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Oltre lo stato rappresentativo? | Beyond Representative State

A vueltas con la prohibición del mandato imperativo

On the prohibition of imperative mandate once again
Isabel Lifante Vidal 
p. 61-84

Abstract

Should the prohibition on the imperative mandate be removed from our current constitutional legal systems (which would not only imply repealing the constitutional provisions in which it is contemplated, but change the own understanding of representative democracy)? The arguments that are argued today in favor of establishing the institution of the imperative mandate have to do, fundamentally, with the safeguarding of the intermediation role that political parties play in the current representative democracies and the challenges that phenomena such as floor crossing or populism represent for this role. Despite this, this article firmly defends the need to continue excluding the imperative mandate from our representative political practices. To successfully tackle any of the problems that affect our democracies, it is necessary to start from a correct understanding of what constitutes the good performance of representative activity in general, and of political representation in particular. This contribution, therefore, addresses this question in some detail. In the author’s opinion, the activity of representation consists of acting in defense of the interests of those who are represented. This activity cannot be reduced, in any field, to mere obedience to the will of those represented, and much less in the sphere of political representation, one of whose presuppositions is precisely the idea that the national will is not something that pre-exists representative activity itself. It is the representatives themselves who must shape this «national will», for which it seems necessary that they can deliberate and negotiate freely among themselves to be able to reach agreements. The prohibition of the imperative mandate thus appears as a necessary (although obviously not sufficient) requirement for parliamentarians to adequately carry out their responsibilities as collegiate representatives.

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Testo integrale

1. Introducción

  • 1 Para la elaboración de este trabajo ha contado con el apoyo financiero del Ministerio de Economía y (...)
  • 2 Tomo la expresión de Bovero, 2014, quien, tras recordar las distintas reglas que —siguiendo a N. Bo (...)

1En este trabajo1 me propongo abordar la cuestión a propósito de si, en las actuales democracias representativas, seguimos teniendo argumentos para defender la prohibición del mandato imperativo. Mi respuesta será afirmativa y, como se verá a continuación, la misma tiene que ver más con mi comprensión de la representación en general, y de la representación política en particular, que con las cuestiones relativas a los diseños institucionales adecuados para hacer frente a los serios desafíos que acechan a las actuales democracias representativas y que están provocando un proceso de degeneración democrática2.

  • 3 Sobre la comprensión histórica de esta figura, vid., por ejemplo, el trabajo de Zanon (1991, esp. c (...)

2Pues bien, comenzaré preguntándome a qué nos referimos cuando hablamos de la «prohibición del mandato imperativo». Se trata de una institución clave en nuestra actual comprensión de la democracia representativa, cuyo origen se conecta con el paso de la representación orgánica, típica del Antiguo Régimen (vinculada a la idea de una sociedad estamental en la que cada grupo ha de tener sus representantes), a la representación moderna, en la que los representantes políticos han de representar no a sectores particulares de la sociedad, sino a esta en su conjunto. Ahora bien, y aunque parezca un tanto paradójico, si nos preguntamos en qué consiste el propio mandato imperativo, aquello que está prohibido en la representación política moderna, la respuesta no es —me parece— tan clara. En su origen, esta institución fue concebida como un mecanismo para asegurar la responsabilidad de los representantes políticos, vinculándose estrechamente a la idea de revocabilidad del mandato y a la ausencia de discrecionalidad en el desempeño del rol de representante. Con dicha expresión, «mandato imperativo», se trataba de resaltar la similitud entre la representación política y la que se supone que es la representación típica del ámbito del Derecho civil, donde el representante sería visto como un mero mandatario o sustituto del representado, y donde la validez del mandato dependería de la voluntad de este3. Sin embargo, uno de los presupuestos de la representación política moderna sería que la «voluntad nacional» en realidad es una ficción; no es algo que preexiste a la representación, sino que son los propios representantes quienes han de conformarla y para ello parece necesario que no se encuentren vinculados a mandatos de sus electores, sino que han de poder deliberar y negociar libremente entre ellos para poder llegar a acuerdos. Esta prohibición aparece, así, como una exigencia necesaria para que los representantes políticos puedan desempeñar adecuadamente su tarea.

  • 4 Zanon, 1991: 32 ss.
  • 5 Sobre la contraposición entre las normas regulativas y las normas constitutivas, vid. Atienza y Rui (...)

3Como ya he señalado, la «prohibición del mandato imperativo» es un lugar común de nuestra actual comprensión de la democracia representativa. Se trata de un principio que, en muchas ocasiones, se recoge expresamente en los textos constitucionales, como ocurre, por ejemplo, tanto en Italia como en España. La Constitución italiana (de 1948) dice en su art. 67: «Todo miembro del Parlamento representa a la Nación y ejerce sus funciones sin estar ligado a mandato alguno»; y con una redacción bastante similar la Constitución española (de 1978) establece, también en su art. 67: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Pero, como era de esperar, las redacciones de estos preceptos no aclaran mucho respecto al contenido de este principio: nos dicen simplemente que los representantes parlamentarios «no estarán ligados» por mandatos, pero no lo que ello implica. Algunos autores —como, p. ej., Zanon—4 señalan que en sentido estricto este principio no sería una prohibición: no prohíbe que los representantes reciban mandatos, sino que simplemente no les reconoce valor vinculante, y en ese sentido considera que sería más adecuado hablar de la invalidez del mandato imperativo que de su ilicitud. Con ello lo que parece querer señalar es que no estaríamos ante una norma regulativa, sino constitutiva5 (o, mejor dicho, ante la ausencia de una norma constitutiva que confiera al representado el poder de vincular al representante mediante ciertas instrucciones). Este carácter constitutivo de la prohibición del mandato imperativo es bastante patente en la redacción con que el art. 27 de la Constitución francesa recoge este principio: «Todo mandato imperativo es nulo».

  • 6 Hay una cuestión central en la comprensión de esta institución (aunque para abordarla necesitamos t (...)
  • 7 Informe adoptado en su 79.ª sesión plenaria, junio de 2009. Disponible en www.venice.coe.int/webfor (...)

4Pero de ese principio se derivan, obviamente, otras normas (estas, sí regulativas), como sería, por ejemplo, la prohibición de que se establezca la posibilidad de revocar el mandato de los representantes electos en caso de que estos se desvinculen del «mandato recibido». Es decir, lo que prohíbe el principio (y en esa perspectiva yo creo, a diferencia de Zanon, que sí tiene sentido seguir hablando de «prohibición») sería que se establezcan normas que vinculen la validez de la relación representativa a la obediencia a ciertos mandatos (o quizá también que se establezcan consecuencias negativas, como la posibilidad de revocación, a aquellos que no los respeten)6. Así, por ejemplo, resulta ilustrativo el Informe de 2009 de la Comisión Europea para la democracia por el Derecho (la llamada «Comisión de Venecia») sobre el mandato imperativo y prácticas similares, en el que se realizan recomendaciones para salvaguardar la ausencia de dicho mandato imperativo de las prácticas jurídicas democráticas7.

5La cuestión que aquí me propongo abordar es si ese principio que excluye el mandato imperativo debe ser eliminado de nuestros sistemas jurídicos constitucionales (lo cual, en mi opinión, no implicaría solo derogar las disposiciones constitucionales en las que el mismo estuviera contemplado, sino cambiar nuestra propia comprensión de la democracia representativa). Los argumentos que hoy se arguyen a favor de abolir dicha institución tienen que ver fundamentalmente con la salvaguarda del papel de intermediación que en nuestras actuales democracias representativas desempeñan los partidos políticos y los desafíos que pueden representar fenómenos como el transfuguismo o el populismo. Ahora bien, creo que para abordar exitosamente cualquiera de los problemas que acechan a nuestras democracias es necesario una correcta comprensión de en qué consiste el buen desempeño de la actividad representativa en general, y de la representación política en particular y es por ello por lo que aquí me ocupo fundamentalmente de ofrecer una aproximación a esta cuestión. Como se verá, mi respuesta será que sigue siendo necesario excluir de nuestras prácticas políticas representativas el mandato imperativo. Ahora bien, quiero remarcar desde ya que en mi opinión «mandato imperativo» no se contrapone, como a veces se supone, a «mandato libre», entendiendo por este una total ausencia de responsabilidad por parte del representante.

2. ¿Qué significa representar?

2.1. La relación representativa

  • 8 Parto aquí de un análisis anterior (Lifante Vidal, 2009; recogido posteriormente en Lifante Vidal, (...)
  • 9 Este carácter relacional es mencionado, de manera más o menos expresa, por la mayoría de los autore (...)

6Comenzaré con un análisis conceptual del fenómeno de la representación en general8. Para ello adoptaré como punto de partida una perspectiva estructural, desde la cual la representación es vista fundamentalmente como una relación9, que se establece en el seno de una práctica normativa. Analizaré primero sus elementos y a partir de ahí trataré de diferenciar entre sentidos de representación.

  • 10 Para Diggs, el representante siempre sería un intermediario entre el principal (o representado) y a (...)

7Desde esta perspectiva estructural, en cualquier relación representativa tenemos dos elementos fundamentales: el representante y el representado; y un tercer elemento, que sería el ámbito en el que la representación despliega sus efectos10. La relación de representación podría, entonces, esquematizarse del siguiente modo: «X representa a Y, en Z»; donde la X sería el objeto/sujeto que representa (la representación o el agente representante), la Y sería el objeto/sujeto que es representado y la Z sería el ámbito de la representación.

  • 11 Podemos pensar en el caso más simple en el que tanto X como Y son sujetos individuales (como la rep (...)
  • 12 Podríamos pensar que hay casos en los que sí se daría esta coincidencia; así, por ejemplo, el Derec (...)

8En principio, tanto X como Y pueden ser bien sujetos (individuales o colectivos) o bien objetos11. Algo que en todo caso parece excluir la relación representativa es la coincidencia, o identidad, entre representante y representado12.

9El tercer elemento, Z, haría referencia al ámbito de la representación. Dicho ámbito viene dado por el contexto normativo en el que la relación de representación se constituye y despliega sus efectos. Hablamos así de representación política, de representación jurídico-privada, de representación mercantil, de representación procesal, etc. La relación de representación puede —y suele— estar limitada, en el sentido de que sus efectos solo son válidos bien frente a unos determinados sujetos (que serían, por así decirlo, los destinatarios de la relación representativa) o bien en un determinado ámbito. Así, por ejemplo, la representación que ejercen los procuradores es únicamente válida ante los tribunales (y, en ocasiones, para una concreta actuación judicial); la representación que desempeñan los sindicatos de los trabajadores es válida en el ámbito de la negociación colectiva; los embajadores ostentan la representación de un país en el ámbito diplomático; etcétera.

  • 13 En este punto creo que puede resultar útil el análisis de Alf Ross de los conceptos tû-tû, para dar (...)

10Determinar el significado del «vínculo representativo» sería equivalente a precisar el significado de la expresión «representa a» en el esquema anterior. En algunos análisis se han propuesto diversas «traducciones» de esta expresión; así, y por señalar algunas: cuenta como; simboliza a; sustituye a; actúa por; obliga a o vela por los intereses de. Pero ninguna de ellas nos sirve por sí sola para aclarar convenientemente el significado de en qué consiste la relación representativa13, y mucho menos sin distinguir previamente entre los distintos sentidos en que utilizamos este término.

2.2. Diversos sentidos de «representación»: representatividad, representación simbólica y representación práctica

  • 14 Cfr. Diggs, 1968.
  • 15 Cfr. Laporta, 1989.
  • 16 Tomo estas ideas de Cotta, 1983: 1426.

11Existe gran heterogeneidad de casos en los que consideramos que existe una relación de representación. Sin embargo, creo que todos ellos (o, al menos, la gran mayoría) pueden reconducirse a tres categorías, que implicarían sentidos distintos de representación, y que a continuación voy a intentar caracterizar. Para ello tomaré como punto de partida la distinción que realiza Diggs14 entre una representación descriptiva, pictórica o simbólica y otra práctica; y que vendrían a coincidir con lo que Laporta propone denominar como una representación descriptiva (en la que el representante representa porque es algo: un símbolo o reflejo) frente a una representación normativa (en la que el representante representa porque tiene competencia o poder para hacer algo, o porque debe hacer algo)15. En estos análisis nos encontramos con dos sentidos de representación: el primero haría referencia a una dimensión a la que podríamos calificar de reproducción, en la que representar sería equivalente a estar por o en lugar de; el segundo haría referencia a una dimensión de acción, y en él, representar significaría actuar por o en lugar de16. Me referiré a este último caso como «representación práctica» y de momento me referiré al primero simplemente como «representación no práctica».

  • 17 Cfr. Bobbio, 1999, tr. es. 414-417.

12Conviene notar que esta ambigüedad del término «representación» que se da en español (y en otras lenguas, como el francés o el inglés) no existe en italiano, donde hay dos términos distintos: «rappresentazione» y «rappresentanza», que vendrían a coincidir, respectivamente, con los sentidos de representación no práctica (descriptiva, simbólica, pictórica...) y de representación práctica. Sin embargo, la ambigüedad resurge en italiano cuando se trata del verbo «rappresentare» o del adjetivo «rappresentativo»17.

  • 18 Vid., en este sentido, Diggs, 1968: 29.

13En el caso de la representación «no práctica», el elemento X de la relación representativa (y al que en algunos casos nos referimos como «la representación», en lugar de «el representante»)18 lo que hace es, en algún sentido, aludir (describir, reflejar, simbolizar) al representado (Y), que a su vez es visto como algo a describir o contemplar. Sin embargo, en el caso de la representación «práctica» el representante (X) es un agente, en el sentido que literalmente tiene que actuar por o en lugar del representado (Y), quien es, por tanto, visto no como algo a describir o contemplar, sino como portador de intereses, es decir, como sujeto activo (y, por tanto, también como agente, aunque en un sentido distinto al que consideramos agente al representante). De aquí se seguiría que, mientras que en el caso de la representación «no práctica» tanto el elemento X como el elemento Y de la relación representativa podrían ser o bien sujetos o bien objetos, en el caso de la representación «práctica» el elemento X (el representante) tiene que ser un agente, en el sentido de que ha de ser un sujeto con capacidad para actuar por sí mismo, y el elemento Y (el representado) tiene que ser al menos un sujeto capaz de ser portador de intereses.

  • 19 Manejo aquí la versión española (Pitkin, 1985). En mi análisis de las aportaciones de Pitkin he ten (...)
  • 20 Pensemos, por ejemplo, en los diversos tipos de metonimias: la parte por el todo, el continente por (...)
  • 21 Piénsese, por ejemplo, en la crítica feminista a cualquier órgano que no resulte paritario.
  • 22 Estoy pensando en algunas nuevas formas de participación que hoy se reclaman, en las que se implica (...)

14A su vez, dentro de la representación «no práctica», es usual distinguir dos supuestos que presentan bastantes diferencias entre sí y que coincidirían con dos de las dimensiones de la representación que Pitkin señala en su famoso análisis (me refiero a su libro The concept of representation, de 1967)19: por un lado, la representación como correspondencia, descripción o reflejo (a la que llama «representación descriptiva») y, por otro lado, la representación como identificación simbólica. En el primer caso, podríamos decir que la relación de representación se fundamenta en una semejanza o correspondencia de características entre los elementos X e Y de la relación representativa (esta sería, creo, la idea que está detrás de considerar que el Parlamento representa a la nación en tanto es su reflejo o su reproducción a escala), o bien en algún otro tipo de conexión «natural» distinta a la de la semejanza20 (p. ej., si consideramos que un individuo representa —o refleja— a un grupo por ser miembro del mismo). Para referirnos a esta característica del representante frente al representado en el ámbito político suele utilizarse el término «representatividad», que suele ser usado como un ideal regulativo que sirve para valorar y en su caso legitimar o criticar algunas instituciones. En este sentido, referirnos a esta representación con el calificativo de «descriptiva» puede resultar engañoso, porque parece dar a entender que se refiere a una mera cuestión de hecho, ajena a cuestiones normativas. Sin embargo, afirmar (o negar) la representatividad de un órgano por considerarlo (o no) como «fiel reflejo» de una determinada realidad implica haber seleccionado algunas propiedades como relevantes, como aquellas que han de ser reflejadas (puede ser el sexo21 o la raza o el estatus o el origen territorial o la religión o las ideologías políticas...), y este juicio de relevancia siempre presupone juicios de valor. Del mismo modo, cuando no basamos la representatividad en la idea de «semejanza», sino en otro tipo de conexión («ser un miembro de», «ser elegido por», etc.), también son necesarias evaluaciones para determinar qué tipo de conexión es la adecuada (en algunos casos consideramos representativo simplemente a quien forma parte de un grupo —aunque haya sido elegido por sorteo, o precisamente por eso—22, mientras que en otras ocasiones puede parecernos indispensable el haber sido elegido por votación entre los miembros del grupo a representar). De todos modos, ambos sentidos de «representatividad» (como relación de semejanza u otro tipo de conexión entre representante y representado) no son necesariamente excluyentes.

  • 23 Pitkin (1985: 109) considera que la conexión simbólica es, en algún sentido, arbitraria, dado que l (...)

15En el segundo caso, el de la representación simbólica, no se exige, sin embargo, la semejanza ni ningún otro tipo de conexión natural entre el símbolo (el elemento X) y lo representado o simbolizado (el elemento Y), sino que se trataría de una relación basada en una convención arbitraria23 o basada en algún tipo de asociación. Sería, por ejemplo, el tipo de representación que atribuimos al rey o a la bandera. En estos casos lo que origina el vínculo, el «título» que justifica que se considere que algo o alguien representa tiene que encontrarse establecido en, o reconocido por, el sistema normativo de referencia; la relación de representación es en este sentido constituida por las normas del sistema en el que el mismo vínculo opere. Por ello, creo que, de nuevo, tampoco parece apropiado calificar a este tipo de representación como «descriptiva».

16Pese a que, a efectos analíticos podamos distinguir entre la representación práctica y la no práctica (en sus dos modalidades de representatividad y representación simbólica), ambas pueden interrelacionarse y, de hecho, es usual que en determinados ámbitos se presenten conjuntamente. Por lo que respecta a la representación simbólica, cuando esta recae en un sujeto, la misma puede —y suele— darse conjuntamente con la representación práctica. Pensemos, por ejemplo, en la representación que ostenta el rector de una universidad: simboliza a la universidad (y así, p. ej., si el rector está presente en un acto, consideramos que la universidad estaba en algún sentido presente) y también actúa por la universidad. En esos casos podría considerarse que una misma relación de representación presenta dos aspectos (práctico y simbólico). Cuando esto no ocurre, como, por ejemplo, con la representación que ostenta el rey en la España contemporánea, solemos hablar de una representación «puramente» simbólica precisamente para recalcar la ausencia del aspecto práctico de la representación (el rey no actúa por el Estado).

  • 24 Cfr. N. Bobbio, 1999: 414. Esta conexión sería también señalada, por ejemplo, por Diggs, 1968, o Sa (...)
  • 25 Piénsese en las críticas a la democracia contemporánea por la existencia de grandes sectores social (...)
  • 26 Así, por ejemplo, Luigi Ferrajoli incorpora a su definición de representación política (a la que co (...)

17También encontramos relaciones entre la representatividad y la representación práctica. Por ejemplo, cuando se afirma que el Parlamento representa al país, se suele hacer en el doble sentido de que actúa en su nombre, y en el sentido de que lo refleja o reproduce24. Aunque esta última conexión tiene más bien un aspecto prescriptivo: no se trata tanto de que quien actúa por otros (es decir, quien los representa en sentido práctico) de hecho también ostenta representatividad respecto a los mismos, sino más bien que consideramos que lo debería hacer, para lo cual debería cumplir con ciertos requisitos. De modo que, en el ámbito político, la exigencia de representatividad (que suele presentarse precisamente como opuesta a la idea de exclusión política) se utiliza para legitimar algunos casos de representación práctica (aquellos en los que el representante posee ciertos requisitos o ha sido instituido de determinada forma) y deslegitimar otros25. Esta conexión entre representación práctica y representatividad en el ámbito político podría ayudar a explicar por qué en algunas ocasiones la expresión «representación política» se utiliza como prácticamente sinónima de «democracia representativa»; esto ocurre cuando en el concepto de representación que se maneja en el ámbito político se incorpora tanto la idea de representación práctica (alguien actúa por otros) como la exigencia de que el representante tenga «representatividad» (es decir, esté «legitimado» para ocupar dicho cargo por haber sido elegido por los miembros del grupo representado)26.

3. La representación práctica: la actuación por otros

18Centrémonos ahora en los casos de representación práctica. Aquí, tanto el representante como el representado han de ser sujetos y no meros objetos: el representante (X), en tanto que literalmente ha de actuar por el representado, habrá de tener necesariamente la capacidad efectiva para actuar; y el representado (Y) es a su vez visto, no como algo a describir, sino como un sujeto portador de intereses.

  • 27 Cfr. Ross, 1976.

19Una buena estrategia para analizar qué implica la existencia de una relación de representación práctica es utilizar el esquema de los conceptos tû-tû de Ross27 y descomponer el análisis en dos aspectos: por un lado, las cuestiones relativas a los diversos modos en que se puede constituir una relación representativa (el «antecedente») y, por otro lado, lo relativo a las consecuencias que se anudan a que haya surgido dicha relación (el «consecuente»).

  • 28 Estos casos serían el ejercicio de una competencia que suele tener una justificación paternalista. (...)

20Por lo que respecta al antecedente, nos encontramos con que puede haber diversos modos de crear (y de extinguir) una relación representativa; las posibilidades son muy diversas dependiendo fundamentalmente del tipo de sujeto que sea representado (y al que luego haremos referencia). En algunos casos la constitución será autónoma, en el sentido de que requerirá la intervención voluntaria del sujeto representado; aquí puede ser el representado quien determine quién le va a representar y cuál es el ámbito de la representación, estos serían los casos de representación consensual o negocial. Pero en otros casos, la representación es constituida heterónomamente; por ejemplo, a través de una ley que determina quién cuenta como representante de un sujeto en un determinado ámbito28. En otros supuestos nos encontramos con que hay normas heterónomas que no constituyen directamente la relación representativa, pero que regulan el procedimiento que necesariamente se ha de seguir para generar una determinada relación representativa, como cuando, por ejemplo, una norma exige que los representantes sean los que resulten elegidos a través de una votación o de un sorteo. Estos casos podrían considerase como intermedios entre un apoderamiento totalmente bajo el control del representado y un apoderamiento establecido heterónomamente. Esto es lo que ocurriría en el caso de la representación política.

  • 29 El art. 1709 CC español define el contrato de mandato en los siguientes términos: «Por el contrato (...)

21Brevemente (porque más adelante me referiré a ello) quiero remarcar que lo que se suele considerar como la forma «normal» de instituir una relación representativa, a través de un acto voluntario del representado apoderando al representante (y que se suele formalizar a través de un contrato de «mandato» o figura similar)29 solo será posible en algunos supuestos de representación (los de sujetos naturales capaces), pero sería imposible que se diera en otros tipos de representación individual (cuando se representa a menores o incapaces) y también, por supuesto, en los otros supuestos de representación que analizaremos (la institucional y la colectiva).

  • 30 Esto también puede explicarse a partir de la idea de sujeción de Hohfeld, que sería la situación co (...)
  • 31 Así, por ejemplo, Wellman, 1997: 18. Muchos otros autores, sin embargo, son conscientes de que la r (...)

22Pasemos ahora a lo que podemos considerar como el consecuente de una relación representativa: qué consecuencias se siguen del hecho de se haya constituido una relación de representación práctica, de modo que alguien (X) pasa a representar a otro sujeto (Y) en un determinado ámbito (Z). Aquí creo que habría que ubicar tanto un aspecto constitutivo (los actos de X en el ámbito Z cuentan como actos de Y, es decir, las consecuencias de los actos realizados por X en el ámbito Z se van a imputar a la esfera normativa de Y), como también un aspecto regulativo (el surgimiento de ciertos deberes). La consecuencia de que se instituya a alguien como representante de otro sujeto, generando así la relación representativa entre ambos, no es solo que se producirá a partir de ese momento la imputación de las consecuencias normativas de los actos realizados por el representante a la esfera del representado en el ámbito de validez de la relación representativa30 (aspecto constitutivo), sino también que surgen para el representante unas ciertas obligaciones de actuar de una determinada manera, en particular, en interés del representado, por el hecho precisamente de ocupar ese rol de representante. Como sostiene Pitkin, esta dimensión de la representación (a la que considera como sustantiva) implica el deber de desarrollar acciones de protección y promoción de los intereses de quien no quiere o no puede actuar en nombre propio. En este sentido creo que no se justifica la contraposición que algunos autores realizan entre dos sentidos de representación: entendida como «actuar por otro», o entendida como «actuar en interés de otro»31. Ambas ideas no solo no son excluyentes, sino que se darían conjuntamente: en los supuestos de representación práctica se da al mismo tiempo una actuación «por otro» (en el sentido de que al representado se le imputan las consecuencias de las acciones realizadas por el representante), como una actuación «en interés de otro» (en el sentido de que la actividad del representante debe estar realizada siempre en interés del representado). Se trataría de los dos aspectos, el constitutivo y el regulativo, de la representación práctica.

  • 32 Incluso cuando hablamos del interés de una persona natural capaz (el caso más simple), debemos dete (...)

23Como ya he dicho, creo que la relación representativa implica una serie de obligaciones para el representante que pueden describirse como la obligación de actuar «en interés de» quien sea el representado. Y en mi opinión esta caracterización es válida para todos los tipos de representación práctica. Por supuesto, no es fácil —ni puede ser homogéneo— determinar cómo debe entenderse este «interés» referido a los distintos tipos de sujetos que, como veremos, pueden ser representados: seres humanos autónomos32, menores, personas jurídicas, instituciones, colectivos...

  • 33 Cfr., por ejemplo, Didier, 2000: 5, quien analiza el papel central de la voluntad para la teoría co (...)
  • 34 La justificación de estos casos la encontraríamos, obviamente, en argumentos paternalistas. Sobre e (...)

24De todos modos, lo único que quiero remarcar de momento es que me parece equivocado considerar —como hacen algunos autores— que el concepto «primario» o «central» de representación, el que serviría para explicar, aunque fuera de manera derivada, todos los demás supuestos, es el que se vincula con la idea de mandato y que, por tanto, las obligaciones del representante pueden reconducirse a la idea de obediencia a la voluntad del representado33. Esta voluntad solo puede estar presente en algunos casos de representación (aunque en el ámbito privado pueden ser muy frecuentes), no en todos (pues no siempre el representado tiene efectivamente voluntad), y en ellos su papel puede ser, en algunos casos (como los de representación voluntaria), fundamental a la hora de crear o revocar la relación representativa, y de determinar su ámbito de validez (el apoderamiento puede ser simplemente para comprar una finca rústica en una localidad; o para gestionar todos los negocios...), pero incluso en estos casos, dentro de los límites marcados por el apoderamiento, la conducta del representante deberá llevarse a cabo siempre persiguiendo el interés del representado. Y, en todo caso, la vinculación a la voluntad del representado podría verse como una especificación del supuesto de actuación en interés del representado: en el caso de sujetos autónomos, podemos considerar que, en principio, sus intereses implican el respeto a su voluntad previamente manifestada. Pero incluso en estos supuestos podría llegar a darse el caso de que (tras la ponderación de intereses realizada a la luz de las circunstancias del caso) sea lícito, o incluso debido, para el representante apartarse de un determinado mandato (con la condición de que con ello se beneficien los intereses del representado)34.

  • 35 Sigo aquí muy de cerca la caracterización que, de este sentido de responsabilidad, hace Hart, 1968: (...)
  • 36 Sobre esta idea de que el cumplimiento de responsabilidades exige deliberación ha llamado también l (...)
  • 37 Hart, 1968: 213.
  • 38 En un trabajo anterior (Lifante Vidal, 2018) me ocupé de analizar con detalle este concepto de resp (...)
  • 39 Esta sería precisamente otra de las dimensiones formalistas de la representación que señala Pitkin, (...)

25En este sentido creo que los deberes del representante implican un margen de «discrecionalidad», en el sentido de que no pueden reducirse (salvo ciertos casos de representación voluntaria en los que el mandato sea muy concreto y no se genere ninguna circunstancia imprevista) a deberes de acción predeterminados; sino que, por el contrario, se trataría de un tipo de deberes a los que solemos llamar responsabilidades y que se vinculan con el desempeño de un determinado rol o función35. Ocupar un determinado rol, como puede ser el de representante, compromete con la búsqueda del bienestar o las metas o propósitos propios de aquel o aquello que se representa. Este rol implica una serie de deberes para cuyo cumplimiento se exige deliberación36: es necesario —como dice Hart— «pensar sobre [las responsabilidades] y hacer serios esfuerzos para satisfacerlas»37. Y eso es así porque este tipo de deberes (o responsabilidades) están encaminados a la persecución de ciertos fines, y no meramente obligan a la realización de acciones determinadas a priori. De este modo, la actividad del representante estará regulada, además de por normas de acción que impongan límites a su actuación, por normas de fin que obligan a perseguir el interés del representado. Estas normas no determinan de antemano la concreta acción que se debe realizar, sino más bien el fin a conseguir (en este caso, la maximización del interés del representado), y será al destinatario de la norma, en este caso al representante, al que corresponda determinar cuál es la acción más adecuada a emprender en cada caso, siendo el responsable de la decisión adoptada. En eso consiste precisamente la discrecionalidad que implica el ejercicio de dichas responsabilidades38. Pero eso no quiere decir que la conducta por la que el sujeto opte no pueda ser controlada, ni que no pueda exigirse responsabilidad por su acción o inacción, más bien todo lo contrario: esta responsabilidad determina quién o quiénes deben asumir ciertas funciones en el marco de una institución social y, por tanto, quiénes deberán hacerse cargo del fracaso, y en qué grado, si esas funciones representativas no se realizan de manera adecuada39.

4. ¿A quién se puede representar? La representación de personas naturales, la representación institucional y la representación colectiva

  • 40 Me separo aquí, aunque solo parcialmente, de la presentación que en trabajos anteriores realicé de (...)

26Hemos dicho que en los casos de representación práctica los representados han de ser sujetos y no meros objetos, puesto que son considerados no como algo a describir (como en los casos de la representación no práctica), sino como sujetos portadores de intereses que han de ser protegidos. Pero el representado puede ser un sujeto de muy diversa naturaleza y dependiendo precisamente de ello, podemos distinguir al menos tres tipos de representación40. Por un lado, podemos contraponer la representación de sujetos considerados individualmente y la representación de un grupo de sujetos considerados colectivamente. Tendríamos así una representación individual frente a una representación colectiva. Y, a su vez, dentro de la representación individual podemos distinguir entre la representación de sujetos naturales y la de sujetos artificiales (personas jurídicas, asociaciones, instituciones, etc.).

4.1. La representación de personas naturales

27El caso más simple de representación que podemos encontrar sería aquel en el que el sujeto representado, el elemento Y de la relación representativa, es una persona natural, un ser humano individual. Este tipo de representación se da fundamentalmente (aunque no exclusivamente) en el ámbito del Derecho privado, donde los sujetos representados son individuos particulares en tanto tales, por lo que algunos se refieren a este tipo de representación como «representación privada».

28A su vez, dentro de esta representación individual pueden distinguirse dos supuestos, dependiendo de que el individuo representado tenga o no capacidad de actuar por sí mismo en un determinado ámbito según el sistema normativo de referencia. En el primer supuesto podemos hablar de «representación voluntaria» y en el segundo de «representación necesaria». La dogmática civilista a veces también utiliza la terminología de representación consensual (o negocial) frente a representación legal, refiriéndose así al modo en que estas relaciones representativas se constituyen (por un acuerdo jurídico entre las partes, o por la ley), pero creo que no siempre se da esta correspondencia: puede haber supuestos en los que la representación no esté constituida directamente por la ley, sino por sentencia judicial; o incluso casos en los que se obliga a alguien a actuar a través de representante, y en ese sentido se trataría de una representación «necesaria», pero al mismo tiempo se exige un acto de apoderamiento del representado para constituir la relación representativa (como ocurre en el ámbito procesal).

  • 41 Cfr. Costa, 2005: 15.

29Lo que caracteriza a la representación necesaria es que, según el sistema normativo de referencia, el representado no puede actuar por sí mismo (bien por ser un menor, bien por estar incapacitado para actuar, bien por estar ausente, etc.) y, por tanto, necesita de alguien que pueda actuar en su nombre y cuidar de sus intereses. La representación funciona aquí como un «remedio» para los casos de ausencia o imposibilidad de actuar de un individuo41. Sin embargo, en el supuesto de la representación voluntaria, el sujeto representado (Y) sí puede actuar, pero, en uso de la autonomía de su voluntad, decide apoderar a otro (X) para que le represente en un determinado ámbito (Z). Y en estos casos suele ser precisamente este apoderamiento el que constituye la relación de representación y determina su ámbito (para una determinada acción, o para una clase de acciones; por un determinado tiempo, o indefinidamente hasta que sea revocado; ante un destinatario concreto, o erga omnes, etc.). De modo que hay una diferencia muy relevante entre ambos supuestos: en un caso, el sujeto tiene voluntad y la representación surge precisamente como consecuencia del ejercicio de la misma (determinando no solo quién es representante, sino también en qué ámbito); mientras que, en el otro caso, dicha voluntad o no existe en absoluto o no es considerada relevante o suficiente por el sistema de referencia.

4.2. La representación institucional

  • 42 Luigi Ferrajoli (2011: I, 354, 578 ss.) propone hablar aquí de «representación orgánica o instituci (...)

30El segundo supuesto, al que propongo llamar «representación institucional»42, sería aquel en el que el sujeto representado no es una persona natural (o varias consideradas individualmente), sino una persona artificial, un constructo normativo (lo que en Derecho se suele llamar una persona jurídica): una universidad, una sociedad anónima, etc. Dado que tales sujetos no pueden actuar por ellos mismos, la representación será aquí siempre necesaria para imputarles acciones; el único modo de «actuar» que tienen estas entidades es precisamente a través de un representante, que operaría —como dice Ferrajoli— como «funcionario» de la institución en la que opera. En estos casos nos encontramos con que las propias reglas que constituyen la institución de que se trate (la sociedad anónima, la universidad, la asociación...) han de incluir la determinación de sus representantes, es decir, la adscripción a determinados sujetos de la posibilidad de actuar en su nombre.

31Conviene notar que, por eso mismo, en estos supuestos no hay, salvo en un sentido metafórico, una voluntad del sujeto representado a la que el representante pueda serle fiel: lo que se representa no son los diferentes individuos que pueden haber creado la persona jurídica, sino esta misma. Y la «voluntad» que se le imputa a esta se materializa precisamente a través del entramado de reglas que la constituyen; reglas que presuponen, entre otras cosas, la institución de un representante. El representado no es independiente de su representante, pues lo necesita para existir. Esta sería la idea que subyace al famoso —al mismo tiempo que muy discutido— pasaje de Hobbes a propósito de la representación política:

  • 43 Hobbes, 1980: 135 (la cursiva es del autor). Vid. comentarios a esta cita, por ejemplo, en Brunet, (...)

Una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por un hombre o por una persona [...]. Es, en efecto, la unidad del representante, y no la unidad de los representados, la que hace la persona una43.

  • 44 Kelsen, 1993: 161.
  • 45 Cfr. ibidem: 172.

32Y, en un sentido parecido, Kelsen también señala que «la atribución de una función determinada por un orden normativo y cumplida por un individuo a la comunidad constituida por ese orden, implica la personificación de esa comunidad»44. Aunque conviene notar que Kelsen considera a ese individuo como órgano jurídico (y no como representante), pero entiende que la relación de «organicidad» y la de «representación» están emparentadas45.

4.3. La representación colectiva

  • 46 Quizá también podría llamársele «representación de intereses», pero prefiero no utilizar esta termi (...)

33Hay, por último, una tercera modalidad de representación, que sería aquella en la que el representado es un colectivo de sujetos; pero no como un mero agregado de personas consideradas individualmente, sino como un grupo conformado por todos aquellos que comparten algún rasgo o característica, lo que hace presuponer que comparten intereses en cuanto poseedores de dicha característica (bien sean trabajadores, estudiantes, consumidores y usuarios, empresas, etc.). Para referirme a este tipo de representación utilizaré la expresión «representación colectiva»46.

  • 47 En este sentido, vid. Pitkin, 1985, cap. 8, quien analiza cómo entiende Burke este concepto de «int (...)

34Podríamos pensar que la relación que se da en este tipo de representación es equivalente a la de la representación individual, con la única peculiaridad de que uno de los elementos de la relación, el representado, está constituido por muchos individuos; pero conviene darse cuenta de que aquí no se pretende representar completamente a cada uno de los individuos que conforman el colectivo, sino únicamente a un aspecto de los mismos que se supone es compartido por todos ellos. Cada individuo tiene una multitud de intereses y este tipo de representación no trata de tomarlos en cuenta a todos, sino exclusivamente a aquellos que son los que se supone que poseen en cuanto que miembros de la clase que conforma el sujeto representado. En ocasiones se habla de «intereses desvinculados» o «impersonales» para remarcar esta idea y desvincular estos intereses de sus actuales portadores47. Así, por ejemplo, cuando se atribuye la representación de los trabajadores a los sindicatos, no se espera que estos representen a todos los trabajadores en cuanto sujetos individuales con una diversidad heterogénea de intereses, sino precisamente los intereses que se supone comparten «en cuanto» trabajadores. Y lo mismo ocurriría con las «asociaciones de consumidores y usuarios» que han de representar los intereses de los consumidores y usuarios (sean o no sus asociados). Estas clases de sujetos representados pueden ser más o menos amplias. Podemos pensar de representación de intereses muy específicos (p. ej., la representación de los profesores acreditados como catedráticos sin plaza) o bien muy genéricos (como la representación de los ciudadanos en cuanto tales típica de la representación política).

35Por supuesto, dado que los intereses por los que ha de velar este tipo de representación son «objetivados», en estos casos tampoco tiene ningún sentido vincular los deberes del representante con la obediencia a un supuesto mandato que sería expresión de la voluntad del representado, porque simplemente dicha voluntad no existe.

5. ¿Quién puede representar? La representación unipersonal y la representación colegiada

  • 48 Eso no obsta a que considere que también a una persona jurídica pueda conferírsele el poder de actu (...)
  • 49 Cfr. Pettit, 2009.
  • 50 Weissberb, 1978, habla de representación diádica frente a representación colectiva para referirse a (...)

36En la representación práctica, el representante ha de actuar por el representado, por lo que habrá de ser un agente con capacidad para actuar. A partir de aquí Luigi Ferrajoli señala que el representante habrá de ser siempre una persona natural dado que solo ellas tienen capacidad de actuar48. Ahora bien, las personas naturales pueden actuar individualmente o colegiadamente, y creo que en este último caso podemos aceptar la idea de agencias colectivas49. De modo que podemos distinguir entre la representación que es llevada a cabo por una única persona, y la que se encomienda a varias personas que han de actuar conjuntamente. Me interesan precisamente estos últimos supuestos, a los que me referiré como «representación colegiada» (como contrapuesta a la «representación unipersonal»)50.

37En los supuestos de representación colegiada el representante es un conjunto de individuos que deben actuar colegiadamente; lo que implica que esta representación necesita reglas para determinar cómo se adoptan las decisiones para el caso de que no haya acuerdo entre todas las personas que conforman el sujeto colegiado.

38El ejemplo más simple de representación colegiada quizá sea el de la representación que en el ámbito jurídico ostentan los progenitores sobre los menores. Normalmente dicha representación va vinculada a la patria potestad otorgada conjuntamente a ambos progenitores. Así, por ejemplo, el art. 156 CC español dice: «La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro». Y más adelante regula precisamente la posibilidad de que existan desacuerdos: «En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al juez, quien [...] atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones».

  • 51 Aguiló Regla, 2018: 230 ss.

39Pero, lo que está previsto como una excepción en casos como el de la patria potestad (el no acuerdo entre las voluntades de los distintos sujetos naturales que ostentan la representación), será la regla general en otros supuestos de representación colegiada más compleja. Pensemos en casos en los que, como en la representación política de las democracias contemporáneas, el representante está conformado por un grupo muy heterogéneo (y normalmente dividido en facciones enfrentadas, como puedan ser los grupos parlamentarios) de sujetos naturales que han de adoptar decisiones. En estos supuestos, el establecimiento de la relación representativa suele ir acompañada del diseño de una serie de reglas constitutivas que determinen qué cuenta como decisión colectiva o qué se exige para la adopción de un «acuerdo» (entendido ahora como una acción institucional) en este ámbito. Como señala Aguiló Regla51, a quien aquí sigo muy de cerca, hay dos formas a las que usualmente se recurre para la adopción de estos acuerdos: la votación (que implicará la exigencia de determinar a partir de qué resultado o mayoría de votos se considera que se ha adoptado el acuerdo) y el pacto (que implica prestar e intercambiar consentimiento para generar el resultado colectivo del acuerdo). Por supuesto, ambas formas de generar acuerdos no son excluyentes: es posible, y en el ámbito político diría que incluso usual, tanto pactar el sentido de un voto, como también votar el resultado de un pacto.

  • 52 Ibidem: 232 ss.
  • 53 A partir de aquí, Aguiló Regla, 2018, analiza cuatro posibles tipos de debate, dependiendo de que s (...)
  • 54 Una opinión en contra sería la sostenida por Rousseau, para quien el sistema de votación pura tendr (...)

40Si recordamos, antes hemos señalado que el buen desempeño del rol de representante no puede descartar nunca la existencia de un margen de discrecionalidad, en tanto que compromete con la búsqueda del bienestar o las metas o propósitos propios de aquel o aquello que se representa; y, en este sentido, el buen desempeño de este rol suele exigir deliberación, que resultaría incompatible con la existencia de un mandato imperativo. Tal como señala Aguiló Regla52, al igual que en el ámbito individual existe una relación de dependencia entre la calidad de la deliberación previa a una decisión y la calidad de la decisión adoptada; en el ámbito de la adopción de decisiones colectivas, existirá algo parecido: un buen acuerdo también presupone un proceso discursivo previo, un buen debate o intercambio de razones, y la «calidad» de la decisión adoptada estará estrechamente vinculada a la calidad de esa discusión que la precede53. Y este debate o discusión previa parece necesario tanto para el caso de los pactos que suelen ser el resultado de negociaciones, como de las votaciones54. Entre los deberes de los representantes se encontrará, por tanto, la exigencia de llevar a cabo una buena deliberación o un buen debate previo a su toma de decisión.

  • 55 Cfr. Alexy, 2005: 578 ss. El objetivo de Alexy en este trabajo es justificar el carácter «democráti (...)
  • 56 Cuono, 2013.

41En este punto, puede resultar relevante analizar la idea, sostenida por Alexy, de que puede hablarse de una «representación argumentativa»55. Por supuesto, este concepto resulta muy problemático si entendemos que con él se hace referencia a una representación en sentido práctico: los argumentos no pueden representar (en sentido práctico) nada en la medida en que no pueden actuar, y tampoco pueden ser representados (en sentido práctico) porque ellos mismos no son sujetos portadores de intereses. Aunque sí pueden ser consideradas razones para actuar que pueden ser asumidas por aquellos que sí son agentes representantes (aquellos a los que se les encomienda actuar por cuenta de y en interés de otros). De este modo, esta idea de «representación argumentativa» podría conectarse (aunque me temo que no era este el propósito de Alexy) con uno de los sentidos no prácticos de representación que antes analizábamos, en particular, con la idea de representatividad. Se trataría —por utilizar una expresión de Cuono—56 de que los representantes «hablen como» los representados; dicho de otro modo, que los argumentos que utilicen los representantes «reflejen» las razones que los representados aceptarían.

6. Representación política parlamentaria y mandato imperativo

42Retomemos ahora la cuestión del mandato imperativo en el ámbito político. A partir de lo hasta aquí expuesto, creo que mi postura contraria a la conveniencia de «resucitar» dicha institución está ya claramente expuesta, por lo que ahora recuperaré y sistematizaré las ideas en las que dicha postura se basa y que tienen que ver con mi comprensión de la representación en general, y de la representación política en particular.

  • 57 Cfr. N. Bobbio, 1994: 56. Una buena y sintética reconstrucción de las reglas que definirían la demo (...)
  • 58 Tomo la expresión de Greppi, 2019.
  • 59 Cfr. Urbinati, 2006: 227.

43Conviene precisar que esta discusión se ubica en el ámbito de la representación política de una democracia representativa parlamentaria: aquel sistema en el que las decisiones colectivas, las decisiones que afectan a la comunidad, no son tomadas directamente por todos los individuos que forman parte de la misma, sino por personas elegidas para tal propósito; y en el que el órgano central del que parten las decisiones colectivas fundamentales es el Parlamento57. En este punto, concuerdo completamente con la idea señalada por Urbinati a propósito de la superioridad de este tipo de democracia representativa frente a otras posibles «democracias». Según esta autora, la democracia representativa no sería, como muchas veces se cree, un sucedáneo de la democracia directa ante la imposibilidad de que todos los afectados por las decisiones políticas participen directamente en la adopción de dichas decisiones. Sino que, por el contrario, la intermediación que implica el carácter representativo sería un requisito indispensable para conseguir el distanciamiento reflexivo necesario para la óptima conformación de las decisiones colectivas58. Pero, para esta autora, la democracia representativa sería también la antítesis tanto de un sistema de delegados, como de un sistema populista o plebiscitario que identifica al pueblo con el líder59.

  • 60 En los sistemas democráticos nos encontramos con gran cantidad de relaciones representativas que no (...)

44Pues bien, en este concreto ámbito60, y utilizando el análisis anterior, creo que la relación de representación política que nos interesa podría ser caracterizada como sigue.

  • 61 Como vimos, estos aspectos de representación no práctica (tanto la exigencia de representatividad c (...)
  • 62 Carlo F. Ferrajoli, 2018, siguiendo la distinción tajante que hace Luigi Ferrajoli entre representa (...)

45Se trata fundamentalmente de una representación en sentido práctico, porque el representante no se limita a estar o reflejar al representado61, sino que actúa por él (los actos de los representantes van a generar consecuencias normativas en la esfera de los representados) y asume ciertos deberes vinculados al desempeño de ese rol y que implican actuar en interés del representado, lo que exigirá el ejercicio de discrecionalidad (cuyo correcto desempeño presupone una previa deliberación). El surgimiento de la relación representativa se vincula al ejercicio del derecho político del voto, que opera como principio constitutivo del propio sistema democrático62. En este sentido, la constitución de la relación representativa y su ámbito de validez están reguladas en normas constitutivas del propio sistema democrático y no dependen de «la voluntad del representado» (que —recordemos— no puede existir como tal).

46Si utilizamos ahora el esquema general de la relación representativa que tomé como punto de partida del análisis conceptual (X representa a Y en Z), nos encontraríamos con la siguiente caracterización de la representación política de la que nos estamos ocupando:

  • La X, el representante, es el Parlamento: un sujeto colegiado cuyos miembros son seleccionados a través del ejercicio del derecho político de voto. Se trataría, por tanto, de una representación colegiada.

  • La Y, el representado, sería el colectivo de ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad política. Se trataría, por tanto, de un supuesto de representación colectiva (respecto al sujeto representado).

  • La Z, el ámbito de la representación, sería el ejercicio de parte del poder político, fundamentalmente (aunque no solo) a través del desempeño de las funciones legislativas.

  • 63 En un trabajo de hace ya varias décadas, Weissberb, 1978, denunciaba esta falta de atención al cará (...)

47Respecto al representante, conviene llamar la atención sobre el hecho —a veces aparentemente olvidado—63 de que normalmente la relación representativa política no se establece entre un miembro del Parlamento y sus votantes (o todo el cuerpo electoral), sino entre el Parlamento como un todo (como sujeto colegiado) y los representados (que, por cierto, no son solo los que de hecho han ejercido, o podido ejercer, el voto, sino todos los ciudadanos, también los menores, incapacitados...). Junto a esta relación de representación, que es la que a mí aquí me interesa, puede haber otras relaciones representativas en el ámbito político, dependiendo de los distintos diseños institucionales. Así, por ejemplo, en algunos casos de circunscripción unipersonal nos encontramos con que, junto a la representación que del conjunto de ciudadanos debe desempeñar el Parlamento como un todo, también pueden identificarse relaciones de representación de un parlamentario concreto con los de dicha circunscripción.

  • 64 Cfr. Saward, 2010.
  • 65 C. F. Ferrajoli, 2018: 146.

48Por supuesto, en nuestras actuales democracias la representación que ejerce el Parlamento se encuentra muy mediatizada por los partidos políticos. Pero estos no son —o mejor dicho, no deberían ser— representantes de los intereses de grupos distintos de individuos, sino que su función habría de ser «representar» en el sentido ahora de reflejar (lo que estaría aquí en juego sería un sentido no práctico de representación muy vinculado a la idea de representación argumentativa que antes hemos analizado) los argumentos que manejan las diversas ideologías o visiones globales que se forman los ciudadanos de los problemas que afectan a todos, y con las que los partidos políticos se identifican. Este creo que es el sentido de actividad representativa política que interesa a Saward, quien en su análisis pone el acento no tanto en la adopción de decisiones que afectarán a todos, sino en un momento previo: en la actividad de hacer presentes en el debate público determinadas exigencias o demandas de ciertos sectores sociales64. Y, en este sentido, una de las principales causas de la actual degeneración democrática de la que hablaba al principio quizá se encuentre —como señala C. F. Ferrajoli—65 en la crisis del arraigo social de los partidos políticos y en su incapacidad de leer e interpretar las necesidades y demandas sociales, en especial frente a ciertos sectores crecientes de nuestra sociedad.

  • 66 Vid., por ejemplo, Presno Linera, 2004, quien se manifiesta favorable a que se condicione la perman (...)
  • 67 En el mismo sentido se pronuncia C. F. Ferrajoli, 2018: 146; y también el Informe de 2009 de la Com (...)

49De hecho, la mayoría de las discusiones actuales en torno al «mandato imperativo» se suelen centrar en si los parlamentarios deben obediencia a los partidos bajo cuyas siglas se han presentado a las elecciones. El problema de fondo es, claro está, el transfuguismo; y algunos autores —aunque de manera minoritaria— se manifiestan a favor de aceptar la posibilidad de revocación del mandato en estos casos66. Pero, en mi opinión, la prohibición del mandato imperativo hoy en día también debe ser entendida como garantía de autonomía frente a los partidos políticos67; dicha prohibición sigue siendo un requisito indispensable (aunque, por supuesto, no suficiente) para que los parlamentarios puedan libremente debatir y desempeñar así adecuadamente sus responsabilidades en su actuación del papel de representantes colegiados.

  • 68 Para ello habría que prestar especial atención al diseño de nuestras instituciones, de modo que se (...)
  • 69 Cfr. Bovero, 2014: 25. Este autor menciona el riesgo de esta legitimación como un caso de lo que de (...)

50Mejorar el desempeño de la representación política por parte de los parlamentarios no implica acudir a exigencias de «obediencia» a supuestas voluntades de las que el representante sería un simple delegado (directamente o a través de la intermediación de los partidos políticos), sino que, por el contrario, exige pensar en mecanismos que intensifiquen la calidad deliberativa en la toma de decisiones colectivas68. Por supuesto que también se puede —y se debería— pensar en mecanismos de rendición de cuentas de la actividad desempeñada por los representantes, incluso individualmente considerados (en su tarea de contribuir a la conformación de la voluntad colegiada), pero creo que en ningún caso la figura del «mandato imperativo», ni siquiera utilizada en un sentido metafórico, puede ayudar a este objetivo; más bien todo lo contrario, creo que si para algo «sirve» esta institución es simplemente como instrumento para legitimar demagógicamente la idea populista de que existen voluntades verdaderas del pueblo69 o de ciertos sectores del mismo.

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Note

1 Para la elaboración de este trabajo ha contado con el apoyo financiero del Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto de investigación DER2017-86643-P: «Una teoría postpositivista del Derecho».

2 Tomo la expresión de Bovero, 2014, quien, tras recordar las distintas reglas que —siguiendo a N. Bobbio— definirían a la democracia, analiza cómo las mismas están siendo sistemáticamente incumplidas: el aumento de personas excluidas del juego político (inmigrados) que desafía a la regla de la inclusividad; la concentración de medios de comunicación que pone en juego la libertad de información; las violaciones de derechos sociales que atentarían contra la igualdad, etcétera.

3 Sobre la comprensión histórica de esta figura, vid., por ejemplo, el trabajo de Zanon (1991, esp. caps. 1 y 2). En su opinión, el propio nombre «mandato» estaría basado en una consideración espuria e imprecisa, puesto que en el ámbito civil (donde tendría su origen), la expresión «mandato imperativo» sería redundante (Zanon, 1991: 13).

4 Zanon, 1991: 32 ss.

5 Sobre la contraposición entre las normas regulativas y las normas constitutivas, vid. Atienza y Ruiz Manero, 1996.

6 Hay una cuestión central en la comprensión de esta institución (aunque para abordarla necesitamos tratar previamente cómo funciona la relación representativa política) no siempre suficientemente explicitada: ¿de quién puede provenir ese mandato que no debe existir o no debe tomarse en cuenta? Existen varias alternativas posibles para responder a esta cuestión que resultan muy dispares entre sí (y ninguna está exenta de problemas): el «pueblo», los electores, los partidos políticos, los grupos parlamentarios... Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre la prohibición del mandato imperativo se ocupa de la «vinculación» no a los electores, sino a los partidos políticos (o, más especialmente, a los grupos parlamentarios); vid., en este sentido, Presno Linera, 2000: 65-66.

7 Informe adoptado en su 79.ª sesión plenaria, junio de 2009. Disponible en www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-f.

8 Parto aquí de un análisis anterior (Lifante Vidal, 2009; recogido posteriormente en Lifante Vidal, 2018, cap. 1), en el que me serví de manera un tanto libre de los trabajos sobre la representación de Hanna Pitkin, Bernard J. Diggs, Giovanni Sartori y Luigi Ferrajoli.

9 Este carácter relacional es mencionado, de manera más o menos expresa, por la mayoría de los autores que se han ocupado de caracterizar este concepto. La representación designaría, se dice, una relación social más que un atributo individual, de modo que podría ser conceptualizada como una «propiedad sistémica» (Eulau y Karps, 1983: 299).

10 Para Diggs, el representante siempre sería un intermediario entre el principal (o representado) y alguien, un tercero; de modo que podríamos decir que la representación tiene siempre un destinatario. En este sentido, dice este autor, la representación no solo sería de alguien, sino que estaría dirigida a alguien, o al menos estaría orientada a un ámbito (Diggs, 1968: 36). En un sentido parecido, Leibholz señala que el concepto de representación no implica necesariamente la idea de un «destinatario» (entendido como una unidad personal concretamente perceptible), aunque sí estaría orientada a un ámbito (Leibholz, 1989: 81 y 83). Y más recientemente, Saward, 2010, ha remarcado la idea de que en la actividad representativa (a la que concibe como un proceso y no como un hecho) juega un papel fundamental el «auditorio» frente al cual se lleva a cabo dicha actividad, de modo que nos encontraríamos en su opinión ante una relación triádica.

11 Podemos pensar en el caso más simple en el que tanto X como Y son sujetos individuales (como la representación de un incapacitado por su tutor). Pero también es posible que alguno de estos elementos sea una pluralidad de individuos, bien como un mero agregado de individuos, o bien como individuos organizados de alguna manera (una institución o una persona jurídica). Pero podemos encontrarnos también con casos algo más atípicos en los que la X o la Y no es un sujeto, sino un objeto, como cuando decimos que «la bandera representa a la nación» o cuando se habla de «títulos representativos» de, por ejemplo, créditos hipotecarios.

12 Podríamos pensar que hay casos en los que sí se daría esta coincidencia; así, por ejemplo, el Derecho español exceptúa en algunos casos la exigencia de procurador y permite que alguien se «represente» a sí mismo ante los tribunales. A pesar de ello, creo que se trata simplemente de una forma de hablar para decir que en estos casos se exceptúa la necesidad de representante.

13 En este punto creo que puede resultar útil el análisis de Alf Ross de los conceptos tû-tû, para darnos cuenta de que para explicar en qué consiste este nexo o vínculo tenemos que acudir, bien a lo que justifica o crea dicha relación (a su antecedente: el «título» que justifica considerar a X como representante de Y en el ámbito Z), bien a las consecuencias que la misma produce (al consecuente); de modo que hablar de la relación de representación equivale a una técnica de presentación, que sirve a, y es necesaria para, fines sistemáticos (cfr. Ross, 1976: 41-42). Más adelante retomaré esta idea.

14 Cfr. Diggs, 1968.

15 Cfr. Laporta, 1989.

16 Tomo estas ideas de Cotta, 1983: 1426.

17 Cfr. Bobbio, 1999, tr. es. 414-417.

18 Vid., en este sentido, Diggs, 1968: 29.

19 Manejo aquí la versión española (Pitkin, 1985). En mi análisis de las aportaciones de Pitkin he tenido muy en cuenta la reconstrucción que de esta autora ofrece García Guitián, 2001: 215-216, e Id., 2005: 111-112.

20 Pensemos, por ejemplo, en los diversos tipos de metonimias: la parte por el todo, el continente por el contenido, el origen por el producto, etc. En todas ellas la relación que existe no es exactamente de semejanza, pero podríamos decir que existe algún tipo de conexión «natural», como contrapuesta a «arbitraria» (en el sentido de que la relación con el objeto se basa exclusivamente en una convención).

21 Piénsese, por ejemplo, en la crítica feminista a cualquier órgano que no resulte paritario.

22 Estoy pensando en algunas nuevas formas de participación que hoy se reclaman, en las que se implica a ciudadanos comunes, elegidos mediante sorteo, en la discusión de algún tema específico (sobre las mismas vid. Luigi Bobbio, 2014: 51 ss.).

23 Pitkin (1985: 109) considera que la conexión simbólica es, en algún sentido, arbitraria, dado que la misma solo existe si se cree en ella; el vínculo se basaría en un complejo proceso intelectivo-sensorial que haría que el elemento X sea capaz de evocar a Y. En este mismo sentido, Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989: 509) hablan de la relación de «participación» que parece existir entre un símbolo y lo que este evoca, considerando que se trata de una relación de «naturaleza casi mágica, en todo caso irracional»; lo que tiene de peculiar (e impresionante) el enlace simbólico —dicen estos autores— es que el símbolo y lo simbolizado se integran en una realidad mítica o especulativa en la cual participan recíprocamente.

24 Cfr. N. Bobbio, 1999: 414. Esta conexión sería también señalada, por ejemplo, por Diggs, 1968, o Sartori, 1999a y 1999b, quienes sostienen que una adecuada comprensión de lo que se considera como representación política exige tener en mente el sentido de representación como reflejo.

25 Piénsese en las críticas a la democracia contemporánea por la existencia de grandes sectores sociales desfavorecidos que no estarían «reflejados» de ningún modo por el sistema. En este sentido, por ejemplo, Capella (2005) o Cuono (2013) hablan de la soberanía ausente o de la representación negada.

26 Así, por ejemplo, Luigi Ferrajoli incorpora a su definición de representación política (a la que considera como una norma de competencia para el desempeño de funciones públicas) la exigencia de que el representante sea elegido mediante el ejercicio de los derechos políticos de voto (L. Ferrajoli, 2011: I, 816). Sin embargo, no todos los autores que se han ocupado de la representación política operan de este modo; Kelsen, por el contrario, remarca la idea de que tal representación política (en sentido —diríamos nosotros— exclusivamente práctico) es la de una persona por razón de su nacimiento, como la de los que han resultado elegidos en un proceso democrático; lo único que se necesita es que las actuaciones del representante se hagan en interés del representado (Kelsen, 1993: 302-305).

27 Cfr. Ross, 1976.

28 Estos casos serían el ejercicio de una competencia que suele tener una justificación paternalista. Sobre ello vid. Alemany, 2006.

29 El art. 1709 CC español define el contrato de mandato en los siguientes términos: «Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra».

30 Esto también puede explicarse a partir de la idea de sujeción de Hohfeld, que sería la situación correlativa a una potestad jurídica. De hecho, uno de los ejemplos que ofrece Hohfeld de potestades serían los casos de «agency» (Hohfeld, 1992: 69 ss.).

31 Así, por ejemplo, Wellman, 1997: 18. Muchos otros autores, sin embargo, son conscientes de que la representación incorpora estos dos aspectos; en este sentido también puede resultar ilustrativa la definición de representación (jurídica) de Luigi Ferrajoli como «la relación jurídica en virtud de la cual un sujeto jurídico está obligado a satisfacer las expectativas y a tutelar los intereses de otro sujeto, al que le son imputables los actos realizados por el primero en actuación de situaciones de las que es titular el segundo, y sin que entre los dos pueda existir ningún conflicto de intereses» (L. Ferrajoli, 2011: I, 351).

32 Incluso cuando hablamos del interés de una persona natural capaz (el caso más simple), debemos determinar si estamos haciendo referencia a intereses subjetivos (vinculados a sus creencias o deseos) o a intereses objetivos (lo que permitiría hablar de algo que interesa al agente, aunque él no se interese por ello; dicho de otro modo, algo en lo que debería interesarse). Sobre la noción de intereses reales u objetivos, vid. el completo análisis de Bayón Mohíno, 1991: 114 ss. Para este autor la idea de «intereses objetivos» se suele vincular a la idea de necesidades, con la que nos referimos a estructuras causales, factores que son condiciones necesarias para la producción de determinados estados de cosas; y esas relaciones causales existen con independencia de que seamos conscientes de ellas. De modo que las necesidades juegan un papel derivado. Cuando hablamos de necesidades «básicas» o «fundamentales» haríamos referencia a aquello que es necesario para cualquier plan de vida que un sujeto pueda tener. De modo que «ciertas cosas interesan “objetivamente” al agente en razón de sus intereses subjetivos; y otras en las que subjetivamente se interesa deben ser descartadas como razones para actuar precisamente a la vista de lo que son sus intereses subjetivos últimos» (118). En ambos casos, los intereses serían «subjetivos» en el sentido de que serían razones dependientes del sujeto. Ahora bien, habría otro sentido de «intereses objetivos» que puede resultarnos aquí relevante y que se referiría a «los medios imprescindibles para la satisfacción de los planes de vida que la gente suele tener de hecho» (125). Esta idea se podría conectar con la noción de necesidades básicas que está detrás de la tesis del «coto vedado» sostenida por Garzón Valdés. Para este autor, «por lo que respecta a la vigencia efectiva de los derechos en el “coto vedado” de los bienes básicos, es indiferente la voluntad o los deseos de los integrantes de la comunidad [...] la no aceptación de la garantía de los propios bienes básicos es una clara señal de irracionalidad o de ignorancia de relaciones causales elementales como son las que existen entre la disponibilidad de estos bienes y la realización de cualquier plan de vida» (Garzón Valdés, 1989: 157).

33 Cfr., por ejemplo, Didier, 2000: 5, quien analiza el papel central de la voluntad para la teoría considerada clásica de la representación jurídica. También parece ser de esta opinión Luigi Ferrajoli, quien considera que la representación política no tendría nada que ver con la representación jurídica, dado que precisamente de la misma está excluido todo vínculo de mandato (L. Ferrajoli, 2011: I, 816). Es más, en la segunda parte de su obra (la Teoría de la democracia), refiriéndose precisamente a la ausencia del mandato imperativo en las democracias modernas dice: «Es claro por ello que solo en sentido metafórico, y en todo caso en un sentido distinto de la representación jurídica, puede hablarse a este propósito de “representación”. No se puede decir, en efecto, ni que la voluntad (aunque sea solo de la mayoría) de los representados, la refleja o está de algún modo anclada a ella, ni que los representantes son responsables, más que en la lábil forma de la eventual no reelección, respecto de los representados» (L. Ferrajoli, 2011: II, 166).

34 La justificación de estos casos la encontraríamos, obviamente, en argumentos paternalistas. Sobre ellos vid. Alemany, 2006 y 2010.

35 Sigo aquí muy de cerca la caracterización que, de este sentido de responsabilidad, hace Hart, 1968: 212 ss.

36 Sobre esta idea de que el cumplimiento de responsabilidades exige deliberación ha llamado también la atención Richardson, 1999.

37 Hart, 1968: 213.

38 En un trabajo anterior (Lifante Vidal, 2018) me ocupé de analizar con detalle este concepto de responsabilidad y las peculiaridades de la justificación de la adopción de una medida discrecional, mostrando cómo dicha justificación puede ser jurídicamente controlada; y aunque en ese trabajo me interesaban fundamentalmente los poderes discrecionales ejercidos por poderes públicos, creo que el análisis es trasladable también a casos de particulares que desempeñan el rol de representantes en cualquier ámbito, como puede ser el de los padres respecto a sus hijos, los administradores respecto a una empresa, etcétera.

39 Esta sería precisamente otra de las dimensiones formalistas de la representación que señala Pitkin, 1985: la representación como una relación de agencia en la que el representante debe rendir cuentas por su actuación ante su representado.

40 Me separo aquí, aunque solo parcialmente, de la presentación que en trabajos anteriores realicé de estos tipos de representación práctica (Lifante Vidal, 2009 y 2018).

41 Cfr. Costa, 2005: 15.

42 Luigi Ferrajoli (2011: I, 354, 578 ss.) propone hablar aquí de «representación orgánica o institucional», pero utiliza fundamentalmente la expresión de «representación orgánica», que sería la instituida entre un funcionario y una persona jurídica. Esta relación de representación orgánica es considerada por él como distinta a lo que denomina relación orgánica que sería la que se daría entre una persona jurídica y sus órganos. Pero el término «representación orgánica» se ha utilizado también en un sentido distinto, para referirse a la representación de los intereses de una determinada clase o estatus social como contrapuesta a la representación de los ciudadanos en cuanto tales (vid., p. ej., N. Bobbio, 1994: 55).

43 Hobbes, 1980: 135 (la cursiva es del autor). Vid. comentarios a esta cita, por ejemplo, en Brunet, 2004: 52, y Garrorena Morales,1991: 26.

44 Kelsen, 1993: 161.

45 Cfr. ibidem: 172.

46 Quizá también podría llamársele «representación de intereses», pero prefiero no utilizar esta terminología, porque parece dar a entender que en los otros tipos de representación no hay intereses en juego. Sin embargo, como ya he señalado, creo que en todos los supuestos de representación práctica los intereses de los representados desempeñan un papel fundamental. Por otro lado, en ocasiones se contrapone la «representación política» a la «representación de intereses», considerando que en esta última expresión al hablar de «intereses» se hace referencia a intereses parciales, locales, corporativos o particulares en algún sentido, como contrapuestos a los intereses generales, nacionales o comunes que serían los característicos de la representación política (vid., en este sentido, N. Bobbio, 2009: 496).

47 En este sentido, vid. Pitkin, 1985, cap. 8, quien analiza cómo entiende Burke este concepto de «interés desvinculado» de sus portadores.

48 Eso no obsta a que considere que también a una persona jurídica pueda conferírsele el poder de actuar por cuenta de un representado; aunque en tal caso, decir que el «representante» es la persona jurídica sería —dice Ferrajoli— una forma elíptica de hablar. Nos encontraríamos aquí con una doble relación representativa: por un lado, entre el representado y la persona jurídica representante y, por otro lado, entre esta y la persona física de su representante o funcionario (L. Ferrajoli, 2011: I, 352), en las que se establece un doble vínculo y, por tanto, en algún caso el representante puede ser un órgano que, a su vez, actuará a través de un representante que, en último término, tendrá siempre que ser una persona natural.

49 Cfr. Pettit, 2009.

50 Weissberb, 1978, habla de representación diádica frente a representación colectiva para referirse a estas categorías.

51 Aguiló Regla, 2018: 230 ss.

52 Ibidem: 232 ss.

53 A partir de aquí, Aguiló Regla, 2018, analiza cuatro posibles tipos de debate, dependiendo de que sean cooperativos o conflictivos y temáticos u actorales; estos serían: la disputa (debate conflictivo actoral), controversia (debate conflictivo temático), diálogo racional o deliberación en sentido estricto (debate cooperativo y temático) y debate consensual (debate cooperativo y consensual). Aunque los debates parlamentarios parecen ser un caso prototípico de controversias (debates conflictivos), en algunas ocasiones podrían presentarse también como deliberativos en sentido estricto (es decir, no conflictivos, sino cooperativos). Sobre esto vid. Garzón Valdés, 1989.

54 Una opinión en contra sería la sostenida por Rousseau, para quien el sistema de votación pura tendría como objetivo (loable) el que los ciudadanos definieran sus preferencias aislados unos de otros para evitar ser contaminados por la elocuencia y demagogia (cfr. Elster, 2001: 19).

55 Cfr. Alexy, 2005: 578 ss. El objetivo de Alexy en este trabajo es justificar el carácter «democrático o representativo» de los órganos jurisdiccionales de control de constitucionalidad para salvar así la llamada objeción contramayoritaria, que se suele formular contra los mismos. A mí me interesa, sin embargo, la viabilidad de este concepto en sí mismo y no tanto si —como presupone Alexy— puede operar como argumento para afirmar el carácter «representativo» de estos tribunales (lo que me parece muy poco plausible, además de oscuro e ideológico).

56 Cuono, 2013.

57 Cfr. N. Bobbio, 1994: 56. Una buena y sintética reconstrucción de las reglas que definirían la democracia representativa en la concepción de Bobbio la podemos encontrar en Bovero, 2014: 18.

58 Tomo la expresión de Greppi, 2019.

59 Cfr. Urbinati, 2006: 227.

60 En los sistemas democráticos nos encontramos con gran cantidad de relaciones representativas que no entrarían en el ámbito que aquí nos interesa y que se circunscribe a la representación en el ejercicio del poder político. Por tanto, no sería «representación política» en este sentido que nos ocupa la de los estudiantes (o profesores) en los órganos universitarios, la de los sindicatos en las mesas de negociación pública, etcétera.

61 Como vimos, estos aspectos de representación no práctica (tanto la exigencia de representatividad como la aparición de una relación de identificación simbólica) también suelen estar presentes en la representación política.

62 Carlo F. Ferrajoli, 2018, siguiendo la distinción tajante que hace Luigi Ferrajoli entre representación jurídica y representación política (y a la que antes me referí), considera que esta representación estaría compuesta en realidad por dos relaciones representativas de naturaleza distinta: una jurídica, consistente en la imputación a la asamblea parlamentaria de los actos propuestos y votados colegiadamente entre sus miembros; y otra política consistente en la elección por parte de los electores, a través del sufragio universal, de los parlamentarios.

63 En un trabajo de hace ya varias décadas, Weissberb, 1978, denunciaba esta falta de atención al carácter colegiado del representante político. Para este autor, debido precisamente a esta característica, deberíamos centrarnos en diseñar sistemas de acuerdos institucionales, los cuales en su opinión podrían mejorar la calidad de la representación política de manera más eficaz que el sistema de control por parte de los electores. Esto es quizá el objetivo perseguido por Elster en su teoría de la democracia deliberativa: centrarse en determinar el «conjunto de condiciones institucionales que favorecen la imparcialidad» (Elster, 2001: 21).

64 Cfr. Saward, 2010.

65 C. F. Ferrajoli, 2018: 146.

66 Vid., por ejemplo, Presno Linera, 2004, quien se manifiesta favorable a que se condicione la permanencia en el escaño a la permanencia en el partido político por el que el representante se presentó a las elecciones.

67 En el mismo sentido se pronuncia C. F. Ferrajoli, 2018: 146; y también el Informe de 2009 de la Comisión de Venecia sobre el mandato imperativo y prácticas similares —al que antes he hecho referencia—, que considera que estos condicionamientos (similares a la institución del mandato imperativo) no encajan con una buena práctica democrática. Y así, en sus conclusiones, afirma: «La pérdida del estatus de representante por cambio de afiliación política es contraria al principio de un mandato libre e independiente. Incluso aunque el objetivo perseguido por este tipo de medidas (a saber, evitar que los representantes electos “vendan su mandato al mejor postor”) pueda considerarse con cierta benevolencia, el principio constitucional que prohíbe el mandato imperativo, o cualquier otra práctica dirigida a privar a un representante de su mandato, debe prevalecer como la piedra angular del constitucionalismo democrático europeo» (Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, 2009: 14-15. La traducción es mía).

68 Para ello habría que prestar especial atención al diseño de nuestras instituciones, de modo que se dificulten las conductas «corruptas» de nuestros representantes, entendiendo por tales aquellas motivadas por intereses espurios. Para lo cual, quizá habría que regular estrictamente los posibles conflictos de intereses, impedir las llamadas «puertas giratorias», incrementar las exigencias de transparencia, etc. Me he ocupado de estos problemas en un trabajo anterior. Cfr. Lifante Vidal, 2018: 73 ss.

69 Cfr. Bovero, 2014: 25. Este autor menciona el riesgo de esta legitimación como un caso de lo que denomina «antidemocracia».

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Isabel Lifante Vidal , «A vueltas con la prohibición del mandato imperativo»Teoria politica. Nuova serie Annali, 10 | 2020, 61-84.

Notizia bibliografica digitale

Isabel Lifante Vidal , «A vueltas con la prohibición del mandato imperativo»Teoria politica. Nuova serie Annali [Online], 10 | 2020, online dal 01 décembre 2020, consultato il 25 janvier 2021. URL: http://journals.openedition.org/tp/1051

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Autore

Isabel Lifante Vidal 

Universidad de Alicante, Isabel.Lifante@ua.es

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Diritti d'autore

Teoria politica

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