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Dossier

Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica

Towards a Political Ecology of Water in Latin America
Rumo a uma ecologia política da água na América Latina
Patricia Ávila-García
p. 18-31

Resúmenes

La ecología política, entendida como un campo de análisis social y político de los problemas ambientales, cobra relevancia con los cambios asociados a la mundialización capitalista, que se expresan en la privatización de recursos naturales estratégicos, la afectación de los bienes comunes y la devastación ambiental. Desde esta perspectiva se estudió la neoliberalización de la naturaleza y del agua en Latinoamérica como un proceso que se basa en el despojo de los territorios indígenas y campesinos y en la exacerbación de la conflictividad socioambiental. Entre los hallazgos fue que el Estado tuvo un papel central como impulsor (junto con los actores privados) de tales cambios en la región; y como facilitador de los procesos de privatización y despojo de los territorios indígenas y campesinos (por medio de mecanismos legales e ilegales). Esto generó una diversidad de movimientos sociales en defensa del territorio y del agua que demandaron acceso a la justicia y solución a sus conflictos socioambientales.

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Notas de la redacción

Fecha de recepción: 28 de febrero de 2015
Fecha de aceptación: 06 de julio de 2015
Fecha de modificación: 09 de septiembre de 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.01

Notas del autor

Esta investigación es resultado del proyecto Seguridad hídrica y conflictos socioambientales en México, financiada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, clave IN301712.

Texto completo

Introducción

  • 1 En términos menos rigurosos se considera como neoliberalismo o globalización económica; así como la (...)

1Los cambios estructurales en la economía iniciados en 1980 fueron determinantes para la expansión del sistema capitalista en su etapa de mundialización.1 Ello implicó la penetración del capital en los rincones más alejados del planeta, con el fin de garantizar su funcionamiento a escala global. Además, los cambios legales e institucionales realizados por los Estados-nación fueron determinantes para adecuar sus economías y territorios a las nuevas condiciones del libre mercado.

2Bajo este marco, la neoliberalización de la naturaleza se relaciona con la privatización y el despojo de los recursos naturales y los bienes comunes (ríos, lagos, acuíferos, mares); la fragmentación de los ecosistemas y la devastación ambiental; así como con la mercantilización de los recursos naturales y los “servicios ambientales”; y la socialización de los costos ambientales (externalidades, según economía ambiental).

  • 2 Leff (2003, 4) señala que la ecología política “se localiza en los linderos del ambiente que puede (...)

3Desde la perspectiva de la ecología política2 este ensayo pone énfasis en la dimensión social y política de la cuestión ambiental, a partir de las contradicciones y conflictos ecológico-distributivos que genera el sistema económico dominante (Escobar 2010; Leff 2003; Martínez-Alier 2006; Robbins 2012). En este sentido, interesa indagar la inserción de los países latinoamericanos en la mundialización capitalista y en particular el papel que estos juegan en la neoliberalización de la naturaleza y del agua. Para ello, aquí se analizan los cambios en el modelo de apropiación y gestión del agua que benefician a actores privados nacionales y transnacionales y conllevan nuevas formas de colonización del territorio, resistencia social y conflicto.

Mundialización capitalista y sus expresiones neocoloniales

4En su etapa de mundialización, los cambios en el sistema económico dominante estuvieron asociados con políticas neoliberales como la apertura comercial y la privatización (Harvey 2004; Osorio 2004). Los países centrales que impulsaron tales cambios fueron: Estados Unidos de América (EUA), como país dominante, y la Unión Europea, Canadá y Japón que afianzaron su poderío económico a escala mundial, principalmente por medio de un mayor control y subordinación de los territorios donde se ubican los países periféricos (América Latina, África, Asia). Es decir, las históricas relaciones de dependencia y colonialismo se reforzaron con la mundialización capitalista y lógicas depredadoras como el extractivismo de los recursos naturales se intensificaron, gracias al cambio tecnológico y a una mayor inversión de capital transnacional en esos territorios (Alimonda 2011).

5Otros países no centrales con gran poder económico y político como los del ex bloque socialista (Rusia y China) entraron en la lógica neoliberal al insertarse en el libre mercado y al hacer inversiones económicas importantes en el campo energético y minero, en diversas partes del mundo. En la práctica esto implicó una mayor presión sobre los territorios, ya que algunos países periféricos abrieron sus puertas a estos capitales.

6En el contexto de la región latinoamericana, Chile y México fueron los primeros en adoptar, en la década de 1980, los cambios estructurales en la economía para abrirse al mercado externo y permitir el ascenso de actores privados (transnacionales) en áreas estratégicas. Paulatinamente lo hicieron el resto de los países de la región, con excepción de Cuba. Esto fue posible gracias a que los Estados asumieron de forma ortodoxa los lineamientos impulsados por los países centrales y los organismos supranacionales —como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— para insertarse en la mundialización capitalista.

7Además los Estados latinoamericanos hicieron reformas en sus marcos legales e institucionales para dar mayor certeza a la inversión privada en materia de tenencia de la tierra, derechos de agua y concesiones mineras. En corto tiempo dichas acciones garantizaron la apropiación privada del territorio y los recursos naturales por parte de los grupos de poder local y los actores transnacionales, en detrimento de la soberanía y el desarrollo nacional (Escobar 2011).

8Como resultado, se reforzó el papel histórico de la región como proveedora de mano de obra barata, exportadora de materias primas (petróleo, minerales y otros recursos naturales estratégicos) y productos agrícolas y pecuarios (frutas, hortalizas, carne) para los países centrales. En el ámbito económico, se convirtió en un espacio de interés para el capital transnacional al abrirse numerosas oportunidades de inversión para la extracción y procesamiento del petróleo y sus derivados, la explotación minera, la generación de energía hidroeléctrica y eólica, la construcción de carreteras y presas, la expansión inmobiliaria y turística; así como para la prestación de diversos servicios privados como el agua potable, las comunicaciones y la electricidad, entre otros.

9Desde una perspectiva geopolítica, con su dominio a escala internacional EUA buscó tener el control desde el norte hasta el sur del continente, mediante el impulso de acuerdos comerciales con implicaciones en la seguridad de los países (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN; Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA); la concreción de planes de integración territorial con fines expansionistas (Plan Puebla Panamá, PPP y Proyecto Mesoamérica, PM; y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA). Es decir, el neocolonialismo se fortaleció en Latinoamérica con la inclusión de sus países en la mundialización capitalista (Alimonda 2011; Ceceña 2008; Osorio 2004).

10No obstante, las particulares condiciones históricas de los países latinoamericanos y las coyunturas que se desarrollaron hacia finales del siglo XX influyeron en el ascenso de nuevos proyectos políticos en el sur del continente. Entre sus objetivos estaba articularse de forma diferente con la economía mundial, desde una perspectiva más nacionalista y menos dependiente de los EUA. Tales fueron los casos de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay, que con diferentes matices y niveles de confrontación con los poderes local y transnacional establecieron límites a la avanzada neoliberal, sin afectar en esencia el funcionamiento del modelo económico dominante. Ello explica la existencia de contradicciones sociales y disputas por la imposición de proyectos económicos en sus territorios (como la construcción de carreteras y deforestación en la selva; la expansión minera a cielo abierto y monocultivos transgénicos como la soya).

El Estado en el contexto neoliberal: cambios legales e institucionales

11El Estado ha jugado un papel central como impulsor de la mundialización del capitalismo, a diferencia de lo que en el discurso dominante de la globalización se señala: el adelgazamiento e incluso desaparición del mismo (Osorio 2004). Más que su extinción, lo que éste ha experimentado es una re-funcionalización producto de los cambios en la hegemonía del bloque de poder. Los actores privados trasnacionales se han vuelto dominantes en su alianza con las élites nacionales más modernas e integradas al esquema económico neoliberal. De hecho Petras (2001) señala que en la actualidad el Estado-nación es más dinámico y tiene un rol central en la economía mundial.

12En consecuencia, el Estado neoliberal ha generado las condiciones jurídicas e institucionales para que el capital privado concrete sus inversiones y proyectos en la región, sin obstáculos legales ni político-sociales (Harvey 2004). De igual manera éste ha promovido, por la vía de endeudamiento externo, la realización de costosas obras de infraestructura (comunicaciones, carreteras, obras hidráulicas, generación de energía) que garanticen la movilidad del capital y la penetración en territorios otrora inaccesibles; y ha detenido, por la vía de la coerción y la violencia, el ascenso de movimientos sociales que ponen en riesgo el ascenso del proyecto dominante (Composto y Navarro 2014).

13Sin embargo, el papel del Estado puede analizarse mejor desde las dos acepciones que plantea Osorio (2004): el Estado visible, conformado por un conjunto de instituciones, leyes, normas y reglamentos que están a la vista del observador común; y el Estado invisible, que representa la condensación de la red de relaciones de poder, dominio y fuerza que ejerce para concretar los proyectos que tiene en común con los grupos aliados y remite a una realidad oculta que termina por darle significación al Estado visible.

14Es decir, el Estado en su forma invisible contribuye a afianzar los intereses de las élites y grupos dominantes, mediante la promoción de un proyecto económico neoliberal que en el caso latinoamericano se expresa en un neocolonialismo ligado con la mundialización capitalista (Alimonda 2011; Osorio 2004).

15Pero en su forma visible, el Estado aparece como un ente neutro que vela por los intereses de la población que habita en el territorio, por medio del respeto al marco legal e institucional, la defensa de la soberanía nacional y la búsqueda del desarrollo económico para reducir las desigualdades sociales. Su discurso a favor de la globalización argumenta que esta es un medio para salir de la crisis y superar el subdesarrollo por la vía de la modernización capitalista (Osorio 2004). Con ello justifica realizar reformas constitucionales y cambios legales para permitir una mayor apertura y flexibilidad al capital privado nacional y extranjero; así como la promoción de proyectos e inversiones económicas altamente costosas para el erario público, pero de gran interés para el capital, aduciendo que son de utilidad pública e interés nacional. De esta manera se convierte en un promotor de cambios jurídicos, firma de los tratados comerciales, apertura a inversiones extranjeras y realización de megaproyectos en infraestructura.

16Al menos tres políticas impulsadas por el Estado han sido centrales en la avanzada neoliberal: la privatización de recursos estratégicos como el agua y la tierra; la desregulación económica y ambiental para incentivar la inversión extranjera en actividades extractivas y productivas altamente consumidoras de recursos naturales; y la reorganización territorial por el impulso de proyectos en infraestructura que orientan la inversión de capital en sectores estratégicos.

17La primera política neoliberal está asociada con la privatización. Los países latinoamericanos han realizado una serie de reformas constitucionales y cambios en leyes asociados con la propiedad de la tierra y el agua que permiten dar certeza jurídica a la inversión privada. En el caso chileno, el Código de Aguas aprobado en 1981 dio la pauta para considerar el agua como un bien económico, separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y generar un mercado para transar los derechos otorgados a los particulares. Sus efectos han sido dramáticos sobre todo para los territorios indígenas y campesinos, al haber una afectación de sus derechos ancestrales y el acaparamiento del agua por parte de los sectores económicos más modernos, en su mayoría transnacionales ligadas a la generación de hidroelectricidad y con actividades mineras, industriales y agrícolas para exportación (Budds 2009; Gentes 2009).

18En el caso mexicano, las reformas constitucionales al artículo 27 en 1991 conllevaron la liberalización de la propiedad social de la tierra (ejidal y comunal) y de otros bienes (playas, humedales), otrora considerados propiedad de la nación. Cuestión que implicó la fragmentación del territorio al separar la tierra de otros recursos naturales como el agua, los bosques, los minerales y la biodiversidad. Estos cambios vinieron acompañados de nuevas leyes como la de Aguas Nacionales, aprobada en 1992, que creó derechos de propiedad (por la vía de la concesión y asignación) sobre las fuentes de agua superficial y subterránea, y la posibilidad de formar mercados y bancos de agua para su mejor asignación con base en criterios económicos como la eficiencia.

19La segunda política neoliberal está ligada a la desregulación económica que ha fomentado la flexibilidad para la inversión extranjera, mediante la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. Gracias a estos cambios se abrieron las puertas al mercado internacional, ya que en los países latinoamericanos se reformó el marco jurídico que impedía este tipo de inversiones y se promovieron tratados de libre comercio con los países centrales. Aquí se destaca el caso de México con el mayor número de tratados firmados en la región, pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 es el central. En el caso de los países sudamericanos, pertenecientes al Mercosur, sus tratados fueron sobre todo con países pertenecientes a la Unión Europea. Otros países de la región firmaron tratados con China, es el caso de Chile en 1996, Perú en 2010 y Costa Rica en 2011.

20En la actualidad, las implicaciones de los tratados comerciales están a la vista: los sectores productivos y de servicios de los países latinoamericanos han sido desplazados por empresas privadas, sobre todo, transnacionales que han penetrado en campos diversos de la economía. Chile es líder en compromisos contractuales con empresas transnacionales dedicadas a la construcción de obras hidráulicas y también se caracteriza por la participación privada en la gestión del agua. No obstante, Argentina es un caso interesante de reversión a los procesos de privatización en materia de agua: los contratos de inversión realizados con el sector privado transnacional en los años 1990 fueron rescindidos o están en controversia ante instancias mercantiles internacionales (IMTA 2008).

21De igual manera, la política de desregulación ambiental ha atraído la inversión privada transnacional: los costos ambientales generados por las actividades económicas son subvaluados o simplemente no se consideran para incentivar la localización de empresas e inversiones en los países latinoamericanos. La legislación y normatividad ambiental solo incluye algunos indicadores y mecanismos para evaluar el impacto y los riesgos que tienen estas actividades sobre la población, los recursos naturales y los ecosistemas. Es, pues, más flexible que en los países centrales, lo cual abre el camino a empresas transnacionales que en otras condiciones (altas restricciones ambientales) no podrían operar.

22En la práctica, los Estados latinoamericanos buscan ajustar la normatividad para que las empresas cumplan los requisitos mínimos para la mitigación y reducción de los riesgos e impactos ambientales. Se trata de internalizar los costos ambientales que provocan las actividades económicas (mineras, industrias petroquímicas y automotrices, proyectos turísticos e inmobiliarios, entre otros) sin afectar en esencia el funcionamiento del sistema económico dominante y por ende su lógica de ganancia.

  • 3 Al respecto el Tribunal Latinoamericano del Agua ha documentado decenas de casos de afectación a lo (...)

23El ejemplo del agua es ilustrativo,3 ya que al manejarse bajo la lógica del capital es sobreexplotada por la agricultura de exportación (producción de soya, hortalizas, frutales); y por las industrias de extracción (mineras), transformación (petrolera, celulosa y papel, química, automotriz) y agroindustria (granjas, biodiesel). El agua también se ve afectadada por la contaminación de desechos urbanos, industriales y agrícolas, ya que las regulaciones son laxas y hay omisiones importantes en la ley ambiental.

Lo mismo ocurre con la devastación de ecosistemas: los estatus de protección del territorio (como las áreas naturales protegidas) y los planes de ordenamiento ecológico son cambiados (de manera discrecional) por el Estado, e incluso, eliminados sin justificación técnica alguna cuando hay un proyecto o inversión de importancia económica. Las manifestaciones de impacto ambiental, requeridas por las instituciones en la materia, no consideran los impactos sociales y subvalúan los costos ambientales para garantizar la factibilidad de los proyectos privados y estatales. Incluso varios de ellos son realizados sin haber cumplido con la normatividad ambiental (Ávila et al. 2012).

24La tercera política neoliberal consiste en la reorganización y el control territorial, a partir de los cuales el sector privado transnacional busca orientar las inversiones en actividades económicas estratégicas, con base en el aprovechamiento de los recursos naturales (agua, petróleo, minerales). Además, los países centrales impulsan el neocolonialismo y el control geopolítico para afianzar sus intereses en la región y la acumulación del capital a escala global (Achkar y Domínguez 2008; Naidoo y Davidson 2006).

25De manera específica, EUA ha promovido junto con los Estados latinoamericanos proyectos territoriales en el norte, centro y sur del continente. Como ejemplos están el Plan Puebla Panamá (2001-2008) y luego el Proyecto Mesoamérica (2008 a la fecha) que se diseñaron con el fin de integrar en el mercado mundial a México y Centroamérica. Estos incluyen: la construcción de infraestructura para garantizar la movilidad de mercancías entre ambos océanos (Atlántico y Pacífico); la exportación, explotación y comercialización de los recursos naturales; y el desarrollo de megaproyectos en materia de agua y energía, entre otros (Arreola 2006). Su área de influencia abarca nueve países: México, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

26En el sur del continente, organismos supranacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y los Estados sudamericanos impulsaron la creación de infraestructura en comunicaciones y transportes, así como megaproyectos para aprovechar los recursos naturales de la región. Para ello formaron en el año 2000 la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en la que participan doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La propuesta territorial incluye la formación de diez ejes de integración con base en la disponibilidad de recursos naturales, existencia de infraestructura y desarrollo de actividades económicas (Ceceña 2008).

27El objetivo de IIRSA es promover una cartera de proyectos en materia de infraestructura, con inversiones financiadas por organismos supranacionales y regionales, en los ejes que forman parte de la iniciativa: Eje Andino (nodos de articulación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Eje Andino del Sur (abarca algunas regiones limítrofes de Argentina y de Chile con la cordillera de los Andes), Eje Capricornio (en el Trópico de Capricornio entre los Océanos Atlántico y Pacífico), Eje Hidrovía Paraguay-Paraná (incorpora las regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que están en las cercanías de los ríos Paraguay, Paraná, Tietê y Uruguay), Eje Amazonas (vincula determinados puertos del Pacífico con los puertos brasileños), Eje Escudo Guayanés (algunas regiones de Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela), Eje del Sur (instalaciones portuarias tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico), Eje Interoceánico Central (puertos y los nodos de articulación entre Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil) y Eje Perú-Brasil-Bolivia (triple frontera de estos países).

28Así, la política territorial impulsada por los Estados latinoamericanos en su alianza con los grupos dominantes, sobre todo transnacionales, ha tenido un alto contenido geopolítico y económico al impulsar obras de infraestructura y megaproyectos que articulen regiones ricas en recursos naturales o con ubicación geográfica estratégica, en el marco de la mundialización capitalista y el ascenso del neocolonialismo en la región.

Neoliberalización de la naturaleza y del agua: privatización y despojo

29Como señala Harvey (2004), la acumulación por desposesión es una lógica vigente en la fase imperialista del capitalismo (o mundialización) que implica, entre otras, formas primitivas de acumulación como: la mercantilización y privatización de la tierra; la conversión de diversas formas de propiedad (comunal, colectiva y estatal) en derechos de propiedad privada; la restricción en el acceso de los bienes comunes; y la adopción de procesos coloniales, neo-coloniales e imperiales de apropiación de bienes (como los recursos naturales).

30Otros mecanismos novedosos de acumulación por desposesión incluyen: la mercantilización de la naturaleza en todas sus formas; la afectación de los bienes, hasta ahora comunes, que integran el entorno global (tierra, agua, aire); y la degradación del hábitat natural que pone en riesgo la supervivencia de las actividades productivas tradicionales.

31Para Zibechi (2010, 2) estos nuevos mecanismos se asocian al extractivismo, definido como “la apropiación de los bienes comunes, de modo directo o indirecto, para convertirlos en mercancía. Se trata de una fase diferente del modelo neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y financiera y la desregulación laboral”.

32Adicionalmente, la acumulación por desposesión requiere de un Estado que genere las condiciones necesarias para abrir espacios al capital, sin importar que se atente contra los entornos naturales y las poblaciones que habitan los territorios considerados como estratégicos. Dicho Estado crea, además, los mecanismos legales y no legales para imponer aquellos proyectos que garanticen la acumulación del capital en la escala global. Con este argumento, Harvey (2004) señala que cualquier territorio que busque insertarse en la lógica del capital requiere necesariamente de cambios estructurales, institucionales y legales, de gran alcance y realizados por el Estado.

33El proceso denominado neoliberalización de la naturaleza (Castree 2008) nos permite analizar con mayor detalle las nuevas modalidades que tiene el capitalismo en los territorios (naciones y regiones) para simplificar y cosificar el medio biofísico como si fuera una mercancía o servicio (ambiental) e incluirlo como parte del “capital natural”. Para ello se modifican, flexibilizan e incluso violentan los derechos de propiedad y las regulaciones sociales en torno al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales.

34En lo referente a la neoliberalización del agua, Swyngedouw (2005) señala que la acumulación por desposesión está muy relacionada con la privatización y con el despojo de los bienes comunes. Hecho que se justifica ideológicamente con los argumentos de que el mercado es la fuerza más racional para asignar y distribuir los derechos del agua; y de que el sector privado es el actor más idóneo para prestar el servicio y operar las grandes obras hidráulicas con el fin de evitar el deterioro de los bienes comunes.

35Al ser considerada el agua como un bien económico sujeto a las leyes del mercado, queda expuesta a las reglas comerciales internacionales y a su devastación por la lógica de maximización de la ganancia de las empresas y consorcios privados, interesados en su control y gestión. De acuerdo con Flórez (2006), el BM y la Organización Mundial del Comercio (OMC) jugaron un rol clave en la campaña global para que el agua fuera tratada como un bien económico, lo cual trajo como consecuencia un uso regulado por las normas internacionales y en especial por los tratados de libre comercio.

36Al respecto Swyngedouw (2005) señala que la presencia del Estado es central para establecer y sostener los principios del mercado, ya que privilegia un modelo de gestión privada del agua y excluye otras formas de gestión comunitaria y social. En este escenario emergen nuevas instituciones en el campo económico y de regulación ambiental que dan sustento a la estrategia de privatización. Pero más que desregulación en el sector del agua, lo que se observa es que la privatización conduce a una profunda re-regulación del mercado del agua. En este proceso, numerosos actores involucrados en formas diferentes de gestión del agua se ven significativamente afectados y dan lugar a una nueva geometría del poder social.

37La acumulación por desposesión asociada a la privatización del agua brinda más poder económico y autonomía a las empresas (sobre todo transnacionales), en términos de decisiones sobre estrategias e inversiones. Además elimina los controles estatales para ser transferidos al sector privado; cambia los mecanismos en la toma de decisiones y estrategias de desarrollo; y limita el acceso a la información y datos relevantes en materia de agua (Swyngedouw 2005). A esto se le llama desvío de poder (Serra 2003): el Estado invisible violenta la legalidad al otorgar facultades importantes a determinados actores para garantizar su beneficio privado, sin importar si se pone en riesgo el bienestar colectivo o afectan los bienes comunes.

38Es importante señalar que la liberali­zación y privatización del agua fue promovida desde los años 1980 por el BM y el FMI (Achkar y Domínguez 2008). Tales organismos condicionaron los créditos otorgados en varios países del mundo (sobre todo de América Latina, Asia y África) para asegurar la privatización del recurso. Entre 1990 y 2002, 30% del monto total de los préstamos del BM para abasteci­miento de agua y saneamiento tuvieron como centro la privatiza­ción y, por ende, estimularon el mayor control del agua por parte de las empresas transnacionales.

  • 4 Tan sólo en México, más del 80% del mercado es acaparado por la empresa francesa Danone y las estad (...)

39Porto-Gonçalves (2006) señala que la liberalización y la mercantilización muestran una dinámica de la “conquista del agua” en la que hay integración de los sectores que luchan por la sobrevivencia y la hegemonía, en el seno del oligopolio mundial. Cada uno de estos sectores (agua potable, agua envasada, bebidas gasificadas, tratamiento de aguas servidas) tienen sus protagonistas, sus especialidades, sus mercados y sus conflictos. El poder alcanzado por los actores privados se muestra claramente en el control oligopólico del mercado de abasto de agua por parte de empresas transnacionales como las francesas Suez y Vivendi, que controlan el 70% del mercado global de aguas privatizadas (Porto-Gonçalves 2006; Swyngedouw 2005). El mercado de agua embotellada es controlado, a nivel global, por otras empresas transnacionales: Coca Cola, Pepsico, Danone, Nestlé.4

40No obstante, Bakker (2003 y 2013) observa que la privatización del agua estimuló la expansión del sector (como el ligado a la provisión del servicio) en algunas regiones, mientras que en otras hubo retraimiento. Un primer nivel de explicación está en la dimensión económica: las inversiones privadas en materia de agua se expandieron en aquellos lugares donde encontraron nichos de mercado altamente redituables; pero en donde la utilidad fue poco atractiva para sostenerse en el mediano y largo plazo, o mostró riesgos para su realización, se retiraron. Ello muestra la escasa presencia e incluso contracción del sector privado en regiones o actividades consideradas no redituables económicamente (por ejemplo, el abasto formal de agua en zonas suburbanas y rurales donde habitan los pobres de la ciudad y el campo). Así, el neoliberalismo del agua se basa en una lógica de acumulación de capital en la que el eje es la maximización de la ganancia a corto plazo; y su expresión territorial es diferencial por los grados de utilidad que ofrece cada sector social.

41Un segundo nivel de explicación está en la dimensión política: en aquellos espacios donde no hubo resistencia social y el Estado brindó todas las facilidades para la inversión se expandió el modelo de privatización del agua. Pero donde hubo fuerte oposición a la privatización y emergieron organizaciones de defensa territorial e iniciativas ciudadanas para una gestión alternativa en materia de agua (cogestión, autogestión), el capital se retrajo. En esos espacios de conflicto, las empresas privadas no tuvieron más opción que retirarse, reducir sus márgenes de ganancia o incluir lógicas más racionales de uso y manejo del recurso. Este momento corresponde al llamado post-neoliberalismo del agua (Bakker 2013).

Neoliberalización del agua y conflictividad en los territorios indígenas y campesinos de Latinoamérica

  • 5 Del Popolo y Oyarce (2005) y UNICEF (2012) muestran la importancia de los pueblos indígenas en Amér (...)

42De manera concreta, en Latinoamérica la neoliberalización del agua se ha expresado en la fragmentación del territorio al separar la matriz agua-suelo-bosque, que forma parte de la cosmovisión prehispánica tanto mesoamericana (altépetl) como andina (ayllú), e incluirla en la lógica del mercado como una entidad independiente (como mercancías con valor económico y precio). Cuestión que ha implicado el despojo de los territorios habitados por población indígena5 y campesina (fenómeno presente desde la Colonia y exacerbado en la actualidad) al convertir la propiedad social y estatal de la tierra en propiedad privada y generar un mercado de derechos, donde el agua y el suelo son tranzados como cualquier bien económico. La dimensión social y cultural asociada a la noción misma de territorio simplemente se ha hecho a un lado con el fin de fragmentar sus componentes (en forma de recursos naturales) para su fácil mercantilización.

43Al respecto, las reformas neoliberales realizadas en materia de agua en Chile y México dieron mayor certeza sobre los derechos individuales y la creación de mercados de agua (Código de Aguas de Chile de 1981 y Ley Nacional de Aguas de México de 1992). Estas tendencias privatizadoras dificultaron aún más la posibilidad de aplicar las políticas de integración y coexistencia de los derechos colectivos del agua en los territorios indígenas, al no ser reconocidos por los Estados. Como resultado, hubo procesos de desposesión en materia de derechos del agua: en el caso mexicano la cuestión indígena fue omitida en la Ley de Aguas Nacionales, por lo que la población indígena fue tratada como usuario al igual que una empresa privada, sin considerar su reconocimiento constitucional como pueblos indígenas con derechos (Ávila 2012). En el caso chileno, el Código de Aguas de 1981 contribuyó a privatizar los derechos del agua en territorios indígenas y generó tensiones y conflictos con el pueblo mapuche, tanto que en las reformas al mismo Código en 2005 tuvieron que incluir elementos que dieran mayor equidad social en la asignación de los derechos individuales. Aun así, no pudo evitarse el despojo al que fueron sometidos los pueblos indígenas (Budds 2004 y 2009; Gentes 2009).

44Por otra parte, la neoliberalización del agua se relaciona con la restricción del acceso y control de los bienes comunes (manantiales, ríos, lagos y humedales) por la vía de la privatización de la tierra y el otorgamiento de concesiones privadas y decretos expropiatorios, desde el norte hasta el sur del continente (México, Centroamérica y Sudamérica). Ello ha facilitado la realización de obras e inversiones económicas para el aprovechamiento privado de los recursos naturales y del agua en particular, con el argumento del interés público y el beneficio social.

45Lo que ha habido es un diseño y aplicación de recursos jurídicos para legalizar el despojo de los bienes comunes y territorios que cuentan con gran riqueza natural (como los pueblos indígenas y campesinos). Como ejemplo están la apropiación de manantiales reconocidos como bienes colectivos que fueron privatizados (vía concesiones otorgadas y compra de tierra) para el embotellamiento y venta del agua por parte de empresas transnacionales como la compañía Nestlé en el volcán Iztaccíhuatl en México (Meza 2011); así como el aprovechamiento del agua de alta calidad (manantiales y ríos prístinos) para el riego de cultivos agrícolas de exportación como la fresa en Michoacán y las flores del Estado de México que van principalmente al mercado de Estados Unidos (Peniche 2010; Velázquez 2011).

46En consecuencia, la neoliberalización del agua ha requerido de nuevas instituciones y políticas públicas (no solo nacionales sino también internacionales) que impulsen regulaciones más flexibles, acuerdos comerciales e inversiones económicas que hagan realidad la privatización en la región. Por la vía del financiamiento de proyectos multiobjetivo organismos supranacionales como el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con los Estados latinoamericanos, han promovido la construcción de grandes presas hidroeléctricas que benefician sobre todo al capital privado transnacional, desde su etapa de construcción hasta su operación. Muchos de estos proyectos han sido construidos vía endeudamiento público en México, Colombia, Chile y Brasil, principalmente; y se ubican en aquellos espacios definidos como prioritarios por el capital: las regiones de influencia del PPP en México y Centroamérica y los ejes del IIRSA en Sudamérica (Romero, Aravena y Toledo 2009; Kothari et al. 2012).

47La mayor flexibilidad de la legislación (hídrica, agraria, ambiental) ha brindado certeza al capital para penetrar en regiones de gran riqueza natural (selvas de centro y sur de América, desiertos y montañas en México y Sudamérica) y con disponibilidad de recursos estratégicos (acuíferos, glaciares, petróleo, minerales). Esto se ha hecho sobre la base de la depredación ambiental (es decir, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos y cuerpos de agua y desvío de fuentes naturales de agua para actividades mineras, industriales, agrícolas, pecuarias y urbanas) y el despojo de los pueblos indígenas de sus territorios (desde México hasta la Patagonia) como se documenta en Composto y Navarro (2014).

  • 6 Véanse los estudios realizados por Romero, Soto y Gómez (2012); Arreguín, Chávez y Soto (2010); Ort (...)

48Tal depredación se manifiesta en la expansión de la agricultura comercial (sobre todo de exportación) que ha aprovechado los recursos hídricos en algunas regiones, al punto de sobreexplotar los acuíferos y obtener aguas fósiles que afectan la calidad del agua. La Comarca Lagunera y el Bajío Guanajuatense en México son casos bien documentados de los impactos de la actividad agrícola-comercial en la sobreexplotación de acuíferos y la afectación en la salud de la población por la contaminación del agua (elevadas concentraciones de Arsénico y Flúor).6 Lo mismo puede decirse de la Reserva de la Biósfera Cuatro Ciénegas, ubicada en el desierto mexicano y considerada de alto valor ambiental por las especies endémicas que habitan allí. Sus lagunas se han secado o reducido el nivel de profundidad por la sobreexplotación de los acuíferos para el cultivo de forraje, que alimenta al ganado de la industria lechera más importante del país (Enciso 2006 y 2012).

  • 7 Para más detalle véase el veredicto del caso mexicano presentado en el Tribunal Latinoamericano del (...)

49En los casos anteriores se destaca el papel del Estado mexicano al no haber hecho algo por detener la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, como consta con los casos presentados en diversas audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua y en la pre-audiencia de devastación del sistema hídrico nacional del Tribunal Permanente de los Pueblos (Ávila et al. 2013). De hecho, el veredicto emitido por el Tribunal Latinoamericano del Agua en su audiencia de Buenos Aires en 20127 lo señala como responsable de la devastación del sistema hídrico nacional y la violación del derecho humano de los mexicanos al agua.

50En Sudamérica, la expansión del monocultivo de soya ha generado: una presión sobre el uso del agua (superficial y subterránea), cambios en el uso del suelo (afectación de ecosistemas) y adopción de un paquete tecnológico (plaguicidas, herbicidas, semillas transgénicas) altamente nocivo para el ambiente (contaminación del suelo, agua y aire). Los principales productores de aceite y harina de soya a nivel mundial son Argentina, Brasil y Estados Unidos de América; y los principales consumidores son la Unión Europea, Japón y China (Bravo et al. 2010; GRAIN 2013). Tal mercado es controlado por cuatro empresas transnacionales de origen estadounidense (3) y francés (1). En particular se destaca la transferencia de “agua virtual” desde Argentina para la exportación de soya a China, ya que implica el uso de 900 litros de agua para producir 500 gramos de ese cultivo (Viano 2012). Esto sin duda afecta regiones como la Pampa Húmeda, las Yungas y el Chaco, al ampliarse la frontera agrícola en zonas con importancia ecológica o en situaciones de estrés hídrico. Sin embargo, el cultivo se introdujo en ese país en 1996 sin realizar estudios de impacto ambiental que fueran independientes ni una consulta pública o discusión parlamentaria que avalara su pertinencia (GRAIN 2009).

51De igual manera, los megaproyectos hidroeléctricos se han autorizado en la región sin considerar las verdaderas afectaciones, sobre todo en los territorios indígenas. Han sido impuestos por el Estado sin brindar información y mucho menos considerar por la vía de la consulta la opinión de la población afectada; y se han caracterizado por el hostigamiento e incluso violencia contra los opositores a los citados proyectos (Composto y Navarro 2014). Entre los casos están: las presas La Parota, Arcediano y La Yesca en México; las presas del río Bío Bío (Pangue, Ralco y Angostura) en Chile; y la presa Hidrosogamoso en Colombia (Tirel 2006; Romero, Aravena y Toledo 2009; Khotari et al. 2012).

52Lo mismo puede decirse en cuanto a la permisividad del Estado para que actores privados contaminen ríos, cuerpos de agua y mares, sin que haya legislaciones ambientales que realmente se apliquen o contribuyan con su reducción. Eso sin duda es un atractivo para la inversión extranjera, ya que pueden contaminar la región aplicando medidas ambientales mínimas o presionando (incluso extorsionando) a las autoridades en el ramo para que no clausuren sus empresas. En general, las normas ambientales son tan laxas que prácticamente todas las empresas pueden, sin mucho problema, obtener permisos de descarga en los cuerpos de agua y construir sistemas de tratamiento muy básicos. Estas pueden, incluso, contaminar sin que haya sanciones económicas o clausuras que eviten mayores desastres ambientales.

53En toda la región latinoamericana los desechos industriales son un problema grave porque contaminan el agua superficial y subterránea y afectan los ecosistemas, las poblaciones y las actividades productivas que se ubican en las partes bajas de las cuencas o en zonas aledañas. Los casos de contaminación de agua por la industria petrolera y petroquímica en el Golfo de México son realmente graves: han destruido ecosistemas costeros y atentan contra la salud de la población como ocurre en Coatzacoalcos, donde están bien documentados casos de cáncer en la población que ingiere agua contaminada de los pozos profundos cercanos a los complejos petroleros. Al sur del continente ha habido problemas severos de contaminación de ríos y lagos por los desechos de la industria celulósica y de papel, cuestión que ha afectado la biodiversidad (cisnes de cuello negro en Chile) y ha generado tensiones entre Uruguay y Argentina porque el primero afecta la calidad del agua de un río compartido.

  • 8 Para más detalle véanse los veredictos de la Primera audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agu (...)

54Una de las actividades económicas más críticas es la minería, que realiza prácticas extractivas mayoritariamente a cielo abierto y utiliza en sus procesos sustancias altamente contaminantes (Giarracca y Teubal 2011). Muchas de estas prácticas y sustancias están prohibidas en los países de origen de las empresas mineras, es el caso de Canadá y EUA principalmente. Como resultado, las fuentes de agua subterránea y superficial se han contaminado a niveles que han devastado ecosistemas y restringido el consumo de la población y el desarrollo de otras actividades productivas. Los casos de mineras como Pascua Lama en Chile, Cajamarca en Perú y Marlin en la zona maya de Guatemala han sido denunciados por su afectación en los acuíferos y fuentes de agua.8

55En México más del 30% del territorio ha sido concesionado para que las empresas mineras (principalmente transnacionales) realicen exploraciones y exploten los recursos naturales del subsuelo (Ramírez 2012). Incluso tienen garantizado el aprovechamiento del agua, a pesar de que constitucionalmente es prioritario el consumo humano. Sus afectaciones comienzan a ser un problema recurrente en el territorio. Por ejemplo en agosto de 2014 una minera (perteneciente al Grupo México) derramó un volumen considerable de desechos peligrosos (40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico y metales pesados) sobre el río Sonora, ubicado en una de las zonas más áridas del país (Lammers 2014). La empresa no quiso admitir su responsabilidad y el Estado tampoco hizo algo por obligarla a reparar los daños sociales y ambientales. Lo máximo que hicieron las instituciones estatales, después de algunos meses de presión social, fue aplicar una sanción económica a la minera que resultó irrisoria frente a la afectación generada a la población y a los ecosistemas. La clausura de la empresa jamás fue considerada, ni siquiera por unos días.

56Centroamérica es otro ejemplo claro de la avanzada de las empresas mineras con capital transnacional en sus territorios, sufre efectos dramáticos en el entorno natural y en particular en los recursos hídricos. Las demandas de la población por las afectaciones generadas por la minería han sido constantes en todas las audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua (2000-2012).

57El reconocimiento geopolítico del agua como un recurso estratégico ha fortalecido la tendencia a su concentración en unas cuantas manos, ya que es una fuente de poder y control sobre la población y los países (Giarracca y Teubal 2011). En particular se destaca el caso del acuífero Guaraní, que es el gran reservorio de agua en el mundo. Se ubica en Sudamérica en una región donde confluyen cuatro países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Varios magnates extranjeros han adquirido propiedades en ese territorio altamente codiciado, y el gobierno de Estados Unidos tiene bases militares del lado Paraguayo, con el argumento de que hay problemas de terrorismo e inseguridad en la región. En respuesta a estas intenciones, tales países han comenzado a poner restricciones en cuanto a la adquisición de tierras y derechos sobre el agua y han impulsado instrumentos de política de ordenamiento territorial, reconociendo su importancia geopolítica (Cosso 2012).

58Por otra parte, la neoliberalización del agua está relacionada con el cambio de una gestión pública y social a una gestión privada, sobre todo en aquellas actividades que resultan atractivas al capital por las ganancias que producen (abasto de agua, principalmente). El argumento de los organismos supranacionales ha sido la incapacidad del Estado para brindar un servicio público de calidad y con criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero. Por lo que han propuesto eliminar todo tipo de subsidios e ineficiencias en el aprovechamiento del agua, así como introducir una valoración económica que haga de la prestación del servicio un campo atractivo para el sector privado. Esto significa cambiar los marcos legales e institucionales para posibilitar el ascenso de actores no estatales, que se consideran modernos y funcionan bajo una lógica empresarial (Urrea y Cárdenas 2011).

59La privatización en la gestión del agua potable y saneamiento comenzó formalmente desde finales de 1980 en la región. No solo significó una expansión inducida por el BM al condicionar sus apoyos financieros (vía endeudamiento público) a la privatización del sector, sino que se presionó a los Estados para que realizaran los cambios jurídicos necesarios y firmaran los acuerdos comerciales que dieran certeza al capital para invertir o participar en el sector (Giarracca y Teubal 2011).

60Al respecto Porto-Gonçalves (2006) señala que el discurso de la calidad es uno de los principales argumentos de la política de liberalización y privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, ya que el Estado es visto como carente de recursos financieros para realizar inversiones que conlleven su mejoría y ampliación. Este argumento se ha derrumbado en varios países latinoamericanos que comenzaron con la privatización de los servicios urbanos de agua en etapas tempranas. Lejos de la citada superioridad de la gestión privada del agua, la Suez, la Vivendi, la Thames Water (RWE) y la Wessex Water (Enrom) fueron clasificadas por la Agencia de Protección Ambiental del Reino Unido como las cinco mayores empresas contaminadoras en tres años consecutivos (1999, 2000 y 2001). Además, los conflictos asociados con su inadecuada gestión (mala calidad y altas tarifas) hicieron evidente tal contradicción en ciudades como Tucumán (Argentina), donde la población inició en 1997 un movimiento de desobediencia civil contra una filial de la Vivendi, rehusándose a pagar las cuentas de agua debido al deterioro de la calidad y al aumento de más del 100% en las tarifas.

61La lógica económica dominante (ganancia) de las empresas privadas ha generado tensiones entre la población, ya que al pretender cobrar el agua a su precio real, excluye a los más pobres. Frente a ello, organizaciones ciudadanas de origen nacional (como COMDA en México) e internacional (WASH) han cuestionado el papel del Estado como garante de los derechos humanos. La mayoría de los países de la región han firmado acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) y han reconocido el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales (2010), frente a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, con la privatización del servicio de agua las empresas transnacionales han resultado beneficiadas al buscar maximizar sus ganancias, pero la población ha visto restringido su acceso al agua por razones económicas y por ende se ha violentado su derecho humano al agua.

62Incluso el poder de las transnacionales ha tendido a ser superior que el de los Estados, ya que con la firma de tratados internacionales y comerciales y de contratos leoninos en materia de prestación del servicio de agua, sus intereses económicos están protegidos jurídicamente ante una eventual cancelación por presión social de los usuarios o por no cumplir con sus expectativas de ganancia.

63Uno de los casos más conocidos es el de Bolivia: en el año 2000, a raíz de la privatización del servicio de agua en Cochabamba emergieron inconformidades sociales por el aumento de las tarifas y la falta de provisión del servicio en las zonas más pobres de la ciudad (Kruse 2005). Esto desencadenó la llamada Guerra del agua que obligó al gobierno boliviano a cancelar el contrato de la empresa privada Aguas de Tunari como prestadora del servicio. Sin embargo, en el año 2002 la corporación estadounidense Bechtel (que era accionista de la empresa) lo demandó ante instancias internacionales por rescindir el citado contrato. La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es una instancia promovida por el BM. El monto solicitado por la corporación fue de 25 millones de dólares, al estimar las pérdidas presentes y futuras por la rescisión del contrato. Después de cuatro años de litigio, con negociaciones secretas y con una importante presión internacional (movimientos anti-globalización), la demanda fue retirada y no se aplicó pago alguno.

  • 9 Este caso fue abordado en la Primera Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en México, mar (...)

64Otro caso problemático para ese mismo país ocurrió en 2007 cuando el gobierno de Evo Morales tuvo que pagar 5.5 millones de dólares para evitar otra demanda, esta vez con la empresa francesa Suez (accionista mayoritaria del consorcio Aguas de Illimani) que solicitaba la compensación de las pérdidas generadas por la cancelación del contrato. Esta vez fue por el conflicto del agua en Los Altos-La Paz, ya que hubo gran inconformidad y movilización entre la población por las elevadas tarifas e ineficiencia en la prestación del servicio de la citada empresa.9

65Porto-Gonçalves (2006) y Cenicacelaya (2012) señalan que las grandes corporaciones del agua no son muchas pero sí muy poderosas como las francesas Veolia Environment, antes Vivendi y Suez-Lyonnaise des Eaux (Ondeo); la alemana RWE que compró a la británica Thames Water; y la estadounidense American Water Works Co, que adquirió a Azurix. Estas corporaciones difícilmente pueden ser sancionadas por los Estados, ya que los plazos de las concesiones otorgadas suelen ser muy largos y los contratos de difícil rescisión, aun con incumplimiento de lo pactado (como brindar un deficiente servicio o incrementar las tarifas de forma excesiva o recurrente). Por lo que Cenicacelaya (2012, 4) afirma que:

cuando los gobiernos, presionados por una ciudadanía insatisfecha, han pretendido exigir las obligaciones contractuales —sobre todo las de ampliar las redes hacia los sectores más desfavorecidos— en muchos casos estas empresas han abandonado la prestación del servicio para presentar más tarde abultadas demandas de indemnización ante la instancia que ‘arbitra’ las diferencias entre las sociedades transnacionales y los Estados: el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI o ICTSD, por sus siglas en inglés), una poderosa estructura en el seno del Banco Mundial que fue instituida en 1965 en Washington por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.

66En resumen, la neoliberalización del agua en Latinoamérica ha estado asociada con la avanzada del sector privado (sobre todo transnacional) en campos otrora gestionados por el Estado (prestación de servicio de agua) y en actividades económicas altamente redituables (agricultura comercial, industria petrolera y papelera, minería) dirigidas al mercado internacional. Gracias a las desregulaciones en términos de propiedad de la tierra y derechos de agua se ha facilitado el despojo y la devastación de los bienes comunes (glaciares, acuíferos, manantiales, humedales), sobre todo en territorios indígenas y campesinos.

Reflexiones finales

67Desde hace tres décadas los países latinoamericanos han experimentado transformaciones importantes en su modelo económico. Ellas han reforzado las condiciones de dependencia y pérdida de la soberanía nacional al insertarse en la mundialización capitalista. Si bien han cambiado los proyectos políticos, sobre todo en América del Sur, en esencia el modelo económico se ha mantenido invariable. La expresión más clara es el establecimiento de nuevas formas de colonización del territorio (integración por bloques económicos y proyectos regionales) para posibilitar la extracción de recursos naturales estratégicos y consolidar megaproyectos de infraestructura para atraer la inversión privada (sobre todo transnacional) hacia regiones otrora inaccesibles (selvas, cordilleras, desiertos, humedales).

68Para posibilitar la avanzada neoliberal, el papel del Estado ha sido determinante: desde impulsar las reformas económicas y la firma de acuerdos comerciales internacionales hasta promover cambios legales e institucionales que abran el paso al libre comercio y al ascenso de actores transnacionales. La privatización ha sido una de las estrategias principales para dar certeza al capital en materia de propiedad de la tierra y el control de recursos estratégicos. Ha emergido una nueva forma de despojo conocida como acumulación por desposesión que consiste en formas originarias de acumulación del capital más nuevas formas que llevan a la apropiación de los bienes comunes y a la devastación ambiental.

69Una de las implicaciones más importantes de la privatización ha sido la fragmentación del territorio y en particular de las zonas indígenas y campesinas, que se caracterizan por la riqueza natural y el manejo integrado de sus recursos (agua, suelo, bosques). Esos territorios han sido afectados por intereses económicos de actores privados que se han apropiado de los mismos para maximizar sus ganancias por vías diversas a corto plazo, sin considerar los costos sociales y ambientales generados.

70El proceso de neoliberalización de la naturaleza se relaciona con la separación de la matriz original que integra el territorio: el suelo se separa del agua y ésta a su vez de los bosques, el sustrato del subsuelo también es sacado de las entrañas de la Tierra. Como resultado de la cosificación de la naturaleza se tienen bienes económicos llamados recursos naturales (agua, suelo, bosques, minerales) que pueden ofertarse en el mercado, previamente des-regulado o re-regulado (según el caso) para garantizar su apropiación y usufructo privado. Bajo esas nuevas reglas también pueden considerarse las externalidades como costos ambientales del modelo económico (desde la economía ambiental), así como los “servicios” que la naturaleza cosificada presta a la sociedad: provisión de agua, captura de carbono, control de inundaciones, etcétera. En suma, el capital natural.

71En ese contexto, la neoliberalización del agua es resultado de una estrategia que impulsa su privatización y conversión en mercancía, al considerarse como un bien económico que puede tranzarse en el mercado de derechos. Esta modalidad puede llevar a su acaparamiento y por ende a la exclusión de aquellos actores que no cuenten con el capital suficiente para adquirirlos. Tal situación ha ocurrido en Chile, donde los indígenas prácticamente han sido despojados de sus aguas y tierras por empresas transnacionales. Por otra parte, los “servicios” que el agua provee a la sociedad son compensados monetariamente como pago de servicios ambientales o como pago de derechos de descarga en ríos y cuerpos de agua (con el lema “el que contamina paga”).

72Estos nuevos espacios de apropiación privada del recurso y gestión del servicio de agua son apetecidos por los actores transnacionales, bajo una lógica empresarial (e incluso monopólica) que busca maximizar sus utilidades a corto plazo. Los criterios sociales y ambientales simplemente son omitidos o subvaluados para evitar reducir su margen de utilidad o poner en riesgo la concreción de su proyecto económico. Tal lógica genera tensiones sociales, que según la coyuntura, pueden convertirse en luchas y movimientos sociales que cambien la modalidad de privatización o reduzcan la voracidad del capital en su lógica de la máxima ganancia. Los ejemplos de oposición social a la privatización del agua abundan en la región, así como las ineficiencias del sector privado en la gestión del servicio.

73La apropiación de los bienes comunes se expresa en las restricciones a su acceso y usufructo, como ocurre con algunos ríos, manantiales, lagos e incluso playas, donde el capital ha despojado a los actores sociales que históricamente habían dependido de ellos (generalmente comunidades indígenas y campesinas, cooperativas de pescadores, etcétera). Las opciones de despojo son: la obtención de concesiones, inclusión de mecanismos irregulares que formalizan su privatización (escrituras de propiedad en zonas de litigio) y la declaración de actos de expropiación por causa de utilidad pública (construcción de presas, caminos, obras de trasvase de agua). Un caso dramático son las concesiones del subsuelo para la exploración y explotación minera que acaban con todo el sustrato natural (incluida el agua) e incluso atentan contra la seguridad de los asentamientos humanos y sus formas de reproducción social.

74El dominio de una lógica capitalista en los procesos productivos (agricultura comercial de exportación, agroindustrias, industria de transformación, extracción minera, entre otros) tiene impactos ambientales negativos sobre la calidad y la cantidad del agua subterránea y superficial disponible. Muchos territorios indígenas y campesinos tienen sus ecosistemas devastados: los acuíferos sobreexplotados, los ríos, lagos y mares contaminados, los manantiales y lagos en proceso de desaparición por deforestación y azolve, etcétera. Tales costos ambientales pretenden ser incorporados bajo una lógica neoliberal, como externalidades del proceso productivo y de consumo, sin cambiar en esencia la racionalidad económica dominante.

75Además, se busca que se controlen los procesos de deterioro ambiental por medio de la respectiva legislación y sus instrumentos de política, como las normas de agua para el control de la contaminación, las evaluaciones de impacto ambiental, los ordenamientos ecológicos y los decretos de protección (áreas naturales protegidas). Sin embargo, la aplicación de la normatividad ha sido discrecional para no afectar el funcionamiento y desarrollo de las actividades económicas. Con ello lo que se busca es legitimar la devastación ambiental. Los ejemplos de aprobación de proyectos mineros, hidroeléctricos y carreteros en zonas de alta biodiversidad o con decretos de protección ecológica son una constante en la región: sus impactos ambientales se minimizan y sus impactos sociales se omiten.

76En el proceso de neoliberalización de la naturaleza (y del agua en particular), el Estado juega un papel central en la desregulación y flexibilización de los instrumentos legales (agrarios, ambientales) que protegen la propiedad y el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos (suelo y subsuelo) y los bienes de la nación (agua, energía, minerales). En su cara no visible, el Estado actúa con mecanismos no formales (y por tanto ilegales) para asegurar el desvío de poder (en términos jurídicos) y favorecer los intereses de los grupos dominantes. Esto puede conducir a la violación de los derechos fundamentales de la población local para abrir camino a la privatización, por la vía del despojo o imposición de megaproyectos en territorios indígenas y campesinos; incluso puede venir acompañado del uso de la violencia y la coerción para avanzar en tales objetivos.

77Casos como estos abundan en la región. En ella las luchas sociales que se oponen a la actividad minera y a la construcción de presas hidroeléctricas y carreteras han pretendido ser abatidas por medio de cooptación, coerción y violencia extrema (desaparición y asesinato de líderes y la represión de los movimientos sociales). Detrás de esas acciones están los actores privados y estatales, en total alianza, para afianzar sus proyectos e intereses económicos en los territorios considerados estratégicos para el capital.

78Es claro que los impactos sociales y ambientales de la neoliberalización de la naturaleza y el agua en Latinoamérica han sido devastadores en los territorios donde habitan los pueblos indígenas y campesinos. El camino para revertir esta tendencia está en proceso de construcción: hoy existe una diversidad de luchas sociales que defienden su derecho al control del territorio y exploran formas novedosas de autonomía y aplicación de la justicia ambiental, ante la voracidad del capital y el autoritarismo del Estado.

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Notas

1 En términos menos rigurosos se considera como neoliberalismo o globalización económica; así como la interfase global y mundial del capitalismo en la acepción latinoamericana.

2 Leff (2003, 4) señala que la ecología política “se localiza en los linderos del ambiente que puede ser recodificado e internalizado en el espacio paradigmático de la economía, de la valorización de los recursos naturales y los servicios ambientales. La ecología política se establece en ese espacio que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado”.

3 Al respecto el Tribunal Latinoamericano del Agua ha documentado decenas de casos de afectación a los sistemas hídricos por parte de empresas privadas nacionales y transnacionales en la región. Los casos más críticos son la minería en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y Sudamérica (Perú, Chile), así como los proyectos hidroeléctricos en México, Colombia, Chile y Brasil. También existen otros casos de violación o incumplimiento de la ley por parte del Estado y las empresas privadas que muestran la afectación socioambiental en los territorios indígenas y campesinos (Bravo 2010; Peniche 2010; Meza 2011; Roa y Duarte 2012; Composto y Navarro 2014).

4 Tan sólo en México, más del 80% del mercado es acaparado por la empresa francesa Danone y las estadounidenses Coca Cola y Pepsico (Sánchez 2012).

5 Del Popolo y Oyarce (2005) y UNICEF (2012) muestran la importancia de los pueblos indígenas en América Latina: existen más de quinientos grupos indígenas con alrededor de treinta millones de habitantes, valor que representa el 6% de la población total en la región. Su distribución varía según los países: México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia concentran la mayor población indígena en el continente, aunque en términos porcentuales Bolivia es la más indígena. Brasil concentra el mayor número de grupos indígenas pero con una densidad demográfica baja.

6 Véanse los estudios realizados por Romero, Soto y Gómez (2012); Arreguín, Chávez y Soto (2010); Ortega (2009); y el dictamen de Ávila et al. (2013).

7 Para más detalle véase el veredicto del caso mexicano presentado en el Tribunal Latinoamericano del Agua en 2012. http://tragua.com/2012/11/3148/.

8 Para más detalle véanse los veredictos de la Primera audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en México 2006. http://tragua.com/audiencias/primera-audiencia-regional-latinoamericana-ano-2006-distrito-federal-mexico/.

9 Este caso fue abordado en la Primera Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en México, marzo del 2006.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Patricia Ávila-García, « Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica  »,Revista de Estudios Sociales, 55 | 2016, 18-31.

Referencia electrónica

Patricia Ávila-García, « Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica  », Revista de Estudios Sociales [En línea], 55 | Enero 2016, Publicado el 01 enero 2016, consultado el 24 septiembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/revestudsoc/9602

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Autor

Patricia Ávila-García

Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México). Investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Water Conflicts and Human Rights in Indigenous Territories of Latin America”. En Water for The Americas: Challenges and Opportunities, editado por Alberto Garrido y Mordechai Shechter, 177-205. Nueva York: Routledge, 2014 y “Urbanización, poder local y conflictos ambientales en Morelia”. En Urbanización, sociedad y ambiente. Experiencias en ciudades medias, coordinado por Antonio Vieyra y Alejandra Larrazábal, 121-149. México: UNAM – INECC, 2014. Correo electrónico: pavila[at]cieco.unam.mx

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