- 1 Este artículo es resultado de la investigación “Apuestas y escenarios transicionales tras el cierre (...)
1El campesinado en Colombia ha sido la principal población afectada por el conflicto armado interno debido a problemas sociales, económicos y políticos asociados a la tenencia de la tierra y a las disputas por el control territorial de zonas rurales1. En este contexto, uno de los principales factores que contribuyen a entender esta realidad son las estructuras económicas heredadas desde el sistema colonial que dieron lugar a la acumulación por despojo donde las élites del país excluyeron y desplazaron forzadamente a poblaciones campesinas hacia centros urbanos (Silva, 2016).
2Al tiempo, y también en cierto grado como respuesta a esta situación, se manifiestan reivindicaciones o propuestas que buscan consolidar condiciones de vida más justas y dignas, tratando de construir espacios que intentan poner sobre la mesa la necesidad de dar un reconocimiento social y político al campesinado. De hecho, un mecanismo transicional como el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) consignó en su Punto 1 la necesidad de llevar a cabo una Reforma Rural Integral (RRI).
3En este horizonte transicional hacia la paz, resulta fundamental tener en cuenta cómo se puede ir transformando la ruralidad con la perspectiva de materializar y espacializar el bienestar del campesinado. En este sentido, nos parece importante indagar por cómo se ha gestado la transición hacia la paz en territorios rurales específicos, considerar cuáles son las acciones y los roles del campesinado en la emergencia de escenarios de construcción de paz. Para ello, recurrimos a un ejercicio comparativo entre dos localidades con marcadas características rurales, que han sido duramente afectadas por el conflicto armado, pero donde se pueden identificar escenarios transicionales territorialmente diferenciados: los municipios de Anorí y Argelia en el departamento de Antioquia.
4Con este propósito, presentamos en un primer apartado del artículo las características rurales de dichos municipios, pero también las dinámicas del conflicto armado y de transición a la paz. Posteriormente, en un segundo apartado, presentamos la propuesta de una analítica relacional como ejercicio metodológico para el abordaje de escenarios transicionales considerados desde sus particularidades territoriales. En el tercer apartado, abordamos algunas consideraciones sobre las críticas que se han hecho a la teoría de las transiciones políticas, para desde ahí decantar la posibilidad de perfilar lo que consideramos como escenarios transicionales territorialmente situados; ello con el fin de dar relevancia a la emergencia de territorialidades campesinas como una alternativa frente a la guerra. En el cuarto apartado, analizamos la configuración de dos territorialidades campesinas que en Argelia y Anorí están emergiendo como iniciativas de paz. En el quinto apartado, desglosamos el análisis de los escenarios transicionales que se están proyectando en estos municipios. Finalmente, en las conclusiones, planteamos algunos puntos de encuentro y ciertas diferencias entre los dos casos estudiados, así como sus implicaciones respecto a la escala nacional y la global.
5Anorí y Argelia son dos municipios que están distantes entre sí en el departamento de Antioquia; Anorí se ubica hacia el nordeste y Argelia en el oriente (Figura 1). Sin embargo, sus territorios hacen parte de una larga tradición agrícola y minera que ha influido desde los procesos coloniales las formas de relacionarse con la tierra, desarrollando fuertes vínculos con los ríos y montañas que componen la geografía de la región y manteniéndose ambos como municipios caracterizados por una ruralidad dispersa.
6Respecto a Anorí, cabe señalar que es un municipio muy afectado por conflictos de uso del suelo: minería artesanal, ilegal y formal, presencia de cultivos de uso ilícito y actividades minero-energéticas. Desde su fundación, en 1805, se constituyó como municipio minero, y a partir de allí, se dio su poblamiento y desarrollo local. En cuanto a Argelia, su historia como municipio apenas comienza en 1960, antes se reconocía como un territorio adscrito al municipio de Sonsón y su fundación como poblado data del siglo XIX a partir de la minería.
Figura 1: Mapa de ubicación
Fuente: Elaborado por los autores, 2023.
7Aunque los dos municipios comparten sus inicios con la minería; al pasar de los años las formas de expresión de la ruralidad han sido distintas. En Argelia, la dinámica de la población ha estado más ligada a la agricultura, con pequeñas parcelas familiares y arriería de supervivencia (Iner, 1993), maíz, plátano, yuca y frutales constituyen los principales cultivos, también en un menor nivel se produce bovinos. Otras actividades recientes que han tenido especial atención están relacionadas con el interés por la construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y el incremento o resurgimiento de actividades mineras.
8En Anorí, las actividades minero-energéticas han estado más presentes, aunque también se cultiva café, caña, panelera y cacao. Desde 1938, se han adelantado actividades en torno al funcionamiento de hidroeléctricas. Además, recientemente, diversas organizaciones locales señalaron que “un porcentaje superior al 50% del municipio está demarcado por 30 títulos mineros, 31 de ellos en trámite, y 12 solicitudes de legalización para la explotación de oro, sus concentrados y asbesto” (Corporación Jurídica Libertad, 2020: 137).
9El contexto de la conflictividad armada supuso, debido a la presencia de cultivos de uso ilícito, una transformación importante en las dinámicas rurales de las dos poblaciones; pero la mayor incidencia ha sido en Anorí. Durante la década de 1990, el incremento en los cultivos de uso ilícito en este municipio sirvió a los diferentes actores ilegales como medio de financiación, lo que implicó el incremento de hechos victimizantes a la población civil.
10La ruralidad dispersa y la ubicación de Anorí y Argelia ha llevado a que diferentes actores armados hayan consolidado allí sus dinámicas y estrategias militares con el fin de lograr un control territorial y donde el desplazamiento forzado ha sido uno de los principales hechos victimizantes en la población, según cifras de la Unidad para las Víctimas. Como señala Maya (2020), Anorí se consolidó como un corredor geográficamente estratégico, en la medida que permitía la conexión entre la región Andina y Caribe. Según el Registro Único de Víctimas RUV (2024), se han declarado como víctimas de desplazamiento forzado 7409 personas entre 1985 y enero de 2024.
11En cuanto a Argelia, según las declaraciones que Elda Mosquera –exintegrante de las FARC-EP y conocida por el alias de “Karina”– brindó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2021), las FARC-EP tenían interés geoestratégico en este municipio ya que les permitía tener una rápida conexión con Caldas, el Magdalena Medio y Tolima. En este caso, el Registro Único de Víctimas RUV (2024), reporta que 13 310 personas se han declarado víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y enero de 2024.
12Entre 2008 y 2016, en un contexto donde ya transcurrían los diálogos para el proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional, en Argelia el campesinado comenzó a regresar poco a poco a sus tierras después de años de desplazamiento; mientras tanto, en Anorí, el Estado continuó haciendo presencia por medio de las fuerzas armadas, las cuales aumentaron y fueron innovadas, para la realización de ofensivas en contra de las guerrillas y bandas (Maya, 2020).
13Pese al difícil contexto de Anorí, a partir del 2016 fue focalizado como uno de los municipios en los que se ha espacializado la implementación del Acuerdo de Paz, ubicando en su territorio rural una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) donde se instalaron excombatientes de las FARC-EP; además, fue priorizado para el desarrollo de programas y políticas del gobierno nacional en torno a la paz, tales como: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (Maya, 2020).
14En cambio, Argelia, durante estos años, no ha sido un municipio directamente focalizado para la implementación del Acuerdo de Paz, cuestión que se explica porque hace parte de una región que logró su pacificación a través de la vía militar en la primera década del 2000, cuando las fuerzas armadas del Estado vencieron allí a las insurgencias de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Ríos Serra, 2015). No obstante, en Argelia se han dado iniciativas encaminadas a la atención de víctimas y una consolidación de un periodo de post-conflicto donde se impulsan proyectos productivos para el campesinado, procesos extractivistas y de infraestructura vial.
- 2 Uno de los fundamentos para el análisis de los procesos relacionales entre actores estatales y ci (...)
15La investigación que da origen a este artículo fue adelantada mediante un método cualitativo; para ello, se optó por diseñar una matriz analítica en la que se consignaron las acciones del Estado y de la sociedad civil que en Argelia y Anorí tienden a la construcción de paz, considerando las tipologías y las proveniencias de los diferentes actores, así como las posibles transformaciones en la manera de relacionarse2. Cabe señalar que no buscamos identificar únicamente acciones vinculadas con políticas nacionales de paz, sino que tratamos de incluir procesos relacionales en lo local, entendiendo lo local como un espacio en el que convergen diferentes actores y diversas redes -ambientales, económicas, culturales, etc-. En cuanto a los actores, consideramos que no es posible comprender sus capacidades de agencia de manera aislada; como bien lo expone Bourdieu (2020), el actor está en el marco de un espacio social que le condiciona y que también explica su acción.
16La matriz analítica fue diligenciada inicialmente a partir de información secundaria y documental que permitió identificar las iniciativas de paz, los roles de los actores y la caracterización de sus espacios y modos de interacción. Dicha información fue cotejada y complementada con un trabajo de campo realizado en ambos municipios; las técnicas usadas en campo fueron: entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos y a actores locales, regionales y nacionales; y observación participante en diferentes espacios organizativos y políticos.
17Nuestro análisis trata de dar cuenta de la manera en que las transiciones están vinculadas con especificidades territoriales que son el resultado de procesos relacionales entre diferentes actores; para ello, nos basamos en cuatro componentes metodológicos.
18Primero, nos ocupamos de identificar las iniciativas de paz que aparecen y se despliegan en contextos territoriales específicos y son impulsadas por diversos actores. Las iniciativas de paz las comprendemos como acciones y procesos tendientes a transformar las condiciones que dieron origen al conflicto armado y a reparar sus efectos negativos, intentando establecer las condiciones para que, en adelante, los conflictos se tramiten de manera pacífica. Las iniciativas surgen a partir de los recursos económicos y materiales de los que se pueda disponer para su desarrollo, de los actores que movilizan esos recursos y la interacción entre ellos, sea en un marco legal o a partir de decisiones autónomas de la sociedad civil.
19Tales iniciativas involucran actores que las llevan a cabo. Por ello, nuestro segundo componente metodológico se ocupa de identificar y caracterizar los actores que, para el desarrollo de iniciativas, entran en un proceso de relacionamiento, tratando de determinar el actor de la iniciativa y los roles que tienen los diferentes actores. Para la caracterización tenemos en cuenta, por un lado, diferentes tipologías de acuerdo con sus acciones y procedencia institucional u organizativa; por otro lado, tomamos en consideración sus lugares o escalas de proveniencia. Esto último permite considerar desde dónde surgen las iniciativas de paz, así como sus alcances o expansiones territoriales.
20El tercer componente analiza los espacios y modos de relacionamiento entre actores. Así, consideramos que existen espacios específicos de relacionamiento, como: asambleas, plazas públicas, concejos municipales, mesas de víctimas, entre otros. Además, en esos espacios, las relaciones pueden ser de un fluido intercambio, pero también de bloqueos o de dificultades para la participación, la concertación y la concreción de las iniciativas de paz; los relacionamientos pueden ser de cooperación, solidaridad, confianza, tensión o conflicto.
21Finalmente, el cuarto componente determina y explica los escenarios transicionales con base en la redefinición de los roles de los actores. Los procesos de transición política hacia la paz generan diferentes retos, como el cambio socioeconómico de acciones ilícitas con las que se financió y avivó el conflicto armado. Estos retos implican una redefinición de roles ante la sociedad; por ejemplo, el campesinado ha podido pasar de un rol pasivo de víctima a actores políticos por la defensa de sus territorios. Desde nuestro punto de vista, este tipo de cambios o redefiniciones son los que permiten determinar la aparición de escenarios transicionales.
- 3 Las otras dos fases son: la del “modelo Nuremberg”, centrada en una justicia que buscaba la respo (...)
22Sobre las transiciones políticas que se dan a través de acuerdos de paz con los cuales se busca dar solución a conflictos armados internos, se han adelantado estudios enfocados en los procesos de democratización que estas implican (Papagianni, 2009); cuestión que ha sido retomada en los estudios de justicia transicional que, igualmente, se han enmarcado en la visión de que a través de la paz se puede establecer un proceso de apertura democrática tendiente a la participación y la inclusión social (Olsen et al., 2012; Duthie, 2008). Asimismo, Teitel (2011) en su genealogía de la justicia en tiempos de transición demuestra que los procesos de paz pueden ser una estrategia para fomentar la restauración social luego de conflictos pasados; aunque Teitel caracteriza esta estrategia como una de las tres fases3 de la justicia transicional que sobrevino con el auge de la globalización -durante el periodo de la posguerra fría- y donde se reemplazó el primado de la justicia por el de una paz compatible con el crecimiento de la economía de libre mercado. Es quizá en esta perspectiva que Dufy y Thiriot (2013) dirigieron una fuerte crítica a los estudios de la “transitología” al develar en ellos un trasfondo ideológico de los actores de la cooperación internacional afines a la democracia liberal, los cuales han visto en los procesos transicionales un escenario apto para la transformación económica que conlleva el ajuste estructural y las condicionalidades impuestas por el capitalismo contemporáneo.
23Respecto a la visión teleológica de una “transitología” centrada en la construcción y consolidación de la democracia, vale decir que esta también ha sido objeto de diferentes críticas. Una de las más notables fue la planteada por Carothers (2002), quien cuestiono “el paradigma de la transición” ya que estableció para los órganos de cooperación internacional un orden analítico simplista -de acercamiento o alejamiento de la democracia a partir de listas de chequeo basadas en cambios institucionales-, alejado de realidades complejas en las que las transiciones a la democracia se quedan en una zona gris donde no hay verdaderos compromisos con el pluralismo y permanecen poderes autoritarios. Carothers, dirigiéndose a los actores de la cooperación internacional, argüía la necesidad de abandonar la perspectiva reduccionista de la transitología, y en su lugar, ayudar al desarrollo social y económico de los países en vía de democratización.
24Ahora bien, a nuestro criterio, el asunto es que tanto la transitología como las críticas referidas se quedan entrampadas en ese imaginario geopolítico moderno que comprende los sucesos políticos a partir de la prelación que se le da a los Estados nación como la forma más elevada de organización política y que naturaliza la división del espacio mundial “entre Estados existentes y Estados en-vías-de-formación” (Agnew, 2005: 33), tendiendo, además, a considerar que acontecimientos políticos como las transiciones suceden de manera homogénea al interior de los límites de los territorios nacionales. A nuestro modo de ver, las transiciones no suceden uniformemente en la esfera sociopolítica y económica que se subsume a los Estados; el asociar las transiciones políticas con el nivel exclusivo de los Estados es una forma de limitarlas a ese aparato jurídico que se ha consolidado en ellos a través de su inserción en el mercado internacional, con la difusión de un orden que se supone antitético a la guerra, pero que, en realidad, tiene como trasfondo el auge de la globalización neoliberal.
25Para efectos del estudio que presentamos aquí, consideramos que el análisis de las transiciones debe implicar además un abordaje crítico de las dificultades que se enfrentan a nivel “subnacional” o, más bien, a nivel de procesos situados en territorios diversos donde los actores locales desempeñan roles específicos y donde también entra en juego su relacionamiento con una variedad de agentes que incluye los estatales y aquellos de la sociedad civil, pero también los de la cooperación internacional e, incluso, a rebeldes “ingobernados”.
- 4 Respecto al proceso de “re y desterritorializaciones”, vale señalar que los autores se refieren a (...)
26Esta última consideración nos permite entrar de lleno al fenómeno transicional de Colombia con el que se intenta superar el conflicto armado a través de procesos de paz y donde, de acuerdo con lo sugerido por González (2017: 201-202), pueden ir apareciendo “transiciones diferenciadas de paz según las condiciones territoriales de los sistemas de autoridad y regulación reconocidos en las diferentes zonas” (el subrayado es nuestro). Cuestión que también es retomada a su manera por Baquero-Melo et al. (2022), cuando cuestionan que un fenómeno como el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP conlleve una transición hacia la paz en todo el territorio nacional, prefiriendo hablar de “procesos situacionales del posacuerdo” que implican concebir factores territoriales diferenciados, entendiendo que “el territorio no es un área fija y estable que controla un agente (el Estado), sino un proceso abierto de re y desterritorializaciones en el que participan de modo asimétrico diversos agentes con objetivos diferentes” (Baquero-Melo et al., 2022: 39)4.
27Es en esta perspectiva que Castillejo-Cuéllar (2017), ha planteado la necesidad de perfilar un “programa de estudios críticos de las transiciones políticas” que, según él, debe operar en dos registros. Por un lado, el cuestionamiento de los postulados fundacionales del paradigma internacional de las transiciones respecto a los efectos que trae lo que él denomina “las leyes de unidad y reconciliación nacional” (Castillejo-Cuéllar, 2017: 23), las cuales instauran un conjunto de procedimientos que son adelantados por funcionarios institucionales con base en prescripciones universales que pueden resultar problemáticos a la hora de cruzarse con la experiencia social de contextos específicos. El otro registro, que resulta complementario del anterior, corresponde a “la necesidad de un cambio en la escala de observación” (Castillejo-Cuéllar, 2017: 23), para lo cual él propone un “retorno a lo cotidiano” y centrar así el foco de análisis en lo que concibe como escenarios transicionales.
28Sin embargo, al reconocer que el abordaje de escenarios transicionales debe implicar “un cambio en la escala de observación” nos parece que tal modificación puede quedar en un ámbito difuso cuando la escala es redimensionada en torno a lo cotidiano. Creemos que a esa escala le falta mayor concreción espacial, pues son muy diferentes las cotidianidades que se viven en las urbes de aquellas de las ruralidades. En nuestro caso, nos ocupamos de escenarios transicionales que suceden en zonas consideradas como ruralidades dispersas; zonas que, en medio de relaciones de poder de la guerra y de la búsqueda de la paz, se inscriben en un “paradigma territorial contra-hegemónico” (Haesbaert, 2021: 56) donde la “lucha por la tierra es la lucha por un determinado tipo de territorio: el campesino” (Mançano Fernandes, 2009: 37).
29En este sentido, comprendemos el territorio como un espacio de politización donde lo que está en juego es la capacidad de autodeterminación de actores locales -como el campesinado- que deben articularse a redes de relaciones con agentes diversos y que, a medida que van interactuando, conforman escenarios transicionales territorialmente diferenciados en los cuales se tiende a superar las dinámicas bélicas o se debe enfrentar el surgimiento de nuevos ciclos de violencia. Lo que nos parece crucial en el horizonte de una transición política hacia la paz es tener en cuenta las experiencias y expectativas de quienes tratan de construir autónomamente sus espacios de vida. Quizás es esto lo que Agnew trató de yuxtaponer al imaginario geopolítico moderno que permanece en la “trampa territorial” de los Estados nación -y de su perenne disputa de la supremacía de unos sobre otros-, cuando se refirió a la posibilidad de:
una imaginación geográfica que tome en serio los lugares como escenarios de la vida humana y que trate de interpretar la política mundial desde el punto de vista de la repercusión que tiene en el bienestar material y en la identidad de los pueblos de distintos lugares (Agnew, 2005: 197-198).
30Cuestión que, en relación con el tema de la paz territorial que se perfila en Colombia, puede entenderse como una forma de reapropiación social de espacios geográficos en los que los “imaginarios morales” (Peña, 2019), en torno a la construcción de paz y la búsqueda de una vida digna, tienden a espacializarse.
31Como lo advierten Devine et al. (2020), para el campesinado el territorio implica una lucha constante por construir autonomía, razón por la cual en este caso resulta preferible apartarse de un uso meramente conceptual del territorio para enfatizar en la descripción y análisis de las territorialidades en tanto espacio relacional y las territorializaciones en tanto procesos adyacentes a las territorialidades. En este sentido, la noción de territorialidad corresponde a un campo analítico que da sentido a las relaciones de apropiación, control y dominio sobre un espacio geográfico, mientras la de territorialización obedece a un proceso de construcción sociopolítica por parte de actores, teniendo en cuenta que toda territorialidad es dinámica y conflictiva, compuesta por nodos, tramas y redes de relaciones.
32En el caso particular de Colombia -donde, como ya lo hemos comentado, ha persistido una gran conflictividad en torno a la tierra-, las organizaciones campesinas han tratado de construir su propia territorialidad como una oportunidad para reafirmar sus modos y espacios de vida. Una de las iniciativas por consolidar territorialidades campesinas en Colombia se encuentra en la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC). Esta figura surge en Colombia como consecuencia del agitado debate por el acceso a la tierra y su distribución. En el transcurso de este último, el campesinado logró que la ZRC se institucionalizara a través de la Ley 160 de 1994, reconociéndola como una figura preferencial para fomentar la pequeña propiedad rural. En los últimos años, y con el impulso que le dio nuevamente el Acuerdo de Paz a esta figura en el punto 1 sobre la RRI, emergió en Anorí una iniciativa de paz que busca consolidar una ZRC en el municipio.
33La Asociación Campesina del Norte y del Nordeste (ASCNA), la Corporación para el Desarrollo y la Investigación Rural en Antioquia (CODEIR) y la Corporación Consejo Mayor Comunitario (AZA) son los que abanderan el proceso de constitución de la ZRC, con el apoyo de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC). Estas organizaciones buscan aliarse con otros actores tratando de proponer alternativas que les permita habitar con otras condiciones su territorio; para esto, construyen alianzas buscando lograr un mayor impacto y sostenimiento en el tiempo.
34Esta estrategia de las organizaciones expresa motivaciones que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero que comparte también una motivación histórica, cultural y política. Así lo señala un integrante de ASCNA:
Tiene un interés de que la tierra sea formalizada a los campesinos y campesinas del territorio y pues también en un círculo de defensa del territorio y la tierra, de cómo nosotros como campesinos somos reconocidos como sujetos de derecho. (Comunicación personal, integrante de ASCNA, 2023)
35Otra posibilidad de consolidar territorialidades campesinas en Colombia ha estado ligada al agua que es, en muchos casos, un eje articulador de las decisiones, de los imaginarios y también es motivo de formas de organización social, económica y política. Esta dinámica tiende a conformar lo que se concibe como “territorio hidrosocial” (Hommes et al., 2020) y se ha prestado especial atención al auge de proyectos en torno al agua, como las grandes centrales hidroeléctricas.
36En Colombia, el auge de las hidroeléctricas no solo se ha dado a través de grandes centrales sino que también ha llevado a que proliferen pequeños proyectos. Este es el caso de Argelia, donde luego de la disminución del conflicto armado se ha proyectado la construcción de tres Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) sobre el río La Paloma, lo cual ha llevado a que las comunidades que viven alrededor del río, y que habían retornado luego de haber padecido el desplazamiento forzado por la violencia, decidieran unirse por la defensa de su territorio y el impedimento de un nuevo desplazamiento por estos proyectos que obligan a vender sus tierras y la consecuente privatización del río.
37Ahora bien, la territorialidad campesina que se expresa en Argelia a partir de las problemáticas propias de un territorio hidrosocial, ha implicado la concurrencia de diversos actores con discursos naturalizadores que pretenden mostrar la construcción de PCH como parte del desarrollo y progreso de la región. Esto lo caracteriza muy bien un campesino del municipio de Argelia en su intervención ante el Concejo Municipal de Argelia en audiencia pública:
Quietos no nos podemos quedar, porque, ¿dónde va a quedar nuestra cultura?, ¿dónde va a quedar el arraigo por nuestras tierras?, ¿dónde vamos a trabajar después de que se nos apropien de nuestras tierras?. Ha sido el gran engaño que les han traído a las comunidades de que viene el desarrollo para Argelia y eso se lo han metido a más de uno en la cabeza, es una parte muy engañosa y muy negativa (Comunicación personal, Integrante de Guardianes del agua, 2022).
38Vemos que el campesinado argelino se organiza para reivindicar el derecho a permanecer en su territorio y se empeñan en construir un escenario de paz a través de la incidencia política.
39La organización que ha abanderado dicha incidencia se autodenomina Guardianes del agua, terruño y herencia de vida campesina. Se trata de un movimiento campesino que pretende poner en el debate público los posibles impactos de la construcción de las PCH en el cañón del río La Paloma. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las organizaciones que se han agrupado en torno al Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Movete) del cual hacen parte la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL).
40Este proceso organizativo le ha dado relevancia a Guardianes del agua para inscribir sus demandas en espacios institucionales a nivel local y regional; de esta manera, sus reivindicaciones han logrado tener incidencia en el Concejo Municipal y en la esfera pública de la localidad y de la región, conformando unos espacios de interacción e interlocución con propósitos muy específicos; por ejemplo, que el instrumento de ordenamiento territorial que está próximo a ser actualizado –denominado Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)– señale zonas declaradas como patrimonio hídrico para garantizar la soberanía alimentaria y la vida digna del campesinado.
41Como puede inferirse, en Argelia y Anorí se expresan dos territorialidades campesinas diferentes, aunque comparten el interés por ser reconocidas a través de la institucionalidad en diferentes instrumentos de ordenamiento territorial. Por un lado, el campesinado de Anorí busca constituir -con base en un recurso legal y transicional, y con la participación de actores nacionales y la cooperación internacional- una territorialidad fundamentada en la figura de ZRC. Por otro lado, en Argelia la territorialidad campesina se ha venido reivindicando en una zona con las características y problemáticas de un territorio hidrosocial donde es necesario fortalecer una demanda política en la que el agua es la garantía esencial para la producción de alimentos, cuestión que representa lo que significa ser campesino y que, además, busca lograr un impacto en el instrumento local de ordenamiento del territorio.
42Estas estrategias de defensa del territorio del campesinado en los municipios de Anorí y Argelia exponen, tal como lo plantea Van der Ploeg (2008), no solo la necesidad de explicar al campesinado más allá de una referencia al pasado, sino también a través de las relaciones y contradicciones que caracterizan el presente, como en este caso la búsqueda de autonomía y el horizonte de transición a la paz.
43En la aplicación metodológica de la analítica relacional antes descrita, en Argelia y Anorí logramos identificar varias iniciativas de paz, pero nos centraremos en analizar dos que promueven territorialidades campesinas diferenciadas y proyectan -cada una a su manera- posibles escenarios transicionales. Para su análisis realizamos unos gráficos de relacionamiento con el fin de visualizar la matriz analítica, la que abordamos desde procesos relacionales que inciden en la producción social de estos territorios a partir de la redefinición de los roles de los actores en iniciativas de paz. Los gráficos proponen la imagen de una galería de lombrices correspondiendo a la metáfora usada por Herod (2021) para abordar las escalas desde una perspectiva no binaria que parte de las condiciones de cada territorio.
44En el caso de Anorí, la iniciativa analizada es la ya mencionada ZRC. Entre los actores identificados hay tres locales, tres regionales, un departamental, cuatro nacionales y un internacional (Figura 2). Para la conformación de la ZRC se trazó un polígono que incluye área rural del municipio de Anorí y Campamento, ya que en estas zonas hay asociados de ASCNA. Esta organización social promueve la iniciativa en compañía de CODEIR, quienes, a través de una convocatoria, recibieron financiación y apoyo técnico del Fondo Noruego.
45Para la proyección de la ZRC se debió tener en cuenta las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes que viven en el territorio, a través de una consulta previa. Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien recibida por algunos actores estatales de la escala local y regional. En particular, la Administración Municipal y la Corporación Ambiental Regional Corantioquia han sido actores conflictivos ya que ven en esta figura restricciones dentro del ordenamiento territorial con relación a la posibilidad de la explotación de recursos naturales.
Figura 2: Gráfico de relacionamiento de la iniciativa “Zona de reserva campesina”
Fuente: Elaborado por los autores, 2023.
46De los cuatro actores nacionales, dos están operando en un marco legal establecido en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo de Paz de 2016 –en particular, lo que atañe a la RRI–. Uno de estos actores nacionales es ANZORC, el cual se fundó en el 2001 como proceso organizativo nacional en el que convergen iniciativas regionales que luchan por la institucionalización de la figura de ZRC. El segundo actor está en el marco legal del Acuerdo de Paz de 2016, es la Agencia de Renovación del Territorio encargada de gestionar estrategias como los PDET y PNIS que, en el caso de Anorí, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), tuvo unas relaciones tensas y conflictivas con organizaciones locales –sobre todo aquellas movilizadas en torno a la minería y el cultivo de coca– por el incumplimiento en lo acordado en los espacios de participación (Ramírez Zuluaga, 2021).
47El tercer actor nacional es la Agencia Nacional de Tierras. El tipo de relación ha variado con el cambio de gobierno; con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, los promotores de la iniciativa manifiestan que es más accesible la entidad para obtener el apoyo institucional y lograr las visitas técnicas al territorio que permiten el reconocimiento del polígono solicitado. Con relación a la Agencia Nacional Minera, cabe señalar que apenas se está entrando en relación con ella ya que una de las reivindicaciones que tienen en Anorí es su reconocimiento como un territorio con un campesinado que se dedica a la minería tradicional.
48Entre los espacios de relacionamiento tenemos: asambleas comunitarias, encuentros en el ETCR y movilizaciones sociales como la Peregrinación por la Paz Total realizada entre Anorí y el ETCR durante el 24 y 25 de noviembre de 2022, donde se convocaron varios actores de corte religioso, político y social para promover la paz a partir del respeto y reconocimiento del campesinado por parte de actores armados que persisten en el territorio.
49En el caso de la ZRC de Anorí, la configuración de un escenario transicional tiene como foco esencial el ordenamiento territorial en el que la reivindicación y la defensa de la territorialidad campesina se define principalmente en torno al reconocimiento y la formalización de la actividad minera como “práctica tradicional campesina”, para que dicha actividad deje de ser estigmatizada y perseguida. Aunque se pretende proyectar una “soberanía alimentaria” para el territorio, lo que se evidencia hoy en día es que la actividad minera en el periodo del posacuerdo ha aumentado, implicando un fuerte impacto en los ríos y en el medio ambiente.
50En el caso de Argelia, abordamos la iniciativa de paz Guardianes del agua, terruño y herencia de vida campesina. La consolidación de este movimiento como ya se ha mencionado, es la expresión de una territorialidad donde la defensa del río La Paloma aparece como una oportunidad para materializar la reivindicación campesina. Es una manifestación de un territorio hidrosocial donde la violencia armada parece ya no tener cabida, pero donde los efectos del conflicto, como el desplazamiento y la desaparición forzada, aún son latentes. El reclamo está orientado a defender el terruño y se expone el temor sobre tener que “desocuparlo” nuevamente; uno de los campesinos de Argelia lo señala de esta manera:
Para nosotros terruño es la tierrita, o sea, si hablamos de una manera generalizada, Argelia es todo un terruño, donde todos tenemos la misma cultura, las mismas costumbres y traemos ese arraigo ancestral. Entonces, ¿por qué nosotros estamos apropiados? Porque nosotros no estamos preparados para cambiar de terruño […], que llegará el día que tocará hacerlo, no sé, puede, pero nosotros tememos mucho que tengamos que desocupar el terruño o como mínimo haiga de pronto, unos cambios inesperados. (Comunicación personal, Integrante del Guardianes del agua, 2022)
51Las gestiones de Guardianes del agua han ampliado su proceso para ir implicando en la apuesta otros actores locales (Figura 3) desde la solidaridad, donde las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las comunidades campesinas ayudan a convocar a la población argelina en general. También han encontrado apoyo en la Asocomunal, la Mesa de Turismo, el CMJ-Plataforma Juvenil, el Consejo y la Administración Municipal, además del apoyo técnico de la Personería Municipal. Esto demuestra que la iniciativa en su dimensión socioterritorial se ha enraizado mayoritariamente en lo local, aunque, como ya se ha mencionado, también ha tenido una dimensión regional por sus aliados de confianza: Movete, la ACA y la Universidad de Antioquia, quienes tienen una escala regional y departamental. Por otro lado, resalta posturas antagónicas y relaciones conflictivas con Gen+ quien construye las PCHs y Cornare el que da las licencias.
52La concurrencia de estos actores ha llevado a espacios de interacción, regularmente, asambleas comunitarias y, más recientemente, el Concejo Municipal, para la relación con más actores. Otro espacio ha sido la movilización ciudadana donde se ha interpelado públicamente el papel de Cornare, pues no prima las consultas a las comunidades ni la preservación del ambiente. Todos estos espacios han sido claves para ganar legitimidad con la comunidad urbana del municipio.
Figura 3: Gráfico de relacionamiento de la iniciativa “Guardianes del agua”
Fuente: Elaborado por los autores, 2023.
53Un factor importante para definir el escenario transicional es que vemos que el actor principal de esta iniciativa se ha redefinido. De un campesinado en condición de víctima del conflicto armado, ha transitado a ser un actor político del municipio a través de un factor sociocultural que implica la protección y cuidado del medio ambiente. Esta dimensión territorial local que ha logrado implica, por ejemplo, que el concejo municipal, cuya relación con la iniciativa ha sido de solidaridad y escucha, también perciba en personas del movimiento un interés electoral. Varias de las personas que participan de la iniciativa son presidentes de las JAC, logrando recibir el apoyo de la Asocomunal y transmitir el mensaje a otras JAC que empiezan a sumarse y han llevado a la discusión pública temas ambientales como la minería que trata de resurgir en el municipio. Otro actor local que se redefinió fue la Mesa de Turismo, que pasó a ser defensora del ambiente a partir del ecoturismo.
54A escala regional podemos ver redefiniciones en el Movete, quien en sus reivindicaciones incluye ahora factores socioculturales que tienen que ver con la vida campesina. La ACA le sumó, a la noción de vida campesina y soberanía alimentaria, el agua como factor indispensable para esa defensa con una conciencia arraigada fuertemente en lo local ambiental. La CJL redefinió el litigio estratégico en clave de veeduría, al que venían acostumbrados, para tener en cuenta y acompañar la generación de normas como, por ejemplo, los Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT; asimismo la Universidad de Antioquia ha pasado de ser un actor simplemente académico investigativo, para convertirse en otro actor que puede acompañar y dinamizar procesos en el territorio.
55Por otro lado, Cornare, cuya finalidad es la protección del medio ambiente, se ha redefinido ante la comunidad desde una relación conflictiva, como se evidencia en las siguientes declaraciones pronunciadas durante la movilización social de Guardianes del agua:
Señores Cornare, ustedes han otorgado licencias ambientales pero la licencia social no la tienen para la aprobación de las PCH, y aquí estamos manifestándonos para defender nuestro territorio, en oposición a lo que ustedes han hecho, ustedes se han vendido. Para Cornare una pregunta, si son la autoridad ambiental, ¿por qué permiten la destrucción del ambiente? (Comunicación personal, integrante de Guardianes del agua, 2022)
56Es así como el escenario transicional de la iniciativa de Guardianes del agua se ha ido configurando a través de un entramado social, ambiental, cultural y económico, pero cuya definición última es de carácter político.
57Argelia y Anorí son dos territorialidades campesinas diferenciadas. En el caso de Argelia, se expresa como una reivindicación campesina que está ligada a lo que llamamos territorio hidrosocial, como un escenario donde la reivindicación por la tierra se sustenta a partir de la defensa del río La Paloma. Mientras tanto, en Anorí, la territorialidad de la ZRC está ligada más a un asunto de reconocimiento de las múltiples territorialidades que habitan y que se expresan, por ejemplo, en actividades que desarrollan históricamente, como la minería tradicional.
58Los escenarios transicionales que se han ido conformado en Argelia y Anorí responden a deudas y reformas fallidas que se tienen respecto al campesinado en cuanto a aspectos como la tenencia de la tierra -como es el caso de la ZRC- y el acceso equitativo a los recursos de sus territorios -evidente en el caso de Guardianes del agua-. Estos casos demuestran una ruptura con la conflictividad armada que ha marcado estas ruralidades; asimismo, consolidan otros órdenes en la incidencia política a través de la organización comunitaria por la defensa del territorio.
59En este sentido, se deslindan de una transición política sustentada por el paradigma del desarrollo económico y su expresión en la profundización de un proyecto globalizante. En el caso de Argelia, el intento de consolidar la expansión del extractivismo energético como una promesa de progreso falla por la reivindicación de los espacios de vida del campesinado, que se da gracias al reconocimiento del potencial transformador que las propias comunidades rurales han desarrollado “mediante el ejercicio de su imaginación geográfica y política” (Hoffmann, 2016). Entonces, al interrumpir el proyecto globalizador neoliberal de construir “un mundo (capitalista, liberal y secular), muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas pueden ser vistas como adelantando luchas ontológicas; es decir, como involucrando la defensa de otros modelos de vida” (Escobar, 2014: 19). Guardianes del agua en Argelia, como colectivo y movimiento, comprende bien que la reconfiguración de su rol implica la defensa del patrimonio hídrico para la construcción de espacios en los que importa la autonomía y la dignidad de un modelo particular de vida.
60Respecto a la ZRC que se propone en Anorí, cabe señalar que se trata de un tipo de territorialidad donde lo que está implicado es la asignación de derechos al uso y a la propiedad sobre la tierra del campesinado, lo cual sucede bajo el reconocimiento de criterios aceptados y promovidos por el Estado. En este sentido, resaltamos que el cambio de gobierno que viene operando actualmente con el presidente Gustavo Petro ha traído otra dinámica en torno al reconocimiento del campesinado. Las políticas de Estado han comenzado a tener en cuenta, de manera especial, a esta comunidad. Prueba de esto es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de 2023 que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 y la expedición de la resolución de la Agencia Nacional de Tierras el 12 de enero de 2024 por el cual se inicia el trámite administrativo de constitución y delimitación de la ZRC Anorí Polígono 1.
61En este nuevo contexto donde se busca promover una política estatal en favor del campesinado, cobra relevancia el tener en cuenta a los actores de la escala nacional. Así, las iniciativas a las que nos referimos resultan impactadas directamente por la transformación en los gobiernos nacionales, particularmente, aquellas que tienen un sustento jurídico y cuya responsabilidad depende del gobierno nacional.