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François Doligez (f.doligez@iram-fr.org), ingeniero agrónomo y economista del Iram, profesor e investigador asociado del Master DynPED y del UMR-Prodig
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Mamadou Goïta (mamadou_goita@yahoo.fr), socioeconomista, director del Institut de recherches et promotion des alternatives de développement (IRPAD, Mali), experto del panel IPES-Food
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Gifty Narh (myrnarh@hotmail.com), socióloga, directora de la CORADE, Burkina Faso, y presidenta del Inter-réseaux développement rural
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Marc Mees (marc.mees@sosfaim.ong), ex secretario general de SOS Faim Belgique, responsable de la gestión de los conocimientos y capitalización de experiencias
Este dossier forma parte de la prolongación de la serie de dossiers temáticos que la Revue Tiers Monde y, posteriormente, la Revue internationale des études du développement, publican en materia de inclusión financiera, con regularidad, desde hace veinticinco años (n° 145, 1996; n° 172, 2002; n° 197, 2009; n° 225, 2016). Este llamamiento a contribuciones desea invitar, a partir de investigaciones de campo, a un conjunto de obras originales que proporcionen un mejor conocimiento de las realidades en términos de financiación de las transformaciones de los sistemas agrícolas y rurales en los países emergentes y en desarrollo y, más concretamente, en lo que concierne a la financiación de productores y productoras agrícolas. Se trata, particularmente, de ahondar en las nuevas experiencias existentes en el sector de la financiación agrícola y rural, a menudo, marginado en las políticas de financiación del desarrollo.
La transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios, vista desde el punto de vista de las transiciones, responde a un conjunto de objetivos que combinan, entre otros, el aumento de la producción alimentaria, un ingreso decente para productores y productoras, la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad y, la atenuación y adaptación al cambio climático. Las transiciones agroalimentarias ambicionan, a la vez, acompañar la evolución de las prácticas agrícolas hacia la agroecología y la transformación sostenible de los sistemas de producción a escala de los territorios y de los socioecosistemas. Las transiciones se proponen, igualmente, asociando un objetivo de seguridad alimentaria y nutricional, actuar sobre la organización de los sectores y mercados en la fase final de producción (transformación agrícola alimentaria, circuitos cortos, etc.) en el ámbito de los sistemas alimentarios territoriales, para reducir su huella ecológica (David-Benz et al., 2022). Estas transformaciones forman parte de la respuesta al cambio climático, ya sea por la esperada reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (atenuación), o por su contribución a la adaptación de los sistemas de actividades a través de la reducción de su vulnerabilidad y de la preservación de recursos (agua, suelo y economía circular) o, incluso, por su impacto en la biodiversidad y en los agroecosistemas (reducción de la contaminación, protección y restauración de ecosistemas).
Si las transiciones surgen como una manera de proyectar el cambio a largo plazo, plantean numerosas cuestiones en cuanto a las temporalidades y a los ámbitos de acción (Valegeas, 2020), pero también en lo referente a las modalidades de implementación en los territorios y por los diferentes grupos sociales concernidos. Se plantea, más específicamente, la cuestión de su financiación y de la “transformación profunda de la finanza” que estas transiciones presuponen (Couppey-Soubeyran et al., 2022).
En este tipo de análisis, el dossier se interesará, especialmente, por las financiaciones de ganaderos y ganaderas, agricultores y agricultoras que desean transformar sus actividades, por los dispositivos que permiten adaptar la oferta de financiación a los objetivos de transiciones agroalimentarias y por lo que tales financiaciones generan en cuanto a las evoluciones de prácticas agrícolas y ganaderas, y a los efectos provocados por estos cambios.
Numerosas obras invitan a movilizarse sobre el asunto de la financiación de la transición agrícola y alimentaria en los “países del Sur” (Doligez et al., 2008; DeLonge et al., 2016; IPES-Food, 2020) mientras que, en un contexto todavía marcado por la liberalización financiera, lo esencial de las inversiones públicas y privadas – al margen de los “primeros inversores”, generalmente ignorados, que son los propios agricultores (HLPE, 2013) – se dirige a la agricultura de exportación, a los sectores agroalimentarios con un importante valor añadido o a los centros de crecimiento agrícola (“agropoles”). Este desquilibrio es ampliamente implementado, incluso ampliado, en los flujos financieros y en la gestión de la ayuda al desarrollo (Inter-réseaux, 2019; CIDSE 2020).
La financiación agrícola y rural está caracterizada, generalmente, por dos formas institucionales: de un lado, las que toman el sector financiero y sus instituciones intermediarias (bancos, instituciones de microfinanciación, fondos de seguro o de garantía) como punto de partida de la organización de los servicios financieros y de la inclusión financiera y, de otro lado, las que contratan sus financiaciones articuladas con la organización de sectores o de “cadenas de valor” agrícolas y alimentarias (Lapenu, 2007). En lo que se refiere a la primera forma institucional, mediante la evolución del sector financiero y de sus imperfecciones de mercado, la inclusión financiera – en el sentido de la accesibilidad para todos de los servicios financieros básicos (cuenta de ahorro, medios de pago, crédito) – se amplia, en el ámbito rural, gracias a la digitalización de los medios de pago a través de los teléfonos móviles (Ndiaye et al., 2022). Sin embargo, la financiación directa de las actividades de los pequeños agricultores y agricultoras y de los pequeños ganaderos y ganaderas, es considerada, de forma general, como demasiado costosa y arriesgada y permanece muy limitada. En lo que incumbe a la segunda forma institucional, la finanza “de sector” permite una ampliación de financiación del ciclo de producción a través de contratos firmados en las cadenas de valor agroalimentarias, tales como las empresas, cooperativas y pymes, tanto en la fase inicial como final de la producción, que son ellas mismas refinanciadas por el sector bancario o por la “mesofinanza”. Por lo tanto, el impacto sobre la financiación agrícola depende de la relación establecida entre organizaciones de productores e instituciones financieras (Wampfler et al., 2010), y del equilibrio en las relaciones contractuales establecidas entre actores de los sectores (Inter-réseaux, 2021).
Las transiciones hacen surgir nuevas necesidades de financiación según los contextos geográficos y económicos de los sistemas agrícolas y alimentarios. Por ejemplo, se trata de invertir en la producción para afrontar los retos económicos de seguridad alimentaria y de exportación agrícola, pero también de financiar la adaptación de los sistemas de actividades a los desafíos medioambientales, amplificados por el cambio climático. La multiplicación de los objetivos asociados a las transiciones puede manifestarse como una suma de imperativos contradictorios (Coste et al., 2021). A la superposición de objetivos a los que agricultores y agricultoras se confrontan, se añaden una importante diversidad de contextos agrícolas y rurales, y un balance, generalizado, de una dificultad cada vez mayor a comprender tales objetivos en su complejidad social y económica (Olivier de Sardan, 2021). El conjunto lleva, en ocasiones, a analizar la organización de las financiaciones sobre la base de una segmentación creciente de los modelos agrícolas, de los territorios y de las políticas públicas, dando paso a una coexistencia, a menudo, carente de complementariedad y coherencia (Gasselin et al., 2021), en detrimento de los actores y territorios que disponen de menos recursos. Con frecuencia, las familias de agricultores y agricultoras, de ganaderos y ganaderas más vulnerables carecen de medios económicos y financieros necesarios para invertir en las transiciones (Cochet et al., 2021). En el ámbito de los territorios rurales existe un gran riesgo de acumulación de perjuicios: agriculturas de subsistencia y pastoreo relegados en la competencia mundial generalizada de los circuitos agroalimentarios, vulnerabilidad climática incrementada y biodiversidad empobrecida, precarización de los ingresos y del empleo agrícola y rural, incluso malnutrición crónica, como ejemplifican numerosas regiones del Sahel.
Respecto a las experiencias objeto de estudio, se trata de cuestionar las modalidades de identificación de las prácticas de intensificación agrícola sostenible (FAO, 2017) a través de las financiaciones, del perfil de los agricultores y las agricultoras, de los ganaderos y ganaderas que acceden a las financiaciones, así como los territorios concernidos, prestando una atención especial a los efectos de contexto (Storchi et al., 2020). Se tratará de profundizar en los mecanismos financieros y en sus modalidades para asegurar o fomentar (fondos de garantía, asociación con el seguro, bonificación de préstamos, cofinanciación de parte de la inversión, asunción paralela de servicios de consultoría y acompañamiento técnico-económicos de productores y productoras) en el marco de medidas sostenibles que permitan acompañar las transiciones agrícolas y alimentarias. Por último, deberán tenerse en cuenta el efecto palanca producido sobre la finanza y los impactos de los cambios de prácticas en las explotaciones agrícolas y alimentarias.
El análisis puede tratar el conjunto de dispositivos que alían financiación pública y privada que existe bajo diversas denominaciones y a diferentes niveles (financiación mixta, financiación con reparto de costes, blending financiero, cooperación pública-privada, fondos de impacto, crédito de carbono). También puede abordar el rol de los actores que acompañan estos dispositivos y sus efectos e impactos. Asimismo, ciertos instrumentos pueden articularse alrededor de los resultados esperados, como la resiliencia frente a las crisis (por ejemplo, alimentarias), o la adaptación al cambio climático. Los mecanismos financieros (créditos y matching grants, transferencias monetarias condicionadas, pago por servicios ambientales) pueden incentivar cambios de prácticas (transición agroecológica) y pueden implementarse a escala territorial (proyecto alimentario), o posibilitar nuevas oportunidades de financiación a escala internacional (Fondo Verde para el Clima), como los “Nationally appropriate mitigation actions” (NAMA) en Costa Rica que proporcionan ayuda a los sistemas agroforestales en zonas cafeteras1.
En el caso de la financiación de sector, es posible abordar los dispositivos que posiblitan calificar las prácticas agrícolas, su trazabilidad así como los mecanismos financieros que permiten “alentarlos” (sobreprecio, primas), o sea, pueden referirse a los procesos de certificación o de creación de sellos de calidad de productos, o a la noción de responsabilidad social y ambiental de las empresas agrícolas, en la que la ecoimpostura puede ser objeto de críticas virulentas (Grain, 2022). Igualmente, es posible abordar, de modo paralelo a los servicios financieros ofrecidos a los productores y a las productoras, los circuitos de proximidad alimentaria (circuitos cortos basados en relaciones más directas entre productores y consumidores, cestos de alimentos), la segmentación de las prácticas en los territorios, las dinámicas entre los actores o los efectos normativos de los pliegos de condiciones que dan lugar a la creación de sellos de calidad reconocidos por el mercado a través de un precio de venta superior y, por consiguiente, generan una mejor retribución a los productores y a las productoras.
Las contribuciones previstas podrán tratar estos temas conforme a tres enfoques, teniendo en cuenta los niveles de análisis y las cuestiones de investigación subyacentes.
A partir de la observación sobre el terreno, más allá de la métrica de las curvas de la inclusión financiera2, es posible analizar las limitaciones de financiación ejercidas sobre los agricultores y las agricultoras, los gerentes de explotación y los hogares rurales y que condicionan su capacidad para formar parte de una dinámica de “transiciones”. Mientras que las prácticas de los agricultores y de las agricultoras fueron objeto de numerosos estudios al inicio de la liberalización financiera (Adams & Fitchett, 1994; Banco Mundial, 1989; Germidis et al., 1991; Stiglitz & Weiss, 1981; Von Pischke, 1991), este tema es poco tratado por investigaciones y publicaciones académicas actualmente. Sin embargo, a nivel de los países emergentes y en vías de desarrollo, existen un gran número de obras empíricas y una abundante “literatura gris”( informes institucionales, peritajes) que apoyan este tipo de análisis.
¿Cómo “gestionan” los agricultores y las agricultoras el riesgo agrícola con inversiones en equipos (por ejemplo, riego a pequeña escala), la diversificación de producciones (asociaciones de cultivo) o de actividades (incluidas aquellas no agrícolas)? ¿Cómo consiguen financiar nuevas prácticas agrícolas sostenibles (compost, agroforestería)? ¿Cómo, en ausencia de financiación institucional, contribuyen otros mecanismos de financiación como el crédito informal contratado con otros comerciantes, o incluso con parientes o amigos? ¿Cómo ciertas prácticas, sometidas a restricciones de financiación de las necesidades “del día a día”, aumentan la vulnerabilidad de los hogares rurales y disminuyen su capacidad de resiliencia (venta a bajo precio, mano de obra asalariada agrícola o migraciones)? ¿Cómo las instituciones financieras determinan, para las otras categorías de agricultores y agricultoras, las innovaciones (por ejemplo, el riego por bombeo solar) o las actividades agrícolas económicamente rentables y sostenibles desde el punto de vista ecológico (agroforestería)? Frente a una demande compleja, compuesta por múltiples necesidades de financiación, ¿cómo el engranaje de prácticas financieras diversificadas es susceptible de satisfacer estas nuevas necesidades y acompañar de forma duradera las trayectorias de transición?
Por otra parte, en los sectores financieros y en los dispositivos públicos que los acompañan, existen numerosas innovaciones destinadas a ayudar la financiación de la agricultura sostenible (Traoré et al., 2020). El estudio del IPES-Food (2020) citado con anterioridad menciona, por ejemplo, la existencia de mecanismos de refinanciación con tipos competitivos para favorecer los préstamos agrícolas de los bancos privados (Nigeria, Liberia, Ghana) o el desarrollo de servicios financieros destinados a los pequeños agricultores y agricultoras para fortalecer su autofinanciación (microcrédito, gestión comunitaria del ahorro, tecnología financiera, créditos a medio y largo plazo, etc.). En el marco de la estrategia de descarbonización de su economía, Costa Rica experimenta el cúmulo de prácticas de agroforestería a nivel de los pequeños agricultores y agricultoras, para posibilitar su integración a la financiación climática. Para acompañarlos, existen diferentes iniciativas para proceder a su censo, como es el caso de la AgroEcology Fund (AEF)3 que censa los experimentos piloto de las organizaciones de productores y productoras y de sus asociados, para apoyarlos a nivel internacional. Recientemente, la CEDEAO responsable de la política agrícola puso en marcha en África Occidental un trabajo de inventario de los dispositivos de financiación en el marco de su programa de agroecología4. Incluso en Francia, el Ministerio de Agricultura y Alimentación desea comprender mejor los “instrumentos de financiación innovadores para la agricultura”5. En todas partes se plantea la cuestión del conocimiento y de la mejor comprensión de tales dispositivos y de sus mecanismos financieros, de los que una buena parte procede de nuevos actores desconocidos por las instituciones (ahorro solidario, financiación participativa, etc.).
¿Cómo se organizan estos diferentes dispositivos institucionales? ¿Qué criterios tienen en cuenta estos últimos para calificar las prácticas a financiar? ¿Cómo los dispositivos orientan y organizan el seguimiento de estos criterios? ¿Cuál es el alcance real en términos de transiciones agrícolas y alimentarias?
El efecto palanca se entiende, en este contexto, como la capacidad de la acción colectiva o de las políticas públicas para ampliar las financiaciones a favor de la agricultura sostenible. Así, la acción colectiva de los productores y de las productoras agrícolas que acompaña la organización de los dispositivos de transición agroecológica puede ser objeto de apoyos financieros apropiados6. Esta puede llevarse a cabo a través de una contratación más equilibrada con empresas en la fase inicial de la cadena, en la búsqueda de productos certificados (prefinanciación del ciclo agrícola), o puede basarse en acuerdos entre instituciones financieras y organizaciones (cooperativas, etc.) incorporando la demanda de los productores. En ocasiones, estos mecanismos de financiación asocian otros actores de los sistemas alimentarios, ya sea a través de la comercialización de productos de calidad, reuniendo agricultores y consumidores (es el caso, por ejemplo, de las asociaciones para la conservación de la agricultura campesina en Benín7), del abastecimiento agrupado en la restauración colectiva, como los comedores escolares8 u otros mercados institucionales.
¿Cuál es el alcance de estos mecanismos en términos de inclusión financiera y transformación de las prácticas agrícolas? ¿Cuáles son los roles entre los actores que los estructuran? ¿Cómo pueden constituirse en referentes de las políticas públicas agrícolas y alimentarias?
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Todas las disciplinas (ciencias de la administración, economía social, economía agrícola y rural, economía política, ciencias políticas, antropología social del desarrollo) podrán tratar esta temática en sus diferentes dimensiones para realizar una mejor documentación de las prácticas existentes y de las innovaciones en los tres grandes niveles propuestos. Se esperan contribuciones de casos concretos de estudio, en diferentes contextos africanos, latinoamericanos y asiáticos.
Los autores se comprometen a consultar la línea editorial de la Revue internationale des études du développement y a cumplir con la carta ética y las recomendaciones a los autores.
El processo de selección se desarrolla como sigue, según las fechas indicadas en el siguiente calendario de producción:
Las propuestas de contribuciones, en francés, inglés o español, presentan el proyecto de artículo en más o menos 4.000caracteres (con espacios), equivalentes a unas 500palabras o una página.
La propuesta (Word), cuyo dossier se llama “NOMBRE DEL AUTOR-Propuesta-254”, incluye:
-El título de 70 caracteres máximo (con la possibilidad de agregar un subtítulo)
-Un resumen del artículo que detalle el tema de la investigación, su marco teórico, el terreno estudiado y sus principales resultados
-Referencias bibibliográficas (no incluidas en el total de los caracteres autorizados)
-Un fichero adjunto llamado “NOMBRE DEL AUTOR-Infos-254” incluyendo los nombres y apellidos de los autores, sus estatuto y pertenencia institucional, así como su dirección de correo electrónico.
Los coordinadores y los editores de la revista comprueban la idoneidad de la propuesta para la convocatoria y realizan una preselección.
Se invita los autores cuya propuesta de contribución fue preseleccionada a enviar una primera versión de su artículo que debe imperativamente corresponder a las normas indicadas anteriormente. Los artículos se someten entonces a una lectura doble ciego de dos evaluadores, especialistas y ajenos a la revista.
Los artículos (de 45000 caracteres máximo, espacios incluidos, pero sin resumen y bibliografía) podrán ser redactados en francés, inglés o español y deben ser originales. Sin embargo, podrán haber sido objetos de communicaciones en coloquios (con actas), bajo la condición de ser adaptados a las normas exigidas por la Revue internationale des études du développement.
Las referencias citadas deben presentarse en formato APA.
Las propuestas de artículos deberán ser enviadasantes del 14 de febrero 2023 a:
marc.mees@sosfaim.ong;mamadou_goita@yahoo.fr;myrnarh@hotmail.com;f.doligez@iram-fr.org;revdev@univ-paris1.fr
-Las o los autores preseleccionados por las coordinadoras y el comité de redacción recibirán una respuesta por parte del equipo de la revista la semana del 27 de febrero 2023.
-Las primeras versiones de los artículos, en conformidad a las normas de la revista, deberán ser enviadas por los autores a las cuatro direcciones de correo citadas antes del 15 de mayo 2023.
-El proceso de evaluación durará unos meses. Cada artículo –anonimizado–será sometido a un mecanismo de evaluación de doble ciego por lectores, expertos externos a la revista, sobre el tema tratado, y el lanzamiento del número está previsto para Marzo 2024.