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Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia

Landscapes of Everyday Dispossession: Landgrabbing and Monopolizing of Water Sources in Montes de María, Colombia
Paisagens do despojamento cotidiano: monopolização da terra e da água em Montes de María, Colômbia
Diana Ojeda, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo Rojas
p. 107-119

Resúmenes

El fenómeno del despojo de tierra y agua, entre otros recursos naturales, ha ganado creciente atención en los últimos años. A pesar de esto, pocos trabajos han abordado el problema del acaparamiento y la concentración de los recursos desde una perspectiva etnográfica que permita ilustrar las distintas formas en las que se da el despojo, así como sus mecanismos y efectos concretos en contextos históricos, geográficos y políticos particulares. Este artículo aporta críticamente a esta literatura. Basado en el caso específico de la región de Montes de María, ubicada en el Caribe colombiano, el artículo muestra cómo las violencias del despojo se producen y mantienen desde dinámicas cotidianas. A partir del análisis de i) las geografías imaginadas de la región, ii) la implementación de proyectos de desarrollo, iii) los procesos de privatización del agua, y iv) la configuración de espacios del miedo, esta investigación ilustra cómo se producen los paisajes del despojo cotidiano en la región. De este modo, busca contribuir a los estudios sobre conflictos socioambientales e irrumpir en la narrativa del posconflicto en la región.

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Notas de la redacción

Fecha de recepción: 14 de octubre de 2014
Fecha de aceptación: 23 de febrero de 2015
Fecha de modificación: 01 de junio de 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.08

Notas del autor

el marco del proyecto de investigación “Imperativos verdes y subjetividades ambientales campesinas”, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana. Queremos agradecer a los pobladores rurales que generosamente participaron y colaboraron en este estudio, sobre todo a aquellos vinculados a la Organización de Poblaciones Desplazadas de los Montes de María (OPD). Esta investigación no habría sido posible sin ellas ni ellos. También agradecemos por su apoyo a la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y al Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos (ILSA). Versiones previas de este artículo fueron discutidas en detalle en el marco del Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP) de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. Los comentarios y sugerencias de sus distintos miembros, así como de los dos lectores anónimos, ayudaron a fortalecer nuestro argumento.

Texto completo

Introducción

“Después de la desmovilización paramilitar del 2007, pensamos que ya íbamos a poder vivir tranquilos porque no había guerrilla ni paramilitares. Pero entonces en el 2008 comienzan a llegar todos los empresarios, a entrar y salir carros blindados, y uno comenzó a atemorizarse… Entonces el tipo [el empresario] lo cogía, lo encerraba, le quitaba el acceso al agua, le quitaba el acceso al camino, le cercaba todo alrededor. […] Y así han venido haciendo todavía y lo siguen haciendo”. (Líder campesino, Ovejas, junio de 2013)

  • 1 Montes de María incluye quince municipios; siete en el departamento de Bolívar: El Carmen de Bolíva (...)
  • 2 El área cultivada total de la región se calculó en 94.580 hectáreas, para 2010 (Incoder 2012).

1La región de Montes de María, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano, es un caso emblemático de despojo de tierra y agua en Colombia.1 Durante las décadas de 1990 y 2000, la región enfrentó una profunda contrarreforma agraria llevada a cabo por grupos paramilitares, que tenían estrechos vínculos con actores económicos y estamentos políticos de todo nivel (Verdad Abierta 2010). La violencia de las masacres, las desapariciones, los abusos sexuales y el desalojo forzado hicieron posible el despojo de tierras, entre otros recursos. Las cifras oficiales informan sobre sus alcances: 56 masacres entre 1997 y 2004, además de unas 220 muertes de civiles, de los cuales el 80% fueron víctimas del paramilitarismo. Esto, sumado a más de 200.000 casos de desplazamiento forzado, generó el despojo de más de 80.000 hectáreas de tierra entre 1997 y 2007 (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 32; Verdad Abierta 2012).2 Más allá del acaparamiento violento de tierras, el despojo en la región se caracterizó por la combinación efectiva de estrategias coercitivas y jurídicas, a través “del rifle y el título” (Grajales 2011). Éstas garantizaron la legalización y titularización de los predios arrebatados violentamente, que fueron integrados con rapidez al mercado de tierras y puestos al servicio de la implementación de millonarios agronegocios a través de proyectos de desarrollo. Sin embargo, como sugiere el testimonio del líder campesino que abre esta sección, la viabilidad misma de estos distintos mecanismos de despojo depende de formas sostenidas y cotidianas —menos visibles, pero no por ello menos violentas— de mantener y actualizar las geografías desiguales del acceso y control de los recursos.

  • 3 Por poblaciones rurales, nos referimos a grupos de campesinos, afrodescendientes e indígenas que ha (...)

2Este artículo busca estudiar los paisajes del despojo desde su producción cotidiana. Examinamos la manera en que ciertas formas de acaparamiento y concentración de los recursos se hallan fuertemente ancladas en prácticas que hacen parte del diario transcurrir de la vida de los pobladores rurales.3 Como mostramos en la primera sección, se trata de mecanismos de despojo que han sido invisibilizados por las narrativas oficiales y que, a pesar de su carácter sistemático y profundamente violento, hacen parte de cómo se entiende generalmente la región. Nuestra apuesta por estudiar los paisajes del despojo desde lo cotidiano está inspirada en la geografía política feminista que insiste en la importancia de las esferas de lo privado y lo ordinario en la espacialización del poder. Es desde las dinámicas del día a día, desde los aspectos usualmente relegados a lo apolítico y a lo banal, que se configuran los espacios de la violencia, el miedo y la exclusión (Hyndman 2007; Ojeda 2013; Pain 2014). A lo largo del texto nos referimos a paisajes del despojo cotidiano con el fin de entender, desde su reproducción en la vida diaria, los procesos de acaparamiento y concentración de los recursos. Nuestra noción de paisajes parte de la ecología política y de su planteamiento de que los paisajes son proyectos políticos, es decir, procesos inconclusos y saturados de poder que se materializan en ensamblajes concretos de naturaleza y sociedad (Cronon 1996; Raffles 2002; Tsing 2004). Los paisajes del despojo constituyen entonces la evidencia sedimentada de un entramado de procesos históricos de desigualdad, muerte y sufrimiento que se acumulan en el espacio (Moore 2005).

  • 4 La contribución de Harvey ha sido clave, al menos, en dos sentidos: i) apunta a cómo la acumulación (...)

3El concepto paisajes del despojo cotidiano nos permite entonces contribuir a la literatura sobre procesos de acaparamiento de tierra. En los últimos años, organismos multilaterales, instituciones estatales, ONG y la academia han dado creciente importancia a los millonarios negocios de compra masiva de tierras, usualmente asociados al desplazamiento y el despojo de pobladores locales (Borras y Franco 2010; Borras et al. 2011 y 2012). Desde el campo de los estudios agrarios en particular, el concepto “acumulación por desposesión” planteado por David Harvey (2005, 112-113) ha resultado de gran utilidad para ilustrar los conflictos implicados en la definición y el uso de los recursos.4 El estudio de los procesos constantes de desposesión como necesarios para la reproducción del capital, se ha traducido en una rica literatura que permite explicar una amplia variedad de conflictos socioambientales desde una perspectiva multiescalar. Éste ha sido el caso, por ejemplo, de estudios sobre procesos de privatización y cercamiento (enclosure) de los recursos (Peluso y Lund 2011), sobre mecanismos laborales de despojo (Li 2011) y sobre despojos verdes (Fairhead, Leach y Scoones 2012), entre otros.

4Si bien esta literatura no se ha limitado al estudio del funcionamiento del capitalismo y ha hecho importantes aportes al estudio de las relaciones de poder implicadas en la reconfiguración del control de los recursos, ha dejado de lado una perspectiva anclada en el análisis detallado de las complejidades de la realidad local. Éste es el caso de muchas de las contribuciones que se han hecho desde América Latina, donde la producción intelectual sobre dinámicas de despojo se ha enfocado en estudios a escala nacional de los modelos extractivistas (Gras y Hernández 2013; Svampa y Viale 2014), así como en el papel que ha desempeñado el Estado dentro de la reorganización de la propiedad (Gudynas 2012). En Colombia, la extensa producción académica sobre la cuestión agraria y sobre formaciones estatales concretas, se ha traducido en importantes bases para estudiar el acaparamiento y la concentración de los recursos desde un enfoque distinto. Éste es el caso de trabajos que se ocupan de las relaciones entre violencia y legalización (Grajales 2011), del papel que ha cumplido el narcotráfico en estos procesos (Ballvé 2012), de las formaciones raciales y étnicas (Cárdenas 2012), del despojo del agua (Vélez-Torres 2012) y del despojo en nombre de la conservación (Ojeda 2012). Sin embargo, existe aún la necesidad de entender los procesos de acaparamiento y concentración de los recursos desde una mirada cotidiana que permita entender los matices, pliegues y dinámicas concretos, que a menudo se pierden en muchos estudios del acaparamiento por parte del gran capital.

  • 5 Nuestro análisis estuvo basado en observación participante, conversaciones informales, entrevistas (...)

5Buscando aportar desde esta perspectiva, nuestra investigación se basó en métodos etnográficos llevados a cabo bajo los lineamientos de la investigación colaborativa.5 Realizamos nuestro trabajo de la mano de organizaciones de base en la región, compuestas en su mayoría por campesinos y pescadores, algunos de los cuales se identifican como afrodescendientes o indígenas. La mayoría de estas organizaciones está vinculada a la Organización de Poblaciones Desplazadas (OPD), que actúa como organización sombrilla y provee espacios de formación política y apoyo técnico a pobladores locales, a la vez que ha propiciado vías de interlocución con el Estado y con organizaciones de derechos humanos. La OPD opera con financiación de distintas ONG y agencias de cooperación internacional. Trabajamos tanto con mujeres como con hombres de distintas edades, siempre a partir de acuerdos explícitos sobre nuestra posible contribución a la organización, y haciendo un esfuerzo permanente por investigar para, por y con ellos.

6En la primera sección de este artículo, nos enfocamos en las producciones de Montes de María como una zona de vocación agrícola, como territorio de violencia y, más recientemente, como laboratorio de políticas estatales de pacificación y desarrollo. Con ello, rastreamos las geografías imaginadas que sustentan el despojo de los pobladores rurales desde las construcciones de la región como un territorio con vocación para grandes monocultivos, pero ocupado por poblaciones incapaces de aprovechar su potencial. La forma en la que se han naturalizado estas geografías imaginadas habla del carácter banal y cotidiano de estos paisajes profundamente excluyentes de despojo. Las siguientes dos secciones estudian el papel que han tenido las iniciativas de desarrollo en la región en los procesos de acaparamiento de la tierra y el agua, respectivamente. Detallamos los efectos de las plantaciones de palma aceitera en las formas de sustento de los pobladores rurales, mostrando cómo la violencia de los proyectos agroindustriales se imprime en el día a día, afectando actividades y lógicas cotidianas. Más allá de eso, ilustramos cómo los mecanismos de despojo basados en la redefinición de la propiedad se hacen viables y se mantienen a partir de la privatización de espacios y recursos de uso común. Como mostramos para el caso de la implementación de los monocultivos, esta privatización se da a través de la redefinición y disputa de límites y formas de uso desde las prácticas cotidianas, y no únicamente desde los grandes robos de tierra. La cuarta sección se enfoca en las distintas formas de control territorial ejercidas por empresarios, grandes propietarios y actores armados herederos de bandas paramilitares en la región. A través del análisis de la producción cotidiana de espacios del miedo, mostramos cómo los regímenes de inmovilidad se convierten en un efectivo mecanismo de despojo cotidiano.

Montes de María: entre despensa agrícola y laboratorio de pacificación

7Grandes plantaciones de caña, tabaco, arroz y, más recientemente, palma aceitera y árboles maderables han configurado históricamente paisajes de explotación, exclusión y despojo en Montes de María. Estos paisajes contrastan dramáticamente con aquellos de autonomía y supervivencia construidos por distintas formas de resistencia en la región. En esta sección ilustramos cómo las geografías imaginadas de Montes de María, como un lugar propicio para el monocultivo, han fijado la noción de que los recursos de la región deben estar en manos de aquellos que saben explotar su potencial: grandes terratenientes y empresarios. Entendidas como modalidades espaciales para hacer legibles a gentes y naturalezas (Gregory 1995; Said 1994), las geografías imaginadas cumplen un papel fundamental en la construcción de un espacio, tanto simbólica como materialmente.

  • 6 Sólo entre 1971 y 1972, la ANUC logró 640 reclamos de tierras (Molano 2011). Luego de ser “invadida (...)

8La cronología agraria marcada por las bonanzas de tabaco, caña y arroz, presente tanto en el relato oficial como en los sentidos comunes sobre Montes de María, ha consolidado históricamente la idea de una región de vocación agrícola y ganadera. Al mismo tiempo, ésta ha sido vista como un lugar de movimientos sociales campesinos. En la segunda mitad del siglo XX surgieron organizaciones que aglomeraban sindicatos de trabajadores de las plantaciones, cooperativas y organizaciones veredales, entre ellos la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Fals-Borda 2002; Molano 2011). A pesar de haber nacido como una iniciativa estatal para poder materializar la reforma agraria de finales de los años sesenta, la ANUC terminó siendo un espacio fundamental de lucha campesina. Su objetivo principal fue procurar el acceso a la propiedad de tierra para pobladores rurales, quienes hasta ese momento trabajaban la tierra a través de contratos de arriendo, pago en especie o acuerdos laborales con grandes propietarios (entrevistas personales, junio de 2013).6

9Las tomas de tierra provocaron la reacción de grandes propietarios y élites regionales, quienes financiaron ejércitos privados o autodefensas que, en la década de los noventa, pasaron a conformar diversos grupos paramilitares. La presencia de grupos guerrilleros durante los años ochenta en la región se convirtió en la excusa perfecta para la posterior arremetida paramilitar contra comunidades rurales, que fueron criminalizadas como supuestas colaboradoras de los grupos guerrilleros. De este modo, a partir de la mitad de los noventa, primó la imagen de Montes de María como una zona violenta, “corredor y escondite estratégico para guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes” (Semana 2007). El discurso oficial convirtió a los campesinos en potenciales guerrilleros, y a éstos, en el enemigo paradigmático de la paz y el desarrollo, mientras que la violencia de grupos paramilitares era entendida como un mal necesario, como el precio justo que el país debía pagar por la imposición de la ley y el orden en el territorio nacional (Ramírez 2010). Esto incluso cuando el incremento dramático de asesinatos en la región coincide con las acciones unilaterales de grupos paramilitares (Cerac 2009, 23).

10Constituidas por espacios sin Dios ni Ley, habitadas por potenciales o actuales guerrilleros, las geografías imaginadas de Montes de María soportan la producción de paisajes de despojo. Las narrativas de un enemigo común, que debía ser derrotado por la fuerza, se convirtieron años más tarde en el eje articulador de la política estatal de Seguridad Democrática llevada a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) (DNP 2007), implementada a partir de los estrechos vínculos entre las Fuerzas Armadas, distintas instancias estatales y las organizaciones paramilitares. Un claro ejemplo de estas geografías son las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, definidas como “[...] el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, [es necesario] restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil […]” (Decreto 2002 de 2002, Artículo 11). La declaración de Montes de María como una de estas zonas implicó su intensiva militarización, lo que trajo la restricción de derechos y libertades fundamentales, detenciones masivas de miembros de las comunidades rurales y persecución de líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes en toda la región (ILSA 2014, 9). A pesar de que las Zonas de Consolidación fueron declaradas inconstitucionales un año después, la violencia de su implementación transformó drásticamente las geografías del uso y control de los recursos en la región.

11Años más tarde, tras el aparente éxito del Estado en la retoma del territorio nacional y la desmovilización del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María en 2005, la región se definió como Laboratorio de Paz (Semana 2007). El Laboratorio marcó el comienzo de la segunda fase de la política de Seguridad Democrática, el Plan de Consolidación Territorial, basado en la presencia militar, el involucramiento de los ámbitos civiles y los proyectos de desarrollo como los elementos fundamentales de la estrategia de control y desarrollo territorial para la región (Podec 2011, 51-59; WOLA 2012). De este modo, el discurso oficial y los medios han presentado la región como un territorio saneado, que, luego del borrón y cuenta nueva de las décadas de cruenta violencia, está listo para grandes proyectos de inversión. Al mismo tiempo, el gobierno le ha atribuido a la agroindustria un papel estratégico en “la implementación y el éxito de las políticas de restitución y reparación” (DNP 2010, 154), convirtiendo a los empresarios en los administradores ideales de recursos fundamentales como la tierra y el agua.

12La apuesta por la agroindustria se refleja en la visión de que los campesinos carecen del conocimiento y las herramientas necesarios para poder sostener una economía rentable. Por ejemplo, la entonces directora del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas, se dirigió así a los pobladores que se encontraban presentes en el Foro de Desarrollo Rural y Economía Campesina, realizado en María La Baja en abril de 2011, instándolos a que se convirtieran en campesinos rentables: “[Ustedes] no pueden seguir cultivando solamente lo que se comen... tienen que cultivar algo que puedan vender, que deje excedentes. Hacer todo lo que no pueden hacer cultivando simplemente la yuca, el maíz, lo que se come” (OTEC 2013). La vieja fórmula de desarrollo rural, más allá de haber probado ser desastrosa en múltiples contextos, se sustenta en la visión de que las prácticas agropecuarias a pequeña escala son improductivas e insostenibles, que extiende esta mirada a los campesinos. La representación de los pobladores rurales como poco rentables ha operado en Montes de María como un poderoso mecanismo de descalificación de sus estrategias de sustento, a la vez que ha legitimado el despojo, presentándolo incluso como necesario.

  • 7 Paradójicamente, la narrativa del posconflicto ha permitido a su vez la producción de Montes de Mar (...)

13El desarrollo y la pacificación de la región se convirtieron así en la prueba de que el postconflicto había llegado a la región: “Hay regiones del país en las que esta realidad [el posconflicto] se les vino encima. Una de ellas es Montes de María, donde hace por lo menos un lustro la gente está retornando a los pueblos abandonados [...]” (Semana 2013; ver también El Universal 2010, y Gobernación de Bolívar 2013). Lo que usualmente no se menciona es que estos campesinos han retornado por su cuenta, sin ninguna garantía por parte del Estado, y que las amenazas, las extorsiones y los asesinatos selectivos no han cesado. A pesar de la violencia que siguen afrontando pobladores locales, se ha consolidado la geografía imaginada de la región como una especie de terra nullius, dispuesta para la implementación de agronegocios, que tan efectivamente oculta la contrarreforma agraria que se ha venido dando en nombre de la paz (León 2009).7 Esto se evidencia, por ejemplo, en el proceso de mercadeo que intenta posicionar una “marca montemariana” bajo el eslogan “Cosechas de vida” (El Universal 2010), impulsado desde la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e incluso en producciones académicas que insisten en que la región “posee un potencial económico por desarrollar como los cultivos agroindustriales y forestales, así como el turístico” (Aguilera 2013, 1).

14Al mismo tiempo, la mayoría de municipios de Montes de María se caracteriza por “la concentración y acumulación indebida de las tierras que fueron obligados a abandonar, o de las cuales fueron despojados los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, y que actualmente se encuentran a nombre de empresas, sociedades y fiducias” (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 49). La historia de la implementación de cultivos forestales en los municipios de Ovejas y El Carmen de Bolívar parece corroborar estas conexiones entre desalojo y despojo. Para el caso de los cultivos de teca, establecidos como depósitos de carbono y proyectos de reforestación en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio por parte de la compañía colombiana Argos, las ventas forzadas de predios y su sucesiva especulación se dieron a través de vínculos con grupos paramilitares (Bargent 2011, 88). Según lo ha señalado el senador Iván Cepeda: “Estos proyectos comerciales de reforestación han permitido a estas compañías disfrazar sus acciones […] Se trata de un negocio que se presenta como limpio, cuando en realidad está ahogado en sangre, la sangre de los campesinos que fueron víctimas de las masacres” (citado en Bargent 2011, 87; ver Ojeda 2014 y Tenthoff 2011). Por su parte, el establecimiento y auge del cultivo de la palma en María La Baja, como detallaremos en la siguiente sección, corroboran también estas formas de despojo sostenidas, que van más allá de las masacres, los desplazamientos y la titulación, y que sedimentan siglos de exclusión y explotación en los paisajes concretos de los proyectos agroindustriales de hoy.

Las promesas rotas del desarrollo

  • 8 Se refiere a distintas iniciativas y estrategias desde entidades oficiales y sectores privados de c (...)

15Los proyectos de desarrollo rural en Montes de María ilustran un proceso de despojo sostenido. Éstos han servido para la acumulación de capital por parte de conglomerados empresariales vinculados a la economía agroindustrial. Según cifras oficiales, en 2013, el 43% de las tierras cultivables, unas 74.000 hectáreas, se encontraban en manos de inversionistas externos a la región, y la extensión de los monocultivos alcanzaba por lo menos 100.000 hectáreas (OTEC 2013). En esta sección examinamos cómo la implementación de proyectos de desarrollo a partir de las “alianzas productivas” opera desde lo cotidiano, redefiniendo el acceso, uso y control de la tierra, generando la expansión del monocultivo de palma aceitera en la región. Entendidas como arreglos socioespaciales, las alianzas productivas permiten rastrear los procesos de privatización de la tierra y el papel que han desempeñado la empresarización8 y la proletarización de pobladores rurales en el municipio de María La Baja.

  • 9 Murgas fue ministro de Agricultura, presidente de Fedepalma, representante de Colombia ante la FAO (...)

16La historia de la entrada de la palma en la región está estrechamente ligada a la figura de las alianzas productivas, gestionadas por Carlos Murgas Guerrero, llamado “El Zar de la Palma”, debido a las 44.000 hectáreas que para 2013 tenía sembradas en Cesar, Bolívar y Norte de Santander (La Silla Vacía 2013).9 Hoy en día, Murgas es el dueño de uno de los grupos empresariales más grandes en Colombia, Oleoflores, dedicado a la producción de aceite de palma para la industria alimenticia y biodiesel, y ha logrado controlar la mayor cantidad de tierra cultivada con palma en el país, cerca de 25.000 hectáreas para 2011 (Marín-Burgos 2014, 128).

17A principios del año 2000, el distrito de riego de María La Baja, construido a finales de los años sesenta para los cultivos de arroz, se encontraba cercano a la quiebra. Murgas compró alrededor 100 hectáreas, que correspondían al antiguo molino de arroz (actual planta procesadora de aceite de palma), y, luego, siendo ministro de Agricultura, diseñó el programa de alianzas productivas. Implementadas como un modelo ideal de desarrollo rural, las alianzas productivas se convirtieron en una de las estrategias para poner en marcha las “locomotoras del crecimiento” propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del gobierno Santos. En Montes de María, para el caso de la palma aceitera, la figura de las alianzas productivas vincula a los campesinos locales en calidad de “productores”, y a los conglomerados empresariales, como “socios estratégicos”. Los campesinos “productores” se comprometen a sembrar más de diez hectáreas en palma o son subcontratados como trabajadores de los cultivos. A pesar de los supuestos ingresos para los pobladores locales por la venta del fruto de la palma aceitera y el acceso a un trabajo remunerado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2013), éstos ingresan al negocio, pero pronto descubren que la empresa compradora del fruto es la que fija el precio de compra, muchas veces por debajo de los costos de producción.

18Los contratos de arrendamiento de tierra se basan en el ciclo de vida del monocultivo y tienen una duración de 20 o 25 años, garantizando así el control de este recurso por parte de las empresas, incluso sin necesidad de asegurar su propiedad. Sin embargo, bajo la condición de que quienes participen deben ser dueños de la tierra, las alianzas han presionado la formalización de la propiedad de la tierra en la región, que ha estado históricamente caracterizada por falsa tradición o ausencia de escrituras. La aprobación de la ley de titulación (Ley 1182 de 2008), aunque se hizo en nombre de la protección de la tierra frente al despojo, ha operado en beneficio de grandes empresarios. En palabras de un líder campesino de la región, “las alianzas productivas sólo sirvieron para que el campesino legalizara su tierra y entonces se la diera a precio de huevo al empresario” (Ovejas, julio de 2013). Esto parece reflejarse en la compra de más de 37.000 hectáreas que se dio en la región entre 2007 y 2011 (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 47).

19En muchos de los casos que pudimos rastrear en campo, la empresarización de los campesinos se traduce en dinámicas de endeudamiento y financiarización del agro. La gran mayoría de quienes han participado en el programa en calidad de productores dicen haber perdido sus tierras, debido a las obligaciones financieras en las que incurren con la empresa tras la adquisición de semillas y agroquímicos (entrevistas personales, febrero de 2014). Como lo narra un líder campesino de la región, “Te decían: ‘Vea, esto se va a poner todavía más grave, usted le debe al banco, usted le debe al Incoder, le van a rematar’. […] [E]llos traían su abogado, traían sus asesores, traían todo… uno así terminaba vendiendo” (Ovejas, junio de 2013).

20Las compras y los arrendamientos de tierra por parte de los conglomerados detrás del cultivo de palma reflejan la producción de paisajes del despojo desde la cotidianidad. Por ejemplo, para su establecimiento, las alianzas productivas eran promocionadas entre los pobladores rurales por intermediarios contratados por las empresas. Estos intermediarios organizaban sancochos (la comida local) comunitarios para mostrar catálogos de los monocultivos y promocionar las mejoras que traerían:

“[…] nos mostraban un formato con tremenda casa, bien hermosa, bien embaldosada, tremendos carros al lado de la casa. Mejor dicho, mostraban lo más lindo en un catálogo, con tal de que usted sembrara la palma. […] andaba [un tipo] en la moto con su tremendo catálogo, enamorando a todo mundo […]”. (Arelys, María La Baja, junio de 2013).

21Más allá de esto, las dinámicas resultantes de estos procesos de privatización de la tierra irrumpen drásticamente en los arreglos tradicionales de préstamo de mano de obra y uso colectivo de la tierra. Esto adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que la gran mayoría de pobladores rurales de la región no tiene tierra. Así nos describieron pobladores locales el monocultivo: “La palma no quiere yuca, ni plátano, ni maíz cerca, quiere estar sola […] Y el problema es que ya nadie presta tierra ni para sembrar una mata de yuca […] hoy uno tiene que esperar a que el dueño de la palma le devuelva la tierra. […] [pero] la tierra queda destruida, [después] no se cultiva nada más allá” (Ramiro, María La Baja, junio de 2013).

  • 10 No fue fácil acceder a entrevistas con trabajadores de la palma, quienes aparentemente tienen prohi (...)

22Las promesas rotas de la rentabilidad van de la mano de aquellas de la generación de empleo. “Diciendo que todo se va a mejorar, nos prometían que van a dar trabajo a uno o dos hijos de cada familia. [...] Pero la palma no genera tanto empleo. En diez hectáreas necesitan un solo palmicultor. Eso más bien ha dificultado el empleo” (Ever, María La Baja, junio de 2013). Quienes acceden a los pocos trabajos disponibles, en su mayoría hombres jóvenes, se convierten en obreros agroindustriales en labores de siembra, fumigación y recolección.10 El trabajo es descrito como una labor de gran exigencia física y condiciones precarias: no requiere mano de obra durante todo el año, y el salario está por debajo del mínimo legal. La contratación a través de cooperativas de trabajo asociado les permite a las empresas saltarse la legislación laboral (Salinas Abdala 2012, 189-190). Así, los trabajadores carecen de seguridad social y de dotación básica como botas y otro tipo de protección frente a los productos químicos que manejan, las heridas por el uso del machete y la mordedura de las culebras, que abundan en las plantaciones (María La Baja, febrero y julio de 2014). Además, los trabajadores de la palma tienen largas jornadas, lo cual les dificulta acceder a otras fuentes de ingresos y altera los arreglos dentro de sus hogares y comunidades. Según la esposa de un trabajador: “Anteriormente él apoyaba con tareas en la casa, como cortar la leña y arreglar cositas, pero ahora que él está todo el día en la palma y yo estoy sola. [...] Siento que me toca trabajar aún más aquí [en la casa]” (Julia, María La Baja, marzo de 2014).

  • 11 Ver la respuesta del CINEP/PPP (2012).

23A pesar de los efectos en las formas de sustento de los pobladores rurales, que son vistas por el Estado como poco viables, empresas como Oleoflores han posicionado el monocultivo de palma como “un proyecto productivo, rentable y sostenible” (Oleoflores 2014). Los logros que presenta la empresa en términos de “generar fuentes de empleo lícito a los agricultores y sus familias” y “proteger a los pequeños productores de la pérdida de sus parcelas por presión de la violencia” (Oleoflores 2014) resuenan con el lenguaje de las políticas públicas y los discursos oficiales. Esto hasta el punto de que la rápida expansión del monocultivo de palma ha sido presentada en los medios como “el aceite que resucitó a María La Baja” (Salinas Ortegón 2012).11 Igualmente, las carreteras construidas para el transporte de los insumos y los productos son presentadas como formas de responsabilidad social empresarial, mientras que los desiertos verdes de palma y teca pasan por proyectos de sostenibilidad ambiental (Argos 2014).

24Como hemos señalado, las promesas de la palma no son más que promesas rotas para la mayoría de la población rural de Montes de María. Las alianzas productivas guardan estrecha conexión con dinámicas de privatización de la tierra, ocultando el papel de la empresarización y la proletarización de los pobladores rurales bajo la retórica del desarrollo. Si bien en un momento inicial las promesas de rentabilidad y acceso a fuentes de empleo lograron llamar la atención de los pobladores de la zona, el panorama años después es desolador. Rodeados de palma y sin trabajo ni casa, muchos pobladores demandan el acceso a las tierras que un día fueron suyas y que perdieron tras la implementación de las “alianzas productivas”.

Las geografías desiguales del acceso al agua

25Las formas de limitación del acceso a la tierra y el deterioro de los modos de sustento de las poblaciones locales de Montes de María ilustran las estrategias de despojo cotidiano en la región, ya que éstas afectan directamente las formas como sus pobladores se relacionan entre sí y con el espacio que habitan. Pero la producción de los paisajes del despojo cotidiano en la región va más allá de la definición del acceso a la tierra y de sus usos posibles. La otra parte de la historia de la expansión de la agroindustria, en particular de la palma aceitera, tiene que ver con el despojo del agua a partir de su privatización. El distrito de riego de María La Baja, construido a finales de los años sesenta para irrigar los cultivos de arroz, canaliza el agua de varios arroyos y ríos en tres represas artificiales (Matuya, Playón/Arroyo Grande y La Suprema) y una serie de canales que distribuyen el agua que irriga actualmente 9.688 hectáreas (Incoder 2013).

26En un comienzo, los distritos de riego en Colombia fueron de carácter público. Sin embargo, tras la implementación de diversas medidas de neoliberalización a comienzos de los noventa, éstos fueron cedidos por el Estado a asociaciones de usuarios, organizaciones de carácter privado. En el caso del distrito de riego de María La Baja, cedido en concesión a la Asociación de Usuarios de María La Baja (Usomaría), el cambio en la forma de propiedad y administración del distrito de riego relegó a muchos pobladores locales que no contaban con títulos de propiedad ni con los recursos necesarios para poder hacer parte de la asociación. También quedaron por fuera pequeños productores agropecuarios que simplemente no conocían el proceso y que en el momento de la concesión eran empleados de las grandes plantaciones de arroz, que por ese momento empezaban a entrar en crisis. Incluso, las parcelas productivas, pequeñas extensiones de tierra adquiridas por pobladores locales bajo figuras comunitarias, no fueron (ni son) tenidas en cuenta por las políticas estatales, ya que sin títulos de propiedad individual no pueden ser incluidas para concesiones de agua.

27El proceso de privatización de la infraestructura de riego —que en un inicio fue presentado a las poblaciones locales como la única forma de mantener las plantaciones de arroz de las que dependían la mayoría de campesinos de la región, y como un proyecto que beneficiaría a todos los cultivadores— trajo consigo cambios significativos en las formas de acceso al agua. La concesión del distrito de riego a Usomaría —gerenciada hasta hace pocos años por el mismo Murgas, y ahora en cabeza de Alfonso Torres, dueño de varias hectáreas de la palma en la zona— ha irrumpido en las vidas de los habitantes de las zonas aledañas a las represas y los canales. En la actualidad, gran parte de las 9.688 hectáreas beneficiadas, aproximadamente 8.500, están cultivadas con palma aceitera (Alfonso Torres, María La Baja, julio de 2014). La estructura, que en el pasado servía tanto a pequeñas como grandes propiedades, ha pasado a ser de uso casi exclusivo de la palma. El agua en la zona no constituye un bien público, sino un recurso destinado a la producción agroindustrial. Por ejemplo, los productores de leche y queso en la zona no pueden utilizar agua proveniente del distrito. “El agua es para las fincas que tienen agricultura y, en este caso, la agricultura es únicamente la palma […] las pequeñas ganaderías, las cuales dejan el queso, el suero en la zona, no tienen derecho a regar sus pastos porque eso no es cultivo” (Jeffer, María La Baja, julio de 2014).

28Los cuerpos de agua del distrito de riego son la fuente de comida, la base de proyectos comunitarios, y uno de los motivos de lucha de distintas poblaciones que dependen de sus canales para vivir. Los canales, además, tienen una importante función recreativa y congregan a pobladores de todas las edades. En palabras de un joven campesino: “[Y] es que la represa es como una columna vertebral, si no sacamos [agua] de ahí, no se da nada ni en los patios, ni mucho menos en las parcelas. [...] Que esté limpia, que sea nuestra, es lo único [que queremos]” (Wilson, María La Baja, julio de 2014). El acceso diferencial y restringido al importante recurso pone en riesgo la supervivencia misma de las cientos de familias que habitan en los bordes de los canales y represas, pero que no tienen acceso a agua potable. A pesar de que las poblaciones de los municipios de María La Baja, Mahates y Arjona se encuentran en las inmediaciones del distrito de riego, éstas no son sus beneficiarias oficiales. Las represas y los canales artificiales son la única fuente de agua para estas poblaciones, a pesar de que sus verdaderos destinatarios son las grandes plantaciones de palma aceitera (entrevistas personales, marzo y julio de 2014).

29El despojo del agua para uso doméstico, a pesar de ser una realidad apabullante para gran número de pobladores rurales en la región, se forja a través del día a día. El acceso a este recurso depende en buena medida de dónde logren recoger agua para luego llevarla en “pimpinas” (galones de plástico) hasta sus hogares. El agua es transportada por canales a quienes pagan por ella, mientras que los patios de las familias se proveen de agua por medio de instalaciones artesanales. Sin embargo, la mayoría de los pobladores rurales con quienes trabajamos deben caminar hasta los canales esperando utilizar el agua allí estancada. El nivel de los canales está determinado por las demandas de los cultivos de palma, y no por las necesidades de los pobladores locales. Tal como lo menciona un habitante de la zona expresando su temor a posibles inundaciones: “El agua es de Murgas; los carreteables esos del canal y las bombas y las compuertas, son de él. Si llueve mucho la represa se llena y eso es un peligro, pero igual si Murgas no dice que la suelten, pues nada, no la sueltan, y aquí nosotros al borde” (Jorge, María La Baja, febrero de 2014).

30Si bien este riesgo se reduce en verano, cuando los canales se secan por largos períodos, el acceso al agua se hace más difícil para esta época. En ambos casos, como revela el testimonio de esta líder local, el acceso al agua depende de negociaciones diarias con los cultivos de palma:

“En verano [los canales] están secos. Ésos se llenan con agua lluvia, si llueve todos los días, todos los días crecen. Si no llueve, están secos... por eso a la fija es mejor [ir hasta] la piscina. Aunque el pozo nunca se seca... pero lo único es que queda en la mitad de la palma y a la gente no le gusta [que uno entre]. [...] y es que esas aguas hacen daño, o sea, es que ahora con el cultivo de la palma si tomamos agua de ahí, los niños pasan toda la semana con diarrea, antes se tomaba su agua fresca ahí, y esa agua estaba limpia. Ahora para tomar toca es la agua lluvia, cuando no está lloviendo la escasez es grande”. (Luisa, María La Baja, marzo de 2014)

31Estas negociaciones ilustran el carácter cotidiano de los paisajes de despojo del agua en la región. Éste es también el caso de pobladores que habitan en las inmediaciones de la planta de tratamiento de María La Baja, quienes para poder tener acceso a agua para beber y cocinar deben pedir a los funcionarios de la planta que “les hagan el favor” de llenarles sus tanques y jarras con el líquido tratado (entrevistas personales, María La Baja, julio de 2014).

32A pesar de que los pobladores de los caseríos aledaños al distrito de riego son conscientes de que sus aguas no son aptas para el consumo humano, se ven obligados a utilizarlas para cocinar, bañarse y regar sus parcelas, entre otras actividades. Las fuentes de agua están contaminadas por los fertilizantes y pesticidas que vierten las plantaciones de palma, además de los residuos animales de grandes extensiones ganaderas que llegan a dichas fuentes de agua. En La Suprema, los habitantes sufren recurrentemente enfermedades gastrointestinales y de la piel. Ellos atribuyen estas enfermedades, así como las muertes masivas de peces ocurridas en 2008 y 2010, a los productos químicos de la palma. A pesar de que esta población está ubicada muy cerca de la planta de tratamiento de agua, que hace parte del distrito de riego y desde donde se distribuye el agua tratada al casco urbano de María La Baja, ninguna de las casas cuenta con acueducto ni alcantarillado. Los servicios sanitarios son letrinas y lavaderos que se alimentan de la instalación comunitaria de llaves de captación de agua por gravedad y bombeo.

33La responsabilidad de las grandes empresas detrás de los proyectos agroindustriales con respecto al despojo del agua va más allá del caso del distrito de riego de María La Baja. En toda la región de Montes de María hemos conocido casos en que la implementación de los monocultivos se ha traducido en el cercamiento de las fuentes de uso común de este recurso, que, tras la expansión de la palma aceitera y la teca, han quedado dentro de las plantaciones o han sido desecadas y contaminadas. Jagüeyes (ojos de agua) y reservorios que antes eran de uso comunal y eran la fuente principal del líquido han sido apropiados por grandes propietarios. Éste es el caso de comunidades en el municipio de Ovejas, donde represas y jagüeyes que antes eran comunitarios y abastecían a las poblaciones locales, ahora son propiedad privada de las empresas que lideran el cultivo de la teca en la región; como es el caso específico de las tierras de campesinos desplazados que fueron adquiridas por Mario Uribe (pariente del expresidente Álvaro Uribe) y Carlos Murgas, quienes luego vendieron estas tierras y las fuentes de agua que contienen a la Reforestadora del Caribe S. A. (cartografía social, Ovejas, febrero de 2014).

34De este modo, la privatización de fuentes de agua y su contaminación, ambas vinculadas al establecimiento de los monocultivos en la región, atentan contra el derecho al agua para el consumo humano, a la vez que afectan negativamente las distintas formas de producción campesina.

Espacios del miedo y regímenes de inmovilidad

35Como hemos mencionado, el despojo de las poblaciones locales en Montes de María ha sido parte constitutiva de los proyectos de desarrollo implementados en la región. Los imaginarios de tierras de vocación agropecuaria, ahora pacificadas, permitieron la entrada y la rápida expansión de agronegocios que han puesto en riesgo las formas de sustento de pobladores rurales, incluidos campesinos, indígenas y afrocolombianos. Las plantaciones de palma aceitera, pero también de maderables como la teca y la ganadería extensiva, han producido paisajes de despojo sostenido que se materializan en y a través de lo cotidiano. En esta sección nos enfocamos en cómo los mecanismos de protección del capital —retenes militares, esquemas de vigilancia privada, cercas y alambre de púas— implementados bajo la supuesta pacificación de la región, se han dado a costa de la seguridad de los pobladores locales y constituyen una forma contundente de despojo cotidiano.

36A pesar de la nueva imagen de Montes de María como una zona asegurada, los líderes de las organizaciones sociales insisten en la continuidad de la violencia:

“[…] los proyectos que están elaborando los están elaborando para mostrar iniciativas de paz en un entorno de posconflicto y lo hemos dicho políticamente: nosotros no estamos en posconflicto porque aún nos siguen asesinando líderes, y siguen amenazando […] y eso no es un escenario de posconflicto [...]”. (Roberto, nuestro énfasis, María La Baja, febrero de 2014)

37Varias investigaciones corroboran este panorama de amenazas, asesinatos y difícil acceso a los recursos (Daniels y Múnera 2011; ILSA 2014; Supernotariado 2011), que obedece en buena parte a que el orden paramilitar no ha sido desmontado en la región, y a que grandes propietarios respaldados en mecanismos de seguridad privada ejercen todavía un control directo sobre muchas poblaciones (ILSA 2014, 19). Los espacios del miedo forjados por el dolor y el sufrimiento están todavía vivos, como se evidenció en nuestras conversaciones con grupos de mujeres desplazadas del municipio de María La Baja. Una de ellas señaló: “Aquí hay bastante miedo, porque de repente uno no sabe ni con quién se va a enfrentar. […] por eso hay muchos que mejor han vendido [las tierras], porque les da miedo volver” (Ana, María la Baja, julio de 2013). Otra mujer describe el miedo que tienen los campesinos, y sobre todo las campesinas, de volver a trabajar las tierras de las cuales fueron desplazados:

“Las personas ya no pueden trabajar igual a como se trabajaba, porque no tenemos el terreno y tenemos pánico de volver a esas tierras […] Los hombres se arriesgan a ir porque ellos son hombres, pero qué pasa, que ya una mujer no trabaja igual […], no tenemos dónde trabajar. Los hombres van, pero tampoco es igual”. (Nellys, María la Baja, julio de 2013)

38Las cercas y los esquemas de vigilancia privada de los monocultivos son parte constitutiva de los paisajes del despojo cotidiano en la región, a la vez que operan como el recuerdo constante de la dura violencia a la que sobrevivieron sus pobladores, y el anuncio constante de que nuevamente podría pasar. Estos paisajes del despojo cotidiano se evidencian bien en dos casos: el encerramiento de poblados y la prohibición de tránsito por caminos veredales, debido a la expansión de los monocultivos. Éste es el caso de Borrachera, en El Carmen de Bolívar, donde los hogares de los habitantes rurales se encuentran encerrados por grandes extensiones de teca. O de los poblados de Cucal, en San Onofre, o de Paso del Medio y Palo Altico, en María La Baja, que se encuentran cercados por las plantaciones de palma. Conversando con un grupo de campesinos en Palo Altico, uno de los hombres describía el “cercamiento” de la palma, mientras dibujaba en el suelo un círculo pequeño dentro de otro círculo más grande: el primer círculo eran los campesinos, mientras que el segundo círculo representaba a la palma. Según él:

“Aquí hay más de 25.000 hectáreas de palma, y siguen sembrando más todavía y más… estamos quedando así… los campesinitos aquí en este huequito y todo esto por aquí alrededor palma. Los monocultivos de palma, acabando con la cadena alimenticia de los campesinos y de todo el mundo”. (Fernando, María La Baja, julio de 2013)

39Muchas de las parcelas de la zona de Cucal ya han sido vendidas a las empresas palmeras, o se encuentran sembradas de palma. Las que aún pertenecen a los campesinos no pueden ser trabajadas en muchos casos porque están encerradas entre cultivos de palma, o debido a que su acceso es muy complicado. Esto se evidenció en un ejercicio de cartografía social que se adelantó con un grupo de pobladores de la zona: muchos identificaron en el mapa las plantaciones de palma alrededor de sus fincas y señalaron los antiguos caminos por los que transitaban para sacar al mercado sus productos, ahora de uso exclusivo para el monocultivo.

40Al escenario de encerramiento se le suma la lógica de los caminos “condenados”, esto es, los caminos que antes eran utilizados libremente por los campesinos y que ahora son de uso exclusivo de las empresas, o que han desaparecido dentro de los límites de los monocultivos, generando con esto otra forma cotidiana de despojo. En uno de los recorridos por San Onofre, uno de los campesinos tuvo que romper con sus propias manos en un par de ocasiones los alambres de púas que cierran el camino, para que pudiéramos pasar. Luego tuvo que unirlos nuevamente “para no generar problemas”, y nos explicó: “Ahora lo condenaron [ese camino], pero tú sabes que a la gente… le toca igual pasar” (José, San Onofre, febrero de 2014). Desafortunadamente, en la mayoría de los casos la solución no es tan sencilla. La “condena” de estos espacios de circulación, así como la necesidad de algunos campesinos de rodear las fincas sembradas de palma para llegar a sus parcelas, muestran de manera contundente cómo los procesos de despojo y acaparamiento adquieren formas menos visibles, pero no por ello menos problemáticas, de delimitar quién usa los recursos y de qué manera.

41Como en el caso de Cucal, Cayeco, en el municipio de María La Baja, está plagado de estos espacios del miedo por donde es muy difícil transitar. Antes de los desplazamientos a finales de los noventa, las familias vivían dentro de sus parcelas. Una vez la violencia se instauró en la región, estas familias tuvieron que abandonar sus tierras, y, si bien han querido volver a trabajarlas, los largos desplazamientos para llegar a sus parcelas son insostenibles. Campesinos ahora asentados en San José del Playón recorren hasta tres horas por trayecto para acceder a sus parcelas comunitarias (entrevistas personales, mayo de 2014). Además, las constantes amenazas de grupos paramilitares les recuerdan todo el tiempo que su vida está en riesgo si se trasladan luego de caer el sol. Estos regímenes de inmovilidad se convierten en un obstáculo para que los campesinos puedan mantener sus modos de sustento, a la vez que son un motivo más para ceder a las presiones de los empresarios de vender o arrendar sus tierras.

  • 12 Para una discusión destallada sobre la producción de espacios públicos en relación con espacios pri (...)

42Los paisajes del despojo cotidiano se evidencian también en la reconfiguración del espacio privado.12 Muchas de las mujeres, que antes trabajaban en las parcelas, ahora están más restringidas al espacio del hogar. La distancia entre sus casas y las parcelas hace que ya no dispongan del tiempo para trabajar fuera de la casa, y que se sientan menos seguras de hacerlo. Esa inmovilidad refuerza las desigualdades de género y limita los espacios productivos de las mujeres. Algunas de ellas ahora cultivan en los patios. Como narra una importante lideresa de la región, desplazada por la violencia paramilitar: “Volví a tener una hortaliza. Es que no puedo sin mi tradición. Las semillas las regaló una amiga del pueblo, de su hortaliza, y cuando yo tenga mi primera cosecha yo le devuelvo de mis semillas. Tengo nuevamente ají, cebollín, etcétera. Estoy feliz” (Evelia, María La Baja, abril de 2014). Así mismo, algunos campesinos señalaron que hasta la forma de ir al baño cambió para ellos: “pues uno acostumbrado a ensuciar en el monte, se iba para allá [a la palma] para hacer sus necesidades. […] a los señores [palmicultores] nos les gustó, y mandaron a decir y a amenazar [...] que si ensuciábamos, la pagábamos” (Ever, María La Baja, julio de 2013).

43Como hemos mostrado en esta sección, el despojo violento en la región no se reduce a los desplazamientos, masacres y amenazas vividos por la población antes de la supuesta pacificación y consolidación del territorio, hacia la segunda mitad de la década del dos mil. Se trata de una profunda reconfiguración del espacio que, a través de distintos mecanismos —que incluyen la actualización de los espacios del miedo y la instauración de nuevos regímenes de inmovilidad en la zona—, define el control de los recursos desde las prácticas cotidianas de los pobladores de Montes de María.

Conclusiones

44A lo largo de este artículo analizamos la manera en la que distintas prácticas cotidianas de restricción del uso y el acceso a la tierra y el agua se traducen en formas violentas de producir y mantener paisajes del despojo en Montes de María. La drástica contrarreforma agraria, que fuerzas paramilitares que actuaron en alianza con instancias estatales y poderes económicos lograron implementar durante las décadas de 1990 y 2000, generó geografías profundamente desiguales de extracción, explotación, exclusión y aniquilamiento, que se extienden hasta el día de hoy. Los paisajes de despojo resultantes se caracterizan por el ataque sostenido a las estrategias de sustento y los modos de vida de las poblaciones rurales de campesinos, afros e indígenas que habitan la región.

45Por un lado, señalamos el carácter continuo de estas distintas formas de violencia, que van más allá del desalojo violento y la sucesiva titulación de predios que caracterizaron estas décadas. Para ello, analizamos su sedimentación en paisajes concretos que se han configurado en torno a los desiertos verdes de palma aceitera y teca. Por el otro, enfatizamos el carácter cotidiano de estos paisajes. Esta perspectiva nos permitió ilustrar la manera en que los paisajes del despojo dan forma a la vida diaria de los habitantes de Montes de María, así como mostrar que los distintos mecanismos de control de recursos fundamentales como la tierra y el agua operan justamente a través de las prácticas ordinarias y del día a día. Al analizar las narrativas oficiales de la historia de la región, los procesos de privatización de la tierra y el agua, y la producción de distintos espacios del miedo en la región, hemos querido mostrar que los paisajes del despojo se configuran de maneras perversas desde la experiencia cotidiana de las poblaciones locales, a la vez que le dan forma a ésta.

46Hemos insistido en el carácter a la vez simbólico y material de estos paisajes, buscando irrumpir en su naturalización y legitimación a través de los discursos del posconflicto y el desarrollo. Las geografías imaginadas de Montes de María como despensa agrícola de gran potencial para los monocultivos confluyen en formas de despojo violento, masivo y abierto —como en el caso de las acciones paramilitares, que han sido vistas como necesarias para la “retoma” de la región—; pero también en formas de despojo que no se nombran como tales —como en el caso de la concentración de los recursos y de la implementación de proyectos agroindustriales que se han dado a expensas de las estrategias de sustento de los pobladores locales—. Las interminables filas de palma aceitera, los canales y represas de agua envenenada, las parcelas a las que ya casi nadie se atreve a ir, así como los recorridos que deben sortear los monocultivos, los alambres de púas y las amenazas, todos constituyen paisajes del despojo cotidiano extremadamente violentos, si bien no son siempre visibles. Como lo resume hábilmente uno de los líderes campesinos de la región: “Que haya terratenientes ésos, un terrateniente de esos que tenga 3.000 hectáreas, y que haya un campesino que tiene que estar arrendando un cuarto de hectárea para poder sembrar una mata de yuca para comer, eso es violencia” (Juan de Jesús Pérez, en OTEC 2013).

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Entrevistas

Arelys. María La Baja. Junio de 2013.

Ever. María La Baja. Junio de 2013.

Ramiro. María La Baja. Junio de 2013.

Líder campesino. Ovejas. Junio de 2013.

Ana. María La Baja. Julio de 2013.

Fernando. María La Baja. Julio de 2013.

Nellys. María La Baja. Julio de 2013.

Jorge. María La Baja. Febrero de 2014.

Roberto. María La Baja. Febrero de 2014.

José. San Onofre. Febrero de 2014.

Julia. María La Baja. Marzo de 2014.

Luisa. María La Baja. Marzo de 2014.

Evelia. María La Baja. Abril de 2014.

Alfonso Torres. María La Baja. Julio de 2014.

Jeffer. María La Baja. Julio de 2014.

Wilson. María La Baja. Julio de 2014.

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Notas

1 Montes de María incluye quince municipios; siete en el departamento de Bolívar: El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Zambrano, Córdoba Tetón y San Jacinto, y ocho en el departamento de Sucre: Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo.

2 El área cultivada total de la región se calculó en 94.580 hectáreas, para 2010 (Incoder 2012).

3 Por poblaciones rurales, nos referimos a grupos de campesinos, afrodescendientes e indígenas que habitan la región y quienes se han visto afectados de manera similar por las problemáticas que aquí analizamos. Si bien Montes de María se ha caracterizado como una región campesina, estas poblaciones trabajan en la actualidad por la construcción de una “territorialidad intercultural”.

4 La contribución de Harvey ha sido clave, al menos, en dos sentidos: i) apunta a cómo la acumulación de capital requiere un proceso constante de despojo, y no únicamente un primer momento de acumulación primitiva u originaria; y ii) examina la dimensión espacial de estos procesos.

5 Nuestro análisis estuvo basado en observación participante, conversaciones informales, entrevistas en profundidad, historias de vida, recorridos etnográficos y cartografía social. El proyecto tuvo una duración de dieciocho meses, desde mayo de 2013 hasta octubre de 2014. El trabajo de campo lo realizamos en seis visitas de una a cuatro semanas de duración, a poblaciones ubicadas en distintos lugares de la región. Si bien la motivación inicial de nuestro trabajo fue analizar la producción y circulación de discursos ambientales en la región y sus articulaciones con procesos de formación de subjetividades campesinas, las preocupaciones de los pobladores de la región nos llevaron a estudiar las dinámicas de acaparamiento de los recursos.

6 Sólo entre 1971 y 1972, la ANUC logró 640 reclamos de tierras (Molano 2011). Luego de ser “invadidas” por campesinos, las tierras eran adjudicadas por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora): “Armábamos todo ahí, sin que se diera cuenta el dueño. […] treinta, cuarenta familias, nos metíamos ahí y empezábamos a hacer las mejoras, a tumbar y a sembrar. Cuando el dueño se daba cuenta, no le quedaba más que negociar con el Incora, que le compraba esas tierras y nos las entregaba como parte de la reforma agraria […]” (líder campesino, María La Baja, julio de 2013).

7 Paradójicamente, la narrativa del posconflicto ha permitido a su vez la producción de Montes de María como el laboratorio de restitución de tierras a campesinos despojados por parte del Estado. Sin embargo, la devolución de tierras acaparadas enfrenta muchos obstáculos, entre los que se incluyen las tramoyas burocráticas y las amenazas y los asesinatos constantes de líderes campesinos, así como la figura de “tenedores de buena fe” que protege a propietarios y testaferros que obtuvieron sus tierras de manera aparentemente legal, pero respaldada en las dinámicas violentas del desalojo forzado y el acaparamiento (Bargent 2011; De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012; Osorio 2011).

8 Se refiere a distintas iniciativas y estrategias desde entidades oficiales y sectores privados de convertir a los campesinos en empresarios del campo, bajo la lógica de que los agronegocios son la única forma rentable de poner a producir la tierra.

9 Murgas fue ministro de Agricultura, presidente de Fedepalma, representante de Colombia ante la FAO y gerente de la Caja Agraria.

10 No fue fácil acceder a entrevistas con trabajadores de la palma, quienes aparentemente tienen prohibido dar entrevistas a periodistas e investigadores. Nuestra información se deriva de familiares de quienes trabajan en los cultivos o de quienes han sido empleados en ellos en algún momento.

11 Ver la respuesta del CINEP/PPP (2012).

12 Para una discusión destallada sobre la producción de espacios públicos en relación con espacios privados, ver Wright (2008 y 2009).

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Diana Ojeda, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo Rojas, « Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia »,Revista de Estudios Sociales, 54 | 2015, 107-119.

Referencia electrónica

Diana Ojeda, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo Rojas, « Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia », Revista de Estudios Sociales [En línea], 54 | Octubre 2015, Publicado el 01 octubre 2015, consultado el 17 octubre 2018. URL : http://journals.openedition.org/revestudsoc/9499

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Autores

Diana Ojeda

Ph.D. Geografía por la Clark University (Estados Unidos). Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), miembro del grupo de investigación “Estudios Culturales”. Entre sus últimas publicaciones: Decarbonización y despojo: desigualdades socioambientales y las geografías del cambio climático. En Desigualdades socioambientales en América Latina, eds. Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera y Astrid Ulloa. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Ibero-Amerikanisches Institut, 2014, 255-290, y Turistas y campesinos: el turismo como vector de cambio de las economías campesinas en la era de la globalización (en coautoría con Jordi Gascón). Madrid: Foro de Turismo Responsable – ACA – Pasos, 2014. Correo electrónico: diana.ojeda[at]javeriana.edu.co

Jennifer Petzl

Estudiante de Magíster en Estudios Interdisciplinarios de América Latina por la Freie Universität Berlin (Alemania). Correo electrónico: jennifer.petzl[at]fu-berlin.de

Catalina Quiroga

Estudiante de Magíster en Geografía de la Universidad de los Andes (Colombia). Entre sus últimas publicaciones: Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia. En Extractivismo minero en Colombia y América Latina. Serie de Perspectivas Ambientales en las Ciencias Humanas, eds. Göbel Barbara y Ulloa Astrid. Universidad Nacional de Colombia – Ibero-Amerikanisches Institut. Correo electrónico: catalina.qm[at]gmail.com

Ana Catalina Rodríguez

Estudiante de Magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Entre sus últimas publicaciones: Escuela intercultural de diplomacia indígena: derecho, participación y memoria (en coautoría con Pedro Rojas Oliveros y Ángela Santamaría). Bogotá: Universidad del Rosario, 2012, e Identidades políticas porosas. Estudios sobre las reivindicaciones sociales, nacionales y transnacionales (en coautoría con Ángela Santamaría, Édgar Ricardo Naranjo, Mónica Acosta y Pedro Rojas Oliveros). Bogotá: Universidad del Rosario, 2012. Correo electrónico: rodriguez.anacatalina[at]gmail.com

Juan Guillermo Rojas

Magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Investigador vinculado al Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP). Entre sus últimas publicaciones: ¿Por qué viajan las jaibas? (en coautoría con Denise Ganitsky). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013. Correo electrónico: walt.supertramp[at]gmail.com

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