia al cual no se podía retornar (FUSUPO & UDP
2011).

32 Iniciando el siglo XXI, la disminución de las cifras de pobreza se había estancado. A partir
de instancias de revisión y diferentes propuestas, se optó por redefinir la focalización y por
modificar la forma en que se medía la pobreza, acercándola a conceptos como capital humano y
cultural, además de los ingresos económicos (Galasso 2011; Vega 2011; Vidal 2018). En línea con
las propuestas de transferencias monetarias del Banco Mundial, se crea «Chile Solidario». Éste era un sistema de protección social, dirigido a la población extremadamente pobre, con transferencias monetarias y un acompañamiento psicosocial, llamado «programa Puente». En funciones desde
2002 y oficializado como ley a partir de 2004, su modelo de gestión se transformó en referencia
para la creación de otros programas sociales dirigidos a diferentes poblaciones vulnerables.

33En 2012, con el cambio de tendencia política del gobierno, se reemplaza Chile Solidario por el
nuevo «subsistema Seguridades y Oportunidades». Éste absorbe los componentes de Chile
Solidario, pero reemplaza al programa Puente por una nueva iniciativa llamada «Ingreso Ético
Familiar» (IEF). Este programa mantenía el modelo de gestión del Puente, pero agregaba un
componente sociolaboral, con la finalidad de aumentar las capacitaciones o bien apostar por el
autoempleo como mecanismos de superación de la pobreza (Larrañaga et al. 2014). En 2016,
debido una vez más a un cambio de gobierno, se rebautiza al IEF como «programa Familias», se
realiza una reformulación metodológica y se agrega un nuevo componente socio comunitario a la
intervención (Ministerio de Desarrollo Social 2017).

34El programa Familias mantuvo los acompañamientos psicosocial y sociolaboral, a cargo de una
profesional que visita a las familias en sus hogares, llamada Apoyo Familiar Integral (AFI). Se han
agregado nuevas transferencias monetarias y componentes a la intervención, pero el modelo de
gestión permanece inalterable desde 2002. Éste ha sido denominado como «lo asistencial
socializado», ya que, a pesar de que sea el Estado quien se encarga de gestionar la vulnerabilidad, el proceso mediante el cual ocurre esta gestión se produce retomando los principios básicos de la acción asistencial: proximidad, voluntad de quien asiste y el establecimiento de una relación
directa (Rojas 2019). Como se observa, en la intervención contemporánea sobre la extrema
pobreza se retoman muchos elementos de continuidad con las ideas de la «caridad extramuros» y las primeras intervenciones profesionales de las «visitadoras sociales».

  • 9 Como durante el siglo XIX todavía no se había producido una efectiva gubernamentalización (en su se (...)

35Hasta aquí, hemos realizado una sintética revisión de los principales mecanismos de vinculación
que ha mantenido el Estado con la población pobre
9. A partir de la descripción histórica realizada y del análisis de relatos de profesionales que trabajan en la actualidad en el programa Familias, se
destacarán algunos de los principales elementos de continuidad y cambio identificados respecto
de los diferentes formatos históricos que han marcado gubernamentalización de la pobreza en
Chile.

36Las entrevistas

37Se realizaron 47 entrevistas semiestructuradas (Ballestín & Fàbregues 2018; Ruiz 2007) a
profesionales cuya labor se relacionaba directamente con el programa Familias. Las participantes
de la investigación fueron seleccionadas siguiendo criterios de muestreo teórico, y los resultados
del análisis fueron validados por los criterios de credibilidad y confirmabilidad (Castillo & Vásquez 2003; Ruiz 2007). Los entrevistados trabajan en los tres «niveles» de producción estatal
involucrados en esta política pública: el ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Fondo Solidario
de Inversión Social (FOSIS) y las municipalidades (MUNI). De este corpus de entrevista extraigo
algunos «verbatim» que ilustran reflexiones significativas en torno a la (dis)continuidad histórica
en la relación Estado-población pobre que se ha identificado en el programa Familias.

Actualizaciones en la relación estado-población pobre: continuidad y cambio en la intervención social

38Es momento de recordar el doble proceso involucrado en la performatividad estatal: por un lado,
la performance cotidiana, que refiere a las prácticas que sostienen el accionar estatal. Por otro, la historia que legitima y posibilita la existencia de estas práctica (Butler 2002; Feldman 2005). En el
caso del programa Familias, la performance es constituida por todas aquellas prácticas que se
producen al interior de los organismos estatales para su producción. De éstas, el acompañamiento, como dispositivo de intervención directa sobre la población pobre, resulta una de las más
relevantes (Larrañaga et al. 2014; Rojas 2019; Vargas & Socías 2016). Este aspecto del programa
Familias es el que mantiene los signos más evidentes de continuidad con la relación histórica que
se ha cimentado entre el Estado y la población pobre en Chile, mientras que las discontinuidades
apuntan a proceso globales donde se ha redefinido el rol del Estado y se ha modificado la forma
de «combatir» la pobreza.

39Destacaré tres elementos importantes de continuidad y tres elementos de cambio, develando el
carácter dinámico del Estado como estructura performativa. Estos elementos reflejan la capacidad estatal de modificación y adaptación, a la vez que mantiene estables los fundamentos de su
accionar. En otras palabras, podemos afirmar que el Estado cambia su «performance» pero
sostiene su performatividad. Con esta combinación, ha logrado sostenerse como una institución
hegemonizada y estable en las sociedades contemporáneas (Bourdieu 2014; Feldman 2005;
Marcus 2008). Como se verá, la separación de los procesos en términos de continuidad y cambio
es un ejercicio analítico, ya que en la realidad se producen de forma simultánea. De ahí que estos elementos se presenten de forma trenzada, intercalando ejemplos de cambio y de continuidad. En esta interacción es donde el Estado logra mantenerse como institución hegemónica.

40El rol del Estado

41Un primer elemento que grafica claramente el cambio vivido por la gubernamentalización de la
pobreza en el periodo analizado refiere al rol del Estado. Como se revisó, durante el siglo XIX la
relación que el Leviatán establecía con la población pobre se basaba en mecanismos de encierro,
lo que responde antes a dispositivos de disciplinamiento que a mecanismos de seguridad
(Foucault 1990). Solo avanzado el siglo XX el Estado chileno incorporó como uno de sus objetivos
el mejoramiento de las condiciones materiales y la redistribución de la riqueza, lo que cristalizó en el Estado asistencial o desarrollista entre las décadas de 1920 y 1970 (Arellano 1985; Illanes 2007; Salazar & Pinto 1999). Esta lógica de provisión de derechos anclados en la condición de trabajador se vio severamente modificada con la dictadura cívico-militar (1973-1990), en donde se impone
una gubernamentalidad neoliberal que despoja al Estado de la capacidad de incidencia que había
alcanzado. En una búsqueda de atenuar los efectos negativos de la regulación mercantil de los
derechos sociales, en el siglo XXI se institucionaliza lo asistencial socializado, aunque no se logra
llegar a los niveles de protección social que hubo en Chile durante el periodo desarrollista:

"Este programa, es que es un programa hecho con una metodología y con un sentido de sacar a las usu-, a las familias del nivel de vulnerabilidad. Pero en el fondo no… no están las condiciones pa’ lograr eso. Como que queda, a… queda casi como a responsabilidad del profesional que le toque a cada familia para que eso ocurra" (Entrevista 41, MUNI).

42Como bien expresa la profesional de la intervención en este fragmento, en la actualidad el
programa Familias no posee la capacidad, por sí mismo, de asegurar la superación de la pobreza
por parte de la familia usuaria. Esta responsabilidad se individualiza, recayendo sobre la AFI o
sobre la familia la capacidad de surgir (Ahumada, Monreal, & Tenorio 2016; Rojas 2019).

43La intervención como normalización

44A pesar de los profundos cambios en la capacidad del Estado de incidir sobre la redistribución y la seguridad social, durante todo el periodo analizado se mantiene constante la finalidad de las
siglo XIX, la intervención realizada sobre las familias pobres vía visita domiciliaria siempre ha
buscado cambiar las conductas de estas personas, acercándolas al ideal imaginado por quienes
intervienen:

  • 10 Aproximadamente 42R$.

“mensualmente, las familias que tienen hijos menores de 6 años, pueden recibir 6.00010 pesos en las transferencias del programa. Es un bono condicionado, si no tienen el control niño sano al día, las vacunas y el retiro de leche al día, lamentablemente no recibe el bono. Porque es como, no sé, como premio y castigo. El premio son 6.000, el castigo es no recibirlo ¿me entiendes? Y, creo que un poco, ese, responde a una estructura que tiene que ver más con chuta, cómo lo hago para que estos sectores que no, no logran adherir a cómo yo quiero que sea mi población, mi sociedad chilena, hago que adhieran” (Entrevista 36, MUNI)

45En el fragmento anterior se visibiliza la condicionalidad de algunas transferencias como un
mecanismo importante de normalización de las conductas de las familias usuarias. La profesional municipal lo expone de forma clara, lo que además se refuerza desde otras instancias estatales:

“y si uno lo, lo extrapola a una mirada más bien desde el poder, es un poder bastante importante el que tenemos. En los distintos niveles, desde el Apoyo Familiar que, como te decía, es el brazo armado, el poder que tiene de trabajar con su grupo de familias en este acompañamiento de, de poder también ir facilitando el empoderamiento ¿cierto? De, de familias que están en una situación de exclusión” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2)

46Se ha mantenido estable la búsqueda de integración a la sociedad de las personas en situación de pobreza, para lo que se definen mecanismos institucionales para lograrlo. En este esquema se
integran en la sociedad contemporánea las AFI, buscando «empoderar» a las usuarias e integrarlas al juego económico. Esto nos da pie para un segundo elemento de cambio: los contenidos de la
intervención.

47Los contenidos de la intervención

48En sintonía con los cambios que ha sufrido el rol del Estado a nivel general, los contenidos que
forman parte de la intervención social también se han modificado con el tiempo. Cuando las
intervenciones eran realizadas desde fuera del Estado, los principios que se movilizaban hacia las
familias populares referían principalmente a preceptos morales cristianos, bajo la idea de que
reformando la moralidad popular se mejorarían las condiciones materiales (Ponce 2011). Ya
avanzado el siglo XX, con la gubernamentalización de la pobreza a cargo del Estado, las visitadoras sociales ejercían de mediadoras entre obreros y patrones.
Los preceptos que transmitían
respondían a elementos científicos de cuidado e higiene
así como a una intermediación entre las
necesidades de los sujetos populares y los «beneficios» otorgados por las industrias (Illanes 2007). Con la dictadura cívico-militar, el principal contenido de la intervención se relacionaba con la
entrega de bienes de subsistencia mínimos, en lo que se conoció como «asistencialismo» (FUSUPO & UDP 2011; Rovira 2014). En un intento de superar este formato de relación, en la actualidad el programa Familias aborda «dimensiones del bienestar», sobre las que se realiza un diagnóstico y
luego se trabaja en las visitas a cargo de la AFI:

“nosotros abordamos lo que es trabajo y seguridad social, hablamos de ingreso, de salud, de vivienda, eh, y también de un área que también lo traspasa todo que es la participación social que puedan tener las personas. Entonces nosotros, claro, abordamos todos esos ámbitos para conocer cómo está la familia en el momento” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3)

49Con todo, en el formato contemporáneo de intervención prima una visión individualizada de la
superación de la pobreza.
Los consejos y recomendaciones apuntan hacia la capitalización de las
pasar a otro elemento innovador dentro de la intervención cotidiana: las transferencias
monetarias condicionadas.

50Transferencias monetarias

51Un componente crucial del programa Familias lo constituyen las transferencias monetarias
condicionadas. Estas corresponden a la inyección directa de dinero desde el Estado hacia las
familias
para capitalizarlas de forma rápida y eficiente. Se han posicionado como un elemento para «combatir» la pobreza muy extendida a nivel latinoamericano (Cena & Chahbenderian 2015;
Correa 2009). Corresponden de forma casi exacta a la propuesta neoliberal de «impuesto negativo» (Foucault 2009) y se entienden como un suplemento monetario que permite a las familias
integrarse al juego económico:

  • 11 Aproximadamente 75R$.
  • 12 Aproximadamente 540R$.

Ese dinero mínimo es como, empieza como en $11.00011. Obviamente otras familias tienen, no sé poh, pueden llegar a $80.00012 mensuales, pero porque son grandes. Entonces el ministerio va haciendo ese, ese cálculo por familia. Entonces la gente agradece mucho ese dinero. Porque, no sé poh, le puede servir para un remedio, eh, para el pasaje, para el tema, algunas veces me dicen ‘señorita esto me va a servir para el gas en el invierno’” (Entrevista 18, MUNI)

52La transferencia directa y condicionada de dinero desde el Estado hacia las familias más pobres es una innovación contemporánea, ya que no se había producido de esta forma con anterioridad. Si
bien durante el siglo XIX era común la entrega de bienes materiales y limosnas (Ponce 2011).
Durante el auge desarrollista las políticas de redistribución se centraron en la provisión de
derechos sociales con cargo fiscal de carácter universal, y no en iniciativas individualizadas (Arellano 1985; Illanes 2007). En Chile, las transferencias se instauraron durante la década de 1980 bajo la dictadura cívico-militar (Cubillos 2019; Rovira 2014), pero sólo se condicionaron a partir de la
número y cuantía entregada, posicionándose como herramientas privilegiadas de
gubernamentalización de la pobreza (Ahumada et al. 2016; Larrañaga et al. 2014; Vargas & Socías 2016).

53La visita como valor en sí mismo

54Incluso con todas las oscilaciones en el rol del Estado y la forma en que éste propone superar la
pobreza, un elemento que evidencia una fuerte continuidad corresponde a la importancia
otorgada a la visita domiciliaria. Este formato de intervención se inaugura en Chile con la caridad
extramuros del siglo XIX,
desde entonces se ha profesionalizado y sus componentes se han
actualizado. Con todo, continúa siendo el principal elemento de intervención social, y es el aspecto mejor evaluado del proceso de intervención del programa Familias:

lo más importante del programa para mí, es que vaya un asistente social al domicilio ¿ya? eh, oriente, coordine ¿ya? y buscan las alternativas en conjunto, pa’ solucionar alguna problemática que, que quieran mejorar ¿ya? yo creo que esa es la mayor valorización que tiene el programa” (Entrevista 17, MUNI)

55Ahora bien, quienes se encuentran en esta visita tienen un sesgo de género marcado: tanto quien
interviene a nombre del Estado como quien recibe la intervención suelen ser mujeres. La gran
mayoría de las profesionales que trabajan como AFI son de género femenino, alcanzando el 88%
en una encuesta realizada durante el año 2013 (Larrañaga et al. 2014). Asimismo, de forma textual en la ley se recoge las mujeres son las usuarias prioritarias de esta política pública (Ley 20.595,
2012). Estos datos no son casuales, sino que refieren al último gran elemento de continuidad
histórica relevado en esta publicación: la feminización del vínculo establecido entre Estado y
población pobre.

56La feminización de la pobreza y la responsabilización en su superación

57Como se revisó en el apartado de historización, las mujeres han sido las grandes protagonistas de
la gubernamentalización de la pobreza desde el siglo XIX. Por el lado de la población intervenida, las mujeres populares, especialmente en su rol de madres, han sido las principales destinatarias de
los esfuerzos de normalización (Illanes 2007; Ponce 2011; Rojas 2019). Por el lado de quienes
intervienen, las señoras de clase alta iniciaron la visitación, luego acompañadas por profesionales de la puericultura, hasta derivar en la profesionalización de este rol: las visitadoras sociales
formadas en la escuela de servicio social (Illanes 2007; Ponce 2011; Rojas 2019). Actualmente, las Apoyo Familiar Integral son quienes encarnan el acompañamiento en el programa Familias,
profesionales de las ciencias sociales que visitan en sus hogares a las familias intervenidas
(Ahumada et al. 2016; Larrañaga et al. 2014; Tabbush 2011; Vargas & Socías 2016). La relación que
representa al Estado y la familia se encarna finalmente en dos individuas, la AFI y la jefa de hogar:

“el programa se focaliza mucho en una sola persona, te pueden decir todos los manuales y toda la cuestión de que es una sesión familiar y todo, pero la realidad es una sola persona. Y las Apoyo [Familiar Integral], van a llegar y decir ‘no, yo hice la sesión y todo’, pero a la
jefa de hogar
” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3)

58El fundamento de esta feminización corresponde a la idea de «empoderar» a las mujeres pobres a partir de posicionarlas como receptoras de las transferencias monetarias y protagonizar la
vinculación con otros programas sociales (Correa 2009; Vargas & Socías 2016). Sin embargo, en la práctica del programa Familias se expresa una continuidad con el tradicional rol de género
asociado con las mujeres: sus características «innatas» de afectividad, responsabilidad y
abnegación las erigen como destinatarias dóciles de la intervención, quedando como las
responsables del surgimiento de todo el grupo familiar (Ahumada et al. 2016; Tabbush 2011;
Vargas & Socías 2016). Con esto, más allá de la feminización de la pobreza, también se produce
una feminización en la responsabilización de su superación, ya que tanto la profesional estatal
como la destinataria civil son generalmente mujeres.

Conclusiones

59El Estado, en tanto que estructura performativa, no existiría si no fuese «actuado» por todas las
personas que trabajan en su nombre. En el caso de análisis aquí presentado, son las Apoyos
Familiares Integrales quienes sostienen la parte «performática» del programa Familias al
momento de intervenir. Esta intervención no es un acto singular, sino que se inscribe en la larga
tradición histórica de asistencialidad que ha marcado la gubernamentalización de la pobreza en
Chile (Rojas 2019). Las AFI son las herederas contemporáneas de las «asistentes sociales»,
«visitadoras» y «señoras» que construyeron las bases históricas de la visita social como
mecanismo de intervención (Illanes 2007; Ponce 2011). Perdura todavía el sesgo de género, que
asocia la idoneidad de la intervención con características femeninas supuestamente innatas y que feminiza al sujeto de intervención (Ahumada et al. 2016; Tabbush 2011).

  • 13 El fondo Yo Emprendo Semilla, al cual postula gran parte de las usuarias del programa Familias, alc (...)

60El programa Familias actúa como un «vector» de normalización en clave neoliberal, incitando a las «usuarias» a «capitalizarse» y participar del juego económico como mecanismo de superación de
la pobreza (Martin 2016; Vargas & Socías 2016). Las transferencias monetarias, la
institucionalización a través del vínculo con otros programas públicos y el emprendimiento
(autoempleo) son las principales salidas que «ofrece» el PF. Éstas implican una salida «individual» de la pobreza, dependiente de la suerte y del interés de la «usuaria», así como de las capacidades de la AFI para motivarla. Esto da cuenta de la permanencia de la gubernamentalidad neoliberal
instalada en la dictadura cívico-militar, cuyos principios siguen operando en las políticas públicas
contemporáneas (Ramos 2016; Rojas 2019). Más allá de las intenciones y deseos de las profesionales que intervienen a nivel municipal, no existen mayores alternativas que ofrecer a las usuarias
que sean diferentes al emprendimiento. Además, éste es en realidad autoempleo, con capitales
iniciales muy bajos
13 y que dificultan la sostenibilidad en el tiempo de estas iniciativas individuales. Durante la pandemia, gran parte de estos emprendimientos debieron cerrar, y las familias
quedaron en precarias condiciones (Fuica 2021).

61 En continuidad con el formato histórico, la «visita» continúa siendo el principal
mecanismo de incidencia estatal sobre las conductas de la población pobre. Esto sucede a pesar
de que el rol del Estado, los contenidos de la intervención y sus componentes sí se han ido
modificando a lo largo del tiempo. Desde la moralidad cristiana que marcó la caridad del siglo XIX
(Ponce 2011), pasando por las ideas del «higienismo» y la mediación en el conflicto capital-trabajo en el siglo XX (Illanes 2007), hasta la participación en el juego económico de forma individual en el siglo XXI (Martin 2016; Vargas & Socías 2016), los contenidos de la intervención responden a sus
diferentes contextos. En términos de gubernamentalidad estatal respecto de la población pobre,
la mayor diferencia histórica se observa con el momento desarrollista del Estado asistencial (Illanes 2007), en donde se amplió la protección social y se fortaleció el vínculo trabajador-Estado-empresa. Asimismo, en términos de la labor de las «asistentes sociales», en este periodo histórico
generaron y aplicaron un importante caudal de conocimiento, lo que les permitió posicionarse como actores políticos relevantes (Illanes 2007).

62En suma, el programa Familias es una política pública que se integra en un formato histórico
legitimado de intervención: la visita domiciliaria y la relación cara-a-cara de una agente estatal con la «mujer pobre». En la actualidad, los conocimientos que se vehiculan en esta relación
responden directamente a los postulados neoliberales, sin capacidad de incidencia efectiva sobre
las condiciones estructurales de las familias vulnerables. De ahí que el resultado de la intervención recaiga casi exclusivamente sobre las características individuales de la AFI y de la usuaria.
Con todo, el programa Familias constituye la única política pública enfocada particularmente en la población extremadamente pobre, y el rol que juega esta intervención resulta fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de este sector de la población chilena. Los cambios y
continuidades identificados en la relación establecida entre el Estado y la población pobre dan
cuenta tanto del dinamismo como de la estabilidad del Estado como estructura performativa,
también nos permiten identificar cómo se actualizan los mecanismos de gubernamentalización de la pobreza.

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Notas

1 Agradezco a ANID y su programa de formación de capital humano avanzado, por la beca Chile para estudios doctorales en el extranjero, folio 72190277, que financia esta investigación.

2 La pobreza comenzó a ser «medida» en Chile recién a partir de la década de 1970, con posterioridad al golpe de Estado (Ramos Zincke 2016). En estos años, se diferenciaba básicamente entre una oligarquía pudiente y un «bajo pueblo» empobrecido.

3 Las gotas de leche eran instituciones privadas que supervisaban la lactancia de madres populares. Si la mujer no era capaz de alimentar a su hijo/a, la gota de leche entregaba leche artificial para asegurar la nutrición (Illanes 2007).

4 Los consultorios correspondían a consultas médicas ubicadas en los lugares de habitación popular.

5 Las dispenserías eran oficinas en donde se realizaban consultas médicas de baja complejidad y se
entregaban los fármacos y remedios que eran recetados a la población pobre. De acuerdo con la
prescripción, los medicamentos podían ser gratuitos o de pago.

6 Las visitadoras sociales fueron incorporadas a los organigramas de las grandes industrias a partir de la década de 1920. Eran las encargadas de realizar inspecciones respecto de la calidad de vida de los obreros y sus
familias, levantando catastros de las principales necesidades de la clase trabajadora. Con esto, buscaban que las empresas aseguraran una mínima calidad de vida para el obrero y su grupo familiar, actuando como
importantes mediadoras en la disminución de la conflictividad capital-trabajo. Dada su función, fueron
ampliamente legitimadas por los trabajadores, y también actuaron como interlocutoras con la Inspección del Trabajo cuando ésta mediaba en los conflictos entre sindicato y empresa (Illanes 2007).

7 En este periodo histórico se produjo la confluencia de varios procesos sociales que permitieron dotar de estabilidad al momento desarrollista. Un elemento que resultó clave fue la conformación de la «familia
heteropatriarcal» como norma social. A través de la normalización del matrimonio como institución social,
se vinculaba a los varones de forma directa con un grupo familiar, lo que contrastaba con los mecanismos de no-vinculación familiar que habían caracterizado la sociedad chilena hasta la primera mitad del siglo XX. Con esto, los trabajadores varones se incorporaban al trabajo industrializado, mientras las mujeres lo hacían al
trabajo doméstico (remunerado y no remunerado). Las industrias de la época extendían los «beneficios»
que obtenían los sindicatos hacia la totalidad del grupo familiar, entregando becas de estudios para hijos e
hijas, suplementos en insumos y posibilidades de esparcimiento para la familia completa. Por su parte, el
Estado hacía extensiva la seguridad social que obtenía el varón trabajador hacia la totalidad del grupo
familiar.

8 Nombre coloquial con el que se conoce a un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile posgraduados en la Escuela de Chicago, en donde estudiaron los postulados neoliberales bajo la tutela de Milton Friedman.

9 Como durante el siglo XIX todavía no se había producido una efectiva gubernamentalización (en su sentido estrecho) de la pobreza en Chile, se destacaron los mecanismos desarrollados por la caridad extramuros que prefiguraron la relación Estado-población pobre establecida durante el siglo XX.

10 Aproximadamente 42R$.

11 Aproximadamente 75R$.

12 Aproximadamente 540R$.

13 El fondo Yo Emprendo Semilla, al cual postula gran parte de las usuarias del programa Familias, alcanza los $300.000 (aproximadamente 2000R$).

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Inti Fernando Fuica Rebolledo, «Pasado y presente de la relación Estado-población pobre en Chile: de la historicidad del ‘Programa Familias’ como política pública»Ponto Urbe [Online], 29 | 2021, posto online no dia 27 dezembro 2021, consultado o 20 maio 2022. URL: http://journals.openedition.org/pontourbe/11185; DOI: https://doi.org/10.4000/pontourbe.11185

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Autor

Inti Fernando Fuica Rebolledo

Sociólogo, máster en Antropología. Doctorando en Antropología Social y Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona.

E-mail inti.fuica.rebolledo@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2089-5062

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Direitos de autor

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This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

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