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Mohamed Aderghal (geógrafo, profesor de la faculté des lettres et des sciences humaines – université Mohamed V de Rabat)
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Mohammed Benidir (sociólogo, profesor titular, Institut national d’aménagement d’urbanisme – DINAU, Rabat)
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Tarik Dahou (antropólogo, director de investigación del Institut de recherche pour le développement – IRD) – UMR PALOC (CNRS/IRD/MNHN–SU)
El neoliberalismo no es un fenómeno reciente en el Magreb: las reformas económicas que se inspiran en él son antiguas, se inscriben en políticas de vecindad europea y están marcadas por un posicionamiento de los Estados en una división internacional del trabajo basado en la exportación a los mercados internacionales. A partir de los años 2000, surge una política de liberalización (Cammett, 2008). Su análisis se ha basado, principalmente, sobre la acción pública dirigida hacia el mercado y la empresa, a través del descifrado de la evolución de las formas de gobierno (Catusse, 2008) y de las desigualdades territoriales que tal política de liberalización promovió (Bono et al., 2015), así como sobre las desigualdades sociales y las resistencias a este nuevo orden político en un contexto autoritario. Los sectores afectados por estas políticas fueron numerosos, incluso si los primeros trabajos trataron sobre el sector industrial (Cammett, 2007), la desindustrialización y el deterioro de los términos del intercambio. Posteriormente, aquellos condujeron a una mayor atención al sector primario que se vio, asimismo, ampliamente afectado por estas políticas hacia el cambio de siglo (Dahou et al., 2013). A pesar del auge de las problemáticas del desarrollo sostenible a partir de los años 1990, la redefinición de las problemáticas de crecimiento del sector primario integró la cuestión medioambiental de manera diferida en esta área geográfica.
Hasta la fecha, los trabajos sobre el Magreb se han inspirado poco de las aportaciones de la political ecology, con la excepción, quizás, de aquellos que abordaron, marginalmente, la cuestión de la gestión del agua con un planteamiento susceptible de constatar la disminución del recurso bajo el efecto de una distribución orientada hacia la agricultura de renta y de sus consecuencias en términos de desigualdades de acceso. Las cuestiones de gestión de la tierra han sido también objeto de estudios que revelan los impactos de las recientes reformas, con una tendencia a la creación de un mercado de la tierra, haciendo hincapié en la marginalización, potencial o efectiva, de pequeñas comunidades campesinas de la región. Sin embargo, estos enfoques destacaron levemente los desafíos de justicia medioambiental (Deldrève et al., 2019), a pesar de las dinámicas de desigualdades que estudian estos desafíos. La cuestión del desarrollo sostenible no ha sido objeto todavía de un análisis crítico, mientras que sus políticas tienden a expandirse a numerosos sectores, incluidos aquellos que reposan en un productivismo asumido. Por lo tanto, en este número se trata de proponer un contexto de análisis crítico del desarrollo sostenible al que los Estados de la región se ajustan, de manera normativa e instrumental, y que da lugar al auge de mecanismos que tienen un impacto en términos de poder (Davis, 2006).
En el Magreb, el neoliberalismo reviste formas particulares, en la medida en que el Estado se sigue manteniendo en el centro del juego a partir de la asignación de factores estructurantes, como la tierra y el agua, habiendo reconstituido, a menudo, sus medios de inversión (Mayaux & Rousseau, 2021). Las políticas de subvenciones se dirigen, actualmente, hacia la iniciativa privada y el desarrollo de empresas en el sector primario. Los mercados, a pesar de estar parcialmente desregularizados, están influenciados por los clientes del Estado, con normas que limitan la competencia, en detrimento de los pequeños actores productivos o comerciales. Las lógicas de liberalización pasan, por lo tanto, tanto por el refuerzo de mecanismos de mercado por las normas como por lógicas de intervención del Estado a favor de tipos de producción empoderados de los mecanismos sociales de reparto de rentas y de atenuación de problemas medioambientales, a pesar de que el Estado sea siempre el garante. Al aplicar de forma diferenciada sus normas productivas y medioambientales, está al origen de dinámicas de evicción de ciertos actores y, en ocasiones, incluso de meter en cintura la sociedad civil y ciertos movimientos sociales.
La llegada del neoliberalismo no se reduce, por consiguiente, a lógicas de privatización unívocas y convierte al Estado en actor estratégico de un proceso contingente (Heynen & Robbins, 2005; Castree, 2005). Ello se observa en la manera en la que los Estados renegocian las reformas de la tierra promovidas por las instituciones internacionales, cuyo horizonte es la privatización, y las aplican tácitamente, al convertir a los agentes de la administración en los amos de la asignación local de la tierra, especialmente a través de la resolución de los conflictos de su uso. Asimismo, el recurso hídrico no cambia de estatus, necesariamente, con las reformas liberales, pero la no intervención es probable que pueda incentivar los clientes del Estado, en detrimento de pequeños núcleos campesinos que no disponen de capital para apropiarse los recursos profundos. En lo referido a los mercados agrícolas liberalizados, el gobierno del Estado se apoya en formas de descarga hacia operadores económicos que se encuentran bajo su control. En la región, especialmente en medio rural, las lógicas de liberalización no oponen siempre, de forma explícita las clases (Harvey, 2006), pero recurren, la mayoría de las veces, al arbitraje más o menos formalizado de los conflictos que tales lógicas de desregularización suscitan. La “informalización” de la acción del Estado (Elyachar, 2005) es, a veces, una vía de propagación de la liberalización, haciendo invisible, en parte, formas de gobierno indirecto. Estudios locales pueden, por lo tanto, restituir el carácter inestable de la llegada de la liberalización y la contestación de formas de poder que induce (Benidir, 2021).
En las políticas de desarrollo sostenible se pueden observar diferentes modalidades de neoliberalismo (no injerencia, organización de mercados, desregularización de políticas públicas). Estas pueden llevarse a cabo a través de operaciones de transferencia de paradigmas de desarrollo desde las esferas globales hacia los modelos de gestión promovidos por el Estado, o pueden proceder de dinámicas locales de conflictos y de apropiación que intentan beneficiarse de estas reconfiguraciones de políticas y de instrumentos. Estas dinámicas reflejan configuraciones neoliberales muy variadas, incluso si tendencias generales de exclusión son implementadas, según los espacios nacionales o los territorios considerados. Los equilibrios inestables entre actores confrontados a tales dinámicas de mercado erráticas, a relaciones al Estado contrastadas y de relaciones de poder evolutivos en función de cambios en los recursos internacionales, políticos y económicos, revelan tensiones y alianzas entre grupos sociales que juegan cartas diferentes en función de sus intereses. Estas articulaciones entre actores variados, típicas de los procesos de liberalización, crean formas de gobierno incompletas e inestables.
Más allá del hecho que las injusticias sociales en el Magreb ponen de manifiesto un funcionamiento desigual de los Estados y de las políticas públicas (Bono et al., 2015), incluso en una perspectiva histórica si tenemos en cuenta el legado colonial (Dahou, 2018) y su reproducción en el Estado desarrollista, parece oportuno cuestionar el programa de desarrollo sostenible implementado, tanto en nombre del medioambiente como de la acumulación mercantil. Si es proclive a una débil asunción del criterio de equidad, es por pecado original, consistente en concebir sus acciones en función exclusiva de su matriz neoliberal. Las modalidades de implementación del desarrollo sostenible destacan los instrumentos mercantiles de regulación de recursos y de su asignación (Buscher & Fletcher, 2020). En las políticas de desarrollo sostenible las formas de asociación entre actores públicos y privados son, casi siempre, la regla y resulta esencial captar sus dinámicas concretas para comprender cómo se generan las desigualdades. Resulta útil retomar la noción de desarrollo sostenible, más allá del carácter performativo y positivo que caracteriza sus enunciados, para interrogar la carga de economía liberal que lleva consigo, y así, aprehender mejor sus declinaciones e impactos según los contextos históricos y antropológicos (McCormack, 2017).
El objeto central de este dossier es llevar a cabo un análisis de las contradicciones de las políticas de desarrollo sostenible confrontando los discursos sobre la durabilidad de las perspectivas económicas y las dificultades de conservación de los recursos. Detrás de la coloración de los objetivos de desarrollo sostenible se juegan, no solamente retos de conservación de la biodiversidad y de los recursos, garantía de reproducción social a largo plazo de las comunidades, sino también la distribución equitativa o no equitativa de los recursos y de los ingresos asociados. Este análisis de la construcción social de la rareza, agravada por el cambio climático, puede revelar las desigualdades resultantes.
Un planteamiento de political ecology (Robbins, 2019), que articule un examen de la construcción social de las desigualdades y un análisis de los efectos materiales de las políticas sobre los recursos y los ecosistemas, conduce a interesarse por en los impactos concretos de los mecanismos de desarrollo sostenible. Se trata de comprender las apropiaciones de recursos escondidos detrás de las narraciones de producción verde o azul, o de responsabilidad social y medioambiental, a partir de estudios empíricos de la implementación de nuevas políticas de desarrollo sostenible. Además del análisis de los efectos materiales y sociales de esta renovación de políticas de crecimiento, la atención se centra en las transformaciones de las formas de gobierno que promueven. Más allá de la distribución de recursos, es crucial estar atento a las relaciones de poder entre actores. Este análisis busca valorar las reconfiguraciones de poderes entre Estado y sociedad a partir de cambios institucionales, más concretamente, de las regulaciones público/privado resultantes de tales transformaciones.
La cuestión de la productividad de los recursos, concebida como un objetivo ineludible del desarrollo sostenible en el contexto de una racionalización de su gestión más eficiente, se impone a través de una lógica de racionamiento. Sin embargo, esta última tiende a perjudicar más particularmente el acceso a ciertas categorías de actores, especialmente, aquellas que disponen de un poder de inversión o de agentividad más limitado. Así, cuestionaremos este proceso a partir de diferentes perspectivas de escalas y de retos.
Los mecanismos de privatización toman vías complejas en la medida en que el estatus jurídico de las tierras y de los recursos no son necesariamente transformados, pero evolucionan a través de lógicas de desregularización y de reglamentos de conflictos a los que están ligados. El Estado tiene, por lo tanto, un rol determinante en estos procesos al intervenir en la ordenación territorial de los espacios promoviendo derechos de usufructo variados y desiguales que confirman de forma progresiva derechos de apropiación sin pasar, necesariamente, por la privatización de las tierras. Estos procesos se enraízan a conflictos que reposan en una movilización diferenciada de derechos en un contexto de pluralismo jurídico. Por ello, es pertinente documentar y analizar las recomposiciones instauradas por las políticas medioambientales que, supuestamente, guían los destinos de la tierra inscritos en un contexto de luchas de apropiación de tierras o de rentas obtenidas en un contexto mercantil. Por ejemplo, la puesta en valor de espacios forestales y de sus recursos crea conflictos de propiedad que ponen en juego intereses divergentes en el contexto de un pluralismo normativo (Turner, 2009). Además, diferentes tipos de proyectos de desarrollo o de conservación alteran la gestión de terrenos públicos (Aderghal, 2017) y provocan transformaciones de normas de gestión de la tierra y de la apropiación del espacio, incluso indirectamente, con la privatización de recursos derivados del aprovechamiento de la tierra, como el agua o los recursos vegetales. Así, los pastizales o terrenos públicos son objeto de luchas encarnizadas, con conflictos que no se reducen únicamente a la apropiación de la tierra sino que se extienden a los recursos conexos según sus variaciones de estatus. Debido a su generalización, los regímenes concesionarios para explotación y conservación podrán ser objeto de un análisis.
Las políticas de conservación son un campo privilegiado de implementación de instrumentos de mercado con una voluntad de atribuir un precio a una parte creciente de sectores enteros de la naturaleza, que se traduce por mecanismos de gestión privilegiados (pago por servicios medioambientales, dispositivos mercantiles del tipo sello, implementación de cuotas transferibles, etc). Tantos nuevos instrumentos susceptibles de ser cuestionados que, por el momento, no son objeto de análisis sistemáticos.
Así, alrededor de la economía azul se desarrollan códigos de explotación responsables, o áreas marinas protegidas, o sellos de pesca, sin que sus efectos en términos de accesos desiguales a los territorios o a las especies sean caracterizados.
Las desigualdades inherentes a la explotación forestal, con un empobrecimiento de las poblaciones forestales, condujo a una redefinición de los métodos de gestión de los espacios forestales con una gran cantidad de reglas de conservación. Estas suscitan, actualmente, un gran número de ambigüedades en cuanto a la real gestión de la explotación y de la conservación de los bosques por las poblaciones y atizan numerosos conflictos de apropiación intercomunitarias o entre comunidades, inversores y Estado.
Las políticas de conservación de los suelos, destinadas igualmente a perennizar el acceso a recursos y a la productividad de un sector agrícola en crisis, conducen a limitar los usos de los pequeños productores o de la ganadería trashumante, produciendo nuevas desigualdades.
La desregularización de los mercados agrícolas o forestales se une a políticas estatales de conservación que confirman las diferencias de acceso a los espacios y a los recursos, interrogando tanto la legitimidad como la eficacia de la ecologización de políticas ampliamente influenciadas por la liberalización. En la puesta en práctica de estos mecanismos ligados a los enfoques integrados, vemos vislumbrar, a menudo, el impacto de los actores mercantiles sobre soluciones fundadas en la naturaleza, donde el desarrollo de nuevos sectores de valorización de recursos añaden a la intensificación de la explotación mercantil en detrimento de los usos tradicionales, conllevando una rarificación de los recursos y desigualdades.
Detrás de los conceptos de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y de gestión eficiente pueden esconderse cierto número de desigualdades en el aprovechamiento de los recursos puesto que, más allá de la racionalización de la utilización del recurso, se juega la continuidad del acceso. A menudo, durante esta racionalización a través de una utilización menos costosa, se juega una relocalización de recursos que tiende a concentrar los volúmenes en favor de actores capitalistas y en detrimento de agriculturas familiares o de amenidades medioambientales.
Actualmente, el énfasis se centra en las políticas de aumento de tarificación del agua para ajustar mejor la oferta y la demanda para limitar las extracciones en un contexto de rarificación del recurso. Estas políticas tienden a transformar los usos del agua con la finalidad de hacerlos más eficaces y menos costosos, pero también tienen efectos perversos al tender a concentrar los efectos hacia soluciones tecnológicas que discriminan a los consumidores controlando menos el mercado y teniendo dificultades para adaptarse. Por ejemplo, el goteo tiende a intensificar el uso del agua con consecuencias de inequidad en su distribución. La movilización de recursos hídricos alternativos puede conducir, igualmente, a un acceso más difícil al recurso para los espacios y consumidores periféricos y tender hacia una redistribución de este recurso para otros usos que no sean alimentarios. La cuestión de las inversiones necesarias a la producción de estos nuevos recursos puede conducir, efectivamente, a soluciones mercantiles que excluyen pequeños operadores.
En las políticas que pretenden controlar mejor las políticas de extracción se desarrolla, a través de diferentes dimensiones, un marco jurídico que define mejor la gestión de las consecuencias medioambientales y una responsabilización de los actores privados sobre el impacto de su explotación. Por ello, se impone progresivamente a los empresarios una doble regulación a través del derecho y de las normas. Esto cuestiona el estatus de los estudios de impacto en el seno de las lógicas de producción como instrumentos de regulación de las empresas privadas. Estos instrumentos deben ser cuestionados en cuanto a su declinación y apropiación a través del estudio de la forma en que se toman en cuenta los impactos medioambientales de la explotación y cómo estos últimos se amplían de forma concreta a la asunción de sus consecuencias sociales.
Las lógicas de movilización del conocimiento por el Estado, en sus relaciones con los actores privados pueden manifestar, aquí también, incoherencias en la implementación de estas políticas cuestionando, al mismo tiempo, las desigualdades de atención social que provocan. Mientras que estas empresas tienden a sustituir al Estado en materia de desarrollo, ¿cuáles son las consecuencias de estos cambios normativos en materia de justicia medioambiental?
Los contribuyentes al dossier podrán interrogar estas temáticas privilegiadas pero las propuestas pueden abordar otros campos de implementación del desarrollo sostenible como las tensiones y resistencias de diferente naturaleza que este suscita y refuerza: en el ámbito social, de ordenación del territorio, del urbanismo y del hábitat.
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