1Desde el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19 en marzo de 2020 hasta comienzos de 2021, cuando se encontraba en pleno curso, el poblado altiplánico de Colchane, ubicado en la frontera entre Chile y Bolivia (3 702 m. s. n. m.), fue escenario de un masivo ingreso irregular de personas migrantes, en especial de origen venezolano (Stefoni et al. 2021; Tapia et al. 2021). Entre ellas, mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas que, tras semanas de recorrer largas rutas en buses y a pie desde distintos países de América Latina, afrontaron no solo las extremas condiciones climáticas del altiplano, sino también la incertidumbre sobre su recepción en territorio chileno (Tapia Ladino y Quinteros Rojas 2023). En este contexto, los agentes responsables del control fronterizo (carabineros, militares y policías) se convirtieron en los actores encargados de dar una primera respuesta al creciente ingreso de personas por paso no habilitado, más allá de los cierres de frontera declarados oficialmente.
2A partir de lo anterior, este artículo explora los dilemas morales que enfrentaron los agentes de control fronterizo en el ejercicio de sus funciones durante este periodo crítico. En particular, nos interesa comprender cómo estos funcionarios gestionaron la tensión entre el mandato de controlar la frontera y el imperativo de proteger a personas en situación de extrema vulnerabilidad. De esta manera, el análisis se enmarca en una creciente literatura que problematiza la intersección entre migración, seguridad y humanitarismo, especialmente en contextos donde los dispositivos estatales se ven forzados a responder con urgencia a fenómenos complejos (Aliverti 2020; Fassin 2016; Ticktin 2011).
3La pregunta que orientó este estudio se centró en cómo los agentes de control fronterizo enfrentaron y gestionaron los dilemas morales derivados de su deber de controlar (e impedir) los ingresos irregulares y el imperativo de prestar ayuda humanitaria en un contexto de intensificación de este tipo de entradas. De este modo, el trabajo busca aportar una comprensión más amplia respecto del paradigma denominado humanitarismo, explorando cómo los actores estatales chilenos asentados en la frontera norte de Chile movilizaron valores, afectos y racionalidades éticas en el contexto de la pandemia. De tal manera, no solo proponemos una lectura situada, sino que además argumentamos en favor de la tesis que sostiene que un humanitarismo entendido desde abajo (humanitarianism from below) permite observar las praxis humanitarias que se elaboran en el terreno a partir de una ética de la solidaridad que se inclina por brindar apoyo informal a otros seres humanos que sufren (Aliverti et al. 2025, 3).
4Para efectos de lo anterior, hemos organizado el artículo de la siguiente manera: primero, presentamos el contexto regional en que se produjo el aumento de los ingresos irregulares en la frontera chileno-boliviana durante la pandemia de covid-19 y sus rasgos generales. Luego, presentamos el marco teórico que articula los conceptos de securitización, dilemas morales y humanitarismo. Posteriormente, analizamos tres dimensiones principales que emergieron del trabajo de campo: i) la improvisación humanitaria ante la ausencia estatal, ii) la reorganización del control fronterizo y su impacto en el trabajo cotidiano de los agentes de control y iii) los dilemas morales que tuvieron que enfrentar tales agentes en el marco de su deber de proteger las fronteras. Finalmente, reflexionamos sobre las implicancias de estos hallazgos para los debates sobre gobernanza migratoria.
5Antes de la pandemia, ya se observaban cambios en los patrones migratorios globales, especialmente con el auge de la movilidad mixta, entendida como una forma de movilidad que combina desplazamientos forzados y necesidades de protección en destino (McAuliffe y Triandafyllidou 2022). Aunque la pandemia redujo las migraciones en alrededor de dos millones de personas a nivel global (Triandafyllidou 2024), no las detuvo, sino que las volvió más precarias y peligrosas, en tanto implicó un reforzamiento de las políticas restrictivas de la movilidad y mayores obstáculos para el acceso a derechos (Baas y Schiller 2024).
6En particular, la migración venezolana se consolidó en 2021 como el mayor flujo de América Latina, con más de 5,6 millones de desplazados, cuyo tercer país de destino, tras Colombia y Perú, fue Chile (Cepal 2022). A diferencia de los migrantes venezolanos que arribaron al país previo a la pandemia, que solían compartir el rasgo de gozar de cierta estabilidad económica, quienes ingresaron durante la emergencia se caracterizaban por una mayor vulnerabilidad y por realizar una ruta en condiciones extremas, cruzando diversas fronteras y pasos no habilitados tras varias semanas de caminata (Stefoni y Contreras 2022). Según Ramos y Tapia Ladino (2024), buena parte de este grupo de personas ingresó a Chile por la frontera norte, especialmente por la localidad de Colchane.
7El extremo norte chileno debe entenderse a la luz de las relaciones históricas del país con el Estado Plurinacional de Bolivia, marcadas por la guerra del Pacífico y la ausencia de relaciones diplomáticas desde 1978 (Ovando Santana y González Miranda 2012). Aunque en los años noventa se avanzó hacia la cooperación económica (Ovando Santana et al. 2020), las tensiones resurgieron tras la demanda boliviana en La Haya (Correa Vera y Vera Veja 2016), lo que dificultó la coordinación fronteriza con Chile antes de la pandemia.
Figura 1. Geografía fronteriza: pasos habilitados y no habilitados más transitados en el Norte Grande de Chile
Fuente: Ramos y Tapia Ladino (2024).
8Además, el norte chileno, históricamente considerado un espacio periférico (Núñez 2012; Ovando S. et al. 2021), ha sido objeto de una creciente securitización de sus fronteras en la actual centuria. Bajo una tradición geopolítica que asocia las fronteras al interés nacional (Correa 2013; Ovando et al. 2020), la zona se posicionó como un territorio vulnerable ante amenazas como el narcotráfico y, con ello, se implementaron sucesivos planes de seguridad fronteriza: el Plan Frontera Norte (2011-2014), el Plan Nacional Contra el Narcotráfico (2014-2028) y el Plan Frontera Segura (2018-2022). Todos estos planes reforzaron el control fronterizo mediante inversión tecnológica, coordinación interagencial y nuevas restricciones migratorias (García Pinzón 2015; Ramos Rodríguez y Tapia Ladino 2019; Ramos y Tapia Ladino 2024).
9Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta sanitaria el 11 de marzo de 2020, Perú, Chile y Bolivia cerraron sus fronteras terrestres entre el 16 y el 26 del mismo mes y permitieron únicamente la entrada de nacionales y residentes permanentes. Estas restricciones, sin embargo, no detuvieron la movilidad humana, más bien desplazaron los flujos hacia rutas más riesgosas (Domenech 2020), en algunos casos, controladas por redes criminales (Bravo Acevedo 2024; García 2024). Como detallaremos más adelante, durante la pandemia y con la implementación de un plan de control denominado el Plan Colchane (2021) se intensificó la presencia militar, se reparó la zanja construida en 2017 —esta vez para frenar el ingreso irregular— (De Marchi y Alvites 2022), se agilizaron las expulsiones administrativas (Stefoni et al. 2023), así como se performativizó el control a través de expulsiones colectivas (Dufraix-Tapia et al. 2025). Además, se promulgó el Decreto 265 (Ministerio de Defensa Nacional 2019), que amplió las facultades de control de las Fuerzas Armadas en colaboración con las policías a partir del apoyo logístico y tecnológico, limitado a tareas de vigilancia y soporte, pero sin facultades directas de control.
10En este contexto, la región de Tarapacá registró un incremento histórico de ingresos irregulares, en particular entre 2020 y 2021, cuando más de 90 mil personas cruzaron por pasos no habilitados (INE 2024). La saturación de servicios locales, las restricciones de movilidad interna y un clima creciente de xenofobia en ciudades del norte, como Iquique (Díaz y Stefoni 2023; Tapia Ladino y Quinteros Rojas 2023), configuraron un escenario crítico. En medio de tales circunstancias, los agentes encargados del control migratorio se enfrentaron a escenarios excepcionales en los que sus roles institucionales colisionaron con necesidades urgentes de protección.
11Desde fines del siglo XX, los estudios fronterizos han experimentado un desplazamiento significativo desde enfoques centrados en la frontera como línea de delimitación territorial hacia perspectivas que la comprenden como un proceso dinámico, multiescalar y socialmente producido que no conforma un “subcampo científico unificado” (Brunet-Jailly 2004, 2). Si bien los abordajes clásicos privilegiaron la dimensión geopolítica y cartográfica —entendida como expresión de la soberanía estatal y del orden internacional—, esta aproximación no puede reducirse a una visión simplista, pues respondió a un interés analítico por comprender la organización espacial del poder y sus efectos territoriales (Laine 2015, 2017). En las últimas décadas, este campo se ha reconfigurado a partir de enfoques que conceptualizan las fronteras como cierre, apertura, filtro e interacción, y que enfatizan su carácter relacional, procesual y conflictivo (Paasi 2021). En esta línea, propuestas como la de paisajes fronterizos han permitido pensar las fronteras como espacios de disputa, experiencia y significación, donde se articulan diversas formas de poder, movilidad y resistencia (Brambilla y Jones 2020). De hecho, hoy las fronteras se ven como “como un espacio epistémico y una lente para examinar los procesos y prácticas de delimitación y alteridad, desfronterización y refronterización, que se extienden mucho más allá de las líneas fronterizas” (Whalther et al. 2023, s. p.).
12En efecto, hoy vemos cómo las fronteras se constituyen en regímenes sociales y políticos que producen jerarquías de movilidad, legitimidad y ciudadanía con un fuerte contenido de seguridad (De Genova 2013; Mezzadra y Neilson 2017). Así, identificamos la securitización de las fronteras como campo de estudio propicio para definir las dinámicas de control y regulación de la movilidad humana (Mendiola 2024). En este sentido, la securitización consiste en una multiplicidad de prácticas desplegadas por diversos actores, profesionales y técnicos que incluye desde el discurso (actos de habla) (Walters 2010), restricciones de ingresos a través de la imposición de visados y fortalecimiento de las fronteras (vallas, drones, tecnologías), hasta la militarización y extensión del control migratorio más allá del límite (Artola 2005; Joiko 2023; Pereira y Domenech 2021). Ello en el marco de lo que se ha llamado una lógica crisificadora de la migración (Estrada Villaseñor 2026), es decir, un proceso mediante el cual la movilidad se construye como una situación excepcional que legitima intervenciones extraordinarias. Desde esta perspectiva, la “crisis migratoria” se configura como una forma de problematización que reorganiza la gobernanza de la movilidad y contribuye a consolidar el desplazamiento desde un modelo gerencial hacia un esquema crecientemente punitivo, orientado a la exclusión y al endurecimiento del control (Estrada Villaseñor 2026).
13Los estudios que abordan las reacciones o la gestión de los dispositivos de control en Europa antes y durante la pandemia señalan que las condiciones del contexto posicionaron a los agentes en un escenario en el que se enfrentaban el deber institucional y la conciencia personal, todo lo cual ocurría en un contexto de incertidumbre y tensión institucional (Aliverti et al. 2025; Bosworth y Kellezzi 2017; Van der Woude y Van der Leun 2015). Es decir, atendemos a que los dilemas morales emergen en procesos situados, en contextos de urgencia, como el descrito, cuando las respuestas no pueden resolverse de manera automática con las disposiciones morales habituales. Es lo que Zigon (2007) llama colapso moral (moral breakdown). Cuando, por ejemplo, el sujeto se ve confrontado con una demanda ética que lo obliga a deliberar, sentir, narrar o decidir de manera consciente cómo actuar, es la “necesidad de considerar o razonar conscientemente sobre lo que uno debe hacer, [que] solo surge en momentos que nos sacan de la cotidianidad de ser moral” (Zigon 2007, 134).
14Aliverti (2020) conceptualiza estas dinámicas como tensiones morales, entendidas como conflictos éticos que emergen cuando los agentes policiales enfrentan demandas contrapuestas entre la aplicación punitiva de la ley y la protección humanitaria. Estas tensiones se manifiestan en decisiones operativas concretas —como arrestar, detener o deportar— que involucran a personas en situación de extrema precariedad, lo que puede entrar en contradicción con sus percepciones de justicia, compasión y deber profesional. En el marco de la gobernanza humanitaria (Fassin 2016), que articula el control con justificaciones compasivas, la noción de vulnerabilidad opera de manera simultánea como umbral de protección y de exclusión, a la vez que intensifica estas ambivalencias, lo que da lugar a lo que la autora denomina una crisis moral. En este sentido, los dilemas morales se convierten en experiencias de quiebre ético (Zigon 2007) que implican una reconfiguración situada del juicio moral, lo que permite superar lecturas simplistas en términos de “buenos” o “malos” agentes.
15De este modo, los agentes encargados del control migratorio no actúan únicamente como ejecutores de normas, sino que elaboran narrativas que justifican, matizan o cuestionan sus decisiones, apelando a valores como el deber, la compasión, la responsabilidad o el profesionalismo (Aliverti 2020; Aliverti y Tawfic 2025). Este enfoque se complementa con la noción de humanitarismo desde abajo (Aliverti et al. 2025), que refiere a formas de respuesta al sufrimiento en contextos de ambigüedad normativa que son espontáneas, no institucionalizadas y a menudo contradictorias. Lejos de constituir un humanitarismo formal, estas prácticas se construyen en el terreno, con recursos limitados, y evidencian tanto los vacíos de las políticas públicas como los márgenes de agencia de quienes operan en estos dispositivos.
16En una línea similar, la criminología de fronteras ha advertido que el control migratorio puede comprenderse como un conjunto de prácticas implementadas en contextos específicos donde los agentes estatales no se limitan a aplicar normas, sino que toman decisiones en situaciones concretas bajo condiciones de ambigüedad normativa y presión institucional (Bosworth 2016). Estas decisiones, que pueden entenderse como decisiones situadas, implican la movilización de juicios prácticos, valoraciones morales y evaluaciones contextuales en el ejercicio cotidiano del control. Esto se aprecia en los centros de detención de migrantes en el Reino Unido, espacios en los que no solo se busca gestionar la movilidad, sino también producir orden a través del confinamiento, lo cual genera condiciones estructurales de incertidumbre que impactan tanto en las personas detenidas como en los agentes encargados de su implementación (Bosworth 2016). Allí los agentes de control en ocasiones se encuentran en la posición de ejecutar decisiones tomadas sin las salvaguardas legales del debido proceso, lo que les produce tensiones éticas porque saben que estas personas no han cometido delitos. Como ellos mismos dicen, actúan como “trabajadores sociales” (Bosworth 2016, 6). Por su parte, los estudios de crimigración (crimmigration), es decir, los que vinculan el control de la criminalidad y el de la inmigración, indican que el control migratorio se caracteriza por un alto grado de discrecionalidad, que permite a los agentes tomar decisiones en función de casos concretos y contextos específicos (Van der Woude y Van Berlo 2015). En este sentido, la crimigración también propone que se trata de decisiones situadas, en tanto responden a un contexto y situaciones específicas que implican la movilización de juicios prácticos en escenarios de ambigüedad normativa.
17En América Latina y el Caribe, el giro securitario se desarrolló de forma progresiva previo a la pandemia (Domenech 2017), sin embargo, se profundizó durante su desarrollo, cuando las fronteras se reforzaron en nombre de la salud pública (Lara-Valencia y García-Pérez 2021). De esta manera, se incluyó la dimensión sanitaria fundamentada en la idea de generar movilidades inmunizadas (Basualdo 2023), con efectos diferenciados según la nacionalidad, clase o racialización de los sujetos en tránsito. Así, las políticas migratorias adoptaron un carácter excepcionalista, combinando dispositivos punitivos (como expulsiones administrativas y militarización) con medidas de asistencia focalizadas en poblaciones vulnerables (Dufraix-Tapia et al. 2025; Stefoni et al. 2023). Esta coexistencia de control y ayuda dieron lugar a una forma de humanitarismo “con rostro humano” (Domenech 2013, s. p.), en el que los principios de protección, con frecuencia, se subordinaron a criterios de gestión del riesgo y la gobernabilidad (Fassin 2016; Ticktin 2011).
18Desde esta perspectiva, analizamos a los agentes chilenos en la frontera con Bolivia en un espacio donde confluyen tres lógicas: la lógica del control securitizado, la lógica del deber ético personal y la necesidad de socorrer. A nuestro juicio, las tensiones entre estas lógicas, más que anecdóticas o excepcionales, son estructurales y se manifiestan en decisiones situadas que interpelan a los agentes tanto en la dimensión profesional como en la subjetiva. Este análisis nos permite ampliar la comprensión de los regímenes fronterizos no solo como tecnologías de exclusión, sino también como espacios en tensión donde se negocia, se disputa y a veces se subvierten las formas legítimas de tratar al otro.
19Pues bien, a partir del trabajo de campo realizado en las localidades fronterizas de Colchane, emergieron tres ejes de análisis que permiten comprender cómo los agentes de control fronterizo enfrentaron sus dilemas morales en la práctica cotidiana: (i) la respuesta espontánea humanitaria ante la ausencia estatal, (ii) la reorganización del control como respuesta securitaria y (iii) la moralidad práctica en la experiencia del agente.
20Se adoptó un diseño cualitativo articulado en torno a entrevistas semiestructuradas y observación etnográfica no participante. Dado que la unidad analítica son las decisiones situadas, los juicios prácticos y los registros morales que los agentes movilizan en su trabajo cotidiano (Aliverti 2020; Bosworth 2016; Zigon 2007), se privilegió un acercamiento centrado en la perspectiva del actor, capaz de acceder a las narrativas con que los funcionarios reconstruyen, justifican y problematizan sus prácticas. La entrevista semiestructurada resulta especialmente productiva en zonas de ambigüedad normativa, donde los marcos institucionales no agotan la experiencia del agente (Brinkmann 2018; Galletta 2013). Por su parte, la etnografía aporta el anclaje contextual para situar esos relatos en los espacios materiales del control fronterizo (Hammersley y Atkinson 2019). El trabajo de campo se desarrolló entre agosto y diciembre de 2023.
21El acceso al campo se gestionó mediante solicitud formal de autorización institucional al Ejército de Chile y a Carabineros de Chile, justificado por el anclaje regional del equipo en la Universidad de Tarapacá. Se aplicó un muestreo intencionado (Patton 2015), cuyo criterio principal de inclusión fue que el agente hubiera participado en operaciones de control fronterizo en la región de Tarapacá, en particular en Colchane, durante 2020-2021, con al menos un año de servicio efectivo en la frontera.
22Se realizaron 22 entrevistas presenciales, todas grabadas y transcritas íntegramente, de las cuales quince se hicieron a personal del Ejército y siete a funcionarios de Carabineros. Geográficamente, los encuentros se distribuyeron entre Colchane, Pozo Almonte e Iquique. Es relevante precisar que los agentes contactados en Iquique y Pozo Almonte habían trabajado en operaciones fronterizas en Colchane en el periodo de interés. Sus relatos refieren, por tanto, a la misma experiencia operativa que a la de los entrevistados en zona fronteriza, lo que justifica una lectura agregada del corpus. La pauta semiestructurada organizó la conversación en torno a diez ejes que cubrieron desde trayectoria personal y profesional del agente hasta su función operativa; el impacto de la pandemia en el trabajo diario; los retos profesionales, emocionales y logísticos enfrentados; las estrategias de afrontamiento; el apoyo institucional percibido; y las metas profesionales.
23El componente etnográfico complementó las entrevistas mediante observación no participante en los espacios donde se materializó el trabajo cotidiano del control fronterizo: el paso de Colchane, con dos visitas al límite internacional, unidades policiales y militares de la región y dependencias administrativas en Iquique. El registro se sistematizó en un diario de campo (Emerson et al. 2011) que consignó interacciones, dinámicas espaciales, elementos materiales del dispositivo fronterizo, de manera que sirvió como soporte interpretativo para el análisis posterior de las entrevistas.
24El procesamiento del material se realizó mediante codificación temática (Braun y Clarke 2006), asistida con NVivo, organizada a partir de categorías analíticas a priori derivadas de la pauta de entrevista y marco teórico. Estas categorías se complementaron con subcódigos emergentes (Saldaña 2021) que permitieron identificar las tres dimensiones que estructuran nuestros hallazgos.
25Para robustecer la consistencia interpretativa, el análisis incorporó una triangulación (Flick 2018) en tres planos: interinstitucional, contrastando sistemáticamente las narrativas de carabineros y ejército, lo que permitió identificar coincidencias en la experiencia del dilema moral más allá de las particularidades doctrinarias de cada institución; territorial, comparando los relatos según localidad de despliegue; y documental, mediante el contraste con fuentes secundarias como, por ejemplo, prensa nacional y regional, informes institucionales y normativas del periodo.
26La investigación se ajustó al protocolo aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Warwick (Reino Unido). Cada participante firmó un consentimiento informado escrito que detallaba los objetivos del estudio, el carácter voluntario de la participación, el derecho a retirarse sin necesidad de justificación hasta tres meses después de la entrevista, las condiciones de grabación y los usos previstos de la información. Las grabaciones y transcripciones se almacenaron en un repositorio digital institucional alojado por la Universidad de Warwick, con acceso restringido al equipo de investigación. Atendiendo a la sensibilidad del material, en tanto los relatos pueden referir a prácticas operativas desarrolladas en zonas de ambigüedad normativa, se adoptaron resguardos adicionales: identificación de los entrevistados mediante códigos numéricos que omiten unidad, rango, género y destinación cuando su mención pudiera comprometer la trazabilidad del informante, y omisión deliberada de detalles narrativos susceptibles de exponer a los participantes a consecuencias institucionales. Estas medidas se asumen como consustanciales al compromiso ético del estudio con sujetos cuya posición funcionaria los expone simultáneamente a la mirada institucional y a la observación pública.
27Como señalamos más arriba, durante los primeros meses de la pandemia, el paso fronterizo de Colchane se consolidó como el principal punto de ingreso irregular a Chile (SJM 2023). El cierre formal de fronteras no impidió la llegada de personas migrantes —principalmente de nacionalidad venezolana—, lo que se reflejó en el incremento de ingresos por pasos no habilitados, sobre todo en la región de Tarapacá, ubicada en el altiplano andino (Tapia Ladino y Quinteros Rojas 2023). De hecho, tras el cierre del complejo fronterizo comenzó a registrarse un alza constante del ingreso irregular hasta fines de 2020, pero fue durante el verano chileno de 2021 cuando se registró la mayor cantidad de entradas diarias, con más 1 000 casos por jornada (Leal y del Castillo 2021). Esta situación generó una sobrecarga en el pequeño pueblo de Colchane, cuya población aproximada es de 1 700 habitantes —según datos censales de 2017, pero viven allí poco más de 400 personas de manera efectiva (Leal y del Castillo 2021)— y que carece de infraestructura para recibir un número tan elevado de personas. Los migrantes llegaban procedentes de Oruro (Bolivia) en pequeños buses hasta Pisiga Bolívar y, luego, cruzaban a pie la frontera chileno- boliviana, regularmente por el costado del control oficial. Una vez en territorio chileno, debían realizar una autodenuncia —o declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía— trámite tras el cual se les emitía la tarjeta de extranjero infractor (Andrade- Moreno y Cociña-Cholaky 2024).
28Durante la pandemia, y en el marco del refuerzo de la seguridad fronteriza, el Ministerio del Interior trasladó la gestión del control migratorio a Carabineros de Chile en las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota. Posteriormente, debían cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la falta de refugios en Colchane e Iquique, sumada a la inacción de las autoridades locales para responder a la llegada masiva de personas, hizo que la situación produjera un cuello de botella y se volviera cada día más insostenible. Además, el traslado desde Colchane hacia Iquique —ubicada a 237 km de distancia— se vio ralentizado por la saturación de las residencias sanitarias donde los migrantes debían cumplir las cuarentenas obligatorias (Dufraix-Tapia et al. 2025; Tapia Ladino y Quintero Rojas 2023).
29La falta de capacidad para gestionar la llegada masiva de personas extranjeras provocó el colapso del pueblo de Colchane (Tapia et al. 2021; Verdejo 2021). Esta situación, sin precedentes, fue percibida por los agentes de control fronterizo, en especial aquellos de Carabineros de Chile, con una sensación de sorpresa e incertidumbre. Los entrevistados coincidieron en señalar que no existía preparación institucional para enfrentar este fenómeno y que fueron las unidades de Carabineros y del Ejército quienes debieron responder improvisadamente ante la congestión:
Fue un golpe, o sea, fue una aglomeración de personas de la noche a la mañana. Un cambio totalmente a lo que se refiere a migraciones… Se pasó a tener a casi más de 1 000 de un día hacia otro. O sea, fue un cambio radical. (Entrevistado 1)
30Esta situación expuso a cientos de personas a la oscilación térmica del altiplano, al mal de altura, a la falta de ropa adecuada y de alimentación (Tapia Ladino y Quinteros Rojas 2023). El desbordamiento de la frontera no solo se debió al aumento del flujo migratorio, sino también a la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades locales y nacionales (Groos 2023). La carencia de albergues, la demora en la implementación de medidas humanitarias y el enfoque securitario adoptado profundizaron la vulnerabilidad de los migrantes y generaron lo que Stefoni et al. (2023) definen como migración en crisis, es decir, un evento que resulta de los sistemas de control que fuerzan a las personas a realizar movilidades cada vez más peligrosas (Stefoni et al. 2023). Esta situación fue percibida también con frustración por agentes de Carabineros, que debieron afrontar la congestión de la comisaría local y la falta de condiciones para gestionar la emergencia. Así lo señalaron:
Era un tema desconocido. Nadie sabía cómo enfrentar esta problemática, pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos acomodando. Más que con una planificación previa, nos fuimos acomodando […]. Yo creo que fue lo más complejo, poder de alguna forma responder oportuna, eficiente y adecuadamente a un problema que todos los días era distinto. (Entrevistado 2)
31La falta de infraestructura y la lentitud en la reacción gubernamental obligaron a los agentes de control fronterizo a tomar decisiones ajenas a sus funciones habituales. Muchos recurrieron a recursos propios, como reunir dinero o enseres entre los propios carabineros o con el apoyo de algunos vecinos (Díaz y Stefoni 2023), lo que evidenció una forma de humanitarismo desde abajo (Aliverti et al. 2025), no institucionalizado, pero éticamente motivado. Así fue relatado en una entrevista:
Lo primero que nos sorprendió de sobremanera era que la autoridad civil no había habilitado espacios para que las personas pudieran dormir. Digamos, familias, mujeres embarazadas, personas enfermas. Fue carabineros el que habilitó el primer refugio, por decirlo, en su patio, atrás. (Entrevistado 7)
32Dada la magnitud de la llegada, así como las condiciones por el cansancio y el sufrimiento que expresaban en sus cuerpos —especialmente dramático en el caso de mujeres, niños, niñas y lactantes—, los agentes de control vieron más a sujetos-víctimas que a sujetos amenazas (Alvites Baiadera 2025). Esto quiere decir que las personas migrantes fueron vistas como sujetos de ayuda, ya que sus cuerpos mostraban signos claros de padecimiento, fue “mediante el sufrimiento del cuerpo en el tránsito y cruce (cansado, golpeado, afectado por la altura, deshidratado, etc.) que el migrante da síntomas para el reconocimiento en tanto sujeto-víctima” (Alvites Baiadera 2025, 77) Así, la gestión fronteriza, que suele orientarse a disuadir o fiscalizar, se combinó con tareas de cuidado y socorro. Esta transformación práctica del rol del agente evidenció la inexperiencia del modelo estatal migratorio; así, ante la parálisis de las autoridades civiles, fueron algunos vecinos, profesores del liceo del pueblo (Díaz y Stefoni 2023) y los cuerpos de seguridad quienes asumieron las primeras respuestas humanitarias (Tapia et al. 2021). Al mismo tiempo, los medios de comunicación, en especial la televisión y las redes sociales, difundieron una idea de desborde y caos que reforzaba la percepción de una llegada masiva y descontrolada de migrantes. Por ejemplo, las imágenes de personas durmiendo en plazas y espacios públicos en Iquique contribuyeron a la construcción de un escenario de crisis (Carvajal-Hicks y Reyes-Muñoz 2024). En este contexto, las autoridades locales comenzaron a alertar sobre la falta de recursos y la saturación de servicios básicos en Colchane (SJM 2021).
33El discurso mediático se estructuró en torno a un lenguaje de crisis, en el que la migración se asoció con conceptos como invasión y colapso de la frontera (Leal y del Castillo 2021). A este relato se sumó la difusión de noticias falsas y “discursos de odio”, que alimentaron narrativas antiinmigrantes (Bolívar et al. 2023; Groos 2023). Así, la llamada crisis migratoria irrumpió en la agenda mediática bajo una representación del migrante que escapaba al orden social del Estado nación en medio de la falta de preparación para enfrentar este nuevo desafío. Estas imágenes sirvieron para justificar el rechazo hacia el otro y la expulsión de extranjeros sin el debido proceso, una práctica que vulneró derechos fundamentales (Stefoni et al. 2024).
34Pese a los esfuerzos espontáneos de asistencia desplegados durante los primeros meses de 2021, la respuesta oficial del Estado chileno se centró prioritariamente en reforzar el control fronterizo. En el contexto del aumento sostenido de ingresos irregulares durante el verano de ese año, el Gobierno implementó el Plan Colchane el 9 de febrero de 2021, acompañado de una comitiva ministerial que se trasladó hasta la localidad altiplánica y una amplia cobertura mediática que buscó visibilizar la intervención estatal (Cociña Cholaky y Quinteros 2021). El Plan se basó en la implementación del Decreto 265 (2019), que autorizaba la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control migratorio por pasos no habilitados (MINREL 2021). Las medidas incluían patrullajes conjuntos entre el Ejército y Carabineros, uso de tecnología avanzada como drones y aviones no tripulados para la vigilancia y el aumento de la dotación de efectivos militares en la zona, y la agilización de las expulsiones administrativas (Stefoni et al. 2023). Además, se performativizó el control a través de expulsiones colectivas (Dufraix-Tapia et al. 2025). En línea con ello, se promulgó el Decreto 265 (Ministerio de Defensa Nacional 2019) con ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para el combate a la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes por pasos no habilitados, específicamente en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Estas medidas reforzaron la securitización de la frontera norte, tal como lo indica un miembro de la Policía chilena:
Estamos operando juntamente con el Ejército, quien también aumentó la dotación de su personal en Colchane [frontera]. Hay todo un plan dinámico de diferentes puntos de fiscalización, en diferentes horarios, y eso va de la mano no solo con el ingreso migratorio, sino que también con los delitos transnacionales que hay en la frontera. Porque la frontera es muy permeable y se ocupa mucho para el tema del tráfico de drogas, tráfico de cigarrillos, de electrodomésticos hacia Bolivia [contrabando]. (Entrevistado 3)
35El incremento del control en la frontera generó condiciones de cruce más peligrosas, ya que muchas personas intentaron eludir los dispositivos de vigilancia de Colchane. Para evitar ser detectadas, comenzaron a utilizar rutas más alejadas de la vigilancia fronteriza, más arriesgadas y, en muchos casos, durante la noche. La geografía se sumó a las dificultades con sus “trampas socionaturales”, es decir, aquellos lugares que, bajo ciertas circunstancias, actúan como barreras o zonas de riesgo para los migrantes, tanto por las características del terreno como por el marco político restrictivo que empujaba a los migrantes a cruzar por allí de forma clandestina (Prieto y Becker 2023). Fueron las políticas de control las que convirtieron el ecosistema de altura en un riesgo para la vida, en especial durante las frías noches de invierno cuando las temperaturas bajan de 0 °C, sumado a la posibilidad de sufrir hipotermia o mal de altura. Respecto a lo anterior, un funcionario nos indicó lo siguiente:
Fue fuerte. Yo lo veía más que nada reflejado en los carabineros que tenían hijos, porque ellos personalizan el problema de esas personas en sus familias. Casos de hipotermia, muchos casos de hipotermia. O sea, gente que íbamos a sacar de los bofedales, muchos de ellos menores de 2, 1 año, 3 años. (Entrevistado 12)
Es muy chocante estar ahí [en la frontera], muchas familias vienen [a Chile] con guagüitas de dos meses, una semana, mujeres embarazadas. Muchas personas […] fallecieron por hipotermia, entonces es muy chocante. (Entrevistado 2)
36Este fenómeno dio lugar a lo que Stefoni et al. (2023) denominaron crisis autoconstruida: una situación originada por las políticas migratorias restrictivas, securitarias y, paradójicamente, humanitarias, implementadas por el Estado chileno. En consecuencia, fue el propio Estado quien configuró las condiciones del colapso, las definió como crisis y las gestionó posteriormente, sin abordar las causas estructurales que dieron lugar al fenómeno. En este contexto, la mayoría de los agentes entrevistados coincidieron en señalar que la salud y las condiciones físicas de los migrantes eran extremadamente precarias, porque el tramo recorrido entre Pisiga Bolívar y Colchane se realizaba a pie por sobre los 3 600 m. s. n. m., lo que, como hemos dicho, los exponía a temperaturas extremas, deshidratación y agotamiento físico. Como resultado, se produjo un número significativo de fallecimientos (Poblete y Arriagada 2021). Lo anterior se aprecia en el siguiente relato:
En muchos casos, la mayoría [de los fallecimientos] fueron por hipotermia o paros cardíacos. Pero es impactante, es lamentable también considerando que hay gente que ya viene pasando como por tres países. (Entrevistado 14)
37Según el SJM (2022), durante 2021 se registraron 25 muertes de extranjeros mientras intentaban ingresar a Chile, muchas de ellas atribuibles a la “condiciones ambientales adversas/falta de vivienda adecuada, comida, agua” (Infomigra 2022).
38En un contexto institucional marcado por el mandato de control y vigilancia, estos actores locales enfrentaron un escenario de colapso moral (Zigon 2007), en el que sus funciones normativas se vieron desbordadas por la urgencia de atender necesidades básicas de personas en extrema vulnerabilidad. Así, emergieron prácticas improvisadas de asistencia —provisión de alimentos, abrigo y albergue—, que constituyeron formas situadas de resolución ética en un entorno donde la presencia estatal era insuficiente. En este marco, la ayuda se articuló como una forma de posponer el deber de control, por lo que surgieron dilemas cotidianos en los que la distinción entre cumplimiento institucional y cuidado humanitario se volvía inestable. Así lo señalaron en las entrevistas:
Nosotros no tenemos esa dicotomía, cierto, moral. Oye, no sé, tenemos víveres, pero los víveres son para que comamos nosotros; bueno, después vemos cómo lo hacemos, pero hay que darle comida a la gente. Oye, tenemos frazadas y ¿cuántas frazadas tenemos cada uno […]? ¿Dos? Listo, una frazada la entregamos, y la gente tendrá abrigo. Después tendremos que hacer los actos administrativos [pedir las autorizaciones]. (Entrevistado 13)
A ver, sí, ahí está la dicotomía [del control y el cuidado]. ¿Cómo lidiar con eso de no caer en una irregularidad administrativa y [pasar] a un problema, cierto, mayor? La pregunta es ¿qué pasaría si lo dejamos de hacer? Se muere alguien y eso es peor. Yo prefiero dar explicaciones porque me faltan tres mantas de abrigo que porque se murió una persona porque no le pasé las tres mantas. (Entrevistado 2)
39Mientras tanto en Iquique, ciudad costera y capital regional de Tarapacá, que concentra el 92,4 % de la población regional y la mayor parte de la infraestructura urbana y los servicios públicos de la región (INE 2024), el Gobierno local enfrentó el desafío de gestionar la presencia de centenares de migrantes. Muchos de ellos, tras cumplir la cuarentena en las residencias sanitarias, quedaban en situación de calle porque habían agotado sus recursos o porque sus contactos dejaron de responderles (Tapia Ladino y Quintero Rojas 2023). La presión sobre los recursos locales y los servicios de salud llevó al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, a presentar un recurso de protección el 3 de febrero de 2021. En este alegó que la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades nacionales para controlar el flujo migratorio y proporcionar apoyo adecuado constituía una vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Iquique falló en favor de la demanda y ordenó al Gobierno central adoptar medidas inmediatas para abordar la situación migratoria en la región de modo que garantizara tanto la seguridad sanitaria como el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de la población local. De igual manera, las acciones de socorro también se vivieron en Iquique gracias a las organizaciones sociales, religiosas y laicas que prestaron ayudas en la ciudad (Oyarzo Varela 2021).
40La pandemia de covid-19 y la implementación del control fronterizo mediante el despliegue de las policías y las fuerzas militares generaron tensiones en tres dimensiones fundamentales de las que, hasta la fecha, no teníamos registro. Primero, la urgencia de instaurar medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus; segundo, la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas en movilidad; y, tercero, el cumplimiento de la obligación legal del control migratorio. Estas tensiones evidenciaron que la vigilancia fronteriza no es solo una cuestión de leyes y tecnología, sino también un campo de conflictos morales que afectaron tanto a los migrantes como a los funcionarios encargados de su control (Aliverti et al. 2025).
41En este contexto, los cuerpos de seguridad enfrentaron un dilema moral: aplicar las normas sanitarias y migratorias con rigidez o ejercer cierta flexibilidad ante casos de riesgos de vida y vulnerabilidad de derechos. A esta tensión se sumó la inacción de las autoridades locales que, solo a finales de 2021, implementaron las primeras medidas para albergar a las personas que ingresaban al territorio y que realizaban la autodenuncia.
42En efecto, al indagar sobre estos dilemas, los agentes de las Fuerzas Armadas nos señalaron lo siguiente:
En un principio creo que el problema empezó por este desborde humanitario donde, ciertamente, teníamos gente que no se podía desamparar. Porque, claro, uno puede ponerse del lado de decir: “Oye es algo que, entre comillas, no está de acuerdo con el ámbito legal”. No podría decir cuál, no quiero definir eso específicamente, pero, por ponerle un nombre, uno puede decir: “No corresponde”. Pero, por otro lado, uno dice: “Ya, pero está bien, no corresponde, pero el hecho es que están ahí y tenemos un problema. ¿Cómo apoyamos?”. La verdad es que, insisto, yo creo que en este caso la institución y, particularmente, el ejército, que es lo que más conozco, nosotros tenemos por naturaleza la vocación de ayudar. Entonces, de repente, nos puede traer problemas. (Entrevistado 7)
43Uno de los hallazgos más significativos del estudio es la forma en que los agentes procesaron sus dilemas morales. Estas situaciones interrumpieron el curso normal de su trabajo y exigieron reflexividad práctica, como señala Zigon (2007). En esta línea, los aportes de la criminología de las fronteras permiten profundizar esta dimensión al mostrar que el control migratorio se despliega en contextos de ambigüedad normativa y presión institucional, donde los agentes no operan como meros ejecutores de reglas, sino que interpretan, negocian y adaptan los marcos normativos en función de situaciones concretas (Bosworth 2016). En estos escenarios, la discrecionalidad no constituye una anomalía, sino una condición estructural del trabajo fronterizo que obliga a los funcionarios a tomar decisiones en contextos inciertos movilizando juicios prácticos y valoraciones morales (Bosworth y Kellezi 2017; Van der Woude y Van der Leun 2017). Desde esta perspectiva, podemos señalar que se tomaron decisiones situadas, es decir, formas de acción que emergieron de la intersección entre normas, contextos y experiencias, lo que evidencia que el ejercicio del control implica una constante articulación —y tensión— entre mandato institucional, condiciones materiales y criterios de juicio en el terreno.
44Por otra parte, los entrevistados destacaron el impacto de las acciones de cuidado en la percepción de los migrantes:
Y eso lo agradecían mucho ellos, mucho. Pensaban que el carabinero iba a ser muy distante, como les había tocado enfrentar en otros países. Pero cuando el carabinero de repente tomaba al niñito en brazos, o abrazaban a las abuelitas, las ayudaban a subir al vehículo o al carro. O ayudaba a trasladarla, o llevarle un vaso de agua, o compartía un pan o una galleta, la gran mayoría lo agradecían mucho. (Entrevistado 3)
45Varios informantes relataron experiencias emocionalmente impactantes que pusieron en cuestión la lógica del control. Estas narrativas apelan a valores familiares (“Yo también soy padre”), profesionales (“Mi deber es proteger”) y afectivos (“Te parte el alma ver a un niño así”), lo que evidencia que los agentes no necesariamente son ejecutores neutrales, sino actores involucrados con criterio ético. En efecto, estas declaraciones ilustran una respuesta moral situada (Aliverti 2020), es decir, decisiones éticas no predefinidas, construidas en contexto, que revelan los márgenes de agencia de los agentes en un entorno institucional coercitivo. Aunque algunos relataron frustración o temor a sanciones internas, también emergió una narrativa de orgullo ético por haber protegido vidas.
46Asimismo, se añadió la percepción de que las personas migrantes traían malas experiencias de otros cuerpos policiales de la región. En muchos casos, los policías chilenos eran vistos con temor debido a antecedentes de maltrato, abuso o corrupción vividos en el camino migratorio.
Lamentablemente ellos [los extranjeros] vienen de una realidad en la cual la policía no está muy bien considerada, en la que han sufrido abusos, robos, agresiones. Entonces cuando ellos llegan a Chile, llegan muy temerosos de encontrarse una policía de similares características. (Entrevistado 15)
47En suma, el análisis del control fronterizo en el contexto de la pandemia de covid-19 revela una compleja articulación entre securitización, asistencia humanitaria y moralidades prácticas en la gestión de la migración irregular. Si bien las políticas estatales reforzaron la vigilancia a través de medidas excepcionales, como la militarización de la frontera y la implementación del Decreto Supremo 265, en el terreno los agentes de seguridad se enfrentaron a una realidad que excedía los marcos normativos predefinidos. Las condiciones de extrema vulnerabilidad de las personas en movilidad —muchas de ellas migrantes forzados sin posibilidades de ingreso regular— tensionaron la aplicación automática de la norma, lo que dio lugar a decisiones situadas que sobrepasaron el binarismo legal/ilegal. En este escenario, los dilemas se resolvieron no desde una ética abstracta, sino desde una moralidad práctica (Aliverti 2020) y a partir de decisiones situadas moldeadas por la evaluación del caso concreto, las restricciones institucionales y las emociones que surgieron en la interacción.
48Esta situación cuestiona la supuesta dicotomía entre seguridad y humanitarismo. En la experiencia empírica de Colchane, ambas dimensiones coexistieron de forma ambivalente, no como polos excluyentes, sino como lógicas entrelazadas en la acción cotidiana de los agentes estatales. Aunque el discurso y la práctica de la securitización han dominado la gestión migratoria en el siglo XXI, la pandemia puso en evidencia sus límites operativos y éticos frente a una “migración en crisis” (Stefoni et al. 2023, 4) sin precedentes. Las respuestas estatales centradas en el control territorial, además de agravar la precariedad de las personas que cruzaban la frontera, también generaron tensiones internas en las instituciones ejecutoras, que se vieron forzadas a asumir tareas para las cuales no estaban preparadas: contener, asistir y mitigar los efectos de un abandono institucional más amplio.
49Para finalizar, el análisis de los relatos permite comprender que, si bien el control fronterizo durante los primeros meses de la pandemia operó como un dispositivo de vigilancia, también se desplegó como un espacio de disputa moral, donde los agentes negociaron cotidianamente entre el cumplimiento normativo y el imperativo ético de asistencia. Esta ambivalencia no debe entenderse como un déficit operativo, sino como una clave analítica para interpretar las contradicciones inherentes al régimen de control migratorio durante la pandemia, en los que la ley, la humanidad y la precariedad se entrecruzan inevitablemente.
50Este artículo analizó los dilemas morales enfrentados por agentes de seguridad chilenos en la frontera con Bolivia durante la pandemia de covid-19, en un contexto marcado por la llegada masiva de personas migrantes —especialmente venezolanas—, la intensificación de las políticas de control migratorio y las tardías respuestas institucionales ante la movilidad forzada. A partir de entrevistas con carabineros y militares que laboraban en la frontera chileno-boliviana, se mostró cómo estos funcionarios debieron navegar entre su deber legal de vigilancia y su obligación moral de asistir a personas en condiciones extremas de vulnerabilidad.
51Uno de los aportes principales del estudio es visibilizar el papel de los agentes fronterizos no solo como ejecutores de la política estatal, sino como actores que tomaron decisiones situadas en escenarios de riesgo sanitario y escaso respaldo institucional. La incorporación de esta noción permite comprender que los dilemas morales no se resolvieron mediante la aplicación automática de normas: más bien se afrontaron a través de juicios prácticos anclados en las condiciones concretas que les correspondió vivir. En un contexto de incertidumbre, marcado por la pandemia y una situación inédita de ingreso masivo irregular, sumado a la lejanía del sitio, la escasez de recursos y la inacción inicial de las autoridades, los agentes evaluaron la situación articulando mandatos institucionales y respuestas afectivas frente al sufrimiento. Estas decisiones, lejos de ser completamente discrecionales, dan cuenta de una agencia con la que el control fronterizo se configura como un espacio de negociación ética en el que los funcionarios reinterpretan —y en ocasiones tensionan— los límites de su rol.
52Otro aporte es la articulación entre la experiencia local de Colchane, en los primeros momentos de la pandemia, y un debate regional más amplio sobre la securitización de la movilidad en América Latina. En este sentido, se problematiza la opción del Estado por securitizar con el reforzamiento de los mecanismos de vigilancia y exclusión y un menor interés por activar dispositivos mínimos de protección. Los hallazgos también invitan a repensar el papel del Estado en la gestión de la frontera. En lugar de un aparato monolítico, se revela una institucionalidad fragmentada, en la medida en que las respuestas al fenómeno migratorio dependen tanto de decisiones políticas de alto nivel como de prácticas situadas en terreno, muchas veces contradictorias entre sí. Esto refuerza la necesidad de enfoques que reconozcan la complejidad del control fronterizo como espacio de disputa, socorro y marginalidad, y no solo de aplicación normativa.
53Es importante subrayar que los hallazgos de este estudio se circunscriben a un periodo específico: desde el inicio de la pandemia de covid-19 hasta comienzos de 2021, marcados por la incertidumbre institucional, la ausencia de coordinación estatal y la irrupción de un escenario crítico en la frontera chileno-boliviana. En este sentido, las dinámicas observadas —en particular la emergencia de respuestas humanitarias y decisiones situadas por parte de los agentes— no deben extrapolarse al periodo pandémico en toda su extensión ni a la totalidad del control fronterizo desplegado en Chile. De hecho, el periodo posterior al estudiado estuvo caracterizado por la implementación de una respuesta humanitaria con organismos internacionales y por una progresiva consolidación de enfoques securitarios, que reconfiguraron tanto las prácticas institucionales como los márgenes de acción de los agentes en terreno.
54Finalmente, el artículo plantea un desafío al campo de estudios migratorios: incorporar con mayor profundidad el análisis de los sujetos encargados de implementar las políticas de control. Comprender sus tensiones, límites y capacidades de agencia resulta clave para avanzar hacia una gobernanza fronteriza que supere la dicotomía entre seguridad y protección y que reconozca la movilidad humana como un derecho, incluso en contextos de excepción.
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