- 1 El material colectado durante mi trabajo de Máster y mi tesis de doctorado abarca veinte años de ob (...)
1El presente texto propone una lectura de los conflictos ocurridos en Nicaragua, tanto en el pasado reciente (el conflicto armado de los años ochenta y el periodo postconflicto) como de su persistencia e, incluso, su intensificación en la coyuntura política actual. Lo último incluye, por un lado, los repetidos ataques hacia comunidades indígenas en las regiones autónomas del Caribe por parte de colonos empujados desde las fértiles (y codiciadas) tierras del Pacífico hacia la frontera agrícola en el Atlántico y, por el otro, la lucha campesina emprendida desde el 2012 en contra del proyecto gubernamental de construcción de un canal interoceánico que atravesaría el país desde el Caribe sur hasta el Pacífico sur. El enfoque adoptado se apoya, por un lado, en estudios empíricos emprendidos desde finales de los años 1990 y en su posterior seguimiento hasta la actualidad1 y, por otro lado, en fuentes documentales que los pusiera en perspectiva histórica. Eso permite medir los impactos de una coyuntura (política y económica) cambiante sobre la percepción (ajena) que se tiene de los distintos actores del mundo rural y, a la misma vez, dar cuenta de una confrontación de larga duración con el Estado.
- 2 El término colonato suele asimilarse al de aparcería. Stricto sensu, se trata del mismo principio d (...)
2Observar los conflictos a la luz de la historia larga permite cuestionar visiones de un campesinado ideológicamente manejable (en tiempos del conflicto armado); económicamente atrasado (semi proletario apegado a la finca); o ecológicamente depredador cuando, siguiendo nuevas tendencias económicas, políticas públicas redibujan el campo ya no principalmente como espacio dedicado a la producción agrícola sino como un espacio de gestión de recursos naturales. Este cambio de enfoque, que baila al son de una coyuntura política nacional o internacional adrede con las pujantes políticas de privatización de la naturaleza, ha favorecido y a la vez ha tenido como efecto una reconfiguración de las categorías identitarias (de social a étnica y al revés), contraponiendo un campesinado despojado de su arraigo a la tierra y de su legitimidad a una población indígena, revestida de su condición étnica pero amputada de su condición campesina. Aunque se presente actualmente como resultante de una modernidad exógena, esta “permutación identitaria” tiene antecedentes históricos en la región. Así, en el ensayo ¡Muera la Gobierna! Colonización en Matagalpa y Jinotega 1820-1890 (1999), Dora María Téllez muestra cómo, a finales del siglo xix, el Estado-nación nicaragüense se consolidó sobre la glorificación del mestizaje al mismo tiempo que se incentivaba la llegada de migrantes europeos para desarrollar plantaciones de café en tierras que habían sido indígenas. Mientras Téllez describe el levantamiento indígena de 1881 contra el avance del telégrafo en Matagalpa como el último vigoroso sobresalto de lucha indígena contra este proceso de colonización interna, Jeffrey L. Gould, en El mito de la Nicaragua mestiza y la resistencia indígena 1880-1890 (1997), documenta los actos solapados de resistencia a su asimilación al trabajo asalariado e incluso al sistema de colonato2 que imperaba en algunas plantaciones de café. Este marco de análisis presenta evidentes similitudes con lo que James C. Scott (2000) identifica como “discurso oculto”, al cual recurren los dominados cuando la correlación de fuerzas impide una confrontación abierta con el poder.
- 3 El “mundo rural” abarca aquí el conjunto de protagonistas que se relacionan con la tierra: obreros (...)
3Coincidimos con Dawn Paley cuando afirma que establecer “un panorama histórico [de] las crisis superpuestas de violencia económica y coercitiva en Centroamérica, que se han activado a través de la colonización, la formación de los Estados-nación y las guerras del siglo xx [...], ayuda a establecer una base de comprensión que nos permite interpretar mejor los acontecimientos actuales en la región” (Paley, 2018). Sin embargo, ese ejercicio por sí solo no permite explicar esa dualidad intrínseca en el manejo fluctuante de las identidades que observamos en Nicaragua. Para ello, hace falta examinar la manera sui generis en que se conformaron las relaciones de poder, para intentar comprender a qué dinámicas complejas obedecen las diferencias entre las distintas categorías de actores, los intereses encontrados y, por ende, los conflictos (o las alianzas). Más allá de las ideologías o de las identidades asignadas, más aún cuando los mismos actores no las perciben como tal, cabe indagar qué nos dicen los relatos subjetivos de la construcción histórica de las relaciones sociales. El propósito no consiste tanto en determinar entre informaciones contradictorias cuál parece la más veraz sino, a lo inverso, identificar los aspectos más subjetivos en los discursos para entender los mecanismos peculiares de construcción de las jerarquías sociales en el mundo rural nicaragüense3 y analizar a qué formas de legitimidad recurren los narradores para justificar su derecho a la tierra. Establecer una correspondencia entre el tipo de discurso producido por los actores y el grupo social en el cual se ubican abona al postulado, según el cual, las formas de propiedad de la tierra – ayer como hoy – son constitutivas de la (trans)formación de las identidades y de las categorías sociales, así como de las relaciones de poder que, históricamente, se establecieron entre ellas (Roux, 2013).
4Utilizar la subjetividad como esquema explicativo de los conflictos vinculados a la tierra no equivale a ignorar las categorías, tal como se definen en los estudios rurales. Sin embargo, sirve para mostrar cómo, según la manera en que están construidas – social o étnicamente – sirven intereses distintos en un determinado periodo. En este sentido, las configuraciones y el estatus de los distintos protagonistas cambian según la época. El historiador guatemalteco Severo Martínez Peláez muestra como, en la época colonial, criollos, y españoles, por un lado, e indígenas, por el otro, poseían títulos reales, mientras que los mestizos eran el “ejército de reserva” para las grandes haciendas coloniales. Como lo hemos señalado, el boom del café a finales del siglo xx, proletarizó a la población indígena (e intentó asimilarla a la categoría mestiza). Esta categorización, basada primero en criterios raciales y, luego, de clase, respondía en su momento a decisiones políticas no exentas de intereses económicos en el ámbito productivo (Hale, 2008). En tiempos más recientes, el advenimiento de la mercantilización de los recursos de la naturaleza volvió a justificar una distinción (en términos étnicos) entre indígenas erigidos en guardianes de la naturaleza y campesinos estigmatizados como utilitaristas y depredadores.
5El “campesino”, que simboliza la idea misma del arraigo a la tierra, parece ser la encarnación misma de un estadio primitivo, cuya superación es lo único que permitirá el avance de la humanidad hacia el progreso. Sin embargo, al representarlo como un ser estrecho de miras se descarta toda posibilidad de que se convierta en el sujeto de su propia transformación, condenándolo a ser el objeto de los cambios que se producen alrededor suyo y que lo moldean. Portador de una identidad “por defecto”, es víctima de un sistema sobre el cual no tiene en realidad control, ya que su única posibilidad de transformarlo consistiría en insertarse en él, lo cual implicaría abandonar su condición. Pero, paradójicamente, es su inmutable permanencia la que constituye la unidad de medida del desarrollo del resto de la sociedad (Roux, 2010).
- 4 La palabra “contra” era empleada por los sandinistas para designar a los adversarios de la revoluci (...)
6Estudiar el conflicto armado de los años ochenta en Nicaragua (y la persistencia de conflictos violentos en la actualidad), obliga a lidiar con percepciones contradictorias que opacan la comprensión de la compleja configuración de las relaciones sociales en el campo nicaragüense. Una de ellas consiste en plantear que el conflicto armado tuvo causas esencialmente ideológicas. Así, gran parte del campesinado que, durante los años de lucha contra la dictadura somocista había sido base social de la guerrilla sandinista, se revelaba atrasado y reaccionario tras el triunfo de la revolución. Siendo que los combatientes de ambos bandos fueron principalmente campesinos, esta valoración no ofrece respuesta a la cuestión de saber dónde se sitúa la frontera ideológica entre los “revolucionarios” y los “contras4”. A menos de considerar al campesino como un ser desprovisto de una consciencia política moldeada por la historia; y pensar que bastaba con aleccionarlo para que, fácilmente, se convirtiera en el “hombre nuevo” (Nuñez Soto et al., 1998) que anhelaba la revolución sandinista. En el bando adverso, se apostó igualmente a una supuesta tradición intrínsecamente conservadora del campesino nicaragüense, a su profunda religiosidad que lo predestinaba a rechazar la ideología comunista que, según sus contradictores, profesaban los sandinistas. La realidad es distinta: no solamente existe una tradición política de larga data en el mundo rural, cuyas líneas de fractura se expresaban en la oposición o en la lealdad a las fuerzas políticas tradicionales: conservadoras o liberales. Esa determinación “ideológica” que atraviesa a las distintas categorías sociales que conforman el mundo rural tiene, a su vez, mucho que ver con la consciencia aguda de las alianzas necesarias a la defensa de sus intereses particulares o al combate de medidas lesivas a las dinámicas propias que regulan las relaciones entre los distintos grupos sociales. Ello no significa la ausencia de tensiones o de jerarquías basadas en relaciones de dominación, pero sí indica que las estrategias desplegadas para mantener ciertos equilibrios reflejan una comprensión histórica de las prácticas políticas.
- 5 Las comunidades indígenas gozan de un estatus jurídico que les garantiza (teóricamente) derechos pa (...)
- 6 En Nicaragua, el sistema de manos muertas era el régimen que regulaba los bienes de la Iglesia, cuy (...)
7Entre los muchos ejemplos que lo atestiguan vale mencionar una entrevista realizada a inicios de los años 2000, en la cual representantes de la Comunidad indígena5 de Matagalpa me confiaron su animosidad para con los liberales por haber, a finales del siglo xix, confiscado los bienes de manos muertas6: estos abarcaban las tierras de las cofradías, una de las pocas instancias heredadas de la conquista en las cuales las autoridades indígenas habían logrado algún protagonismo. Aunque la medida tomada por el gobierno liberal no tenía como principal propósito perjudicar específicamente a los indígenas, quedó en la memoria colectiva como ruptura del estatus quo que, desde la época colonial, hacía cierto contrapeso a la dominación que ejercieran los descendientes de los conquistadores sobre ellos.
8Aunque parezca remoto, este hecho da cuenta de la política de colonización interna que inició después de la independencia (1821) y culminó con la llamada Revolución liberal, iniciada en 1893, durante la cual las tierras de la Mosquitia (en la Costa Caribe), antiguamente bajo protectorado británico (1668-1861), fueron reincorporadas a la nación y decretadas tierras nacionales, es decir, que tierras pobladas por pueblos indígenas miskitos, mayangnas, ramas y poblaciones afrodescendientes garífunas y kriol fueron abiertas a la colonización interna por parte de colonos mestizos oriundos del Pacífico. Esta noción de ‘tierras nacionales’, al pervivir en la memoria colectiva, contribuye a entretener los enfrentamientos entre colonos mestizos e indígenas que, desde hace décadas, se producen en las regiones autónomas de la Costa Caribe (RACCS y RACCN). Volveremos más adelante sobre las razones por las cuales se han intensificado en los últimos años, dejando un saldo de decenas de muertos (Confidencial, 2023, abril).
- 7 A mediados de los años 1990, tras la muerte de su hermano (1992), Elida María Galeano fundó la asoc (...)
9La tradición liberal en el campo nicaragüense tiene, por consiguiente, raíces históricas que poco tienen que ver con un planteamiento ideológico pero mucho con la preocupación por tejer alianzas y premunirse de intromisiones por parte de un poder de Estado percibido como predador y amenazante de su modo de vida. En este sentido, volviendo a tiempos más recientes, es ilustrativo el relato de Elida María Galeano Cornejo7 conocida como “La Chaparra”, hermana del finado Comandante Franklin (Israel Galeano), quien fuera el último jefe del Estado mayor de la Resistencia nicaragüense antes del fin del conflicto armado (en 1990). En una entrevista realizada en 2001, ella y su hermano Dennis (Comandante Johnny) narran las razones que empujaron toda la familia a integrarse a la Contra a pesar de que, en un principio, no había acogido con hostilidad el derrumbe de la dictadura somocista:
Comandante Johnny: Nosotros, la familia Galeano, [...] somos de extracción campesina y mi papa, un hombre trabajador, Don Marcelino Galeano Salinas. Trabajábamos mucho, muy poco nos habíamos involucrado en política. Mi papa, sí era de tendencia liberal, pero murió siendo liberal. Comenzó a hacer dinero como en 1976, o sea ya en esa época [...] contaba con tres propiedades, dos de café, una de ganado.
La Chaparra: [...] Bueno, una vez, la Guardia llegó a que iba a fusilar a mi papa, nos tendieron a todos los que habíamos en la casa, niños, ancianos y amenazaron a mi papa con todos sus hermanos de que los iban a asesinar [...].Pero en realidad, no tuve conocimiento de que mi papa haya sido colaborador del Frente. De mi familia, los hermanos de mi mama sí fueron guerrilleros sandinistas y por eso la guardia tilda a mi papa de sandinista porque sus cuñados eran guerrilleros.
- 8 Entrevistas realizadas en septiembre 2001, en Managua (Nicaragua).
Cuando empiezan a formar los CDS (Comité de Defensa Sandinista), a mi papa le pedían colaboraciones. Mi papa no iba a las reuniones, pero sí les daba al Frente reces, novillos para que dieran en las reuniones. Mi papa no era un señor político, sino que su política era el trabajo. Que mi papa tenía algunos amigos coroneles, eso eran otros cien pesos, porque en este tiempo en que él tenía plata, tenía el privilegio de invitar a algún coronel, o algún teniente, que no necesariamente fuera de rango alto…Era parte de la gestión del negocio, un negociante tiene que tener vínculos con las autoridades8.
10Esta parte del testimonio dice mucho del manejo de las relaciones sociales, políticas e incluso familiares en aras de preservar la convivencia, condición indispensable para poder seguir llevando a cabo actividades económicas prosperas. Sin embargo, el estatus quo fue de corta duración:
Comandante Johnny: En septiembre de 1981 confiscan a mi papa todas las propiedades y solo salió con lo que llevaba puesto. Salimos rumbo a Honduras […] y es ahí donde empieza nuestra lucha por defender nuestro derecho. […] Nosotros no somos enemigos del Frente Sandinista en sí, sino enemigos del sistema que están planteando en este momento.
- 9 Cerro situado en el departamento de Jinotega.
11Cuando el orden de jerarquías se rompe, a través de la intervención de tercero (el Estado), también es el estatus mismo del productor que se ve atacado: “Cuando estos señores lo acusan de ser somocista, vino la Seguridad del Estado y lo encarceló. Lo anduvieron vendado y descalzo por el cerro de Kilambé9 por quince días.” La Chaparra insiste sobre las circunstancias del arresto y la humillación que representa para un campesino (y aún más cuando, como su padre, gozaba de cierta notoriedad). Sin embargo, esta escenificación de la autoridad, si bien tenía el objetivo de sembrar miedo y generar una actitud obediente por parte de la población, parece más bien haber provocado el efecto inverso: “Un campesino, que sin tener ningún vínculo con la Resistencia caía preso, esa persona salía resentida y se iba directo a buscar las filas de la Resistencia. Entonces, yo diría que el mejor colaborador que tuvimos fue la Seguridad del Estado.” (La Chaparra).
12Sería erróneo ocultar que la Contra fue instrumentalizada políticamente por fuerzas extranjeras (y fuerzas políticas nicaragüenses desde el exilio), sin embargo, en el campo, son en gran medida las políticas impuestas por los representantes del Estado que contribuyeron a brindar una base social a la Resistencia:
La Chaparra: […] al inicio fue duro, toda la gente estaba a favor del Frente, pero […] se fue dando cuenta que la lucha de nosotros era justa, porque nadie estaba acostumbrado a pedir permiso para ir de un departamento a otro, […] a que lo vigilara, a que le cuestionara el vender sus productos que cosechaba, a que hubiera racionamiento de comida en el campo también, entonces todos esos fueron factores en contra del Frente.
- 10 Se refiere al campesino cuya parcela no es suficiente como para renunciar a emplearse de manera tem (...)
- 11 Una de las primeras medidas adoptadas tras el triunfo de la revolución fue la confiscación de los b (...)
13Resaltar las incomprensiones que, a raíz del triunfo de la revolución, se generaron entre parte del campesinado, permite mostrar que el derrocamiento de la dictadura por fuerzas revolucionarias significó un cambio político relevante. Sin embargo, no hubo adecuación entre la radicalidad del cambio de régimen y las medidas en materia de reparto agrario que eran esperadas por el campesinado (sin o con poca tierra). En esto, las expectativas fueron distintas según los distintos grupos sociales (Baumeister, 1999). Para describirlo esquemáticamente, el campo se dividió entre aquellos que tenían algo que perder como grandes productores o medianos y algunos pequeños que, al igual que los Galeano, sufrieron vejaciones o vieron restringidas sus actividades y formaron el grueso de las filas de la Contra. En otra categoría, estaban aquellos que poco o nada tenían que perder, principalmente, los jornaleros sin tierra o pequeños campesinos semi-proletarizados10. Pero, pese al anhelo de acceder a la propiedad – que, al inicio del periodo revolucionario, se manifestó por ocupaciones masivas de tierras, prontamente endilgadas – terminaron por satisfacerse con la mejora de las condiciones de trabajo (que efectivamente se dieron) en las grandes explotaciones agrícolas. Tras ser confiscadas11, estas pasaron bajo tutela del Estado que optó por mantener incólume el sistema de producción a salariados orientado a la agroexportación (Merlet, 1999). Con esta decisión el gobierno revolucionario se aseguró una base social reducida a los obreros agrícolas y, en cierta medida, las cooperativas de producción pero dejó frustrada a una amplia franja del campesinado. La “rectificación” operada a partir de 1986-87 llegó demasiado tarde para revertir el conflicto bélico que sacudió durante casi diez años el campo nicaragüense.
14Tras la derrota del Frente sandinista en las elecciones de 1990, el periodo postconflicto generó dos fenómenos aparentemente contradictorios: por un lado, un reacercamiento de ambos bandos en contienda en torno a la convicción de haber sido abandonados por las nuevas autoridades (incluidos aquellos políticos que habían sido los protagonistas de salón del conflicto armado). Por el otro lado, el proceso de transición y el caos agrario que se generó entonces reveló una fractura entre las distintas organizaciones rurales, que adoptaron diferentes estrategias y se reconfiguraron de acuerdo a una comunidad de interés por encima de las diferencias ideológicas. Así lo expresa la Chaparra:
En el pasado, nos diferencia que nosotros peleamos en contra de las confiscaciones, estábamos en contra del servicio militar, de las persecuciones políticas […], pero hoy en día ¿que nos une? Bueno, nos hemos dado cuenta de que […] la Resistencia nace de un sector campesino, no nace de los guardias, no nace capitalista, sino que la Resistencia se formó de todos los estratos sociales. […] Hoy estamos abandonados, porque los aliados que ayer nos dieron un fusil y una mochila para combatir, hoy no nos voltean a ver.
15El regreso de un gobierno conservador, que pone fin al conflicto armado, marca de nuevo un cambio de régimen, el cual coincide, a nivel internacional, con un giro hacia políticas económicas neoliberales con repercusiones considerables sobre las decisiones diseñadas para levantar un país fragilizado por una década de conflicto armado.
16En 1990, desde las altas esferas del poder, los llamados a la reconciliación se mezclan con discursos revanchistas alimentados por propietarios de tierras y empresas confiscados durante la revolución. En el campo, cunde la incertidumbre acerca de la reubicación no solo entre los excombatientes de ambos bandos (excontras, desmovilizados del Ejército popular sandinista y policías) sino también entre los cooperativistas y los extrabajadores de las empresas estatales reclamadas por sus antiguos dueños. Así, sobre una reforma agraria sandinista inconclusa –las autoridades sandinistas, persuadidas que nunca iban a ser derrotadas, no titularon debidamente los beneficiarios de tierra, en particular, las cooperativas de producción– el nuevo gobierno opta por acogerse al nuevo modelo de “reforma agraria asistida por el mercado” promovido por el Banco Mundial. Con esta decisión inició un nuevo ciclo de conflictos que, por efecto dominó, todavía tiene repercusiones en la actualidad.
17Oficialmente, el proceso de desarme de los excombatientes finalizó en junio de 1990, con la concentración de los excontras en llamados polos de desarrollo a la espera de recibir una parcela de tierra, colectiva o individual. Lo mismo estaba previsto para gran parte de los exmiembros del ejército y de la policía. Paralelamente, se preveía una incorporación de parte de los excontras en la policía mas no en el ejército en donde la cúpula que lo había dirigido durante el periodo sandinista se mantuvo en su puesto, provocando mucho resentimiento en las filas de los excontras. De hecho, en los primeros meses e incluso hasta varios años después del fin del conflicto, se registraron muertes “repentinas” de exdirigentes de la Resistencia nicaragüense, que en su mayoría quedaron impunes (Olivares, 2023, septiembre). A raíz del sublevamiento cívico de 2018, este tema fue retomado en varios informes en aras de establecer vínculos entre violencias del pasado y del presente (Sánchez González, 2020).
- 12 En referencia a la palabra “compañero”, salutación usual entre los sandinistas.
- 13 Yatama se convirtió luego en partido político que compitió en las elecciones en las regiones autóno (...)
18Pese a los anuncios oficiales y al margen de la consolidación del proceso de paz para la cual fueron movilizadas sendas misiones internacionales (ONUCA, CIAV-OEA), pronto aparecieron grupos de rearmados: excontras (recontras), exmilitares (recompas12) y finalmente “revueltos”, en donde se mezclaban excombatientes de ambos bandos (Rueda Estrada, 2015). También hubo rearmes localmente circunscritos como las “remujeres” del Frente Nora Astorga en Ocotal (Las Segovias), que agrupó mujeres exmilitares sandinistas y algunas excontras (Rueda Estrada, 2020). El Frente Unido Andrés Castro (FUAC) actuó en el llamado “triángulo minero” (RACCN) hasta 1997, cuando algunos de su dirigentes negociaron su desarme, mientras otros vertieron en una híper violencia aterrorizante para la población de la región (Kaimovitz & Fauné, 2020). A esta ya larga lista, hay que sumar los desalzados de Yatama13, componente indígena de la Resistencia nicaragüense durante el conflicto armado y que, al finalizar este, se reubicaron en la región del Caribe de donde la mayoría eran originarios.
19Para todos estos grupos, la principal (por no decir la única) razón del rearme era manifestar su hartazgo y presionar al gobierno para que cumpliera con los acuerdos de desarme en materia de entrega de tierras. Algunos lograron negociar la entrega o la regularización de algunas propiedades para sus integrantes, pero para la mayoría, el dialogo con las autoridades quedó en promesas incumplidas o en llanas medidas represivas. Se puede, por tanto, afirmar que, en ningún momento, las autoridades tomaron la medida de que la multiplicación de estas manifestaciones de descontento hubiese requerido una solución integral y no la adopción de una actitud consistente en intentar apagar uno tras otro los múltiples fuegos que ardían en el campo.
20Por su lado, al verse amenazadas por los reclamos de restitución de propiedades confiscadas a sus antiguos dueños, las organizaciones campesinas no se quedaron atrás. Entre 1990 y 1991, se sentaron frente al gobierno no solo las organizaciones de excombatientes, los representantes de los confiscados sino también las organizaciones campesinas representantes de las cooperativas (Unión nacional de agricultores y ganaderos-UNAG) y de los extrabajadores de las empresas agropecuarias estatales (organizados en la Asociación de trabajadores del Campo-ATC). Este amplio dialogo desembocó en los llamados “acuerdos de la concertación” en los cuales se pretendió repartir el “pastel agrario” en partes (más o menos) iguales entre los diferentes sectores según distintas modalidades: los expropietarios serían o restituidos (en parte) de sus propiedades o indemnizados por el Estado, los excombatientes recibirían fincas colectivas, parte de las cooperativas serían debidamente tituladas. Los extrabajadores de la fincas estatales, por su lado, negociaron parte de sus antiguas fincas bajo la fórmula de “arriendo con opción a compra”. Con esta original y audaz formula, la ATC pretendía convertir los trabajadores en accionistas de sus antiguas empresas. Con transformar lo que en tiempos de la revolución se conociera como el Área propiedad del pueblo (APP) en Área propiedad de los trabajadores (APT) se perpetuaría el legado de la revolución sandinista (Roux, 2010). Varios factores contribuyeron al fracaso de la experiencia, pero el principal fue sin duda el querer mantener, ahora sin apoyo estatal, las estructuras agrarias gigantescas (a veces varias fincas de centenares de ha) antes subvencionadas por el Estado. Aparte de los obstáculos que puso el gobierno al proyecto, a partir de los años 2000, la caída de los precios del café en el mercado internacional, malversaciones y actos de corrupción, que provocaron la bancarrota de varios bancos nacionales, dieron el jaque-mate al proyecto de la APT. Durante varios años (del 2001 al 2004), florecieron los llamados “plantones del hambre”, donde convergían miles de campesinos y obreros agrícolas desempleados. Incapaz de negociar la regularización de las fincas y de impedir su posterior subasta, la ATC arrancó al gobierno la entrega de 3 mz para cada familia campesina, apenas lo suficiente como para asegurar la auto subsistencia y completar los escuálidos salarios en las fincas ajenas. Para justificar ese magro logro, un dirigente de la ATC habló de “acercar los trabajadores a las fincas”:
- 14 Mz: manzana, corresponde a un poco menos de una hectárea.
- 15 Se refiere a disponer de un área cultivable que genere un desarrollo económico, es decir, excedente (...)
Entonces, esto no es un campesino que tenga 10, 15 o 20 mz14 y que va a vivir expresamente de esta finca. Los obreros agrícolas, es diferente... […] Ya van a tener 3 mz […] y de ahí pueden salir a trabajar a las diferentes haciendas. Es decir que, si solo estamos pensando en las 3 mz, pues, definitivamente que nunca van a salir de la pobreza […].porque nosotros estamos claros que si fuera a campesinizarlo15 al obrero agrícola, sería no menos de 20, 25 mz que puedan tener por familia para que se puedan desarrollar desde el punto de vista económico. [Entrevista con Leonel González “el Peluche”, Las Tunas, 2004]
21Esta clara distinción entre los “campesinos” y los obreros agrícolas no parece ser compartida por los principales interesados, como lo expresa un jornalero que participó en los plantones y tomó luego distancia de la ATC:
- 16 Pueblo sobre la carretera panamericana entre Matagalpa (en donde se formaron la mayoría de los plan (...)
Cuando el primer plantón se organizó a nivel nacional, yo fui el coordinador y fue lo primero que le planteé al Gobierno […] de que iban a ver como comprar una propiedad y dársela a la comunidad. Pero resulta que […] a la gente aquí nomás se le daba respuesta; en el asunto del trabajo, la alimentación [el programa “comida por trabajo”]. [En] el tercer plantón, ya nos hicieron a un lado […]. Y se metió la ATC a gobernar el plantón y a sacar la gente a Las Tunas16 en protesta, y […] ya la gente siguió a estos y ninguna solución tuvo. [Entrevista con don Rufino Mercado, comunidad de El Hular, Matagalpa, 26 de agosto de 2005]
22La crisis de los plantones permitió medir la diferencia de estrategia entre la ATC (en una lógica de preservar el sistema basado en el salario) y la UNAG. Constatando de que el sistema de cooperativas de producción gozaba de poca aceptación por parte de los productores (no así de las cooperativas de créditos y servicios), los representantes de la UNAG habían optado temprano por parcelarlas. El objetivo era contrarrestar las pretensiones geófagas de los antiguos dueños, obligándolos, en dado caso, a litigar con muchos pequeños propietarios en lugar de recuperar la totalidad de una entidad jurídica. Si no fue siempre exitosa, la estrategia de la UNAG resultó salvadora en tiempos de crisis. Los pequeños productores, que contaban con una mano de obra familiar, fueron menos afectados que los grandes propietarios (incluidas las empresas del APT) que se hundieron bajo el peso de las deudas.
23A mediados de los años 1990, el reparto de tierra implementado bajo las nuevas modalidades de la reforma agraria asistida por el mercado contribuyó a acrecentar la zozobra y la incertidumbre jurídica instauradas durante el periodo postconflicto. En efecto, al mismo tiempo que el gobierno tardaba para entregar los títulos de propiedad a los excombatientes, los bancos imponían su entrega en garantía para otorgar un crédito a la producción. En estas circunstancias, cuando a partir de 1996 el gobierno del liberal Arnoldo Alemán (1996-2001) empezó a entregar los títulos, muchos excombatientes y campesinos beneficiarios ya se encontraban endeudados y no tuvieron otra opción que vender la tierra recibida, dando así inicio a un amplio movimiento de migración interna, principalmente hacia la región Caribe. Ese avance masivo hacia la frontera agrícola reanudó con la histórica colonización de las “tierras nacionales” experimentada, desde la revolución liberal de Zelaya y a lo largo de todo el siglo xx, por generaciones de campesinos expulsados de las tierras fértiles del Pacífico por terratenientes más pudientes. Pero, a la vez, ese movimiento migratorio coincidió con el periodo en el que de los recursos de la naturaleza empezaron a cobrar valor en el mercado internacional. Con la entrada del presente siglo, el incipiente mercado de carbono, de los servicios ambientales, de los recursos de la biodiversidad suscitaron la codicia de nuevos actores económicos preocupados por garantizar la disponibilidad de amplios territorios en donde la llegada de una armada de pequeños cultivadores no era bienvenida. Nicaragua no quedó exenta de los efectos de un nuevo discurso (exógeno) tendiente a dividir el mundo rural entre campesinos perpetuadores de un productivismo pasado de moda y predador de la naturaleza y poblaciones indígenas guardianes de territorios, potenciales nuevos actores de la gestión de recursos. Así, los años correspondientes al mandato del presidente Enrique Bolaños (2002-2007) fueron marcados por una estigmatización feroz de los campesinos, tildados de “traficantes de tierra”. Irónicamente (o cínicamente), se acusó de ser “desarraigados” a quienes, expulsados de sus tierras en el Pacífico por banqueros y especuladores, fueron también repelidos de la región atlántica por intereses mercantiles vinculados al medioambiente. Paradójicamente, los campesinos fueron considerados como responsables de la errancia a la cual fueron condenados por la reconfiguración de las prioridades económicas. Estos cambios han redibujado la manera de concebir el espacio rural: de la tierra (productiva) al territorio (noción más funcional a los nuevos negocios) y a redefinir las categorías sociales rurales: del campesino productor al indígena administrador de territorios (Roux, 2011).
24El regreso al poder del presidente Ortega en 2007, pudo generar la impresión de un retorno de lo ensayado durante su primer mandato en el periodo de la revolución sandinista. En algunos sectores del campo renacieron expectativas, sino de un nuevo reparto de tierras por lo menos de la resolución de querellas de larga duración en torno a algunas propiedades. Incluso, miembros de organizaciones afines al Frente sandinista que ejercían ciertas responsabilidades sintieron que de nuevo había llegado su turno y fueron tentados de practicar un “revanchismo invertido” en aras de reparar las injusticias de las décadas pasadas. Sin embargo, muy pronto quedó claro que nada iba a suceder en términos de reparto de tierras. Es más, en conversación privada, el propio secretario general de la ATC se abrió sobre el pacto tácito concluido con el gobierno: se regularizarían algunas de las antiguas fincas del APT aún en conflicto pero, a cambio, no se toleraría ninguna ocupación más de tierras en la región del Pacífico. Esa última precisión daba riendas sueltas a un nuevo éxodo hacia las tierras del atlántico, con la venia implícita del gobierno; tierras nacionales según el viejo esquema decimonónico, pero hoy tierras indígenas de la regiones autónomas del Caribe en virtud de la Ley de demarcación territorial ratificada en 2003. Con esto, ganó el gobierno en todos los tableros: preservó la tranquilidad de grandes propietarios, aliados suyos, en el Pacífico; evitó el surgimiento de un nuevo conflicto agrario de gran alcance; fortaleció sus bases sociales envalentonadas con conquistar nuevos territorios y extendió su control sobre regiones remotas, de donde se podrían intensificar la extracción de recursos (oro, madera) y obtener réditos por nuevos proyectos agropecuarios (por ejemplo, de ganadería o de cultivos de palma de aceite) o de infraestructura. Cabe recordar que, en los años sesenta y setenta, el dictador Anastasio Somoza no había actuado de otra manera, con enviar miles de campesinos sin tierra del Pacífico a Nueva Guinea, en el departamento de Río San Juan (Atlántico sur).
25Este antecedente imprimió una historia particular a la región de Nueva Guinea. A diferencia de Honduras en donde, en la misma época, el proceso de colonización de la región del Bajo Aguán sirvió tanto a cooptar y controlar a la población campesina que a integrarla a la vida económica del país (Roux, 2018), en Nicaragua los colonos fueron prácticamente abandonados a su propia suerte. Eso contribuyó a forjar una tradición de pequeños productores acostumbrados a resolver sus asuntos por sí solos. Si bien fue el Estado que había atribuido la tierra, no es menos cierto que, para muchas familias, eso resultó de un desalojo previo o de la falta de oportunidades en su región de origen. Por lo anterior – y a diferencia de otras regiones del país (Pacífico y Centro Pacífico) en donde las organizaciones campesinas y de obreros agrícolas afines al sandinismo eran bien implantadas –, en Nueva Guinea, los pequeños y medianos productores eran mayoritariamente organizados de forma comunitaria o sobre la base de lazos familiares. En los años 1980, cuando esta zona fronteriza con Costa Rica se volvió escenario de recios combates, muchos pobladores se enrolaron en las filas de la Contra o se exiliaron. Al finalizar la guerra, miles de desmovilizados de la Contra se asentaron en los polos de desarrollo instalados en la zona en el marco de los acuerdos de desarme.
- 17 La mayoría de los miembros del Movimiento campesino que entrevisté entre 2019 y 2023 en Costa Rica, (...)
26En 2012, el otorgamiento, sin consulta previa, de una concesión para construir un gran canal interoceánico a un empresario privado chino, seguido de la aprobación de la Ley 840, que amplía a la totalidad del territorio la superficie disponible para la realización de la obra y otras construcciones conexas, despertó en la población el temor de perder lo tan difícilmente conseguido y de sufrir un nuevo desarraigo. El hecho de que el proyecto fuera promovido por un gobierno identificado con el Frente sandinista constituyó sin duda un agravante e incentivó una potente resistencia campesina, que logró articularse a lo largo de todo el trazo previsto para la construcción del canal y protagonizar más de 100 marchas de protesta que, como en el pasado, fueron duramente reprimidas por las fuerzas gubernamentales. A pesar de que, al final, no se realizará la obra, la represión sufrida durante años consumó la ruptura total con el Estado. No es, por tanto, sorprendente que el Movimiento campesino anti canal fuera entre los primeros en sumarse a la protesta cívica nacional en 2018. La riposta del gobierno a punta de balas, la criminalización, el encarcelamiento de varios dirigentes y su condena a decenas de años de cárcel antes de ser desterrados y despojados de su nacionalidad, empujó muchos campesinos a un nuevo exilio a Costa Rica17, en donde algunos lograron alquilar tierras y recrear condiciones de producción colectiva.
- 18 Alianza bolivariana por nuestra América.
27Los proyectos del actual gobierno en materia de desarrollo corresponden a momentos distintos (aunque se traslapen parcialmente): los grandes proyectos de infraestructura (represas hidroeléctricas y el canal) y la extracción minera. Los primeros marcaron los primeros años del mandato de Daniel Ortega, época en la cual fluían con abundancia los fondos de la ayuda venezolana, los intercambios y las promesas de cooperación con otros países del ALBA18. Al menguar esta fuente de financiamiento – resultado de la crisis y de las sanciones impuestas a Venezuela – y al desvanecerse la posibilidad de la construcción del canal, el gobierno apostó por intensificar las actividades extractivas, en particular, la minería aurífera. A raíz de la crisis política de 2018, para paliar las sanciones internacionales impuestas a los negocios de la familia gobernante y de su seguidores cercanos, esta actividad conoció un crecimiento exponencial. Recuentos recientes indican que 25 % del territorio nacional está concesionado a empresas mineras. El oro es actualmente el principal producto de exportación de Nicaragua, seguido de la carne bovina, y una buena parte de ambos ítems provienen de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, en especial, de las áreas protegidas.
Mientras ese sector -y la dictadura de Daniel Ortega- celebran ese ritmo de crecimiento imparable, que aceleró de forma notable a partir de 2019, los líderes ambientalistas que están dentro o fuera del país, así como las comunidades indígenas que no se sienten representadas por ambos consejos regionales -a los que señalan de estar absolutamente subordinados al partido en el Gobierno- lamentan la aprobación de esas concesiones, por considerar que lesiona sus derechos, a la vez que aumenta la amenaza sobre sus fuentes de agua y sobre sus bosques. (Olivares, 2023, julio)
28Los ataques a comunidades indígenas en el Caribe han sido una constante desde hace varias décadas. Su actual recrudecimiento resulta de una intensificación del control gubernamental sobre territorios para garantizar la explotación de sus recursos pero también se inscribe en la continuidad de lo que, a lo largo de la historia, ha sido erigido en política de Estado para contornar los reclamos de tierras: la expulsión de campesinos de las fértiles (y codiciadas) tierras del Pacífico hacia la frontera agrícola en el Atlántico.
29El relato aquí esbozado ha mostrado hasta qué punto las decisiones políticas y los cambios de rumbo de los sucesivos gobiernos han trastocado las dinámicas del campo y, a veces, afectado negativamente categorías sociales específicas. Sin embargo, sería exagerado concluir que los campesinos y los indígenas son actores pasivos de transformaciones impuestas desde fuera. Pese a la instrumentalización política que, provocando efectos en cadena, lleva a trágicos enfrentamientos entre distintos grupos, resalta una capacidad de desplegar estrategias para lidiar con políticas de Estado cuando son percibidas como demasiado intrusivas. Eso es, a veces negociar y otras veces resistir y, finalmente, incidir en el quehacer político del país. En este sentido, tanto las invasiones de colonos hacia las comunidades indígenas como el Movimiento campesino anti canal expresan, aunque desde estrategias de alianzas opuestas (los primeros con el apoyo del gobierno, los segundos con el gobierno en contra), un anhelo similar a una forma de autonomía siempre contenida por el Estado y los demás detentores del poder. La preocupación de los terratenientes por disponer y controlar una abundante mano de obra se ha manifestado a lo largo de la historia: impidiendo el acceso de la tierra a los mestizos durante la época colonial, encasillando los indígenas en las plantaciones de café en el siglo xix o “acercando” los obreros agrícolas a las fincas, como lo proponían los dirigentes de la ATC. Sin embargo, los reiterativos conflictos protagonizados por campesinos (indígenas o mestizos) y jornaleros atestiguan del rechazo (o del deseo de liberarse) de la proletarización, sea promovida por un sistema feudal, por la explotación capitalista o impuestas en nombre de teorías seudorrevolucionarias. Quizás sea esta la mayor afrenta a todos los intentos de encasillar e instrumentalizarlos, una determinación fuerte a seguir siendo campesina/os.
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