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Varia

Experiencias de trabajo y justicia en el tribunal de Comercio de Buenos Aires a mediados del siglo XIX

Labor and justice experiences in the Commercial Courts of Buenos Aires in the mid-19th century
Expériences de travail et de justice dans les tribunaux de commerce de Buenos Aires au milieu du XIXe siècle
Gabriela Mitidieri

Resúmenes

El presente artículo propone un abordaje de expedientes judiciales del Tribunal de Comercio de la ciudad de Buenos Aires para distinguir experiencias de demanda de justicia protagonizadas por trabajadores y trabajadoras ocupados en la venta y confección de indumentaria. Argumento que en los términos de sus reclamos es posible entrever relaciones sociales de género, raza y edad que le dieron forma a la vivencia de lo que se entendía como justo o injusto en el ámbito laboral. Me detengo en particular en consideraciones acerca del trabajo esclavo y sobre el honor femenino que fueron expresadas en juicios analizados. A su vez, por tratarse de una justicia lega, no letrada, en la que era posible comparecer a título personal y sin la presencia de abogados o mediadores, busco identificar cuáles fueron las restricciones explícitas o implícitas de acceso, cuáles las estrategias desplegadas y a qué jurisprudencia o normas consuetudinarias se invocó en sus estrados. En un período histórico poco explorado en términos de experiencias laborales urbanas, propongo un aporte específico al analizar este tipo de conflictos con las herramientas de la historia social en perspectiva de género.

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Notas de la redacción

Recibido : 31/10/2021 / Aceptado : 14/04/2022

Texto completo

Introducción

  • 1 Archivo General de la Nación (AGN), Tribunal de Comercio (TC), 1854-Don Jose María de Iturriza cont (...)

1El 8 de marzo de 1854, José María de Iturriza inició una demanda contra el empresario Alejandro Lago en el Tribunal de Comercio de la ciudad de Buenos Aires. El motivo que presentó ante la Justicia era que Lago adeudaba alrededor de cuatro años de sueldos impagos a sus dos hijos, José María y Antonio, de 22 y 23 años, respectivamente, colocados en calidad de dependientes en las roperías del empresario en la calle Piedad. “¿Y cómo mis hijos se hacían así esclavos de Lago por años enteros? ¿Cómo lo consentía yo?”, se interrogaba José María padre en su descargo. La respuesta a su pregunta se hallaba en la promesa que Lago había hecho de que con el tiempo los convertiría en habilitados de las tiendas, es decir, los promovería al rol de encargados de administrarlas, con lo que percibirían un tercio de los ingresos de aquellas. Sin embargo, tal ascenso no había ocurrido. Iturriza señalaba: “(…) la esperiencia nos ha enseñado que tales promesas no importaban sino redes insidiosas para retener a mis hijos como a negros de África esclavizados”. Y concluía: “Nadie tiene el derecho de servirse de balde de quien no le pertenece”1. Según su punto de vista, el empresario no podía servirse de ellos a su antojo, ya que eran trabajadores libres, no esclavos. El padre buscaba subrayar no solo la falta de remuneración de sus hijos, sino también el incumplimiento de una promesa de ascenso y el sostenimiento de un arreglo laboral que los acercaba a una forma de trabajo servil. Iturriza identificaba que la colocación de sus hijos les confería derechos que el empresario había ignorado deliberadamente.

  • 2 El presente es un escrito que se inserta en una investigación de largo aliento acerca de experienci (...)

2Demandas en reclamo de salarios eran frecuentes en el ámbito de la justicia comercial de la ciudad. En el marco de procesos de cambio entre el trabajo esclavo y el libre y en un contexto de presencia creciente de mujeres ocupándose en diversas labores, los sentidos acerca de lo que correspondía por derecho o como cosa justa en los mundos del trabajo se encontraban atravesados por consideraciones raciales y de género. En el presente artículo, indago en expedientes del Tribunal de Comercio de Buenos Aires en las décadas centrales del siglo XIX con la intención de identificar tales sentidos de justicia laboral y las relaciones sociales que los moldearon2.

  • 3 Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, 1855, p. 56. En términos de espacios de produ (...)

3La mirada se centra de manera particular en demandas que involucraron a artesanos, artesanas y trabajadores de la confección y venta de indumentaria en la ciudad. Se trataba de una de las actividades comerciales más dinámicas de la ciudad. En una Buenos Aires que contaba con alrededor de 90.000 habitantes a mediados de siglo XIX, existían alrededor de 170 tiendas y talleres en el rubro de sastrería, ropería, sombrerería y tiendas de modista, las cuales empleaban a hombres, mujeres, niños y niñas3. Era el único oficio con características artesanales abierto a mujeres y en el momento analizado era un rubro laboral que atravesaba un proceso de industrialización que se expresaba en la fragmentación de las tareas de sastres y modistas, en la incorporación de costureras y de mujeres y jovencitas con nociones básicas de costura en los talleres y en la progresiva introducción de tecnología novedosa expresada en la máquina de coser.

  • 4 “Listado de jornales”, publicado en diario El Nacional, 1/8/1855, p. 2.

4Estudiar las posibilidades que trabajadores y trabajadoras tenían de recurrir a la justicia comercial en el período elegido es una oportunidad para observar facilidades y restricciones para acceder a los tribunales, tanto expresas como implícitas. Se trataba de hombres y mujeres que habían llegado a esta instancia legal iniciando demandas ellos mismos o compareciendo en pleitos que los y las involucraban. Aquel tribunal, denominado previamente Consulado de Comercio, creado como parte de las reformas borbónicas en el Virreinato del Río de la Plata, era el espacio de justicia que dirimía pleitos de la esfera comercial. A partir de un decreto firmado durante el gobierno de Bernardino Rivadavia en 1822, dentro del acto de comercio quedó comprendido también todo lo referente a sueldos y salarios. Tal definición habilitó a que el tribunal arbitrara desde entonces en pleitos como el protagonizado por Iturriza y sus hijos. Como mostraré, se trataba en su mayoría de demandas iniciadas sin intermediación de abogados ni de magistrados letrados de ningún tipo, en las que los sujetos y sujetas comparecían a título personal. Iniciar una demanda sencilla de reclamo de sueldo requería contar con un monto que iba de los $100 a los $200 moneda corriente para costear los gastos administrativos que demandaba el tribunal. Si bien a mediados del siglo XIX los jornales de trabajadores y trabajadoras urbanos oscilaban entre los $15 y los $204, quien iniciaba un pleito, de todos modos, esperaba que de conseguir lo que consideraba de justicia fuera la persona demandada la que corriera con esos gastos. No obstante, las nociones de lo justo que aparecen en los expedientes no solo eran expresadas por aquellos que iniciaban reclamos, sino también por las personas que debían comparecer ante la justicia, comúnmente en situaciones de concursos de acreedores tras la quiebra del negocio propio o de aquel que se administraba.

  • 5 En el marco de una investigación de largo aliento, analicé 271 pleitos del Tribunal de Comercio. So (...)
  • 6 Quaglia, Carolina L., “Las capacidades civiles de las mujeres casadas a través de los textos de for (...)

5El fondo documental Juzgado de Comercio del Archivo General de la Nación (Argentina) conserva diversas fuentes y su heterogeneidad da cuenta de los cambios atravesados por esa instancia de justicia, sus distintas competencias y alcance jurisdiccional, el cual varió al compás de los cambios político-institucionales que signaron el siglo XIX. Conviven así en dicho fondo documentos producidos por el consulado de comercio y sus políticas para fomentar la actividad a fines de siglo XVIII y comienzos del XIX, pleitos entre comerciantes y demandas que involucraban deudas en dinero que superaban las competencias de la justicia de paz o civil. Entre los criterios de selección para la construcción de mi corpus documental primó la búsqueda de trabajadores y trabajadoras de las ropas entre las partes en disputa y la atención a conflictos que involucraran a artesanos y artesanas en general. Se estudiaron especialmente los expedientes con materia jurídica “por cobro de pesos”, los cuales aludían a demandas por deudas, y aquellos en los que aparecían artesanos o artesanas concursados por quiebra. Dentro del total de los pleitos analizados, son escasos los expedientes en los que aparecen mujeres entre las partes enfrentadas5. La historiadora del derecho Carolina Quaglia señaló que hasta la sanción y puesta en vigor del Código Civil de la Nación Argentina, en 1869, la jurisprudencia de origen hispánico, a la que se apelaba y que se enseñaba en la Universidad de Buenos Aires desde la década de 1820, establecía la incapacidad jurídica de las mujeres para suscribir contratos o iniciar demandas legales, a no ser que contaran con la expresa autorización de su padre o de su marido. En caso de no existir este, un juez podía otorgar un permiso equivalente. Por otra parte, las mujeres podían demandar por sí mismas en la justicia civil a sus maridos en caso de que, separados de hecho, estos no cumplieran en suministrarles dinero para alimentos y manutención de los hijos6. En los expedientes analizados, no todas las mujeres que llevaron adelante acciones legales contaban con autorizaciones masculinas para hacerlo, pero es posible que la existencia de tal restricción, sumada a los costos que imponía el Tribunal Comercial y a la proximidad de otras instancias de justicia más accesibles, contribuyera a que, efectivamente, la presencia femenina en estos legajos fuera minoritaria. El análisis de sus experiencias, no obstante, contribuye a arrojar luz sobre las especificidades históricas de ese acceso a la justicia laboral y a los sentidos de lo que correspondía por derecho para ellas en los mundos del trabajo.

  • 7 Romero, Luis Alberto y Sabato, Hilda, “Artesanos, oficiales, operarios: trabajo calificado en Bueno (...)

6Este estudio entra en diálogo historiográfico con distintas líneas de análisis que entrecruzan al objeto de estudio. En primer lugar, este período ha sido estudiado por diversos exponentes de la historiografía social y económica como un tiempo de aumento de la oferta laboral y como de expansión de un mercado de trabajo libre y asalariado. En los estudios de Hilda Sabato y Luis Alberto Romero, se postuló la existencia de un mercado fluido y heterogéneo, caracterizado por la alta movilidad geográfica y ocupacional y por la predominancia de empleos de baja calificación. La asociación de tal tendencia con una idea de modernización hacía aparecer un conjunto de rasgos de los mundos del trabajo de mediados de siglo como resabios de tiempos pretéritos: vínculos de dependencia y tutela, coacción, precariedad, ausencia de remuneración en dinero, formas de trabajo artesanal7. Argumento que al analizar los expedientes de los que este escrito se ocupa, es posible distinguir que tal rumbo hacia un mercado libre y asalariado no seguía una línea unívoca, que existían disputas al respecto y que explorar los conflictos al nivel de los espacios de trabajo permite reconstruir los términos en los que se dieron tales disputas.

  • 8 Estudios recientes de este tipo pueden encontrarse en la obra dirigida por Barriera, Darío, Justici (...)
  • 9 Ver, por ejemplo, Fradkin, Raúl (comp.), El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la constr (...)
  • 10 Kraselsky, Javier, “De las Juntas de Comercio al Consulado. Los comerciantes rioplatenses y sus est (...)

7En lo que refiere específicamente a la historia de la Justicia de Buenos Aires durante el siglo XIX, existe un conjunto nutrido de investigaciones que centraron su mirada en la elaboración y administración cotidiana de la ley, así como en la experiencia de sus magistrados, tanto legos como letrados8. Caracteriza a esta tradición el interés particular de hacer foco en el funcionamiento de instancias de justicia civil y criminal como una dimensión central de la construcción del entramado estatal. A su vez, una línea de investigación que abordó el uso que sujetos sociales subalternos hicieron de la Justicia buscó sondear tanto en sus estrategias de supervivencia como en la configuración de las culturas políticas en las que se encontraban inmersos9. Dentro de una línea semejante encontramos los trabajos de Javier Kraselsky y de María Angélica Corva, los cuales constituyen indagaciones clave para comprender específicamente la historia del Tribunal de Comercio y su dinámica cotidiana desde su creación y a lo largo del período al que me aboco10. Este artículo retoma tales pesquisas y busca realizar un aporte específico en torno al uso que los trabajadores y trabajadoras de la ciudad hicieron de la justicia comercial.

  • 11 Schettini, Cristiana, “Ordenanzas municipales, autoridad policial y trabajo femenino: la prostituci (...)
  • 12 Pita, Valeria, “Intromisiones municipales en tiempos de fiebre amarilla: Buenos Aires, 1871”, Revis (...)
  • 13 Espada Lima, Henrique y Popinigis, Fabiane, “Maids, Clerks and the Shifting Landscape of Labor Rela (...)

8Esta investigación se nutre de estudios recientes desde la historia social de los mundos del trabajo con perspectiva de género que abordaron distintas instancias legales e interpelaciones a poderes públicos como arena de disputa por aquello que era considerado justo, al ras de la experiencia de trabajadores y trabajadoras. La historiadora Cristiana Schettini, en su estudio sobre prostitución, circuitos migratorios y disputas entabladas ante los poderes municipales entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, observó cómo hombres y mujeres vinculados al comercio sexual interponían sus propios sentidos acerca de lo que era o no era explotación en las ciudades de Buenos Aires y de Río de Janeiro frente a funcionarios de policía y diferentes instancias de justicia11. Schettini corrió el foco de su investigación más allá de las nociones morales sobre la actividad que movilizaban las autoridades públicas y los organismos internacionales, subrayando cuáles eran los sentidos disputados por los propios trabajadores y trabajadoras en tales instancias. Por su parte, la investigadora Valeria Pita escudriñó en la forma en que eran interpretadas por ciertos trabajadores las disposiciones municipales de higiene frente a la epidemia de fiebre amarilla (1871) e identificó sus sentidos de justicia en torno a cómo y dónde residir y trabajar12. En una línea semejante, un artículo realizado por Fabiane Popinigis y Henrique Espada Lima indagó en arreglos laborales de dependientes de comercio y mujeres ocupadas en tareas de servir en Río de Janeiro entre 1830 y 1880, sus reclamos por remuneraciones y cómo la posibilidad de conseguir (o no) aquello que era considerado justo en el trabajo estaba atravesada por relaciones de género, raza y edad13. Tales claves analíticas y metodológicas son recuperadas en la confección del presente artículo.

9El escrito se organiza de la siguiente manera: en un primer momento, expongo el funcionamiento del Tribunal de Comercio y describo posibles caminos que hubieran llevado a trabajadores y trabajadoras hasta sus estrados. A su vez, distingo cambios que tuvieron lugar en esta esfera de justicia entre fines de la década de 1850 y comienzos de la década de 1860. En un segundo momento, vuelvo sobre el expediente de Iturriza contra Lago, que dio inicio al artículo, para indagar en cómo las nociones de justicia en torno al trabajo libre y al no libre estaban permeadas por consideraciones raciales. En tercer lugar, me pregunto por las ideas de honor, ley y costumbre en ciertos reclamos y busco evidenciar las relaciones de género entramadas en los sentidos de lo justo. En un apartado final, sintetizo las principales conclusiones a las que arriba el artículo.

El Tribunal de Comercio de Buenos Aires

  • 14 Corva, M. A., Del Consulado a la justicia…”, Op. Cit., p. 2.

10El funcionamiento del Tribunal de Comercio se retrotrae a la sanción de la cédula de erección del Real Consulado de Buenos Aires, el 30 de enero de 1794, por Carlos IV, como parte de las medidas descentralizadoras que promovió el reformismo borbónico. Ante el aumento del comercio ocasionado por la extensión del tráfico tras la sanción de la libertad de intercambio, en 1778, desde distintas ciudades puerto bajo dominio español se hicieron peticiones para crear consulados mercantiles. Tal institución actuaba como un cuerpo encargado de fomentar y proteger el comercio y funcionaba a su vez como tribunal mercantil14. Se trataba de un fuero particular para juzgar a los comerciantes, así como un órgano de fomento para proteger los intereses de sus miembros.

  • 15 Ver, por ejemplo, AGN, TC, 1849-D Jose Mariano Muñoz en representación de Pedro Puyos contra Da Jua (...)
  • 16 Corva, M. A., Del Consulado a la justicia…”, Op. Cit., p. 3-4.

11Las partes solían comparecer sin intermediarios: la presencia de abogados en este tipo de juicios resultaba marginal durante el período estudiado y la representación por medio de un apoderado debía ser solicitada al inicio del juicio y aprobada formalmente por las autoridades del tribunal15. Oídas las partes, se debía buscar “ya la transacción voluntaria, ya el compromiso en arbitradores y amables componedores”. De no avenir las partes, se concretaba el juicio verbal y se votaba la sentencia. Si el negocio era de difícil prueba, se podía realizar juicio escrito con un plazo máximo de ocho días. Si llegaba a ocurrir alguna dificultad de derecho grave, debía recurrirse al asesor titular, quien era un magistrado letrado. Cuando la disputa legal superaba los mil pesos, se podía apelar la sentencia ante la Alzada de Comercio, un tribunal formado por un oidor de la Real Audiencia y dos comerciantes elegidos por él, propuestos por las partes en pugna. Contra el fallo del tribunal de alzada cabía en ocasiones el recurso de nulidad o de injusticia notoria ante el Consejo de Indias16.

  • 17 “Las Ordenanzas mencionadas eran las que la hermandad de comerciantes de Bilbao había redactado y e (...)

12De acuerdo con María Angélica Corva, después de 1810 y hasta la sanción del Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, en 1859, el corpus legal al cual se apelaba para resolver los conflictos comerciales seguía este orden: 1) las leyes expedidas después de 1794, 2) las normas contenidas en la cédula ereccional de la corporación, 3) las ordenanzas del Consulado de Bilbao, 4) las leyes de Indias y 5) las leyes de Castilla. La costumbre y los usos comerciales acompañaban esta legislación como fuentes del derecho mercantil17. En 1822, el gobierno de Bernardino Rivadavia marcó un hito dentro de la legislación mercantil existente al generar para Buenos Aires un decreto para definir el acto de comercio, que hasta ese momento había permanecido difuso y sujeto a disputas. En adelante, ingresaba bajo la órbita del Tribunal de Comercio

  • 18 Extracto del decreto del 25 de abril de 1822. Registro Oficial, p. 88. Citado en Corva, M. A., Del (...)

“todo convenio por el cual se ha comprado una cosa para revenderla, o alquilar el uso de ella, bien sea en el mismo estado que se compró, o después de darle por el trabajo otra forma de mayor o menor valor. Toda operación sobre letras o cualquiera otro género de papel de comercio, de tesorería o fondos públicos. Todo sueldo, salario, compra de provisiones, útiles o materiales, y contratos pertenecientes a transportes por agua y por tierra”18.

  • 19 Kraselsky, J., Las corporaciones mercantiles…”, Op. Cit., p. 669.

13Las remuneraciones de distintos trabajadores y artesanos –entre quienes se contaban costureras, modistas, sastres y dependientes– eran parte de todo aquello que quedaba comprendido dentro del acto de comercio, de acuerdo con las definiciones rivadavianas. Esta medida apuntaba a clarificar competencias en el marco del arbitraje que realizaba el consulado como órgano corporativo en el que los comerciantes pleiteaban, que designaba a su vez a otros comerciantes como mediadores. Pero, aunque ese rol se veía fortalecido, el propio gobierno había logrado sustraerle a esta institución el poder de fomento de la industria y del comercio, al crear paralelamente una Junta de Comerciantes, presidida por el propio Bernardino Rivadavia, con la intención liberal de menoscabar los privilegios corporativos del consulado19.

14¿Por qué motivos llegaban al Tribunal de Comercio los trabajadores y trabajadoras de la ciudad? Existían dos grandes posibilidades: ser quien hubiera iniciado el pleito o comparecer como persona demandada. En el primer grupo solían ubicarse las demandas tituladas “por cobro de pesos”, muchas de las cuales hacían referencia a sueldos o salarios impagos. Dentro del segundo grupo se encontraban los artesanos o artesanas en quiebra o fallidas, quienes eran convocados a las instancias de juicio con sus acreedores para acordar formas de saldar las deudas habidas. ¿Y cómo accedían al tribunal aquellos y aquellas que iniciaban la demanda? ¿Qué otras instancias de justicia existían?

  • 20 Sobre la creación, funciones y competencias de la justicia de paz en la ciudad entre 1821 y el segu (...)

15A mediados del siglo XIX, en la ciudad de Buenos Aires el Tribunal de Comercio no era el único lugar para reclamar frente a situaciones injustas en el ámbito laboral, o no necesariamente el más eficaz. A partir de 1821, con el desmantelamiento de la institución del Cabildo, llevado adelante por el gobernador Martín Rodríguez y por Bernardino Rivadavia, se crearon justicias de paz en la ciudad y en la campaña. Su jurisdicción en el ámbito urbano se correspondía aproximadamente con la de cada una de las parroquias existentes. Se trataba de una justicia lega, no letrada, a cargo de vecinos reconocidos. Intervenían en juicios verbales, en disputas por deudas inferiores a cuatro mil pesos, procurando mantener un tono amigable y conciliatorio entre las partes20. Sus resoluciones podían ser apeladas, y la demanda se elevaba al Tribunal Civil o Comercial. Esta justicia de proximidad que encarnaban los jueces de paz resultaba además menos onerosa y de acceso más sencillo que las esferas de los tribunales, quienes recaudaban dinero para su propia caja en cada demanda en la que intermediaban.

  • 21 AGN, TC, 1860-Doña Petrona Lopez contra Don Juan Baldrig sobre liquidacion de una sociedad, folio f (...)

16¿Cuál era el costo de iniciar un pleito en la justicia comercial? En diciembre de 1860, con la carátula “Doña Petrona López contra Don Juan Baldrig sobre liquidacion de una sociedad”, tuvo lugar en el Tribunal de Comercio una demanda por la cual López reclamaba a Baldrig lo que le correspondía por el negocio de almacén en La Boca del Riachuelo que habían compartido y habían hecho fructificar juntos por el lapso de ocho años. Pasado ese tiempo, Baldrig había echado a López y dijo que todo le pertenecía solo a él. El pleito duró alrededor de cuatro meses, luego de los cuales llegaron a un acuerdo y Petrona desistió de proseguir el reclamo. Al concluir el expediente, el escribano del tribunal listaba los gastos que había generado la demanda: un total de $136 y 2 reales en concepto de los decretos emitidos ($32), de 21 notificaciones en el radio de las 6 cuadras del tribunal ($84), 2 fuera del radio ($8), 2 conocimientos ($4), 9 fojas al tasador ($22) y 2 sellos ($6)21.

  • 22 AGN, TC, 1855-Honore, Jorge contra Agustín Saavedra por cobro de pesos.
  • 23 Censo de Población de Buenos Aires, 1855. Parroquia de San Miguel, cuartel 12º, cédula nº 15. Calle (...)
  • 24 AGN, TC, 1855-Honore, Jorge contra Agustín Saavedra por cobro de pesos. F. 23/3/1855.
  • 25 Entre las funciones que concentraban los jueces de paz en la ciudad, dice Corva: “A pesar de todos (...)

17Las fronteras entre justicias eran porosas y a menudo existían vasos comunicantes que conducían a las personas por diferentes instancias, debiendo interpelar a distintos magistrados para conseguir lo que consideraban que les correspondía. El 28 de febrero de 1855, Jorge Honoré, de origen francés y de profesión cortador de sastre, decidió acudir a la Justicia a fin de reclamar los sueldos impagos que le adeudaba su patrón, don Agustín Saavedra22. Las peripecias del artesano para conseguir lo que según él “era de justicia” muestran las complicaciones y derivas que podía afrontar en ese momento un trabajador a la hora de demandar a su patrón. Comenzó por acudir al juez de paz de su parroquia, quien señaló que, por el monto de la deuda, el asunto estaba fuera de su competencia. Decidió así dirigirse al juez de primera instancia en lo civil, quien falló a su favor y dio autorización al juez de paz para que procediera a dar aviso a Saavedra, pero este magistrado se negó a hacerlo. Tal vez el estatus social económico dicho empresario hubiera desalentado al funcionario a intervenir activamente: censado ese año como hacendado, esposo de una heredera de la familia Medrano y residiendo en una casa de azotea de un piso, Saavedra ostentaba una posición de poder en la parroquia de San Miguel23. Finalmente, el comerciante compareció y apeló la sentencia, y señaló que, por tratarse de una sociedad mercantil, el caso debía ser juzgado específicamente en el Tribunal de Comercio, ya que la justicia civil no tenía competencia en la materia24. En las palabras del empresario, se evidenciaba el conocimiento que existía sobre el decreto rivadaviano y las competencias de las distintas esferas de justicia. Por su parte, el cortador no volvió a apelar; tal vez le resultara muy oneroso continuar con la demanda. En el recorrido que siguió el cortador Jorge Honoré se hacía visible un conjunto de contactos con diferentes magistrados que implicaban desplazamientos a través de la ciudad. El propio juez de paz de su parroquia25 parecería haberle sugerido que por el monto reclamado debía acudir directamente al Tribunal Civil. De esta manera, desde la parroquia de San Miguel, pudo haberse desplazado a pie, recorriendo las cinco cuadras hasta el viejo casco histórico, para así llegar a la manzana comprendida entre las calles Perú, Bolívar, Moreno y Potosí. En esa manzana se encontraban además las Cámaras Legislativas, la Biblioteca de la ciudad, la Oficina de Estadística, el Departamento Topográfico, la sede de la universidad, la Iglesia de San Ignacio y el Colegio de San Carlos (ver plano de la ciudad abajo). Y era a lo largo de la calle Perú donde se encontraban las principales tiendas de sastres y modistas. Esa proximidad puede haber sido un factor para estos trabajadores y trabajadoras a la hora de ponerse en conocimiento de los pasos a seguir para efectuar una demanda por salarios o trabajos impagos.

División eclesiástica de la ciudad de Buenos Aires. 1859

División eclesiástica de la ciudad de Buenos Aires. 1859

Fuente: Taullard, Alfredo. Los libros más antiguos de Buenos Aires: 1580-1880, Jacobo Peuser SA., Buenos Aires, 1940.

Manzana en la que se encontraba el Tribunal de comercio

Manzana en la que se encontraba el Tribunal de comercio
  • 26 Ver el Código en Google Books: https://books.google.com.ar/books/about/Codigo_de_comercio_para_el_e (...)

18La sanción del Código de Comercio del Estado de Buenos Aires en 1859 introdujo algunas modificaciones que impactaron en el acceso a la justicia comercial por parte de trabajadores y trabajadoras de la ciudad26. A partir de 1862, con el establecimiento de un proyecto político de estado nación unificado, con sede en Buenos Aires, el código pasaría a tener validez nacional. También se implementaría el cambio de magistrados legos a jueces letrados. Con la nueva codificación, se buscaba abandonar la formulación amplia del decreto de Rivadavia de 1822 en el que quedaban comprendidos en el acto de comercio trabajos, sueldos y salarios. En su lugar, el flamante Código desglosaba de manera pormenorizada en su artículo 7 (título I, De los comerciantes; capítulo I, De los comerciantes en general y de los actos de comercio) lo que entendía por acto de comercio, y señalaba que solo se pronunciaría respecto de los salarios de “dependientes y otros empleados de los comerciantes”. Pasaban así a constituir el único grupo de trabajadores que entraba en la órbita de la competencia del tribunal. A su vez, se especificaba que para ser comerciante, además de ser mayor de edad y tener matrícula –que debía tramitarse en el tribunal–, había que contar con peculio propio (art. 9). También, en el artículo 17 figuraba que la mujer de un comerciante que meramente hubiera auxiliado a su marido en el comercio no era reputada comerciante.

  • 27 AGN, TC, 1860-Doña Petrona Lopez contra Don Juan Baldrig sobre liquidacion de una sociedad.
  • 28 En el censo realizado en 1855, ambos aparecían residiendo juntos en una casilla de la parroquia de (...)

19Sin embargo, más allá de la codificación escrita, trabajadores y trabajadoras siguieron acudiendo al tribunal, con mayor o menor éxito, para intentar conseguir algo que se aproximara a sus sentidos de justicia. En el expediente entre Petrona López y Juan Baldrig, iniciado en 1860, un año después de la sanción del Código, Petrona reclamaba lo que le correspondía del negocio de almacén en el que había trabajado en conjunto con Baldrig, quien la expulsó del establecimiento27. Al observar cómo el Código de Comercio consideraba que el trabajo de las mujeres era auxiliar al de sus maridos, no sorprende que la estrategia de Petrona fuera ocultar el lazo afectivo que la había vinculado a Baldrig, el cual no es mencionado en ningún momento del pleito, para así enfatizar el trabajo realizado a la par de su compañero28.

  • 29 “Trabajadores de fábricas y labradores no sean arrestados por deudas civiles, 1786. Pragmática-Sanc (...)

20Asimismo, en adelante, la existencia del Código no iba a anular por completo la utilización de cuerpos legales previos que habían ofrecido amparo a trabajadores en Hispanoamérica a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. En 1860, al ser llamado a comparecer ante el Tribunal de Comercio por deudas, el artesano italiano Juan Ferro hizo alusión a la jurisprudencia que lo amparaba y señaló que tal información la había obtenido de otros trabajadores de su mismo origen. Invocó la Pragmática Sanción del 27 de mayo de 1786, firmada por el rey Carlos III, la cual establecía que a fabricantes y artesanos no se los podía encarcelar por deudas civiles o causas livianas ni serles embargadas sus herramientas29. Tal como señalaba Ferro en su testimonio, le constaba que eso era cierto porque a la misma sanción habían hecho mención en casos similares el maestro albañil Juan Demicheli y el maestro sastre Vicente Fornari, italianos como él. La experiencia de Ferro evidenciaba la existencia de espacios de sociabilidad entre compatriotas trabajadores que residían en la ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX, en donde se pondrían en común tanto nociones acerca de las competencias de la justicia comercial como herramientas que permitirían defenderse allí cuando fuera necesario.

  • 30 Ver, por ejemplo, AGN, TC, 1851-Concurso de Gautier e Isnardi; 1851-Concurso de Lorenzo Ortra; 1853 (...)
  • 31 AGN, TC, 1855-Concurso de acreedores de Don Defendente Ramela, f. 5.

21Tanto antes como después de la sanción del Código, una alternativa a la mano de muchos artesanos fue darse a la fuga, frente a la posibilidad cierta de que un estado de quiebra implicara tanto la pérdida de sus bienes como un arresto en la cárcel de deudores30. Dentro de los expedientes con estas características, uno en particular permite observar cuál era el itinerario posible tras abandonar el negocio. En 1855, Defendente Ramela, quien se hallaba al frente de una tienda de venta de géneros y ropa hecha en la calle Piedad, se dio a la fuga para no tener que enfrentar un concurso de acreedores y la prisión. Desde el Tribunal de Comercio se procedió a dar aviso a la Capitanía del Puerto y fue detenido en la costa de Santa Fe, a bordo de un barco de pasajeros31.

22Existían diferentes formas de acceder al tribunal: por propios medios, aconsejado por un juez de paz, teniendo tal vez contacto con otros trabajadores o compatriotas que hubieran conocido dicha instancia de justicia y sus complejidades. Al ser llevado a concurso de acreedores luego de una quiebra, más de un artesano, trabajador o comerciante optó por darse a la fuga. No obstante, diferentes personas que vivían de su trabajo consideraron que en esta instancia de justicia podían reclamarse derechos y denunciarse irregularidades ocurridas en el espacio de trabajo. Si bien había gastos administrativos que hacían que este recurso resultara oneroso, trabajadores y trabajadoras que iniciaron una demanda parecían tener una expectativa concreta y fundada de alcanzar una resolución favorable para ellas, dado que conseguir lo que les correspondía también implicaba que la parte contraria corriera además con los gastos del pleito. Además de sus costos, las restricciones que impondría el nuevo código de comercio, habilitarían distintas estrategias para que esta esfera de justicia sirviera para dirimir conflictos laborales o para dictar sentencia a su favor. Invocar jurisprudencia antigua u omitir detalles del vínculo entre las partes aparecieron como artilugios al alcance de la mano.

Los sueldos de los dependientes: sentidos racializados sobre el trabajo no libre

  • 32 Dos de las más afamadas roperías de la ciudad fueron el depósito de Ropa Hecha de Jorge Temperley y (...)

23A lo largo de las décadas de 1850 y 1860 existieron numerosas roperías que ofertaron sus servicios en las páginas de la prensa. Solían publicitar allí tanto la ropa importada como de confección local que podía encontrarse en sus tiendas 32. Entre las personas ocupadas que encontramos en una ropería se contaban, por lo general, un empresario, dueño del lugar; un sastre, que oficiaba de cortador; uno o varios dependientes, encargados de la atención al público y de realizar mandados para el dueño, y, en ocasiones, responsables de llevar la contabilidad del negocio. Algunas roperías o depósitos de ropa hecha también ofrecían servicios de sastrería o de confección a medida.

24El extenso expediente legal que contiene la disputa entre Iturriza, sus hijos y el empresario Lago permite aproximarnos al carácter complejo del vínculo laboral entre dependientes y empresarios roperos, complejidad que también compartían otras ocupaciones urbanas que en la época analizada implicaban una contigüidad entre la convivencia, el trabajo y los lazos de familia. Pero, a diferencia de aprendices y aprendizas o personas ocupadas en las tareas de servir en espacios domésticos, en la colocación de los dependientes existían otras expectativas de movilidad social y económica y de beneficios a percibir. Esto se manifestaba en los dichos de Iturriza padre: la promesa de una habilitación implicaba que los jóvenes pudieran convertirse en potenciales socios del empresario. Para él, sostener un vínculo laboral en el que sus hijos no percibieran remuneración alguna equivalía a tratarlos como esclavos.

  • 33 Censo de Población de Buenos Aires de 1855, Parroquia de Catedral al Norte, cuartel 3º, cédula 17 h (...)
  • 34 AGN, TC Iturriza vs. Lago, 21/3/1854.
  • 35 Censo de Población de Buenos Aires de 1855, Parroquia de San Nicolás, cuartel 13º, cédula 177 https (...)

25El pleito se inició en marzo de 1854 y finalizó en octubre de ese mismo año. La tenacidad de Iturriza para sostener el reclamo y las diferentes estrategias desplegadas por Lago para defenderse sugieren que el padre tenía chances reales de poder alcanzar lo que resultaba de justicia para sus hijos. El 16 de marzo, ambas partes comparecieron en el tribunal y convinieron en que se diera comienzo a un juicio arbitral. Tanto Iturriza como Lago debían señalar candidatos –quienes tenían que ser comerciantes de la ciudad– que actuarían como árbitros, los cuales serían aprobados por el tribunal para que realizara cada uno un laudo o dictamen sobre la cuestión. De no llegar a un acuerdo, el tribunal nombraría un tercer juez árbitro, y si no existía forma de llegar a un consenso debían resolver el asunto por votación. El 17 de marzo, Iturriza sugirió el nombre del comerciante Ciríaco González, quien estaba al frente de una tienda de ropería en la calle San Martín nº 32 y era oriundo de Montevideo, al igual que él33. Esto tal vez fuera evidencia de algún tipo de relación entre Iturriza padre y González en su juventud, ya que el comerciante ropero tenía 37 años y hacía 20 que residía en Buenos Aires. El 21 de marzo, Lago se presentó ante el tribunal, buscó señalar que en el acta que daba inicio al pleito se habían omitido sus declaraciones y remarcó que la colocación de los menores en su tienda había sido efectuada a pedido de Iturriza “como un servicio en sus apuradas circunstancias”, de las que no dio más detalle34. Presentó como candidato a juez arbitrador a Exequiel Castro, pero días después rectificó su nominación, ya que Castro era entonces patrón de uno de los dos jóvenes, quien ya no desempeñaba funciones en la tienda de Lago, pero trabajaba como dependiente en otro sitio. En su lugar, sugirió a Agustín Nazarri, un comerciante al por menor, cuyo establecimiento se encontraba en la calle Artes nº 15535.

  • 36 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 21-22.
  • 37 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, 19/5/1854.

26A lo largo del mes de mayo, cada una de las partes presentó pruebas con las que esperaba inclinar la balanza a su favor. José María y sus hijos hicieron llegar un desglose pormenorizado en el que constaban no solo sus pretensiones de remuneraciones mensuales y correspondientes aumentos a lo largo del tiempo trabajado, sino que además listaban los gastos en los que había incurrido Lago para su manutención como saldo que debía descontarse de lo que finalmente percibieran. Entendían que los tres primeros meses trabajados debían considerarse “a mérito” y no recibir sueldo alguno por ello, y luego comenzarían percibiendo $150 mensuales y acabarían cobrando de esta manera: $450 José María, en calidad de dependiente que llevaba la contabilidad de ambas tiendas de Lago, y $400 Antonio, como aprendiz de sastre y dependiente. Por los más de cuatro años trabajados esperaban hacerse acreedores de $29.850 entre ambos, de los que descontarían $12.620 que había gastado su patrón en vestuario y manutención, por lo que recibirían un saldo neto de $17.23036. Iturriza padre se preocupó en señalar: “No hay ni ha habido hace muchos años un solo dependiente el más infeliz el más subalterno de cualquier casa de comercio que no haya ganado según su edad y sus aptitudes, desde 200 pesos hasta 500”37 al mes.

  • 38 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 45, 30/5/1854.

27Por su parte, Lago hizo su presentación de pruebas y calculó un monto de sueldos muy inferior al que había sido pedido por los jóvenes. Entre ambos, según su criterio, debían percibir un total de $18.820. Pero su estimación de los gastos efectuados en manutención ascendía a más de $27.000. El empresario se ocupó de incluir en ese cálculo no solo el dinero desembolsado en la adquisición de prendas de indumentaria elegante para los hermanos y su lavado mensual, sino también el costo de regalos que le habría hecho a la familia Iturriza, y hasta el gasto en colchones para que los hermanos durmieran en la tienda en la que trabajaban38. Destacaba en su alegato que en su opinión los jóvenes no debían percibir sueldo, ya que nunca había sido estipulado ni convenido un monto. El empresario dejaba entrever que lo unía algún tipo de parentesco con don Iturriza y creía que podía ofender la delicadeza del vínculo señalando una remuneración. Finalmente, concluía que, en esta instancia del pleito, consideraba que le correspondía a él el derecho de que se le abonaran los gastos efectuados a lo largo de la estadía de los menores en sus tiendas.

  • 39 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, 8/6/1854.
  • 40 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 48-49, 6/6/1854.
  • 41 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 52, 19/9/1854.

28En junio fue el turno de los jueces arbitradores de emitir sus laudos a partir del examen de la evidencia proporcionada por las partes. Ciríaco González, comerciante al frente de una ropería, fue categórico: no resultaba verosímil que los dependientes de Lago hubiesen permanecido tanto tiempo prestándole servicios de no haber estado persuadidos de que su trabajo debía ser bien compensado39. No obstante, en su función de arbitraje intentó dirimir las discrepancias acercando las exigencias a un punto medio entre las partes y señaló que los hermanos Iturriza deberían percibir un total de $7480 entre ambos por los más de cuatro años trabajados para Lago. Por su parte, Agustín Nazarri, el otro juez arbitrador, no compartió la apreciación de González. Coincidió a lo largo de su escrito con el punto de vista de Lago y afirmó que la entrega de regalos a la familia era evidencia de que no correspondía además abonar sueldos a los hermanos. En este punto, el comerciante incurría en una contradicción, ya que de tratarse de regalos no estaba claro por qué deberían haber figurado como deudas que correspondía saldar a los Iturriza. Y agregó más información: cuando, tiempo antes, Lago preparaba un viaje a Europa, según Nazarri, el patrón definió convertir a José María en habilitado de la tienda, pero se negó a darle su firma para autorizarlo a retirar dinero del banco40. De acuerdo con el comerciante, esta habría sido la razón que inclinó a Iturriza padre a quitarlos de la colocación y comenzar la demanda. De haber sido efectivamente habilitado de la tienda, el joven debía contar con acceso a un tercio de los ingresos del establecimiento, como se preveía en los arreglos de ese tipo. Pero tal ascenso aparecía solo como un aumento de responsabilidades –permanecer al frente de la ropería– sin ninguno de los derechos asociados. El pleito se extendió tres meses más, al cabo de los cuales fue nombrado un tercer juez árbitro, Salvador Hernández, que debería dirimir el desacuerdo entre sus pares para definir cómo concluiría la demanda. El 19 de septiembre de 1854 se llegó a la resolución de que los hermanos Iturriza recibieran como compensación por el tiempo en el cual habían trabajado para Lago la suma de $1000 en total, en concepto de sueldos para ambos. Un monto equivalente había sido prometido al cortador de sastre Jorge Honoré poco tiempo después, en marzo de 1855, como remuneración mensual por su trabajo41.

29Las palabras de don José María de Iturriza en su primer alegato perseguían como finalidad extremar un argumento: sus hijos merecían salario por el trabajo personal realizado por ellos. No abonar lo que correspondía era equivalente a igualarlos a “esclavos negros de África” o sujetos pertenecientes a su patrón. Lo que era de justicia en términos laborales se encontraba atravesado por consideraciones en torno a la esclavitud y a la libertad que no aparecían como ideas abstractas, sino moldeadas por la historia reciente vivenciada por los Iturriza.

  • 42 Sobre la figura del patronato y las estrategias de personas esclavizadas para alcanzar su libertad (...)

30Los hermanos Iturriza habían comenzado a trabajar para Lago en 1850. ¿Qué diferencias podían existir en esos tiempos entre una colocación de una persona joven registrada en las fuentes como “blanca” y una registrada como “negra”? ¿Qué sentido preciso tendrían las palabras de Iturriza padre al declarar que sus hijos no eran “negros del África”? Al examinar actas de colocación suscriptas en la defensoría de menores en aquel momento es posible identificar distinciones atravesadas por relaciones raciales. En las actas de la década de 1850, quedaba registrado de modo minucioso cuando la menor o el menor en cuestión eran “pardos”, “negros”, “morenos” o sencillamente “libertos”, denominación que continuaba en uso en los documentos de la época. Y esto era así porque seguía estando vigente la figura del patronato, aun cuando se tratara de hijos e hijas de personas que ya habían alcanzado su libertad42. Se trataba de un período de trabajo gratuito que debían brindar los libertos –hijos e hijas de personas esclavizadas– hasta su mayoría de edad a los amos de sus madres.

  • 43 AGN, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SNAF) 294, 9/10/1852.

31En efecto, toda colocación era un arreglo laboral en el que se establecían las obligaciones recíprocas del menor y de la persona que iba a ocuparse de él. Aunque en ciertos casos se estipulara una paga, no se trataba de un contrato de trabajo enteramente libre. Por ejemplo, en octubre de 1852, el taller metalúrgico de los hermanos Carulla admitió como aprendiz de fundidor de fierro a Manuel Diz por el lapso de cinco años. A diferencia de otras colocaciones mencionadas en las páginas subsiguientes, no se hacía referencia al “color” de Manuel; se trataría probablemente de un joven blanco. Pese a que ingresaba en calidad de aprendiz, el acta suscripta señalaba que Manuel se obligaba a trabajar los cinco años, a no faltar a las reglas de buen orden del establecimiento, a cumplir las directrices de su maestro, y a no enseñar a nadie durante su aprendizaje lo que aprendiera en la casa ni ir a trabajar a sitio alguno “en las horas de descanso creyéndolas suyas”43. En esta acta se estipulaba un período para que el joven dominara el oficio y además se señalaba el monto a percibir en calidad de remuneración. Los hermanos Carulla declaraban la intención de otorgarle 20 pesos mensuales. Pero en todo momento se hacía referencia a que Manuel debía trabajar y debía permanecer bajo la tutela de su maestro, y que su tiempo de descanso sería vigilado. Que se hiciera énfasis en que durante aquel período Diz tenía prohibido trabajar en otra parte o transmitir lo aprendido resultaba indicio de que el menor podría continuar trabajando en paralelo a su aprendizaje y de que, además, no estaría previsto que los niños en este tipo de colocaciones tuvieran derecho a tiempo de descanso real, propio.

  • 44 AGN, SNAF 294, p. 7. 31/7/1852.
  • 45 AGN, SNAF 294, 7/9/1852.
  • 46 Alberto, Paulina, “Liberta por oficio…”, Op. Cit.
  • 47 Tres años más tarde, un niño de 5 años registrado en el censo como Victorino Goya aparecía viviendo (...)

32No obstante el conjunto de restricciones previstas en la colocación de menores blancos, existían distinciones precisas si el menor o la menor en cuestión era registrado como pardo, negro o moreno en las actas de la defensoría: en julio de 1852, Isabel Armesto, madre de Casimira, suscribía un contrato con Rufina Sánchez, en el que dejaban asentado que el tiempo que se determinaba para que la menor prestara servicio sería “el que la ley acordaba a los hijos libertos”44. Es decir, se establecía un tiempo de trabajo que duraría hasta que Casimira cumpliera 16 años, tal como lo preveía el reglamento redactado luego de la sanción de la ley de libertad de vientres, de 1813. En septiembre de 1852, Rosario Pizarro, “morena libre, madre legítima del párvulo de 3 años Bictorino”, transfirió “con autorización del señor defensor de menores” los derechos de patronato durante la minoridad de su hijo a Luis Goya, sin que en ese tiempo le fuera permitido sacarlo del poder de este. En el acta que suscribían, se registraba como parte de la declaración de la madre el deseo de asegurar la educación de Bictorino y la esperanza de que, si el niño se portase bien, sería considerado, educado y protegido por Luis Goya45. En un sentido semejante al estudiado por la historiadora Paulina Alberto en la década de 183046, los derechos de patronato podían impostarse para regular ciertos arreglos de trabajo que involucraran a niños. En términos legales, Bictorino no debió haber sido considerado liberto, ya que su madre, Rosario Pizarro, declaraba ante el defensor de menores ser una “morena libre”. Pero, por motivos que desconocemos, tal vez la posibilidad de que su niño obtuviera cuidado y educación en aquella casa fuera una opción mejor que otras existentes para Rosario, aun cuando el arreglo involucrara que Bictorino tuviera que trabajar desde pequeño47.

  • 48 AGN, SNAF 294, 31/8/1852.

33También en septiembre de 1852, una nueva acta era firmada en la defensoría de menores. En ella, Manuel Villafañe declaraba haber recibido de don Antonio Olivera la cantidad de mil pesos moneda corriente, “en concepto de venta del patronato de una negrita llamada Encarnación”, la que sería libre a la edad que la ley prescribía48. Villafañe no era el padre de Encarnación, sino probablemente el antiguo amo de su madre. Estas experiencias ponen de relieve que en los primeros años de la década de 1850 continuaba apelándose a las disposiciones elaboradas tras la sanción de la ley de libertad de vientres de 1813 para establecer la colocación laboral de niños y niñas afrodescendientes aun cuando se tratara de hijos de mujeres pardas, negras y morenas formalmente libres. La circulación de niños y niñas colocados para servir a sus patrones, como Encarnación y como Bictorino, podía involucrar incluso transacciones de compraventa. En las actas analizadas no se hacía mención de compensación monetaria de ningún tipo para los menores o sus padres o madres. Y les estaba vedado a padres y madres entrar en contacto con sus hijos una vez que cedían esos derechos de patronato. El trabajo realizado por niños y niñas aparecía como una suerte de contraprestación de la “consideración”, “protección” y “educación” que brindaban los nuevos patrones. Y este trabajo podía extenderse, como en el caso del niño Bictorino, por más de 15 años.

  • 49 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, 11/3/1854.

34Es posible que los términos que empleó Iturriza para demandar lo que él consideraba de derecho estuvieran influenciados por el conocimiento de la figura del patronato y el conjunto de arbitrariedades que podía implicar. Aun cuando existieran arreglos laborales en los cuales los dependientes no se encontraran eximidos de sufrir maltratos, Iturriza se esforzaba por enfatizar que los servicios prestados por sus hijos constituían una “deuda exigible”49.

35La resolución del conflicto, no obstante, brinda una pista para observar de qué manera las relaciones laborales que involucraban dependientes estaban lejos de ser entendidas como arreglos libres y asalariados por todas las partes implicadas. Iturriza buscaba subrayar que sus hijos no eran “negros de África” tal vez como un modo de delimitar ciertos privilegios raciales que debían garantizar una remuneración a sus hijos por parte de su patrón. Si bien esto debió haber generado algún tipo de impacto entre las autoridades del tribunal, en la experiencia laboral de los hermanos se entrelazaban también otros elementos que para los jueces-comerciantes debieron resultar decisivos para definir un veredicto. Se trataba de jóvenes menores de edad bajo la tutela de don Alejandro Lago: obtener entrenamiento laboral en su casa y convivir junto con él bajo su techo eran cuestiones que caracterizaban la ocupación de dependiente. Se esperaba que hicieran su trabajo, pero también existía una expectativa de obediencia y sumisión. Así, aquello que José María y Antonio consideraban de justicia se enfrentaba con el entendimiento que su patrón –y los comerciantes que actuaron como jueces– tenía sobre lo justo. El dictamen final era prueba de ello. Un sueldo mínimo, prácticamente simbólico, y el reconocimiento de los gastos efectuados por Lago como remuneración válida muestran los límites que empresarios y comerciantes buscaban trazar frente a aquello que sus dependientes entendían que les correspondía. Existía una expectativa de ascenso que su privilegio racial les permitía albergar, pero que confrontaba con la búsqueda de rentabilidad que este y otros empresarios obtenían al emplear a menores y mantener sus sueldos lo más bajos posible.

El honor de las modistas francesas

  • 50 Ver El Nacional, Modista Eugenia Costa, calle San Martín 98, 23/10/1854; Modista Madame Perret-Coll (...)
  • 51 Para análisis de experiencias contemporáneas semejantes de trabajo femenino de costura y confección (...)

36En 1854 la modista francesa María Gilles se acercó al Tribunal de Comercio. La mujer se presentó como esposa de don Hipólito Gauthier, pero afirmó que estaba separada y él se hallaba ausente de la ciudad. Asimismo, en su declaración se ocupó de señalar que ella ya tenía su tienda de modas, en la calle Perú nº 107, aun en los tiempos en los que Gauthier se encontraba en Buenos Aires. A mediados de siglo XIX, existían 19 tiendas de modistas en la ciudad y al menos 13 de ellas solían publicar avisos ofertando sus servicios en la prensa periódica50. Se trataba del único oficio artesanal abierto a mujeres y uno muy requerido por aquellas damas elegantes de la elite porteña que demandaban sus servicios para estar a la moda o componer sus vestidos usados51. Pero trabajar regularmente en una actividad connotada como de alta calificación, no eximía a estas artesanas de posibles crisis económicas y quiebras. Fue así que María intentó seguir los pasos esperables en situaciones de tales características: declarar los bienes existentes en su tienda y taller de manera tal que se procediera a rematarlos para cancelar las deudas contraídas con sus proveedores.

  • 52 AGN, Tribunal de Comercio, 1854-Concurso de Doña María Gilles, f. 2.

“(..) como los tiempos calamitosos porque hemos pasado y el atraso en que hoy me encuentro a pesar de mis esfuerzos y trabajo personales me obligan a tomar una resolución definitiva respecto a mi espresado negosio, vengo ante VSS a hacer cesión de todos los bienes que poseo consistente en la mencionada tienda y acompaño al efecto la lista de todos mis créditos activos y pasivos”52.

  • 53 AGN, Tribunal de Comercio. 1854-Concurso de Doña María Gilles, f. 4.
  • 54 De acuerdo con su estudio de las Ordenanzas de Bilbao, dice Juana Pulgar, “(…) alzados son aquellos (...)
  • 55 AGN, Tribunal de Comercio. 1854-Don Juan Bautista Olazarry contra el concurso de Doña Ma G de Gauti (...)
  • 56 Censo de Población de Buenos Aires, Parroquia de San Nicolás, cuartel 13º, cédula nº 90.

37La señora Gilles concluía su exposición reforzando con un juramento (“lo juro por una señal de la cruz como esta: +”) que lo declarado era cierto y reclamaba justicia por su situación. Sin embargo, uno de sus acreedores, Adolfo Mansilla, no dudaba en tildar a ella y a su marido ausente del país de “ladrones”53. Seguidamente, el acreedor apelaba a las Ordenanzas de Bilbao para que se considerara a ambos “alzados”, es decir, “infames robadores de hacienda agena”54. Ese mismo año, don Juan Bautista Olazarry, dueño del local, reclamaba ante la Justicia que se lo tomara como acreedor preferente por haber adeudado la señora María dos meses de alquiler, a razón de $1500 por cada mes55. No sabemos cuál fue la suerte de doña Gilles, ya que los expedientes no brindan pistas. ¿Tal vez fuera la francesa censada en 1855 como Ma. Giliot a una cuadra de donde solía encontrarse su tienda, viviendo en la casa colectiva de un piso con azotea en compañía de modistas francesas y costureras de Buenos Aires56?

  • 57 AGN, División Gobierno, X-33-7-9. F.73.
  • 58 AGN, División Gobierno, X-33-7-9. F.73.

38Dos años antes de los incidentes de María, en agosto de 1852, la también modista francesa Anastacia Thoulet decidió acercarse no al Tribunal de Comercio, sino a la comisaría más próxima a su domicilio, para denunciar a don Juan Berret, comerciante francés como ella57. De acuerdo con la modista, hacía seis meses que se encontraba al frente de su pequeña tienda y, en un primer momento, Berret le suministró “algunos efectos con su crédito en una casa francesa, solamente con el objeto de una patriótica protección sin mas otro convenio estipulado ni en palabra ni por escrito”58. 

  • 59 AGN, División Gobierno, X-33-7-9. Agosto 1852, f. 74.

39Agradecida por el gesto, la modista pagó la deuda contraída y, teniendo la impresión de que existían intenciones poco honradas en los favores ofrecidos por Berret, rechazó terminantemente seguir haciendo uso de su crédito. A partir de la distancia establecida por la mujer, Berret comenzó a frecuentar su establecimiento y alegaba que aquella deuda inicial lo hacía acreedor de parte de las ganancias de la tienda. En su testimonio, la modista precisaba que acudía a la policía para que se pusiera fin a la conducta de Berret, quien trataba de “envolver a una infeliz mujer con un hijo huérfano” cometiendo contra ella las tropelías más escandalosas, llegando a tratarla con descaro de “mujer pública” y otros desatinos que la modista prefería omitir por vergüenza. Thoulet concluía su denuncia con una súplica para que pudieran favorecerla inmediatamente con aquello que fuera de justicia. En una posterior instancia de arbitraje, el comerciante no solo negó las acusaciones, sino que también testificó que era la modista quien no cesaba de incomodarlo, y que por tal motivo creía que la mejor resolución debía ser la mudanza de Thoulet a otra parroquia. Al negarse la mujer a una resolución de tal tipo, y no contando con los medios para hacerlo, el expediente parecía quedar en la nada59.

  • 60 Ver por ejemplo aviso titulado “Obreros” en el que se demandaban sastres y costureras para la roper(...)

40Esta breve entrada en un legajo policial contiene pistas para reconstruir algunos aspectos de la experiencia de Anastacia, similar a la de doña Gilles en más de un sentido: ambas, además de ser francesas, contaban con un oficio como modistas, estaban al frente de su tienda, habían contraído deudas como parte de la dinámica esperable del negocio, algunas por medio de vínculos de connacionalidad, y las dos, de manera momentánea o permanente, aparecían ejerciendo su ocupación como mujeres “solas”, es decir, sin la compañía de un hombre. En su testimonio, María Gilles había sido enfática en presentarse como una mujer artesana, al frente de su tienda, la cual se encontraba enteramente a su cargo aun antes de la quiebra de su marido. Señalaba que había desplegado en ese espacio su esfuerzo y trabajo personales. En un contexto en el cual artesanos sin capacidad de sostener un taller propio debían emplearse al servicio de empresarios de la ciudad60, es posible que hubiera algo de orgullo en esa afirmación de María. No obstante, sus acreedores se negaban a considerar el negocio de Gilles un establecimiento autónomo de aquel de Gauthier e insistían en acusarlos de manera conjunta como “alzados, robadores de hacienda agena”, aun cuando María no se hubiera dado a la fuga y cumpliera en someterse a un procedimiento de cesión y liquidación de bienes. Es posible que ambas afirmaciones de la mujer produjeran disgusto tanto entre los acreedores como entre las autoridades del tribunal: Gilles persistía en identificarse como una trabajadora honrada, al frente de un negocio que administraba separada de su marido.

  • 61 Al respecto, ver Erbeznik, Elizabeth A., Between Boulevard and Boudoir: Working Women as Urban Spec (...)

41Para Anastacia, quedar en deuda con su compatriota, al ser una mujer viuda que estaba al frente de una tienda taller, podía habilitar propuestas “deshonestas” por parte de un hombre de mejor posición económica que ella. Su testimonio alcanzaba un punto dramático cuando la modista detallaba que Berret la había tratado de “mujer pública”, o prostituta. Al respecto, puede ser de utilidad entramar tales acusaciones con la proliferación contemporánea de literatura popular que en Francia hacía del trabajo femenino de costura un símbolo de explotación y degradación moral. La grisette –denominada así por su cansado semblante gris producto de las largas jornadas trabajo, así como por sus atuendos descoloridos– se hacía presente en el personaje de Rigolette en la novela publicada por entregas Los misterios de París, de Eugène Sue (1842-1843), o años más tarde en la Fantine de Los miserables, de Victor Hugo (1862)61. En esas representaciones, existía una relación de proximidad entre la ocupación de costurera y la de trabajadora sexual, y la frontera entre ambas formas de ganarse la vida para esas mujeres aparecía sumamente permeable.

42Tal vez por significados compartidos como aquellos, Anastacia optó por una estrategia diferente de la de María. En lugar de identificarse como una trabajadora digna de honra, apeló a su calidad de viuda y madre de un niño huérfano para demandar aquello que consideraba justo: lograr que el comerciante Berret dejara de importunarla, y conseguir así ganarse el sustento a través de su oficio sin que su honor estuviera puesto en tela de juicio.

  • 62 Chambers, Sarah C., De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa, 1780-1854, Red (...)
  • 63 François, Marie, “Stitching Identities…”, Op. Cit., p. 116.
  • 64 Pita, Valeria, “Nos termos de suas benfeitoras: encontros entre trabalhadoras e as senhoras da soci (...)

43En su estudio de un caso distante en el espacio, pero cercano al período analizado aquí, la historiadora Sarah C. Chambers analizó las variaciones en las nociones de honor femenino y masculino entre el fin de la colonia y el comienzo de la era republicana en Arequipa, Perú. Allí, señaló que eran prácticamente imperceptibles los cambios en la forma de juzgar el honor femenino, el cual aún continuaba siendo evaluado en relación con la moralidad sexual y la consagración al espacio doméstico. Chambers mostró las dificultades que tenían aquellas mujeres, pobres y trabajadoras, para hacer valer su honor en la arena legal. La ética del trabajo, que podía elevar la honra de sus contrapartes masculinas, no tenía el mismo efecto al ser esgrimida por ellas, y existía el riesgo de que acudir a esferas de justicia para reclamar lo que les correspondía implicara someterse a un escrutinio público de sus vidas por parte de los magistrados62. Estas experiencias femeninas en la justicia tal vez tengan más de un punto de contacto con aquellas de María y Anastacia. Por su parte, la historiadora Marie Francois indagó en los diversos sentidos que impregnaron al trabajo de costura en el siglo XIX en la ciudad de México. Allí señaló que existían consideraciones diferenciales entre el honor con el que contaban las modistas francesas y el de aquellas mujeres mexicanas que cosían ocasionalmente y para las cuales trabajar podía implicar una deshonra63. En los pleitos que protagonizaron María y Anastacia en Buenos Aires, el privilegio que comportaba su origen francés no pareció haberlas eximido de un agudo juicio moral por parte de los funcionarios actuantes. En esa línea, las acusaciones que Berrier profirió contra Thoulet tuvieron lugar en la tienda de la modista. Y esto afectaba su reputación frente a clientas y vecinos de su parroquia. Así, los sentidos a disputar para mantener su honor y economía requerían que Anastacia se ciñera a un guion estricto de márgenes de acción acotados y roles de género preestablecidos para las mujeres en su situación. Por otro lado, la estrategia de Gilles fue diferente: intentó encuadrar su experiencia en la de otros inmigrantes con un oficio que trabajaban en la ciudad. En Buenos Aires existían iniciativas como las de las mujeres de la Sociedad de Beneficencia, quienes a través de las instituciones que administraban y los premios anuales que auspiciaban, buscaban señalar la industria femenina como cualidad de virtud ciudadana digna de ser reconocida64. Pero, al juzgar por el tratamiento que recibieron Thoulet y Gilles en los estrados, es posible que no fueran consideraciones compartidas por todos. Mujeres “solas”, es decir, sin padre ni marido a la vista, como Thoulet, podrían haber esperado que los funcionarios del naciente Estado republicano actuaran como protectores de su honor, garantes de resarcir la vulneración de aquel por parte de hombres como Berret. Tal vez en un sentido similar, el juramento con señal de la cruz incluido en el expediente de la modista Gilles estuviera apelando a valores cristianos compartidos con los hombres del tribunal. Sin embargo, quienes las juzgaban señalaron que era su conducta la que estaba fuera de lugar. Gilles, por insistir en continuar con su actividad separada de su marido; Thoulet, por acusar de viva voz a un vecino en lugar de optar por mudarse de parroquia.

  • 65 Mitidieri, Gabriela, “Modas, figurines y remiendos. Adquisición de vestuario y trabajo artesanal fe (...)

44En ambos casos, la resolución no fue favorable para las mujeres. Sin embargo, un conjunto de trayectorias exitosas de modistas francesas contemporáneas prueban que, aunque las instancias de justicia fueran esquivas para mujeres en su situación, a mediados de siglo XIX la ciudad de Buenos Aires continuaba valorando positivamente la elegancia que proveían artesanas como ellas65.

Conclusiones

45A lo largo del artículo, busqué señalar las formas en las que era entendido lo justo en el ámbito del trabajo de las ropas a mediados de siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires. A partir del análisis de un conjunto de experiencias de reclamo en el Tribunal de Comercio protagonizadas por distintos sujetos y sujetas, considero que ciertos rasgos observados contribuyen a comprender no solo los sentidos forjados sobre la justicia o la injusticia vivenciada, sino también los términos en los que se daban tales disputas por derechos. Al entender las instancias legales como espacios privilegiados para observar la agencia histórica de, en este caso, trabajadores y trabajadoras, artesanos y artesanas, argumenté que es posible indagar en la construcción de una identidad, costumbres y nociones de justicia compartidas.

46Como mostré, en una ciudad con una memoria reciente de la experiencia de la esclavitud de miles de hombres y mujeres oriundos del continente africano, donde las jerarquías raciales continuaban incidiendo en los arreglos laborales, los sentidos sobre lo justo o injusto en los mundos del trabajo se encontraban atravesados por nociones de desigualdad racial. Y en el contexto del proceso de post abolición, afectaban tanto a niños y niñas y jóvenes descendientes de aquellas personas esclavizadas como a las consideraciones sobre lo que era entendido como trabajo. El privilegio racial de quien no había vivenciado la esclavitud en carne propia parecía volver todavía más intolerables e inadmisibles ciertas prácticas asociadas en el imaginario con el trabajo esclavo: la ausencia de salario o contraprestaciones en la forma de casa, comida y vestimenta que reforzaban un vínculo de tutela y dependencia. Al indagar en la experiencia de los hermanos Iturriza, busqué poner de relieve que en este período existieron un conjunto de arreglos de trabajo no del todo libres, en los que crianza, cuidado, entrenamiento laboral y escasa o nula remuneración aparecían entreverados en las colocaciones de niños y niñas en calidad de dependientes, de aprendices o de sirvientes.

47A la hora de armarse de herramientas para lograr la propia defensa o el amparo de los derechos, la voluntad de volver legítimo el reclamo podía recurrir a una multiplicidad de fuentes, las cuales se esperaba fueran reconocidas por las autoridades del tribunal a quienes se buscaba interpelar. Apelaciones a jurisprudencia previa, incluso de raigambre colonial, continuaron apareciendo en los estrados. Los derechos existentes por el hecho de trabajar de manera estable al servicio de un patrón o la justicia debida a mujeres con ocupaciones entendidas como honradas o a aquellas que se presentaban como madres de familia, fueron esgrimidos en el marco de los casos analizados.

48Tales herramientas, de las que trabajadores y artesanas se valían en la arena legal, se veían enfrentadas a resabios corporativos, ligados a la defensa de los intereses de los comerciantes más prósperos, que continuaría teniendo el tribunal, al menos hasta 1862, cuando fueron reemplazados los magistrados legos vinculados al comercio por jueces letrados. La justicia comercial puede ser entendida, entonces, como una escuela de aprendizaje en torno a los propios intereses, a los intereses compartidos con otros que atravesaron una situación semejante y a los intereses vulnerados por parte de aquellos que se encontraban en una mejor posición. Como mostré en el caso del concurso del artesano italiano Juan Bautista Ferro, lo justo en el trabajo era también construido en compañía de otros. Y en una ciudad de creciente flujo migratorio, esos otros eran en ocasiones compatriotas con los que se compartían una lengua y una cultura semejantes.

49Esos códigos comunes entre personas connacionales se encontraban, de todos modos, atravesados por relaciones jerárquicas de género. Lo que correspondía por derecho, lo justo que podía reclamarse, se construía de manera diferencial para hombres y para mujeres. Como argumenté, es posible encontrar una puerta de entrada para observar tales distinciones en los sentidos que sobre el honor femenino aparecían en las propias demandas, en donde no parecía haber cabida para el orgullo de presentarse como artesanas. Se trataba de sentidos sexuados, que además de poseer atributos distintivos intentaban forzar divisiones entre los sitios de trabajo y los lugares donde se armaba familia, en un contexto en el cual las personas que vivían de su trabajo muchas veces moraban y criaban a sus hijos allí donde ejercían su labor. Esto buscaba plasmarse en nuevos cuerpos legales que regularían el mundo del trabajo y el comercio, como el Código de Comercio de 1859. Como mostré, dicho código condensó una manera de comprender la esfera comercial en la que las mujeres contarían, a partir de ese momento, con un margen de acción más acotado. De todos modos, esto no fue obstáculo para encontrar diferentes modos de presentar el propio caso y hacerse oír en el Tribunal.

50Espero, que a lo largo de estas páginas, se halla vuelto perceptible la riqueza de estos expedientes de la justicia comercial, que, al interrogarlos con inquietudes propias de la historia de los mundos del trabajo, se vuelven una ventana privilegiada para observar sitios de labor, dinámicas cotidianas de subsistencia, conflictos, afectos y expectativas de hombres y mujeres que se ganaron la vida en Buenos Aires a mediados de siglo XIX.

Fuentes primarias

51Archivo General de la Nación - Fondo Tribunal de Comercio

52Área de microfilmado de la Biblioteca del Congreso de la Nación - Diario El Nacional

Fuentes digitalizadas

53Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires (1859), disponible en Google Books https://books.google.com.ar/​books/​about/​Codigo_de_comercio_para_el_estado_de_Bue.html?id=HgY-AQAAMAAJ&redir_esc=y

54Registro Estadístico para la Provincia de Buenos Aires (1855), disponible en Google Books https://books.google.com.ar/​books/​about/​Registro_estadistico_de_la_Provincia_de.html?id=rU4zAQAAMAAJ&redir_esc=y

55Censo de Población de Buenos Aires (1855), disponible en www.familysearch.org

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Notas

1 Archivo General de la Nación (AGN), Tribunal de Comercio (TC), 1854-Don Jose María de Iturriza contra Don Alejandro Lago reclamando sueldo de sus hijos. 8/3/1854.

2 El presente es un escrito que se inserta en una investigación de largo aliento acerca de experiencias sociales de trabajo de trabajadores y trabajadoras de las ropas. Dicha investigación es el eje de mi tesis doctoral en Historia en proceso (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Para su elaboración cuento con una beca doctoral (2016-2021) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el II Taller de trabajo "Delito, policía, justicia y prisión en perspectiva histórica: intercambios y debates" en la Universidad Nacional de La Plata. Los comentarios realizados en ese momento por los y las participantes del evento resultaron muy fructíferos para darle forma al artículo.

3 Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires, 1855, p. 56. En términos de espacios de producción, la actividad de confección de ropa solo era superada por talleres de carpintería y silletería (179) y seguido de cerca por boterías y zapaterías (119). Por su parte, existían 78 herrerías, 39 hojalaterías y 72 tiendas que englobaban la actividad de joyeros, relojeros y plateros.

4 “Listado de jornales”, publicado en diario El Nacional, 1/8/1855, p. 2.

5 En el marco de una investigación de largo aliento, analicé 271 pleitos del Tribunal de Comercio. Solo en 16 fueron encontradas mujeres entre las partes: 8 de ellas iniciaron las demandas y las 8 restantes comparecieron en juicios de acreedores o intimadas por deudas contraídas.

6 Quaglia, Carolina L., “Las capacidades civiles de las mujeres casadas a través de los textos de formación jurídica (siglo XIX)”, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 03, Nº 05, 2016, p. 49-67.

7 Romero, Luis Alberto y Sabato, Hilda, “Artesanos, oficiales, operarios: trabajo calificado en Buenos Aires. 1854-1887”, en Armus, Diego, Mundo urbano y cultura popular, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1990, p. 219-250 y Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del mercado: 1850-1880, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1992, 285 p.

8 Estudios recientes de este tipo pueden encontrarse en la obra dirigida por Barriera, Darío, Justicias situadas: entre el Virreinato Rioplatense y la República Argentina 1776-1864, Ed. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2018, 345 p. Ver, por ejemplo, Barriera, Darío. “Y en el principio fue la justicia. Las alcaldías de barrio: visibilización de un desenredo en la cultura jurisdiccional (de justicia a ‘policía’ y nuevamente a justicia, 1772-1861)”, pp. 129-162; Corva, María Angélica, “El primer ensayo de organización judicial para el Estado provincial de Buenos Aires (1821-1825)”, p. 179-212 ; Yangilevich, Melina, “Los jueces letrados de Buenos Aires durante el rosismo. Perfiles, trayectorias y vínculos”, p. 213-242 ; Candioti, Magdalena, “Justicia, legalidad y política en Buenos Aires. La construcción de una justicia letrada tras la revolución”, pp. 243-262 y Gastellu, Sofía, “La justicia de paz en la ciudad de Buenos Aires. La dimensión territorial de una justicia de proximidad”, p. 263-290.

9 Ver, por ejemplo, Fradkin, Raúl (comp.), El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007, 263 p., y Yangilevich, Melina, “Leyes antiguas para un estado moderno. Prácticas jurídicas en la provincia de Buenos Aires durante el período de la codificación”, en Barriera, Darío (comp.), Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata (siglos XVI-XIX), Ed. Universidad de Murcia, Murcia, 2009, p. 205-223.

10 Kraselsky, Javier, “De las Juntas de Comercio al Consulado. Los comerciantes rioplatenses y sus estrategias corporativas, 1779-1794”, Anuario de Estudios Americanos, 64(2), 2007, p. 145-170; Las estrategias de los actores del Río de la Plata: Las Juntas y el Consulado de Comercio de Buenos Aires a fines del Antiguo Régimen. 1748-1809, Tesis de posgrado, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata, 2011, 328 p. ; “Las corporaciones mercantiles y los comerciantes ingleses en el Río de la Plata. Surgimiento, apogeo y declinación del Consulado de Buenos Aires, 1794-1821”, Varia Historia (Vol. 36), 2020 , p. 639-678 ; Corva, María Angélica, “Íntegros y competentes. Los magistrados de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX”, en Barriera, Darío (comp.), Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata (siglos XVI-XIX), Ed. Universidad de Murcia, Murcia, 2009, p. 179-203; La administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, 1853-1881, Tesis doctoral en Historia, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2013 y “El primer ensayo de organización judicial...”, Op. Cit.

11 Schettini, Cristiana, “Ordenanzas municipales, autoridad policial y trabajo femenino: la prostitución clandestina en Buenos Aires, 1870-1880”, Revista Historia y Justicia, N°6, 2016; “El negocio del prostíbulo: poder municipal y trabajo sexual. Buenos Aires, 1870-1887” en Andujar, Andrea, et al., Vivir con lo justo. Estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género, Prohistoria, Rosario, 2016, p. 37-62 ; “El dinero de las prostitutas”, en Schettini, Cristiana y Suriano, Juan (comp.), Historias cruzadas. Diálogos historiográficos sobre el mundo del trabajo en Argentina y Brasil, Ed. Teseo, Buenos Aires, 2019, p. 177-208.

12 Pita, Valeria, “Intromisiones municipales en tiempos de fiebre amarilla: Buenos Aires, 1871”, Revista Historia y Justicia, Nº 6, 2016.

13 Espada Lima, Henrique y Popinigis, Fabiane, “Maids, Clerks and the Shifting Landscape of Labor Relations in Rio de Janeiro. 1830-1880”, International Review of Social History, N°62, 2017, p. 45-73.

14 Corva, M. A., Del Consulado a la justicia…”, Op. Cit., p. 2.

15 Ver, por ejemplo, AGN, TC, 1849-D Jose Mariano Muñoz en representación de Pedro Puyos contra Da Juana Maria Laserra por cobro de pesos; 1851-Wedekind y compañía en representación de Schalepter Sachallater y Kiutemer contra Don Fernando Jammes por cobre de cantidad de pesos; 1854-Don Manuel Aramburu en representación de D Juan de Olano contra Don Manuel Sanchez por cobro de pesos; 1856-Don Jose Antonio de María en representación de Don Bernabé Escalada con los Señores Vivas y Billinghurst sobre cobro de pesos; 1858-Don Jose Maria Echeverría en representación de Don Jose Larañaga y otros con Don Jose Coelho Meyrelles; 1860-Don Sebastián Mas en representación de su hermano Don Jose Mas contra Don Pedro Font por cobro de pesos, y 1869-Natta D Pedro representado x D Juan Tiorna contra D Ernesto Garibari sobre entrega de una factura de guantes.

16 Corva, M. A., Del Consulado a la justicia…”, Op. Cit., p. 3-4.

17 “Las Ordenanzas mencionadas eran las que la hermandad de comerciantes de Bilbao había redactado y el rey Felipe V aprobado el 2 de diciembre de 1737. Sus veintinueve capítulos contenían 723 leyes o números que regían la organización y el régimen de la institución, de los mercaderes y sus libros, compañías de comercio, contratos, comisiones, letras de cambio, vales y libranzas, corredores, quiebras, fletamentos, naufragios, averías, seguros, capitanes y pilotos, régimen de la ría, carpinteros y calafates y galarreros y barqueros. Las fuentes de su texto fueron las ordenanzas que la hermandad se había dado en 1459, confirmadas por Felipe II en 1560, las leyes francesas de 1673 y 1681, los reales privilegios concedidos a Burgos y Bilbao, los usos y prácticas comerciales de la época y la jurisprudencia consuetudinaria”. Corva, M. A., Del Consulado a la justicia…”, Op. Cit., p. 6.

18 Extracto del decreto del 25 de abril de 1822. Registro Oficial, p. 88. Citado en Corva, M. A., Del Consulado a la justicia…”, Op. Cit., p. 8.

19 Kraselsky, J., Las corporaciones mercantiles…”, Op. Cit., p. 669.

20 Sobre la creación, funciones y competencias de la justicia de paz en la ciudad entre 1821 y el segundo gobierno de Rosas, ver Gastellu, S. La justicia de paz…”, Op. Cit. Para indagar sobre sus atribuciones y características en la ciudad de Buenos Aires, pero especialmente en la campaña rural entre 1852 y 1874, ver Corva, M. A., La admnistración de justicia…, Op. Cit., 2013.

21 AGN, TC, 1860-Doña Petrona Lopez contra Don Juan Baldrig sobre liquidacion de una sociedad, folio final.

22 AGN, TC, 1855-Honore, Jorge contra Agustín Saavedra por cobro de pesos.

23 Censo de Población de Buenos Aires, 1855. Parroquia de San Miguel, cuartel 12º, cédula nº 15. Calle de Cuyo nº 115. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SF3-V39?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMWQ9-DWN.

24 AGN, TC, 1855-Honore, Jorge contra Agustín Saavedra por cobro de pesos. F. 23/3/1855.

25 Entre las funciones que concentraban los jueces de paz en la ciudad, dice Corva: “A pesar de todos los cambios que se anunciaban después de la caída de Rosas, el juez de paz siguió concentrando funciones militares, electorales, de escribano y se desempeñaba como agente del ejecutivo, por encargos del Gobierno –a través de sus ministros– y en su carácter de comisario, recibiendo órdenes del jefe de policía”. Corva, M. A., La admnistración de justicia…, Op. Cit., 2013, p. 116.

26 Ver el Código en Google Books: https://books.google.com.ar/books/about/Codigo_de_comercio_para_el_estado_de_Bue.html?id=HgY-AQAAMAAJ&redir_esc=y

27 AGN, TC, 1860-Doña Petrona Lopez contra Don Juan Baldrig sobre liquidacion de una sociedad.

28 En el censo realizado en 1855, ambos aparecían residiendo juntos en una casilla de la parroquia de Barracas al Norte, y Petrona fue censada con el apellido de su marido (“Baldrich”). En la columna destinada a la ocupación, mientras Juan figuraba como “almacenero”, el espacio de Petrona se encuentra tachado, como si la mujer no tuviera ocupación alguna, evidencia de la existencia de subregistro laboral de algunas mujeres en este censo. Censo de población de Buenos Aires, 1855, Parroquia de Barracas al Norte, cuartel desconocido, cédula nº 42. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QPX-PX?i=41&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMW3B-VXJ.

29 “Trabajadores de fábricas y labradores no sean arrestados por deudas civiles, 1786. Pragmática-Sanción en fuerza de ley, por la qual se manda no se arreste en las carceles por deudas civiles o causas livianas a los operarios de todas las fábricas de estos Reynos, y a los que profesan las artes y oficios qualesquiera que sean, ni se les embarguen ni vendan los instrumentos destinados a sus respectivos oficios, entendiendose también para con los labradores y sus personas, exceptuando en unos y otros, los casos que se expresan. Dado en Aranjuez a 27 de Mayo de 1786”. Don Antonio Xavier Perez y Lopez, Teatro de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus Cuerpos, y decisiones no recopiladas y alfabético de sus títulos y principales materias, volumen 3. Madrid, 1792, p. 131. Ver también en https://www.iberlibro.com/Trabajadores-f%C3%A1bricas-labradores-sean-arrestados-deudas/22867372070/bd.

30 Ver, por ejemplo, AGN, TC, 1851-Concurso de Gautier e Isnardi; 1851-Concurso de Lorenzo Ortra; 1853-Concurso Bregune y Bera apelación-Eustache Amespil pidiendo embargo de los bienes de los profugos Bregune y Bera; 1854-Concurso Don Luis Colombo; 1854-Don Salvador Sanchez y Don Aquilino Viga contra Don Manuel Real por cobro de pesos; 1854-Concurso del profugo Don Antonio Finati; 1855-Concurso de acreedores de Don Defendente Ramela; 1856-Concurso del profugo Don Carlos Grimau; 1856-Concurso de acreedores de Don Francisco Ferrari; 1857-Los señores Drumillon, Cremiaut y Guerin Challe y Bourieur contra Juan Blanc; 1857-Concurso del profugo fallido Juan Lamarque; 1857-Expediente sobre el depósito de dos onzas de oro y otros objetos de profugo Basilio Carnavale; 1858-Concurso del profugo fallido Grasiano Lamorena; 1858-Don Tomas Gowland contra D Anselmo Aprais sobre reclamacion de efectos; 1858-Concurso del profugo fallido Adolfo Filaster; 1859-Concurso del prófugo fallido Lazaro Chapparri; 1860-Concurso del profugo fallido Pedro Font y 1862 Don Bartolo Parody contra Don Guillermo Knight sobre cobro de pesos.

31 AGN, TC, 1855-Concurso de acreedores de Don Defendente Ramela, f. 5.

32 Dos de las más afamadas roperías de la ciudad fueron el depósito de Ropa Hecha de Jorge Temperley y la Ropería de Cayetano Descalzo. Ver avisos de Temperley en El Nacional, 24/10/1854, p. 3; 22/12/1854, p. 3; 26/4/1855, p. 3; 26/11/1855, p. 3; 12/2/1856, p. 3; 1/10/1856, p. 3; 29/10/1856, p. 3; 23/4/1857, p. 3; 4/12/1857, p. 3; 7/10/1857, p. 3; 13/4/1858, p. 3; 7/5/1858, p. 3; 12/6/1858, p. 3; 14/9/1858, p. 3; 28/9/1858, p. 3; 11/10/1858, p. 3; 30/11/1858, p. 3; 15/12/1858, p. 3; 12/4/1859, p. 3. Ver avisos de Descalzo en El Nacional, 6/11/1855, p. 3; 5/12/1855, p. 3; 25/1/1856, p. 3; 20/3/1857, p. 3; 7/4/1859, p. 3; 13/7/1859, p. 3; 27/7/1859, p. 3; 6/10/1859, p. 3; 14/2/1860, p. 3; 10/4/1860, p. 3; 14/9/1860, p. 3; 7/2/1861, p. 3.

33 Censo de Población de Buenos Aires de 1855, Parroquia de Catedral al Norte, cuartel 3º, cédula 17 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SF3-PKP?i=16&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMWQ9-G1F.

34 AGN, TC Iturriza vs. Lago, 21/3/1854.

35 Censo de Población de Buenos Aires de 1855, Parroquia de San Nicolás, cuartel 13º, cédula 177 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCS9-7Z1?i=176&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMW31-KH7.

36 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 21-22.

37 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, 19/5/1854.

38 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 45, 30/5/1854.

39 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, 8/6/1854.

40 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 48-49, 6/6/1854.

41 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, f. 52, 19/9/1854.

42 Sobre la figura del patronato y las estrategias de personas esclavizadas para alcanzar su libertad esgrimiendo la ley de 1813, ver Candioti, Magdalena, “‘El tiempo de los libertos’: conflictos y litigación en torno a la ley de vientre libre en el Río de la Plata (1813-1860)”, História (São Paulo), Vol. 38, 2019. El análisis de un arreglo de trabajo en el que se estipulaban deberes recíprocos de patronato, aunque la muchacha en cuestión fuera ya libre y no liberta, puede encontrarse en el estudio de Alberto, Paulina, “Liberta por oficio: negociando los términos del trabajo no libre en Buenos Aires en el contexto de abolición gradual, 1820-1830”, en Guzmán, Florencia y Ghidoli, María de Lourdes (ed.). El asedio a la libertad. Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono Sur. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2020, p. 75-118.

43 AGN, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SNAF) 294, 9/10/1852.

44 AGN, SNAF 294, p. 7. 31/7/1852.

45 AGN, SNAF 294, 7/9/1852.

46 Alberto, Paulina, “Liberta por oficio…”, Op. Cit.

47 Tres años más tarde, un niño de 5 años registrado en el censo como Victorino Goya aparecía viviendo en la residencia del comerciante al por menor Luis Goya en calidad de “sirviente de color”. No estaba solo: junto con él habían sido anotadas de la misma manera la niña Indalecia López, de 13 años, y Rudecinda Benavídez, una mujer de 30 años. Dos mujeres de 55 y 70 años figuraban como sirvientas también, pero no se mencionaba que fueran “de color”, como el resto. Esto mostraba, por un lado, que el comerciante Goya probablemente hubiera obtenido al menos a Victorino y a Indalecia en arreglos de trabajo equivalentes al patronato. Por otro lado, que Victorino llevara su apellido revelaba la continuidad de una práctica que había sido usual entre amos y esclavos a comienzos del siglo XIX. Ver Censo de Población de Buenos Aires, Parroquia de San Miguel, cuartel 18º, cédula censal 65. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SF3-NPV?i=64&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMWQ9-JZ5.

48 AGN, SNAF 294, 31/8/1852.

49 AGN, TC-Iturriza vs. Lago, 11/3/1854.

50 Ver El Nacional, Modista Eugenia Costa, calle San Martín 98, 23/10/1854; Modista Madame Perret-Collard, Perú 50, 9/10/1855; Modista de Milán, Calle del Parque 148, 21/1856; Victorina Jammes Tienda de Modas, Victoria 47, 15/3/1856; Madama Emilia, Cuyo 162, 25/4/1857; Casa de Modistas, Rivadavia 229, 5/9/1857; Modista española Segunda San Martín, Piedad 212, 7/10/1857; Madame Barsac Modista Tienda del Globo Verde, Piedad 212, 2/12/1857; Modista y costurera europea Doña Dolores Moreno, Merced 78, 10/4/1858; Madame Ana, Perú 108, 7/5/1858; Modista española, Piedad 193, 16/9/1858; Madama Ana Novedades de París, Perú 148, 19/5/1859; Se vende la tienda de modista de la difunta Sra. de Noceti, Victoria 254, 15/6/1861.

51 Para análisis de experiencias contemporáneas semejantes de trabajo femenino de costura y confección en México, ver François, Marie, “Stitching Identities: Clothing Production and Consumption in Mexico City”, en John Sinclair y Anna Cristina Pertierra (ed.), Consumer Culture in Latin America, Palgrave MacMillan, Nueva York, 2012, pp. 107-120.

52 AGN, Tribunal de Comercio, 1854-Concurso de Doña María Gilles, f. 2.

53 AGN, Tribunal de Comercio. 1854-Concurso de Doña María Gilles, f. 4.

54 De acuerdo con su estudio de las Ordenanzas de Bilbao, dice Juana Pulgar, “(…) alzados son aquellos que ‘conociendo su mal estado, no obstante él arriesgan los caudales ajenos con dolo y fraude, compran mercaderías de a plazos con subidos precios y las venden al contado a menos de su justo valor... y alzándose finalmente...’. A estos alzados –continúa la Ordenanza– ‘se les ha de tener como infames ladrones públicos, robadores de hacienda ajena y se les perseguirá... a proporción de sus delitos’. Pulgar, Juana. La declaración del concurso de acreedores, Ed. La ley, Las Rosas (Madrid), 2009, p. 78.

55 AGN, Tribunal de Comercio. 1854-Don Juan Bautista Olazarry contra el concurso de Doña Ma G de Gautier por cobro de alquileres.

56 Censo de Población de Buenos Aires, Parroquia de San Nicolás, cuartel 13º, cédula nº 90.

57 AGN, División Gobierno, X-33-7-9. F.73.

58 AGN, División Gobierno, X-33-7-9. F.73.

59 AGN, División Gobierno, X-33-7-9. Agosto 1852, f. 74.

60 Ver por ejemplo aviso titulado “Obreros” en el que se demandaban sastres y costureras para la ropería de Cayetano Descalzo, El Nacional 5/3/1861, p. 3.

61 Al respecto, ver Erbeznik, Elizabeth A., Between Boulevard and Boudoir: Working Women as Urban Spectacle in Nineteenth-Century French and British Literature, Tesis doctoral en Filosofía, University of Texas at Austin, Austin, 2011, 245 p.

62 Chambers, Sarah C., De súbditos a ciudadanos: honor, género y política en Arequipa, 1780-1854, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Lima, 2003, capítulo VI “Los límites de la ciudadanía: el género y la moralidad republicana”, p. 211-240.

63 François, Marie, “Stitching Identities…”, Op. Cit., p. 116.

64 Pita, Valeria, “Nos termos de suas benfeitoras: encontros entre trabalhadoras e as senhoras da sociedade de beneficencia, Buenos Aires, 1852-1870”, Revista Mundos do Trabalho, 2009, vol. 1, p. 41-64.

65 Mitidieri, Gabriela, “Modas, figurines y remiendos. Adquisición de vestuario y trabajo artesanal femenino en tiendas de modista. Ciudad de Buenos Aires, 1851-1869”, Revista Eletrônica Da ANPHLAC, 21(31), 2021, p. 52–86.

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Índice de ilustraciones

Título División eclesiástica de la ciudad de Buenos Aires. 1859
Leyenda Fuente: Taullard, Alfredo. Los libros más antiguos de Buenos Aires: 1580-1880, Jacobo Peuser SA., Buenos Aires, 1940.
URL http://journals.openedition.org/rhj/docannexe/image/8894/img-1.jpg
Ficheros image/jpeg, 372k
Título Manzana en la que se encontraba el Tribunal de comercio
URL http://journals.openedition.org/rhj/docannexe/image/8894/img-2.jpg
Ficheros image/jpeg, 33k
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Gabriela Mitidieri, « Experiencias de trabajo y justicia en el tribunal de Comercio de Buenos Aires a mediados del siglo XIX », Revista Historia y Justicia [En línea], 18 | 2022, Publicado el 10 junio 2022, consultado el 07 octubre 2022. URL : http://journals.openedition.org/rhj/8894 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhj.8894

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Autor

Gabriela Mitidieri

Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones de Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires. Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires.

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Derechos de autor

Revista Historia y Justicia

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