1Los linchamientos son una manifestación de la justicia vecinal que ocurre como consecuencia de una frustración ciudadana (Rodríguez Alzueta, 2019). Dicha frustración se ha ido sedimentando en la medida en que las personas se perciben abandonadas por el Estado y experimentan sensaciones de miedo ante la expansión de la delincuencia que acecha a los barrios. El aumento del crimen y su difusión amplificada a través de los medios de comunicación tradicionales, así como por las redes sociales, ha despertado en la ciudadanía un sentimiento de indignación ante lo que entienden es una claudicación del Estado en su tarea de proveer de seguridad y justicia. La demanda vecinal, por tanto, se ha concentrado en el reclamo de más policías en la calle, más armas, más penas y más severidad en las condenas (Rodríguez Alzueta, 2019).
2Muchos son los factores a los que la literatura atribuye como causas de este flagelo; los más repetidos señalan que los linchamientos ocurren porque el Estado no está presente de la manera en que los vecinos quieren que esté, o bien, apuntan a que este problema aparece como producto de la precariedad económica, la pobreza o la falta de acceso a servicios institucionales (Vilas, 2006). Por otro lado, hay quienes sostienen que los linchamientos son hechos que obedecen a determinadas lógicas comunitarias (Gamallo, 2014) e incluso hay quienes señalan que se trata de una violencia de pobres contra pobres (Santamaría Balmaceda, 2014).
3A pesar de ser un problema estudiado con abundancia, existe una brecha de investigación en cuanto a que la literatura disponible hasta ahora se ha limitado a presentar trabajos descriptivos de mucho valor, pero carentes de instrumentos que permitan medir o estimar los patrones de ocurrencia, sobre todo cuando los linchamientos terminan en hechos de muerte. Con base en ese vacío se plantea la presente investigación con la intención de responder a la pregunta: ¿cuáles son los patrones que presentan los linchamientos que se asocian con la muerte de sus víctimas en México? Para responder a este cuestionamiento se elaboró una base de datos que recopiló un universo de 157 casos de linchamientos reportados por la prensa mexicana entre 2018 y 2022 y se configuraron ocho variables independientes con la finalidad de medir, a través de un modelo de regresión múltiple, las probabilidades de morir en un linchamiento en México. Por tanto, se plantea una investigación comparada basada en el método de la similitud con resultados diferentes (Przeworski y Teune, 1970).
4Este artículo plantea tres hipótesis de trabajo:
- 1 De acuerdo con O’Donnell (2010: 172) se trata de un “tipo perverso de legalidad” en territorios con (...)
5H1. La presencia de “zonas marrones”1 (ausencia del Estado), incluso simbólica, favorece que los linchamientos terminen en muerte.
6H2. Las poblaciones regidas por usos y costumbres no son significativamente más violentas en cuanto a la práctica de linchamientos que terminan en muerte.
7H3. A menor cantidad de población, mayores serán las probabilidades de que un linchamiento termine en muerte.
8Los hallazgos más importantes de este trabajo revelan que los factores de riesgo para morir en un linchamiento incrementan casi siete veces más en poblaciones menores de 7 mil habitantes. Esta probabilidad aumenta casi cuatro veces cuando la policía no interviene, y dos veces cuando solo hay coordinación política en dos de los tres niveles de gobierno en el país: federal, estatal y municipal. Más adelante se explica la metodología mediante la cual se obtuvieron estos resultados.
9El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera se presenta una discusión teórica con la literatura producida hasta ahora; en la segunda parte se exhibe el diseño metodológico de la investigación, la operacionalización de las variables y cómo se construyó la base de datos que da pie al modelo de regresión múltiple utilizado como instrumento de comprobación; más adelante se desarrolla el aparato empírico-descriptivo que da cuenta del tamaño del flagelo y su distribución espacial. Por último, se presenta el aparato empírico-explicativo de la investigación en el que se expone el modelo de regresión elaborado y la interpretación de los resultados.
10Los linchamientos son una expresión violenta de la justicia vecinal al margen de la ley. Estas acciones van más allá de la noción de justicia retributiva, que se fundamenta en la idea de castigar un mal con otro mal y que sea el legislador quien debe medir el grado en que una persona debe compensar a la sociedad por la infracción cometida. El linchamiento es un intento de controlar la forma autotutelar de solución de conflicto más violenta y primitiva: la venganza: pública, privada o divina (Bernal Sánchez y Galeas Lescano, 2021). Los orígenes de esta forma primitiva y autotutelar, se remontan al siglo XVIII cuando el coronel Charles Lynch encabezó tribunales irregulares para castigar con severidad y dar muerte a los colonos leales a la corona británica durante la guerra de independencia de los Estados Unidos (Rodríguez Alzueta, 2019). Este modelo de justicia tumultuaria se fue extendiendo con el tiempo y encontró arraigo en aquellos lugares cuyos niveles de institucionalización estatal han sido más débiles o precarios. En América Latina este fenómeno sigue siendo un flagelo que se presenta en casi todos los países de la región que se caracterizan por ser “democracias defectuosas” (EIU, 2023: 3; Nussio y Clayton, 2022: 3); destaca que en cuanto a este problema sobresalen México, Bolivia y Guatemala (Nussio y Clayton, 2022).
11De acuerdo con la base de datos del proyecto Lynching in Latin América (LYLA) encabezado por los profesores Enzo Nussio y Giovinda Clayton (2022), México es el país en el que esta expresión de la justicia por mano propia sobresale en toda la región, razón que refuerza la pertinencia de esta investigación.
- 2 El fenómeno de los linchamientos en América Latina y su mayor crecimiento en los últimos 15 años de (...)
12Trabajos anteriores como los realizados por Fuentes Díaz (2005), Rodríguez Guillén y Mora Heredia (2005), Vilas (2006), Gamallo (2015), Fuentes López (2015) o Kloppe-Santamaría (2020) dan cuenta de que los linchamientos en México son un problema de larga data que, lejos de remitir, incluso se han incrementado en los últimos años (Nussio y Clayton, 2022: 13-14; Rodríguez Alzueta, 2019: 204). De acuerdo con el proyecto Lynching in Latin America (LYLA), el problema de los linchamientos en la región latinoamericana se ha incrementado considerablemente según los datos recabados, sin embargo, llama la atención el crecimiento que sobre este problema se ha visto en México en donde hacia finales de 2019 se concentraba uno de cada tres linchamientos reportados en la región (ver figura 1).2
Figura 1 Evolución de los linchamientos en América Latina y México 2010-2019
Fuente: Nussio y Clayton (2022: 14).
13La mayoría de las aproximaciones al problema realizadas hasta ahora se han llevado a cabo mediante un enfoque predominantemente antropológico y/o sociológico con abordajes metodológicos cualitativos (ver cuadro 1). En ese tenor, este trabajo se inscribe en la línea abonada por Nussio y Clayton (2022) en cuanto a estudiar este fenómeno desde un enfoque multidisciplinar, pero con especial énfasis en la metodología de la Ciencia Política y el empleo de técnicas mixtas para el procesamiento de datos e interpretación de resultados.
Cuadro 1 Relación de literatura sobre linchamientos en México
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes consultadas.
Cuadro 2 Definiciones conceptuales del linchamiento en la literatura
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes consultadas.
14Al ser el objeto de estudio los linchamientos, nos ocupa en este trabajo encontrar respuesta a ¿cómo definirlos para su adecuada comprensión y asimilación? cuando “La historia de la humanidad es una muestra constante de las diversas formas que se han utilizado para la solución de conflictos, así, desde el uso de la fuerza hasta complejos sistemas conformados por instituciones, procesos, normas y sujetos del procedimiento se han construido sólidos sistemas de justicia utilizados en diversas materias” (Bernal Sánchez y Galeas Lescano, 2021).
15Como se puede entender, muchas son tanto las denominaciones a la par de las definiciones que han abonado los debates teóricos. De esta manera, encontramos que en cuanto a las formas de nombrar el fenómeno hay una nutrida variedad de términos que hacen alusión a este problema: vecinocracia (Rodríguez Alzueta, 2019), justicia extralegal (Kloppe-Santamaría, 2020), justicia popular (Berg, 2011), violencia callejera (Bailey y Tolnay, 2015), violencia punitiva (Baron et al., 2022) o justicia por mano propia (CNDH, 2002). Y en cuanto al contenido conceptual hay definiciones que van desde la máxima connotación hasta la máxima denotación, según la escala de abstracción de Sartori (2012: 233-237).
16De acuerdo con Nussio y Clayton (2022: 5), cuya definición adoptamos en este trabajo por su carácter denotativo, para hablar de un linchamiento se requiere reunir cuatro criterios: (a) un acto de violencia física; (b) que al acto sea perpetrado por un grupo de civiles; (c) que los perpetradores actúen contra unos presuntos malhechores; y (d) que el acto incluya una demostración pública.
17Ahora bien, en cuanto a los factores que la literatura recoge como posibles causas del fenómeno, es posible detectar que existen explicaciones variopintas como heterogéneas. Por un lado, están aquellos que ven en la precariedad económica, la pobreza y la falta de acceso a servicios institucionales algunas de las principales causas que estarían detrás del fenómeno de los linchamientos (Vilas, 2006). Otros, como Gamallo (2014), sostienen que los linchamientos estarían vinculados a la crisis del Estado derivado de su incapacidad de proveer seguridad y justicia. Algunos más como Santamaría Balmaceda (2014) afirman que los linchamientos no son una violencia contra-hegemónica, sino más bien se trataría de una violencia de pobres contra pobres. Rodríguez Alzueta (2019), a su vez, señala que esta forma de justicia vecinal sería la manifestación de microfascismos sociales, es decir, formas de justicia cada vez más hostiles y antidemocráticas.
- 3 Al referirnos a fallas estatales consideramos a la generación de instituciones como “los límites co (...)
18Fuentes Díaz y Binford (2001) centran su explicación en el papel del Estado en cuanto a la sistemática tolerancia al linchamiento por parte de los agentes estatales. Otra corriente sugiere relacionar los linchamientos con el llamado derecho consuetudinario de los pueblos originarios como causal explicativa (Guerrero, 2000; Vilas, 2001; Rodríguez Guillén y Mora Heredia, 2005; Mendoza, 2008; Sieder, 2011; Yates, 2017). Y, por último, están quienes afirman que los linchamientos son producto de la deslegitimación del Estado entre la ciudadanía o, dicho en otras palabras, serían la consecuencia de las fallas estatales para responder frente a aquello que la ciudadanía percibe como amenazas, lo que da pie a apoyar medidas de populismo punitivo o a la llamada justicia vigilante (Migdal, 1988; Jackson et al., 2013; Nivette, 2016; Asif, 2022; Nussio y Clayton, 2022).3
19En esta investigación incluimos, además, la tesis de Trejo y Ley (2016: 11), quienes con motivo del crecimiento de la violencia y la inseguridad en México durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), sostienen que “en contextos de aguda polarización política […] el conflicto partidista puede motivar al gobierno federal a desarrollar intervenciones militares y policiales cooperativas en regiones donde gobierna el partido del presidente y a negar asistencia efectiva en regiones gobernadas por sus enemigos políticos, para después culparlos de la violencia criminal”. En ese sentido, exploramos si este argumento es válido en cuanto al desarrollo de los linchamientos en México se refiere en el periodo estudiado.
- 4 Si bien el proyecto Lynching y Latin America (LYLA) dispone de una amplia base de datos sistematiza (...)
20La investigación se realizó a partir de la confección de una base de datos que recopiló noticias sobre linchamientos en México entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Dado que no existe una base oficial que registre el número de linchamientos en el país, la búsqueda de información para esta investigación se realizó a través de periódicos de circulación nacional, así como también con base en noticias reportadas por diarios locales de las 32 entidades federativas del país. La decisión de integrar diarios de circulación local obedeció a que muchas noticias sobre linchamientos no llegan a reflejarse en los grandes periódicos nacionales, a los que solo llegan casos cuya repercusión mediática es más grande como lo refleja el caso de Daniel Picazo, asesor legislativo del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal, quien perdiera la vida en un linchamiento en el estado de Puebla en el año 2022. La búsqueda de información se realizó mediante la introducción de palabras clave en los principales motores de búsqueda en la web: (linchamientos + nombre de la entidad + año); es poco probable que exista una subrepresentación de los casos dado que se buscó información estado por estado, al tiempo que la distribución y frecuencia de los casos recopilados coinciden con lo documentado en otros trabajos académicos y con el propio proyecto LYLA como se puede apreciar en la figura 2 (ver más abajo).4
Figura 2 Linchamientos por año (muestra recopilada)
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos confeccionada.
- 5 Es importante señalar que en una versión preliminar de este trabajo se habían seleccionado 11 varia (...)
21La revisión hemerográfica permitió documentar un universo de 157 linchamientos en el periodo arriba señalado, 65 de los cuales tuvieron un desenlace fatal para las víctimas (y = 1). Se operacionalizaron ocho variables independientes divididas en cuatro dimensiones: (a) sociodemográficas (tamaño poblacional, porcentaje de población indígena); b) socioeconómicas (índice de rezago social); (c) político-institucionales (coordinación política; intervención policial); y d) de securitización (tasa policial por mil habitantes, comandancias o cuarteles policiales, número de cámaras de vigilancia) (ver cuadro 3). Las variables seleccionadas surgen de la amplia información recopilada en nuestra base de datos, así como también de los principales debates recogidos en la literatura especializada. No omitimos mencionar que un criterio para determinar el total de las mismas lo consideramos a partir de la recomendación hecha por Morlino (2010: 60-63) en su obra Introducción a la Investigación Comparada cuando menciona la importancia de evitar dos extremos: muchas variables y pocos casos, o bien, pocas variables y muchos casos. De esta forma, se trata de orientar el análisis comparativo a variables clave (Lijphart, 1971).5
Cuadro 3 Hipótesis de trabajo
Fonte: Elaboración propia.
Operacionalización de variables independientes22En esta investigación buscamos responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los patrones que presentan los linchamientos que se asocian con la muerte de sus víctimas en México? Para ello se elaboró un modelo de regresión múltiple con 139 casos para los cuales se encontró información para todas las variables del estudio y se plantearon tres hipótesis de trabajo con base en los principales debates teóricos de la literatura, así como en los hallazgos empírico-descriptivos que fuimos confeccionando.
- 6 En este sentido, es que valoramos que los linchamientos son una consecuencia del proceso del confli (...)
23Los casos válidos para el modelo son todos y cada uno de los linchamientos para los que se encontró información para todas las variables (N = 139) y la variación de la variable dependiente (y = 1) está determinada por los linchamientos que terminaron en muerte frente a los que las víctimas lograron sobrevivir (y = 0). El nivel de estudio es local por lo que las unidades de análisis son las demarcaciones municipales en las que se han presentado casos de linchamiento en el periodo observado.6
24Metodológicamente se trabajó en tres etapas: (a) elaborar estadísticos-descriptivos para sistematizar la información de la base de datos y poder sintetizar en gráficos que permitan conocer el problema; (b) crear un mapa que auxilie a visualizar la distribución espacial de los linchamientos en el país; y (c) hacer un modelo de regresión múltiple que pruebe las variables y permita estimar el patrón probabilísticamente que sea estadísticamente significativo y que ayude a explicar los linchamientos que terminan en muerte en México entre 2018 y 2022. Para esto último, debido al tipo de datos y de análisis, se realizará una regresión logística múltiple, para lo cual, de ser posible, las variables continuas se convertirán en categóricas. Esto agregará mayor parsimonia y ajuste al modelo.
25Los linchamientos, como manifestación de la “justicia popular”, son consecuencia de que la violencia escala ante la deficiente gestión de soluciones institucionales del conflicto penal en vía de la justicia ordinaria (Bernal Sánchez y Galeas Lescano, 2021). Estos eventos, en sus rasgos generales, no han cambiado significativamente a lo largo del tiempo (Kloppe-Santamaría, 2020: 127; Fuentes Díaz, 2005: 13). Ello nos indicaría que algunas características como el perfil de las víctimas (predominantemente hombres), los motivos (principalmente robos) y los mecanismos de ejecución (señaladamente golpes) se han mantenido como una constante en la mayoría de los casos recopilados por la literatura y en la evidencia recogida por nosotros.
26Ahora bien, por lo que respecta a la distribución de los casos de linchamiento de nuestra muestra es posible observar que la misma es heterogénea, pero logra capturar, grosso modo, la tendencia al alza de este fenómeno como lo señalan Nussio y Clayton (2022, 2023) en sus más recientes trabajos. El promedio de linchamientos por año de nuestra base de datos es de 31, lo que representa alrededor del 15% de los casos reportados por Nussio y Clayton (2022) en su última toma del año 2019 (ver figura 2).
27Por lo que se refiere a la distribución geográfica de los linchamientos en el país, hemos corroborado lo que varios autores han señalado previamente. Este es un problema geográficamente concentrado en cuatro entidades de la república mexicana: Puebla, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, seguidas por los estados de Oaxaca y Chiapas (ver figura 3). En la figura 4 se puede apreciar un mapa con la distribución espacial de los casos recopilados durante nuestra investigación y se compara con el elaborado por Nussio y Clayton (2022). Como se puede observar, sus similitudes son notorias, lo que no solo confirma lo que otras y otros autores ya han destacado en cuanto a los estados con mayor incidencia de linchamientos, sino quizás, también, a que se trata de entidades con sendas “zonas marrones” o con problemas de legitimidad del Estado. (O’Donnell, 1993; Levi, 1997; Nivette, 2014; Nussio y Clayton, 2022) (ver figura 5). Otras explicaciones serían su deficiente o nulo cumplimiento de la función de gestionar la solución del conflicto penal a través de sus instituciones (Bernal Sánchez y Galeas Lescano, 2021).
Figura 3 Cantidad de municipios por estado en los que se concentran los linchamientos
Leyenda: VER (Veracruz); TAB (Tabasco); QROO (Quintana Roo); PUE (Puebla); NL (Nuevo León); MICH (Michoacán); HGO (Hidalgo); EDOMEX (Estado de México); CHIS (Chiapas); CAMP (Campeche); AGS (Aguascalientes)
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos confeccionada.
Figura 4 Distribución espacial de los linchamientos en México
Figura 5 Mapa de “zonas marones” con base en la presencia de mercados ilegales en México*
* Para la elaboración de este mapa se tomaron como mercados ilegales los siguientes: (a) sembradíos de marihuana y amapola; (b) narcolaboratorios; (c) tala clandestina; (d) robo de gasolina; (e) robo de gas LP; y (f) trata de personas.
Fuente: Elaboración propia con base en información periodística. El mapa de la figura 5 se construyó a partir de una extensiva revisión hemerográfica de los principales diarios nacionales y locales del país, a través de la cual se buscaron reportes confirmados de los siguientes mercados ilegales con base en el trabajo de (Dewey, 2015): (a) localización e incautación de sembradíos de marihuana o amapola; (b) localización y desmantelamiento de narcolaboratorios; (c) aseguramiento de aserraderos clandestinos; (d) detección de tomas clandestinas para el robo de combustible (gasolina y gas LP); y (e) desmantelamiento de redes de trata de personas.
28El mapa de la izquierda en la figura 4 fue elaborado a partir de la base de datos confeccionada para esta investigación; el mapa de la derecha ha sido tomado del trabajo de Nussio y Clayton (2022: 11).
29Al revisar el tamaño de las poblaciones en las que se han presentado linchamientos en los últimos años, encontramos, de manera destacada, que alrededor de cuatro de cada diez episodios ocurren en municipios con menos de 50 mil habitantes y la proporción se incrementa a poco más de la mitad si añadimos a localidades menores de 100 mil personas. En ese sentido, es importante destacar que solo 16 casos de linchamiento ocurrieron en localidades con mayoría de población indígena, lo que representa apenas 10% de la muestra (ver figura 6). Al respecto, cabe subrayar que la composición demográfica actual de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020a), establece que 79% de la población del país es urbana y 21% es rural.
Figura 6 Municipios regidos por usos y costumbres en México
Fuente: INEGI (2020b).
Figura 7 Incidencia de linchamientos por tamaño poblacional
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos confeccionada.
- 7 Se entiende por semiurbano a las poblaciones constituidas por habitantes de localidades con poblaci (...)
30Estos datos nos permiten sugerir tres cosas: (a) que los linchamientos son un fenómeno semiurbano si atendemos a la distribución de las proporciones de su ocurrencia;7 (b) que ocurre en localidades con escasa presencia y legitimidad estatal (zonas marrones) (O’Donnell, 1993; Nussio y Clayton, 2022; Nivette, 2016; Asif, 2022); como consecuencia de la inevitable dilación en la solución de conflicto vía justicia ordinaria (Bernal Sánchez y Galeas Lescano, 2021) y (c) que está lejos de ser un problema atribuible a los usos y costumbres de los pueblos originarios (Vilas, 2001; Handy, 2004; Rodríguez Guillén y Mora Heredia, 2005; Mendoza, 2008; Sieder, 2011).
31Por lo que respecta a la presencia policial, los datos recogidos nos indican que en tres de cada cuatro linchamientos hubo intervención de corporaciones policiacas, ya sean estatales o municipales. Sin embargo, es importante señalar que, en muchos de los casos documentados en nuestra base, los elementos de policía arribaron cuando los hechos ya tenían un tiempo importante de estar en curso, o bien, cuando ya estaban consumados. Este comportamiento corrobora los hallazgos de Nussio y Clayton (2022: 17-18) quienes reportan que cuando los agentes del Estado se involucran la violencia tiende a ser menos seria; nuestros hallazgos revelan que cuando la policía hace acto de presencia, la mortalidad de los linchamientos se reduce a 28%, al tiempo que logran evitar la muerte de las personas linchadas en 50%.
32Por último, analizamos de manera descriptiva cómo se distribuye el problema de los linchamientos con relación a los partidos políticos que están al frente de los ayuntamientos. El objetivo de mirar esta dimensión es para testear, de algún modo, la tesis de Trejo y Ley (2016) sobre el alineamiento partidista en distintos niveles de gobierno y la reducción de la violencia. De acuerdo con lo anterior, encontramos que mientras gobernaba el PRI a nivel nacional (2018), uno de cada tres casos de linchamiento ocurría en municipios gobernados por ese partido político, mientras que entre 2019 y 2022, ya bajo el gobierno federal de Morena, esta tasa se incrementó a 44%. Estos datos invitan a profundizar más en el análisis de la tesis de Trejo y Ley (2016) y complejizar con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y no solo con dos (federal y municipal) como se ha hecho en este ejercicio a fin de obtener evidencia más concluyente.
33El gráfico de la figura 8, muestra, a nivel agregado, la distribución porcentual de los ayuntamientos en los que se han presentado casos de linchamiento y los partidos que han estado al frente de los gobiernos municipales en el periodo estudiado. Un dato a destacar de este gráfico es que en menos de 1% de los casos de linchamientos han ocurrido en ayuntamientos gobernados bajo el sistema de usos y costumbres propios de los pueblos originarios. Este dato es importante porque ayuda a abonar preliminarmente una de las hipótesis de este trabajo que señala que, a diferencia de lo que dice un sector de la literatura, las poblaciones indígenas no son significativamente más violentas cuando hablamos de linchamientos.
Figura 8 Ayuntamientos en donde ocurren linchamientos distribuidos por partido político en el gobierno municipal
Legenda: PES (Partido Encuentro Social); MC (Movimiento Ciudadano); PRD (Partido de la Revolución Democrática); PANAL (Partido Nueva Alianza); PT (Partido del Trabajo); PVEM (Partido Verde Ecologista de México); PRI (Partido Revolucionario Institucional); PAN (Partido Acción Nacional); MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional)
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos confeccionada.
- 8 La regresión logística es una técnica estadística multivariante que nos permite estimar la relación (...)
34Para evaluar la probabilidad de muerte durante un linchamiento primero se realizaron múltiples análisis bivariados, y todos aquellos que fueron estadísticamente significativos se incluyeron en un modelo logístico multivariado. El objetivo de este análisis era el conocer ¿cuál es la probabilidad de que en un evento de linchamiento donde hubo defunciones se presentara algún factor de riesgo que fuera estadísticamente significativo? Todas aquellas variables que eran continuas se convirtieron en dicotómicas considerando como resultado final la defunción. Decidimos dicotomizar las variables continuas para hacer más sencilla la interpretación del modelo; para hacer esto se realizó un análisis de sensibilidad mediante el cual se encontró el punto de corte que tuviera la mayor significancia estadística y el mayor valor de la razón de momios.8
35Se construyeron múltiples modelos de regresión logística múltiple. Como modelo final se eligió aquel con mayor pseudo R cuadrada con el menor valor de p. El propósito de emplear un modelo estadístico en este trabajo fue el de evaluar cuantitativamente más allá del azar los factores que previamente sobresalieron en relación con la muerte por linchamiento. Es decir, buscar una probabilidad de ocurrencia de un evento por encima de las visiones subjetivas.
36El mejor modelo obtenido nos explica 45,05% de las defunciones (pseudo R cuadrado de 0,203) con un valor de p en la intersección 0,001 (índice de Wald de 13,568). En este modelo el valor de beta fue de -1,294 y las variables significativas fueron población de menos 7 mil habitantes, que no haya intervenido la policía y que falte coordinación política a dos niveles. Para poblaciones menores de 7 mil habitantes la razón de momios de morir (RM) fue de 6,79 (IC 95% = 1,51 - 30,57, p = 0,013). Si la policía no intervino la RM de morir fue de 3,82 (IC 95% = 1,52 - 9,67, p = 0,004) y en el caso de que no hubiera coordinación política a dos niveles la RM fue de 2,6263 (IC 95% = 1,02 - 5,04, p = 0,045) (ver cuadro 5).
Cuadro 5 Modelo de regresión logística múltiple
Fonte: Elaboración propia a partir de la base de datos confeccionada.
37Este modelo nos dice que la probabilidad de que una persona sea linchada tiene tres factores explicativos que fueron estadísticamente significativos: (1) si la población tiene menos de 7 mil habitantes; (2) si no intervino la policía; y (3) si no había coordinación política a nivel federal y local (estados/municipios). En suma, este modelo nos habla de la probabilidad de morir linchado ante la presencia de estos tres factores en una estimación de 6,79, 3,82 y 2,26, respectivamente.
38La investigación llevada a cabo durante poco más de 12 meses nos ha permitido conocer a fondo un problema que habiéndose estudiado con prolijidad desde hace bastante tiempo no ha dejado de cesar, sino que, por el contrario, da muestras de ir en aumento en el México actual. De la misma manera, el análisis de este complejo problema nos ha permitido establecer que mucho de lo que se ha escrito hasta hoy se ha hecho desde abordajes sociológicos y/o antropológicos que, en buena medida, han construido relaciones de causalidad a partir de análisis cualitativos y reflexiones subjetivas. Con base en el cúmulo de evidencia que logramos recoger y procesar podemos contribuir con tres conclusiones centrales:
391. Las probabilidades de morir en un linchamiento en México incrementan considerablemente cuando esta manifestación de “justicia tumultuaria” ocurre en poblaciones con menos de 7 mil habitantes.
402. La ausencia de elementos policíacos durante un linchamiento incide para que la probabilidad de que el resultado de esta manifestación pública resulte fatal se incremente casi cuatro veces.
413. La descoordinación política en dos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) contribuye a que la fatalidad de los linchamientos en México incremente probabilísticamente dos veces más que en aquellos lugares en los que habiendo ocurrido este tipo de eventos no se registraron defunciones.
42Los hallazgos arriba expuestos nos permiten corroborar nuestras hipótesis de trabajo en cuanto que permiten establecer que la presencia de “zonas marrones” deslegitiman a la autoridad estatal ante la población que, presa de la frustración y el miedo, repele con violencia a quienes consideran como un peligro o amenaza a sus comunidades vecinales. Del mismo modo, la evidencia recogida, tanto en su modalidad empírico-descriptiva como empírico-explicativa nos pone en posibilidad de afirmar que, contrario a lo que dice un sector de la academia, los pueblos originarios no son significativamente más violentos cuando hablamos de linchamientos, sea que terminen o no en muerte de sus víctimas. Esto invita a no estigmatizar a grupos poblacionales como los indígenas cuando en realidad este es un fenómeno más ligado al modelo de justicia retributiva instaurado desde la colonia y no a la justicia restaurativa que caracteriza a las comunidades originarias.
43Por último, que la fatalidad de los linchamientos sea potencialmente mayor en localidades menores de 7 mil habitantes revela que allí donde el Estado está ausente este tipo de justicia privada encuentra carta de naturalización. Sin embargo, no sería correcto asegurar que los linchamientos son un fenómeno enteramente rural; más bien, cabría decir que se trata de un flagelo semiurbano en donde la ausencia de Estado es un factor importante. En ese sentido, cabe decir que la presencia de cámaras de videovigilancia, lejos de ser inhibidoras del crimen, han servido más bien para documentar hechos violentos y, en el peor de los casos, contribuyen a la apología del delito cuando sus contenidos se difunden públicamente en la prensa o las redes sociales.