Navegación – Mapa del sitio
Debate

Opiniones sobre el Plan Colombia

Gral (r) Juan Salcedo Lora y María Emma Mejía
p. 97-101

Texto completo

1En esta ocasión hemos invitado a figuras representativas en la opinión pública a comentar algunos aspectos del Plan Colombia.

¿Cómo evalúa usted la destinación y distribución de recursos para el Plan Colombia?

General (r) Juan Salcedo Lora: El Estado colombiano padece serios problemas que no son ajenos a los que sufren y sienten varios estados en el mundo y que lo acercan, lenta pero inexorablemente, a un punto peligroso de desestabilitación, en el cual será muy difícil, casi imposible, poder recuperarse. No solamente son la violencia y la desigualdad en la distribución de los ingresos los problemas que hoy impiden al país alcanzar un mayor desarrollo humano, como concluyera el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre Colombia correspondiente a 1999. Ha faltado igualmente la consolidación del poder del Estado; alcanzar y demostrar una mayor y mejor capacidad de su fuerza pública, así como también un sistema judicial eficaz. Indudablemente son muchas las falencias y múltiples los factores que pesan negativamente para que los colombianos sintamos la sensación de vivir en paz, con desarrollo sostenible, en medio de un estado de derecho y en donde se disfrute de legítima justicia social y convivencia. De los múltiples factores que pesan en la actual situación colombiana, dos pueden considerarse definitivos: la presencia creciente de grupos armados que le disputan al Estado el monopolio en el uso de las armas (guerrilla y grupos paramilitares) y el narcotráfico. Si en un momento trascendental de su historia, el gobierno colombiano acude a la comunidad internacional en busca de ayuda, es principalmente por culpa de estos dos importantísimos factores negativos. Por su terrible influencia y sus efectos colaterales, la situación social y económica del país está hoy en el estado deplorable que se aprecia y que amenaza, cada día más, con causar la desestabilización de la vida democrática y hasta la existencia misma como nación independiente. Si se acude a la comunidad internacional es porque Colombia sola no puede salir adelante o se tardaría demasiado, inmersa como está en un conflicto interno largo y penoso, de altísimo costo político, social y económico. Lo peor es que no hay garantía alguna de poder salir avante por esta vía.

El Plan Colombia y la participación de la comunidad internacional, son esenciales para alcanzar las metas a las cuales debe ser conducida la comunidad colombiana. No es un caso específico de lucha antidroga o lucha contrainsurgente, es todo un paquete de alto contenido social que no puede manejarse bajo la óptica de problemas o enfoques particulares; pero la erradicación de cultivos ilícitos, y la suspensión, por lo mismo, de los enormes capitales que incrementan y sustentan la lucha paramilitar y guerrillera, ambas contra los intereses de la comunidad y del Estado, son una necesidad real que a la par que afectan intereses internos, causan desasosiego, temor y grandes estragos en la comunidad internacional.

Hay otra realidad del Plan Colombia desde la perspectiva de sus opositores. El Plan Colombia es una forma de concebir la conducción estratégica de tareas que el gobierno considera son necesarias para la buena marcha futura de la nación. Lo que allí se bosqueja podría dar una idea bastante aproximada de lo que será ejecutado. No se puede especular como lo hacen algunas personas, ONGs y algunos congresistas norteamericanos, que el plan será motivo de mayores violaciones a los DDHH o al DIH. Nada así lo da a entender, en tanto que sí se ha ido incrementando la capacidad del Estado en la prevención y protección de los derechos de las personas. Si como lo ha planteado el Gobierno nacional la destinación y distribución de recursos permitirá enfrentar la violencia y la corrupción, alimentados por el narcotráfico, que han generado, entre otras cosas, desconfianza entre los inversionistas extranjeros, creando mayores obstáculos en el camino hacia la modernización en un mundo ahora globalizado, ese solo enunciado bastaría para justificar el Plan Colombia.

Si todo el mundo se queja de la ausencia inveterada del Estado y el Gobierno actual manifiesta a todo el mundo que adquiere el compromiso de recuperar las responsabilidades centrales del Estado, como son la promoción de la democracia, el monopolio de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, la generación de empleo, el respeto por los derechos humanos y la conservación del orden público, qué duda puede existir de la honestidad del primer mandatario. La violencia, intensificada por el narcotráfico, se encuentra en auge y sucesivamente los gobiernos se han visto impotentes para resolver tan crucial encrucijada en razón de que su capacidad de resolver la problemática social y económica ha sido limitada por tales factores. Ni hablar de las limitaciones en los presupuestos de defensa que siempre han ido a la zaga de los grandes problemas antes enumerados. Si el Plan Colombia prevé esos recursos nunca antes vistos, con ayuda de la comunidad internacional, no se entiende que haya colombianos que se opongan a la recepción de la ayuda pedida. Que lo hagan los fuera de la ley, vaya y venga, pero que lo digan los que están sintiendo en carne propia el rigor y la calamidad de los violentos, ¡es un contrasentido! O se toman los recursos del Plan Colombia y se emplean racionalmente, refinando incluso los planes iniciales de empleo, o se sigue por la senda absurda por donde siempre hemos ido, perdiendo cada día más y más la legitimidad como Estado y la eficacia en el empleo de su poder. Las estrategias, tal y como están diseñadas por el gobierno, se traducen en excelentes herramientas con las cuales se puede alcanzar en el mediano y largo plazo la normalización del país, puesto que se entra a combatir prioritariamente las bases de la problemática nacional que desestabilizan e impiden la gobernabilidad.

María Emma Mejía: El problema es que nunca ha habido claridad sobre la destinación y distribución de los recursos para el Plan Colombia. Yo recuerdo que tanto en el gobierno anterior como al principio de éste se mencionó insistentemente la necesidad de hacer un gran plan para atacar las causas más profundas de la insurgencia y del narcotráfico. Incluso se traía a la memoria el "Plan Marshall" como ejemplo. Se hablaba de un proyecto de reconstrucción del país, de un gran esfuerzo de inversión social. No obstante, la primera presentación que se hizo del Plan -vía Estados Unidos-, deja un sabor eminentemente militar. Sabor que ahora se ha tratado de morigerar con la gira del presidente a Europa en la cual ya no se habla sólo de los 1.600 millones de dólares de Estados Unidos, sino de una estrategia de 7.500 millones que incluye un importante componente social. Obviando la confusión, para responder a la pregunta, me concentraría en el análisis de las cifras de la ayuda que se está tramitando en el Congreso de los Estados Unidos, que a pesar de las dificultades parece ser la más factible de conseguir. Como bien se sabe, se trata de una ayuda suplementaria de 1.272 millones de dólares que sumados a los 330 millones de dólares aprobados con anterioridad, da un total de 1.602 millones.

La distribución de esta ayuda está definida, a grandes rasgos, en unos 1.250 millones para la acción militar y policial dentro de los cuales las partidas más grandes son 600 millones de dólares para equipar y entrenar dos nuevos batallones antinarcóticos y 340 millones de dólares para aumentar la interdicción en Colombia y en la región. Para los temas sociales y de derechos humanos la ayuda prevé unos 350 millones de dólares. Las cifras son contundentes en el predominio de los recursos militares. Lo cual no sólo es importante, teniendo en cuenta las deficiencias reconocidas por las propias Fuerzas Militares de Colombia, sino también legítimo por parte del Estado al propender por el mejoramiento y el fortalecimiento de sus ejércitos. Sin embargo, y haciendo esa salvedad, me preocupa el giro que va tomando el Plan desde el punto de vista de su efectividad para controlar la producción y el tráfico de narcóticos que en teoría es su cometido. La historia de los 10 últimos años en el país nos ha demostrado que el gran esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional, con el sacrificio de muchos de sus hombres, no ha disminuido, según las cifras de los Estados Unidos, ni los cultivos ni el tráfico de estupefacientes. En ese sentido, repito, me preocupa que una idea tan ambiciosa de buscar ayuda en el exterior, comprometer recursos internos y buscar la cooperación de los empresarios nacionales, de pronto no alcance a captar los recursos y desarrollar los programas necesarios para el desarrollo social de las pequeñas comunidades involucradas en los primeros eslabones de la cadena del narcotráfico; porque-hay que decirlo-es muy incierta la contribución europea y es también incierta la destinación de recursos internos debido a la grave crisis económica que vivimos.

Se ha ubicado al departamento del Putumayo como epicentro de la acción del Plan Colombia y vale recordar que desde hace varios años se empezaron a discutir las ventajas y desventajas de una gran intervención en esta región, con la ayuda de Estados Unidos. En ese momento se plantearon muchos temores dadas las condiciones de la zona. Hay allí un gran volumen de población, una gran presencia de pequeños cultivadores, de "raspachines" y de insurgencia y paramilitares. Intervenir significa enfrentar un conflicto grande. Por eso en aquel momento la policía necesitaba una contribución militar importante. Veo que ahora se ha resuelto la inquietud de la policía con la definición de crear dos batallones antinarcóticos. Pero la afectación social va a ser grande.

¿Considera que existe autonomía por parte del Gobierno colombiano en la asignación de recursos para el fortalecimiento militar contra el narcotráfico?

J.S.L: De las diez estrategias diseñadas por el Gobierno, susceptibles de cambio inclusive, la cuarta es la estrategia para la defensa nacional, que reestructura y moderniza las FF.MM y la Policía, y la sexta, es la estrategia antinarcóticos, en donde interviene mayormente la fuerza pública. La Fuerza Pública ha dependido y lo seguirá haciendo de los presupuestos que el Gobierno le asigna. Desde que se iniciara la lucha antidroga, con ayuda de los Estados Unidos y otros países, se están recibiendo aportes considerables que han permitido entre otras cosas que el problema no sea mayor, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que por ello se ha perdido autonomía. Si bien es cierto que la recepción de ayuda económica crea alguna forma de dependencia, no necesariamente tiene que maximizarse hoy por la ayuda que representa el Plan Colombia. Si el énfasis es hacia la erradicación de los enormes cultivos de coca, amapola y marihuana, como continuación de lo que se ha venido haciendo con la ayuda de otras naciones, y que se ha considerado insuficiente, nada indica que no seamos autónomos para la asignación de los recursos. Nadie sabe más que los miembros de la fuerza pública colombiana de lo que es la lucha contra las organizaciones del narcotráfico y nadie sabrá mejor que nosotros en donde hay que hacer énfasis en la colocación de los elementos y recursos para librar esa lucha definitiva. Que se requiera ayuda tecnológica y económica es apenas natural, pero sin que por ello crezcan los índices de la dependencia, tan marcados en otras áreas de nuestro desarrollo actual y potencial.

Las fases previstas para desarrollar las estrategias diseñadas parten de un esfuerzo judicial, policial y militar de rango bajo, apuntando al Putumayo y al sur, planeado por un año. Seguir a continuación con un esfuerzo judicial, policial, social y militar de rango medio, apuntando al sureste y a las partes centrales del país, planeado entre 2 y 3 años y finalmente extender los esfuerzos integrados a lo largo del país, entre 3 y 6 años. La duración nada más está indicando que la ejecución es larga y penosa, porque es con lucha, dura y cruenta porque habrá resistencia a no dudarlo. El objetivo inicial de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de traficantes, mediante esfuerzos integrales dirigidos por las fuerzas armadas, refleja de por si la necesidad de analizar, planear, reorganizar, entrenar y actuar autónomamente. Lo que se ha hecho no ha dado los resultados esperados por dos razones importantísimas: la obstaculización de las Farc en la erradicación de cultivos emprendida por la Policía Nacional y la limitación de recursos. Lo que se aspira a hacer ahora, con la intervención de las fuerzas militares, presupone la eliminación de los obstáculos causados por la guerrilla y el sostenimiento del esfuerzo presupuestal con la ayuda de países amigos.

Otras tareas inmensas del Estado paralelamente a las anteriores son reforzar y organizar el sistema judicial y combatir la corrupción, mejorando la fiscalía, las cortes, las defensorías y unidades de los derechos humanos. Fortalecer y capacitar los cuerpos técnicos de investigación, apoyar los grupos anticorrupción, reforzar el sistema carcelario, aplicar las leyes sobre la extradición y elaborar el reglamento para los procedimientos penales actuales llevados a cabo en audiencia pública. Todo hace parte de la integralidad requerida. Esa por la que clamamos a diario, esa que con ayuda de Norteamérica, Europa y Japón podrá ser una realidad si los colombianos de bien no se oponen. Será el Estado todavía más autónomo si logra desvertebrar el enorme aparato financiero que sostiene y retroalimenta a las guerrillas, los paramilitares y los carteles de la droga, como objetivo final de los esfuerzos mancomunados de los colombianos y la ayuda internacional.

M.E.M.: Si la pregunta se refiere a los recursos de cooperación internacional (no a los propios), es evidente que la cooperación internacional tiene ciertos condicionamientos, implícitos e incluso explícitos (vg. Derechos Humanos). Mucho más si se trata de cooperación que viene de una nación hegemónica tal como los Estados Unidos, sea para Colombia o para cualquier otro país del mundo. Estados Unidos es muy sensible en el tema de los cultivos y el tráfico de sicotrópicos, y desde hace muchos años la agenda de Washington los tiene como uno de sus puntos principales. Su política ha tratado de conducir la acción de los países contra el cultivo, el procesamiento y el tráfico de narcóticos y exigir resultados concretos en esa lucha. El mecanismo de la "descertificación" ha sido una de las presiones utilizadas para la consecución de resultados. No se puede entonces hablar de autonomía ni antes ni ahora. Ahora bien, es claro que el presidente Pastrana tiene también un interés grande en mostrar avances en la lucha contra el narcotráfico y el Plan Colombia representa esa preocupación. Algunos sectores de la opinión pública nos hemos atrevido a llamar la atención sobre la manera como se presentó el Plan Colombia. Creemos que lo más adecuado hubiese sido una discusión amplia en el país que permitiera llegar a un consenso nacional. Pero la discusión se empezó en el exterior y cuando ya había comenzado su trámite en el Congreso de los Estados Unidos. También nos ha preocupado el control minucioso que sobre todas las decisiones de recursos y de acciones tienen las distintas instancias del gobierno americano.

¿Cuáles son las principales implicaciones del Plan Colombia en relación con el desarrollo de las negociaciones de paz?

J.S.L: Negociar en medio del conflicto fue lo aceptado. Absurda, pero esa fue la idea que se le vendió a la guerrilla y a la dirigencia colombiana, o mejor, esa fue la idea que la guerrilla colombiana le vendió a los colombianos por cuanto así no perdían vigencia. Mientras "suenen los tiros" como decía Jacobo Arenas, se sabrá de la presencia de la guerrilla en el ámbito nacional. El silencio de las armas por una negociación o unos diálogos, en tanto es benéfico para la comunidad colombiana, no lo es para las formaciones guerrilleras. La guerrilla quieta se anquilosa, se anarquiza, se indisciplina y se disocia. Su vínculo de unión y su fuerza radican en la lucha, no en la calma. El desarrollo de las negociaciones muestra a unas Farc potentes y prepotentes. Lo primero porque soportan el esfuerzo bélico en las enormes ganancias del narcotráfico como ninguna guerrilla jámas lo hiciera. Prepotentes porque han demostrado y ejercido un poder intimidatorio con sus frentes de guerra actuando en los amplios espacios de la nación sin consideración ni respeto por la población civil inerme. El secuestro y la extorsión generalizados en campos y ciudades y ahora en vías, son un espectro demasiado aterrador para que no se tenga en cuenta por la comunidad civil. La potencia en el ejercicio de un poder destructivo como el que más y la prepotencia en las actitudes tiene su respaldo en la fuente financiera inagotable del narcotráfico, o más bien, en la interdicción de la amplia cadena del narcotráfico, que paga elevadas sumas en cada parte del extenso proceso de siembra, cuidado, recolección, procesamiento, embarque y venta del producto final.

Pero, ¿Qué tan inagotable es esa fuente de recursos financieros del narcotráfico? Depende de lo que queramos hacer. Si queremos seguir viviendo con el cáncer del narcotráfico incrustado en nuestra sociedad, será inagotable. Si queremos exterminar ese flagelo, dejará de ser inagotable: se extinguirá por la fuerza de la ley. Si para ello requerimos la ayuda internacional, habrá que acudir a ella y entre más pronto mejor. Que las Farc protesten y se opongan es apenas lo natural. Que se interrumpa el proceso de paz, temporal o indefinidamente, puede ser una alternativa dura para quienes hemos creído que las cosas al fin estaban tomando un buen rumbo. ¿En dónde esta la diferencia para la comunidad de Vigía del Fuerte? ¿En donde radica la diferencia para los habitantes de tantos y tantos pueblos destruidos por los cilindros de gas cargados de explosivos?

No será fácil para los colombianos aceptar la dura realidad de la continuación de la guerra por la guerra. A lo mejor no será fácil tampoco aceptar que se siga un proceso en donde los únicos que duermen en paz son los que se refugian con las armas en la mano en la zona de distensión, mientras el ciudadano común y corriente del resto del país duerme a sobresaltos o no duerme por temor al asalto, el secuestro, la extorsión o el asesinato aleve. No hay mucho realmente en donde escoger. Si para complacer a la guerrilla que en nada complace, tenemos que renunciar a los beneficios de un plan integral, imperfecto de pronto, pero integral en los beneficios sociales y económicos, tendiente a reducir las causas y manifestaciones de violencia, que busca fortalecer la participación civil y la conciencia colectiva, no vale la pena seguir viviendo esa clase de país que se nos ofrece.

¿Cuál es el panorama si se desarrollan las acciones previstas con la ayuda del Plan Colombia? Lenta, pero inexorablemente la guerrilla y los grupos paramilitares perderán la potencia necesaria para la lucha armada. Lenta pero seguramente se recuperará el control de campos y ciudades por el poder que emana de una justicia certera y rápida. Lenta pero finalmente podremos vivir en paz sin la constante amenaza de un secuestro en plena casa, o en una vía. Sin tener que temer los destrozos corporales por la explosión de un cilindro de gas lanzado sin dirección ni responsabilidad contra cualquier construcción oficial. No se puede dudar. La duda cuesta demasiado caro a la hora de las decisiones. Ahora o nunca, aunque para lo primero tengamos que tender la mano hacia la nación amiga.

M.E.M.: No es fácil hacer un análisis certero sobre las implicaciones de un componente (el Plan Colombia) sobre un proceso de paz como el colombiano, en el cual confluyen tan diversos actores y complejidades. Lo que si se puede inferir, es que el país ha estado exigiendo una modernización y especialización del Ejército colombiano y esto, obviamente, debe hacerlo con la ayuda de otros países. Nadie puede oponerse a que tengamos unas Fuerzas Armadas capaces, suficientemente equipadas, claramente dispuestas a defender el Estado. Es más, mucha gente piensa que ésta es precisamente una condición para acercarnos a la paz, porque si hay una capacidad disuasiva de parte del Estado puede darse una mayor disposición de la insurgencia a negociar. Todo el país anhela también la erradicación del narcotráfico que tanto daño ha causado.

Pero la preocupación de que sea peor el remedio que la enfermedad viene cuando se mira el territorio donde se va a efectuar y la manera como se va a actuar. La operación que se prevé se perfila como una acción militar a gran escala para erradicar cultivos, desmantelar laboratorios, atacar a los grupos que defienden estos procesos, cortar rutas de abastecimiento, detener colaboradores, etc. El resultado será una gran devastación de la zona, la represión y el desalojo de muchos habitantes de la región y una confrontación con los actores armados. Las operaciones se realizarán en los límites de la zona de distensión y en algún momento por la misma dinámica de la confrontación las acciones afectarán esta zona, lo que acarreará malestares en el proceso de paz que se adelanta. El temor entonces es que el plan sobre el Putumayo, en vez de golpear factores de violencia y ayudar a aplacar un poco la guerra, sirva para escalar el conflicto.

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia en papel

Gral (r) Juan Salcedo Lora y María Emma Mejía, « Opiniones sobre el Plan Colombia »,Revista de Estudios Sociales, 06 | 2000, 97-101.

Referencia electrónica

Gral (r) Juan Salcedo Lora y María Emma Mejía, « Opiniones sobre el Plan Colombia », Revista de Estudios Sociales [En línea], 06 | 01/05/2000, Publicado el 31 enero 2019, consultado el 21 octubre 2019. URL : http://journals.openedition.org/revestudsoc/29429

Inicio de página

Autores

Gral (r) Juan Salcedo Lora

Artículos del mismo autor

María Emma Mejía

Inicio de página

Derechos de autor

Licence Creative Commons
Los contenidos de la Revista de Estudios Sociales están editados bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.

Inicio de página
  • Logo DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • Logo Latindex
  • Logo Universidad de los Andes
  • OpenEdition Journals