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Dossier

Las negociaciones de paz y el papel de la Sociedad Civil

María Eugenia Querubín Londoño
p. 64-69
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1El Estado colombiano tiene una responsabilidad histórica e indelegable, en construir la paz, pero ello no será posible como consecuencia de una iniciativa exclusivamente gubernamental. Dada su complejidad, no podrá lograrse como resultado de una negociación exclusiva entre el Estado colombiano y la insurgencia alzada en armas, no sólo porque el problema no es únicamente militar: desde el principio fue económico, político y cultural, sino porque, especialmente en los últimos años, ha venido alcanzando el espacio público. Y no únicamente en el limitado y logrado campo de los medios de comunicación, sino que a cada momento crece el número y la calidad representativa de sectores de la sociedad civil que reconocen que el conflicto como tal, y sus eventuales soluciones, involucran directamente al conjunto de los estamentos y determinan el proyecto de sociedad que podamos construir hacia el futuro.

1. La sociedad civil y la creciente complejidad de las consideraciones de la paz

2Por esta ampliación creciente de quienes se interesan y concurren en el tema, se ha pasado rápidamente a superar la singularidad de la participación centrada en los gremios para incluir, en la reflexión y el examen de la problemática, tanto a grupos y miembros individuales con poder de los sectores económicos, como a organismos no gubernamentales y a movimientos incipientes de organizaciones de base que los sectores populares han venido conformando y consolidando autónomamente con reconocimiento como actores reales de la vida nacional. En el orden temático, el espectro de consideraciones -sin desconocer (al contrario redimensionando), el peso específico que tienen las componentes política y militar (junto con la económica y la social)- se ha venido haciendo más complejo para incluir, además de la conformación de una férrea voluntad de paz ampliamente compartida, la construcción de referentes que cubran aspectos tan fundamentales como la atención psicológica de los afectados diariamente por el conflicto y los efectos que el mismo tiene en la creación de los imaginarios de los ciudadanos colombianos hacia el futuro.

3De esta manera, a la par con problemas tan intensos como la extrema pobreza de amplios sectores de la población, la debilidad de nuestro sistema democrático y la fragilidad misma de la vida en medio de la guerra, se ha venido consolidando la emergencia de movimientos por la paz que con muchas dificultades y recelos intentan una nueva manera de concebir la convivencia y la solidaridad, y de hacerlas posibles; de debatir y entender el progreso en función del desarrollo humano sostenible; de buscar en el entorno social sus propias oportunidades de crecimiento y asumir un compromiso directo con la defensa de la vida, la superación de la miseria y la consolidación de la democracia.

4En gran medida por ese movimiento de muchos ciudadanos -a pesar de su incipiencia organizativa, teórica y política-, tanto por la extensión de su cubrimiento como por la creatividad y dinamización de sus métodos y prácticas, así como también por la cualificación y profundización de su responsabilidad social y política, es claro que la paz no se obtiene sólo con silenciar las armas: los acuerdos deben ir a las raíces mismas del problemas social y político para desactivar los factores que reproducen la violencia, construir mejores condiciones para la convivencia democrática y mayores oportunidades para la superación de la pobreza y para garantizar la permanencia de la convivencia social y política, y solidificar la cultura de manejo del conflicto por vías civilistas. Es por ello que se habla de nuestra guerra interna como un conflicto social y armado.

5Esta conciencia creciente sobre la necesidad de dar soluciones políticas y sociales al conflicto se ha venido consolidando en el nuevo contexto político en el país. El esquema de negociación basado en beneficios individuales de carácter económico o político ha fracasado. El proceso de reinserción que intentamos basado en: "crédito, beca y curul a cambio del fusil", no funciona. Hasta el momento, los procesos de negociación con la guerrilla en Colombia no han hecho más que reproducir y extender el conflicto. La mayoría de quienes dejaron las armas no lograron incorporarse plenamente a la vida civil: algunos viven en la ¡legalidad o en condiciones de exclusión económica y social y otros no pudieron realizar su vocación política y han sido perseguidos, amenazados o asesinados.

6Esos esquemas obedecieron a la interpretación gubernamental del proceso de negociación como la búsqueda de elementos que permitieran la desmovilización de quienes desde la subversión previamente habían decidido abandonar la guerra por libre voluntad o por derrota militar. Como es evidente actualmente, éste no es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se habla entonces, de negociación política para referirse a un proceso que requiere para su culminación una transformación profunda de las relaciones de poder y de convivencia como requisito para dejar las armas por parte de la insurgencia. Es ahí donde se ha hecho evidente la necesidad de la participación del conjunto de la sociedad civil en los procesos que aclimaten, faciliten, acompañen y lleven a la finalización del conflicto.

2. La constitución de la sociedad civil y las amenazas del entorno

7Esa participación, por lo demás ineludible, en la búsqueda de la renovación y del fortalecimiento de la democracia colombiana e imparable en la actual coyuntura, no es de ninguna manera una cuestión simple ni puede abocarse de manera mecánica o espontánea. Ella pasa necesariamente tanto por la dilucidación de los soportes teóricos y políticos de la constitución misma de la sociedad civil: de su composición, de sus funciones, de su autoconsideración e identidad, como por el tratamiento en su interior de los problemas que la compleja historia reciente de nuestra formación social ha introducido tanto en sus componentes (individuales y colectivos), como en los ámbitos sociales, culturales, intelectuales y políticos, en los cuales y desde los cuales, se puede dar la posibilidad de su conformación cierta.

8Como se ha ido evidenciando -a medida que se profundizan los complejos procesos que se dirigen a crear el ambiente para las conversaciones sobre el tratamiento del conflicto y se extiende la posibilidad de la participación y de la discusión en el espacio público por parte de la población-, el discurso colombiano sobre la paz utiliza de manera masiva el concepto de sociedad civil, sin que exista un deslinde conceptual ni práctico entre organizaciones sociales o cívicas o entre sociedad civil y sociedad política, etc. De hecho, por parte del creciente número de actores, indistintamente, se comparten espacios, procesos, acciones y estrategias. Y si en Maguncia a los comerciantes, profesores universitarios y periodistas (autodenominados los "representantes de la sociedad civil colombiana"), que inicialmente fueron a Alemania a hablar con los delegados del ELN y luego viajaron al alto de Paramillo para conversar con los paramilitares, los acompañaron el señor Procurador y uno que otro parlamentario, en las regiones y localidades rurales participan, como miembros activos de las mesas de trabajo por la paz, funcionarios públicos de diversa índole: delegados de la Defensoría del Pueblo, personeros municipales, jueces de paz, promotores de derechos humanos, funcionarios de reinserción, diputados y concejales.

9A toda la confusión, la incertidumbre y la debilidad de los procesos modernos de conformación de tejido social, y de comprensión y auscultamiento de la diversidad social propia de Colombia en este fin de siglo, se deben agregar hechos como el de que -como consecuencia de la complejidad que ha ido alcanzando el país y el mundo especialmente en las últimas décadas-, la sociedad civil colombiana alberga en su seno intereses muy variados. Estos, debido fundamentalmente al atraso de nuestra sociedad para darle salida a un manejo de tipo civilizado a los conflictos, han ido profundizando los enfrentamientos entre sectores sociales, desembocando casi siempre en luchas de poder que no descartan las mismas actuaciones delincuenciales. La monstruosa cantidad de homicidios individuales y colectivos, repetitivos y compulsivos, expresa la extensión de la utilización indiscriminada de la violencia a todos los niveles y sectores del complejo social, enrareciendo de esta manera el ámbito de formación y desarrollo de la misma sociedad civil, dado que involucra a todos los estamentos sociales.

10Como consecuencia de la extendida tendencia a tomar la justicia por la propia mano y del crecimiento de los grupos armados ilegales por todo el territorio nacional y de la impotencia del Estado para controlarlos, el país ha entrado en un proceso de fragmentación en el que la población ha tenido que aceptar las reglas de juego impuestas por los ejércitos privados. Por lo anterior, el sistema judicial se encuentra desbordado por una masa inconmensurable de actos delictivos que no logra ni de asomo procesar. La inmensa mayoría de los delitos queda a medio investigar; la impunidad no es la excepción sino la norma.

11Esto ha traído como consecuencia la privatización de la seguridad y de la administración de justicia en muchas regiones del territorio nacional alcanzando, aunque de manera bastante diversa y con desiguales grados de sistematización y de regularidad, a los centros urbanos. De igual manera, se ha impuesto la retaliación ciega como la medida de lo justo y la violencia arbitraria como la base del derecho. Se ha entrado en una dinámica de terrores y contra-terrores y en un escalamiento de la lógica de la guerra en la que es la población civil la que paga los costos más altos.

12Los desplazamientos masivos de población provocados por los grupos guerrilleros y paramilitares, que son eventualmente seguidos de repoblamientos selectivos del territorio que buscan garantizar el establecimiento de zonas seguras, en cada caso, para dichos grupos armados, han traído como consecuencia -en un práctica regresiva que nos retrotrae a los años cuarenta y cincuenta-, la imposición de la homogenización políticas de las regiones y la total exclusión (incluida la eliminación directa), de quienes no se avienen a reconocer como autoridad a quienes les han impuesto por la fuerza las reglas de juego. Dichos grupos se han convertido así en redes de poder local: entendidas como tales, grupos organizados que manejan instrumentos de fuerza, capaces de diseñar y desarrollar estrategias para adquirir y mantener dominio sobre territorios y poblaciones a través de la administración de dosis más o menos grandes de coacción y terror.

13En estas condiciones, las posibilidades de cooperación y de formación y mantenimiento de la confianza colectiva que constituyen el capital social básico e imprescindible tanto para construir sociedad civil como para que la vida en comunidad genere el desarrollo y la prosperidad, han sido reemplazadas, sobre todo en las zonas que están siendo disputadas por la fuerza de las armas, por la ley del silencio, la prevención mutua, el empobrecimiento de la actividad asociativa, la incomunicación, el refugio en la vida privada y la desconfianza generalizada. Esta situación trae consigo la caída de la inversión, la descapitalización física y humana de las regiones, las "desadministración" de los negocios y la caída del producto y del ingreso, por todo lo cual -además de impedirse el surgimiento y potenciación de la sociedad civil-, las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de la población se deterioran de manera progresiva. El empobrecimiento generalizado resultante contribuirá, a su vez, a exacerbar la disputa por el reparto violento del disminuido producto regional, en un proceso de retroalimentación de la violencia en el que los únicos indicadores que suben son los del crimen y el delito.

14Este entorno afecta tremendamente tanto a la formación de la sociedad civil -que es un producto social, ésto es, que hay que crearlo, y no un apareamiento "natural" o voluntarista-, como a su fortalecimiento; y, por tanto, a su capacidad para influir, de manera positiva y eficiente, procesos tan complicados y decisivos como el de la búsqueda y consolidación de la paz en nuestro país.

15Mientras no exista un monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y por el contrario sobrevivan patrones culturales que favorecen la justicia de propia mano y el enriquecimiento ilícito, conservaremos, sin duda, una sociedad civil débil, polarizada y violenta, inmersa en un contexto en el cual sectores importantes de la clase dominante seguirán pagando por su seguridad privada y, en muchos casos, su derecho a la impunidad y donde sectores populares numerosos continuarán, viviendo en la exclusión, la marginalidad y la ilegalidad.

3. El requerimiento de los acuerdos mínimos

16En este contexto, la conformación de las condiciones que permitan el desempeño propositivo y facilitador de la sociedad civil en el escenario de las conversaciones y eventuales diálogos y negociaciones del Estado con la insurgencia pasa por la creación, en su interior, de una cultura de la responsabilidad social y política. Esta debe facilitar tanto los procesos de acercamiento entre los diversos movimientos y organizaciones como la aclimatación del consenso y de la concertación. De un lado, para enfrentar y disminuir en sus comportamientos e intercambios los efectos de intolerancia y de la violencia; y, del otro, para pensar, formalizar, viabilizar y vehiculizar de manera democrática e inteligente las propuestas que tendrán que ser llevadas a las mesas de negociación.

  • 1 Existen múltiples espacios de convocatoria ciudadana para la búsqueda de la paz. Por razones de esp (...)

17En esta perspectiva, para las organizaciones de la sociedad civil es necesario establecer, antes de abocar directamente la interlocución con los protagonistas de los enfrentamientos, unos acuerdos mínimos sobre algunas temáticas que faciliten tanto el aglutinamiento de la ciudadanía organizada como la experiencia misma de la conversación y la discusión para construir propuestas de manera colectiva. De hecho, en la experiencia reciente de la Fundación Social con diversos colectivos1 -que han ido asumiendo la búsqueda de la paz como deber y derecho ciudadano y que reconocen la necesidad de impulsar el cumplimiento de Derecho Internacional Humanitario, DIH, durante el período de negociaciones-, se han ido perfilando estos temas que han permitido el avance en los niveles de compromiso y en la clarificación conceptual y política de los distintos procesos de paz que se adelantan en el país.

18Estos acuerdos mínimos se han ido alcanzando alrededor de las siguientes temáticas:

191. La violencia tiene como una de sus raíces el temor a lo diferente, a lo opuesto. El desconocimiento del otro nos llevar a resolver los conflictos por la vía de la aniquilación del adversario. El conflicto es parte natural de la dinámica social, debe ser reconocido como fuente de vida y no de destrucción y muerte.

202. Construir la paz es un imperativo ético y político que se deriva del reconocimiento de la vida y la dignidad humana como valores fundamentales. La paz se construye como fruto de la transparencia, de la verdad y de la justicia. La construcción de una paz integral está ligada a la resolución de los problemas sociales. El desarrollo con equidad es el nuevo nombre de la paz.

213. La solución pacífica de los conflictos encuentra en el diálogo su principal aliado. Por ello es indispensable defender la negociación y la concertación como procesos muy importantes para construir la paz.

224. La construcción de una sociedad democrática y civilizada tiene que rechazar toda forma de violencia deliberada: la confrontación armada, la tortura, la retención arbitraria de personas, las violaciones a los derechos humanos, las agresiones contra la población civil, la impunidad y la corrupción.

235. Es imperativo asumir que la vida, la honra y la integridad personal son derechos inviolables y defender, por sobre todo, el valor de la vida.

246. La paz debe ser un propósito nacional de todos los ciudadanos y debe comprometer al Estado más allá de la coyuntura de los diferentes gobiernos.

257. Dado que la violencia atraviesa desde la vida cotidiana y familiar hasta los espacios más públicos de actuación, la construcción de la paz tiene que tener una perspectiva integral.

4. Hacia una política permanente de paz: una propuesta desde la sociedad civil

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26En el marco de estas consideraciones y con el ánimo de contribuir tanto a la construcción de la sociedad civil como a la dilucidación de los papeles que ella tiene que jugar en los distintos escenarios en la búsqueda de la paz, se atendió a una convocatoria extendida por la Comisión de Conciliación Nacional en 1996. Esta iba dirigida a diversos sectores de la sociedad civil para que presentaran sus iniciativas y propuestas sobre cómo diseñar una política de Estado sobre la paz, de carácter permanente, que trascendiera las administraciones y que interpretara el anhelo de los colombianos. La Fundación Social elaboró un documento que fue debatido y enriquecido en el Grupo de Empresarios por la Paz2 cuya síntesis constituye un aporte a la discusión que, a nuestro juicio, debe adelantar la sociedad civil colombiana en torno a esta problemática.

27Los puntos más relevantes que se propone como marco de acción son los siguientes:

281. Se parte del convencimiento de que es necesario llegar a una verdadera convivencia democrática como requisito para lograr una sociedad en paz. Entre tanto todos los colombianos no reconozcamos que estamos viviendo una guerra, la paz estará lejos. Es muy importante comprender la complejidad del tema, para que a partir de allí en los respectivos espacios de vidas laborales, familiares y personales, nuestras decisiones tengan un marco más amplio.

292. Debe pensarse en una perspectiva de largo plazo, en la cual se participe activamente en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad en la que sea posible dirimir los conflictos sin destruirnos, respetar la diferencia, garantizar el ejercicio del pluralismo y hacer posible la vida digna para todos sin excepción.

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303. La dirigencia económica como constructora de paz, debe asumir su responsabilidad en la construcción de ese proyecto de sociedad. Jugar un papel de primera importancia en la consolidación de valores que permitan superar las causas estructurales de la pobreza3:

313.1. Con eficiencia, productividad y sustentabilidad, generar una nueva cultura empresarial;

323.2. Promover con la palabra y con el ejemplo el respeto por la legalidad, por el Estado de Derecho y por la igualdad de oportunidades económicas y políticas para todos los colombianos.

333.3. Aportar soluciones efectivas a los futuros procesos de incorporación plena a la vida civil de quienes dejan las armas.

344. Es indispensable hacer posible el respaldo de la ley para garantizar los derechos y cumplir los deberes, fortalecer la justicia y su funcionamiento efectivo, suprimir la impunidad y penalizar en forma drástica la corrupción.

355. Se requiere reorganizar la utilización del territorio nacional para lograr construir una patria que brinde albergue humano a todos sus hijos. Declarar la extinción de dominio sobre los latifundios adquiridos mediante enriquecimiento ilícito y adelantar la reforma agraria dentro de la frontera agrícola. Hallar, con apoyo internacional, alternativas para los cultivos ilícitos, que preserven los ecosistemas frágiles y protejan a los pequeños cultivadores.

366. Es necesario impulsar un desarrollo regional ampliamente concertado, para expandir el capital social de las regiones mediante un proceso en el cual los pobladores asuman el control sobre la construcción de lo público.

377. Para hacer de la paz un propósito permanente es indispensable comprometer nuestra voluntad política en la construcción de un espacio público para tramitar conflictos y generar valores de convivencia. Potenciar la educación como eje del desarrollo humano, económico y cultural de la nación.

388. Hay que ofrecer a los jóvenes de los barrios populares de las ciudades condiciones para su pleno desarrollo humano y productivo y oportunidades de incorporación, con iniciativa y poder, a la vida ciudadana.

399. Se tiene que garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las poblaciones desplazadas para que mediante el retorno voluntario o el reasentamiento inicien una vida con dignidad y en paz.

4010. Mantener, desarrollar y hacer cumplir como pacto de paz, la Constitución de 1991, en sus principios fundamentales de equilibrio de poderes, participación ciudadana y pluralismo político.

4111. Garantizar el derecho a la seguridad ciudadana para todos, el derecho a la neutralidad para la población civil y el monopolio de la fuerza para el Estado. Rechazar todas las formas de organización que polarizan y enfrentan a los ciudadanos. Exigir el respeto por el D.I.H.

4212. Buscar una reconciliación auténtica sin vencedores ni vencidos. Rechazar la guerra y exigir una solución política al conflicto armado, con plenas garantías para la incorporación digna de los desmovilizados a la vida civil y para el ejercicio de la oposición política legal.

43De otra parte, sobre la necesidad de una Convención Nacional, o una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política, el debate se presenta en torno a tres aspectos fundamentales:

44a) Democratización política: superar las violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la corrupción a través de reformas profundas de la fuerza pública, la administración de justicia y el régimen político;

45b) Modificación de la estructura agraria y protección del medio ambiente: conservación de los recursos naturales con reforma agraria y desarrollo regional para obtener un nuevo reordenamiento territorial, con redistribución del poder local, de la propiedad y el uso de la tierra.

46c) Democratización económica: definir un nuevo modelo de desarrollo con mayores oportunidades para generar empleo digno y productivo, controlar los monopolios y democratizar el acceso a los medios de producción.

47Lo anterior, sobre la base de hacer realidad el Estado social de derecho consagrado en la Constitución y que implica conservar, aplicar y desarrollar los principios de la democracia participativa y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, por tanto, implica, en algunos casos, suprimir las normas vigentes que los mutilan y proponer desarrollos legislativos en aquellos que no han sido objeto de reglamentación como jueces de paz, promotores de derechos humanos, funcionarios de reinserción, diputados y concejales.

5. A manera de conclusión: perfil del rol de la sociedad civil en las negociaciones

48En relación con la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación podemos concluir:

491. Es necesaria la participación de la sociedad civil en la elaboración de propuestas de política nacional permanente de paz, que trasciendan los gobiernos y que comprometan en su aplicación a diversos sectores sociales, dentro de una perspectiva de paz integral en un proceso de largo plazo.

502. Es importante la elaboración de una agenda de paz de la sociedad civil para el proceso de negociación, con puntos o propuestas específicas sobre las reformas indispensables para superar el conflicto armado, que puedan ser consideradas en la mesa de negociación, en el momento y por el procedimiento que las partes decidan.

513. Serán de gran utilidad para el proceso, sus servicios como facilitadora, mediadora y veedora de los acuerdos. Así como también para hacer efectivo el control ciudadano sobre la aplicación del DIH y el cumplimiento de los compromisos internacionales. Para exigir a los partidos políticos transparencia y coherencia y para apoyar las iniciativas gubernamentales de paz.

524. Por último, pero no por ello menos importante, la participación de la sociedad civil es fundamental para lograr que el nuevo pacto de paz no se limite a formalizar una redistribución del poder entre los actores armados y que, por el contrario, exprese y materialice la voluntad de superar la exclusión mediante compromisos concretos sobre cómo generar una nueva institucionalidad para la convivencia pacífica entre todos los colombianos.

535. Corresponde a la sociedad civil generar, difundir y consolidar nuevos valores ciudadanos relacionados con el respeto a la diferencia, las soluciones concertadas, la ampliación de oportunidades, la seriedad en el cumplimiento de los compromisos. Promover con la palabra y el ejemplo el respeto por el Estado Social de Derecho para contribuir de manera efectiva a deslegitimar la violencia como forma de hacer política.

54En fin, como sociedad civil a todos nos toca tomar conciencia de la guerra, desarmar nuestros espíritus, abrirnos a soluciones novedosas, ser creativos y proactivos y sobre todo aunarnos como una fuerza social que puede, con voz legítima y potente exigir que no haya más muerte, violencia o destrucción.

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Notas

1 Existen múltiples espacios de convocatoria ciudadana para la búsqueda de la paz. Por razones de espacio, acá mencionamos sólo aquellos con los cuales la Fundación Social tiene una relación directa en torno a esta temática: La Comisión de Conciliación Nacional, El Consejo Nacional de Paz, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz), el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, el Comité de Búsqueda de la Paz, la Comisión de Conciliación Nacional, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Frente Social Amplio por la Vida y contra la Impunidad.

2 Esta es una iniciativa empresarial que se enmarca en un nuevo enfoque de responsabilidad social. El grupo es un espacio amplio de convocatoria a empresarios para aclimatar él tema de la paz. Es una invitación para cualificar la opinión, conversar e intercambiar posiciones. Es convocado y liderado por la Fundación Social. En el grupo participan alrededor de 75 personas: además de quienes gerencian las empresas de la Fundación, como el Banco Caja Social, Colmena, etc., participan representantes de gremios como Asobancaria, Colfecar, Andi, Acopi, Asoexport, SAC, Proban, Cámara de Comercio Colombo Japonesa; de más de 20 empresas tales como Mazda, Tipiel, Suramericana, El Espectador, Danaranjo, Sekuritas, Incorbank, Oikos; de Corporaciones como Financiera del Valle, y algunos profesionales destacados en el sector empresarial y en la academia. A lo largo de tres años el grupo ha tenido 26 reuniones, en las cuales se buscó compartir diferentes opiniones respecto a la guerra y a la construcción de la paz.

3 En la experiencia de Empresarios por la Paz ha ¡do quedando claro que] para hacer aportes sustantivos se tienen que enfrentar retos tan importantes como los siguientes: ampliar la convocatoria actual para lograr que la voluntad de paz se generalice entre los sectores con poder) mayor capacidad económica; consolidar el trabajo realizado impulsando, dentro de las empresas que participan en el grupo, un compromiso real a| diferentes niveles; definir prioridades de acción que le permitan incidir positivamente en la búsqueda de una salida política al conflicto armado; actuar de manera clara y contundente en defensa de la vida y contra la escalada de la guerra, con acciones cotidianas que apoyen la labor de la Comisión de Conciliación y garanticen neutralidad frente a los actores armados; contribuir a que la dirigencia empresarial asuma el papel de liderazgo que le corresponde y sea consciente de su real responsabilidad social en la construcción de una patria más digna, justa y pacífica.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

María Eugenia Querubín Londoño, « Las negociaciones de paz y el papel de la Sociedad Civil »,Revista de Estudios Sociales, 2 | 1998, 64-69.

Referencia electrónica

María Eugenia Querubín Londoño, « Las negociaciones de paz y el papel de la Sociedad Civil », Revista de Estudios Sociales [En línea], 2 | 1998, Publicado el 08 marzo 2019, consultado el 27 septiembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/revestudsoc/30982

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Autor

María Eugenia Querubín Londoño

Vicepresidenta de Desarrollo Fundación Social

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Derechos de autor

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