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Nota de la Cámara de justicia informando sobre las reformas a la administración de justicia

Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Fondo Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, Sección Cámara de Senadores (1854-1883), Año 1855, Cuerpo 50, Anaquel 3, N° 4, Legajo 1 Y 2, N° 39, Fs 1-6 V
María Angélica Corva

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  • 1 “Se crea el Archivo Histórico de la Provincia”, Decreto nº 655, La Plata, diciembre 15 de 1925, p. (...)

1En el decreto se hacía referencia específica al valor histórico de los archivos parciales de la Honorable Legislatura, la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Escuelas y las oficinas administrativas del Poder Ejecutivo. Esta medida centralizadora “aumentaría el valor ilustrativo” y evitaría las pérdidas y cesiones circunstanciales de los documentos. El autor del proyecto y director del nuevo Archivo, creado con la misión de conservar y ordenar el material a cargo de personal técnico especializado, fue el Dr. Ricardo Levene. Para concretar el proyecto, los poderes correspondientes debían acordar la entrega de los fondos documentales anteriores a la fecha de la fundación de la ciudad de La Plata, capital de la provincia, realizada en 18821.

  • 2 Índice de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires 1854-1882, Archivo Histórico de la (...)

2Fue así como parte del fondo documental del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires fue trasladado, es preservado y puede ser consultado en el Archivo Histórico. Esta documentación de origen legislativo fue dividida en tres secciones, cada una con índices publicados: Sala de Representantes (1821-1852), Cámara de Diputados (1854-1882) y Cámara de Senadores (1854-1883). Las tres están ordenadas por año que, para la sección del Senado, a su vez están divididos en proyectos de ley o decreto; cuestiones electorales; tareas de las comisiones legislativas, solicitudes de pensiones y jubilaciones, acuerdos del Senado para nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo, notas de los senadores, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, de corporaciones oficiales y de particulares2. Cabe aquí destacar que dentro de esta clasificación no existe una referencia específica al Poder Judicial y que sus presentaciones, como la nota que nos ocupa o la Memoria presentada por el Superior Tribunal de Justicia en 1868, están rotuladas como notas de particulares. Esto es llamativo en documentos producidos en años en que el Estado provincial estaba en formación, buscando establecer la relación entre los poderes que lo conformaban y el lugar que cada uno ocuparía.

3La nota fue archivada en forma de expediente por el Archivo de la Cámara de Senadores. Esto podemos asegurarlo porque la carátula tiene su sello y no pertenece al original, pues se trata de una hoja rayada, diferente al resto y preparada para tal fin, con impresiones previas destinadas a completar con el número de orden que los encargados de archivarlo le asignaron y con la fecha en que el documento fue producido. En el centro se indica la pertenencia al fondo con la palabra “SENADO” ya impresa. Con posterioridad fue tachado el número original, reemplazándolo por uno nuevo, y se agregó el sello del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. La descripción del documento redactada en la carátula es incorrecta, pues hace referencia a una nota de la Suprema Corte, institución que comenzó a funcionar en 1875.

4A esta carátula anexada sigue la nota, de seis fojas numeradas en la cara de cada hoja en el margen superior derecho. Las hojas son de 20 por 28 centímetros, la escritura está realizada con pluma y tinta negra, la letra es siempre la misma y el foliado fue realizado por el mismo escribiente. El estado de conservación es muy bueno, pero todas las fojas tienen sello del Archivo de la Provincia y casi todas el sello del Archivo del Senado.

5Si bien la lectura del documento parece a primera vista sencilla, la pertinencia de su trascripción y publicación se basa en la dificultad de comprender palabras que, sin el contexto de la investigación realizada y de muchos años leyendo documentos contemporáneos, serían indescifrables. Además hemos rastreado en otras fuentes, en las que más tarde solían publicarse estas propuestas de reformas, y no hemos encontrado hasta el momento otra versión de este texto, de allí también la importancia de su transcripción.

6Para dimensionar la importancia de este documento es menester conocer antes que nada, el origen y la evolución de la institución judicial a la que pertenecían los hombres que lo firmaron. Los firmantes eran cinco magistrados, integrantes de la Cámara de Apelaciones, tribunal que reemplazó a la Real Audiencia en 1812. En 1855, esta Cámara se conformaba de cinco abogados, nombrados por el gobernador Pastor Obligado al inicio de su período en 1853. El Presidente de la Cámara debía cuidar de la policía interior del cuerpo y de la disciplina en las funciones respectivas de los subalternos, rotando entre los miembros.

7Con la caída del poder central en 1820 las provincias iniciaron el esfuerzo por afirmarse como Estados autónomos, que Buenos Aires formalizó el 11 de febrero de 1820 cuando el Cabildo asumió el mando de la ciudad y su provincia, convocó al vecindario a Cabildo abierto y se formó el 16 del mismo mes la Honorable Junta de Representantes, que al día siguiente designó gobernador a Manuel de Sarratea, contando así con su primera Legislatura y su primer ejecutivo provincial. La justicia comenzó a organizarse a partir de la ley que suprimió los Cabildos de Buenos Aires y Luján el 24 de diciembre de 1821, encargados hasta entonces de la administración de justicia en primera instancia y reemplazados por jueces letrados, rentados e inamovibles.

8La Cámara de Justicia pasó a formar parte del Estado provincial, ejerciendo como suprema autoridad judicial, sin sufrir mayores cambios y manteniendo los mismos integrantes. A partir de una propuesta del Tribunal y con el argumento de alcanzar un mejor desempeño de la administración de justicia y la protección de todos los derechos sociales, Juan Manuel de Rosas aumentó, por decreto del 5 de marzo de 1830, el número de los jueces de la Cámara de Justicia a siete, con dos fiscales (uno para lo civil y negocios de Hacienda y otro para lo criminal) previendo la formación de dos salas y derogando de hecho la inamovilidad.

9La derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 derivó en la secesión de Buenos Aires y su ruptura con la Confederación. El 8 de agosto de 1853, por decreto del gobernador Pastor Obligado, se redujo el número de camaristas a cinco, y por ley del 29 de noviembre de 1853 se instalaron jueces del crimen de primera instancia letrados en la campaña. En 1854 la provincia promulgó su texto constitucional, institucionalizando la tendencia aislacionista con un Estado que ejercía el pleno derecho soberano en política interior y exterior.

10La Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854, instituía una legislatura bicameral y declaraba al Poder Jjudicial independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones, desempeñado por los tribunales y juzgados designados por la ley. Sus miembros no podían ser removidos sin causa y sentencia legal, siendo suspendidos desde que fueran enjuiciados. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, nombrados por el gobernador a propuesta en terna del Senado, requerían estar en ejercicio de la ciudadanía, ser mayores de 30 años, con seis al menos de ejercicio en la profesión. No se creaban tribunales de segunda instancia y las causas contenciosas de hacienda y las que nacieran de contratos entre particulares y el Gobierno eran juzgadas por un Tribunal especial, cuyas formas y atribuciones las determinaba la ley.

  • 3 Art. 126 de la Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854, Sección IV del Poder Judicial, en C (...)
  • 4 Corva, María Angélica, Constituir el gobierno, afianzar la justicia. El Poder Judicial de la provin (...)

11El Tribunal Superior debía fundar sus sentencias “en el texto expreso de la ley o en los principios y doctrinas de la materia”. Tenía la superintendencia del Poder Judicial y podía “informar al Cuerpo Legislativo de todo lo concerniente a la mejora de la Administración de Justicia”3. El Superior Tribunal de Justicia fue organizado por la ley del 30 de septiembre de 1857, siguiendo en funciones entre tanto la Cámara de Apelaciones, que recibía también el nombre de Tribunal Superior de Justicia. Con el texto constitucional de 1873 fue creada la Suprema Corte de Justicia, motivo por el cual la carátula del documento a transcribir, confeccionada cuando fue organizado el archivo, expresa “Nota de la Suprema Corte indicando algunas reformas a la administración de justicia”4.

12Determinada la pertenencia institucional y el motivo de la redacción del documento en cuestión, su importancia y pertinencia para la historia de la justicia reside en primer lugar, en que deja de manifiesto los cambios que los magistrados consideraban necesarios para responder a las falencias y necesidades de la administración de justicia, en un momento de profundos cambios en la formación del Estado provincial. Los reclamos y sugerencias presentados por los ministros expresan su orden de prioridades en las cuestiones fundamentales que requerían atención y solución más urgente: la propiedad, la justicia criminal en la campaña, la pena de muerte y la organización del máximo tribunal en salas con un mayor número de miembros, como estaba previsto en la Constitución, teniendo en cuenta mejoras edilicias para su sede. A pesar de que todo esto debía sostenerse sobre la sanción de los códigos, para evitar reformas parciales y desligadas, los magistrados se manifestaban conscientes del tiempo que esta tarea demandaría. La solución era entre tanto continuar con “el sistema de reformas sucesivas” que podrían concretarse hasta que la codificación les diera sencillez, uniformidad y enlace.

13Establecidos los temas que preocupaban a la Cámara, surge el segundo aporte que nos ofrece esta nota. Durante la etapa que se inició con el nuevo texto constitucional y que terminó con la cesión de la ciudad de Buenos Aires, capital provincial, al Estado nacional, se jugó en la arena política y se manifestó en la vida social el lugar que el honor, la vida y la propiedad ocuparían en la formación del Estado. La prioridad de la propiedad, consagrada finalmente, quedaba ya anunciada en la preocupación de los jueces por la legislación civil relacionada con la propiedad raíz, destinada a reformar el sistema hipotecario, logrando la simplificación del juicio ejecutivo y la clasificación del crédito. A esto seguía la reforma de las escribanías, indispensable para una mejor administración de justicia. Seguía luego la preocupación por la vida, expresada en la urgencia de la construcción de presidios adecuados que hicieran realizables las sentencias de los jueces que quisieran evitar la pena capital.

14En tercer lugar, surge de estas propuestas la definición del tribunal, su funcionamiento y sus aspiraciones. Al fundamentar la razón de sus pedidos, los firmantes definían los alcances de la superintendencia que la Constitución les acordaba, tema que a lo largo de los años ha sido de compleja determinación. Ellos no podían dictar leyes, sólo podían tomar las determinaciones necesarias al mejor funcionamiento de la administración de justicia en cuestiones de economía interna y disciplinarias, estableciendo sus límites respecto al Poder Legislativo. En cuanto a su funcionamiento requerían el nombramiento de más miembros y la división en salas, para una mejor atención de las causas por fuero, y aspiraban a contar con un edificio acorde a las funciones que debían cumplir. Tanto para los nombramientos como para su presupuesto dependía de los otros poderes.

  • 5 Art. 1° de la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, en Corbetta, J. Textos constitu (...)

15Finalmente, los reclamos realizados sobre el funcionamiento de la justicia criminal, relacionados siempre con las distancias y la duración de los procesos, manifiestan otro de los grandes conflictos que debía enfrentar la constitución estatal: la dicotomía ciudad-campaña, que se hacía claramente visible en las falencias del fuero criminal y de un régimen municipal que no había logrado organizarse eficientemente, al crear municipalidades cuyos presidentes eran los jueces de paz, a su vez último eslabón del sistema judicial. Los conflictos surgidos al intentar llevar la división de poderes de la teoría política a la práctica, se manifestaba no solamente en la capital, sino que a la hora de determinar el lugar que cada uno de los poderes ocuparía, se había instalado también en la campaña y sobreviviría allí muchos años, aun después de la sanción de la Constitución de 1873 que declaraba a la provincia de Buenos Aires como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal5.

16Agradezco especialmente al Profesor Guillermo A. Clarke, Director del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, la autorización para publicar las fotografías correspondientes a la presente nota.

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Notas

1 “Se crea el Archivo Histórico de la Provincia”, Decreto nº 655, La Plata, diciembre 15 de 1925, p. 430-431. Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires, julio-diciembre de 1925, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales, 1928. Para más información sobre el Archivo Histórico y la documentación que preserva consultar Rimoldi, Marcelo J., Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Guía del investigador, Asociación Amigos del AHPBA, La Plata, 2006.

2 Índice de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires 1854-1882, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1971.

3 Art. 126 de la Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854, Sección IV del Poder Judicial, en Corbetta, Juan Carlos, Textos constitucionales de Buenos Aires, SCBA, La Plata, 1984, p. 74.

4 Corva, María Angélica, Constituir el gobierno, afianzar la justicia. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires (1853-1881), Prohistoria Ediciones; Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2014.

5 Art. 1° de la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, en Corbetta, J. Textos constitucionales, Op. Cit., p. 83.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

María Angélica Corva, « Nota de la Cámara de justicia informando sobre las reformas a la administración de justicia  », Revista Historia y Justicia [En línea], 4 | 2015, Publicado el 30 abril 2015, consultado el 02 diciembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rhj/4788 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhj.4788

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Autor

María Angélica Corva

Doctora en Historia, Universidad Nacional de La Plata. Profesora de posgrado e investigadora independiente en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Rosario. Miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Argentina.
mariacorva@gmail.com

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