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Dossier "Disputas políticas y sociales por el uso y la configuración de ‘justicias complejas’. Chile y Brasil, siglos XIX y XX"

La justicia de transición en Chile (1990-1994). Mirada desde la prensa francesa

The Justice of Transition in Chile (1990-1994), looked by the French Press
La justice de transition au Chili (1990-2004), regards depuis la presse française
Élodie Giraudier

Resúmenes

Patricio Aylwin, primer presidente de Chile post-dictadura (1990-1994), heredó una situación judicial complicada. Las familias de las víctimas exigían justicia y verdad, pero el accionar presidencial fue limitado por las protecciones otorgadas a Pinochet y sus hombres. La extrema izquierda organizó acciones violentas contra militares o antiguos ejecutivos de la dictadura. El Partido Demócrata Cristiano desarrolló un discurso sobre la justicia cercano al de la Iglesia, buscando esclarecer el pasado doloroso para reconciliar el país. Sin embargo, se priorizó la democratización de las instituciones políticas. Subrayamos la dificultad de hacer justicia en el contexto de la transición democrática: se expresaron varias voluntades pero los nuevos dirigentes optaron por asegurar la democracia.

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Notas de la redacción

Recibido : 30 de mayo de 2013 / Aceptado: 10 de octubre de 2013

Texto completo

Introducción

1“¡Nunca más crímenes contra los derechos humanos en Chile!” En marzo de 1990, después de haber ganado en diciembre de 1989 las primeras elecciones presidenciales desde 1970, Patricio Aylwin Azócar heredó una situación judicial complicada que se añadió a la herencia institucional. Las familias de las víctimas reivindicaban justicia y verdad en cuanto a los crímenes cometidos durante la dictadura, pero las protecciones que se habían auto-otorgado Pinochet y sus hombres, así como los “ruidos de botas” de diciembre de 1990 y del 28 de mayo de 1993, limitaron la acción del Presidente. Sin embargo, la justicia, incluso aquélla no punitiva, era esencial para recobrar las relaciones sociales, basadas ya no en la fuerza sino en el derecho. Un consenso político se produjo, pues, en este campo: limitar la investigación de casos emblemáticos para evitar enfrentarse con los militares.

2Este artículo intenta restituir el difícil contexto político de estos primeros años de un régimen de transición democrática instaurado después de 17 años de dictadura militar. Es por eso que se centra en los años 1990-1994. Se trata de subrayar las relaciones entre justicia y democracia a través de la reconciliación y el perdón, así como los procesos de duelo y de consenso en un pasado común.

3Así, se pone de relieve la estrategia del demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar, Presidente de Chile entre marzo de 1990 y marzo de 1994, porque representa en cierta medida una corriente política y una ideología allegadas a la Iglesia católica. Para este trabajo se utilizaron fuentes de origen demócrata cristiano (la revista Política y Espíritu) y católico. También se revisaron artículos publicados en la prensa francesa, que provienen de un estudio universitario sobre la transición democrática chilena según esa prensa realizado con anterioridad. Es cierto que se trata de fuentes de segunda mano. Pero, en el tema de la justicia chilena de la transición, ellas permiten descentrar la mirada y establecer una comparación con los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Argelia.

1. El contexto: una justicia indispensable, pero aplazada

4Desde la transmisión de poderes entre Patricio Aylwin y Augusto Pinochet, las familias de las víctimas de la dictadura manifestaron sus demandas reivindicativas de justicia. Pero en ese ámbito los militares no transmitieron completamente sus poderes. Se aseguraron de que los civiles no los persiguieran.

1.1. Democracia significa impunidad

  • 1 Hermet, Guy & Santiso, Javier, “L’affaire Pinochet”, Commentaires, Paris, vol. 22, n°85, printemps (...)
  • 2 Cohen, James, “Démocratie, libéralisme et socialisme ‘rénové’ au Chili’, en Alvarez Bejar, Alejandr (...)

5Durante la dictadura, las Fuerzas Armadas procuraron garantizar su protección judicial. Ésta persiste después de marzo de 1990 porque el General Pinochet consideró que correspondía al reconocimiento del “favor hecho” al país y de la legitimidad de su acción en un tiempo de “guerra”. Además, “este pacto de no agresión” fue la condición de la vuelta a la democracia1: la resistencia de los militares a toda persecución judicial implicó un límite a la democracia, aspecto común a todas las transiciones latinoamericanas. Así, Pinochet conservó su cargo de Comandante en Jefe del Ejército para proteger a sus hombres y advirtió, antes de irse de la presidencia, “que no dejaría” que nadie tocara “un pelo de la cabeza de los militares”2. Este acuerdo con los civiles debía terminarse al momento de su retiro del Ejército, previsto para marzo de 1998.

  • 3 Bras, Olivier, “L’honneur recouvré de la justice chilienne”, L’Express, Paris, nº2.563, 17-23/08/20 (...)
  • 4 Thonon, Sophie, “Amère victoire”, L’Humanité, Paris, 9/04/1999, p. 27.
  • 5 Gandolfini, Alain, “Justice et démocratie”, en Collectif, Quel avenir pour la démocratie en Amériqu (...)

6Según la mayoría de los periodistas franceses, Augusto Pinochet “no descuidó ningún detalle”3 antes de transmitir el poder a los civiles en marzo de 1990. En efecto, la justicia militar era dominante y tenía el derecho a juzgar a civiles. Para los periodistas franceses, la legislación penal chilena parecía particularmente represiva en cuanto a los delitos o a las penas por razones políticas4. La ley antiterrorista limitaba así el derecho de la defensa e imponía que el inculpado fuera juzgado por la justicia militar y por la justicia civil. Ahora bien, los tribunales militares dependían del Comandante en Jefe del Ejército, es decir de Augusto Pinochet, hasta 1998. Según la Constitución de 1980, era el Jefe de Estado quien nombraba de por vida a los magistrados de la Corte Suprema –a partir de una lista de cinco personas que proponía la misma Corte5– y tenía la resolución definitiva en caso de cambio de algún titular.

  • 6 Gandolfini, A., “Justice et démocratie”, Op. Cit., p. 65.
  • 7 Patino, Bruno, Pinochet s’en va… La transition démocratique au Chili (1988-1994), Paris, IHEAL, 200 (...)
  • 8 Bras, O., “L’honneur recouvré…”, Op. Cit., p. 31.
  • 9 Pozo, José del, Le Chili contemporain. Quelle démocratie ?, Éditions Nota Bene, Québec, 2000, p. 10 (...)
  • 10 Thomas, Gérard, “Pinochet, seize ans de dictature”, Libération, Paris, 14-15/11/1998, supplément, p (...)

7Antes de partir de la presidencia, el General blindó, en su beneficio, a la Corte Suprema. En Chile, ésta dominaba la jurisdicción nacional desde una organización única, al contrario de la Corte Suprema de Francia, que mantiene una doble jurisdicción, modalidad que asegura una mejor justicia para los ciudadanos6. La Corte Suprema chilena tenía “la última palabra en materia de justicia”7, y ello desde el Golpe de Estado. En cualquier momento podía desposeer a un juez de su expediente para confiarlo a un tribunal militar, sin importar si los hechos o las personas concernidas estaban relacionados con el Ejército. Antes de entregar el poder a los civiles, el General Pinochet ofreció primas de varios millares de dólares a jueces de la Corte, que en Chile son independientes del poder ejecutivo, para que se jubilaran con anticipación. Luego, los reemplazó por magistrados que le eran muy fieles: por ejemplo, el Presidente de la Corte Suprema, Marco Aburto, nombrado en 1989 por el mismo General Pinochet, era su amigo personal8. Los militares dispusieron así de la benevolencia del poder judicial porque la institución era la misma que antes del Golpe de Estado y porque los otros jueces permanecieron en su cargo, aceptando las condiciones de Pinochet9. Además, el General suprimió la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y ordenó destruir, o bien trasladar al Ejército, los archivos de dicha organización10. Sin pruebas, entonces, sería muy difícil investigar.

  • 11 Lefranc, Sandrine, Politiques du pardon, PUF, Paris, 2002, p. 43.

8Por otro lado, la Constitución de 1980 prohibía las investigaciones no sólo sobre las violaciones de los derechos humanos, sino también sobre los casos de corrupción y sobre las privatizaciones de recursos. Una centena de textos crearon una protección legal para los responsables de los crímenes cometidos bajo la dictadura. Según Augusto Pinochet, la reconciliación significaba “borrar todo lo que pasó”. El decreto ley n° 2.191 del 19 de abril de 1978 otorgó así una “amnistía general”11, es decir, la ausencia de persecuciones judiciales sobre los delitos políticos perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, el periodo más negro de la dictadura. Este decreto no les garantizó a los militares una impunidad total, sino que inscribió los procesos judiciales en un marco cronológico muy apremiante. Por otro lado, la ley vigente se aplicó al caso del asesinato de Orlando Letelier, pero ello ocurrió extraordinariamente, debido a fuertes presiones norteamericanas sobre el régimen militar.

  • 12 Anónimo, “Los puntos expuestos por el General Pinochet”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n° (...)
  • 13 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 344.
  • 14 Citado en Bruno, Patino, Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 281.

9Pinochet quiso “mantener en plena vigencia la ley de amnistía”12 y presentó este decreto como la prueba de una voluntad de apaciguamiento y de perdón, porque fue aplicada también a los izquierdistas responsables de asesinato. En efecto, la versión oficial y militar de la historia aseguró que en Chile, hubo una “guerra” entre dos “ejércitos” enemigos13. Este decreto cubrió el período más oscuro de la dictadura, durante el cual 7.000 personas fueron encarceladas en los estadios o deportadas, y más de un millar de personas fueron asesinadas. En 1989, el General Pinochet intentó promover una ley de “Punto Final” sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1978 y 1990; su intención era terminar de construir el dispositivo institucional negociado entre Concertación, gobierno, partidos de derecha y representantes de las instituciones militares. Sin embargo, la derecha y sobre todo la Unión Demócrata Independiente (UDI) se opusieron por razones electorales. Además, el presidente de la UDI, Jaime Guzmán argumentó: “una nueva ley de amnistía no se justifica porque les daría la razón a los que apoyan que Chile vivió, durante el régimen militar, un estado grave y sistemático de violaciones de derechos humanos”14.

10Podemos pues comprobar que los militares limitaron la acción de los civiles tanto a nivel judicial como a nivel político. Es decir, los demócratas debieron tener en cuenta reivindicaciones opuestas.

1.2. Democracia significa justicia

11Las víctimas de la represión militar y sus familias exigían la verdad sobre el destino de los desaparecidos y el juicio de los verdugos. Asimilaban la vuelta a la democracia al regreso de la justicia que debía, para ellas, designar y castigar a los culpables.

  • 15 Martin, Alfredo, Les Mère “ folles” de la Place de Mai. Maternité, contre-institution et raison d’É (...)
  • 16 Baudin, Gilles, “Les funérailles de la ‘réconciliation’ ”, Le Monde, Paris, 6/09/1990, p. 8.; ver t (...)
  • 17 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 121.

12Los periodistas franceses informaron sobre las distintas agrupaciones de defensa de los derechos humanos que se habían fundado durante las dictaduras latino-americanas. Las organizaciones “tradicionales” de defensa de los derechos humanos y las agrupaciones de víctimas o de sus familiares estuvieron estrechamente vinculadas, pero sus modos de organización y sus lógicas de movilización eran distintos. En Argentina, estas asociaciones se organizaron de modo generacional: son buenos ejemplos las Abuelas, las Madres y los Hijos de la Plaza de Mayo15. Por lo contrario, las asociaciones chilenas se estructuraron “en categorías” de víctimas: desaparecidos, ejecutados, presos políticos como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos o la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Los militantes de estas organizaciones sabían que tenían que despedirse de sus familiares, pero seguían teniendo esperanza y luchaban contra el olvido16. El desafío para ellos era conseguir una justicia punitiva o establecer investigaciones, pero no era vengarse. Éstas tenían pues una acción más defensiva que ofensiva. Oponían una razón superior a la razón política17.

13No obstante, si la vuelta a la democracia les dio esperanza de justicia a los familiares de víctimas, constituyó también un riesgo de desencadenamiento de la venganza. En otro contexto, esto ocurrió en cierta medida en Francia, después de la Liberación de la ocupación nazi, cuando una parte de las víctimas expresaron su rencor. En Chile, algunas víctimas y familiares de víctimas no querían reconciliarse. Por ejemplo, para Luisa Castro Nilo,

  • 18 Citada en García Castro, Antonia (entretien réalisé par), “ ‘Les victimes ne veulent pas se réconci (...)

“la reconciliación fue un tema de debate anclado/inculcado en el mundo universitario, en el mundo político y en el mundo religioso. No está presente en los otros sectores: los empresarios hacen negocios que sean reconciliados o no, las víctimas no quieren reconciliarse; los desaparecidos no pueden”18.

14Además, en democracia, algunos grupos armados de extrema izquierda atacaron a importantes protagonistas de la dictadura que se encontraban reinsertados en una actividad profesional “normal”. Fue el caso, en 1990, de los atentados contra el General Gustavo Leigh o contra médicos que habían asistido a las sesiones de tortura. Como lo declaró más tarde Patricio Aylwin, el poder civil no esperaba la ocurrencia de los atentados terroristas:

  • 19 Citado en Serrano, Margarita & Cavallo, Ascanio, El Poder de la paradoja. 14 Lecciones políticas de (...)

“En un primer momento las acciones terroristas nos desconcertaron. Creíamos que el clima del plebiscito y la elección significarían un relajo de la actividad terrorista y, probablemente, de un encauzamiento hacia actuaciones en el campo político. Lamentablemente, no fue así. Asumí el 11 de marzo y el 21 se produjo el atentado contra los generales (Gustavo) Leigh y (Enrique) Ruiz, de la Fuerza Aérea. Eso nos golpeó bastante. Recuerdo haber ido a visitar al general Leigh y asegurarle que íbamos a ser diligentes en perseguir a los responsables. Prácticamente dos meses después, se produjo el asesinato del coronel (Luis) Fontaine, de Carabineros. Y luego, el asesinato de un médico, el doctor (Víctor) Pérez Castro y de su señora, en Rancagua, y el asesinato de un sargento de Ejército, Víctor Valenzuela. Un año después, el 1º de abril del 91, se produjo el asesinato del senador Jaime Guzmán y, en septiembre, el secuestro de Cristián Edwards. Los informes de policía atestiguan para ese período un repertorio de 1.500 acciones terroristas en un año y medio. Impulsadas, fundamentalmente, por el Mapu-Lautaro (más del 50%), por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (poco más del 30%) y, en menor medida, por el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)”19.

15Además, los ex presos políticos se reunieron para identificar a los verdugos. La prensa de izquierda divulgó por su parte la lista de los miembros de la CNI.

16Los dos primeros gobiernos de la Concertación, y sobre todo el de Patricio Aylwin, debían tener en cuenta dos elementos: las limitaciones vinculadas al ejercicio de una verdadera justicia y los peligros de una justicia demasiado fuerte o, al contrario, demasiado ausente. Frente a estas dificultades, los nuevos dirigentes debieron escoger entre democratización política y justicia.

1.3. La democratización política antes de la justicia

  • 20 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 256-257.

17Según Bruno Patino, el tema de los derechos humanos provocó una línea de fractura distinta de la frontera tradicional de la transición, que separaba a partidarios y adversarios de la democracia. Dentro de las fuerzas democráticas, dos lógicas se enfrentaron: la primera, moral, giraba hacia el pasado, la segunda, más instrumental, giraba hacia el futuro. Para la lógica ética, que correspondía a una parte de la sociedad civil, se podía reconstruir el vínculo social gracias al castigo de los culpables. Esta lógica arrastraba una contradicción: se pedía a un régimen presente y futuro que respondiera del pasado del otro. La lógica política, en cambio, se enfocaba en los problemas del presente. La principal tarea de las fuerzas democráticas era asegurar el “nunca más”, es decir el completo respeto de los derechos humanos en el presente y en el futuro. Se privilegiaba el método de la consolidación institucional y político de la democracia, y de la lucha contra cualquiera vuelta al autoritarismo. La lógica político-estatal se encarnaba en las políticas de transición, que tenían que asegurar el renacimiento democrático: eso fue lo que representó la estrategia de Patricio Aylwin20.

  • 21 Anónimo, “Bases programáticas de las candidaturas presidenciales”, Política y Espíritu, Santiago de (...)
  • 22 Salvat B., Pablo, “Le complexe héritage en matière de droits humains et sa gestion par les deux adm (...)

18Aunque fue elegido con la promesa de juzgar a los culpables, según el slogan “verdad y justicia” que esgrimió para reunir a todas las fuerzas –los demócratas y los opositores más ariscos a Pinochet–, Aylwin debió ajustar sus objetivos a la realidad. Debió tomar en consideración los obstáculos institucionales y judiciales así como las fuerzas presentes. El programa inicial de la Concertación era, en ese sentido, radical, ya que preveía la abrogación del decreto ley de amnistía (“9. Consagración, a nivel constitucional, del principio de defensa ante los crímenes contra la humanidad, declarando su imprescriptibilidad como asimismo que no podrán ser objeto de amnistía”21). Sin embargo, fue modificado a causa de las objeciones de la comunidad jurídica internacional22.

  • 23 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 259.
  • 24 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 116.
  • 25 Lionet, Christian & Olivares, Eduardo, “Eduardo Frei élu haut la main président du Chili”, Libérati (...)

19El Gobierno de Aylwin se enfrentó a un dilema: “la democracia, con riesgo de sacrificar la justicia, o la justicia con riesgo de poner en peligro la democracia”23. En efecto, perseguir a todos los responsables era una decisión que implicaba correr el riesgo de debilitar la democracia: se podían generar “movimientos militares descontrolados” y se podía prolongar la no adhesión a la democracia, que había alcanzado el 44 % de la sociedad chilena que votó por el General Pinochet en 1988. Además, haciendo una comparación con la situación española y su retorno a la institucionalidad tradicional, Aylwin tenía que gobernar con “Franco vivo”. La presencia de Augusto Pinochet reforzaba la cohesión de las Fuerzas Armadas alrededor del mando heredado del régimen militar. Pero hacer borrón y cuenta nueva significaba favorecer las acciones violentas de la extrema izquierda. Como otros demócratas argentinos o uruguayos, los políticos chilenos debieron pues renunciar a persecuciones judiciales en serie24. A pesar de su método llamado “reconciliación en la justicia”, Patricio Aylwin “tuvo la mayoría de las veces que decidirse a sacrificar la [justicia] para proteger una democracia todavía frágil contra una reacción brutal por parte de los militares”25.

  • 26 Manuel Antonio Garretón, citado en Fregosi, Renée, “La question des droits de l’Homme au cœur des d (...)
  • 27 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 94-95.

20En esta transición pactada los civiles tenían que respetar el marco constitucional porque los militares conservaban numerosas ventajas, como los “enclaves autoritarios”, la potencia económica, el monopolio de la violencia física, las amenazas de desestabilización. Los concertacionistas no cuestionaron este marco al momento de normalizar sus relaciones con las Fuerzas Armadas. Así, no se abrogó la ley de amnistía porque la Corte Suprema bloqueaba toda discusión sobre este tema. Para los juristas, era imposible jurídicamente y difícil políticamente porque “era difícil pasar la página de diecisiete años de dictadura”26. En efecto, la Constitución del 1980 institucionalizó la continuidad política. La orden jurídica autoritaria se prolongaba en democracia. Así, los gobiernos democráticos eran jurídicamente incapaces de perseguir los crímenes del antiguo régimen que allí se legalizaron27.

  • 28 Jacob, André, “Le Chili vu du Nord”, en Pozo, José del & Jacob, André (dir.), Le Chili de 1970 à 19 (...)
  • 29 Citado en Jarry, Irène, “La victoire de la démocratie”, Le Figaro, Paris, 9/08/2000, p. 2.

21Ya que no podía cuestionar la ley de amnistía, el Gobierno de Aylwin intentó reformar el poder judicial. Se trataba de reestructurar y de modernizar el aparato judicial, que estuvo muy comprometido bajo la dictadura28. La Corte Suprema dio prueba de pasividad bajo la dictadura y rechazó sistemáticamente más de diez mil recursos de amparo destinados a proteger las libertades individuales. Además, utilizó a menudo la ley de amnistía, el sobreseimiento o la clasificación de los casos, mecanismos que interrumpían las investigaciones y dejaban suspensos los procesos. Así, la justicia colaboró plenamente con los intereses de Pinochet: permaneció silenciosa sobre las violaciones de los derechos humanos, aceptó las medidas que tomó durante la dictadura y avaló la tesis del “Estado de excepción”, que desposeyó “legalmente” los tribunales y la justicia de numerosos poderes tradicionales. Roberto Dávila, presidente de la Corte Suprema en 1998, explicó este compromiso a partir del deber de “adaptarse al régimen militar. En caso contrario, los tribunales corrían el peligro de ser cerrados, como fue el caso para el Parlamento”29.

  • 30 Coicaud, Jean-Marc, L’introuvable démocratie autoritaire. Les dictatures du Cône Sud: Uruguay, Chil (...)

22A través de este proyecto de reforma de la justicia, no era la institución misma la que estaba en juego sino el modo de ejercer el poder. Los demócratas esperaban aportar las condiciones necesarias para zanjar el problema de los derechos humanos. Sin embargo, Patricio Aylwin se topó con la resistencia de las dos terceras partes de los miembros de la Corte Suprema, que sostenían los intereses de la derecha y del Ejército. Apenas tres semanas después de la transmisión de poderes, el gobierno midió las dificultades de su tarea. Algunos, siguiendo el ejemplo de Alejandro Hales, presidente del Colegio de Abogados, denunciaron la actitud de un poder judicial que “observó un silencio cómplice durante los dieciséis años de dictadura militar”. Casi siempre dependiente y criticado por su debilidad y su politización, el poder judicial en América latina fue muy pocas veces un contrapeso en el marco democrático, y con mayor razón durante las dictaduras30.

  • 31 Adrian, Bruno, “Le Sénat chilien a destitué un juge à la Cour Suprême”, Le Monde, Paris, 25/01/1993 (...)

23Los desacuerdos entre los concertacionistas y el poder judicial se basaban esencialmente en el cambio de los miembros de la Corte Suprema. Por ejemplo, el 17 de mayo de 1991, el Ejecutivo debió aceptar la elección por sus pares del muy conservador Enrique Correa Labra para la presidencia de la Corte Suprema. La elección de este último, un opositor a la reforma judicial, se hizo seguramente en reacción al asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán. Por otro lado, algunos parlamentarios trataron de destituir a los miembros de la Corte Suprema que habían impedido las persecuciones contra los verdugos de los perseguidos durante la Dictadura. Tal recurso tuvo sólo resultado en enero de 1993, en la persona del juez Hernán Cereceda Bravo. Este último se había ganado también la enemistad de grandes grupos económicos, además del conjunto de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, pues incluso los diputados conservadores votaron contra él31.

  • 32 Guell, Pedro & Lechner, Norbert, “Pinochet: un passé qui ne passe pas. À propos de la construction (...)

24Patricio Aylwin había establecido tres desafíos urgentes: consolidar el régimen democrático, reformar la economía, y juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Estas tres tareas no podían enfrentarse simultáneamente y por ello las trató por etapas. Se trabajó prioritariamente en la consolidación democrática y se puso de relieve la noción de “lo posible”, es decir, lo que se podía alcanzar por acuerdos amplios32. El Presidente de la República siguió utilizando la estrategia de la transición, que favorecía la negociación y los progresos institucionales, estrategia que imponía a la vez la consideración de las coacciones y de los obstáculos, la preservación del frágil equilibrio entre Fuerzas Armadas y poder civil, y el respeto de la separación de los poderes, es decir, de la autonomía del poder judicial. Su palabra de orden es, pues, “justicia y prudencia”.

2. La “verdad posible”

  • 33 La expresión del subtítulo proviene de Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 256.

25No obstante33 Patricio Aylwin seguía una ética política precisa. Consideraba que era necesario esclarecer las violaciones de los derechos humanos para crear las condiciones favorables para la democratización. Sin embargo, se oponía a una política de “ajustes de cuentas” porque pensaba reconciliar e integrar a ambos “campos” en la reconstrucción democrática. Pidió pues a los chilenos “paciencia” y “prudencia” para superar las dificultades heredadas de la dictadura; al mismo tiempo los previene contra las “disputas del pasado”. Para evitar desencadenar las pasiones y porque la “joven democracia chilena no era bastante fuerte para encarcelar a 2.000 oficiales”, la justicia fue lo menos punitiva posible y respetó al pie de la letra las negociaciones pactadas con los militares.

26La Iglesia católica tenía una posición similar, porque desempeñaba un papel unificador y participó en la construcción nacional de Chile. Con ocasión de la Octava Escuela Internacional del Instituto para el Nuevo Chile (11-15 de octubre de 1989), el Arzobispo Emérito de Santiago, Ms. Raúl Silva Henríquez afirmó:

  • 34 Silva Henríquez, Raúl, “El alma de Chile”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n°386, octubre 1 (...)

“Los desbordes de la intolerancia y del fanatismo sectario constituyen, entre nosotros, una excepción y un baldón que, aparte de hacernos más humildes, debieran estimularnos a cautelar mejor el don amenazado. La persecución y la venganza políticas son injertos extraños al alma nacional”34.

  • 35 Patino, B., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 265.

27Con el fundamento cristiano de su política, el poder civil quería alcanzar la reconciliación nacional gracias al indulto, medida que suponía, para los verdugos, la aceptación de su responsabilidad individual y criminal. En este esquema, las autoridades debían asumir las tareas vinculadas al conocimiento de lo sucedido y a la reparación. Mientras tanto, el conjunto de la sociedad y de los verdugos tenían que reconocer y arrepentirse. Entonces, y sólo entonces, se podía pedir que las víctimas perdonaran. La revelación, e in fine, la Redención vinculada con el perdón, terminaban el paralelo cristiano. Existía en la sociedad chilena de esos años una creencia casi religiosa en los poderes de la revelación de los verdaderos hechos. Por consiguiente, se crearon dos comisiones, la Comisión Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig, y la Comisión Reparación y Reconciliación. El peso simbólico, ético y político de la primera superó mucho al de la segunda35.

2.1. La Comisión Rettig

28Al tener en cuenta el carácter reciente de las exacciones cometidas y de las frecuentes injerencias de los militares en la escena política, el desafío era establecer primero una justicia “pacificadora”, que permitiera satisfacer la necesidad de verdad sin que el Ejército la bloqueara.

  • 36 Cavallo, Ascanio, La historia oculta de la transición. Memoria de una época 1990-1998, Uqbar Editor (...)
  • 37 Cavallo, A., La historia oculta, Op. Cit., p. 25.

29Pero Patricio Aylwin no sabía qué forma dar al restablecimiento de la verdad: “a veces quisiera darle una formulación académica, tal vez histórica, fría, testimonial: lo que pasó, pasó”36. Conversó durante todo el verano con los miembros de su gabinete, con su hermano Andrés, con amigos y adversarios. Le impactó mucho el documento del abogado José Zalaquett Daher, el primer jefe jurídico del Comité Pro Paz. En un memorando con destino a la Comisión de Derechos Humanos del programa presidencial, en diciembre de 1989, Zalaquett preveía que sería difícil derogar la ley de amnistía de 1978 y proponía una política global sobre derechos humanos (título III: Opción general de preferir el conocimiento de la verdad por sobre la aplicación de sanciones penales) a través de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en el pasado37.

30El presidente Patricio Aylwin, que pudo tocar el tema con los presidentes argentino y uruguayo, privilegió esta solución a pesar de las reticencias de Enrique Correa y Edgardo Boeninger, Ministros Secretarios de Gobierno, y de la Presidencia, respectivamente. En el Congreso, los partidos de derecha, Renovación Nacional y la UDI, se opusieron a este proyecto. Pero el Presidente Aylwin siguió reuniéndose con Zalaquett y llamó a unírsele a Jaime Castillo Velasco, que era el doctrinario de la Democracia Cristiana y el fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; a Ricardo Marin Díaz, un amigo personal que era senador designado, ex ministro de la Corte. Este último fue también, a mediados de la década de 1980, el presidente de una comisión de derechos humanos que había organizado el régimen militar sobre el exilio. Además, convocó a José Luis Cea Egaña, un jurista independiente, a veces presentado como ex partidario de la dictadura.

  • 38 Cavallo, A., La historia oculta, Op. Cit., p. 27-29.
  • 39 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 46-47.
  • 40 Marko, Zita, “La agenda política de la transición chilena” en Anderle, Adam & Girón, José (eds.), E (...)
  • 41 Thomas, Gérard, “La Réconciliation nationale par l’oubli”, Libération, Paris, 4/02/1991, p. 25.

31Patricio Aylwin trabajó casi solitariamente y a comienzos de abril de 1990 buscó a otros hombres de derecha para integrar en la comisión. Zalaquett propuso incorporar a dos mujeres, a la abogada Laura Novoa, que trabajaba en un estudio más bien de derecha, y a una asistente social cercana de la Iglesia y de la Democracia Cristiana, Mónica Jiménez. El secretario ejecutivo sería Jorge Correa, que había redactado los discursos de Patricio Aylwin. Para la presidencia de la Comisión, se escogió a Raúl Rettig, un abogado de 81 años, ex amigo de Salvador Allende, que había presidido “el Colegio de Abogados a mediados de la década de 1980; su vicepresidente, ‘muy colaborador’, había sido Patricio Aylwin”. Además, como subrayó el periodista Ascanio Cavallo, Rettig “continua[ba] siendo la imagen del republicano por excelencia”38. De este modo, la Comisión convocada por Aylwin aparecía neutra a nivel político. En efecto, frente a las críticas de la derecha y frente a la reprobación del Ejército, ella tenía el deber de ser imparcial y respetar el pluralismo para aclarar todos los crímenes políticos cometidos bajo la dictadura, incluida la violencia de los “subversivos”39. Con este organismo independiente, el desafío era evitar los obstáculos a la justicia que representaban la amnistía y la obstrucción de los tribunales40. Era una invención que se correspondía con la estrategia gradual de Patricio Aylwin, quien mostró, según los periodistas franceses, “una extraordinaria inteligencia política”41. Apenas dos meses después de la llegada al poder de la Concertación, se creó oficialmente, el 9 de marzo de 1990, la Comisión Verdad y Reconciliación.

  • 42 Fregosi, Renée, “La société civile, acteur ‘politique’ de la construction de mémoire des dictatures (...)

32Chile abordó así un debate similar al impulsado por Argentina, que se conoció mediante el informe Nunca más elaborado por la Comisión Sabato sobre los desaparecidos. En 1984, el presidente Alfonsín había creado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), compuesta de ciudadanos y de diputados que debían investigar sobre el destino de los desaparecidos42.

  • 43 Mattarolo, Rodolfo, “L’Amérique latine à la recherche de l’État de droit”, Le Monde Diplomatique, P (...)
  • 44 Lefranc, S, Politiques du pardon, Op. Cit., p. 41.

33Sin embargo, la versión chilena, la Comisión Rettig, tenía un papel consultivo pero no jurídico: los “sabios” no tenían poder para perseguir a los culpables. El trabajo de la Comisión debía durar un año. Se estructuró en grupos de trabajo, recibió las quejas/denuncias, las estudió para descartarlas o instruirlas, para organizar entrevistas y audiencias. Al igual que el presidente argentino Raúl Alfonsín, Patricio Aylwin sostuvo que el informe no debía contener nombres43. A partir de millares de testimonios de sectores diversos de la sociedad, civiles y militares, recogidos durante diez meses, y a partir de un tratamiento riguroso de la información, el objetivo era constituir un documento de referencia que sirviera a la vez para la memoria y para la historia. A diferencia de la Comisión Parlamentaria Uruguaya, creada en abril de 1985 con poderes muy limitados y con la interdicción de publicar sus trabajos, la Comisión Rettig debía preparar un informe público sobre tres grandes temas: los desaparecidos, los exiliados políticos, la situación de los presos políticos44.

34El debilitamiento político limitado de Pinochet permitió obtener su acuerdo relativo, y una cierta cooperación del Ejército, para elaborar el contenido sobre esos tres temas. Pero éste último proporcionó sólo la lista de las víctimas militares del terrorismo, y los “sabios” miembros de la Comisión Rettig no pudieron consultar ningún archivo de las Fuerzas Armadas. En efecto, Patricio Aylwin relató, años después, las presiones de Pinochet y del Ejército sobre la existencia y actuaciones de la Comisión Rettig:

  • 45 Patricio Aylwin, citado en Serrano, M. & Cavallo, A., El poder de la paradoja, Op. Cit., p. 150.

“Dicté el decreto y se puso en marcha. Habría sido una capitulación. En esto vino la celebración del 21 de mayo. Pinochet se fue a Iquique y mandó a su segundo a la ceremonia oficial en Valparaíso. Pero el 28 de mayo, lo cité a La Moneda. Primero, para representarle la declaración del Ejército respecto de la Comisión Rettig, que a mi juicio era indebida e irrespetuosa. Además, para exigirle el cumplimiento de la disolución de la CNI, cosa que había acordado, pero no marchaba. Y finalmente, para tratar sobre las actividades del Comité Asesor que sobrepasaba sus atribuciones”45.

2.2. Resultados y acogida: el Informe Rettig

  • 46 Thomas, Gérard, “Pinochet sous le feu du rapport Rettig”, Libération, Paris, 6/03/1991, p. 32.
  • 47 Anonyme, “Réconciliation à petits pas au Chili”, Le Monde, Paris, 26/03/1991, p. 1.

35El 9 de febrero de 1991 la Comisión Rettig entregó al Jefe de Estado el resultado de su investigación. El informe, compilado en 8 tomos, es decir 2.000 páginas, identificó 2.279 asesinatos políticos irrefutables, 641 muertos en condiciones no elucidadas y 957 “detenidos desaparecidos”46. En anexo se encontraban además otros 600 casos que necesitaban complementos de investigación. El Informe Rettig puso de realce que la mayoría de las víctimas eran militantes de izquierda y analizó minuciosamente el papel de las policías secretas y de su “siniestra máquina de matar”47. Por otro lado, una parte importante del Informe se consagró a identificar a las víctimas de la represión.

  • 48 Baudin, Gilles, “Qui se souvient des crimes de M. Pinochet ?”, Le Monde Diplomatique, París, nº459, (...)
  • 49 Citado en Thomas, G., “Pinochet sous le feu”, Op. Cit., 6/03/1991, p. 32.
  • 50 García Castro, Antonia, La mort lente des disparus au Chili, sous la négociation civils-militaires (...)
  • 51 Guillaudat Patrick & Mouterde, Thomas, Les Mouvements sociaux au Chili 1973-1993, L’Harmattan, Pari (...)
  • 52 Garcia Castro, A., La mort lente, Op. Cit., p. 144.
  • 53 Baudin, Gilles, “Le compositeur Víctor Jara a été assassiné après avoir été torturé”, Le Monde, Par (...)
  • 54 Pozo, J. del, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 96-97.

36Según los periodistas franceses, el Informe de la Comisión Rettig sorprendió porque colocó “el terrorismo de Estado en el banco de los acusados”48 y restableció las responsabilidades al más alto nivel. Se denunció implícitamente a Pinochet: “la DINA y la CNI obedecían sólo al presidente de la Junta de Gobierno, luego al presidente de la República”49. Pero los investigadores se ocuparon de no cargar demasiado la mano sobre los militares, debido al papel político que tuvieron y segían teniendo. En efecto, el desafío en esta justicia de transición era amenazar lo menos posible los acuerdos contraídos con los militares. Había que establecer una verdad histórica que fuera aceptada y reconocida por todos50. El informe colocó pues en el mismo plano las exacciones gubernamentales y el terrorismo de la oposición a la dictadura, que había asesinado a carabineros y militares, y que representaba menos del 10% de las denuncias. Además, se evitó con mucho cuidado la palabra “dictadura” y no se acusó señaladamente a nadie51. A diferencia de la justicia penal que únicamente juzgaba a individuos, esta forma de justicia era concebida como un pacto social y debía así desplazar la responsabilidad de los individuos directamente implicados hacia la sociedad entera52. El Informe estableció sin embargo la verdad objetiva sobre la dictadura. Así, puso fin a la leyenda de la izquierda según la cual Salvador Allende había muerto combatiendo, demostrando en cambio su suicidio53. Las cifras mostraron también que la tesis militar del “estado de guerra” para justificar la represión era insostenible, porque poca gente había muerto en enfrentamientos y se había asesinado a 132 militares, es decir sólo el 6 % del total de las víctimas54.

37A pesar de todas esas precauciones y sutilezas, es importante destacar tres logros del Informe Rettig. Primero, nombró y trató los peores crímenes, es decir, los que desembocaron en la muerte segura o presumida (en el caso de los desaparecidos), aunque es cierto que no consideró las otras violaciones de derechos humanos (tortura, detenciones arbitrarias, expulsiones del territorio, exilios forzados, degradación de la nacionalidad chilena o perdida del derecho de trabajar). Segundo, el Informe Rettig se concentró en las víctimas y no en los verdugos, desplazando la atención hacia otros sujetos de la sociedad. Finalmente, para lograr una verdadera reconciliación, se determinó que el perímetro de las víctimas debía ser “consensual”: se tomó en cuenta a cada víctima, tanto civil como militar.

38No obstante, el informe de la Comisión Rettig quería también fijar una mirada objetiva sobre la historia reciente del país y para ello puso de relieve la polarización intensa de la sociedad chilena en 1973. Según los autores del Informe, esta polarización incumbía al conjunto de la clase política y de la sociedad, y explicaba, en parte, el golpe de Estado, pero no justificaba el uso de la violencia.

39El 8 de marzo de 1991, después de que las conclusiones del Informe Rettig se hicieron públicas por el Parlamento, el Presidente Aylwin pidió perdón a la sociedad chilena, en nombre del Estado chileno, a través de un discurso televisado. El presidente se mostró emocionado, al borde de la lagrimas, y reafirmó la idea de una continuidad institucional entre el régimen militar y la transición democrática. Pero quiso también iniciar un proceso de reconocimiento de la responsabilidad, y tomar a su cargo la responsabilidad del Estado. Así, se mantuvo coherente con su estrategia política y subrayó que el régimen militar se inscribía en una continuidad, que no era institucional sino nacional.

40Con esta intervención por la televisión, el presidente Aylwin evitó que se cuestionara a las Fuerzas Armadas como institución. Luego de este gesto presidencial, quedaba, como tarea pendiente, lograr el reconocimiento de las responsabilidades individuales y criminales, objetivo que sin embargo fue difícil de alcanzar, debido principalmente al anonimato de los verdugos. De hecho, las reacciones al Informe mostraron que este encadenamiento de etapas, previsto idealmente por Aylwin y la Comisión Rettig, era casi imposible.

41Las reacciones al Informe se desarrollaron mientras los representantes de la Comisión Verdad y Reconciliación recorrían el país para presentar las conclusiones del Informe, alimentar el diálogo y responder preguntas de la comunidad. Ese recorrido fue un momento muy especial de avance hacia la libertad de expresión y de diálogo social. La prensa relevó el debate, pero más en la interpretación de los hechos que establecía, y respecto a su gravedad relativa, que en términos de la deuda que generaba. La prensa no cuestionó la veracidad de ningún caso considerado por la Comisión en el Informe.

42Las reacciones políticas favorecieron este acercamiento al tema. Gracias a la composición diversa de la Comisión Rettig, la derecha política reconoció la existencia de los desaparecidos. A través de dos documentos de respuesta, los partidos políticos aceptaron la idea de una responsabilidad compartida del golpe de Estado, a pesar de sus discrepancias sobre el análisis histórico de la época en que éste ocurrió.

43En cambio, las reacciones de las instituciones acusadas, las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de Chile, fueron diferentes. La DINA ya no existía desde 1978 pero sus miembros militares integraban la CNI y su cabecilla, el general Manuel Contreras, seguía formando parte del Ejército. La Marina “rechazó categóricamente el informe”. Por su parte, ni las Fuerzas Aéreas ni Carabineros difundieron comunicado alguno, pero tampoco rechazaron oficialmente el informe de la Comisión Rettig.

44En ese contexto, el 1 de abril de 1991, algunos jóvenes miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinaron a Jaime Guzmán. El ideólogo de la Junta Militar había anunciado que iba a reaccionar oficialmente al Informe, y se esperaba que pidiera perdón. Este asesinato quebró el impulso creado por la Comisión Rettig y por Patricio Aylwin: el Ejército acusó al terrorismo de intentar destruir la nación chilena y desechó la posibilidad de una reacción oficial al Informe. Como lo afirmó Anne Pérotin-Dumont:

  • 55 Pérotin-Dumon, Anne, “El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura. Apuntes de un (...)

“El Informe Rettig cobró entonces las dimensiones de un “monumento”, como se calificaba antaño a las obras imponentes y dignas de perdurar. Con el paso de los años, la autenticidad de los hechos establecidos por él adquirió un carácter irrefutable. El documento, sin embargo, no puso en marcha una dinámica de reconocimiento público del pasado”55.

  • 56 Citado en Teulière, Gérard, “Démocratie sous surveillance au Chili”, Le Monde Diplomatique, París, (...)

45Después de la intervención de la Comisión Rettig, que se reduce a la producción y difusión de su Informe, el Gobierno consideró que los casos presentados en dicho Informe estaban “aclarados”. Aunque era de estilo y contenido prudente, se dejó rápidamente este documento a un lado con el argumento de que la Concertación, coalición de partidos en la que se apoyaba Aylwin para gobernar, tenía, un año después, en 1992, otras prioridades: avanzar en la democratización de las instituciones, instaurar las primeras elecciones municipales y luchar contra la pobreza. Entonces, el abogado Alejandro Hales, defensor de los derechos humanos, declaró que el informe Rettig era el primer “desaparecido” de la democracia56. A partir de entonces el gobierno del presidente Aylwin redujo su enfoque sobre los derechos humanos y puso cada vez menos de relieve la diferencia moral entre dictadura y democracia.

  • 57 Garretón M., Roberto, “Política de derechos humanos del gobierno democrático”, Política y Espíritu, (...)

46Se transmitieron los 641 casos “sin resolución” que había determinado el Informe Rettig a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, entidad que estudió casi doscientas mil denuncias adicionales57. Esta última entregó su Informe en marzo de 1994, en un clima de indiferencia casi general, poco antes de la toma de funciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, segundo presidente concertacionista. Este Informe añadió otros 850 desaparecidos a las 2.279 víctimas establecidas por la Comisión Rettig. Al entregar el Informe, el presidente de la Corporación, Alejandro González, expresó su “gran frustración” frente a la falta de colaboración de la justicia como poder del Estado. En cambio, el trabajo de la Corporación destinado a la reparación por compensación de las víctimas tuvo mayor éxito.

  • 58 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 261.

47Se reveló pues la verdad. Era el “primer piso” de esta gestión del pasado que pasaba por la reafirmación de la existencia de los hechos por la Comisión Rettig: el Estado se hizo cargo de la responsabilidad política, tomando el lugar de la institución militar, con el objetivo de que los verdugos aceptaran más fácilmente el ejercicio eventual de sus responsabilidades individuales. Sin embargo, la justicia no se aplicó en su sentido punitivo. El mecanismo general esperaba alcanzar el objetivo final, es decir el perdón y la reconciliación, y se saltó el castigo individual de cada verdugo58. No obstante se intentaron acciones judiciales contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos, al menos contra los casos más simbólicos, aunque éstos serían tratados sólo “en la medida de lo posible”.

3. “Justicia y prudencia”

3.1. El símbolo en prisión

  • 59 Zita Marko, “La agenda política”, Op. Cit., p. 199.
  • 60 Adrian, Bruno, “Une ‘gesticulation’ du général Pinochet”, Le Monde, París, 1/06/1993, p. 5.

48A principios de los años 1990 numerosos escándalos financieros comprometieron al Ejército y a la derecha. Ciertos ex verdugos y agentes de las policías secretas (el Capitán Álvaro Corbalán, Director de Operaciones de la CNI y responsable del asesinato de 12 militantes del FPMR) fueron acusados por malversaciones de fondos. Así ocurrió con el caso “La Cutufa”, una sociedad financiera ilegal que había creado la CNI. Cuando ésta se declaró en quiebra, a fines de 199059, el escándalo estalló e implicó a altos militares. Por otro lado, el hijo mayor de Pinochet, un ex capitán, debió comparecer ante una comisión de la Cámara de Diputados para justificar la transferencia de fondos que había hecho el Ejército. El dinero sirvió para comprar acciones de una fábrica de armamento en beneficio de “Augusto hijo”. En abril de 1993, un tribunal militar comenzó su investigación y cinco generales probaron que Pinochet conocía la existencia de estas transacciones. Ante ambos casos, que amenazaban a altos suboficiales, se produjeron los llamados “ruidos de botas”, de diciembre de 1990 y de mayo de 1993, gestos militares de poder que moderaron las persecuciones. En el caso de la sociedad financiera La Cutufa, por ejemplo, se inculpó finalmente sólo a dos capitanes60.

  • 61 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 47.

49La justicia debía ser estimulada después de la intervención de la Comisión Rettig. El Informe que ésta elaboró, que podía servir de base a las investigaciones, abrió la vía para que Aylwin aplicara la “justicia”. El presidente poseía en efecto la lista de los culpables presuntos y podía decidir si los hacía investigar o no por la justicia. El presidente estaba consciente de las imperfecciones de los tribunales chilenos, pero estaba también determinado a que la justicia restableciera la “responsabilidad personal” de los agentes de la dictadura, e incluso de aquéllos que la ley de amnistía protegía61.

  • 62 Thomas, Gérard, “La Réconciliation nationale par l’oubli”, Libération, París, 4/03/1991, p. 25.
  • 63 Baudin, Gilles, “Trois mille cinq cents assassinats politiques sont imputables au régime du général (...)
  • 64 Garçon, José, “En Amérique du Sud, l’impunité pour prix de la démocratie”, Libération, París, 14-15 (...)
  • 65 Martin, A., Les Mères “folles”, Op. Cit., p. 22.

50No obstante, Pinochet dirigía todavía el Ejército y se suspendieron las reformas de la justicia que había previsto el presidente. Además, Patricio Aylwin empezó “una partida de ajedrez”62 contra el general y su Ejército. El respeto de su impunidad parecía la condición sine qua non del retiro del ex dictador. Este requisito fue reconocido mediante el proyecto “Propuesta de paz para Chile”, preparado en febrero de 1991 por parlamentarios concertacionistas y de la oposición, en acuerdo con el Gobierno63. El proyecto preveía una nueva ley de amnistía y la prohibición de hacer públicos los nombres de los criminales durante una veintena de años64. Después del movimiento de tropas de diciembre 1990, este proyecto recordó las leyes argentinas de amnistía de Raúl Alfonsín, que databan de 1986, y que se habían elaborado a continuación de repetidos motines del Ejército65. El dirigente argentino había juzgado que había llegado el tiempo de la reconciliación y que la sospecha hacia las Fuerzas Armadas no debía continuar.

  • 66 Thomas, Gérard, “La dictature, compte-rendu en 2 000 pages”, Libération, Paris, 11/02/1991, p. 29.
  • 67 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 284.

51Pero Aylwin quería sancionar a ciertos individuos culpables a título de ejemplo, y decidió una estrategia para satisfacer a todo el mundo66. Para la reconciliación nacional, el presidente debía no sólo evitar una caza de brujas sino también desarmar a la extrema izquierda, que estaba dispuesta a hacer justicia ella misma, si el poder judicial del Estado no era efectivo. A petición de Patricio Aylwin, la Corte Suprema volvió reabrió, en abril de 1990, la investigación sobre el asesinato de Orlando Letelier, que había sido considerada “caso clasificado” menos de un año antes. Esta acción gozaba de elementos nuevos, como el testimonio o la detención de agentes de servicio de contraespionaje implicados en el atentado, y el regreso de las instituciones a un poder y a un escenario democráticos. Además, el Gobierno y los jueces norteamericanos estaban ejerciendo presión ya desde 1979 sobre Chile para seguir un proceso judicial a ese crimen ocurrido en suelo de los Estados Unidos67. Estas presiones se ejercían también sobre Patricio Aylwin porque, desde su toma de poder en marzo 1990, las autoridades estadounidenses le dieron a conocer que la normalización de las relaciones entre ambos países dependía de su actitud hacia el asunto Letelier.

  • 68 Olivares, E., “La justice de Santiago relance l’affaire Letelier”, Libération, Paris, 25/09/1991, p (...)
  • 69 José del Pozo, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 111.

52Esta nueva acción judicial volvió a deteriorar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno, que estaban tensas desde la creación de la Comisión Rettig. En efecto, la insistencia de un juez militar, que buscaba recuperar este expediente para los tribunales militares, debilitó la estrategia gubernamental, que cuidaba las susceptibilidades del Ejército y que evitaba “infligirle un áspero desaire a Pinochet”68. Sin embargo, el General Pinochet restó su apoyo a Manuel Contreras, el principal acusado y ex director de la DINA. Además, el otro militar implicado, Pedro Espinoza, todavía estaba en servicio activo. El caso Letelier se desarrolló después que la Comisión Rettig denunciara el papel de la policía secreta y su lazo con el General69. El 21 de septiembre de 1991 la Corte Suprema chilena decidió inculpar a Manuel Contreras y a su ex brazo derecho, el Brigadier Pedro Espinoza.

  • 70 Adrian, Bruno, “L’ancien chef de la police secrète comparaît pour homicide”, Le Monde, París, 20/02 (...)

53Según los periodistas franceses, el proceso judicial que siguió a esta inculpación, en febrero de 1993, fue el proceso “más espectacular”70 intentado desde la vuelta a la democracia. Era pues un examen para la justicia chilena. Debido a la ley de amnistía, el caso Letelier simbolizaba la búsqueda de la verdad y de la justicia. Por primera vez el número dos de la dictadura comparecía delante de los jueces, y los ex miembros de la Junta Militar, como el propio General Pinochet, fueron llamados a declarar. El ejecutor norteamericano-chileno del atentado, Michael Townley, abandonó también al ex jefe de la DINA: describió a Contreras como un hombre “incontrolable” y de “orgullo desmesurado”. Esta revelación benefició al Ejército, así como a su Comandante en Jefe, porque trasladaba todas las responsabilidades hacia el ex jefe de la DINA. El 12 de noviembre de 1993 el juez de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, declaró “oficialmente a la DINA y a su jefe culpables del asesinato”. Condenó entonces a Contreras a siete años de cárcel y a Espinoza a otros seis.

  • 71 Juan Pablo Letelier, citado en Adrian, Bruno, “Chili: les commanditaires de l’assassinat d’Orlando  (...)

54La justicia chilena logró así condenar a altos ejecutivos del Ejército. Sin embargo, y pese a que su responsabilidad criminal había sido comprobada judicialmente, Manuel Contreras obtuvo la libertad bajo fianza. Además, los acusados se opusieron derechamente al encarcelamiento. El Ejército, por su parte, se declaró atacado. No obstante, como el Gobierno, la familia Letelier precisó que no tenía ninguna queja contra los militares porque “el juicio era una sanción en contra de un organismo de espanto, la DINA, no en contra del Ejército”71.

  • 72 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 10.

55En cambio las numerosas acciones judiciales que intentaron los familiares de las víctimas de la Dictadura no tuvieron el mismo resultado, y la causa era la existencia de la ley de amnistía. La “doctrina Aylwin” preconizaba sin embargo una investigación y un proceso completo, aunque luego, en el momento de la condena, se tuviera que aplicar esa ley. Se podía amnistiar sólo a un culpable condenado y la condena ocurría sólo después de una investigación completa, un proceso y un juicio. Por otro lado, para las desapariciones sucedidas entre 1973 y 1978, el Presidente Aylwin quería aplicar el derecho civil chileno vigente: no se consideraba como muerta a una persona desaparecida mientras no se reunieron las pruebas de su fallecimiento. Entonces, la ley de amnistía no se podía aplicar a los delitos de homicidio que no habían sido aclarados y que hubiesen ocurrido después de 1978. El desafío era rodear el decreto ley para encontrar la verdad y restaurar la dignidad de las víctimas con una justicia simbólica72.

  • 73 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 282-283.

56Este objetivo, “modesto”, no satisfacía a los familiares de las víctimas que reivindicaban la condena de los culpables. Además, la Corte Suprema se negaba a abrir instrucciones sobre las desapariciones y multiplicaba las amnistías. Claramente no respetaba la “doctrina Aylwin”73: a partir de 1990 la Corte Suprema se mostró más favorable a la amnistía que la investigación. Ahora bien, el derecho justificaba esta práctica. Este cambio de jurisprudencia se explicaba, en parte, por los vínculos privilegiados entre el General Pinochet y el Presidente de la Corte Suprema, Marco Aburto, nombrado en 1989. Éste se apoyaba en los elementos más conservadores de la Corte para imponer una tesis conforme a los interese militares.

57Una serie de gestos prueba que los mecanismos del derecho, controlados exclusivamente por los Jueces de la Corte Suprema, sirvieron para resistir la voluntad política del presidente. En un primer momento las cosas parecieron desarrollarse de acuerdo a lo que Aylwin esperaba. En agosto de 1989, en el caso de la desaparición de diez militantes comunistas, el llamado Comando Conjunto, la Corte Suprema rechazó un recurso de casación contra un auto de sobreseimiento. El juez, Carlos Cerda Fernández, inculpaba a cuarenta personas de las Fuerzas Armadas. Se confirmaba pues la posibilidad de investigar.

58Pero pronto la autoridad de la Corte Suprema interpuso obstáculos. Su Presidente, Marco Aburto, decretó en 1990 una doctrina distinta: en primer lugar, no era necesario identificar de manera cierta a la víctima para saber que hubo homicidio. Un homicidio podía atañer a una persona que nunca sería identificada. La fecha del delito era pues la fecha de la desaparición y no la fecha de la confirmación de su fallecimiento. En segundo lugar, no era necesario conocer al culpable de un delito para aplicar la amnistía: era el delito el que se amnistiaba, no la persona que lo había hecho. En mayo de 1990, la Segunda Cámara de la Corte Suprema confirmó el juicio de la Corte marcial que había ordenado un sobreseimiento en el caso de la desaparición de José Santos Hinojosa, quien había sido detenido en su domicilio el 26 de julio de 1976. Se aplicó así la amnistía antes de la conclusión de la investigación y de la designación del culpable.

59A fines de octubre de 1992 se prohibió que el tribunal civil se declarara competente para un caso de desaparición y se derivó el caso a la justicia militar. El presidente de la Corte Suprema, que seguía siendo Marco Aburto, evocó para esto “el estado de guerra” que habría conocido Chile en los años 1973 y 1974, y se le aplicó en seguida la amnistía. Sin embargo, la esposa del desaparecido, que fue también torturada, pudo enfrentarse a uno de sus antiguos verdugos durante el proceso. A diferencia de la verdad más colectiva, las acciones judiciales específicas, a pesar de estar recortadas, pudieron permitirle a la víctima confrontarse con su ex verdugo en un marco legal y hacer reconocer sus propios sufrimientos.

3.2. La “ley Aylwin”

  • 74 Jacot, Martine, “Eduardo Frei semble assuré de remporter l’élection présidentielle du 11 décembre”, (...)

60El 28 de mayo de 1993, mediante intimidación, los militares no aceptaron ser citados como testigos en los doscientos procesos que estaban pendientes: en cambio, exigieron una ley llamada “punto final”74. Se siguieron intensas negociaciones intensas con Pinochet, y como resultado, el presidente Patricio Aylwin entendió que mejor era suspender el tema y que debería legarle a su sucesor el problema de los procesos sobre las violaciones de derechos humanos. Debía seguir siendo pragmático y prudente y frenar las ansias de investigación judicial. Por otra parte, consultó a los partidos políticos, los familiares de víctimas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos para elaborar la llamada “ley Aylwin”.

  • 75 Olivares, Eduardo, “Santiago, la mémoire toujours pas réconciliée”, Libération, París, 11-12/09/199 (...)

61Este proyecto de ley permitiría conocer durante dos años el destino de los detenidos-desaparecidos gracias a la cooperación de los militares. A cambio, a éstos les serían garantizados el anonimato y la impunidad, ya que, para el gobierno, “la justicia vendría más tarde”75. Frente a la amenaza militar, el objetivo no era la condena, sino la verdad, es decir las informaciones necesarias para la localización de los desaparecidos.

  • 76 Lefranc, S., Politiques du Pardon, Op. Cit., p. 130-131.

62En Francia los gobiernos también habían utilizado la amnistía, sobre todo durante la Liberación de la ocupación nazi y después de la guerra de Argelia: los objetivos eran apaciguar a las poblaciones y reconstruir la unidad nacional basada en la continuidad. Después de períodos agitados, los primeros gobiernos se dieron como misión la reconciliación nacional y la pacificación, colocando así su función de arbitraje por delante de su función punitiva. Esto implicó a veces sacrificar la obligación de justicia76.

  • 77 Patricio Aylwin, citado en Adrian, Bruno, “Les enquêtes sur les violations des droits de l’homme pe (...)

63El 3 de agosto de 1993 Patricio Aylwin grabó una declaración que se difundió en el conjunto de las cadenas de televisión chilenas. Presentó su “solución que no [era] perfecta, pero que [era] sin duda la mejor”. Optó por una solución intermedia. Rechazó completamente la manera en la cual el Ejército había mostrado su descontento, pero a la vez, decidió darle una satisfacción parcial con este proyecto de ley. Éste preveía que el poder judicial nombrase nuevos jueces de instrucción para acelerar las investigaciones y los procesos pendientes, para cerrar los episodios judiciales que dependían de la ley de amnistía. A pesar de su declarada intención, esta ley parece en realidad buscar un punto final, lo que se deduce a partir de tres características. En primer lugar, la aceleración de los procedimientos permitió una aceleración de la aplicación de la ley de amnistía. En segundo lugar, el Presidente pensaba garantizar el anonimato de los acusados y de los testigos, evitando a los militares experimentar “las situaciones de vejación”77. En tercer lugar, e Gobierno propuso la creación de una Comisión, compuesta de abogados de las Fuerzas Armadas, para restablecer la comunicación con ellas. Teniendo en cuenta todas esas señales, para ciertos periodistas franceses el Gobierno parecía privilegiar los intereses de los militares.

64Sin embargo, una parte de la sociedad chilena no podía aceptar esta solución global. Ante a la negativa de las asociaciones de defensa de los derechos humanos y de los parlamentarios socialistas, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto el 3 de septiembre de 1993. Patricio Aylwin retiró entonces su proyecto de ley y declaró que era “el fracaso más importante de su carrera”. Faltando pocos meses para las elecciones presidenciales, el General Pinochet y la derecha volvieron a agruparse y trataron de hacer más profundas las divisiones gubernamentales.

  • 78 Adrian, Bruno, “Première visite d’un chef d’État chilien en France depuis 1965”, Le Monde, París, 1 (...)

65A nivel judicial, Patricio Aylwin podía aparecer como “el hombre de la situación”, pero estas “medidas a medias”78 no satisfacieron a nadie; al contrario, produjeron incoherencias. Algunos responsables de violaciones de derechos humanos estaban encarcelados, a veces únicamente por fraudes fiscales o malversaciones de fondos, y se hallaban en la cárcel presos políticos de la dictadura que amenazaban a los militares con vengarse.

3.3. Los “resistentes” en cárcel

  • 79 Anónimo, “Bases programáticas de las candidaturas presidenciales”, Política y Espíritu, Santiago de (...)

“Respecto de los presos políticos, en consideración a que en todos los casos se han transcrito las normas sobre el derecho a la Justicia y el debido proceso, tales como la presunción de inocencia, el juzgamiento por un tribunal independiente e imparcial, la publicidad de las actuaciones judiciales, el derecho a la libertad en los testimonios, el respeto del derecho a la defensa y otros, la ley establecerá la invalidez procesal de dichos juicios y la radicación de los casos en los tribunales ordinarios”79.

  • 80 Del Pozo, José, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 166-167.
  • 81 Calame, Brigitte, “Pinochet rend son tablier à Valparaíso”, Libération, París, 12/03/1990, p. 27.

66En 1990 había oficialmente 439 personas detenidas por razones políticas. Estos militantes de diferentes tendencias políticas, llamados “subversivos” por los militares, expiaban penas ya pronunciadas. Otros, alrededor de 1.300, estaban esperando un juicio80. Sus familiares se movilizaron desde el fin de la dictadura para reclamar su liberación. Pero sólo algunas decenas de presos que no habían sido acusados por la justicia militar de “crímenes de sangre” fueron amnistiados por decreto presidencial en marzo de 1990. Esta distinción se hallaba en la inmensa mayoría de los países y también en Francia: no se podía liberar a los responsables de homicidio, salvo en los casos en que hubieran quitado la vida a sus verdugos. El expediente de los presos políticos era, pues, uno de los más molestos para el presidente Aylwin81.

  • 82 Zita, Marko, “La agenda política”, Op. Cit., p. 197.

67La Concertación quería zanjar este problema el primer año del gobierno y optó por la amnistía de los presos a pesar del descontento de los militares y de la derecha82. Sin embargo, el problema era más arduo, porque el presidente quería liberar a los presos respetando la Constitución de 1980 (que prohibía indultar los delitos previstos por la ley antiterrorista) y la ley de control de armas. Además, según Bruno Patino, se privilegiaba el aspecto “físico” del destino de cada uno de los presos políticos, es decir, la liberación, a costa de su situación actual.

68El rechazo de la amnistía y de la liberación masiva se debió esencialmente al peso de los militares en la arena política, y porque Patricio Aylwin quería actuar en coherencia con la estrategia que definió la oposición democrática a la dictadura en 1987, es decir considerar la Constitución “como un hecho”, y en consecuencia respetar las reglas del juego institucional. En el tema de los presos políticos, el enfoque fue el inverso al de las otras violaciones de derechos humanos: en primer lugar los resultados, después los principios.

  • 83 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 261-262.

69Para solucionar este problema, el gobierno se apoyó en la Iglesia católica y en la Vicaria de la Solidaridad. Esta última identificó tres tipos de situaciones: la de los detenidos ya juzgados por la justicia militar o civil, cuya acción no había acarreado la muerte de un militar o de un carabinero; la situación de acusados en curso de juicio por la justicia militar o civil; y, la de los acusados y detenidos cuya acción había provocado la muerte de un militar o de un carabinero. Existía también el caso particular de los detenidos acusados de haber participado en el atentado de septiembre de 1986 contra Pinochet. Para este último caso, Patricio Aylwin indultó a los prisioneros que ya habían sido condenados. No se los amnistió y los hechos permanecieron registrados en sus antecedentes judiciales. Para los detenidos cuya acción no había acarreado la muerte de un militar o de un carabinero, el desafío era trasladarlos a la justicia civil. La justicia militar se caracterizó por desarrollar procedimientos muy lentos –con el objeto de atrasar lo más posible el uso del derecho a indulto presidencial– y por la aplicación de condenas excesivamente severas (se podía incluso solicitar la pena de muerte). Favorecer la justicia civil permitía no sólo reducir el papel de los militares en el conjunto de las instituciones, sino también acelerar la liberación de los presos políticos83.

70Según la Ley de Seguridad Interior del Estado, la justicia civil era competente en materia de seguridad interior y de disturbios al orden público. Esta ley aplicaba el artículo 18 del Código Penal chileno y la ley Antiterrorista nº18.314, que, en parte, se basaba en la Constitución para definir la noción de “atentado terrorista a la seguridad del Estado”. Según esta ley, la justicia militar era competente si las víctimas formaban parte de las Fuerzas Armadas o de los Carabineros. La ley Antiterrorista volvió a introducir la pena capital. En la práctica, la jurisprudencia del régimen militar extendió la noción del terrorismo hasta límites muy amplios, y aplicó en pocas ocasiones la Ley de Seguridad Interior del Estado. En paralelo se extendió la noción de víctima militar. Se consideró a menudo como terrorista, por ejemplo, a un participante en una protesta que estuvo en contacto físico con un carabinero.

71El 24 de enero de 1991, con el apoyo de una parte de la derecha parlamentaria (en particular, del partido Renovación Nacional), se votaron las llamadas Leyes Cumplido, inspirándose en el apellido del ministro de Justicia. La ley nº19.027 modificó los artículos 1º y 2º de la ley nº18.314: la acusación de terrorismo ya no podía depender de una conducta terrorista, de una acción en contra de un militar, pero debía ser el resultado de objetivos políticos probados. La justicia militar volvió a ser así una justicia de excepción y se redujeron las excepciones. Por consiguiente, se trasladó la mayoría de los casos en instancia de juicio a la justicia civil. Después del traslado, las autoridades preconizaron la liberación bajo fianza en espera de juicio, y si era necesario, el uso del derecho de indulto.

  • 84 Petras, James, “Le Chili et l’Amérique latine: démocratie et pauvreté ou pauvreté de la démocratie” (...)

72La vuelta a la democracia no abrió automáticamente las puertas de las prisiones pinochetistas a los partidarios de la lucha armada contra la dictadura. Algunos periodistas franceses se indignaron ante lo que, consideraron ellos, una injusticia para los combatientes más valientes y valiosos84. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos criticaron la estrategia gubernamental: el 30 de noviembre de 1991 la Comisión chilena de derechos humanos estableció que, sobre la facultad presidencial de indulto a los presos políticos,

  • 85 Comisión chilena de derechos humanos, Las deudas de la transición. Balance de derechos humanos, Edi (...)

“no existe ni se contempla ninguna restricción de carácter normativo que limite al Presidente en el ejercicio de esta atribución privativa. Es por ello que carecen de fundamento las alegaciones hechas por algunos sectores políticos que buscan limitar y restringir el uso de esta facultad presidencial sólo a determinados delitos”85.

73Esta situación fue difícil de ajustar ya que ciertos políticos propusieron una transacción: la liberación de los presos contra la impunidad. Estos últimos rechazaron esta opción por razones políticas, morales y personales.

  • 86 Baudin, Gilles, “Le président Aylwin a renoncé à provoquer la démission du général Pinochet”, Le Mo (...)
  • 87 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 303.
  • 88 Petras, J., “Le Chili et l’Amérique latine”, Op. Cit., p. 208.
  • 89 Markowitz, Monique, “Les Chiliens aux urnes”, L’Humanité, París, 11/12/1993, p. 10.

74El Gobierno envió un proyecto de ley para reducir las condenas. Pero después de los atentados de la extrema izquierda, y sobre todo después del atentado contra Jaime Guzmán, no quiso tomar el riesgo de un enfrentamiento con la derecha, que se oponía a la liberación de los “terroristas”86. La Concertación se distanció así de la extrema izquierda y rechazó una estigmatización radical de los partidarios de la dictadura87. Aunque los descubrimientos de fosas comunes se multiplicaban y las víctimas de la dictadura se hacían oír, los políticos concertacionista procuraron reconciliarse con los militares en detrimento de los presos88. El Presidente pudo liberar a once presos en marzo de 1991. En efecto, se necesitaba tiempo para aplicar la amnistía porque, para respetar la ley, había que esperar una sentencia judicial para cada detenido. Ahora bien, dos aspectos enotrpecían la llegada a esa etapa final del proceso judicial: los fiscales militares aumentaron los complementos de investigación sin llegar a la sentencia, y la justicia penal se encontraba carente de personal para acelerar los procesos. Si los presos obtenían el indulto debido a la gravedad de los hechos, su pena podía ser expiada en el extranjero. Para ciertos periodistas, esta situación correspondía al “nuevo exilio de la democracia”89.

75En 1993 quedaban encarcelados sólo los presos políticos que se habían vinculado con la muerte de carabineros o de militares, es decir una treintena de individuos que fueron detenidos entre el mes de septiembre de 1993 y el diecinueve de diciembre de 1993. Su caso era más simbólico que el de los otros presos ya que el Ejército se oponía a su liberación. La Vicaría de la Solidaridad no se preocupaba de ellos ya que no los consideraba como presos políticos. Esta institución se disolvió en noviembre de 1992 porque consideró que había cumplido su misión. Patricio Aylwin usó de su derecho de indulto pero adicionó medidas de expatriación. Algunas asociaciones de defensa de derechos humanos criticaron este procedimiento porque no se borraba la falta, la condena seguía existiendo en los antecedentes judiciales y no había una liberación total. El confinamiento era a menudo de cinco a diez años, pero ya no había encarcelamiento. Este procedimiento simbolizaba pues el compromiso pragmático.

76A fines de 1993 el último caso conflictivo en el expediente de los presos políticos seguía siendo el de los cuatro autores del atentado de septiembre de 1986 contra el General Pinochet. Fueron condenados a cadena perpetua. Para el gobierno se trataba de evitar una excepción a la liberación de los presos políticos. El mantenimiento en detención de los autores del atentado habría reafirmado el peso personal del General frente al Gobierno civil. Desde septiembre de 1992, momento del envío de la petición de indulto, hasta septiembre de 1993, el Presidente Aylwin no se expresó sobre este tema. Pero indultó y desterró a los tres condenados (Hector Figueroa, Juan Ordenes y Hector Maturana) el 9 de marzo de 1994, el día antes de la expiración oficial de su mandato. Se les acogió en Bélgica el día siguiente. En El poder de la paradoja, Patricio Aylwin relató esta gestión:

  • 90 Citado en Cerrano M. & Cavallo, A., El Poder de la paradoja, Op. Cit. p. 46-47.

“El último caso que me tocó fue el de la personas comprometidas en el atentado contra el general Pinochet. Cuatro individuos, dos de ellos condenados a 40 años de presidio. Se los conmuté por 40 años de extrañamiento. Se hizo gestiones con el gobierno de Bélgica, que les dio asilo (…)”. Firmó ese indulto el día antes de terminar su gobierno: “porque después de las diabluras que me había hecho el general en otras ocasiones, no quise exponer al país a que el día de la transmisión del mando tuviéramos un bochorno, algún acto de fuerza (…). Me parecía que 40 años de extrañamiento era suficiente pena para un delito frustrado. Creía que esa gente ya había pagado. Y ser exiliados por el resto de sus días (…)”90.

  • 91 Pozo, José del, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 167.

77La inserción de los ex presos políticos era también difícil: les costaba encontrar a un empleador, no podían enseñar o trabajar en la comunicación y veían sus derechos civiles reducidos91.

Conclusión

  • 92 Dieguez, José Antonio, “Le président Aylwin gracie quatre prisonniers avant de quitter ses fonction (...)

78Durante la presidencia de Patricio Aylwin, se avanzó paulatinamente en la problemática de los derechos humanos, pero debido a las presiones militares y debido a la prioridad dada a la democratización institucional, la tarea del Gobierno en materia de justicia pareció inconclusa. Patricio Aylwin reconoció “con dolor que queda[ba] mucho que hacer”92. Su sucesor debería pues continuar sus esfuerzos.

79Sin embargo, en una perspectiva comparatista, el ejemplo de Brasil mostró que el proceso de verdad y de justicia es muy largo. Casi treinta años después del fin de la dictadura militar, Brasil instauró una Comisión de la Verdad para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1964-1985). Creada el 18 de noviembre de 2011, esta Comisión de la Verdad debía aclarar los hechos y las circunstancias en las cuales fueron cometidas las violaciones graves de los derechos humanos. Se trataba de hacer efectivo el derecho a la verdad y a la memoria así como de promover la reconstrucción de la historia y la reconciliación nacional. Una problemática que sigue estando presente en el Chile actual.

Fuentes primarias

80Anónimo, “Los puntos expuestos por el General Pinochet”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, nº385, julio-septiembre de 1989, p. 10.

81Anónimo, “Bases programáticas de las candidaturas presidenciales”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, nº387, noviembre-diciembre de 1989, p. 48.

82Cavallo, Ascanio, La historia oculta de la transición. Memoria de una época 1990-1998, Uqbar Editores, Santiago de Chile, 2012, 470 p.

83Comisión chilena de derechos humanos, Las deudas de la transición. Balance de derechos humanos, Ediciones Nacionales SA, Santiago de Chile, 1994, 214 p.

84Garretón M., Roberto, “Política de derechos humanos del gobierno democrático”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, nº391, agosto de 1992, p. 25.

85Serrano, Margarita & Cavallo, Ascanio, El Poder de la paradoja. 14 Lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin, Grupo Editorial Norma, Santiago de Chile, 2006, 302 p.

86Silva Henríquez, Raúl, “El alma de Chile”, Política y Espíritu, Santiago, Chile, nº386, octubre 1989.

Fuentes secundarias

87Adrian, Bruno, “Le Sénat chilien a destitué un juge à la Cour Suprême”, Le Monde, Paris, 25/01/1993, p. 3.

88Baudin, Gilles, “Les funérailles de la ‘réconciliation’ ”, Le Monde, Paris, 6/09/1990, p. 8.

89Bras, Olivier, “L’honneur recouvré de la justice chilienne”, L’Express, Paris, nº2.563, 17-23/08/2000, p. 31.

90Cassen, “Au Chili, les sirènes de l’oubli et les dividendes du libéralisme”, Le Monde Diplomatique, Paris, nº491, février 1995, p. 8-9.

91Garçon, José & Semo, Marc (propos recueillis par), “ ‘Passible de crime de lèse-humanité’ ”, Libération, Paris, 14-15/11/1998, supplément, p. VIII.

92Guell, Pedro & Lechner, Norbert, “Pinochet: un passé qui ne passe pas. À propos de la construction de la mémoire au Chili”, Esprit, Paris, nº258, novembre 1999, p. 10-11.

93Lionet, Christian & Olivares, Eduardo, “Eduardo Frei élu haut la main président du Chili”, Libération, Paris, 13/12/1993, p. 22.

94Mattarolo, Rodolfo, “L’Amérique latine à la recherche de l’État de droit”, Le Monde Diplomatique, Paris, nº444, mars 1991, p. 21.

95Miot, Jean, “De Pinochet à Aylwin”, Le Figaro, Paris, 3/09/1990, p. 10.

96Thomas, Gérard, “La Réconciliation nationale par l’oubli”, Libération, Paris, 4/02/1991, p. 21.

97Thomas, Gérard, “Pinochet, seize années de dictature”, Libération, Paris, 14-15/11/1998, supplément, p. VII.

98Thonon, Sophie, “Amère victoire”, L’Humanité, Paris, 9/04/1999, p. 27.

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Bibliografía

Cohen, James, “Démocratie, libéralisme et socialisme ‘renové’ au Chili”, en Alvarez Bejar, Alejandro & Cammarck, Paul & Cardenas, Cuauhtémoc et al., Amérique latine, démocratie et exclusion, L’Harmattan, Futur Antérieur, Paris, 1991, p. 121-140.

Coicaud, Jean-Marc, L’introuvable démocratie autoritaire. Les dictatures du Cône Sud: Uruguay, Chili, Argentine (1973-1982), L’Harmattan, Paris, 1982, p. 216.

Fregosi, Renée, “La société civile, acteur ‘politique’ de la construction de mémoire des dictatures. Le cas argentin dans une perspective comparée transatlantique” en Mogin-Martin, Roselyne & Fisbach, Erich (dir.), Après la dictature : la société civile comme vecteur mémoriel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.

Gandolfini, Alain, “Justice et démocratie” en Collectif, Quel avenir pour la démocratie en Amérique latine?, Éditions du CNRS, Paris, 1989, p. 55-69.

García Castro, Antonia, La mort lente des disparus au Chili, sous la négociation civils-militaires (1973-2002), Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, 280 p.

Guillaudat, Patrick & Mouterde, Thomas, Les Mouvements sociaux au Chili 1973-1993, L’Harmattan, Collection Recherches et Documents-Amérique Latine, Paris, 1995, 304 p.

Hermet, Guy & Santiso, Javier, “L’affaire Pinochet”, Commentaires, Paris, vol. 22, nº85, printemps 1999, p. 113-119.

Lefranc, Sandrine, Politiques du pardon, PUF, Paris, 2002, 363 p.

Marko, Zita, “La agenda política de la transición chilena” en Anderle, Adam & Girón, José (eds.), Estudios sobre transiciones democráticas en América Latina, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1997, p. 181-223.

Martin, Alfredo, Les Mères “folles” de la Place de Mai. Maternité, contre-institution et raison d’État, Renaudot et Compagnie, Paris, 1989, 144 p.

Patino, Bruno, Pinochet s’en va… La transition démocratique au Chili (1988-1994), IHEAL Éditions, Paris, 2000, 353 p.

Pérotin-Dumon, Anne, “El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura. Apuntes de una historiadora”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Paris, 23/05/2005, http://nuevomundo.revues.org/954, consultado el 13 de mayo de 2013.

Pozo, José del & Jacob, André (dir.), Le Chili de 1970 à 1990: de l’Unité Populaire à l’après-Pinochet, VLB, Montréal, 1994, 227 p.

Pozo, José del, Le Chili contemporain. Quelle démocratie?, Éditions Nota Bene, Québec, 2000, 259 p.

Salvat B., Pablo, “Le complexe héritage en matière de droits humains et sa gestion par les deux administrations de la Concertation” en Collectif, Le modèle chilien: à suivre? Bilan socio-politique d’une décennie, Commission Justice et Paix nationale francophone, Bruxelles, 1999, p. 19-28.

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Notas

1 Hermet, Guy & Santiso, Javier, “L’affaire Pinochet”, Commentaires, Paris, vol. 22, n°85, printemps 1999, p. 114.

2 Cohen, James, “Démocratie, libéralisme et socialisme ‘rénové’ au Chili’, en Alvarez Bejar, Alejandro; Cammarck, Paul & Cardenas, Cuauhtémoc et alii, Amérique latine, démocratie et exclusion, L’Harmattan, Futur Antérieur, Paris, 1991, p. 122.

3 Bras, Olivier, “L’honneur recouvré de la justice chilienne”, L’Express, Paris, nº2.563, 17-23/08/2000, p. 31.

4 Thonon, Sophie, “Amère victoire”, L’Humanité, Paris, 9/04/1999, p. 27.

5 Gandolfini, Alain, “Justice et démocratie”, en Collectif, Quel avenir pour la démocratie en Amérique latine ?, Éditions du CNRS, Paris, 1989, p. 60-61.

6 Gandolfini, A., “Justice et démocratie”, Op. Cit., p. 65.

7 Patino, Bruno, Pinochet s’en va… La transition démocratique au Chili (1988-1994), Paris, IHEAL, 2000, p. 60.

8 Bras, O., “L’honneur recouvré…”, Op. Cit., p. 31.

9 Pozo, José del, Le Chili contemporain. Quelle démocratie ?, Éditions Nota Bene, Québec, 2000, p. 101.

10 Thomas, Gérard, “Pinochet, seize ans de dictature”, Libération, Paris, 14-15/11/1998, supplément, p. VII.

11 Lefranc, Sandrine, Politiques du pardon, PUF, Paris, 2002, p. 43.

12 Anónimo, “Los puntos expuestos por el General Pinochet”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n°385, julio-septiembre de 1989, p. 10.

13 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 344.

14 Citado en Bruno, Patino, Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 281.

15 Martin, Alfredo, Les Mère “ folles” de la Place de Mai. Maternité, contre-institution et raison d’État, Renaudot et Compagnie, Paris, 1989, p. 60.

16 Baudin, Gilles, “Les funérailles de la ‘réconciliation’ ”, Le Monde, Paris, 6/09/1990, p. 8.; ver también Garçon, José & Semo, Marc (propos recueillis par), “Passible de crime de lèse-humanité”, Libération, Paris, 14-15/11/1998, supplément, p. VIII; Cassen, Bernard, “Au Chili, les sirènes de l’oubli et les dividendes du libéralisme”, Le Monde Diplomatique, Paris, nº491, février 1995, p. 8-9.

17 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 121.

18 Citada en García Castro, Antonia (entretien réalisé par), “ ‘Les victimes ne veulent pas se réconcilier’: entretien avec Luisa Castro Nilo”, en Crowley, John, (dir.), Pacifications, Réconciliation (1), Cultures & Conflits, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 92.

19 Citado en Serrano, Margarita & Cavallo, Ascanio, El Poder de la paradoja. 14 Lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin, Grupo Editorial Norma, Santiago de Chile, 2006, p. 48.

20 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 256-257.

21 Anónimo, “Bases programáticas de las candidaturas presidenciales”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n°387, noviembre-diciembre de 1989, p. 48.

22 Salvat B., Pablo, “Le complexe héritage en matière de droits humains et sa gestion par les deux administrations de la Concertation”, en Collectif, Le modèle chilien: à suivre ? Bilan socio-politique d’une décennie, Commission Justice et Paix nationale francophone, Bruxelles, 1999, p. 24-25.

23 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 259.

24 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 116.

25 Lionet, Christian & Olivares, Eduardo, “Eduardo Frei élu haut la main président du Chili”, Libération, Paris, 13/12/1993, p. 22.

26 Manuel Antonio Garretón, citado en Fregosi, Renée, “La question des droits de l’Homme au cœur des démocraties latino-américaines” en Fregosi, Renée & España, Rodrigo (dir.), Droits de l’Homme et consolidation de la démocratie en Amérique du sud, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 16.

27 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 94-95.

28 Jacob, André, “Le Chili vu du Nord”, en Pozo, José del & Jacob, André (dir.), Le Chili de 1970 à 1990: de l’Unité Populaire à l’après-Pinochet, VLB, Montréal, 1994, p. 114-116.

29 Citado en Jarry, Irène, “La victoire de la démocratie”, Le Figaro, Paris, 9/08/2000, p. 2.

30 Coicaud, Jean-Marc, L’introuvable démocratie autoritaire. Les dictatures du Cône Sud: Uruguay, Chili, Argentine (1973-1982), L’Harmattan, Paris, 1982, p. 117.

31 Adrian, Bruno, “Le Sénat chilien a destitué un juge à la Cour Suprême”, Le Monde, Paris, 25/01/1993, p. 3.

32 Guell, Pedro & Lechner, Norbert, “Pinochet: un passé qui ne passe pas. À propos de la construction de la mémoire au Chili”, Esprit, Paris, n°258, novembre 1999, p. 10-11.

33 La expresión del subtítulo proviene de Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 256.

34 Silva Henríquez, Raúl, “El alma de Chile”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n°386, octubre 1989, p. 61.

35 Patino, B., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 265.

36 Cavallo, Ascanio, La historia oculta de la transición. Memoria de una época 1990-1998, Uqbar Editores, Santiago de Chile, 2012, p. 25.

37 Cavallo, A., La historia oculta, Op. Cit., p. 25.

38 Cavallo, A., La historia oculta, Op. Cit., p. 27-29.

39 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 46-47.

40 Marko, Zita, “La agenda política de la transición chilena” en Anderle, Adam & Girón, José (eds.), Estudios sobre transiciones democráticas en América latina, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1997, p. 195.

41 Thomas, Gérard, “La Réconciliation nationale par l’oubli”, Libération, Paris, 4/02/1991, p. 25.

42 Fregosi, Renée, “La société civile, acteur ‘politique’ de la construction de mémoire des dictatures. Le cas argentin dans une perspective comparée transatlantique”, en Mogin-Martin, Roselyne & Fisbach, Erich (dir.), Après la dictature: la société civile comme vecteur mémoriel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 30.

43 Mattarolo, Rodolfo, “L’Amérique latine à la recherche de l’État de droit”, Le Monde Diplomatique, Paris, nº444, mars 1991, p. 21.

44 Lefranc, S, Politiques du pardon, Op. Cit., p. 41.

45 Patricio Aylwin, citado en Serrano, M. & Cavallo, A., El poder de la paradoja, Op. Cit., p. 150.

46 Thomas, Gérard, “Pinochet sous le feu du rapport Rettig”, Libération, Paris, 6/03/1991, p. 32.

47 Anonyme, “Réconciliation à petits pas au Chili”, Le Monde, Paris, 26/03/1991, p. 1.

48 Baudin, Gilles, “Qui se souvient des crimes de M. Pinochet ?”, Le Monde Diplomatique, París, nº459, junio 1992, p. 19.

49 Citado en Thomas, G., “Pinochet sous le feu”, Op. Cit., 6/03/1991, p. 32.

50 García Castro, Antonia, La mort lente des disparus au Chili, sous la négociation civils-militaires (1973-2002), Maisonneuve et Larose, París, 2002, p. 143.

51 Guillaudat Patrick & Mouterde, Thomas, Les Mouvements sociaux au Chili 1973-1993, L’Harmattan, Paris, collection Recherches et Documents-Amérique Latine, 1995, p. 242.

52 Garcia Castro, A., La mort lente, Op. Cit., p. 144.

53 Baudin, Gilles, “Le compositeur Víctor Jara a été assassiné après avoir été torturé”, Le Monde, París, 7/03/1991, p. 8.

54 Pozo, J. del, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 96-97.

55 Pérotin-Dumon, Anne, “El pasado vivo de Chile en el año del Informe sobre la Tortura. Apuntes de una historiadora”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, París, 23/05/2005, http://nuevomundo.revues.org/954, consultado el 13 de mayo de 2013.

56 Citado en Teulière, Gérard, “Démocratie sous surveillance au Chili”, Le Monde Diplomatique, París, nº474, septembre 1993, p. 24.

57 Garretón M., Roberto, “Política de derechos humanos del gobierno democrático”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n°391, agosto de 1992, p. 25.

58 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 261.

59 Zita Marko, “La agenda política”, Op. Cit., p. 199.

60 Adrian, Bruno, “Une ‘gesticulation’ du général Pinochet”, Le Monde, París, 1/06/1993, p. 5.

61 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 47.

62 Thomas, Gérard, “La Réconciliation nationale par l’oubli”, Libération, París, 4/03/1991, p. 25.

63 Baudin, Gilles, “Trois mille cinq cents assassinats politiques sont imputables au régime du général Pinochet”, Le Monde, París, 12/02/1991, p. 14.

64 Garçon, José, “En Amérique du Sud, l’impunité pour prix de la démocratie”, Libération, París, 14-15/11/1998, supplément p. VIII.

65 Martin, A., Les Mères “folles”, Op. Cit., p. 22.

66 Thomas, Gérard, “La dictature, compte-rendu en 2 000 pages”, Libération, Paris, 11/02/1991, p. 29.

67 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 284.

68 Olivares, E., “La justice de Santiago relance l’affaire Letelier”, Libération, Paris, 25/09/1991, p. 31.

69 José del Pozo, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 111.

70 Adrian, Bruno, “L’ancien chef de la police secrète comparaît pour homicide”, Le Monde, París, 20/02/1993, p. 4.

71 Juan Pablo Letelier, citado en Adrian, Bruno, “Chili: les commanditaires de l’assassinat d’Orlando Letelier ont été condamnés à des peines de prison”, Le Monde, París, 16/11/1993, p. 7.

72 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 10.

73 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 282-283.

74 Jacot, Martine, “Eduardo Frei semble assuré de remporter l’élection présidentielle du 11 décembre”, Le Monde, París, 11/12/1993, p. 4.

75 Olivares, Eduardo, “Santiago, la mémoire toujours pas réconciliée”, Libération, París, 11-12/09/1993, p. 18.

76 Lefranc, S., Politiques du Pardon, Op. Cit., p. 130-131.

77 Patricio Aylwin, citado en Adrian, Bruno, “Les enquêtes sur les violations des droits de l’homme pendant la dictature seront accélérées”, Le Monde, París, 5/08/1993, p. 6.

78 Adrian, Bruno, “Première visite d’un chef d’État chilien en France depuis 1965”, Le Monde, París, 13/07/1992, p. 6.

79 Anónimo, “Bases programáticas de las candidaturas presidenciales”, Política y Espíritu, Santiago de Chile, n° 387, noviembre-diciembre de 1989, p. 52.

80 Del Pozo, José, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 166-167.

81 Calame, Brigitte, “Pinochet rend son tablier à Valparaíso”, Libération, París, 12/03/1990, p. 27.

82 Zita, Marko, “La agenda política”, Op. Cit., p. 197.

83 Patino, B., Pinochet s’en va, Op. Cit., p. 261-262.

84 Petras, James, “Le Chili et l’Amérique latine: démocratie et pauvreté ou pauvreté de la démocratie” en Pozo, José del & Jacob, André (dir.), Le Chili de 1970 à 1990, Op. Cit., p. 208.

85 Comisión chilena de derechos humanos, Las deudas de la transición. Balance de derechos humanos, Ediciones Nacionales SA, Santiago de Chile, 1994, p. 72.

86 Baudin, Gilles, “Le président Aylwin a renoncé à provoquer la démission du général Pinochet”, Le Monde, París, 14/03/1991, p. 5.

87 Lefranc, S., Politiques du pardon, Op. Cit., p. 303.

88 Petras, J., “Le Chili et l’Amérique latine”, Op. Cit., p. 208.

89 Markowitz, Monique, “Les Chiliens aux urnes”, L’Humanité, París, 11/12/1993, p. 10.

90 Citado en Cerrano M. & Cavallo, A., El Poder de la paradoja, Op. Cit. p. 46-47.

91 Pozo, José del, Le Chili contemporain, Op. Cit., p. 167.

92 Dieguez, José Antonio, “Le président Aylwin gracie quatre prisonniers avant de quitter ses fonctions”, Le Monde, París, 12/04/1994, p. 3.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Élodie Giraudier, « La justicia de transición en Chile (1990-1994). Mirada desde la prensa francesa », Revista Historia y Justicia [En línea], 1 | 2013, Publicado el 30 octubre 2013, consultado el 16 julio 2025. URL : http://journals.openedition.org/rhj/6642 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhj.6642

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Autor

Élodie Giraudier

Master II en Investigación en Ciencias Humanas y Doctor © en Historia Contemporánea (IHEAL, Universidad de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle). Paris, Francia.
elodie.giraudier@gmail.com

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