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Dossier "Reflexiones en torno a la agrimensura, la justicia y el derecho a partir del estudio de casos (ss. XVI-XX)"

Agrimensores, gobierno y derechos en prácticas institucionales de ordenamiento territorial. Jurisdicción de Mendoza, 1850-1860

Arpenteurs, gouvernement et droits dans les pratiques institutionnelles d’ordonnancement territorial. Juridiction de Mendoza, 1850-1860.
Surveyors, government and rights in institutional practices of territorial planning. Mendoza Jurisdiction, 1850-1860
Eugenia Molina

Resúmenes

Este trabajo analiza cómo se articuló la labor de los agrimensores, los proyectos gubernamentales de intervención del territorio provincial y los derechos esgrimidos por los vecinos de Mendoza en relación con ambos hacia 1850. La hipótesis intenta demostrar que durante el periodo se produjo una reelaboración de los argumentos jurídicos y las estrategias legales que fundamentaron tanto las actuaciones de las autoridades para intervenir sobre el espacio público, como de los habitantes para estimular, frenar y torcer esas acciones. Se concluye en que, si bien la cultura jurisdiccional seguía permeando las relaciones entre los propietarios y de éstos con las autoridades, también fue clara la presencia de formas discursivas y ejecutivas en los argumentos político-administrativos esgrimidos, los cuales lograron mayor efectividad con el paso de los años. Así, los gobiernos se apoyaron cada vez más en un grupo de peritos a su disposición para cumplir sus órdenes y someterse a su vigilancia.

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Notas de la redacción

Recibido: 21 de mayo de 2019 / Aceptado: 07 de octubre de 2019

Texto completo

Introducción

  • 1 Una reflexión crítica del “giro espacial” y su impacto en las tensiones epistemológicas generadas p (...)
  • 2 Darío Barriera llamó la atención sobre cómo diversas “distancias” (geográficas, sociales, culturale (...)
  • 3 Para el concepto “ordenamiento territorial” y referencias bibliográficas básicas, López Trigal, Lor (...)
  • 4 Con estos términos se alude a la consolidación desde fines del XVIII de las prácticas derivadas de (...)
  • 5 La historiografía sobre las dialécticas relaciones entre saberes y estatalidad ha definido un campo (...)
  • 6 Harley insistió en que se debería abordar los mapas como textos insertos en un contexto, el cual co (...)
  • 7 La cuestión de la conformación de un catastro como producto gráfico que sirviese de base a la recau (...)
  • 8 Una obra clave para estos estudios en el espacio iberoamericano, la cual marcó las líneas posibles (...)

1La incorporación de la espacialidad y el territorio como problemáticas de investigación en la producción historiográfica ha generado múltiples derivas analíticas que vienen mostrando, desde hace algunos lustros, diversas modalidades de gestión gubernamental y también distintas formas de construcción y ejercicio del poder político, social, económico y cultural1. Si el factor “distancia” se ha revelado como un elemento clave para reflexionar en torno del modo en que la lejanía/cercanía atraviesan representaciones y prácticas de gobierno2, las cuestiones de la organización, segmentación y jerarquización implicadas en las políticas de ordenamiento territorial han evidenciado cuánto han influido en la reproducción de las relaciones sociales, sus preeminencias y subordinaciones3. Una línea particular de indagación se ha vinculado con el abordaje de la conformación de la “tecnología territorial”4, los saberes desarrollados para su gestión y la consolidación de agencias estatales especializadas en ellos5. Por su parte, los estudios acerca de las representaciones gráficas como apropiación simbólica de las jurisdicciones reivindicadas por los Estados se han multiplicado en los últimos años6, dando cuenta de las estrategias implementadas para extender los tentáculos de un monopolio estatal de la coerción, esto conectado también con la configuración de un conocimiento catastral que asentara una recaudación fiscal regular y estable7. Los agrimensores junto con los Departamentos Topográficos se han convertido, así, en objeto de estudio de una creciente historiografía8.

  • 9 Este aspecto fue abordado en Molina, Eugenia, “Ciénagas, desagües y acción estatal. Desplazamientos (...)
  • 10 Se ha considerado que el análisis de la mayor demanda de intervención, delimitación de atribuciones (...)
  • 11 Utilizamos el término con un sentido literal, como el ámbito de común y libre acceso de la població (...)
  • 12 Alejandro Agüero ha explicado cómo durante el periodo indiano el gobierno se desplegó en el marco d (...)

2Teniendo en cuenta estas preocupaciones y el campo de discusión delineado en torno suyo, el problema en el que busca indagar este trabajo refiere a la articulación entre el ejercicio de los agrimensores, los proyectos gubernamentales de intervención del territorio provincial y los derechos esgrimidos por los vecinos, en el marco de conformación de la provincia de Mendoza como centro de poder heredero de la jurisdicción indiana de la ciudad homónima. Con ello se intenta aportar a la discusión sobre las relaciones entre espacialidad, estatalidad y configuración de un discurso político-administrativo con potencia ejecutiva. En tal sentido, se enfocará la atención en la delineación de calles y caminos, plazas, edificaciones y, en parte, en la organización hídrica9, por cuanto ello conformó una labor central de aquellos peritos previo a su posterior especialización en la mensura y tasación. Se apuntará a las prácticas institucionales progresivamente normadas, considerando que los discursos conforman ellos mismos una agencia10. La hipótesis preliminar propone que se produjo en el mediano plazo una reelaboración de los argumentos jurídicos y las estrategias legales utilizados para fundamentar las acciones de intervención tanto de las autoridades sobre el espacio público11, como de los habitantes para estimularlas, frenarlas y/o torcerlas. Se considera que todas estas modificaciones tuvieron que ver con la transición desde una forma jurisdiccional de gobierno a otra que apeló a procedimientos político-administrativos en los que tendió a imponerse el orden público como principio legitimador12.

  • 13 Sobre el impacto del sismo en la infraestructura local y su reconstrucción, Cirvini, S., Estructura (...)
  • 14 Se utiliza el término aquí con el sentido de construcción que se destina tanto al uso común de los (...)

3La periodización adoptada se fundamenta en dos momentos clave de la gestión territorial. Por un lado, en 1850 el gobierno designó los primeros agrimensores de número, titulando a un primer elenco de peritos en la intervención del espacio; por el otro, 1860 marca el año previo a aquel en que se produjo el terremoto que destruyó la ciudad13, evento que constituyó un clivaje relevante en la problemática en estudio por cuanto impuso la reconstrucción urbana con una impronta más clara de profesionalización en la planificación y ejecución de la obra pública14.

  • 15 Los derechos de los particulares remitían a una trama jurídica compleja que articulaba múltiples fo (...)

4La exposición se organizará en tres apartados: en el primero se analizarán las prácticas de los peritos en lo saberes de delineación edilicia y mensura anteriores a 1850, a fin de establecer un referente comparativo; en el segundo se enfocará la atención en los agrimensores de número y el flamante Departamento Topográfico (en adelante DT) como esfuerzo gubernamental por conformar un elenco de expertos en la gestión del espacio público; finalmente, se abordarán los argumentos jurídicos y las estrategias legales utilizadas para solucionar la fricción entre derechos particulares15 y bien público generadas por la intensa actividad del gobierno en relación con el ordenamiento territorial.

5Se trabajará con fuentes éditas pero también, y sobre todo, con originales conservadas en el Archivo General de la Provincia de Mendoza. Se han priorizado las pertenecientes a las carpetas de Obras Públicas (147, 148 y 149) y DT (34), porque ellas permiten un análisis cualitativo más denso de la trama de criterios jurídicos puestos en juego en la tensión entre intereses públicos y particulares al ser tramitadas obras públicas diversas. Sin embargo, también se incluirán decretos y correspondencia gubernamental provenientes de un amplio corpus vinculado al objeto de estudio, el cual ha sido construido a partir de una diversificada compulsa documental en el mismo repositorio con el objeto de intentar una mirada integral que incluya tanto el horizonte de expectativas de las autoridades como algunos aspectos de la experiencia de los ciudadanos comunes.

1. Alarifes y agrimensores: diversidad de tareas y poder legitimante de su pericia

  • 16 Una puesta al día de la trama jurídico-política que marcó la conformación de las provincias rioplat (...)

6La ciudad de Mendoza había sido cabecera del Corregimiento de Cuyo (que incluía también las de San Juan y San Luis) dependiente de las autoridades residentes en Chile hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776) y la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes (1785), la cual desarticuló esta unidad administrativa. Así, pasó a depender de la Intendencia de Córdoba del Tucumán en calidad de ciudad subalterna, y a través de ella de Buenos Aires como capital virreinal. A fines de 1813, en plena Revolución, se convirtió en sede del gobierno de la Intendencia de Cuyo hasta 1820, cuando nuevamente se desintegró para comenzar a definir un espacio político nuevo, la provincia de Mendoza, que reivindicó los territorios de la jurisdicción anterior16.

  • 17 Según el Diccionario de Autoridades (1726) el oficio refería a “El Maestro que publicamente está se (...)

7En esos años, tanto las labores de mensura como la inspección de obras en el espacio público eran encargadas por el cabildo, el gobernador intendente o el jefe de policía, a hombres con conocimiento en la materia denominados “alarifes”17. Al menos hasta 1845, cuando se ha detectado el uso más asiduo de “agrimensor” para nombrar a los sujetos con sapiencia en un amplio abanico de cuestiones (desde la medición y tasación de tierras, hasta la delineación de calles, rectificación de líneas de edificación y apertura de acequias).

  • 18 Faus Prieto, Alfredo, “Del campo al gabinete. La obra cartográfica del agrimensor e hidrómetra Fran (...)
  • 19 No existen datos biográficos de los hermanos catalanes, excepto referencias a sus trabajos como la (...)
  • 20 El Diccionario de Autoridades de 1739, definía la vista de ojos de esta manera: “Se llama la dilige (...)
  • 21 Resulta interesante que, si bien el cuerpo capitular en su resolución convocó a los dos peritos, lo (...)

8Un elenco estable de alarifes actuó durante gran parte de los años previos y posteriores al proceso revolucionario independentista, logrando el reconocimiento de saberes adquiridos empíricamente y/o en un marco de endotecnia18. Un par de hermanos de procedencia catalana, Jaime y Ramón Roquer, y otros originarios de la península itálica, Santiago y Cayetano Ayroldi, se ocuparon del planteo de proyectos como peritos en arquitectura19 y como asesores en dictámenes sobre apertura de calles y deriva de aguas. Así, a comienzos de 1811, se convocaba al primero de aquellos como “alarife de la Ciudad” para que con uno de los segundos realizase una vista de ojos20 y presentase informe sobre las consecuencias de la decisión del cabildo de reordenar las “avenidas de agua” que bajaban desde la montaña hacia el casco urbano21.

  • 22 Esta jurisdicción correspondió al gobernador intendente desde fines de 1813, pero en los años anter (...)
  • 23 AGPM, I, OP, C 147, D. 21, f. sin número (s/n).
  • 24 AGPM, I, OP, C 147, D. 10, f s/n; AGPM, I, OP, C 147, D 16, f s/n. Sobre el rol de los decuriones e (...)

9Los alarifes actuaban a solicitud de la autoridad superior a cargo de la función de policía22, la cual debía mantener la limpieza y decoro urbano, mejorar y ampliar las vías de circulación, y conservar en buen estado la red de irrigación (acequias, canales y desagües), lo que en el caso de Mendoza era clave dado el clima árido que permitía cultivar solo en las zonas de oasis. Estos peritos actuaron bajo la inspección del regidor juez de policía hasta la desaparición del cabildo en 182523. Sin embargo, resulta interesante observar la tensión que se evidenció respecto de quién tenía la jurisdicción para intervenir sobre el espacio público, pues si podía tenerla tanto el municipio como el gobernador, con el tiempo se fortaleció la capacidad de este último, sobre todo durante la gestión de San Martín en el contexto de preparación del Ejército de los Andes. De hecho, la complejización de la trama de justicia menor, expresada en la multiplicación de los cuadros administrativos con jueces menores con función de policía (decuriones), otorgó al gobierno territorial un instrumento institucional fundamental, por cuanto estos sujetos conocían bien la trama de relaciones comunitarias de su cuartel o barrio, lo que les permitía contribuir en vistas de ojos y ejecución de apertura de calles y cursos de agua24, ello aun cuando no contasen con saberes específicos como los alarifes.

10El Reglamento de Policía de 1828 aclaró la situación, al menos en lo normativo. El jefe de policía (dependiente de la órbita del ejecutivo), según el artículo 2°, se encargaría del

  • 25 Ahumada, Manuel, Codigo de las leyes, decretos y acuerdos que sobre administración de justicia se h (...)

aseo, ornato y buen orden de la Ciudad y sus arrabales, de los paseos públicos, de las calles y veredas, de los caminos y Plazas, de las Càrceles y Prisiones, de los Hospitales y Cementerios, de las Escuelas y Colejios, de las Capillas y Monasterios, y cualesquiera casa ó lugar público25.

  • 26 AGPM, I, OP, C 147, D 33, f 1 y 3.

11Los decuriones seguirían siendo los vigilantes cotidianos del buen curso de acequias, carriles y edificaciones (artículo 23 a 25 y 30), pero estableciendo que en el departamento de Ciudad nadie podría construir sin inspección del “Injeniero” (artículo 30). No obstante, los peritos en obra pública siguieron denominándose alarifes, como da cuenta un expediente de 1831 en el que un grupo de vecinos requería que pasase el “Ingeniero de la Ciudad” a reconocer el terreno y proponer la delineación de una calle, y luego las autoridades nombraron al “alarife” para que, asociado con el juez del lugar, procediese a la vista de ojos26.

  • 27 El Diccionario de Autoridades de 1726 no registraba este vocablo, pero sí su versión de 1780, en la (...)
  • 28 AGPM, I, OP, C 147, D 58, f 5.
  • 29 Esta diversificación de tareas era común en un contexto en el que la especialización profesional en (...)
  • 30 Villanueva tenía larga experiencia en la gestión contable e impositiva, lo que explica su participa (...)
  • 31 La grafía del apellido no era estable, alternaban Argañaraz, Algañarás y Algañaraz. Se usa Argañara (...)
  • 32 Fue comisario de aguas de la ciudad, empadronó terrenos labrados no declarados, integró una comisió (...)
  • 33 A fines de 1820, cuando el gobierno debió repartir terrenos en pago de servicios militares, designó (...)
  • 34 AGPM, I, Departamento de San Martín (DSM), C 567, D 4, 13/4/1849.
  • 35 AGPM, I, OP, C 147, D 58, f 5; AGPM, I, Policía (P), C 170, D. 52, 28/8/1837.
  • 36 AGPM, I, OP, C 147, D 10, f s/n.
  • 37 Se comisionaba a un comisario a mensurar 40 cuadras del Estado, señalando los linderos y tasándolas (...)
  • 38 El subdelegado cumplía estas funciones en el marco del departamento, el comisario lo hacía como mag (...)

12Hacia 1845 este saber conectado con la apertura de calles, acequias y desagües, parece haberse identificado ya más claramente con el término “agrimensor”27. A fines de ese año, el jefe de policía y el juez general de aguas debían pasar al paraje de Cruz de Piedra para evaluar una vía tapada junto con dos “agrimensores”, quienes luego se encargaron de practicar la apertura requerida28. Se había ido conformando un nuevo elenco de peritos, distinto del revolucionario, pero que como éste tan pronto medía o tasaba tierras como informaba sobre calles y cursos hídricos (encargándose también de la obra), y de otras planificaciones29. Algunos obtendrían una titulación oficial años después, como Nicolás Villanueva30, Manuel Argañaraz31 y José Galigniana32. Otros, en cambio, fueron convocados esporádicamente por su conocimiento del terreno o el prestigio que gozaban como sujetos “inteligentes”33, mientras que los subdelegados34, comisarios35 y decuriones36 cumplieron esas tareas por sí o como veedores37 debido a su función de policía y justicia, las cuales ejercían, según se dijo, por el Reglamento de 1828, pero también por los de Justicia de 1834 y 184538.

  • 39 AGPM, I, OP, C 147, D 1, f 5v.
  • 40 Un informe sobre los recaudos tomados para la apertura de una calle afirmaba que el alarife había r (...)
  • 41 Ya se ha marcado este rol mediador de los agrimensores reflejado en la persistencia de su nominació (...)

13Ahora bien, los alarifes (a veces llamados también arquitectos)39, ingenieros, agrimensores o jueces menores con funciones de policía, actuaban en estos aspectos sobre la compleja frontera de los intereses y dominios públicos, por un lado, y los de los particulares, por el otro, intermediando como árbitros entre ambas esferas. Ello requería capacidad de negociación, más allá de la pericia técnica que pudiesen poseer40. En virtud de ello, solían intervenir en el marco de procedimientos judiciales en los que, una serie de criterios jurídicos servían para solucionar las tensiones entre el bien común y los derechos esgrimidos por los propietarios afectados41. Se han detectado, en este sentido, al menos cuatro argumentos desplegados por ambas partes como estrategias para iniciar o frenar obras.

  • 42 Tal como decía el perjudicado por una obra al quejarse de que los comisionados para la vista de ojo (...)
  • 43 Un vecino consideraba que el informe del síndico procurador para una obra hidráulica no tenía forta (...)
  • 44 Garavaglia, Juan Carlos, “¿Cómo se mide la tierra? Las mensuras en el Río de la Plata, siglos XIX y (...)

14En primera instancia, la necesidad del consenso comunitario para avanzar en cualquier intervención sobre el espacio público. La delineación de calles, acequias y desagües requería el beneplácito de los implicados, pues solo así cumplía con los requisitos de justicia y equidad42. Esto explica que la citación de los vecinos afectados en su circulación, su riego o la pérdida de terreno a favor de la obra proyectada, conformara un paso ineludible sin el cual se veía afectado el legítimo procedimiento, pudiendo servir de base para desestimar lo actuado. Lo que los peritos debían lograr era dar a cada cual lo que correspondía por medio de un honesto ejercicio de su saber, el cual les otorgaba un aura de imparcialidad relacionada con su “inteligencia”43. Como sostenía Garavaglia al referirse a la mensura de las tierras, lo que se buscaba no era la precisión matemática, sino el consenso que garantizase la legitimidad comunitaria44. Para ello era vital la presencia de los interesados al momento de la vista de ojos y la delineación de la obra, a fin de que in situ pudiesen justificar su oposición o ratificar su aceptación.

  • 45 En la oposición a un trabajo se sostenía que era un recurso “muy usado” lucrarse “injustamente” con (...)
  • 46 Tal como se oficiaba al gobernador luego de una vista de ojos, “es muy sensible que por una simple (...)
  • 47 Se afirmaba que el sacrificio hecho por el bien público “no debe ser sin indemnización suficiente d (...)
  • 48 Una vecina reclamó por el verdor de los plantíos perdidos, próximos a dar frutos. AGPM, I, OP, C 14 (...)
  • 49 Cierto proceso logró el pago de indemnización por unos terrenos cedidos en el casco urbano para obr (...)

15Un segundo elemento ineludible estaba conformado por la demostración de necesidad pública, esto es, que una disposición efectivamente mejorase la calidad de vida de la población en su conjunto, y no solo beneficiase a ciertos particulares. Los vecinos podían ceder parte de sus propiedades, derechos adquiridos al riego o acceso a una vía sólo si era demostrada la utilidad para el común45. En ese caso, la pérdida se justificaba en el antiguo criterio de subordinación de lo propio a lo comunitario46, y tenía su compensación en una indemnización que reconocía la disminución47. Por ello la tasación de esta era también un momento clave por cuanto la apelación a un experto aseguraba que el vecino fuera equitativamente reivindicado en las varas de terreno obsequiadas a la necesidad general, los plantíos arrancados para una delineación y hasta por los frutos en crecimiento48, conformando éstos riqueza potencial reconocida al determinar los perjuicios49.

  • 50 AGPM, I, OP, C 147, D 1, f. 6 y 7.
  • 51 AGPM, I, OP, C 147, D 60.
  • 52 Una vecina, para oponerse a una calle que se abriría, sostuvo que “de inmemorial tiempo” la vía hab (...)

16En tercer lugar, los argumentos esgrimidos solían incorporar la noción del mayor peso de lo antiguo por sobre lo nuevo, considerando que lo ya probado en la experiencia comunitaria poseía una legitimidad no gozada por los proyectos innovadores. Así, la construcción de una estructura para frenar las aguas que bajaban desde la montaña a la ciudad fue recurrentemente rechazada por un grupo de vecinos, los cuales no entendían la razón por la que doscientos años de una práctica habitual en la distribución de ellas quería ser modificada para formar un solo curso50. En la misma sintonía, el demostrar que una calle había estado abierta en el pasado y había beneficiado a la población, constituía una prueba sólida para fundamentar la solicitud de su reapertura, de lo que podía dar cuenta una información de testigos residentes de un barrio que habían vivido el tiempo suficiente como para confirmarlo51. Lo no acostumbrado, entendido como aquello que no contaba con el valor otorgado por el paso del tiempo52, resultaba difícil de defender en el escenario judicial, requiriendo el mejor esfuerzo de los peritos y las autoridades para demostrar que la utilidad general era proporcionalmente mayor que los perjuicios provocados a los particulares en sus usos y sus costumbres.

  • 53 Una solicitante la exigía, considerando “esta diligencia en estos casos tan de cajon, necesaria de (...)
  • 54 Se solicitaba “sujetos que sean imparciales é inteligentes” para que informasen sobre los perjuicio (...)

17Finalmente, la prueba judicial por excelencia, tanto para mostrar los beneficios de una obra como para determinar la indemnización por los daños ocasionados, la conformaba la vista de ojos realizada por sujetos “inteligentes” de decencia indiscutible53. Su saber experto basado en el manejo de técnicas de medición, en el conocimiento del valor de las tierras según su calidad y la experiencia en la gestión hídrica convertía sus informes en un eslabón ineludible del proceso, pues la pericia iba articulada a la imparcialidad, descontándose que quien tenía conocimientos podía sopesar mejor los intereses públicos y particulares en fricción que aquel que no los poseía54.

  • 55 Un plano se adjuntó en 1822 a la delineación de una calle y una acequia en Luján. AGPM, I, OP, C 14 (...)
  • 56 AGPM, I, OP, C 147, D 1, f 5 y 5v.
  • 57 Mazzitelli Mastricchio, M., “Los ‘Jueces”, Op. Cit., p. 10. Como lo expresa el término “notarial”, (...)

18Junto a estos argumentos, conviene remarcar, además, la persistencia de la apelación a recursos verbales de tipo descriptivos. Así, de la compulsa de 18 expedientes sobre obras públicas para los años 1810 a 1850, se detectó solo 2 que incorporaron una representación ilustrada como referencia del texto informativo de los peritos55. De hecho, cuando el síndico procurador en 1811 consideró necesario levantar un plano para determinar el mejor curso para las aguas que bajaban del piedemonte al casco urbano, el cabildo creyó que era muy costoso, considerando que podía “resolverse con una vista de ojos” realizada por el alarife de la ciudad56. Prevalecía, entonces, una modalidad “notarial” de la gestión espacial en la que el modo de garantizar las propiedades y solucionar los conflictos de intereses se sostenía sobre recursos verbales, narrativos y no gráficos57. Situación que, para 1850, comenzaba a cambiar en la práctica y en la norma, expresado esto último en el nombramiento de agrimensores de número y en la exigencia creciente de cartografía como elemento de prueba, ya no complementario sino central en el proceso judicial.

2. Una cierta institucionalización de los saberes

  • 58 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 210-211.
  • 59 Hay que recordar que ya había participado con Villanueva en actividades de agrimensuras, alguna ya (...)
  • 60 Era primo de Juan de la Rosa Pescara y sobrino nieto de José Pescara, eximios tomeros e inversionis (...)

19En 1850 el ejecutivo provincial decretó que en adelante todas las mensuras de tierras debían ser realizadas por persona competente para tener validez (artículo 1°), designando a tres agrimensores “de número” (artículo 2°) y dejando expedita la presentación a futuros candidatos que serían evaluados por una comisión ad hoc (artículo 3°); no obstante, preveía que en caso de desavenencia el gobierno nombraría otro “especial” (artículo 5°). Estos peritos serían responsables por sus errores, debiendo pagar los perjuicios ocasionados (artículo 4°), y estaban obligados a acompañar su actuación con un plano (artículo6°). La letra de la disposición fundamentaba ésta en los servicios que los saberes otorgaban al bien público al evitar la conflictividad entre particulares y el fraude al fisco, ambos problemas favorecidos hasta entonces, afirmaba, por la “falta de conocimiento en persona de capacidad é inteligencia”58. Los nominados fueron José Galigniana, Pablo Pescara y Manuel Argañaraz59; el primero y el último contaban ya con un cierto capital simbólico en el oficio, mientras que el segundo procedía de una parentela vinculada a la gestión hídrica y de tierras60.

  • 61 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 211-212.
  • 62 Situación ambigua respecto del status de agrimensor ya marcada en otros casos provinciales. Bressan (...)

20Días después, de hecho, el gobierno nombró a este último “ingeniero de la Ciudad y Villa de San Vicente”, con la misión de aplicar el Reglamento de Policía de 1828 respecto de edificaciones y veredas con vistas a uniformar el espacio público y mejorar el tránsito. También lo habilitaba a planificar, presupuestar e inspeccionar obras a pedido suyo, del jefe de policía o el juez general de aguas (artículo 2°)61. No obstante, si la resolución remitía a un cuerpo normativo de dos décadas de antigüedad, introducía también una novedad relevante al convertir al designado en un agente del gobierno. En efecto, el decreto incluía el sueldo anual que debía cobrar ($120), aun cuando los replanteos de las construcciones de los vecinos que pudiese realizar debían serle compensados por estos mismos, estipulándose en medio real cada vara de frente delineado (artículo 3°). Esta última nota le otorgaba una cercanía al status peculiar de los agrimensores, quienes, si bien habían sido legitimados en su saber por la titulación otorgada por el gobierno provincial, serían pagados, en cambio, por los propios interesados al contratar sus servicios62.

  • 63 Este establecimiento colocaba a Mendoza en la vanguardia rioplatense tras Buenos Aires, que refundó (...)
  • 64 Se puede suponer que aludía a los de la construcción (albañiles y carpinteros). Cirvini ha referido (...)
  • 65 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 260-262.

21Tiempo después, en mayo de 1853, un decreto creó la Comisión Topográfica y de Estadística63, fundándose en la “necesidad urgente” de un “Departamento” que dirigiese las obras públicas; la delineación de pueblos, caminos, calles y edificios; la traza de planos y mapas; arreglara el ejercicio de agrimensores y “artesanos”64; agregando que podrían sumarse atribuciones en el futuro “de conformidad á la partida número 26 del presupuesto general”65. La Comisión era diseñada como una oficina gubernamental tanto por preverse los salarios de los empleados cuanto por pensarse como recurso para organizar la intervención sobre el espacio público, jerarquizando la actuación de cargos precedentes bajo cuyo control quedaba el cuerpo de agrimensores legitimados (y a legitimar) por la titulación oficial.

  • 66 Una solicitud de sueldos adeudados muestra que en los años anteriores este cargo existió, pues en f (...)
  • 67 Resulta relevante que se le fijara un sueldo, porque el anterior había hecho un cálculo propio, seg (...)
  • 68 Tiempo antes, en setiembre de 1852, Juan Llerena había sido contactado por el ejecutivo para desemp (...)
  • 69 Se ha analizado el elenco de agrimensores que integraron el DT y actuaron en vinculación con él por (...)
  • 70 En esta jurisdicción una cuadra lineal tenía 126 metros según la proporción de 1 cuadra=150 varas; (...)

22En efecto, la institución reunía puestos previos al integrar al director de obras públicas66 como jefe con $40 mensuales67, y al ingeniero de la ciudad “con el sueldo de su empleo”. Sumaba un “Redactor de la mesa de Estadística” que se nombraría luego (artículo 1°)68, previendo un oficial auxiliar también pagado por fondos públicos y empleados honorarios que el gobierno determinara (artículo 2°). La normativa ratificaba la disposición de 1850 sobre agrimensores respecto de que sólo los de número podían emitir mensuras válidas, estableciendo que en adelante sería la Comisión la encargada del control de su idoneidad, los despachos de los nuevos peritos (artículo 5° y 6°) y la evaluación de los documentos por todos ellos emitidos. De hecho, ninguna mensura tendría valor ni sería admitida en juicio sin su “informe ó visto bueno” (artículo 10°). Estipuló la formación “á la mayor brevedad” de un reglamento que “metodice el ejercicio de aquellos”, ampliando la nómina de habilitados con seis agrimensores más (artículo 7°)69. También agravó sus responsabilidades, pues ya no solo debían realizar un plano por cada mensura sino presentar copia a la Comisión para su evaluación (artículo 8°), limitando los márgenes de error en su confección, en tanto reputaba de criminal la operación que generase una diferencia mayor al “dos por ciento en los sitios o solares menores de una cuadra, un cuatro por ciento desde una cuadra á una legua cuadrada, y un seis por ciento, desde una legua cuadrada para arriba” (artículo 9°)70.

23Las otras atribuciones de la Comisión se enumeraban en el artículo 3°: tendría rol de tribunal en asuntos contenciosos sobre la materia, informando a gobierno y juzgados sobre mensuras realizadas; se ocuparía de los lindes entre tierras públicas y privadas, y de su distribución; dirigiría la delineación de calles, caminos, plazas, pueblos, formando planos y mapas, y proponiendo obras que luego debía inspeccionar. Tendría que llevar, además, libros y registros de lo actuado, esto conectado con su responsabilidad de “recoger, organizar y publicar todos los datos estadísticos de la Provincia”.

  • 71 Sobre el trayecto conceptual del término desde su origen germano conectado con la metáfora del “Est (...)
  • 72 Desde la década de 1830 la economía provincial venía consolidando la vieja opción de la ganadería c (...)
  • 73 Un análisis de las prácticas de la justicia de aguas en San Martín ha mostrado una creciente litigi (...)

24Como se ve, si bien la oficina colaboraría con el ejecutivo en el acopio de información con fines catastrales, también incluía otros objetivos, vinculados con la intervención gubernamental sobre el espacio público junto con la garantía de los derechos de propiedad para evitar conflictos entre particulares o con el Estado, en un momento en el que se estaba valorizando la tierra, sobre todo, en territorios en los que la actividad urbana y económica generó un desarrollo pujante. Si la labor de la proyectada mesa de Estadística podía, en parte, responder a la recopilación de datos con motivaciones impositivas71, el resto de las funciones que el DT debía desempeñar se conectaba con la espacialización política de los territorios según su relevancia estratégica en la reconversión productiva hacia la ganadería comercial72, pero también de acuerdo con lo que la experiencia de gobierno local iba manifestando sobre las necesidades de acceso a la justicia. En este sentido, es claro que la valorización de la tierra generaba mayor conflictividad respecto de los límites de las propiedades y el acceso al agua73.

  • 74 Según el Diccionario Usual de 1817, “comisión” significaba “orden y facultad que una comunidad ó pe (...)
  • 75 El Diccionario usual de 1817 sólo recogía la acepción que aludía a la compartimentación espacial (“ (...)
  • 76 Planos de 1856 en AGPM, I, DT, C 34, D 12, 13, 15 a 20, D 22, D 24, D 26 a 33, D 35 a 37, f único.
  • 77 AGPM, I, RO, C 202, D 26, 3/12/1853; AGPM, I, RO, C 202, D 30, 31/3/1854; AGPM, I, RO, C 202, D 31, (...)
  • 78 AGPM, I, RO, n enero, f s/n, 23/1/1857.

25En relación con el funcionamiento efectivo de la Comisión o DT, cabe, en primer lugar, atender a esa indistinta denominación que se usó durante el periodo para designar la misma oficina. Ambos términos estaban presentes en el decreto de creación, aun cuando aludían a dos niveles de institucionalización diversos. El primero se conectaba con un concepto propio del paradigma jurisdiccional vinculado al verbo “comisionar” entendido como otorgar capacidad judicial específica para una tarea74. El segundo respondía a un ámbito material y simbólico dentro de una organización político-administrativa y, de hecho, desde 1828 designaba los cuadros en los que se dividía el espacio provincial a cuya cabeza estarían los subdelegados75. Esta superposición nominativa se repetía en la aprobación de los planos de los agrimensores76, aunque desde la esfera del ejecutivo tendió a ser recurrente el uso de “Departamento” en los decretos que lo implicaban77 y en la partida presupuestaria de 185778.

  • 79 AGPM, I, DT, C 34, D11, f 2v.

26Quizá la falta de precisión en el nombre expresaba su trabajosa institucionalización, pues al comienzo tuvo ciertos vaivenes debido a las renuncias del director de obras públicas y del ingeniero de la ciudad, afectando la estabilización de las tareas y la formación de archivos. La designación de José Galigniana como jefe a mediados de 1854 (cargo en el que se reunía también las responsabilidades del ingeniero), permitió una mejor coordinación de las actividades, una planificación ordenada de las labores a realizar y un registro preciso de los bienes y papeles. Su informe de fines de 1855 iniciaba con un apartado titulado precisamente “Oficina”, en el cual detallaba cómo el primer paso de su labor había sido reglamentarla y nutrirla con los elementos necesarios para “fundar su archivo y formar una vace sobre la cual puede con el tiempo ir enriqueciéndose”. Consignaba la confección de un índice de partidas que recogía lo que pasaba “por este ministerio”, sumado a la reunión de planos y croquis de diversos puntos de la provincia sumados a los presentados por los agrimensores titulados79.

  • 80 AGPM, I, DT, D 34, D 2 y 11.
  • 81 Se articulaba la cartografía nueva con la recuperación, copia y registro de planos, mapas y croquis (...)
  • 82 Rivarola dio cuenta de su validación de 6 planos de propiedades y Galigniana anotició que el archiv (...)
  • 83 Galigniana informaba que en 1855 el oficial secretario había rendido exitosamente el examen habilit (...)
  • 84 El jefe del DT despachó un expediente de solicitud de nivelación para un molino en Barrancas. AGPM, (...)

27Las actividades informadas al gobierno dan cuenta de que, aún con escasos recursos materiales y humanos, sinnúmero de tareas simultáneas realizaba la oficina en el amplio territorio provincial80 (ver Figura 1, más adelante). Si la delineación de calles, caminos y acequias, junto con la desecación de ciénagas, fueron un foco privilegiado, también lo fue la representación cartográfica por medio de un abordaje que iba completando por sectores la jurisdicción de Mendoza81. Esta hiperactiva intervención material y simbólica incluía también la inspección de edificaciones urbanas particulares y la delineación, planteo y verificación de la construcción en el espacio público de puntos de diverso interés institucional: penitenciaría, teatro, tablado para la jura de la constitución, delineación de villas departamentales. Pero a esto hay que agregar, además, el examen de las mensuras82, la evaluación de los nuevos candidatos a agrimensor83 y los dictámenes realizados para procesos judiciales84. Respecto de lo segundo, hay que decir que en la misma práctica se fueron definiendo los criterios evaluativos, lo que revela que sólo paulatinamente se delimitaron los saberes que el Estado necesitaba en esta materia.

  • 85 AGPM, I, Títulos Profesionales (TP), C 227, D 9.
  • 86 AGPM, I, TP, C 227, D 11.
  • 87 Cirvini, S., La estructura profesional, Op. Cit., p. 29-30.
  • 88 AGPM, I, TP, C 227, D 15A, f s/n. También se normativizaban otras profesiones (medicina y escribaní (...)

28En efecto, durante 1856 se habilitó a dos agrimensores. Uno sin rendir, pues adjuntó documentación del Instituto Nacional de Santiago de Chile que certificaba su aprobación de los cursos de aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geografía descriptiva y topografía85, y el otro con un examen ante tribunal86. No obstante, recién en 1858, al reglamentarse el Instituto Literario de la Santísima Trinidad, se definió la preparación técnica que debía manifestarse en la evaluación de agrimensor. El decreto estipulaba como obligatoria la aprobación del curso de matemáticas con un programa que incluía casi las mismas materias que aquellas que había certificado el ente chileno87. Para 1860, de hecho, el título otorgado por el tribunal evaluador ya precisó bien las funciones para las que se habilitaba al sujeto, nombrándolo como “agrimensor, tasador y partidor”88.

  • 89 Los vínculos jurídicos entre vecino y ciudadano, sus solapamientos e implicancias sociales han sido (...)

29Lo dicho evidencia la voluntad de una creciente institucionalización en la gestión del espacio público tanto como de una progresiva especialización de los saberes vinculados a la agrimensura, en los que comenzaba a primar, al menos en lo normativo, la precisión técnica. Esto se expresaba en la limitación de los márgenes de error, pero también en la exigencia de la representación gráfica, la que conformaba un proceso de abstracción superador de la práctica verbal descriptiva. Sin embargo, el activismo gubernamental sobre los territorios, expresado en la reorganización de los cuadros administrativos, en la delineación de espacios comunes de tránsito y reunión, en la obtención de nuevas tierras por la desecación de ciénagas, ¿cómo enfrentaba la defensa de los derechos por parte de los vecinos? Porque hay que tener en cuenta que esta categoría jurídico-política se había ido desplazando hacia la de ciudadano89, la cual terminó de perfilarse legalmente con la sanción de la Constitución Nacional de 1853 y la provincial de 1854, incluyendo un derecho básico como el de propiedad privada. ¿Qué estrategias discursivas se utilizaron para justificar las intervenciones? ¿Cuánto de judicialidad conservó el desempeño de los agrimensores, miembros o no del DT, pero siempre actuantes en articulación con él?

3. Saberes y normas para ordenar los territorios y el espacio público

  • 90 Conviene remarcar que los esfuerzos de espacialización política junto con los de canalización y mej (...)

30Desde comienzos de la década de 185090 los gobiernos de Mendoza emprendieron una serie de obras que se vinculaban, por un lado, con la puesta a punto del territorio provincial para la potenciación del modelo ganadero comercial que venía fortaleciéndose desde hacía al menos veinte años, pero que desde esta época se convertiría en el eje articulador de las diversas actividades de la economía. Por otro lado, sin embargo, se relacionaban también con los esfuerzos de espacialización política para reorganizar los cuadros administrativos existentes y crear nuevos a partir de la segmentación de éstos.

  • 91 Eran tres los puntos clave: la Ciénaga del Bermejo (a pocos kilómetros al este del casco urbano), l (...)
  • 92 AGPM, I, DT, C 34, D 11, f 4 y 4v.

31En relación con lo primero, se concretaron trabajos de desecación de los puntos cenagosos del oasis norte en tanto ocupaban terrenos fértiles que podían ser dedicados al cultivo forrajero para la cría y el engorde de ganado antes de su traslado al mercado chileno. La recuperación de estas tierras, estimulada por las autoridades, pero también solicitada por los vecinos, fue recurrentemente intentada, primero como reacción posterior a su crecimiento, pero luego también como planificación preventiva para evitar los desastres que cada año ocurrían cuando el desmadre de los ríos y la filtración hídrica favorecían la formación y profundización de ciénagas91. De todos modos, no solo se trataba de devolver campos a la agricultura y la cría ganadera, sino también de dejar expeditas vías de comunicación tapadas por el avance cenagoso que resultaban vitales para el circuito mercantil. Los repetidos trabajos en Rodeo del Moyano, al sudeste de la ciudad a unos 40 km, garantizaron que el antiguo camino real quedara despejado para recibir el tránsito que venía desde el río Desaguadero en el límite con San Luis (ver Figura 1 más adelante), a cuya vera se ubicaban los potreros que recibían los animales para su recuperación luego del largo periplo desde el Litoral rioplatense, y antes de dirigirse hacia Chile. Las obras en la llamada “Ciénaga del Norte” y la apertura de un canal que recibiera filtraciones y desagües, a su vez, rehabilitaron la salida al país vecino por un carril también reiteradamente anegado, como informaba el encargado del DT a fines de 185592. Los intentos por ordenar los desagües del riego con estos canales fueron acompañados por un voluntarismo disciplinante que, a pesar de la insistencia, no terminó de modificar los hábitos con los cuales la población eliminaba sus desechos hídricos. Subdelegados departamentales y de aguas, comisarios y decuriones, fueron exhortados en diversas ocasiones a vigilar y castigar el comportamiento de los hacendados y sus inquilinos al respecto, mientras que los agrimensores reiteraron en sus informes que, sin un cambio en estas conductas, los esfuerzos hidráulicos eran infructuosos.

  • 93 AGPM, I, DT, C 34, D 2, f 14 y 14v.
  • 94 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 282.

32Otra serie de medidas apuntaron a ordenar las vías de circulación, redefinirlas con un trazado rectilíneo, ensancharlas para permitir un tránsito más fluido y multiplicarlas en ciertos puntos para intensificar la comunicación tanto al interior de los cuadros administrativos como entre los más alejados y el centro capitalino. La correspondencia de Pablo Pescara, comisionado en el departamento de San Martín, con las autoridades superiores, conforma un buen indicio de la insistencia del gobierno en mejorar el aspecto y la operatividad de la retícula hídrica y caminera93. En este registro, una resolución legislativa estipuló en agosto de 1854 las medidas que debían tener las calles: 20 varas las urbanas de las nuevas poblaciones, 30 la de los suburbios y 40 la de los carriles y divisorias de los departamentos. Además, complejizó el damero comunicacional al estipular que, en caminos principales de un pueblo a otro, debía abrirse una arteria perpendicular cada 10 cuadras94.

  • 95 Resolución legislativa de 27/07/1850 y Decreto gubernativo de 4/08/1850, Ahumada, M., Codigo de las (...)
  • 96 Decreto gubernativo de 11/04/1854, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 279-280.
  • 97 Decreto gubernativo de 9/01/1855, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 290.
  • 98 Resolución legislativa de 25/10/1854, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 286-288.
  • 99 Decreto gubernativo de 8/02/1856, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 326.
  • 100 Decreto gubernativo de 11/05/1855, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 293-294.
  • 101 Decreto gubernativo de 2/08/1855, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 298-299.
  • 102 Decreto gubernativo de 15/04/1856, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 327.

33Simultáneamente se aprobaron disposiciones de reordenamiento territorial y espacialización política. A fines del año 1850 se definió un nuevo ámbito jurisdiccional en torno de la refundada villa de Corocorto (que pasaba a llamarse de La Paz)95, en 1854 se anexó a la subdelegacía de San Martín parajes que pertenecían a la comisaría del 4° departamento de campaña, mientras que en el 6° departamento de campaña se unieron poblaciones de la margen derecha del río Luján que hasta el momento habían correspondido a la subdelegacía de Valle de Uco96. Meses después se creó un nuevo 7° departamento que reafirmaba los límites orientales del decreto anterior, y se designó un comisario más en este sector97. Una resolución legislativa expropió la hacienda de Uspallata, al oeste del casco urbano sobre la cordillera, para repartir terrenos, delinear una plaza y precisar la ubicación del edificio de la Aduana, “con las oficinas, almacenes necesarios” y un corralón,98 aunque finalmente los proyectos no pudieron concretarse y la obra fue suspendida99. Se crearon las villas de San Vicente y Luján,100 se restableció la subdelegacía de Las Lagunas,101 y se suprimió la de San Rafael (al sur, sobre el río Diamante)102.

  • 103 Decreto gubernativo de 14/05/1858, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 356-357.
  • 104 Decreto gubernativo de 8/11/1858, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 371-372.

34En 1858, a su vez, se crearon tres nuevas cabeceras departamentales, Maipú, Guaymallén103 y Tupungato, esta última escindida de la subdelegacía de San Carlos.104 En 1859, finalmente, se dividió la subdelegacía de San Martín en dos: el departamento homónimo y el de Junín, cuya sede se ubicaría en la población de San Isidro.

Figura 1. Subdelegacías, departamentos y villas de Mendoza en la década de 1850

Figura 1. Subdelegacías, departamentos y villas de Mendoza en la década de 1850
La organización
  • 105 El modelo de propiedad elaborado por el liberalismo decimonónico atribuía a ésta los siguientes ras (...)
  • 106 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit. cit., p. 238.
  • 107 En su artículo 65 refería al derecho de propiedad. Según María Cristina Seghesso, en materia de der (...)
  • 108 Esta conforma una de las principales conclusiones de García Garino, G., ‘El más alto poder’, Op. Ci (...)

35Esta reorganización político-administrativa requería definir carriles divisorios de cierta amplitud; mensurar, delimitar y distribuir tierras entre los pobladores; delinear plazas y planificar edificios públicos. Estas tareas fueron ordenadas al encargado del DT y a los agrimensores, debiendo estos resolver en la práctica la fricción entre los intereses públicos y los particulares. Y al respecto cabe recordar que en 1853 fue sancionada la Constitución Nacional, la cual sostenía en la Primera Parte (capítulo único, artículo 17), que la propiedad era “inviolable”105 y que ningún habitante podía ser privado de ella “sino en virtud de sentencia fundada en ley”, agregando que la expropiación “por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”106. Tanto aquella, como la Constitución de la Provincia de Mendoza sancionada al año siguiente107, conformaron un horizonte normativo en el cual la élite gobernante local cifró sus esperanzas de progreso y reorganización institucional, aunque pronto vio que más bien generaba una agenda de trabajo respecto de un amplio abanico de cuestiones jurídicas, legales y administrativas que debían resolverse sobre la marcha108. El análisis de la correspondencia entre las autoridades y los agrimensores, y el de los expedientes iniciados por los pobladores en relación con diversas obras, han permitido detectar núcleos argumentales recurrentes. Estos incorporaban algunos criterios nuevos respecto de los esgrimidos en las décadas anteriores, evidenciando un tono inédito aún en el marco de ciertas persistencias.

  • 109 Esta atribución institucional era remarcada por el jefe del DT en un expediente en el que se impugn (...)
  • 110 La relación entre los actores que detentaban estos saberes con los sectores económicos dominantes n (...)
  • 111 El juez general de aguas y un subdelegado departamental solicitaron al gobierno un agrimensor para (...)
  • 112 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 283.

36En primera instancia, resulta bastante clara la legitimidad adquirida por el DT como oficina encargada del control de edificaciones; apertura y rectificación de calles, acequias y desagües; control de deslinde y delimitación de propiedades estatales y privadas a partir de la evaluación de las mensuras; y en la delineación de villas y plazas109. Los saberes de sus miembros, como también los del resto de los agrimensores vinculados a él110, parecían garantizar un trabajo según la normativa que se iba dictando y una defensa del bien público frente a los requerimientos individuales111. Así, la ley que organizaba las obras de apertura de calles, caminos y carriles a mediados de 1854, no solo otorgó a esta repartición la exclusividad de esa delineación en su artículo 7°, sino que en el siguiente agregó que nadie podría edificar, levantar paredes ni poner plantíos en la vía pública sin su previa inspección, bajo pena de multa y perder lo trabajado112.

  • 113 AGPM, I, OP, C 148, D 45, f s/n.
  • 114 AGPM, I, OP, D 45, f s/n.

37Se consideraba que su intervención institucional debía ir tramando una continuidad administrativa y ejecutiva que construyera cierto orden en el espacio público con una visión proyectiva. En ello el discurso jurisdiccional iba cediendo lugar a otro en el que la decisión del gobierno, materializada en una cadena de órdenes, creaba instrumentos legales para recibir las quejas de los vecinos y resolverlas sin apartarse del propio programa de acción. Así lo expresó el fiscal convocado en un expediente por problemas en la alineación de un edificio promovido por un vecino, el cual rechazaba la práctica realizada por Galigniana como jefe del DT, tanto porque le quitaba varias varas de terreno como porque contradecía lo delineado antes por Pescara en calidad de ingeniero de la Ciudad. Su dictamen fundó la decisión en la resolución del dilema de si se podía “legalmente desaser los trabajos” del predecesor en el cargo en una misma jurisdicción, concluyendo que, autoridades con la misma facultad, no podían revocar las decisiones de otras ya que estas “innovaciones causan trastornos irreparables” e impedirían la “pronta perfección” urbana. Aceptar estas revocaciones obstaculizaba llegar al fin propuesto, el cual consistía en “uniformar” la población, y generaría a la larga un “caos insondable”113. Lo paradójico resulta, no obstante, que también la defensa de Galigniana (cuyo peritaje finalmente fue descartado por el fiscal) había hincado en ese mismo argumento, pero yendo temporalmente más lejos. Así, afirmó que cuando había realizado la delineación había continuado la marca de edificación acordada hacía tres décadas por su antecesor, confirmada luego por quien le siguió a éste. Sostuvo que, entonces, era Pescara quien no estaba en antecedentes del plan general de uniformización que se venía ejecutando desde mediados de 1820, del cual él sí había estado al tanto114.

  • 115 En materia de justicia de aguas siguió siendo ineludible Molina, E., “Justicia de aguas”, Op. Cit.
  • 116 Si bien no se han hallado instrucciones para los agrimensores tal como las que se dispone para el c (...)
  • 117 En un expediente iniciado para la construcción de un molino en el departamento de San Martín, el ag (...)
  • 118 Galigniana consideraba en esos términos el problema para la delineación de un carril. Sostenía que (...)
  • 119 Esto se expresaba en un informe del DT que daba cuenta de un nutrido archivo de materiales gráficos (...)

38Un segundo aspecto que conviene atender, y que se vincula con esta definición institucional de una oficina encargada de la obra pública y de la garantía de las propiedades, es el rol clave que comenzaron a tener la precisión matemática y la representación gráfica como elemento de prueba en la vía judicial y como recurso básico para la agenda de trabajo del gobierno. Lo fundamental estaba previsto en los decretos de nombramiento de agrimensores de 1850 y creación del DT en 1853, pues allí se establecía la obligatoriedad de que toda mensura fuera respaldada con un plano, agregándose la aceptación de un mínimo error. Si bien la vista de ojos siguió conformando un recurso clave para la creación de consenso cuando los intereses particulares y públicos entraban en tensión115, la legitimidad adquirida por los saberes topográficos fue consolidándose, multiplicando simultáneamente la producción de croquis, planos y documentos gráficos como sustento de la intervención en el espacio público o la resistencia a ella116. La minuciosidad en los dictámenes solicitados a los agrimensores fue cada vez mayor117, mientras que la falta de “lindes perfectas” entre las propiedades comenzó a ser conceptualizada como un problema para plantear obras públicas118. La incorporación de recursos visuales evidenció un creciente peso de la “tecnología del territorio” y una práctica de archivo más habitual se reveló clave para el aprovechamiento de la acumulación de saber al respecto119.

  • 120 AGPM, I, LC, C 27, D 6, f 53v y 54. Los encargados fueron Pablo Pescara y Nicolás Villanueva, a qui (...)
  • 121 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 309.
  • 122 AGPM, I, DT, C 34, D 9, f s/n.
  • 123 AGPM, I, OP, C 148, D 32, f 2v a 4v, y s/n.
  • 124 AGPM, I, OP, C 148, D 66, f 3 y 5-6.

39En efecto, mientras que para la construcción del camino desde La Paz hasta el río Desaguadero se requirió un plano cuya presentación fue aplaudida por “tanta precisión, ciencia y asiduidad”120, para la fundación de la nueva villa de Uspallata se estipuló que el subdelegado debía ser provisto de una copia del plano otorgada por el encargado del DT121. Del mismo modo, cuando este último recorrió los caminos que llevaban al límite oriental de la provincia elaboró un croquis para dar cuenta de un anegamiento y la solución posible122, como también lo hizo Galigniana en un expediente para la rectificación de una calle, siendo el segundo de los realizados el tomado como base de su posterior ejecución123. Incluso, los vecinos solicitantes de la apertura de un carril para facilitar el riego, en 1856, remitieron a un plano levantado con anterioridad por el juez general de aguas, mientras que quien se oponía a ella también adjuntó en su traslado un “Plano topográfico” que explicitaba el “derecho” de su suegra “con indicación de la calle que se pretende abrir”124.

  • 125 Como mostraron Gautreau y Garavaglia para el accionar topográfico en Buenos Aires, lo fundamental e (...)
  • 126 AGPM, I, LC, C 27, D 6, f 109.
  • 127 Un domingo después de la misa, el agrimensor convocó a los interesados en la rectificación de carri (...)
  • 128 Como lo expresaba el encargado del DT al elevar su informe anual de actividades, sosteniendo la acu (...)

40Otro aspecto que siguió siendo clave fue la negociación de consensos en todo procedimiento para la apertura y el ensanche de una calle o una acequia125. Así lo recordaba el gobierno al subdelegado departamental en el marco de la comisión de Pescara para la delineación de calles, acequias y desagües en San Martín a mediados de 1853: “procure que ello se realice sin grabar en mucho la propiedad de ningún vecino”, tratando de “conciliar ambos intereses –el público y el particular– del mejor modo posible”126. De hecho, la formación de comisiones que incluían un agrimensor, algún juez local (subdelegado departamental o de aguas, comisario o decurión) y los vecinos implicados, siguió conformando un paso ineludible en el proceso de propuesta, planificación y ejecución de una obra que en algún punto afectara los derechos de propiedad o uso de aquellos127. Sin embargo, el tono mediador del gobierno había cambiado en relación con el periodo precedente, fortaleciéndose el argumento de crítica a las costumbres vigentes como causantes de los problemas en la distribución de las aguas, la realización de los desagües o el desorden desplegado en la edificación. Estas prácticas, consideradas indeseables, intentaron ser modificadas, a fin de evitar su reproducción en el futuro. Y, en este sentido, la noción de que lo antiguo era preferible porque el tiempo tenía un peso jurídico difícil de discutir, fue siendo reemplazada por la de que el progreso requería sacrificios para aceptar los cambios que fuesen necesarios128.

  • 129 AGPM, I, LC, C 27, D 6, f 134v.
  • 130 AGPM, I, OP, C 148, D 32, f s/n.
  • 131 AGPM, I, RO, n enero, f 2, 11/1/1855.

41En efecto, al informar Pescara los problemas que tenía para rectificar calles y acequias en San Martín, el gobierno lo instó a mantenerse firme de modo que, “sin embargo de la protesta hecha por el S. Godoy y reclamos verbales de otros vecinos”, prosiguiera con la obra “observando estrictamente el orden” que se había decidido llevar. Incluso, se agregaba que el gobierno veía “con pesar la falta de patriotismo, de espíritu público, que prebalese en el ánimo de esos vecinos”129. En el mismo tono y en una situación similar, Galigniana exhortaba a un grupo de vecinos de Retamo a colaborar en la rectificación del carril y la acequia principal, sosteniendo que el ejecutivo tenía el empeño de promover el arreglo y tomar todas las medidas para mejorar el departamento de San Martín, corrigiendo los “abusos” que están provocando “hoy tan perniciosos resultados”. Por ello el vecindario debía concurrir con su cooperación a “las veneficas y patrióticas miras de la autoridad”130. En un tono similar, un decreto que ordenaba al jefe del DT junto a dos agrimensores alinear las edificaciones de San Vicente, fundamentaba la medida en “El completo desorden que se observa de algunos años a esta parte en la trasa i delinéacion de los edificios”, habiéndose variado “sin conocimiento de la Autoridad” la trama urbana primitiva131.

  • 132 La cuestión de la expropiación refiere a una trama de instrumentos legales, referencias doctrinaria (...)
  • 133 Esto muestran los procesos desplegados por rectificación y apertura de calles. 11/9/1852, AGPM, I, (...)
  • 134 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 283. Como se dijo, si bien no se profundiza en este (...)
  • 135 AGPM, I, RO, n setiembre, f 2 y 3, 26/9/1855. Las mismas disposiciones sobre utilidad pública y tas (...)

42Este discurso voluntarista fue acompañado de un recurso legal ya previsto en la norma y que precisaba la agenda de acción para intervenir sobre el espacio público. Se ha visto cómo la expropiación132 en las décadas anteriores estaba rodeada de una serie de procedimientos judiciales y presenciales que garantizaban la obtención de una resolución negociada entre las partes, incluida la elección del tasador y su actuación para compensar a los afectados con la correspondiente indemnización. Si bien estas prácticas jurisdiccionales siguieron vigentes133, la voluntad de intervención de los gobiernos buscó remover los obstáculos con mayor eficiencia. La resolución legislativa de 1854 sobre apertura, ampliación y rectificación de calles y caminos fijó el procedimiento legal a seguir, en el cual se proyectaba la disposición constitucional nacional al respecto. En efecto, el artículo 4° declaraba de “utilidad pública” los terrenos que ocupasen las nuevas vías a abrirse y el ensanche dispuesto, lo que allanaba de base un aspecto que se ha visto cómo costaba demostrar previamente a cualquier afectación de un vecino en su propiedad o su costumbre de uso. El siguiente punto, a su vez, facultaba al ejecutivo para la adquisición de los terrenos necesarios o el pago de perjuicios a los “propietarios”, mientras que determinaba cómo se designarían los tasadores “de número” y qué se haría si había desavenencia en los montos de compra o indemnización, previendo que a los de parte se sumaría un tercero para resolver la “discordia”134. En línea con este discurso normativo, un decreto que ordenaba al jefe del DT continuar una arteria de comunicación clave de la Ciudad con los barrios meridionales, declaraba también allí mismo de “utilidad pública” el terreno para la calle, disponiendo dos tasadores (uno por el Estado y otro por los particulares), más un tercero si había desavenencias135.

  • 136 AGPM, I, OP, C 148, D 66, f 7-8v.

43Los vecinos, por su parte, utilizaban estos mismos instrumentos legales en las estrategias para defender sus intereses. Uno de ellos, que se sentía perjudicado por la apertura de una vía pública, demostró saber bien cómo era el procedimiento y articuló su discurso en ese sentido: “no habiendo recaído la ley que pudiera espropiar mi terreno para la calle y la información de utilidad que pudiera precederle”, no podían obligarlo abrirla, ya que implicaría “constituir atropellada la propiedad sagrada del ciudadano”, precisando, además, que la ley mandaba indemnizar al dueño a través de “justa tasación”136.

  • 137 AGPM, I, LC, C 28, D 1, f 125 y 126.
  • 138 AGPM, I, LC, C 28, D 3, f 51v.
  • 139 AGPM, I, OP, C 148, D 32, f 1.

44Del mismo modo, tampoco la voluntad de ordenar los territorios y delinear espacios públicos fue patrimonio exclusivo de los gobiernos. Los propietarios se dirigieron a ellos para solicitar su intervención, teniendo presente que esta no solo servía para garantizar los derechos de propiedad de quienes los hubiesen obtenido en las distribuciones que, a veces, acompañaban la fundación de villas, sino también que las obras de irrigación, comunicación e instalación de centros políticos cercanos valorizaban los terrenos particulares. A comienzos de 1855 el gobierno comisionó a Pescara para plantear la villa de La Dormida, en el extremo oriental de la provincia, “porque hai reclamos continuos de propietarios que se perjudican mientras la Villa no esté delineada”137. A su vez, dos años después, un vecino de San Isidro (en el departamento de San Martín) aceptaba la expropiación impuesta por el subdelegado proponiendo condiciones nada “perjudiciales” para el erario138. De hecho, el argumento progresista fue igualmente utilizado por los vecinos para pedir mejoras materiales, las que si podían beneficiarlos particularmente también lo hacía al bien común. Esto era lo que expresaba un expediente iniciado para la rectificación de calle, fundando el pedido en que, siendo a “los intereses del publico mirar por el arreglo y compostura del trancito de modo que no fastidie ni estorbe á sus habitantes he creído de mi deber como ciudadano amigo del progreso”, solicitar que se enderezase el carril que “afea la poblacion”139.

Conclusiones

45El trabajo propuso indagar en la trama de argumentos y estrategias que sustentaron una creciente intervención sobre los territorios y el espacio público desde comienzos de la década de 1850. Para entonces, cierta complejidad institucional y normativa expresaba la consolidación de un centro de poder en la Ciudad de Mendoza, el cual reivindicaba los límites de la antigua jurisdicción para conformar un nuevo cuadro político: la provincia homónima. Algunas de estas prácticas de estatalidad expresaban una cultura política novedosa. En tal sentido, si bien conservaba términos, formas y conceptos jurisdiccionales, e incluso reconocía prácticas que no remitían a una propiedad individual, absoluta y plena, los articulaba con modos de acción ejecutiva dentro de incipientes jerarquías administrativas y saberes legitimados por ese mismo Estado provincial en proceso de organización.

  • 140 También al registro de las propiedades, aunque en esta ocasión solo se lo ha abordado tangencialmen (...)

46Si se compara las modalidades del hacer y del decir de las décadas anteriores con las del periodo abordado, en el cual se produjo la titulación oficial de un elenco de agrimensores y la instalación de una oficina abocada a la intervención sobre el espacio público140, se ven ciertas diferencias de tono, de sistematicidad en la actuación, pero también argumentos e instrumentos legales nuevos. Si la vista de ojos siguió siendo un recurso relevante en los expedientes promovidos por vecinos, pero también en las órdenes dadas a los peritos previo al inicio de obras, fue acompañada en forma creciente por recursos gráficos de apoyo y complemento de las descripciones narrativas. Además, en estas mismas se requirió mayor precisión y detalle, de modo que dejaran bien demostrado los perjuicios provocados a los particulares, los modos de eludirlos y de compensarlos cuando fuesen inevitables. Esto se vinculaba con el rol clave que fue adquiriendo el DT y el grupo de agrimensores en las labores que apuntaban a ordenar el espacio público (apertura y rectificación de calles, reutilización de caminos, alineamiento de edificaciones, desecación de ciénagas) y a secundar los esfuerzos de espacialización político-administrativa (planeación de villas, delimitación de plazas; mensura, deslinde y distribución de terrenos; demarcación de arterias de comunicación inter e intra departamentales). La legitimidad adquirida por sus saberes entraba en una relación dinámica con el poder estatal provincial en construcción, por cuanto éste necesitaba de ellos para efectivizar sus planes de ordenamiento territorial y, simultáneamente, los sujetos que los poseían lograron una titulación que vino a nutrir su propio capital social y a fortalecer el reconocimiento público de su oficio. Es claro que este último se hallaba bien lejos de la especialización que vendría luego. No obstante, se cree que, en lugar de una mirada teleológica con el foco en la profesionalización posterior, resultaría más fructífera otra que mirase hacia el pasado para observar las modificaciones en el ejercicio de los agrimensores y su reconocimiento institucional. Así, se vio cómo en el periodo anterior a 1850, la experiencia comunitariamente reconocida (que incluía un saber adquirido en la empiria y la endotecnia) fundaba la apelación a un elenco de personajes, quienes se alternaban entre diversas funciones. En este sentido, cabe marcar cómo los agrimensores se mostraron activos en su rol de mediadores entre un gobierno cuyas órdenes debían ejecutar y los pobladores que apoyaban o resistían sus acciones. El tipo de fuente utilizado no ha permitido, sin embargo, profundizar en este aspecto, el cual podría ser indagado quizá apelando a documentación notarial y judicial civil que permita observar desde otra perspectiva el papel de estos agentes, a fin de restituir su efectiva agencia social más allá de su función como ejecutores estatales.

47Por otra parte, si los procedimientos judiciales siguieron siendo una vía de reclamo para los vecinos tanto para solicitar obras como para frenarlas, en ellos comenzaron a remitir a marcos normativos inéditos. La noción de “utilidad pública” debió ser declarada por ley y la indemnización a los particulares implicó una compensación ineludible determinada por tasadores de partes, con la previsión de un tercero en caso de desavenencia. Estas medidas evitaban las largas mediaciones jurisdiccionales a lo largo de las cuales debía demostrarse que los trabajos beneficiaban al común, las que resultaban aún más complejas cuando estos implicaban romper con prácticas antiguas de circulación o de uso del espacio público. Frente a los conceptos de justicia y equidad, los documentos gubernamentales comenzaron a priorizar las nociones de progreso, corrección de “abusos” y prácticas “inveteradas”. El peso del tiempo, así, dejaba de ser un argumento jurídico prioritario, mientras que el mejoramiento material se convertía en un fundamento clave en las órdenes dadas a agrimensores y subdelegados.

48En tal sentido, resulta claro que la cultura jurisdiccional seguía permeando las relaciones entre los vecinos y de éstos con las autoridades, como lo muestra la persistencia de la trabajosa búsqueda de consenso antes y durante las ejecuciones de las obras, y cuyo eslabón fundamental seguía siendo la vista de ojos con presencia de los jueces locales y los interesados a fin de “oír” las oposiciones. Aquello también se evidenciaba en la vigencia del concepto mismo de “justa tasación”, el cual remitía al viejo precepto de dar a cada cual lo que le correspondía. Sin embargo, la presencia de formas discursivas y ejecutivas en los argumentos político-administrativos también resultaba evidente, logrando mayor efectividad con el paso de los años, apoyada cada vez más en un grupo de peritos a disposición del gobierno para cumplir sus órdenes y someterse a su vigilancia. Esta articulación de dos culturas gubernamentales diversas, pero con vasos comunicantes entre ambas todavía muy fuertes, conforma una especificidad del periodo abordado, el cual estuvo marcado por supervivencias, pero también por resemantizaciones y novedades en los lenguajes y las tecnologías territoriales utilizadas, como ha intentado mostrar este trabajo y una diversificada producción con la cual se ha buscado dialogar a lo largo del análisis.

Fuentes

Fuentes publicadas

49Ahumada, Manuel, Codigo de las leyes, decretos y acuerdos que sobre administración de justicia se ha dictado la provincia de Mendoza. Mendoza, Argentina: El Constitucional, 1860.

50Real Academia Española de la Lengua, Diccionario usual, 1817; 1884. Disponible en: http://web.frl.es/​ntllet/​SrvltGUILoginNtlletPub [Fecha de consulta: 18 de marzo de 2019]

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Notas

1 Una reflexión crítica del “giro espacial” y su impacto en las tensiones epistemológicas generadas por una cierta polaridad de las escalas de análisis en Torre, Angelo, “Micro/macro: ¿local/global? El problema de la localidad en una historia espacializada”, Historia crítica, Bogotá, n°69, 2018, p. 37-67, doi: http//:doi.org/10.7440/histcrit69.2018.03, consultado el 7 de octubre de 2019.

2 Darío Barriera llamó la atención sobre cómo diversas “distancias” (geográficas, sociales, culturales) operan sobre el gobierno del territorio, modelando estrategias y condicionando acciones. “Justicia de proximidad: pasado y presente, entre la historia y el derecho”, Pol-His. Boletín Bibliográfico electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, Mar del Plata, n°10, 2012, p. 50-57, http://historiapolitica.com, consultado el 20 de enero de 2014. Por su parte, Carolina Piazzi ha incorporado la cuestión de la “distancia” administrativa a la reflexión sobre la experiencia gubernamental. “Administración y materialidad: una etnografía del Juzgado del crimen de Rosario (Argentina, segunda mitad del siglo XIX)”, Historia Crítica, Bogotá, n°63, p. 53-74, https://revistas.uniandes.edu.co/toc/histcrit/63, consultado el 11 de marzo de 2019. La reciente publicación de un dossier consagrado a la problematización de la espacialidad en la gestión del poder da cuenta de la potencialidad de esta línea de indagación. Gaudin, Guillaume & Ponce Leiva, Pilar (coords.), “El factor distancia en la flexibilidad y cumplimiento de la normativa de la América Ibérica”, Les Cahiers de FRAMESPA. Nouveaux champs de l’histoire social, Toulouse, n°30, 2019, http://journals.openedition.org/framespa/5553, consultado el 25 de febrero de 2019.

3 Para el concepto “ordenamiento territorial” y referencias bibliográficas básicas, López Trigal, Lorenzo (dir.), Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional. Terminología de análisis, planificación y gestión del territorio, Universidad de León, León, 2015, p. 432-435.

4 Con estos términos se alude a la consolidación desde fines del XVIII de las prácticas derivadas de la geometría proyectiva que serviría de base al desarrollo agrícola, industrial y económico, al permitir la apropiación utilitaria del territorio. Maizón, Ana Sofía, “Construyendo el territorio: contexto institucional, prácticas y dinámica de la agrimensura en la provincia de Córdoba. Fines del siglo XIX”, Revista Brasileira de História da Ciência, vol. 6, n°1, 2013, p. 91, file:///C:/Users/Eugenia/Downloads/sbhc%202013_1%20Ana%20Sofia%20Maizon.pdf, consultado el 19 de enero de 2019.

5 La historiografía sobre las dialécticas relaciones entre saberes y estatalidad ha definido un campo de discusión específico en Latinoamérica y Argentina, cuya agenda a comienzos del 2000 se ofrecía promisoria. González Leandri, Ricardo, “Campos e imaginarios profesionales en América Latina. Renovación y estudios de caso”, Anuario IEHS, Tandil, n°21, 2006, p. 333-344. Sin embargo, se ha diversificado, ampliado y profundizado, mostrando una imagen menos unívoca del Estado y más inclinada a evidenciar los márgenes de autonomía de actores y agencias institucionales a la hora de acumular, sistematizar y aplicar sus conocimientos sobre las relaciones sociales. Un balance de esta amplia historiografía en Bohoslavsky, Ernesto, “El Estado argentino y sus políticas públicas (1880-1943). Algunas discusiones historiográficas”, Revista Sociedad y Economía, Cali, n°26, 2014, p. 17-40, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99630967009, consultado el 31 de octubre de 2017.

6 Harley insistió en que se debería abordar los mapas como textos insertos en un contexto, el cual condiciona su lenguaje y orienta su intencionalidad. La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la Historia de la cartografía, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 80-81. Sus consideraciones han enriquecido el debate sobre las estrategias simbólicas de apropiación territorial y el rol del recurso gráfico en las luchas por el poder en el marco de configuración estatal. A modo ilustrativo, Lois, Carla, “Técnica, política y ‘deseo territorial’ en la cartografía oficial de la Argentina (1852-1941)”, Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, vol. X, n°218 (52), 2006, p. 1-21, http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-52.htm, consultado el 11 de marzo de 2019.

7 La cuestión de la conformación de un catastro como producto gráfico que sirviese de base a la recaudación impositiva ha tenido un notable desarrollo historiográfico en España. Urteaga, Luis, “Dos décadas de investigación sobre la Historia de la Cartografía catastral en España (1988-2008)”, CT Catastro, Madrid, n°63, 2008, p. 7-30, http://www.ub.edu/gehc/es/publicaciones/item/dos-decadas-de-investigacion-sobre-historia-de-la-cartografia-catastral-en-espana-1998-2008, consultado el 12 de diciembre de 2018. También el caso chileno ha recibido una detallada atención en el estudio de Alvarez Correa, Lily, Catastro de propiedad en Chile: orígenes y evolución, Tesis de doctorado en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental, Universidad de Barcelona, Barcelona, España, 2014 (Agradezco a María Eugenia Albornoz la referencia de este texto).

8 Una obra clave para estos estudios en el espacio iberoamericano, la cual marcó las líneas posibles de investigación fue Garavaglia, Juan Carlos & Gautreau, Pierre (eds.), Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX, Prohistoria-State Building en LatinAmerica, Rosario, 2011. En el caso argentino, existe un reciente y creciente interés por las oficinas e instituciones vinculadas a la problemática: Bressan, Raquel, “Registrar, ordenar y planificar. El Departamento Topográfico de Entre Ríos, 1871-1883”, Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, Mendoza, n°17, 2018, p. 1-25, http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=10033, consultado el 19 de enero de 2019; Pesoa Marcilla, Melisa, “Orígenes y etapa formativa del Departamento Topográfico de Buenos Aires (1824-1851)”, Boletín Americanista, Barcelona, n°75, 2017, p. 153-172, https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/473012, consultado el 12 de diciembre de 2018; Canedo, Mariana, “El ‘restablecimiento’ del Departamento Topográfico de Buenos Aires. Política y gestión de un proyecto con consenso (1852-1857)”, Andes, Salta, vol. 25, n°2, 2014, p. 1-29, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-80902014000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es, consultado el 12 de diciembre de 2018; Maizón, Ana Sofía, “Construyendo el territorio”, Op. Cit., p. 89-105; D´Agostino, Valeria, “Estado, instituciones y funciones: el Departamento Topográfico bonaerense en la segunda mitad del siglo XIX”, en III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y XXIII Jornadas de Historia Económica, San Carlos de Bariloche, Argentina, 2012, p. 1-18. En http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/, consultado el 12 de diciembre de 2018; Tognetti, Luis, “La expansión de las profesiones y la implantación de la agrimensura y la ingeniería civil en la Universidad Nacional de Córdoba a fines del siglo XIX”, Saber y Tiempo, Buenos Aires, n°23, 2012, p. 41-65; Ferreyra, Ana Inés, “La organización de la propiedad en la provincia de Córdoba: de la etapa de las autonomías provinciales al Estado nacional. Argentina, siglos XIX”, América Latina en la Historia Económica, México, n°35, 2011, p. 179-207, http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/issue/view/49, consultado el 15 de mayo de 2017; Carlos Page, “Formación y desarrollo de las reparticiones oficiales de agrimensura, ingeniería y arquitectura. Profesionales con actuación en Córdoba. 1850-1900”, Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, n°22, 2005, p. 141-160; Cirvini, Silvia, La estructura profesional y técnica en la construcción de Mendoza. (I) Los agrimensores, Instituto de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Mendoza, 1989.

9 Este aspecto fue abordado en Molina, Eugenia, “Ciénagas, desagües y acción estatal. Desplazamientos discursivos en un estudio de caso, 1850-1859. Subdelegacía de San Martín, Mendoza, Argentina”, en Agüero, Alejandro & Tau Anzoátegui, Víctor, Tradición jurídica y discursividad política en la formación de una cultura estatal. Trayectorias rioplatenses, siglo XIX, Instituto de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2019, p. 1-26 (en prensa).

10 Se ha considerado que el análisis de la mayor demanda de intervención, delimitación de atribuciones y normativización que los miembros de las instituciones presentan como necesarias para su tarea, devela un discurso expresivo de las formas de construir estatalidad. Así, la materialidad (burocracias, rituales) de lo estatal configuraría su poderosa “ficción” y, a la vez, legitimaría a los agentes que la constituirían. En ese registro, esa “ficción” daría lugar a formas bien reales, corporizadas en campos burocráticos de diversa estabilidad, por lo que su capacidad para transformar, innovar o mantener condiciones de la vida cotidiana, puede rastrearse en reglamentos, leyes y discursos institucionales que expresarían las relaciones de poder inscriptas en ellos. Muzzopappa, Eva & Villalta, Carla, “El Estado como problema o un problema en el Estado. Algunas reflexiones sobre el abordaje de lo estatal”, VIII Reunión de Antropología del Mercosur, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 2009, p. 5 y 20, http://www.aacademica.org/carla.villalta/38, consultado el 11 de octubre de 2019.

11 Utilizamos el término con un sentido literal, como el ámbito de común y libre acceso de la población, sin incorporar el debate teórico en torno de la categoría de análisis respectiva. Una referencia a las discusiones en torno de esta última en Roldán, Diego & Pascual, Cecilia & Vera, Paula, “El espacio público urbano como concepto y materialidad”, Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, Mendoza, n°13, 2015, p. 19-35, http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=7858, consultado el 19 de enero de 2019.

12 Alejandro Agüero ha explicado cómo durante el periodo indiano el gobierno se desplegó en el marco de una cultura jurisdiccional que implicaba una concepción indisponible del orden jurídico debido a su referencia al derecho divino y natural. No obstante, también ha mostrado cómo el concepto de poder doméstico, derivado luego en la función de policía, constituyó el intersticio que permitió al rey actuar por fuera de los procedimientos judiciales, acrecentando su capacidad de acción por propia iniciativa. “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en Lorente Sariñena, Marta (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: Hacia la España de 1870, Consejo General del Poder Judicial-Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2006, p. 47-54. Una explicación de la transición entre estos dos modos de intervención gubernamental en Mannori, Luca, “Justicia y administración, entre Antiguo y Nuevo Régimen”, Revista Jurídica. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, n°15, 2007, p. 125-146, https://repositorio.uam.es/handle/10486/4581, consultado el 18 de febrero de 2014.

13 Sobre el impacto del sismo en la infraestructura local y su reconstrucción, Cirvini, S., Estructura profesional, Op. Cit., p. 63-88.

14 Se utiliza el término aquí con el sentido de construcción que se destina tanto al uso común de los ciudadanos como al de las autoridades en calidad de encargadas de administrar lo que es de todos. Se conecta con la referencia operativa realizada respecto de espacio público en la nota 12.

15 Los derechos de los particulares remitían a una trama jurídica compleja que articulaba múltiples formas de propiedad, uso y acceso a la tierra. Si bien este trabajo no profundiza en las prácticas y concepciones de los derechos de propiedad, tanto porque la mirada analítica está puesta en la institucionalización de la intervención del gobierno provincial, como por el tipo de fuentes utilizadas, es necesario referir a este debate. Cierta línea de la historiografía, en este sentido, ha considerado que el peso del proceso mediador entre una innovación institucional que afecta esos derechos y los resultados sociales y económicos que provoca resulta de una concreta apropiación social de las normas implementadas. Sostiene, además, que esa apropiación ha comprometido diversos agentes, en diferentes contextos, en los que han jugado las distintas elites vinculadas al Estado, de tal forma que el modo en que las instituciones operan en la práctica depende de qué agentes se apropian de su legitimidad y cómo lo hacen. Este enfoque de los derechos de propiedad busca discutir a través de una aproximación relacional y contextual tanto la concepción abstracta con pretensión universal de una propiedad “absoluta” y “perfecta” como la perspectiva del neoinstitucionalismo económico vinculada a ella. Congost, Rosa & Gelman, Jorge & Santos, Rui, “Property rights in land: Institutions, social appropiations and socio-economic outcomes”, en Congost, Rosa & Gelman, Jorge & Santos, Rui (eds.), Property rights in land. Issues in social, economic and global History, New York, Routledge, 2017, p. 177 y 184.

16 Una puesta al día de la trama jurídico-política que marcó la conformación de las provincias rioplatenses en Ayrolo, Valentina & Verdo, Geneviève (coord.), dossier “Las provincias antes de la Nación en la Argentina. Entre la autonomía, la soberanía y la independencia”, Programa Interuniversitario de Historia Política, Buenos Aires, n°75, 2016, http://www.historiapolitica.com/dossiers/provincias-ante-la-nacion/, consultado el 11 de marzo de 2019.

17 Según el Diccionario de Autoridades (1726) el oficio refería a “El Maestro que publicamente está señaládo y aprobádo para reconocer, apreciar, ù dirigir las obras que pertenécen à la Architectúra; aunque yá generalmente se toma solo por el Maestro de Albañilería”. Real Academia Española, http://web.frl.es/DA.html, consultado el 3 de abril de 2019.

18 Faus Prieto, Alfredo, “Del campo al gabinete. La obra cartográfica del agrimensor e hidrómetra Francisco Aparisi y Ferrandis (Valencia, 1732-1806)”, Investigaciones geográficas, Alicante, n°57, 2012, p. 85, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17624574004, consultado el 12 de diciembre de 2018.

19 No existen datos biográficos de los hermanos catalanes, excepto referencias a sus trabajos como la construcción del teatro de la ciudad y el puente que cruzó el río Desaguadero sobre el límite con San Luis. De los Ayroldi se sabe venían del obispado de Como y/o la “República de Suiza”, posiblemente arribando a Mendoza camino a Santiago de Chile, en donde habían sido contratados para construir la Casa de la Almoneda. Cirvini, S., Estructura profesional, Op. Cit., p. 23-24.

20 El Diccionario de Autoridades de 1739, definía la vista de ojos de esta manera: “Se llama la diligencia judicial, ò extrajudicial de vér personalmente alguna cosa, para informarse con seguridad de ella”, del latín “Oculata recognitio, Judicis præsentiâ”. Real Academia Española, http://web.frl.es/DA.html, consultado el 3 de abril de 2019.

21 Resulta interesante que, si bien el cuerpo capitular en su resolución convocó a los dos peritos, lo hizo siguiendo la solicitud realizada por los mismos vecinos que se habían quejado de la nueva dirección dada a los desagües. Jaime firmó su información como “Alarife de la Ciudad con título de Su Majestad”, fundamentando su parecer “con arreglo á los conocimientos que tengo adquiridos del arte que profeso”. Ello muestra que, quizá en este caso, pudo existir algún estudio más o menos sistemático que sustentase la empiria desplegada en el ámbito comunitario, pero también que hubo una legitimación institucional además de la opinión comunitaria. Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM), Independiente (I), Obras Públicas (OP), Carpeta (C) 147, Documento (D) 1, folio (f) 3 y f7vuelta (v).

22 Esta jurisdicción correspondió al gobernador intendente desde fines de 1813, pero en los años anteriores no resultaba tan claro, sobre todo cuando los tenientes de gobernador eran enviados por las autoridades revolucionarias porteñas generando tensiones en el juego de poder local. Un caso en el que esa fricción jurisdiccional fue usada como estrategia por un vecino que se oponía a la apertura de una calle en AGPM, I, OP, C 147, D 3.

23 AGPM, I, OP, C 147, D. 21, f. sin número (s/n).

24 AGPM, I, OP, C 147, D. 10, f s/n; AGPM, I, OP, C 147, D 16, f s/n. Sobre el rol de los decuriones en estos aspectos, Molina, Eugenia, “Justicia de aguas y vínculos comunitarios (San Martín, Mendoza, Argentina), 1814-1859”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, México, n°105, 2019, p. 1-32, https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i105, consultado el 7 de octubre de 2019. Los jueces de paz en la provincia de Buenos Aires también desempeñaron un rol clave en relación con las ventas, distribución y tasación de tierras públicas; incluso, podían extender escrituras de solares. Su inserción comunitaria como pequeños y medianos propietarios conformaba una garantía de conocimiento de la trama de relaciones locales que resultaba fundamental para cumplir esas labores. Banzato, Guillermo & Valencia, Marta, “Los jueces de paz y la tierra en la frontera bonaerense, 1820-1885”, Anuario IEHS, Tandil, n°20, 2005, p. 211-237.

25 Ahumada, Manuel, Codigo de las leyes, decretos y acuerdos que sobre administración de justicia se ha dictado la provincia de Mendoza, El Constitucional, Mendoza, 1860, p. 52-55.

26 AGPM, I, OP, C 147, D 33, f 1 y 3.

27 El Diccionario de Autoridades de 1726 no registraba este vocablo, pero sí su versión de 1780, en la que lo definía como “El que exercita el oficio de medir los términos de las tierras, y haciendas de las villas y poblaciones”, referencia semántica que se conservó en el publicado en 1817. Real Academia Española, http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub, consultado el 3 de abril de 2019.

28 AGPM, I, OP, C 147, D 58, f 5.

29 Esta diversificación de tareas era común en un contexto en el que la especialización profesional en los oficios de agrimensor, ingeniero e hidrómetra no se había desarrollado. Los primeros, “expertos en agricultura”; se ocupaban de la medición y tasación de terrenos, división de herencias, cálculos de distancias y obras, redacción de informes técnicos y resolución de litigios. Faus Prieto, A., “Del campo”, Op. Cit., p. 84.

30 Villanueva tenía larga experiencia en la gestión contable e impositiva, lo que explica su participación en diversas comisiones sobre la materia. AGPM, I, Registro Ministerial (RM), número (n) 16, 18/6/1823; n 37, 31/1/1836; n 107, 21/5/1835; n 162, 27/12/1839; n 1, 14/2/1845; n 11, 27/12/1845; n 24, 20/1/1847 y n 27, 30/4/1847. Pero también demostró pericia en edificación e hidráulica. AGPM, I, RM, n 10, 7/11/1845; n 31, 20/8/1847; n 31, 23/9/1847; n 43, 23/9/1848 (Cabe marcar que la fecha corresponde siempre a la producción del documento, no a la de edición del Registro Ministerial ya que ésta solo incluye el mes, no el día).

31 La grafía del apellido no era estable, alternaban Argañaraz, Algañarás y Algañaraz. Se usa Argañaraz para dar uniformidad.

32 Fue comisario de aguas de la ciudad, empadronó terrenos labrados no declarados, integró una comisión para planificar un cuartel militar y otra para rectificar el Zanjón, entre otras comisiones. AGPM, I, Libros Copiadores (LC), C 25, D 28, 7/2/1831; RM, n 109, 6/7/1835; n 43, 23/9/1848; n 53, 1/8/1849.

33 A fines de 1820, cuando el gobierno debió repartir terrenos en pago de servicios militares, designó una comisión de sujetos cuya pericia en la gestión hídrica, pero también en el manejo de los caracteres físicos del paraje a segmentar y distribuir, era reconocida por vecinos, residentes y autoridades. Se trataba de José Herrera, ejecutor de la acequia matriz de Barriales (luego departamento de San Martín), Juan de Dios Míguez, quien había sido decurión y juez de esa acequia, y Pedro Moyano, encargado de la propiedad del general San Martín en ese paraje, y por tanto residente permanente desde hacía tiempo. 1/12/1820, AGPM, I, Títulos de Propiedad (TP), C 403, D 2, f 16. Otros dos vecinos convocados para una mensura en ese mismo cuadro administrativo habían sido antes subdelegados de la jurisdicción. AGPM, I, Correspondencia (C), C 251, D 6, 10/8/1844.

34 AGPM, I, Departamento de San Martín (DSM), C 567, D 4, 13/4/1849.

35 AGPM, I, OP, C 147, D 58, f 5; AGPM, I, Policía (P), C 170, D. 52, 28/8/1837.

36 AGPM, I, OP, C 147, D 10, f s/n.

37 Se comisionaba a un comisario a mensurar 40 cuadras del Estado, señalando los linderos y tasándolas por “peritos inteligentes”. AGPM, I, P, C 170, D 52, 8/3/1836. También un subdelegado informaba los límites de un terreno mensurado junto con dos vecinos. AGPM, I, C, C 251, D 6, 10/8/1844.

38 El subdelegado cumplía estas funciones en el marco del departamento, el comisario lo hacía como magistrado intermedio en la jerarquía policial y judicial por debajo de aquel, mientras que los decuriones las ejercían como los jueces más próximos a la población. Un análisis del equipamiento institucional que articulaba estos institutos según las necesidades territoriales y normativas en el periodo, Sanjurjo, Inés, La organización político-administrativa de la campaña mendocina en el tránsito del Antiguo Régimen al orden liberal, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2004, p. 43-48.

39 AGPM, I, OP, C 147, D 1, f 5v.

40 Un informe sobre los recaudos tomados para la apertura de una calle afirmaba que el alarife había repetido las operaciones con el fin de salvar “la tenaz y tal vez caprichosa oposición” de uno de los afectados. AGPM, I, OP, C 147, D 16, f s/n.

41 Ya se ha marcado este rol mediador de los agrimensores reflejado en la persistencia de su nominación normativa como “jueces de la medida”. Mazzitelli Mastricchio, Malena, “Los ‘Jueces de la Medida’, el rol de los agrimensores entrerrianos en el Departamento Topográfico de Entre Ríos (1849-1871)”, Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, vol. 1, n°1, 2018, p. 8, https://www.sbhc.org.br/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=60, consultado el 19 de febrero de 2019.

42 Tal como decía el perjudicado por una obra al quejarse de que los comisionados para la vista de ojos habían dado su informe “sin oírnos” y “sin noticia alguna nuestra”, considerando sus derechos “atropellados” con “tan injusta medida”. AGPM, I, OP, C 147, D 59, f 1.

43 Un vecino consideraba que el informe del síndico procurador para una obra hidráulica no tenía fortaleza por no ser “perito en el negocio”: su falta de saber lo hacía menos imparcial. AGPM, I, OP, C 147, d. 1, f. s/n.

44 Garavaglia, Juan Carlos, “¿Cómo se mide la tierra? Las mensuras en el Río de la Plata, siglos XIX y XX”, en Garavaglia, J.C. & Gautreau, P., Mensurar la tierra, Op. Cit., p. 55.

45 En la oposición a un trabajo se sostenía que era un recurso “muy usado” lucrarse “injustamente” con lo ajeno, al cubrirse “con la mascara del Publico” y simular “hipócritamente fines piadosos” para lograr fines particulares. AGPM, I, OP, C 147, D 59, f. s/n.

46 Tal como se oficiaba al gobernador luego de una vista de ojos, “es muy sensible que por una simple oposición de intereses particulares” padezca la población tortuosidad en las calles y falta de “ese orden armonioso de los pueblos modernos”. AGPM, I, OP, C 147, D 19, f. s/n.

47 Se afirmaba que el sacrificio hecho por el bien público “no debe ser sin indemnización suficiente de la privación ó pérdida que se le provoca” al vecino afectado. AGPM, I, OP, C 147, D 59, f s/n.

48 Una vecina reclamó por el verdor de los plantíos perdidos, próximos a dar frutos. AGPM, I, OP, C 147, D 10, f. s/n.

49 Cierto proceso logró el pago de indemnización por unos terrenos cedidos en el casco urbano para obra pública, casi una década después de utilizados. AGPM, I, OP, C 147, D 22.

50 AGPM, I, OP, C 147, D 1, f. 6 y 7.

51 AGPM, I, OP, C 147, D 60.

52 Una vecina, para oponerse a una calle que se abriría, sostuvo que “de inmemorial tiempo” la vía había permanecido tapada. AGPM, I, OP, C 147, D 3, f 4.

53 Una solicitante la exigía, considerando “esta diligencia en estos casos tan de cajon, necesaria de Ley, é impresindible”. AGPM, I, OP, C 147, D 10, f s/n. Días después remarcaba cómo su falta creaba “vicio de nulidad”, “defecto de substanciación, y de los conocimientos previos que debe formar el concepto de la causa”. AGPM, I, OP., C 147, D 14, f s/n.

54 Se solicitaba “sujetos que sean imparciales é inteligentes” para que informasen sobre los perjuicios, ventajas y necesidad de una calle y, en caso de confirmarla, determinación de la indemnización “que de justicia” debía hacerse a los implicados. AGPM, I, OP, C 147, D 59, f s/n.

55 Un plano se adjuntó en 1822 a la delineación de una calle y una acequia en Luján. AGPM, I, OP, C 147, D 21, f s/n. El otro fue elaborado por dos agrimensores (N. Villanueva y M. Argañaraz) a pedido del jefe de policía para fundamentar su informe sobre la prolongación de una vía en 1845. AGPM, I, OP, C 147, D 58, f 3.

56 AGPM, I, OP, C 147, D 1, f 5 y 5v.

57 Mazzitelli Mastricchio, M., “Los ‘Jueces”, Op. Cit., p. 10. Como lo expresa el término “notarial”, las escrituras de venta, permuta o donación describían verbalmente las lindes de las propiedades, y no requerían la presentación de un plano de complemento. Del mismo modo, una información judicial para verificar la propiedad de un vecino que no tenía los títulos de dominio también apelaba a recursos narrativos para demostrar su posesión del terreno y los trabajos en él realizados. AGPM, I, TP, C 403, D 15, f 1.

58 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 210-211.

59 Hay que recordar que ya había participado con Villanueva en actividades de agrimensuras, alguna ya referida.

60 Era primo de Juan de la Rosa Pescara y sobrino nieto de José Pescara, eximios tomeros e inversionistas en tierras paupérrimas luego valorizadas con acceso al agua. Al respecto, Molina, Eugenia, “Justicia de proximidad, estrategias patrimoniales y capital simbólico. El caso de José Pescara, jurisdicción de Mendoza, Río de la Plata, 1762-1823”, Anuario IEHS, Tandil, vol. 31, n°2, p. 9-32, http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/, consultado el 28 de diciembre de 2016.

61 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 211-212.

62 Situación ambigua respecto del status de agrimensor ya marcada en otros casos provinciales. Bressan, R., “Registrar, ordenar”, Op. Cit., p. 16; Maizón, A.S., “Construyendo el territorio”, Op. Cit., p. 90; Gautreau, Pierre & Garavaglia, Juan Carlos, “Inventando un nuevo saber estatal sobre el territorio: la definición de prácticas, comportamientos y agentes en las instituciones topográficas de Buenos Aires, 1824-1864”, en Garavaglia, J. C. & Gautreau, P. (eds.), Mensurar la tierra, Op. Cit., p. 89.

63 Este establecimiento colocaba a Mendoza en la vanguardia rioplatense tras Buenos Aires, que refundó su Departamento en 1852 (creado en 1826), y Uruguay, que lo tenía desde 1831. Las fundaciones en otras provincias argentinas fueron posteriores: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe en 1862; San Juan y Salta en 1864; Santiago del Estero en 1869. Canedo, M., “El ‘restablecimiento’”, Op. Cit., p. 2; Maizón, A. S, “Construyendo el territorio”, Op. Cit., p. 90; Bressan, R., “Registrar, ordenar”, Op. Cit., p. 5. La provincia entrerriana ya había ensayado una primera oficina en 1849, aunque su actividad había sido mínima. Mazzitelli Mastricchio, M., “Los ‘Jueces”, Op. Cit., p. 9. Chile había creado en 1831 una Junta Central de Catastro que, si bien tenía un fin impositivo, conllevó un acopio de materiales topográficos más amplio. Alvarez Correa, L., Catastro de propiedad, Op. Cit., p. 3-10.

64 Se puede suponer que aludía a los de la construcción (albañiles y carpinteros). Cirvini ha referido la relevancia de la organización de estos gremios en relación con los saberes profesionales. La estructura profesional, Op. Cit., p. 20-21.

65 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 260-262.

66 Una solicitud de sueldos adeudados muestra que en los años anteriores este cargo existió, pues en febrero de 1853 el “maestro” Manuel Roquer “Director de Obras Públicas” reclamaba pagos desde el 1 de diciembre de 1851. AGPM, I, OP, C 148, D 38, f s/n. No sería extraño que este perito fuera hijo (o pariente) de los hermanos catalanes alarifes del periodo anterior. Si bien no se ha hallado su acta de bautismo o matrimonio el apellido puede estar señalando aquí también la endotecnia en la adquisición de estos saberes.

67 Resulta relevante que se le fijara un sueldo, porque el anterior había hecho un cálculo propio, según el cual se le adeudaba por poco más de un año laboral $140, aunque el pago final, decidido por el jefe de policía, fue bastante menor ($50). AGPM, I, OP, C 148, D 38, f s/n.

68 Tiempo antes, en setiembre de 1852, Juan Llerena había sido contactado por el ejecutivo para desempeñarse como redactor y jefe de una “mesa de Estadística”, creada para suministrar al Directorio Nacional la información que solicitaba sobre la Geografía y la “Estadística” de la provincia. AGPM, I, Estadística (E,) C 40, D 3, f s/n. No obstante, la oficina tendió a organizarse luego, separadamente del DT y con una lenta institucionalización. En 1856 se pidió a Ricardo Ruiz Huidobro que propusiera un plan de organización y, al parecer, recién comenzó a colectar datos, mientras que en 1857 todavía se nombraban dos empleados interinos. AGPM, I, E, C 40, D 9, f s/n; AGPM, I, Registro Oficial (RO), n setiembre, f 1, 10/9/857 y n setiembre, f 1, 1/10/1857.

69 Se ha analizado el elenco de agrimensores que integraron el DT y actuaron en vinculación con él por la presentación de sus mensuras, su integración del tribunal evaluador o su colaboración en la delineación del espacio público en Molina, Eugenia, “Del oficio al cargo público. El caso de la creación del Departamento Topográfico, Mendoza (1850-1860)”, en VII Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda, Argentina, mayo de 2019, p. 1-21.

70 En esta jurisdicción una cuadra lineal tenía 126 metros según la proporción de 1 cuadra=150 varas; 1 vara=3 pies; 1 pie=0,28 metros A partir de ello se calcula: 1 cuadra cuadrada=1 ha 5876 m2. Martínez, Pedro Santos, Historia de Mendoza, Plus Ultra, Mendoza, 1961, p. 41; Garavaglia, J.C., “¿Cómo se mide?”, Op. Cit., p.29.

71 Sobre el trayecto conceptual del término desde su origen germano conectado con la metáfora del “Estado como máquina” a su peculiar inserción en el lenguaje político rioplatense a través de la economía política, ver Casagrande, Agustín, “Estadística en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. Límites conceptuales para la ‘Fuerza del Estado’”, en Agüero, A. & Tau Anzoátegui, V., Tradición jurídica, Op. Cit., p. 1-20.

72 Desde la década de 1830 la economía provincial venía consolidando la vieja opción de la ganadería comercial para reemplazar una producción vitícola deprimida ante la competencia de los vinos extranjeros que entraban por Buenos Aires. Se retomó una práctica de antigua data y se la convirtió en la actividad hegemónica, generando el desplazamiento de los viñedos por campos de alfalfa para cría y engorde de vacunos, insertos en un circuito mercantil en el cual Mendoza era un eslabón clave al articular el Litoral rioplatense con el valle central chileno. Para comienzos de la década del ’50 el espacio productivo se había transformado notablemente: las viñas casi habían desaparecido del paisaje, representando sólo el 2 % de la superficie cultivada, mientras que los alfalfares ocupaban el 80%. Richard Jorba, Rodolfo, Poder, economía y espacio en Mendoza, 1850-1900. Del comercio ganadero a la agroindustria vitivinícola, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1998, p. 28 y 30.

73 Un análisis de las prácticas de la justicia de aguas en San Martín ha mostrado una creciente litigiosidad que expresaría una también mayor valorización de las tierras. Molina, E., “Justicia de aguas”, Op. Cit. Richard Jorba sostiene que, no obstante, el salto de precios fundamental se daría a fines del XIX, cuando la ganadería comercial fuera reemplazada por la industria vitivinícola. “La especialización vitícola y el desarrollo del mercado de tierras agrícolas en la Provincia de Mendoza (Argentina), 1870-1910”, Anuario IEHS, Tandil, n°19, 2004, p. 450. Los estudios realizados por Banzato para el caso de Buenos Aires, en cambio, muestran un aumento progresivo del precio de las tierras a lo largo del siglo XIX, cuando una serie de factores confluyeron para valorizar el recurso simultáneamente a una mayor fragmentación conectada con la dinámica más activa de los intercambios entre propietarios privados. Banzato, Guillermo & Barcos, María Fernanda & D’Agostino, Valeria, “Problemas, métodos y abordajes teóricos en torno al mercado de tierras. La campaña bonaerense entre los siglos XVIII y XIX”, en II Jornadas Interdisciplinarias de Investigaciones Regionales, INCIHUSA-CONICET, Mendoza, Argentina, agosto de 2011, p. 8-9, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1652/ev.1652.pdf, consultado el 15 de mayo de 2017.

74 Según el Diccionario Usual de 1817, “comisión” significaba “orden y facultad que una comunidad ó persona da por escrito á otra para que en virtud de ella ejecute alguna órden, ó entienda en algun negocio. Delegatio”. Real Academia Española, http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub, consultado el 8 de enero de 2019. Darío Barriera ha analizado el momento en que el término perdió su contenido jurisdiccional, conservando la nota de especificidad espacial o funcional de ejercicio. “Instituciones, justicias de proximidad y derecho local en un contexto reformista: designación y regulación de “jueces de campo” en Santa Fe (gobernación intendencia de Buenos Aires) a fines del siglo XVIII”, Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, n°44, 2012, p.9-14.

75 El Diccionario usual de 1817 sólo recogía la acepción que aludía a la compartimentación espacial (“el distrito á que se extiende la jurisdicción ó mando de cada capitan general é intendente de marina”). Recién en el de 1884 incluyó la que refería a un “ministerio ó ramo de la administración pública”. Real Academia Española, http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub, consultado el 8 de enero de 2019. Sobre el término y el proceso de espacialización política conectado a “departamento”, Ozouf-Marignier, Marie-Vic, La formation des départements. La répresentation du territoire français à la fin du 18e. siècle, Paris, EHESS, 1989, p. 40.

76 Planos de 1856 en AGPM, I, DT, C 34, D 12, 13, 15 a 20, D 22, D 24, D 26 a 33, D 35 a 37, f único.

77 AGPM, I, RO, C 202, D 26, 3/12/1853; AGPM, I, RO, C 202, D 30, 31/3/1854; AGPM, I, RO, C 202, D 31, 28/9/1854; AGPM, I, RO, n marzo, f 1 y 2, 6/3/1855; AGPM, I, RO, n marzo, f 7, 8/8/1855; AGPM, I, RO, n setiembre, f 2 y 3, 26/9/1855.

78 AGPM, I, RO, n enero, f s/n, 23/1/1857.

79 AGPM, I, DT, C 34, D11, f 2v.

80 AGPM, I, DT, D 34, D 2 y 11.

81 Se articulaba la cartografía nueva con la recuperación, copia y registro de planos, mapas y croquis antiguos. Este procedimiento por “rompecabezas”, en el cual el esfuerzo intergeneracional era clave, ha sido marcado para Buenos Aires. Pesoa Morillo, M., “Orígenes y etapas”, Op. Cit., p. 170.

82 Rivarola dio cuenta de su validación de 6 planos de propiedades y Galigniana anotició que el archivo del DT registraba 173 mensuras aprobadas. AGPM, I, DT, C 34, D 2, f 28 y AGPM, I, DT, C 34, D 11, f 2v. Para 1856 se han conservado hasta hoy 24 planos, de los que solo 2 no incluyen firma aprobatoria. AGPM, I, DT, C 34, D 12 a 24 y D 26 a 37, f único.

83 Galigniana informaba que en 1855 el oficial secretario había rendido exitosamente el examen habilitante luego de 3 meses de “cerbicio”, y que quien lo reemplazó también estaba dispuesto a realizarlo. AGPM, I, DT, C 34, D 11, f 3v; de hecho, se presentó a la evaluación meses después. AGPM, I, DT, C 34, D 25, f 2.

84 El jefe del DT despachó un expediente de solicitud de nivelación para un molino en Barrancas. AGPM, I, DT, C 34, D 2, f 28.

85 AGPM, I, Títulos Profesionales (TP), C 227, D 9.

86 AGPM, I, TP, C 227, D 11.

87 Cirvini, S., La estructura profesional, Op. Cit., p. 29-30.

88 AGPM, I, TP, C 227, D 15A, f s/n. También se normativizaban otras profesiones (medicina y escribanía). García Garino, Gabriela, ‘El más alto poder’: Legislatura y cultura política en el proceso de construcción del estado provincial de Mendoza, 1852-1881, Tesis de doctorado con mención en Historia, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 2017, p. 218.

89 Los vínculos jurídicos entre vecino y ciudadano, sus solapamientos e implicancias sociales han sido abordados en un notable trabajo que no ha perdido vigencia por las sugerentes hipótesis que sostenía y la minuciosidad de su análisis. Cansanello, Oreste Carlos, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 1810-1852, Imago Mundi, Buenos Aires, 2003.

90 Conviene remarcar que los esfuerzos de espacialización política junto con los de canalización y mejora de los caminos fueron anteriores a la batalla de Caseros y la caída de Rosas. También lo fue la primera nominación de agrimensores de número. Ello indica que, si bien la creación del DT se vinculó con las necesidades impositivas creadas por la Constitución nacional al eliminar las aduanas interiores, fue solo en parte, pues parece haberse integrado más bien en una preocupación gubernamental conectada con la puesta a punto de ciertos territorios en el marco de la hegemonía alcanzada por el modelo productivo de ganadería comercial con agricultura subordinada. De hecho, las relaciones de Mendoza con las autoridades de la Confederación luego de 1853 no afectaron al conjunto de las medidas conectadas a su intervención creciente en el espacio público. Esta articulación sí fue diversa luego del terremoto de 1861, cuando la ayuda financiera desde el poder nacional se condicionó, por ejemplo, a la resolución del problema de emplazamiento de la nueva capital. Cirvini, S., La estructura profesional, Op. Cit., p. 81-84. Se ha insistido en esta hipótesis de un dinamismo gubernamental pre Caseros y su vinculación con una espacialización política conectada al modelo comercial ganadero en Molina, E., “Del oficio al cargo público”, Op. Cit. El contexto político mendocino de creación del DT parece haber sido, entonces, diverso al de la reinstalación del de Buenos Aires en 1852, el cual se enmarcó en la ruptura de ésta con Urquiza y la posterior Confederación, pero también en la implementación de un nuevo despliegue institucional estatal que buscaba proponer un modelo a imitar que sustentase el liderazgo bonaerense en el concierto de las provincias. Canedo, Mariana, “El ‘restablecimiento’”, Op. Cit., p. 3.

91 Eran tres los puntos clave: la Ciénaga del Bermejo (a pocos kilómetros al este del casco urbano), la del Norte (la más antigua) y la de Rodeo del Moyano (surgida por la intensificación agrícola en el departamento de San Martín). Al respecto, Prieto, María del Rosario & Rojas, Facundo & Castrillejo, Teresa & Hernández, Facundo, “Procesos ambientales y construcción del territorio a partir de un estudio de caso: la ciénaga de Bermejo, oasis Norte de Mendoza, 1810-1930”, Revista de Historia Argentina y Americana, Mendoza, vol. 47, n°2, 2012, p. 175-207, http://bdigital.uncu.edu.ar/7111, consultado el 15 de mayo de 2017. También Molina, Eugenia, “Ciénagas, desagües”, Op. Cit.

92 AGPM, I, DT, C 34, D 11, f 4 y 4v.

93 AGPM, I, DT, C 34, D 2, f 14 y 14v.

94 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 282.

95 Resolución legislativa de 27/07/1850 y Decreto gubernativo de 4/08/1850, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 206-207.

96 Decreto gubernativo de 11/04/1854, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 279-280.

97 Decreto gubernativo de 9/01/1855, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 290.

98 Resolución legislativa de 25/10/1854, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 286-288.

99 Decreto gubernativo de 8/02/1856, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 326.

100 Decreto gubernativo de 11/05/1855, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 293-294.

101 Decreto gubernativo de 2/08/1855, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 298-299.

102 Decreto gubernativo de 15/04/1856, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 327.

103 Decreto gubernativo de 14/05/1858, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 356-357.

104 Decreto gubernativo de 8/11/1858, Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. cit., p. 371-372.

105 El modelo de propiedad elaborado por el liberalismo decimonónico atribuía a ésta los siguientes rasgos: conformaba un derecho natural (anterior al orden jurídico positivo y derivado de la naturaleza humana que necesitaba proyectarse exteriormente sobre las cosas para lograr realizarse); absoluto (por no estar sometido a límites externos de ningún tipo); pleno (en tanto implicaba la total disponibilidad en relación al bien objeto de propiedad, incluso, respecto de su destrucción o uso antieconómico); tendencialmente perpetuo y privado (esto es, que no comprometiera derechos de carácter público). Hespanha, António Manuel, “A construçᾶo jurídica da propiedade liberal”, en Sacerdotes do direito. Direito, juristas e poder social no liberalismo oitocentista, Charleston, Create Space, 2017, p. 415-419. Sin embargo, al menos en los territorios de lo que configuraría la Argentina, esta concepción tardaría en imponerse, articulándose con concepciones y prácticas anteriores que implicaban el reconocimiento de otras fuentes del derecho además de la ley. El Código Rural de Buenos Aires (1865), por ejemplo, legisló desde la costumbre, dando cuenta de una noción de propiedad privada difusa como objeto individual y absoluto. Zeberio, Blanca, “Los hombres y las cosas. Cambios y continuidades en los derechos de propiedad (Argentina, siglo XIX)”, Quinto Sol, Santa Rosa, n°9-10, 2005-2006, p. 161 y 163, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=23133470006, consultado el 8 de octubre de 2019.

106 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit. cit., p. 238.

107 En su artículo 65 refería al derecho de propiedad. Según María Cristina Seghesso, en materia de derechos y garantías la constitución provincial seguía a la nacional, Historia Constitucional de Mendoza, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Mendoza, 1997, p. 167-168.

108 Esta conforma una de las principales conclusiones de García Garino, G., ‘El más alto poder’, Op. Cit., p. 434.

109 Esta atribución institucional era remarcada por el jefe del DT en un expediente en el que se impugnaba su delineación de una recta de edificación. AGPM, I, OP, C 148, D 45, f s/n.

110 La relación entre los actores que detentaban estos saberes con los sectores económicos dominantes no parece haber sido unívoca ni excluyente. Si es cierto que los primeros agrimensores pertenecían a parentelas que poseían nutridos patrimonios y, a veces también, apellidos de linaje local, no todos los agrimensores del periodo reunieron estos elementos. Algunos, incluso, eran advenedizos sin matrimonios de prestigio. Se ha trabajado esto en Molina, Eugenia, “Del oficio al cargo público”, Op. Cit. Si bien la historiografía mendocina tradicional consagró la idea de una vinculación estrecha entre la élite económico-social y la política, un estudio de los elencos de las administraciones municipales ha mostrado múltiples trayectorias de movilidad social ascendente conectada al capital brindado por la experiencia en funciones públicas de actores medios no necesariamente conectados a aquéllas. Fucili, Eliana, Administración y política territorial en la formación de los regímenes provinciales decimonónicos (Mendoza, 1854-1895), Tesis de maestría, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina, 2016, p. 10 y 43-44. Asimismo, se ha dado cuenta del conjunto de legisladores mendocinos entre 1852 y 1880 para evidenciar cómo no existió tampoco un vínculo directo entre dirigencias estatales y élite socioeconómica. García Garino, G., ‘El más alto poder’, Op. Cit., p. 75.

111 El juez general de aguas y un subdelegado departamental solicitaron al gobierno un agrimensor para rectificar las calles afectadas por el replanteo de desagües, aplicando la normativa vigente pero también allanando un procedimiento técnico que resolvería más expeditivamente la obra. AGPM, I, Irrigación (IR), C 104, D 9, f 1. Mientras que el pedido por un subdelegado de la delineación de la plaza de una de sus poblaciones fue respondido con la confirmación de que la ejecutaría el jefe del DT. 2/9/1856, AGPM, I, LC, C 28, D 2, f 11.

112 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 283.

113 AGPM, I, OP, C 148, D 45, f s/n.

114 AGPM, I, OP, D 45, f s/n.

115 En materia de justicia de aguas siguió siendo ineludible Molina, E., “Justicia de aguas”, Op. Cit.

116 Si bien no se han hallado instrucciones para los agrimensores tal como las que se dispone para el caso de Buenos Aires de 1825, 1835-1839 y 1858, en las que se fijaron criterios básicos de trabajo para el relevamiento de tierras, evidenciando una voluntad de formalización e institucionalización, sí puede observarse una progresiva definición de los saberes requeridos para acceder al título oficial y mayor exigencia en el detalle de los elementos descriptivos. Respecto de la fijación de estándares para la agrimensura en el caso bonaerense, Gautreau, P. & Garavaglia, J. C., “Inventando un nuevo saber”, Op. Cit., p. 75-77.

117 En un expediente iniciado para la construcción de un molino en el departamento de San Martín, el agrimensor Pescara fue comisionado para realizar una vista de ojos. Un primer informe con las medidas de la nivelación de terreno necesaria para evitar filtraciones fue rechazado por el juez general de aguas, quien le requirió una descripción más detallada. AGPM, I, IR, C 102, D 14, f 3, 3v y 5v. Lo mismo le pasó a Galigniana en un informe de rectificación de calle, que hasta incluía croquis. AGPM, I, OP, C148, D 32, f 2v, 3, 3v y 4.

118 Galigniana consideraba en esos términos el problema para la delineación de un carril. Sostenía que las propiedades habían avanzado con sus cercos sobre mayores extensiones que las que figuraban en las escrituras de dominio, pasando, incluso, por encima de las huellas de aquel. AGPM, I, OP, C 148, D 33, f 3.

119 Esto se expresaba en un informe del DT que daba cuenta de un nutrido archivo de materiales gráficos: delineaciones de edificios nuevos, 173 planos presentados por los agrimensores de las operaciones realizadas en distintos puntos de la provincia, copia del plano de la Ciudad de 1822 y otro con sus “adelantos y variaciones”, copia del de la villa de Uspallata, copia y original del canal “del medio”, de la villa de San Martín, de la de La Paz y de San Rafael; croquis para la obra de la “vuelta de la Ciénaga” y nuevos caminos al río, de la reforma de acequias, carriles y desagües en San Martín, de la costa sur del río Tunuyán con sus poblaciones y caminos. AGPM, I, DT, C 34, D 11, f 2v y 3. En este mismo sentido, Gautreau y Garavaglia han insistido en que la capacidad de archivar la información territorial y la configuración de una memoria administrativa fue aún más relevante en el caso del DT de Buenos Aires que la mejora de la precisión cartográfica en relación con la construcción estatal. “Inventando un nuevo saber”, Op. Cit., p. 95.

120 AGPM, I, LC, C 27, D 6, f 53v y 54. Los encargados fueron Pablo Pescara y Nicolás Villanueva, a quienes se les pagaron los viáticos y se los compensó con un generoso monto por sus servicios. Si bien solo el primero era ya agrimensor de número, el segundo gozaba de un saber reconocido, el cual sería oficializado al mes siguiente al ser incluido en la nómina de peritos que integraba el decreto de creación del DT.

121 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 309.

122 AGPM, I, DT, C 34, D 9, f s/n.

123 AGPM, I, OP, C 148, D 32, f 2v a 4v, y s/n.

124 AGPM, I, OP, C 148, D 66, f 3 y 5-6.

125 Como mostraron Gautreau y Garavaglia para el accionar topográfico en Buenos Aires, lo fundamental era lograr que los vecinos de un campo mensurado aceptaran el proceso sancionado por el Estado, alcanzando un consenso social que era quizá tan relevante como la precisión técnica. De allí que las observaciones contextuales, y no las técnicas, eran requisitos principales para los ingenieros. “Inventando un nuevo saber”, Op. Cit., p. 80 y 83.

126 AGPM, I, LC, C 27, D 6, f 109.

127 Un domingo después de la misa, el agrimensor convocó a los interesados en la rectificación de carril y acequia local para oírlos, explicándoles en nombre del gobierno la relevancia de la obra. Como resultado se acordaron una serie de puntos para allanar su ejecución. AGPM, I, OP, C 148, D 32, f s/n.

128 Como lo expresaba el encargado del DT al elevar su informe anual de actividades, sosteniendo la acumulación de materiales para que el gobierno dispusiese las obras que “el País en su marcha progresista exige (…) con el fuerte imperio de la necesidad y combeniencia Publica”. AGPM, I, DT, C 34, D 11, f 2.

129 AGPM, I, LC, C 27, D 6, f 134v.

130 AGPM, I, OP, C 148, D 32, f s/n.

131 AGPM, I, RO, n enero, f 2, 11/1/1855.

132 La cuestión de la expropiación refiere a una trama de instrumentos legales, referencias doctrinarias y prácticas comunitarias que ameritan un abordaje específico, el cual no se puede realizar en este trabajo pero que marca una línea de indagación para próximas investigaciones. Las aristas históricas abiertas por esta problemática pueden entreverse en los trabajos publicados como resultado del Encuentro sobre la Historia de la Propiedad en España: la expropiación, Salamanca, setiembre de 2010, publicados en https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=504325. Agradezco a Pamela Cacciavillani y José María Martín Humanes la referencia bibliográfica y la propuesta de una vía de indagación sugerente para abordar la configuración de lo público como concepto jurídico y político.

133 Esto muestran los procesos desplegados por rectificación y apertura de calles. 11/9/1852, AGPM, I, OP, D 148, D 32 y AGPM, I, OP, C 148, D 66.

134 Ahumada, M., Codigo de las leyes, Op. Cit., p. 283. Como se dijo, si bien no se profundiza en este trabajo sobre las concepciones de propiedad, sí cabe insistir en que, más allá de la precisión constitucional sobre un derecho de propiedad individual, absoluta y plena, las negociaciones de los agrimensores para cumplir las órdenes gubernamentales dan cuenta de la persistencia de una pluralidad de derechos sustentados no solo en la ley y la titulación estatal, sino también en las costumbres de los pobladores. Se ha avanzado en esta cuestión en Molina, Eugenia, “Configuraciones territoriales durante la última década colonial: estrategias patrimoniales, accionar capitular y equipamiento político. El caso de Barriales, Mendoza, Virreinato del Río de la Plata (1800-1810)”, en XI Jornadas de Historia Colonial, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, Chile, octubre de 2018. La “cultura del código”, como simplificación del fenómeno jurídico que renuncia a la complejidad social e intenta racionalizarla con normas breves, claras y unificadoras, tardaría varias décadas en imponerse, consolidándose en el último cuarto del siglo XIX, luego de un largo proceso de maduración marcado por resistencias, oposiciones y matices. Tau Anzoátegui, Víctor, “La ‘cultura del código’. Un debate virtual entre Segovia y Sáenz”, Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, n°26, 1998, p. 539 y 543.

135 AGPM, I, RO, n setiembre, f 2 y 3, 26/9/1855. Las mismas disposiciones sobre utilidad pública y tasadores se observan en un decreto referido a la apertura de otra calle en el casco urbano. AGPM, I, RO, n noviembre, f 2,10/11/1855. Años después, iguales recursos legales se repetían para expropiar terrenos para la construcción de un cuartel. AGPM, I, RO, n agosto, f 63, 21/8/1860.

136 AGPM, I, OP, C 148, D 66, f 7-8v.

137 AGPM, I, LC, C 28, D 1, f 125 y 126.

138 AGPM, I, LC, C 28, D 3, f 51v.

139 AGPM, I, OP, C 148, D 32, f 1.

140 También al registro de las propiedades, aunque en esta ocasión solo se lo ha abordado tangencialmente.

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Índice de ilustraciones

Título Figura 1. Subdelegacías, departamentos y villas de Mendoza en la década de 1850
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Eugenia Molina, « Agrimensores, gobierno y derechos en prácticas institucionales de ordenamiento territorial. Jurisdicción de Mendoza, 1850-1860 », Revista Historia y Justicia [En línea], 13 | 2019, Publicado el 16 noviembre 2019, consultado el 16 octubre 2021. URL : http://journals.openedition.org/rhj/2628 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhj.2628

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Autor

Eugenia Molina

Doctora en Historia, Universidad Nacional de La Plata. Titular efectiva Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Facultad de Filosofía y Letras. Investigadora Independiente en Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacional-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IDEHESI-CONICET) Este trabajo se inserta en el plan de labor propuesto en CONICET bajo el título “Procesos de construcción territorial de la estatalidad provincial: de las prácticas jurisdiccionales al gobierno político-administrativo. San Martín (Mendoza), 1820-1859”, para el periodo 2018-2020. Correo electrónico: eramolina[at]hotmail.com

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