• 1 Este trabajo es parte de una investigación histórica y etnográfica desarrollada en el marco de un p (...)
• 2 Siguiendo a Juan Rial, sostenemos que el sistema de disciplina militar regula el comportamiento cot (...)

1La derogación del Código de Justicia Militar y la definición de un nuevo sistema de justicia y disciplina militar establecido por la por Ley nº26.394 –sancionada el 6 de agosto de 2008, promulgada el 26 del mismo mes y año, y vigente desde el 27 de febrero de 2009– constituye un hito relevante en el proceso de ciudadanización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, anclado en la figura del “soldado-ciudadano”1. Por un lado, ese proceso implicó la igualación de los militares argentinos con cualquier otro ciudadano de la Nación, eliminándose preconceptos acerca de una naturaleza social, moral o política esencialmente diferente. Y, por otro, delimitó claras diferencias entre normas y fenómenos penales respecto de la regulación de la disciplina en las organizaciones castrenses2.

• 3 Chillier, Gastón & Santos, Lucia, “Derechos humanos y justicia militar en Argentina”, en Rial, J. ( (...)

2En este sentido –conforme a lo señalado por Gastón Chillier y Lucia Santos–, desde la apertura democrática de diciembre de 1983 no sólo era preciso alcanzar el objetivo de que los militares se subordinen a las autoridades civiles electas y respeten los valores democráticos y derechos humanos de toda la sociedad; sino también era imprescindible lograr que en las instituciones castrenses se respeten los derechos humanos de sus integrantes. Es por ello que el sistema de justicia militar debía ser reformado, pues constituía un tradicional espacio de ejercicio de la autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, vulneraba los derechos humanos fundamentales de los propios militares3.

• 4 Para un estado del arte sobre los estudios de la profesión militar en Argentina: Soprano, Germán, “ (...)

3Fundamentalmente durante la gestión de la Ministra de Defensa Nilda Garré, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2010, los conceptos de ciudadanización y profesionalización han sido empleados para referir al énfasis puesto en una política pública que conlleva dos objetivos solidarios vinculados a la formación básica y capacitación profesional del militar: como funcionario público especializado en la defensa nacional, y como un ciudadano con deberes y derechos universalmente compartidos con otros argentinos (aún cuando su estado militar implica la renuncia voluntaria a algunos de ellos, entre los cuales, el derecho a la organización gremial y la participación política4).

• 5 Badaró, Máximo, Militares o ciudadanos. La formación de los oficiales del Ejército Argentino, Prome (...)
• 6 Lafferriere, Guillermo & Soprano, Germán, “El servicio militar voluntario en las Fuerzas Armadas Ar (...)
• 7 Badaró, M., Militares o ciudadanos, Op. Cit. Frederic, S., Las trampas del pasado, Op. Cit. Soprano (...)

4Otras dimensiones importantes de ese proceso de reformas, promovido por las conducciones castrenses y civiles de la defensa en democracia desde la década de 1990, han sido: la incorporación de las mujeres en todas las ramas y especialidades de las Fuerzas Armadas5, el tránsito del sistema de soldados conscriptos a soldados voluntarios6, y la incorporación de la educación militar al sistema de educación superior universitario nacional7.

• 8 Deseo expresar mi reconocimiento al General de Justicia (R) Manuel Omar Lozano por haberme orientad (...)

5En este trabajo propongo comprender ese proceso de ciudadanización y profesionalización militar desde tres focos. Primero, relevando antecedentes jurídicos y judiciales –en el contexto internacional y en la experiencia argentina–, que pueden considerarse claves para explicar la aparición de demandas que apuntaban en ese sentido. Segundo, comprendiendo el rol fundamental del Ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré en la orientación de estos cambios, así como la decisiva participación de especialistas civiles y militares en la materia. Por último, analizando cuestiones centrales de las discusiones sobre el contenido de la Ley y su reglamentación8.

• 9 Bailone, Matías, “El Código de Justicia Militar en la Argentina: crónica de una muerte anunciada”, (...)
• 10 Filippini, Leandro & Tchrian, Karina, “El nuevo sistema de justicia militar argentino. Comentario a (...)
• 11 Hasta 1885 habían regido las “Ordenanzas Militares de España para el servicio del Ejército y la Arm (...)

6Con la sanción el 6 de agosto de 2008 de un nuevo sistema de justicia y disciplina militar, se derogó el Código de Justicia Militar establecido por la Ley n°14.029 del 9 de julio de 1951, elaborado por el entonces Auditor de las Fuerzas Armadas Oscar Ricardo Sacheri. Matías Bailone9, Leonardo Filippini y Karina Tchrian10 señalan que ese Código había reproducido la estructura de aquél, concebido previamente por José María Bustillo y sancionado por la Ley n°3.679 de 189811. El Código de 1951 se dividía en tres tratados:

• 12 La persistencia del Código de Justicia Militar de 1951, después de 1955, incurrió, en consecuencia, (...)

7Su contenido se actualizó parcialmente respecto del precedente para adecuarse al Código Penal de 1921 y a la Constitución Nacional de 1949, que incorporó la jurisdicción castrense en su artículo 29. Curiosamente, el Código de Justicia Militar de 1951 siguió vigente como un todo después que esa Constitución fue abrogada, tras el golpe de estado de la autodenominada “Revolución Libertadora” de septiembre de 195512.

• 13 Sin embargo, como recordaba la senadora nacional María Cristina Perceval (retomando argumentos del (...)

9Si bien estos cambios se relacionaron con las políticas de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad del “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), que impulsó el gobierno nacional de Ricardo Alfonsín, también constituyeron una primera tentativa de introducir lógicas democráticas en la concepción y funcionamiento de la justicia militar, dando intervención a la justicia federal13.

• 14 Manuel Lozano observa que en la XXXI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, celeb (...)

10La reforma en el sistema de justicia y disciplina militar argentina se inscribe en procesos regionales e internacionales más amplios, que avanzan en el mismo sentido que las transformaciones que llevaron a la supresión del fuero penal militar en países como Francia y Alemania. A la vez, coexisten con otra tendencia reformista que, sin suprimir la jurisdicción penal militar, se orienta a favor de estándares de calidad en el respeto de los derechos humanos, ausentes en los sistemas tradicionales.14

• 15 Ignacio Osacar observa que la pena de muerte, conforme al Código de Justicia Militar, fue aplicada (...)

11El lector considerará, seguramente, que la excepcionalidad moral en que se justificaba la existencia de una jurisdicción penal castrense obró, hasta las reformas de 2008, como un privilegio de los militares sobre sus conciudadanos, o como una forma de discriminación positiva. Y no es erróneo ver la cuestión de ese modo, aunque sí de un modo parcial, pues la contra-cara que esa singularidad supuso fue la falta de garantías en el debido proceso, y aún la persistencia, como figura legal, de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar de un país que no la contemplaba para los civiles15. Es por ello que, como se señalaba en la presentación del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema de Justicia Militar, por parte del Poder Ejecutivo de la Nación ante el Congreso Nacional, el objetivo era:

• 17 Bailone, M., “El Código de Justicia Militar, Op. Cit., p. 1-6.

12De acuerdo con Matías Bailone, son varias las razones que llevaron en la Argentina a suprimir el fuero penal castrense y reformar su sistema de justicia militar17.

• 18 “Estas garantías se encuentran en el artículo 8.1. de la Convención Interamericana de Derechos Huma (...)

15Tercero: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 6 de marzo de 2007 en la causa “López Ramón Ángel” declaró, por un lado, la nulidad de la sentencia de la Justicia Militar, por considerar que colisionaba con la Constitución Nacional de 1994 y con los tratados internacionales suscritos por el país; y, por otro, cuestionó la constitucionalidad de los tribunales militares en tiempos de paz, por afectar el derecho de defensa y la falta de independencia de los órganos llamados a conocer y juzgar18. Propongo entonces que veamos en detalle los tres casos mencionados.

• 19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe n°2/04. Petición 11.758. Admisibilidad Rodolfo (...)
• 20 El Código especificaba que “en tiempo de guerra frente al enemigo, la pena será de muerte o reclusi (...)

17En la causa que se abrió por el asesinato del conscripto Carrasco fueron procesados el subteniente Ignacio Canevaro, dos suboficiales y dos soldados. Según el testimonio de Correa Belisle ante el Tribunal Oral Federal, personal de Inteligencia del Ejército actuó en la unidad militar encubriendo pruebas del delito, contradiciendo de este modo declaraciones del entonces Jefe de Estado Mayor, General Martín Balza, quien negó sus dichos. El Capitán sostuvo ante la prensa en la vía pública al salir del tribunal: “he escuchado mentir sobre el caso Carrasco hasta el mismo General Balza de ahí para abajo puedo esperar cualquier cosa […] yo escuché y lo tengo grabado al General en un reportaje que le hicieron en la playa, en Mar del Plata, opinar sobre el caso Carrasco y mentía”19. El General Jorge Halperín –Jefe del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca– inició un proceso a Correa Belisle por la conducta de “irrespetuosidad”, comprendida en el artículo 663 del Código de Justicia Militar en relación con el militar que: “en actos del servicio de armas o con ocasión de él, o en presencia de tropa formada, agraviare, amenazare, injuriare o cualquier otro modo faltare al respeto debido al superior, con palabras, escritos, dibujos o procederes inconvenientes, será reprimido con prisión”20.

• 21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad n°2/04. Petición 11.758. Rodolfo (...)
• 22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad n°2/04. Petición 11.758. Rodolfo (...)
• 23 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad n°2/04. Petición 11.758. Rodolfo (...)
• 24 Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino manifestó que la sanción d (...)
• 25 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad n°2/04. Petición 11.758. Rodolfo (...)
• 26 Como me recordara el historiador Darío Barriera, las leyes rigen; por ello, su aplicación no proced (...)

18El 21 de octubre de 1996 el Juez de Instrucción Militar dictó prisión preventiva para Correa Belisle. Sus abogados civiles presentaron el 14 de noviembre un escrito de inhibitoria ante el Juzgado Federal de Neuquén, donde se observaba la transgresión a la garantía del juez natural, pues asumían que la competencia era de la justicia ordinaria, ya que –decían–, si el Capitán hubiese incurrido en alguna conducta penal, ésta habría sido la de “injuria, delito cuya competencia corresponde a la justicia civil”21. También argumentaron que sus declaraciones no podían considerarse como “irrespetuosas”, dado que “resultaría incoherente que el ordenamiento jurídico impusiere deberes civiles que posteriormente pudiesen ser considerados como faltas o delitos militares”22. Pero el Juez Federal rechazó la inhibitoria el 18 de diciembre de 1996, considerando –contrariamente–que “la irrespetuosidad constituye un delito esencialmente militar, debido a la calidad y naturaleza militares tanto del autor, como del bien jurídico tutelado, es decir, la disciplina militar; en consecuencia, sólo los tribunales castrenses tiene competencia para juzgarla”23. Seguidamente el Consejo de Guerra Permanente del Ejército condenó a Correa Belisle a la sanción de tres meses de arresto por la infracción militar de “irrespetuosidad”24. El 16 de enero de 1997 los abogados interpusieron ante el juez civil competente un recurso de habeas corpus, pero también fue rechazado “por considerar que no se trataba del recurso idóneo y procedente para cuestionar la validez de una sanción disciplinaria dispuesta por un órgano competente y conforme a derecho”25. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia el 17 de enero. Esta decisión de la Justicia Federal fue interpretada por los abogados de Correa Belisle como instancia de agotamiento de recursos dentro del sistema de justicia argentino, pues inhabilitaba recursos en otras instancias civiles. A partir de lo expuesto, queda claro que esta concepción acerca de las competencias y procedimientos de la justicia penal castrense no eran una certeza y patrimonio exclusivo de militares, sino también de civiles con responsabilidades en el sistema de justicia federal26.

• 27 En respuesta a esta observación, el Estado argentino alegaba que el imputado podía “escoger libreme (...)
• 28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad n°2/04. Petición 11.758. Rodolfo (...)

19Los abogados de Correa Belisle consideraban que su defendido carecía de garantías de debido proceso en el fuero militar, toda vez que le estaba prohibida la designación de un defensor de confianza, pues el Código de Justicia Militar sólo admitía defensores castrenses, que –por su estado militar– se encontraban inscriptos en la cadena de mando y, por ello, no aseguraban imparcialidad e independencia27. Declaraban, además, que los jueces militares de la causa “dependían jerárquicamente del agraviado”: el General Martín Balza. Contrariando estos argumentos, el Estado argentino entendía que el hecho de que el General Balza fuera Jefe de Estado Mayor del Ejército era una simple formalidad que no afectaba el proceso en sí, pues “la superioridad militar sólo existe en el ejercicio del mando, no el ejercicio de la función jurisdiccional, por tanto todos los jueces militares gozan de absoluta independencia, a pesar de que en el orden puramente castrense se encuentren insertos en una institución jerárquica”28. Asimismo, sostenía que el habeas corpus no era recurso válido para la revisión de la sentencia de una corte militar y que se habían respetado las garantías judiciales.

• 29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad n°2/04. Petición 11.758. Rodolfo (...)

20En definitiva para el Estado, Correa Belisle “no fue procesado por lo que dijo en su testimonio, sino por la forma en que lo hizo, atentando contra la disciplina militar, la cual es fundamental dentro de una organización jerárquica como el Ejército”29. En otras palabras, el Estado entendía que se había cometido una falta y no un delito.

• 30 La Corte Interamericana de Derechos Humanos por entonces ya obraba con un fallo en el que postulaba (...)

21La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la admisibilidad de la petición y luego de su procesamiento instó a las partes a alcanzar un acuerdo amistoso. El resultado del mismo fue un compromiso del Estado argentino de presentar formalmente sus disculpas a Correa Belisle, difundir por medios de prensa nacionales el contenido de la solución amistosa alcanzada, y comprometerse a reformar su Código de Justicia Militar para adecuarlo a estándares internacionales de derechos humanos30.

• 31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad nº40/02. Petición 12.167. “Argüe (...)

22El otro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue “Argüelles y otros versus Argentina” (Petición n°12.167), por el cual personal militar de la Fuerza Aérea fue acusado en diferentes causas por “defraudación militar y delitos conexos” en procedimientos iniciados en el 9 de septiembre de 1980: “Los delitos en cuestión se referían al manejo y canalización de recursos militares a lo largo de varios años, y fueron cometidos en diversas dependencias e instalaciones de las Fuerzas Armadas”. El expediente iniciado en Argentina fue caratulado “Galluzzi, Carlos Alberto y otros sobre defraudación militar s/ artículo 445 bis del Código de Justicia Militar –causa nº56”31. El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Militar nº12 y desde diciembre de 1980 por el nº1. El 4 de octubre de 1982 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomó conocimiento del caso y dictó sentencia el 5 de junio de 1989. La acusación y la defensa apelaron la sentencia, con lo cual las actuaciones pasaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal el 14 de junio de ese año; el 23 de abril de 1990 dicha Cámara hizo lugar a quejas formuladas por las partes, y el 5 de diciembre de 1990 declaró la prescripción de dos de los tres delitos implicados en la causa. La Fiscalía interpuso un recurso extraordinario, que fue resuelto por Corte Suprema revocando la prescripción con fecha del 30 de julio de 1991.

• 32 Del total de 32 personas involucradas en las causas, 21 de ellas fueron comprendidas como supuestas (...)
• 33 Ruth Irene Friz, Alberto Antonio de Vita, Ángel Mauricio Cueto, Eduardo Barcesat y Juan Carlos Vega (...)
• 34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Admisibilidad nº40/02. Petición 12.167. “Argüe (...)

24La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió reunir todas las peticiones presentadas entre el 5 de junio y el 28 de octubre de 1998 en un único expediente, dada la “estrecha similitud entre las alegaciones de hecho y de derecho”32. Como peticionarios actuaron varios abogados33. De acuerdo con estos últimos, los procedimientos en la justicia argentina se agotaron cuando la Corte Suprema rechazó en abril de 1998 el recurso de hecho interpuesto contra las condenas de sus representados. De allí que hayan presentado la petición ante la Comisión. El Informe de Admisibilidad señala que las supuestas víctimas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, pues fueron inicialmente incomunicadas por varios días y sometidas a prisión preventiva por períodos de más de siete u ocho años; tampoco fueron juzgadas en plazos razonables ni se respetaron sus derechos y garantías constitucionales, tales como: igualdad procesal de las partes entre la Fiscalía y la defensa, disponer de un asesor letrado calificado y de su confianza, nombrar sus propios peritos. Además se los obligó a declarar contra sus propios intereses, y se les impidió el derecho de apelar la condena ante un tribunal superior, el beneficio de recibir una pena más benévola dispuesta por ley posterior a la comisión del delito y el derecho a ser indemnizados en caso de condena por sentencia firme por error judicial34.

• 35 Debe tomarse en consideración que la intervención del Consejo de la Magistratura en este caso era a (...)

26El tercer antecedente fue la causa nº2845 “López Ramón s/ recurso del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar”, promocionada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Asociación por los Derechos Civiles. El Capitán de Intendencia (Ejército), Ramón Ángel López, había sido condenado a cumplir pena de un año de prisión menor por delito militar de “otras falsedades (según el artículo 856 del Código de Justicia Militar), en tres oportunidades, sin atenuantes (artículo 515 del referido Código) y con el agravante del artículo 519, inciso 9, del Código citado”, de acuerdo con la sentencia del Consejo de Guerra Permanente para Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas del 26 de junio de 2001. Este pronunciamiento fue recurrido por el fiscal militar actuante y la defensa militar de López, llevando el caso a la Cámara Nacional de Casación Penal, cuya Sala IV declaró inadmisible el recurso al artículo 445 bis del Código de Justicia Militar en el presente caso. Como la causa quedó sin sentencia firme, el Capitán López solicitó el beneficio de excarcelación, pero la petición le fue denegada por el tribunal militar, por considerar que ese instituto estaba excluido de esa jurisdicción. López apeló la resolución, pero la Sala IV de la mencionada Cámara rechazó el recurso con fundamento en el artículo 402 del Código de Justicia Militar. En consecuencia, los abogados defensores de López cuestionaron, en lo fundamental, la constitucionalidad del juzgamiento de militares (al menos en tiempos de paz) por los tribunales castrenses, solicitaron su excarcelación bajo caución juratoria y remitieron el requerimiento al Consejo de Guerra, que no hizo lugar al pedido. La decisión fue nuevamente recurrida por la defensa, por considerar que era violatoria de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8.2 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que, una vez declarada su invalidez, se otorgara efecto suspensivo al recurso articulado en virtud del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar y se aplicara al caso los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación. Pero el tribunal resolvió no hacer lugar a la inconstitucionalidad planteada y declarar inadmisibles los recursos interpuestos. La defensa hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura, denunciando a los integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal por mal desempeño el ejercicio de sus funciones, y en un caso, por comisión de delito en su cumplimiento. El Consejo resolvió, no obstante, desestimar la denuncia35.

• 36 El fallo tuvo el voto del Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y de Eugenio Raúl Zaffaroni; en (...)

27La causa del Capitán Ramón López finalmente alcanzó la instancia de la Corte Suprema, que por fallo determinó, el 6 de marzo de 2007, que la jurisdicción castrense no aseguraba las garantías, ni el debido proceso, ni la independencia del tribunal, violando los derechos que asisten a los militares como a cualquier otro ciudadano36. En particular, interesa citar en extenso los argumentos desarrollados en el visto 6º del fallo, al diferenciar las nociones de derecho militar disciplinario y derecho penal militar:

• 39 Declaraciones del Coronel Lozano en el seminario “Una aproximación a la reforma del Código de Justi (...)

30Así pues –siguiendo con los argumentos de Lozano– si se considera que, en el estado de derecho democrático, la concepción y el ejercicio de la ciudadanía es igual para todos sus ciudadanos, la justicia militar entonces debe restringirse, exclusivamente, al tratamiento de aquellos delitos relativos al funcionamiento de la organización y desempeño de los profesionales de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, en modo alguno puede prescribir sobre el comportamiento de oficiales, suboficiales o personal de tropa en tanto ciudadanos, ni sobre los delitos que comprenden o alcanzan a la ciudadanía, con independencia de si se posee o no estado militar. Y, con relación a la vigencia de las garantías de debido proceso, se argumenta contra la existencia de un fuero penal militar, debido a que los actores sociales que intervienen en esa jurisdicción están indefectiblemente inscriptos al interior del orden jerárquico y disciplinario de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, que tiene en su cúspide como Comandante en Jefe al Presidente de la Nación (el Poder Ejecutivo) y, por ende, sus magistrados y miembros de tribunales carecerían de la independencia e imparcialidad requerida al Poder Judicial. Con relación a los procedimientos prescriptos, Lozano sostenía que el Código de Justicia no aseguraba la defensa del militar imputado, pues: no imponía que se le comunicase al indagado los eventos respecto de los cuales se iba a defender; no contemplaba que se le informase qué elementos de juicio cargosos iba a refutar; se podía exhortar al imputado a que se exprese con verdad, violentando así su derecho a no declarar contra sí mismo; no requería que las sentencias estuviesen fundadas, por lo cual se violaba el derecho a un fallo motivado y fundado; no preveía instancias de apelación o herramientas recursivas en la etapa del sumario y sólo contemplaba dos excepcionales en el plenario, etcétera39.

• 40 Eugenio Raúl Zaffaroni es un reconocido especialista internacional en la materia, que en 1980 publi (...)
• 41 Ministerio de Defensa, La reforma integral del sistema de justicia militar, Op. Cit.

31Por iniciativa de la Ministra de Defensa, Nilda Garré, se conformó, por Resolución 154 del 10 de febrero de 2006, una Comisión de Trabajo destinada a elaborar un proyecto de reforma penal y disciplinaria, contando con la participación de “representantes de organizaciones de la sociedad civil, de unidades académicas y de agencias estatales e internacionales”, garantizando pluralidad de ideas y excelencia jurídica. Integraban la Comisión de Trabajo: Eugenio Zaffaroni por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires40; Alberto Binder por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; Rodolfo Mattarolo por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Gabriel Valladares por el Comité Internacional de la Cruz Roja (como observador); Alejandro Slokar como Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos; Gastón Chiller por el Centro de Estudios Legales y Sociales-CELS; el Coronel Manuel Omar Lozano en calidad de Asesor Jurídico de la Dirección de Planeamiento del Estado Mayor General del Ejército; el Contralmirante José Agustín Reilly, Auditor General de las Fuerzas Armadas; Mirta López González por la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina; Diego Freedman por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento-CIPEC41.

• 42 El General Lozano consigna también, como parte del proceso de elaboración del proyecto, la realizac (...)
• 43 Asimismo, en el ámbito del Senado de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales-CELS organ (...)

32La Comisión de Trabajo tomó en consideración proyectos preexistentes y la guía de contenidos mínimos, establecida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los Principios sobre administración de justicia por tribunales militares. La Comisión inició sus reuniones el 6 de marzo de 2006 y su proyecto fue presentado a la Ministra Nilda Garré el 16 de julio de ese año. El 23 de agosto el proyecto fue presentado a las Fuerzas Armadas y el 22 de septiembre elevado al Presidente de la Nación42. El 20 de abril de 2007 fue remitido al Congreso de la Nación, por el Poder Ejecutivo, el proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema de Justicia Militar. Allí fue presentado el 6 de junio y tratado en sesión conjunta de las Comisiones de Legislación Penal y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados el 8 de junio, contando con las intervenciones de la Ministra de Defensa, Nilda Garré, y de Eugenio Zaffaroni, Alberto Binder y el Coronel Manuel Omar Lozano, más la presencia de especialistas civiles y militares43.

• 44 Según la sistematización propuesta por Filippini y Tchrian, el nuevo régimen propone considerar cua (...)

34Anexo I. Modificaciones a los Código Penal y Procesal Penal de la Nación. Resultaron de la definición del derecho penal militar como un derecho especial, que debe ser tratado en jurisdicción civil, y se adecuó su contenido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a la Constitución Nacional. Se suprimieron, modificaron y/o incorporaron figuras tipos de conductas delictivas, ajustándolas a concepciones presentes de la guerra44. También se establecieron los casos en que la condición de militar constituye un agravante en la comisión de delitos, y se restringió el uso del término “militar” a la pertenencia orgánica a las Fuerzas Armadas, el ejercicio de la comandancia y los funcionarios civiles parte de la cadena de mando. Los cambios en el Código Procesal Penal de la Nación, por su parte, se centraron en adecuaciones derivadas de la eliminación de lo inherente a cuestiones de competencia, por ejemplo, en determinar las facultades de la autoridad militar en caso de comisión de injustos penales en jurisdicción castrense, y en otorgar facultades específicas a la autoridad militar en tiempos de guerra y en zona de combate.

• 45 El procedimiento especial para tiempos de guerra o de conflictos armados prevé que el oficial super (...)
• 46 Los Consejos de Guerra se integran con tres miembros, siendo el más antiguo el presidente, y los ot (...)

35Anexo II. Procedimiento penal militar para integrantes de las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra y otros conflictos armados. Se buscó asegurar que, incluso en estas situaciones excepcionales, los militares “contarán siempre con las garantías procesales, eliminando así cualquier invocación que no sea debidamente fundada a ‘circunstancias extraordinarias’ con el objetivo tácito o explícito de ‘avasallar los derechos de las personas sometidas a proceso’ ”. Las únicas razones que prevé para hacer uso de un procedimiento especial se imponen por “las dificultades provenientes de las condiciones de la guerra” o cuando “la demora en el juzgamiento debe ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la capacidad de combate”. En consecuencia, se define como “tiempo de guerra” durante el cual se aplicará este procedimiento especial a aquel que “comienza con la declaración de guerra, o cuando ésta existe de hecho, o con la norma que ordena la movilización para la guerra inminente y termina cuando se ordena la cesación de hostilidades”45. En estas circunstancias, el proceso penal militar opera mediante la intervención liminar de un Juez de Instrucción militar y, en su caso, de un Consejo de Guerra46.

• 47 No obstante la autonomía del régimen de disciplina respecto del penal, se reconocen articulaciones (...)

37Anexo IV. Un Código de Disciplina para las Fuerzas Armadas autónomo de cuestiones penales47. Consideraba que el Código de Justicia Militar administraba la disciplina, con arreglo a un “sistema excesivamente formalista, poco transparente y plagado de oportunidades para el arbitrio”. Al mismo tiempo, sostenía como principio que el nuevo régimen de disciplina debía ser “un instrumento al servicio exclusivo del cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos” por parte del personal militar de las Fuerzas Armadas, y con arreglo a las prescripciones definidas por la Constitución Nacional, las leyes y las órdenes del presidente de la Nación Comandante en Jefe. De acuerdo con estos principios, reconocía el carácter de “última ratio” de las sanciones y su proporcionalidad en la aplicación. Se fijaban prohibiciones sobre la autoridad disciplinaria, para impedir que su ejercicio sancionara “ideas o creencias políticas, religiosas o morales”, afectando la “dignidad de las personas”, promoviendo la “discriminación” o el “descrédito”.

• 48 Faltas leves: no guardar en todo lugar o circunstancia una actitud correcta en el uso del uniforme (...)
• 49 Faltas graves: menoscabar la disciplina; no adoptar medidas correctivas conducentes al mantenimient (...)
• 50 Faltas gravísimas: agresión, coacción al superior, agravio al superior, insubordinación, desobedien (...)
• 51 Apercibimiento: “reprobación formal y expresa que, por escrito, dirige el superior al subordinado, (...)
• 52 Arresto simple: “implicará la permanencia del causante por el tiempo que dure su arresto en domicil (...)
• 53 Arresto riguroso: “significará el internamiento del causante el buque o unidad que se determine. El (...)
• 54 Destitución: “consiste en: 1. La pérdida definitiva del grado. 2. La baja de las Fuerzas Armadas. 3 (...)
• 55 Se entiende por ello que el superior debe considerar “la acción y los medios empleados para ejecuta (...)

39Asimismo se tipificaban veinticuatro faltas leves, esto es, “actos u omisiones que, vulnerando los deberes militares, conlleven un menoscabo a la disciplina militar que ponga en peligro el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos de las Fuerzas Armadas, siempre que no constituyan una infracción más grave”48; veintidós faltas graves49; y veintiséis gravísimas50. Cabe consignar que para las faltas leves y graves operan cláusulas abiertas, esto es, que la determinación como leve o grave es definida en cada caso por quien ejerce el comando, siendo los superiores jerárquicos el contralor ulterior del “mérito”, “conveniencia” y “legalidad de la aplicación de las sanciones según los mecanismos previstos en la presente ley”. En tanto que las faltas gravísimas son “interpretadas restrictivamente” y “susceptibles de control judicial integral ante la jurisdicción contencioso administrativa federal y según los procedimientos vigentes en dichos tribunales”. Por último, fueron comprendidas cuatro tipos de sanciones: apercibimiento51; arresto simple52; arresto riguroso53; destitución54. No se estipuló un régimen penitenciario, pues los arrestos son de cumplimiento en buque, unidad o domicilio, y se estableció que los criterios de valoración para la aplicación de una sanción disciplinaria debían tomar en consideración “circunstancias atenuantes o agravantes particulares presentes en cada caso”55.

• 56 El dictamen de la mayoría de la sesión conjunta de las Comisiones de Legislación Penal y Defensa Na (...)
• 57 Ginzburg reconoce la supresión de la jurisdicción militar operada en los casos de Francia y Alemani (...)
• 58 Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, orden del día n°2855, p. 25.
• 59 De acuerdo con Ginzburg: “Muchas veces queremos ver en los militares simplemente profesionales como (...)

41Las Comisiones de Legislación Penal y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron dictamen de mayoría el 01 de octubre de 2007, y aconsejaron la derogación de la Ley nº14.029 del Código de Justicia Militar y sus modificatorias, así como la aprobación del proyecto56. La diputada nacional Nora Ginzburg, del partido Recrear –cuyo líder era el ex-Ministro de Economía y de Defensa, Ricardo López Murphy– presentó un proyecto en dictamen por minoría, planteando que las experiencias de otros países justifican la existencia del fuero militar (invocando para ello los casos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Venezuela, México y Brasil), de juzgados especializados en asuntos militares en la justicia ordinaria (España) o la habilitación de revisión de los fallos de la justicia militar por la ordinaria (Italia)57. Recordando también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la existencia del fuero militar, siempre que se ajuste a derecho y se imparta justicia estrictamente sobre personal militar, y que la Comisión Internacional de Juristas que entendió en el caso de la reforma de la justicia militar en Guatemala reconoció su existencia, si bien sustrayendo de su jurisdicción los casos de “violaciones a los derechos humanos u otros delitos que no guarden relación con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares, los que deben someterse a los tribunales ordinarios”58. Además, la legisladora destacó que la especificidad profesional del militar y su singular inscripción y misiones en el Estado demandan un régimen de administración de justicia que garantice la disciplina. Vemos entonces que en los fundamentos de Ginzburg, la administración de disciplina es concebida como un sistema subsumido al de administración de justicia penal militar59. Sobre el final de su dictamen, la diputada nacional invocaba como propias las siguientes palabras de Carlos Pellegrini:

• 61 Entrevista al Coronel Manuel Omar Lozano efectuada por Lucía Santos el 13 de noviembre de 2008. Cen (...)

42Detengámonos más en su argumentación y propuesta, pues expresa bien el punto de vista compartido por especialistas civiles y por militares en actividad y retirados, que temían ver mellada la disciplina de sus organizaciones ante la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo de la Nación. Resulta interesante e igualmente contundente, contrastar este posicionamiento a favor de una reforma que no suprime la jurisdicción castrense, con las razones sostenidas por el entonces Auditor General Adjunto de las Fuerzas Armadas, el coronel Manuel Omar Lozano, para quien si se mantenía el fuero militar resultaba “imposible encontrar la manera de que la Constitución Nacional permitiera que los Consejos de Guerra o tribunales, insertos en el Poder Ejecutivo, continuaran administrando justicia, ya que esa situación, indefectiblemente, ofendía el principio de judicialidad”61.

• 62 La defensa del proyecto del Poder Ejecutivo, y aprobado por mayoría por las Comisiones de Legislaci (...)
• 63 El senador nacional Rubén Marín (Justicialista, provincia de La Pampa) fue el miembro informante qu (...)
• 64 Esta crítica del senador Petcoff Naidenoff podría ser objetada invocando el derecho de Ginebra y de (...)
• 65 Petcoff Naidenoff sostuvo al momento de la votación del proyecto que en el bloque de la Unión Cívic (...)
• 66 Las objeciones de los senadores Petcoff Naidenoff y Giustiniani son, en este punto, discutibles en (...)

43El proyecto del Poder Ejecutivo fue tratado y aprobado, por amplia mayoría sin modificaciones significativas, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación el 7 de noviembre de 200762. Ingresó a la Cámara de Senadores el 19 de noviembre de 2007, fue presentado el 17 de abril de 2008, siendo objeto de consideración conjunta de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Defensa Nacional, y resultó aprobado en sesión ordinaria del 6 de agosto de 2008. Tampoco en el Senado sufrió modificaciones de fondo, si bien fueron formuladas objeciones, en el marco del acompañamiento en general del proyecto, por senadores de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista63. Un cuestionamiento importante fue destacado por el senador radical Luis Carlos Petcoff Naidenoff, en relación con las “instrucciones a la población civil en tiempos de guerra y otros conflictos armados” del Anexo III. Consignó que la invocación no especificada a “conflictos armados” colisionaba con la taxativa definición de la Ley de Defensa Nacional, que restringe la intervención de las Fuerzas Armadas ante “agresiones de origen externo” y “conflicto armado internacional”64. También recuperó el texto de esa Ley para señalar que otorga al Presidente, como Comandante en Jefe, el control sobre el “teatro de operaciones” y, en función de ello, “puede dictar resoluciones a sus inferiores jerárquicos” que afectan a la población civil. Por ende –decía– “parece preocupante que los comandantes o autoridades jerárquicas inferiores –como los responsables de destacamentos o de unidades de cualquiera de las fuerzas armadas– puedan dar instrucciones a través de bandos a la población civil” y, en consecuencia, juzgó innecesario otorgarles tales prerrogativas65. Por su parte, el senador socialista Rubén Giustiniani señaló que en su proyecto había propuesto separar la derogación del Código de Justicia y el régimen de disciplina militar, dejando este último para una discusión y reforma ulterior. Cuestionó –al igual que Petcoff Naidenoff– el Anexo III en sus instrucciones a la población civil66. Y llamó la atención acerca del Anexo II, cuando define un procedimiento penal especial para el “tiempo de guerra y otros conflictos armados”, pues consideraba que allí se incurría en contradicción:

• 68 Filippini, L. & Tchrian, K., “El nuevo sistema de justicia militar argentino”, Op. Cit., p. 103-135

44Estas objeciones reconocían una colisión entre las atribuciones excepcionalmente investidas por el proyecto a las Fuerzas Armadas, en tanto componente del Poder Ejecutivo en “tiempo de guerra y otros conflictos armados”, y el principio de separación de poderes, establecido por la Constitución Nacional en los artículos 23 y 109. Y también –como sostienen Filippini y Tchrian– señalaban un conflicto con la regulación de los estados de excepción en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 27) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4)68.

• 69 El Contralmirante José Agustín Reilly se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1 (...)
• 70 El Coronel Auditor Manuel Omar Lozano egresó en 1978 como abogado en la Universidad de Morón. Ingre (...)

45La Ley 26.394 fue promulgada el 26 de agosto de 2008 y publicada en el Boletín Oficial el día 29 de ese mes. Su artículo 7° estableció que comenzaría a regir a los seis meses de su promulgación, a fin de que el personal de las Fuerzas Armadas tome conocimiento de la misma, se produzca la adecuación del régimen de disciplina a la especificidad de cada Fuerza, y se resuelvan las causas pendientes bajo el anterior régimen. De acuerdo con el artículo 8° de la Ley, la Ministra Nilda Garré creó por Resolución 11.193 del 15 de octubre de ese año una Comisión para la Reglamentación del Régimen Disciplinario del Nuevo Sistema de Justicia Militar, coordinada por el Auditor General de las Fuerzas Armadas, Contralmirante Agustín Reilly, y como coordinador adjunto el Coronel Auditor Manuel Omar Lozano, que debía adecuar el contenido de la Ley a la especificidad de cada Fuerza, conforme a lo establecido en el Anexo IV de la misma (Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas). Como resultado de la tarea de esa Comisión, la Ministra aprobó por Resolución 125 (2009) el Reglamento General de Disciplina de las Fuerzas Armadas (Anexo I de la mencionada resolución) y el Régimen de Actuaciones Disciplinarias del Ejército (Anexo II), de la Armada (Anexo III) y de la Fuerza Aérea (Anexo IV); y por Resolución 184 del 25 de febrero de 2009 puso en funciones como Auditor General al Contralmirante Reilly69 y como Auditor General Adjunto al Coronel Mayor Lozano70. Finalmente, el Decreto 2.666 (2012) de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentó los Anexos II (Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros Conflictos Armados), IV (Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas) y V (Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas) de la Ley 26.394, tras un período de implementación y evaluación llevado a cabo por la Auditoría General de las Fuerzas Armadas y acogido por el Ministerio de Defensa.

• 71 Estas afirmaciones se debían a una interpretación errónea del nuevo sistema, ya que éste prevé que (...)
• 72 La distinción entre ambos sistemas fue un objetivo explícito de las reformas, aún cuando se reconoc (...)

48Cuando las Fuerzas Armadas tomaron conocimiento público del proyecto de reformas del Poder Ejecutivo Nacional, algunos oficiales defendieron la eficacia penal, pero sobre todo disciplinaria, del Código de Justicia Militar, asumiendo en definitiva que estas transformaciones provocarían un debilitamiento en las relaciones de jerarquía y disciplina que fundamentan el ejercicio del mando. Mientras realizábamos el trabajo de campo en unidades militares operativas e instituciones educativas castrenses durante el año 2008, una situación potencial invocada con frecuencia era aquella en que un oficial subalterno, un suboficial, un cadete o un soldado mintiera a su superior y, conforme al nuevo régimen de disciplina, se definiera dicha falta como leve cuando, en realidad, sus consecuencias bien podían ser graves o gravísimas si se ponía en riesgo la vida de otros camaradas71. Otra situación esgrimida por entonces era aquella empleada para destacar que, con el nuevo régimen penal militar, un oficial o suboficial no estaría obligado a decir la verdad a sus superiores, ni a declarar contra sí mismo y, en consecuencia, quedaría habilitado a mentir en defensa propia. Una vez más se entendía que estaban en riesgo sus camaradas y el cumplimiento del servicio. En ambos argumentos aparecían sobrepuestos e indiferenciados el sistema penal militar y el disciplinario72.

• 73 El primer Informe Anual de la Auditoria General de las Fuerzas Armadas, correspondiente al primer a (...)

49La puesta en vigencia de la Ley n°26.394, desde el 27 de febrero de 2009, no parece, en principio, haber suscitado las consecuencias negativas auguradas previamente por algunos militares, analistas o dirigentes políticos civiles73. Es cierto que desde entonces su aplicación ha supuesto complejidades, pero las mismas resultan de los naturales procesos de adecuación entre la letra y la voluntad política de la norma, por una parte, y las culturas institucionales preexistentes e inscriptas con fuerza en las concepciones de sujetos educados y socializados en regímenes legales y prácticos diferentes, por otra. El estudio empírico de este proceso, no obstante, requiere de investigaciones con recurso a trabajo de campo etnográfico, entrevistas y aplicación de encuestas, algo que excede los objetivos del presente texto.