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La pervivencia de lo “miserable” y “rústico” en las defensas legales de indios. El caso de la Huasteca potosina, 1824-1835

The survival of the "miserable" and "rustic" in the legal defenses of Indians. The case of the Huasteca potosina, 1824-1835.
La survie du "misérable" et du "rustique" dans la défense juridique des Indiens. Le cas de Huatesca, Potosí, 1824-1835
Julio César Martínez Velarde / Alan Simón Leiva Gómez

Resúmenes

Este trabajo analiza, en primer lugar y de manera general, la conceptualización legal del indio en la etapa colonial y, en segundo, sus reminiscencias en las defensas de algunos abogados durante la primera República Federal mexicana (1824-1835) en una región particular del estado de San Luis Potosí. En efecto, se pretende estudiar los ecos de lo “miserable” y “rústico”, dos categorías fundamentales para diferenciar a los indios en la época de sujeción española, en los alegatos de varios abogados de indios que actuaron en el contexto nacional en la Huasteca potosina, una región con predominio de población indígena e identificada por la historiografía como uno de los territorios más racistas del estado potosino.

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Notas de la redacción

Recibido : 31/10/2021 / Aceptado : 14/04/2022

Texto completo

Introducción

  • 1 Vélez Rendón, Juan Carlos, “Abogados, escribanos, rábulas y tinterillos. Conflictos por la práctica (...)

1Terminado el proceso de independencia en México y con la instauración del liberalismo como la ideología política de la nación, la forma de concebir a los indígenas cambió; se rompieron lanzas contra el corporativismo y se les dotó de igualdad jurídica. El indio se convirtió en ciudadano mexicano, libre e igual ante la ley. Cada estado federado tenía que generar, en virtud de sus particularidades sociales e históricas, las medidas necesarias para la desaparición de los estados sociales que rigieron a los indios en la etapa colonial (menor, miserable y rústico), y asegurar a los nativos una rápida transición a la ciudadanía a través de un acendrado individualismo jurídico. En materia de impartición de justicia, el gobierno nacional dictaminó que al indígena se le debía juzgar bajo los nuevos códigos republicanos y ser defendido con nuevos argumentos de legitimidad. Por consiguiente, era necesario que las autoridades estatales prescindieran de las viejas construcciones discursivas que apelaban al indio como actor corporativo. Aunado a ello, era de suma importancia la intermediación de profesionales del derecho, pues a ellos les correspondía, en México y en Latinoamérica, además de la administración estatal, “el estudio, la elaboración, la interpretación, la aplicación y la reforma de la ley en los cuerpos legislativos y en los altos tribunales y juzgados; así mismo el trámite y solución de conflictos en los estrados judiciales y el ejercicio del derecho en litigios derivados de querellas cotidianas”1. Básicamente, serían los encargados de introducir a los indígenas y al grueso de la población en la modernidad de las instituciones políticas y sociales.

  • 2 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, (AHESLP), Secretaría General de Gobierno (SGG), 18 (...)

2En San Luis Potosí, el Congreso local legisló para eliminar la tutela indígena colonial e imponer las normas que regularían la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Sostener políticas segregacionistas, según Ildefonso Díaz de León, primer gobernador del estado, era incitar la “rivalidad de clases”. Era momento de que los indios gozaran de los “beneficios de la sociedad”2. Por otro lado, la clase política trató de promover académicamente la ciencia del derecho. La abogacía, al igual que en el discurso nacional, fue reputada como indispensable por su papel de mediadora entre la ciudadanía y las nuevas normas jurídicas. En fin, era un anhelo de las autoridades que la entidad fuera distinguida como un territorio “ilustrado y filantrópico”, tanto en la labor de sus autoridades como en la de sus abogados.

  • 3 Aunque no contaban con un título expedido por el gobierno de San Luis Potosí, en este trabajo se le (...)

3El objetivo de este trabajo se divide en dos partes. En la primera, se analizan de forma breve y general las bases conceptuales que singularizaron legalmente al indio a lo largo de la etapa colonial: menor, miserable y rústico. Se procede así para comprender de mejor manera cómo estas bases fueron reinterpretadas y, por ende, resignificadas por los sujetos que defendieron a indígenas en procesos criminales entre 1824 y 1835. En la segunda, se intenta explicar hasta qué punto persistió lo miserable y lo rústico como estrategia jurídica de los abogados de indios3 en la Huasteca potosina, región perteneciente al estado de San Luis Potosí, durante la temporalidad antes citada. Se omite “lo menor” como variable de análisis en la segunda parte del texto por su eliminación del lenguaje jurídico; no obstante, la miserabilidad y la rusticidad encontraron continuidad en los discursos abogadiles. Nuestro arco temporal (1824-1835) responde al contexto de la imposición y promoción de la igualdad de los indios ante la ley, y el del inicio de la profesionalización de la ciencia del foro, cuya aplicación en cuestiones indígenas debía caracterizarse por ser disruptiva respecto al discurso segregacionista español.

  • 4 Corral Bustos, Adriana, “La edificación de una institución desde su historia: El Supremo Tribunal d (...)

4Para lograr el objetivo trazado, consultamos como fuente principal causas criminales enviadas al Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí, que se desempeñaba como el “conjunto de normas jurídicas, órganos y reglas de funcionamiento para la solución de los conflictos sociales a través de la administración de justicia”4. Estos documentos nos permitieron adentrarnos al quehacer y pensar de los defensores que abogaron por indígenas transgresores, ya que las causas criminales contienen sus intervenciones en los juzgados. Creemos muy pertinente el uso de este tipo de fuente, pues además de mostrar variadas argumentaciones, pone de manifiesto la mentalidad de los defensores, sus valores morales, las costumbres y los hábitos que vertebraban la vida en la Huasteca potosina.

  • 5 Avalos Calderón, Denise, Pecados públicos: relaciones de incesto en San Luis Potosí, 1824-1846, Tes (...)

5Resta decir que la historiografía que versa sobre la pervivencia de premisas coloniales en torno a los indígenas en los juzgados de San Luis Potosí y, específicamente, en los de la Huasteca potosina, es casi nula. En un apartado de su tesis de Maestría, titulada Pecados públicos: relaciones de incesto en San Luis Potosí, 1824-18465, Denise Avalos Calderón hace mención de algunos discursos emitidos por abogados de personas acusadas por incesto. Al no ser sus actores sociales a estudiar, la autora no centra su atención exclusivamente en los indígenas, ni en el perfil de los abogados que los representaban. Si bien menciona la rusticidad y la ignorancia como argumentos potenciales, no los dimensiona como elementos que sostenían la categoría del indio en el pasado virreinal. Empero, el texto de Avalos Calderón ha aportado desde la perspectiva teórica y archivística, al análisis del delito y su penalización en el estado de San Luis Potosí durante la primera mitad del siglo XIX. Además, arroja luz sobre la trasgresión social del incesto, acción que no tenía parámetros claros para ser juzgado en la temporalidad citada. Sin duda, Pecados Públicos funge como andamiaje teórico importante para los interesados en la criminalidad entre los potosinos en los primeros años nacionales.

6El texto está estructurado en tres secciones. En la primera se expone brevemente la designación oficial que el indio, como corporación, recibió en la etapa de dominación española. En este apartado agregamos algunos de los privilegios que tuvieron los naturales en el ámbito penal y procesal penal. En la segunda, se presentan algunas acciones del gobierno de San Luis Potosí para desaparecer los estados jurídicos coloniales asociados a los indígenas, y también las concernientes a la preparación de abogados, quienes los asesorarían en su nuevo rol de ciudadanos. En la tercera parte plasmamos particularidades sociales de la Huasteca potosina y los discursos empleados por los abogados de indios en distintas causas criminales que se presentaron en esta región.

1. El indio como persona menor, miserable, rústica durante el orden colonial

  • 6 Torres Freyermuth, Amanda Úrsula, Tutelaje indígena. Ideas, discurso y prácticas en torno al indio (...)

7En las primeras décadas del siglo XVI, se empezó a edificar en la Nueva España la legislación que normaría el obrar del indio, corpus legal que lo convertía en sujeto de derecho. Esto correspondía a la obligación de los europeos de proteger jurídicamente a sus conquistados, pues la colonización estaba sometida al “principio privativo, la exclusiva cultural, la presunción civilizatoria”6. Era responsabilidad de las autoridades hispanas aplicar una doctrina basada en el cristianismo, fuente de la “verdadera civilización”, que generara principios y reglas de reconocimiento de derechos a los indígenas americanos.

  • 7 Andrés Santos, Francisco J. y Amezua Amezua, Luis C., “La moderación de la pena en el caso de las p (...)
  • 8 Traslosheros, Jorge, “Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios en Nueva (...)
  • 9 Torres Puga, Gabriel, Historia mínima de la inquisición, El Colegio de México, México, 2019, p. 110

8El estado principal que se confirió a los indios fue el de “menores de edad”, que para la época oscilaba entre 12 a los 25 años. La justificación para imputar esta condición fue que aquellos ignoraban el dogma cristiano por estar en proceso de conversión. Así, fueron constituidos como “neófitos”, necesitados de una “tutela” que les procurara amparo “en tanto se encontraran en tan lamentable situación”7. No importaba la edad biológica que argumentaran, se les conceptuaba como menores por su falta de autonomía. Es importante señalar que el poco entendimiento de la fe cristiana provocó que los nativos estuvieran excluidos de la jurisdicción del Santo Oficio, el cual, no obstante, les permitió participar en procesos inquisitoriales, ya sea como denunciantes o testigos.8 Los indios delincuentes de la fe fueron juzgados por los tribunales eclesiásticos ordinarios a cargo de los obispos, quienes tendían a castigarlos mayormente por actos de “idolatría”, “superstición” y “adivinamientos”9.

  • 10 Para consultar la premisas principales de estos debates, ver Silvio Zavala, Servidumbre natural y l (...)
  • 11 Owensby, Brian P., “Pacto entre Rey lejano y súbditos indígenas. Justicia, legalidad y política Nue (...)

9La minoría de edad se complementó con otros dos estados: persona miserable y rusticidad. Cabe decir que antes de la aplicación legal de estas categorías en la década de 1560, y acaecidos los debates sobre la naturaleza y la esclavitud indígena10, el indio fue considerado un vasallo libre del rey de España. Tal condición les permitió un acceso expedito a la justicia de rey, es decir, les permitió realizar cartas-peticiones y enviar querellas de manera directa a la Real Audiencia, encabezada a partir de 1535 por el virrey en turno. Con la potestad de gobernador, el virrey podía girar órdenes para resolver de forma inmediata las peticiones y querellas impuestas por los indios. Del mismo modo, como se verá más adelante, rendir vasallaje les permitió utilizar los mecanismos de justicia impuestos en Nueva España. La relación entre un rey lejano y un vasallo conquistado representó una de las grandes novedades de la matriz política en la América española11.

  • 12 Cuena Boy, Francisco, “Utilización pragmática del Derecho romano en dos memoriales indianos del sig (...)
  • 13 Cunill, Caroline, “El indio miserable: nacimiento de la teoría legal en la América colonial del sig (...)

10La calidad de miserable tenía sus raíces en la tradición jurídica europea y podía rastrearse en el derecho romano y la doctrina cristiana. En el Viejo Mundo, eran miserables los menores no sujetos a patria potestad, las viudas, los enfermos incurables y los inválidos; miserable era “la persona incapaz de valerse por sí misma y necesitada en consecuencia de protección jurídica especial”.12 Acorde con Caroline Cunill, la miserabilidad tuvo un trasfondo sociocultural y económico concreto. El indio miserable no fue reconocido como un ente con carencias racionales, sino como uno que se encontraba en desventaja social con respecto a los españoles. Así, lo miserable no respondía a ninguna capacidad inherente a la naturaleza del indio, que sí a la pobreza, la ignorancia de la cultura letrada y el persistente miedo.13 Algunas de estas vicisitudes las había expuesto Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, en la década de 1540:

  • 14 Citado en Cunill, Caroline, “El indio miserable”, Op. Cit. p. 235.

“[los indios] no saben leer y escribir, ni saben la lengua de los españoles, y los españoles ningún caso hacen de ellos, más antes los menosprecian, y así no los oyen. Allende de esto, dícenles en las Audiencias que aleguen su justicia por demandas y respuestas, lo cual ellos no saben hacer, ni tienen posibilidad de pagar al procurador y al escribano y los demás derechos”14.

  • 15 Cunill, Caroline, “El indio miserable”, Op. Cit. p. 232.

11Resulta consecuente que el religioso, ponderando junto a los obispos de Guatemala y Nicaragua el estado miserable de los nativos, exigiera a la Audiencia de los Confines, en 1545, la dependencia de los indios a la jurisdicción eclesiástica. La estrategia de los prelados implicaba la monopolización de la fuerza de trabajo india y del pago del tributo. Sabedora de que este tipo de exigencia significaba la pérdida del vasallaje indígena, la Corona no cedió a las exigencias de los obispos15.

  • 16 Véase los grados de autonomía y autogobierno que llegaron a tener los tlaxcaltecas, en Carlos Rubén (...)

12La condición de miserable, sin embargo, no fue extensiva a toda la población india; se respetó la nobleza de algunas familias mexicas (pertenecientes a la cultura imperialista que dominaba la mayoría del territorio que a posteriori fue Nueva España) y se le concedió un lugar preponderante a los tlaxcaltecas (aliados de las huestes de Hernán Cortés) por sus aportaciones a la caída de Tenochtitlán y su labor en la pacificación de territorios llamados de Frontera16.

  • 17 Ceballos-Bedoya, Nicolás, “Usos indígenas del Derecho en el Nuevo Reino de Granada. Resistencia y p (...)

13La rusticidad radicaba en el nulo conocimiento del castellano por parte de los indios, el cual era necesario para entender el lenguaje jurídico y hacer uso de los dispositivos legales que permitían la obtención de justicia y el reconocimiento de las prerrogativas que como vasallos les pertenecían. En sentido, se les estimó en la marginalidad, aislados del funcionamiento de las leyes y desentendidos de sus prerrogativas. Acorde con Nicolás Ceballos-Bedoya, la imposición de esta calidad promovió que los indios se mantuvieran, al menos durante los primeros años después de la Conquista, en la periferia de las instituciones17. Al ser reputados como menores, miserables y rústicos, lo que significaba pobreza, poco dominio del lenguaje castellano y la ignorancia de las particularidades de la cultura jurídica de la época, los indios adquirieron ciertos privilegios en la sociedad novohispana.

  • 18 Borah, Woodrow Wilson, El Juzgado General de Indios en la Nueva España, Fondo de Cultura Económica, (...)

14Los privilegios otorgados a los indios pueden encontrarse en los ámbitos económico, político, social y jurídico. Por una cuestión de espacio y coherencia con nuestro objeto de estudio, en este apartado se hace referencia exclusiva a los del último ámbito citado. De la consideración especial de los aborígenes nace en territorio novohispano, en 1590, el Juzgado General de indios, institución que otorgó un tribunal exclusivo para reclamos de primera instancia a los nativos. Sin embargo, su jurisdicción no sería privativa, ya que los aborígenes podían litigar en sus tribunales locales frente a lo corregidores. En la opinión Woodrow Borah, la creación del Juzgado General provocó el debate de la miserabilidad del indio; algunos jueces pugnaban por no reconocer este estatuto al mencionar que los indios debían ser juzgado sin ningún tipo de fuero de por medio. Por su parte, la Corona decidió seguir considerando al indio como un vasallo necesitado de protección legal18.

  • 19 Novoa, Mauricio, “Derecho americano y el indio americano en Solórzano”, BIRA: Boletín del Instituto (...)

15Para mediados del siglo XVII, el jurista Juan Solórzano Pereyra era partidario de que los nativos fueran susceptibles “a todos los favores y privilegios que a los menores, pobres [y] rústicos [...] en lo judicial como en lo extrajudicial”19. En su Política Indiana (1647) argumentaba que el punto de partida de los privilegios era el reconocimiento de derechos de propiedad y nobleza, así como garantizar la integridad física de esos “menores”:

  • 20 Citado en Traslosheros, Jorge, “Estratificación social en el reino de la Nueva España”, Relaciones, (...)

“[...] por bárbaros que sean, e inútiles que hayan sido, pudieron y pueden tener a su modo verdadera nobleza, verdadero y propio derecho de su fama y hacienda, como lo enseña Santo Tomás, y por el consiguiente no pueden recibir injuria, ni afrenta de los españoles, sin que por ello merezcan pena, y están obligados a satisfacerla, si bien no con tanto rigor como se practica entre los españoles, por ser los indios de más baja y humilde condición”20.

  • 21 Cebreiros Álvarez, Eduardo, “La condición jurídica de los indios y el derecho común: un ejemplo del (...)

16Siguiendo con el razonamiento de Solórzano Pereyra, en el caso de que algún español echara mano de su investidura como autoridad y le concediese cualquier tipo de vejación a los indios, el castigo para el europeo merecía tener más “rigor” que el instaurado en las leyes, ya que abusaba de un ser indefenso21.

  • 22 Andrés Santos, Francisco J. y Amezua Amezua, Luis C., “La moderación de la pena”, Op. Cit., pp. 254 (...)

17La miserabilidad, rusticidad y minoría de edad tuvo repercusión en el derecho penal y procesal penal. Según las Siete Partidas de Alfonso X, los menores de edad quedaban exonerados de la pena ordinaria establecida, y el juez, por tanto, debía encontrar una pena arbitraria que sustituyera el rigor de la original. En ese sentido, los jueces y magistrados eran exhortados a no comportarse como agentes de la monarquía, sino como una suerte de “padres” y “maestros” con la misión cotidiana de aleccionar y hacer entender los códigos de conducta. Se insistía en que las resoluciones fuesen de carácter “misericordioso”, aplicando correctivos moderados y “pragmáticos”, en otras palabras, que no atormentaran a los indios a procesos largos, pues muchas veces “no tenían quien hable ni importune por sus negocios”22.

  • 23 Novoa, Mauricio, “Derecho americano”, Op. Cit., p. 257.
  • 24 Cunill, Caroline, “Fray Bartolomé de las Casas y el oficio de defensor de indios en América y en la (...)
  • 25 Cunill, Caroline, “Justicia e interpretación en sociedades plurilingües: el caso de Yucatán en el s (...)

18Para que el indígena encontrara una buena representación en los tribunales, que incluía su defensa ante cualquier sentencia arbitraria23, se creó el cargo de “defensor civil de indios” a principios de 1550, el cual fue institucionalizado hasta 1590 por el Juzgado General de Indios. Como lo ha señalado Cunill, fue Bartolomé de las Casas quien promovió ante la Corona la erección del cargo de defensor civil en la década de 1540. Las autoridades reales retomaron la iniciativa con la intención de generalizar el acceso indígena a la justicia colonial de forma gratuita, actualizar la relación entre los vasallos y el rey, así como forjar un contrapeso al poder de las órdenes mendicantes, el de los colonos y caciques24. Así, los indios lograron tener representación en los tribunales locales y en la metrópoli, esto a través de un procurador que podía trasladarse a la corte española para defender las causas de los nativos en el Consejo de Indias. Del mismo modo, por desconocer el lenguaje de los jueces, los indios pudieron contar con intérpretes, individuos mediadores entre los litigantes y las autoridades. Este oficio tuvo distintos matices en la segunda mitad del siglo XVI, desempeñándolo indígenas y españoles. La presencia del intérprete aseguraba que las lenguas autóctonas fueran aceptadas en los pleitos civiles y criminales25.

  • 26 Cebreiros Álvarez, Eduardo, “La condición jurídica”, Op. Cit, pp. 483-484.
  • 27 Cuena Boy, Francisco, “Especialidades procesales de los indios y su sustrato romanístico”, Anuario (...)

19A las consideraciones precitadas se le agregarían las siguientes: la prohibición de que se les juzgase en tribunales alejados de sus provincias26, la posibilidad de alegar contra los documentos que se presentaban en los juicios; la de negar las confesiones de sus propios abogados, incluso revocarlas; la de pedir nueva prueba y presentar nuevos testigos fuera de plazo; la exención de las consecuencias de la contumacia judicial y el tener caso de corte como las viudas y pupilos27. Las condiciones de favor protectionis podían quedar invalidadas cuando el indio cometiera un delito “atroz” con conocimiento de causa: si el juez interpretaba que el natural abusaba del uso de la categoría de persona menor, miserable y rústica para la transgresión de las leyes, sería juzgado sin poder apelar a sus fueros.

2. Disposiciones en torno al indio y la profesionalización de los abogados en San Luis Potosí

  • 28 Sergio Alejandro Cañedo Gamboa y Flor de María Salazar Mendoza, De la formación del estado de San L (...)
  • 29 Porcentaje obtenido con base en Monroy, María Isabel, Pueblos, misiones y presidios de la intendenc (...)

20San Luis Potosí albergaba dentro de sus fronteras un gran número de indios. Aunque es difícil hacer un conteo poblacional más o menos preciso después de la independencia (se prohíbe el registro de calidades étnicas en los registros estadísticos), se puede decir que de los 217,776 habitantes que integraban al territorio potosino en 182628, el 65 % aproximadamente eran indígenas29. Este predominio demográfico exigió la puesta en marcha de un proyecto “civilizador” dirigido desde el altiplano (región donde se encontraba la capital potosina).

  • 30 Legislación Potosina o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas Expedidas desde el 21 d (...)
  • 31 Monroy Castillo, María Isabel y Tomás Calvillo Unna, “Las apuestas de una región: San Luis Potosí y (...)

21Los diputados locales decretaron, en 1827, que “la tutela en la que la opresora legislación española tenía a los indígenas”, quedaba “extinta y estos ciudadanos iguales a los demás”30. Por consiguiente, al igual que el grueso resto de los potosinos, encontrarían sus derechos y deberes en la Carta Magna local de 1826. Es de resaltar que la resolución de la clase política contravenía lo establecido en la propia Constitución; el ciudadano debía ser, a riesgo de perder los derechos de ciudadanía, un hombre católico, avecindado, con independencia económica, industrioso y letrado31, requisitos que muy pocos indios podían cumplir a cabalidad. Puede interpretarse que el Congreso apostó por ignorar las diferencias culturales a fin de construir un cuerpo estatal homogéneo.

  • 32 Legislación Potosina, Op. Cit., p. 141.

22Al no existir un código civil en la entidad, los indios, como el resto de la población, debían regular su forma de relacionarse a través del Arreglo de Tribunales para la administración de Justicia en el Estado (1827). Dicho documento fue la base teórica para sancionar y castigar en San Luis Potosí hasta 1848, cuando se emitió el Reglamento Provisional de Justicia. Como su nombre lo indica, en el Arreglo se asentaba la creación de un Supremo Tribunal de Justicia, el cual estuvo conformado por tres magistrados, tres conjueces y un fiscal. Estas autoridades se encargarían de imponer las penas necesarias para asegurar la armonía entre las personas. El Arreglo de Tribunales aseguraba, como premisa principal, que la aplicación de las sentencias partía del respeto a la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, pues ninguna pena determinaba la confiscación de bienes ni el tormento corporal. Ahora bien, una de las novedades del Arreglo fue la separación que los delitos graves y leves. Los primeros consistían en aquellos que ponían en riesgo la vida y el patrimonio humano: homicidio, heridas, estupro, robo, etc. Entre los segundos, denominados “correccionales”, se encontraban la embriaguez escandalosa, la sevicia, el maltratamiento a la mujer, el mal ejemplo y abandono de familia, el no aplicarse a trabajos honestos, el amancebamiento, los pleitos en público que no implicaban golpes ni heridas, el robo simple que no pasara de cinco pesos y la rapiña, siempre que esta no superara de cinco pesos32.

23Decretado el Arreglo de tribunales como órgano rector, se buscó eliminar la repartición de justicia basada en “usos de costumbres”, que seguía practicándose en algunos pueblos con presencia indígena. En este tipo de población se había creado y recreado, con permiso de la administración ibérica, una organización política y social diferente a la que el estado aspiraba a crear. Con autoridades propias y una autogestión en materia penal, los principales indios aplicaban el escarmiento sobre el cuerpo como castigo a cualquier trasgresión. Mariano García, defensor oriundo de la Huasteca potosina, describe la dinámica de este tipo de aplicación de justicia:

  • 33 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) Supremo Tribunal de Justicia Ramo Criminal (...)

“Se prendía al reo y se castigaba a presencia del ofendido. El reo pedía perdón del hecho al gobernador y enseguida perdía perdón a la parte ofendida, y después de una largo escarmiento que le hacían, respondía el reo humilde y a brazos cruzados, confesado su delito y que ya lo había pagado, concluyendo la operación con darse unos a otros las manos, se acababa el sentimiento y se iban todos juntos para sus casas, como si nada hubiera pasado. Solo así quedaban satisfechos y reconciliados, unos a otros en semejantes materias”33.

  • 34 AHESLP., STJ.CRI., L 85, E 1, f 50.
  • 35 Legislación Potosina, Op. Cit., p. 75.

24Se pensaba que las puniciones sustentadas en la violencia entorpecían el progreso de la “ilustración” y fortalecían la imagen del indio como un ente periférico, con un obrar miserable y rústico. Si los gobernantes no corregían estas costumbres adversas a la civilización, siguiendo a Mariano García, los indios retornarían a tiempos de su “esclavitud” (orden colonial), etapa donde solo con azotes “podían remitir su derecho y perdonar la injuria a todo corazón”.34El gobierno prohibió este tipo de castigos e impuso una multa a quien los practicara: “diez pesos, supliendo su falta con un arresto de ocho a veinte días”35.

25Preparar abogados aptos para actuar con base en la igualdad jurídica fue otra de las disposiciones de la clase política. Se esperaba que, con los conocimientos adquiridos, los profesionales del derecho representaran de buena manera a los indios y los aconsejaran en las garantías y obligaciones que tenían como ciudadanos. En ese sentido, se abrió, en 1826, un espacio académico para el Derecho en el recién fundado Colegio Guadalupano Potosino. Los interesados por “la ciencia del foro” accedían a las cátedras de derecho constitucional y derecho natural y de gentes, mismas que estaban a cargo de Luis Guzmán y Cástulo San Román, destacados jurisconsultos. La carrera tenía una duración de cuatro años y era obligatorio que los alumnos ejercieran durante dos años para la obtención del título. Siendo menores de edad los pupilos, debían tramitar una licencia ante el gobierno para empezar a actuar en los juzgados.

  • 36 Legislación Potosina, Op. Cit, p. 88.

26El anhelo de capacitar a los abogados puede reflejarse en la dinámica de los exámenes profesionales, en los que se exigía demostrar el dominio total de los “puntos generales del derecho” y una comprensión plena del “sistema de gobierno” que regía en México. Con el decreto número 59, del 14 de diciembre de 1826, el Congreso local dispuso que la recepción de abogados constaba de dos pruebas; la primera era la resolución de un caso propuesto por el presidente de la Audiencia, teniendo el “pretendiente” dos días para explicarlo y resolverlo aproximadamente en hora y media frente al asesor primero de la capital y dos sinodales escogidos por este último. La segunda prueba era el análisis de varios autos otorgados por el presidente, a los cuales el alumno, asumiendo la posición de juez, debía dictar las sentencias correspondientes con su respectiva justificación, disponiendo de cuarenta y ocho horas para lograrlo. Presentadas las dos pruebas, el solicitante tenía que responder a los cuestionamientos de magistrados y jueces, todo ello en un acto público. Si el examen resultaba aprobado, el Supremo Tribunal de Justicia despachaba el título al solicitante36.

  • 37 Recio Cavazos, Gabriela, El abogado y la empresa. Una mirada al despacho de Manuel Gómez Morín, 192 (...)

27Al parecer, la profesionalización del estudio de las leyes fue una constante durante el siglo decimonónico, pues al iniciar la década de 1900, existían 108 abogados, la mayoría residiendo en la capital potosina37. Es necesario hacer hincapié en que la ciudad de San Luis Potosí fue el único lugar en el estado que pudo ofrecer la instrucción en materia de conocimiento jurídico, lo que provocaba una carencia de abogados profesionales en la mayoría de los escenarios rurales de la entidad. Resulta comprensible entonces que el litigio y las defensas en esas poblaciones estuvieran a cargo de individuos que no dominaban la ciencia del derecho. Tal situación imperó en la Huasteca potosina, donde los abogados de indígenas, demostrando poco apego a los dictámenes del gobierno, utilizaron estrategias de defensa de raigambre colonial.

3. La Huasteca potosina, los defensores y la pervivencia de lo miserable y rústico como estrategia jurídica

  • 38 Jesús Ruvalcaba Mercado, Juan Manuel Pérez Zevallos, “Prólogo”, en Ruvalcaba Mercado, Jesús y Pérez (...)

28La Huasteca potosina se ubica al oriente de San Luis Potosí, a unas 50 leguas de la capital estatal. Colinda al norte con Tamaulipas, al sur con Hidalgo y Querétaro, al este con Veracruz y al oeste con la Sierra Madre Oriental. Cabe aclarar que la Huasteca potosina forma parte de una región más amplia denominada “las Huastecas”, que abarca municipalidades de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo. Algunos historiadores señalan a esta región como un espacio social de al menos cuatro milenios de antigüedad, con una cultura particular que se extiende entre la Costa Norte del Golfo y la Sierra Madre Oriental, entre los ríos Cazones y Soto la Marina, y que es compartida por media docena de pueblos de diferente filiación lingüística38.

  • 39 Escobar Ohmstede, Antonio y Fagoaga Hernández, Ricardo, “Sociedades híbridas, pueblos mixtos o mest (...)

29Las etnias que dominaron poblacionalmente la Huasteca potosina fueron la pame, huasteca y nahua. Estos grupos estuvieron distribuidos mayoritariamente en pueblos, misiones, haciendas, ranchos, estancias y barrios o “tlaxicales”. Se aproxima que para 1826 la región contaba con 51,322 indios (82%) y 11,014 (18%) que no pertenecían a ninguna de las etnias antes mencionadas39. Era el territorio con el mayor número de población nativa de todo el estado.

  • 40 El “arrimadismo” era una mezcla de rentismo y aparcería. Este tipo de relaciones aseguraba un siste (...)
  • 41 Escobar Ohmstede, Antonio, Para entender las estructuras agrarias. Pueblos de indios y propiedades (...)

30Las principales actividades económicas indígenas eran la agricultura y el comercio. Los pames, huastecos y nahuas cultivaron maíz, frijol, calabaza, chile, diversos frutos y caña de azúcar. Sus mayores producciones eran los derivados de la caña (piloncillo y aguardiente) y el tabaco, las que podían colocar en mercados locales y regionales. Otra actividad recurrente fue alquilarse como “arrimados” en las haciendas; su trabajo consistía en cultivar y escardar la tierra a cambio de una mínima parcela de terreno40. Igualmente, fungieron como “terrazgueros”, esto es, pequeños arrendatarios con obligaciones laborales en propiedades privadas. Cuando no pertenecían a las cercanías de las haciendas, fue común que alquilaran su fuerza de trabajo como “semaneros”, o sea, “trabajadores agrícolas contratados por una semana con el fin de recoger la cosecha o hacer siembra”41. En efecto, los indígenas de la Huasteca potosina se caracterizaban por desarrollar una agricultura de autoconsumo, un comercio regular y por ser mano de obra barata de las principales haciendas de la región.

31Por otro lado, el mestizo, casi siempre pobre, dedicaba sus esfuerzos a las mismas actividades practicadas por los indígenas, pero a diferencia de estos, se decantó en mayor medida por la producción de ganado vacuno. Algunos echaron mano de su conocimiento para desempeñarse como vaqueros en las unidades productivas; otros actuaron como guardias personales de los hacendados, encargándose de la seguridad de las propiedades y de eliminar cualquier síntoma de rebeldía entre los arrimados y arrendatarios.

32En el tejido social huasteco era notoria la presencia de un grupo conformado por “gente de razón”. Este mote, con claro pasado colonial, lo utilizaban para zanjar una brecha cultural con los indios, en los cuales reconocían la incapacidad de razonar debidamente. Enarbolando una “pureza de sangre”, los “de razón” se destacaron por la tenencia de considerables propiedades y por desencadenar violentos procesos de acumulación de la tierra, cuyas repercusiones, en detrimento de la población natural, se extendieron hasta el ocaso de siglo XIX. En sus haciendas, se inclinaron por la siembra de maíz, frijol y caña de azúcar, así como por la producción de reses y mulas, sobre todo en la parte norte de la región Huasteca.

  • 42 Rangel Silva, José Alfredo, “Cambios políticos y ayuntamientos constitucionales en la Huasteca Poto (...)
  • 43 Carmagnani, Marcelo, “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del sigl (...)

33El dominio económico que proyectaban en la región, sumado a la ventaja de saber leer y escribir, conocimientos escasos entre indios y mestizos, permitió que “la gente de razón” encabezara los cuerpos políticos que surgieron con la municipalización del país. Así, coparon los ayuntamientos, que para la época actuaban como una arena política para dirimir problemas locales y regionales entre diversas facciones en pugna, anteponiendo sus intereses o los de sus allegados42. Detentar la gestión municipal les significaba, por su carácter de propietarios, un derecho privativo, como lo asegura Marcelo Carmagnani43.

  • 44 Marino, Daniela, “Nuestros hijos recibirán como legado esta cuestión…Los indígenas y el derecho en (...)
  • 45 Márquez, Enrique, “Tierras, clanes”, Op. Cit, p. 207.

34Paradójicamente, fue la gente de razón la que defendía a los indios en los procesos judiciales. Podría decirse que entre los primeros existía un desdén por este tipo de “actividad liberal”; la consideraban una especialización de la elite económica del altiplano, exclusiva de aquellos que participaban de cerca en la política capitalina. Ahora bien, los defensores aquí estudiados no pueden ser estimados como “huizacheros” o “tinterillos”, sujetos carentes de título de abogado y dedicados a representar a indígenas en pleitos por tierras44. Al contrario, nuestros intermediarios pertenecían a la clase propietaria y, desde luego, evitaban la promoción de litigios que pusieran en riesgo sus intereses económicos. De hecho, a través de sus guardias personales, utilizaban la intimidación y la violencia como mecanismos para mantener indivisas sus posesiones45. Y como ya se enunció, su intervención en los juzgados no era su principal fuente de ingreso.

  • 46 Márquez, Enrique, “Tierras, clanes”, Op. Cit, p. 207.

35Los defensores en la Huasteca potosina, como constantemente lo declaraban en sus escritos, no poseían un vasto repertorio de argumentos para interferir por sus clientes. Según el párroco del pueblo de Huehuetlán, se caracterizaban por su “incultura y rusticidad”46. Es importante matizar estos dichos se encuadran en una rivalidad que surge después de la independencia entre los propietarios y los miembros de la Iglesia por el control de los indios. Sin embargo, no deja de ser ilustrativo conocer esta opinión, viciada o no, de un miembro ajeno a la clase propietaria.

  • 47 AHESLP, STJ.CRI, L 62, E 11, f 20.
  • 48 AHESLP, STJ.CRI, L 85, E1, f 50.
  • 49 AHESLP, STJ.CRI, L 68, E 7, f 12.

36La falta de conocimiento jurídico era “sustituido” por uno de tipo “empírico”. Miguel Barragán, representante legal de varios indios pames, mencionaba que sus palabras superaban cualquier “teoría” por haberse “dedicado al estudio y examen sobre el origen de algunos abusos en los que se denominan indígenas”, y por poseer “el idioma de estos”47. Por su parte, el ya citado Mariano García, quien defendía a varios indios huastecos, atinó a decir que si bien no disponía de una “preparación” suficiente, sus ideas no carecían de verdad, pues había vivido “la mayor parte de [su] vida entre ellos”48. En el mismo tenor fueron las palabras de Justo Morales, quien decía desempeñar bien su rol de mediador legal por tener “experiencia respecto a los indígenas”49.

37Las defensas que aquí se estudian fueron parte de procesos judiciales en contra de indígenas, los cuales supuestamente habían cometido los siguientes delitos graves: homicidio, hurto, heridas, abigeato y estupro. Analizamos las construcciones discursivas de los defensores bajo el supuesto de que estas fueron el producto de razonamientos calculados y no simples narraciones, que tenían la intención de persuadir a los encargados de impartir justicia. Esto no significa que lo expresado por los abogados fuese, desde su perspectiva, una completa “ficción”, pues estos conformaban, paradójicamente, el sector más radical y racista de todo de San Luis Potosí.

  • 50 AHESLP, STJ.CRI, L77, E 6, f 14.

38En la pamería, frontera de la Huasteca potosina, se enjuició al indígena pame Pedro José Aguilar, en abril de 1829, por herir con un arma blanca a Antonio Luciano, indio también, motivado por su estado de ebriedad. La defensa hecha por Tiburcio Gómez se basó en hacerlo pasar por una persona ajena a los reglamentos que el estado imponía, pues su “encomendado” era poseedor de una “rusticidad supina”, por lo que no sabía “distinguir cuales son las penas prohibidas”50. La resolución de este caso fue rápido: al acusado se le encontró culpable por una tentativa de homicidio, misma que le hizo pasar, según la condena referida en la causa, un año trabajando en el presidio de las Californias y otro en obras públicas.

  • 51 Citado en Rangel Silva, José Alfredo, “Pames, franciscanos y estancieros en Rioverde, Valles y sur (...)

39Sin duda, la etnia pame era sopesada entre las autoridades civiles y clericales como la más atrasada, comparada con sus contrapartes indígenas, en “civilización”. A diferencia de los huastecos y nahuas, muchos pames aun residían bajo la custodia misional. Poco antes de la independencia, los encargados de su cuidado los describían como “rústicos”, “salvajes”, “flojos”, “amigos del ocio” y sin la constitución intelectual adecuada para entender los misterios de la religión51. Esta visión estaba incentivada por la negativa indígena para instalarse, aun en la etapa nacional, en poblados conocidos.

  • 52 AHESLP, STJ.CRI, L 129, E 2, f 16.
  • 53 AHESLP, STJ.CRI, L 129, E 2, f 19.

40Las adjetivaciones señaladas se hicieron presentes en los procesos que enfrentaron Manuel Santiago y José Hilario, dos indios pames que fueron capturados, en 1832, por hurto de una becerra. Sin nada que objetar sobre el delito de sus clientes, los defensores se dedicaron a justificarlos y a cavilar sobre “el carácter” de la etnia pame. Antonio Ledezma puntualizó que “la rusticidad” lo hacía “caer en hurtos”52. Durante el proceso de pesquisa de testimonios, Ledezma fue sustituido por José Antonio Izaguirre, quien pedía “la mayor consideración” no solo para sus representados, sino para todos los indios, ya que esa “clase de personas” no “saben ciertamente ni los principios ni fundamentos de la religión, ni mucho menos tienen luces de las penas a que se hacen dignos cometiendo hurtos”53. Los presos fueron condenados a dos años de presidio.

  • 54 AHESLP, STJ.CRI, L 175, E 8, f 21.

41El elemento de la rusticidad como atenuante criminal fue empleado en el juicio de José Reyes, en 1834, al que se le hacía responsable del homicidio de la india María Concepción. Pese a que el delito era considerado grave, su abogado no cuestionó las pruebas y tampoco indagó en los hechos ocurridos, más bien se centró en dejar claro que Reyes, como indio pame, padecía de “sindéresis” debido a su “rusticidad”, motivo por el que no entendía “de leyes y decretos”54. Según el abogado, la pena de Reyes debía ser mínima por prescindir de información legal. El resultado de esta pobre premisa fue una sentencia de cinco años de prisión para el acusado.

  • 55 AHESLP, STJ.CRI, L 113, E 2, f 13.

42Urbano Bravo también presentó el argumento de la ignorancia, producto de una supuesta rusticidad, para minimizar una posible sentencia a su cliente. Representando al indio Domingo Mata, detenido por un robo cometido a una propiedad en 1833, Bravo expuso la “falta de principios políticos y religiosos” del pame, que por su “rusticidad a todas luces” padecía de “raciocinio”55. Era deber, según el defensor, que las autoridades se apiadaran de Mata y dictaminaran una condena mínima. Entendiendo la pena como no grave y teniendo en cuenta que el reo esperó el veredicto durante seis meses en prisión, El Supremo Tribunal de Justicia dio por compurgado el delito con la multa de prisión sufrida.

  • 56 AHESLP, STJ.CRI, L 170, E 19, f 19.

43Una situación similar se replicó en el proceso del pame Domingo Moreno, a quien se le acusaba de cometer estupro a una niña de cuatro años de edad. Al ser el indígena señalado como culpable, Florencio Ortiz apeló para que se le redujera la pena de seis años de presidio con la siguiente reflexión: “¿Quién es este? Un hombre rústico, peltre, criado en el campo, cuidando siempre animales, hombre que no tiene idea de religión; un hombre, en fin, sin principios”56. Sin embargo, la condena fue inexpugnable.

  • 57 AHESLP, STJ.CRI, L 91, E 8, f 25.
  • 58 AHESLP, STJ.CRI, L 63, E 5, f 15.

44Algunos defensores pensaban que la mentada rusticidad de los pames era atenuante suficiente para absolverlos de los crímenes que cometían. En ese sentido se expresó Juan José Robles, quien pedía la liberación de José Antonio de la Rosa, detenido por haber herido gravemente a Ambrosio Segura y Mateo Navarrete, muerto este último a causa de las lesiones. Se aseguraba que el acusado había actuado defendiendo su integridad y que su reacción violenta estaba justificada por la “rusticidad que lo distingue”. Era una verdad, según Robles, que los indios no conocían “más que sus propias ideas, bien o mal fundadas”57. El requerimiento encontró rechazo y de la Rosa fue condenado a cinco años de presidio en las Californias. Este lenguaje sin formulismos y hasta cierto punto exigente, se utilizó en el proceso judicial abierto por el homicidio de la indígena María Petra, en 1828. Joaquín Páez, defensor del indio Juan Pablo, atino a pedir la libertad absoluta de su representado, pues era un “rustico incapaz de conocer los grados de los delitos”58. Su petición fracasó; al comprobado homicida le dictaron una sentencia de cinco años de prisión.

45Con base en los documentos revisados hasta este punto, se puede interpretar que la rusticidad fue el elemento clave en la retórica de los encargados de defender legalmente a los pames. La rusticidad fue entendida como la incapacidad de conocer las nociones básicas de la vida “civilizada”, o sea, los principios de la religión y las leyes. Para los defensores, los indígenas rústicos no estaban cometiendo delitos per se, pues desconocían que incurrían en tales. Entonces, el desconocimiento significó una estratagema aplicable para reducir los castigos o anular cualquier tipo de pena. Como ya vimos, que los pames no tuvieran el dominio pleno de lo legal y lo ilegal, si ese fuera el caso, no influyó en las resoluciones de los magistrados, quienes aplicaron las penalizaciones correspondientes.

46Por otro lado, el recurso de lo miserable se presentó en algunas defensas de indios huastecos. En los primeros años independientes, existían, a grandes rasgos, dos visiones opuestas sobre esta etnia. Los huastecos que habitaban el norte de la región, que en la época colonial había sido una frontera de guerra, se ganaron el mote de “civilizados” gracias a su labor en la pacificación de ese territorio. Sin embargo, los establecidos al sur de Valles fueron calificados de manera contraria a sus pares norteños. Irredentos, evasivos al trabajo y al dogma cristiano serían algunos de los adjetivos empleados por religiosos y autoridades civiles para definirlos. No es ocioso decir que los huastecos sureños no contaron con un peso político importante, sino que fueron duramente explotados en la constante búsqueda de cobro de tributos, servicios personales y fuerza de trabajo para las propiedades privadas. Se puede tomar el pulso del ambiente hostil y de la sujeción indígena a través del alto número de quejas enviadas a las autoridades virreinales durante los siglos XVIII y XIX.

  • 59 AHESLP, STJ.CRI, L 161, E 1, f 70.

47Al parecer, los abogados no hicieron eco de esta distinción en boga, pues se encargaron de evidenciarlos como sujetos miserables. Y al igual que la “rusticidad” en los pames, lo miserable en los huastecos les impedía supuestamente comprender la gravedad de sus actos. Así lo expresaba el defensor Antonio Castro, cuyo alegato tenía el objetivo de liberar a una indígena presa por homicidio en Tancanhuitz, la cual podía ser considerada como “miserable”. Según el defensor, su clienta no sabía distinguir “entre lo malo y lo bueno” por vivir en “los montes más espesos, sin saber ni hablar el castellano y sin entender las leyes penales que se puede hacer acreedor cualquiera que las quebrante”59. Asumiendo que los magistrados entenderían estas razones, les preguntaba “¿se puede juzgar a un sujeto así?”. La respuesta, en detrimento de Castro, fue una de las condenas más extensas que se registran en la región: diez años de prisión en la Casa de las Recogidas del estado.

  • 60 AHESLP, STJ.CRI, L 134, E 1, f 25.
  • 61 AHESLP, STJ.CRI, L 132, E16, f 33.
  • 62 AHESLP, STJ.CRI, L 69, E7, f 42.

48Para algunos defensores, la miseria moral y económica convertía a los indios en individuos portadores de una “crecida simplicidad”. Lo dijo así José Antonio Herrera, quien argumento que su defendido, acusado de homicidio, debía ser conmutado por no conocer “ni cuál era el arma prohibida”60. Por su parte, Gabriel Zúñiga explicaba que los indios de Huehuetlán, a causa de su miseria y simplicidad, ignoraban “el tamaño de los crímenes que cometen”61. En el pueblo de Tancuayalab, Sebastián González decía que “la estúpida miseria” entre los naturales hacía que ignoraran “el espíritu de las leyes” y “hasta la existencia de ellas”. Este estado que bien podía denominarse de “estupidez”, según González, debía “salvar al que infringe una ley de la pena que ella impone”62. Ninguna de estas reflexiones consiguió que el Supremo Tribunal estipulara la liberación de algún procesado, al contrario, todos recibieron años de cárcel.

49Tiene importancia aclarar que hubo excepciones en cuanto a las penas dictadas. En 1834, se abrió un proceso judicial en contra de Francisco Santiago, originario de San Antonio, por haber herido a Juan Bautista. Su defensa, a cargo de Manuel Barrios, logró que al imputado se le otorgara la “gracia del indulto”, consiguiendo su “absoluta libertad”. Los argumentos utilizados se basaron en la condición de “miserable” demostrada por su cliente. Barrios aseguraba que

  • 63 AHESLP, STJ.CRI, L 179, E 10, f 16-18.

“Todos los autores que hablan de los asuntos civiles y criminales, tienen en consideración a los indios. En los delitos criminales y civiles siempre procuran disminuirle el castigo de las demás gentes por lo escaso de su entendimiento, así como la miseria en que están envueltos desde que nacen […]”63.

  • 64 Citado en Rangel Silva, José Alfredo, “Las voces del pueblo. La cultura política desde los ayuntami (...)

50Los representantes legales de indios nahuas también echaron mano de lo miserable como premisa central de sus discursos. A inicios de la centuria decimonónica, el nahua era visto como un ente rebelde, contrario al trabajo y portador de una rivalidad interna en contra de los no indios. Una de las primeras voces en replicar este pensar fue el ayuntamiento de Xilitla, que se pronunció en contra de la “holgazanería e insubordinación de los indios” pertenecientes a su comarca. El alcalde propuso transformarlos en individuos útiles mediante la instrucción de artes y oficios, declarando como vagos y mano de obra sujeta a los que se negaran a recibir dicho conocimiento. Esta petición encontró apoyo en Coxcatlán, donde a diferencia de su homólogo de Xilitla, el alcalde pedía el permiso directo para sujetar a los nahuas mediante el trabajo forzado, prohibido para esas fechas64.

  • 65 AHESLP, STJ.CRI, L 65, E 3, f 36.

51Estas construcciones sociales sobre los nahuas permearon en los procesos judiciales, siendo la miserabilidad el factor que vertebraba las alocuciones de sus abogados. Ser sujetos miserables los hacía flojos y, consecuentemente, tendientes a cometer delitos, acorde con lo expresado por varios defensores. No obstante, los nahuas de San Martín Chalchicuautla, según Ignacio Rivera, “naturalizaban” los actos criminales por no “proceder con el conocimiento de la gente cultivada”, pensando “no ser malo tomar cosas para suvenir a sus necesidades de aquellos señores con quien la naturaleza se ha mostrado prolija”65. Así, pedía que su cliente, un indígena acusado de “robo casero”, fuese liberado en 1828. Por haber pasado cuatro meses en prisión esperando condena, desde la capital del estado se ordenó que el indio fuese puesto en libertad.

  • 66 AHESLP, STJ.CRI, L 161, E 7, f 27.

52Francisco de la Vega aceptaba que “todos” los indios estaban “obligados a obedecer las leyes y cumplirlas”, pero consideraba también que estos, por vivir “en los montes más recónditos sin ley y sin religión”, eran “acreedores a la consideración que merece un miserable”. Esto lo declaraba con el propósito de proteger legalmente a Martín Pérez, quien estaba detenido por homicidio. Para dar énfasis a sus palabras, de la Vega cerraba su intervención diciendo que la “asperidad de inteligencia” de los nahuas “no les da lugar” a saber lo que les es prohibido, de aquí es “que no conocen en lo que faltan”66.

  • 67 AHESLP, STJ.CRI, L 206, E 1, f 7.
  • 68 AHESLP, STJ.CRI, L 206, E 1, f 21.
  • 69 AHESLP, STJ.CRI, L 206, E. 1, f 7.

53En 1835, Juan Antonio Goitortua, representante de varios indios en San Martín Chalchicuautla, reflexionaba sobre la “miseria moral” de los indígenas. Llegaba a la conclusión de que este tipo de miseria era “el origen todos los vicios: obscurece la luz de la razón y deriva a cualquier indio a cometer los más horrendos y espantosos crímenes”67. Su colega, José Salazar, pensaba que era el atenuante para arrastrar “a los hombres a los mayores precipicios” y a “principios más obscuros de la inmoralidad”68. El más crítico con los nahuas de San Martín fue Manuel Marín, quien emitía una pregunta en torno a la miserabilidad de los indígenas y su relación con los actos delictivos: “¿Qué conocimientos de las leyes penales pueden tener esos desgraciados indígenas que pasan una vida igual a la de los brutos?”. Marín aseguraba que los indios debían ser exceptuados de las penas, pues “desconocen las leyes civiles” y se conservaban en un “estado de barbarie”69.

  • 70 AHESLP, STJ.CRI, L 104, E 2, f. 127.

54En el municipio contiguo, Tamazunchale, también se hablaba de una decadencia moral producida por el estado miserable de los indios. Asencio Monreal, abogado de un indio acusado de homicidio, disertó no solo sobre el proceder su cliente, sino que su comentario abarcaba a todos los nahuas de la región. Decía que “las condiciones en que viven los indígenas, su educación, su trato, su falta de principios aun en las cosas más comunes, los pone en el caso de que su malicia en los hechos torpes que cometen sea digna de conmiseración, pues muchas veces llega al grado en que se califiquen de bárbaros”70. La conmiseración no acaeció de la forma que se esperaba: el infractor fue condenado en primera instancia con la pena de muerte. Al apelarse este dictamen, el Supremo Tribunal modificó su decisión y otorgó al acusado cinco años de prisión.

  • 71 AHESLP, STJ.CRI, L 210, E 7, f. 27.

55El ya citado Antonio de la Vega, al representar a dos indios acusados de homicidio, mencionaba que los nahuas de Tamazunchale, por su carente moralidad, “no les da lugar a saber lo que es prohibido”. En consecuencia, “nunca se persuaden del tamaño de sus crímenes y creen purgarlos con menores reprehensiones”71. Parece ser que su alegato rindió frutos, ya que, sorprendentemente, se les concedió a los infractores la gracia del indulto.

56Partiendo de lo señalado, la miserabilidad fue reinterpretada por los defensores como el atenuante principal de la criminalidad entre los indios. Ser miserables les significaba interiorizar la transgresión como hábito cotidiano, pues no diferenciaban entre lo “bueno y lo malo”. Para los representantes legales de los nahuas, la condición de miserable era un defecto que hacía mella en la moral del individuo, sin la cual no podía proceder como la “gente civilizada”. En todo caso, estas reflexiones, al igual que las concernientes a los habitantes de la pamería, tenían el objetivo de aminorar las condenas.

Conclusiones

57Las estrategias utilizadas en las defensas de los indios ponen de relieve una continuidad del discurso que los singularizaba durante la Colonia. Pese a que las designaciones de rústico y miserable habían desaparecido, en teoría, del leguaje jurídico nacional, fueron empleadas sistemáticamente como estrategias discursivas por los abogados. Dicha continuidad también arroja luz sobre la reinterpretación de lo miserable y rústico que hicieron los encargados de defender a los indios. La rusticidad fue vista como la matriz cultural de los pames, la que guiaba sus actos y los mantenía al margen de las instituciones. Siendo hombres rústicos, su destino era el crimen y la perdición, entendida como la incapacidad de adquirir los hábitos que vertebraban la vida civilizada. En cuanto a la miserabilidad, le incorporaron el sustrato de la moralidad. Si bien la miserabilidad fue configurada en los primeros años de la vida novohispana como la incapacidad del individuo de valerse por sí mismo, que no una falta de raciocinio, en los alegatos abogadiles fue concebida como una fisura en la moral del indio. Sin la moral no se podía tener noticia de las “buenas costumbres” y, por tanto, de lo permitido y lo prohibido.

58Tal como lo hacían los protectores de indios en un pasado no muy lejano, los que se decían abogados en la Huasteca potosina vieron en la rusticidad y miserabilidad un recurso útil para conseguir la liberación de sus clientes o por lo menos la reducción de sus penas. No se sabe a profundidad cual fue la reacción de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia ante tales premisas, pero fue un hecho que no las validaron como persuasivas; la mayoría de las sentencias oscilaron entre los cinco y diez años de prisión, tal como lo había dictaminado el Congreso del Estado de San Luis Potosí para los delitos considerados graves.

59Las estrategias de los abogados de la Huasteca potosina contradecían el discurso ilustrado de los primeros gobernadores del estado, los cuales anhelaban nuevos talantes de impartición de justicia, así como modernos debates sobre la culpabilidad o no de los acusados, esto a través de concienzudas representaciones legales. La contradicción nacía de la nula promoción de la ciencia del foro en el oriente de la entidad y, consecuentemente, del desconocimiento de la teoría del derecho. Los que fungían como defensores tenían como prioridad el usufructo de la tierra, principal actividad del sistema económico regional. Por tanto, es comprensible que en este escenario agrícola, carente de instituciones educativas, se desempeñaran como abogados individuos que conocían medianamente la lectura y escritura. Lamentablemente, en las fuentes consultadas no se tiene noticia de indígenas dedicados a la defensa de sus congéneres. Empero, ingenuo sería suponer la inexistencia de indios capacitados para elucubrar defensas legales, pues persistían en algunos pueblos, aunque de manera simbólica, gobernadores indios en quienes se delegaba la responsabilidad de proteger los intereses de los avecindados.

Fuentes

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Fuentes impresas

61Legislación Potosina o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas Expedidas desde el 21 de Abril de 1824. Edición Oficial, Tomo I, San Luis Potosí, Imprenta de la Escuela Industrial Militar a cargo de José J. Martínez, Calle de Fuente, número 7, 1892, 512 p.

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Zavala, Silvio, Servidumbre natural y libertad cristiana, Editorial Porrúa, México, 1975.

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Notas

1 Vélez Rendón, Juan Carlos, “Abogados, escribanos, rábulas y tinterillos. Conflictos por la práctica del derecho en Antioquia, 1821-1843”, Estudios Políticos, Antioquia, n° 32, 2008, p. 16.

2 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, (AHESLP), Secretaría General de Gobierno (SGG), 1826.5, L 22, f 11.

3 Aunque no contaban con un título expedido por el gobierno de San Luis Potosí, en este trabajo se les llamará abogados y defensores a los que representaron legalmente a indígenas en la Huasteca potosina. Con esto se busca respetar lo asentado en las fuentes.

4 Corral Bustos, Adriana, “La edificación de una institución desde su historia: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí”, Vetas, San Luis Potosí, vol. 8, n° 22-23, 2006, p. 31.

5 Avalos Calderón, Denise, Pecados públicos: relaciones de incesto en San Luis Potosí, 1824-1846, Tesis de Maestría en Historia, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México, 2012, pp. 180-189.

6 Torres Freyermuth, Amanda Úrsula, Tutelaje indígena. Ideas, discurso y prácticas en torno al indio chiapaneco en el tránsito de la colonia a la primera república, Tesis de Maestría en Historia, Instituto Mora, México, México, 2008, p. 15.

7 Andrés Santos, Francisco J. y Amezua Amezua, Luis C., “La moderación de la pena en el caso de las personae miserabiles en el pensamiento jurídico hispano-americano de los siglos XVI-XVII”, Revista de Historia del Derecho, Buenos Aires, n° 45, 2013, p. 250.

8 Traslosheros, Jorge, “Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios en Nueva España. Definición jurisdiccional y justo proceso, 1571-c.1750”, en Jorge E. Traslosheros y Ana de Zaballa (coords.), Los indios ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal, México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2010, pp. 53-54.

9 Torres Puga, Gabriel, Historia mínima de la inquisición, El Colegio de México, México, 2019, p. 110.

10 Para consultar la premisas principales de estos debates, ver Silvio Zavala, Servidumbre natural y libertad cristiana, Editorial Porrúa, México, 1975, pp. 64-70.

11 Owensby, Brian P., “Pacto entre Rey lejano y súbditos indígenas. Justicia, legalidad y política Nueva España, siglo XVII”, Historia Mexicana, México, n° 61, 2011, p. 59.

12 Cuena Boy, Francisco, “Utilización pragmática del Derecho romano en dos memoriales indianos del siglo XVII sobre el protector de indios”, Revista de estudios-históricos, Valparaíso, n° 20, 1998, p. 110.

13 Cunill, Caroline, “El indio miserable: nacimiento de la teoría legal en la América colonial del siglo XVI”, Cuadernos Intercambio, San Juan, vol. 9, 2011, p. 235.

14 Citado en Cunill, Caroline, “El indio miserable”, Op. Cit. p. 235.

15 Cunill, Caroline, “El indio miserable”, Op. Cit. p. 232.

16 Véase los grados de autonomía y autogobierno que llegaron a tener los tlaxcaltecas, en Carlos Rubén Ruiz Medrano, “Sobre un rebelde ‘osado y orgulloso’ y su lucha contra un cura. Autonomía indígena y desacatos en las Fronteras de San Luis Colotlán en el siglo XVIII”, en Connaughton, Brian y Carlos Rubén Ruiz Medrano, (coords), Dios, religión y patria. Intereses, luchas e ideales socioreligiosos en México, siglos XVIII y XIX, México, El colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2010, p. 55-95.

17 Ceballos-Bedoya, Nicolás, “Usos indígenas del Derecho en el Nuevo Reino de Granada. Resistencia y pluralismo jurídico en el derecho colonial. 1750-1810”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá, vol. 13, n° 2, 2011, p. 229.

18 Borah, Woodrow Wilson, El Juzgado General de Indios en la Nueva España, Fondo de Cultura Económica, México. 1985, pp. 90-110.

19 Novoa, Mauricio, “Derecho americano y el indio americano en Solórzano”, BIRA: Boletín del Instituto Riva-Agüero, Lima, 1999, n° 26, p. 257.

20 Citado en Traslosheros, Jorge, “Estratificación social en el reino de la Nueva España”, Relaciones, Zamora, vol. 59, n°15, 1994, p. 49.

21 Cebreiros Álvarez, Eduardo, “La condición jurídica de los indios y el derecho común: un ejemplo del favor protectionis”, Panta rei: Studi dedicati a Manlio Bellomo / Orazio Condorelli, Roma, vol. 1, 2004, p. 486.

22 Andrés Santos, Francisco J. y Amezua Amezua, Luis C., “La moderación de la pena”, Op. Cit., pp. 254-257.

23 Novoa, Mauricio, “Derecho americano”, Op. Cit., p. 257.

24 Cunill, Caroline, “Fray Bartolomé de las Casas y el oficio de defensor de indios en América y en la Corte española”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 2012, https://journals.openedition.org/nuevomundo/63939, consultado el 9 de mayo de 2022.

25 Cunill, Caroline, “Justicia e interpretación en sociedades plurilingües: el caso de Yucatán en el siglo XVI”, Estudios de Historia Novohispana, México, n° 52, 2015, p. 21.

26 Cebreiros Álvarez, Eduardo, “La condición jurídica”, Op. Cit, pp. 483-484.

27 Cuena Boy, Francisco, “Especialidades procesales de los indios y su sustrato romanístico”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, La Coruña, n° 11, 2007, p. 161.

28 Sergio Alejandro Cañedo Gamboa y Flor de María Salazar Mendoza, De la formación del estado de San Luis Potosí al preludio de la Guerra de Reforma, 1820-1857, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2014, p. 29.

29 Porcentaje obtenido con base en Monroy, María Isabel, Pueblos, misiones y presidios de la intendencia de San Luis Potosí. 1819, Academia de Historia Potosina, San Luis Potosí, 1983.

30 Legislación Potosina o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas Expedidas desde el 21 de Abril de 1824. Edición Oficial, Tomo I, Imprenta de la Escuela Industrial Militar a cargo de José J. Martínez, Calle de Fuente, número 7, México, 1892, p. 139.

31 Monroy Castillo, María Isabel y Tomás Calvillo Unna, “Las apuestas de una región: San Luis Potosí y la república federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), El Colegio de México, México, 2003, p. 349.

32 Legislación Potosina, Op. Cit., p. 141.

33 Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) Supremo Tribunal de Justicia Ramo Criminal (STJ.CRI), L 85, E1, f 50.

34 AHESLP., STJ.CRI., L 85, E 1, f 50.

35 Legislación Potosina, Op. Cit., p. 75.

36 Legislación Potosina, Op. Cit, p. 88.

37 Recio Cavazos, Gabriela, El abogado y la empresa. Una mirada al despacho de Manuel Gómez Morín, 1920-1940, Universidad Autónoma de México, México, 2017, p. 28.

38 Jesús Ruvalcaba Mercado, Juan Manuel Pérez Zevallos, “Prólogo”, en Ruvalcaba Mercado, Jesús y Pérez Zevallos, Juan Manuel (coords.), La Huasteca en los albores del tercer milenio. Textos temas y problemas, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Chapingo, Instituto Nacional Indigenista, México, 1996, p. 12.

39 Escobar Ohmstede, Antonio y Fagoaga Hernández, Ricardo, “Sociedades híbridas, pueblos mixtos o mestizaje. ¿Cómo se puede percibir la población en la Huasteca Potosina en el periodo colonial tardío?”, El Taller de la Historia, vol.5, Cartagena de Indias, n°5, 2014, p. 56.

40 El “arrimadismo” era una mezcla de rentismo y aparcería. Este tipo de relaciones aseguraba un sistema de lealtades y control corporativo que frecuentemente capitalizaban los propietarios. En Aguilar Robledo, Miguel, “Haciendas y condueñazgos en la Huasteca Potosina: notas introductorias”, en Ruvalcaba Mercado, Jesús (coord.), Nuevos aportes al conocimiento de la Huasteca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Chapingo, Instituto Nacional Indigenista, México, 1998, p.131-134.

41 Escobar Ohmstede, Antonio, Para entender las estructuras agrarias. Pueblos de indios y propiedades privadas, México, Nosotras Ediciones, México, 2010, p. 73.

42 Rangel Silva, José Alfredo, “Cambios políticos y ayuntamientos constitucionales en la Huasteca Potosina, 1820-1824”, Vetas, San Luis Potosí, n°5, vol.2, 2000, p. 25.

43 Carmagnani, Marcelo, “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX”, en Hernández Alicia y Miño Manuel (coords.), En el cincuentenario del Centro de Estudios Históricos, vol. 2, El Colegio de México, México, 1993, p. 224.

44 Marino, Daniela, “Nuestros hijos recibirán como legado esta cuestión…Los indígenas y el derecho en el siglo XIX (Estado de México)”, Revista Trace, México, n°. 46, 2018, p. 42.

45 Márquez, Enrique, “Tierras, clanes”, Op. Cit, p. 207.

46 Márquez, Enrique, “Tierras, clanes”, Op. Cit, p. 207.

47 AHESLP, STJ.CRI, L 62, E 11, f 20.

48 AHESLP, STJ.CRI, L 85, E1, f 50.

49 AHESLP, STJ.CRI, L 68, E 7, f 12.

50 AHESLP, STJ.CRI, L77, E 6, f 14.

51 Citado en Rangel Silva, José Alfredo, “Pames, franciscanos y estancieros en Rioverde, Valles y sur del Nuevo Santander”, Relaciones, Zamora, vol. 30, n°120, 2009, p. 256.

52 AHESLP, STJ.CRI, L 129, E 2, f 16.

53 AHESLP, STJ.CRI, L 129, E 2, f 19.

54 AHESLP, STJ.CRI, L 175, E 8, f 21.

55 AHESLP, STJ.CRI, L 113, E 2, f 13.

56 AHESLP, STJ.CRI, L 170, E 19, f 19.

57 AHESLP, STJ.CRI, L 91, E 8, f 25.

58 AHESLP, STJ.CRI, L 63, E 5, f 15.

59 AHESLP, STJ.CRI, L 161, E 1, f 70.

60 AHESLP, STJ.CRI, L 134, E 1, f 25.

61 AHESLP, STJ.CRI, L 132, E16, f 33.

62 AHESLP, STJ.CRI, L 69, E7, f 42.

63 AHESLP, STJ.CRI, L 179, E 10, f 16-18.

64 Citado en Rangel Silva, José Alfredo, “Las voces del pueblo. La cultura política desde los ayuntamientos: San Luis Potosí (1820-1823)”, en Salinas Sandoval, María del Carmen, Birrichaga Gardida, Diana y Escobar Ohmstede, Antonio (coord.), Poder y gobierno local en México, 1808-1857, El Colegio Mexiquense, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma del Estado de México, México, 2011, p. 140.

65 AHESLP, STJ.CRI, L 65, E 3, f 36.

66 AHESLP, STJ.CRI, L 161, E 7, f 27.

67 AHESLP, STJ.CRI, L 206, E 1, f 7.

68 AHESLP, STJ.CRI, L 206, E 1, f 21.

69 AHESLP, STJ.CRI, L 206, E. 1, f 7.

70 AHESLP, STJ.CRI, L 104, E 2, f. 127.

71 AHESLP, STJ.CRI, L 210, E 7, f. 27.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Julio César Martínez Velarde / Alan Simón Leiva Gómez, « La pervivencia de lo “miserable” y “rústico” en las defensas legales de indios. El caso de la Huasteca potosina, 1824-1835 », Revista Historia y Justicia [En línea], 18 | 2022, Publicado el 10 junio 2022, consultado el 07 octubre 2022. URL : http://journals.openedition.org/rhj/9044 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rhj.9044

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Autores

Julio César Martínez Velarde

Maestro en Historia, El Colegio de San Luis. Estudiante de Doctorado en Historia, El Colegio de México. jcevelarde@hotmail.com

Alan Simón Leiva Gómez

Licenciado en Historia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Especialidad en Amparo y Procesal Constitucional, Universidad Iberoamericana-Puebla. leiva76@hotmail.com

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