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Sección general

Nicaragua bajo el terror de la pareja Ortega-Murillo: antecedentes y construcción progresiva de una dictadura

Nicaragua under the terror of the Ortega-Murillo couple: antecedents and progressive construction of a dictatorship
Delphine Lacombe
p. 146-163

Resúmenes

El 18 de abril 2018, Nicaragua se sumergió en una de las crisis políticas y sociales más trágicas de su historia contemporánea. La firma de un decreto presidencial que reformaba el Instituto de Seguridad Social, reducía los beneficios de la jubilación y elevaba las contribuciones provocó una ola de protestas que se expandió por todo el país. El descontento devino rápidamente en una insurrección cívica bajo el reclamo de la renuncia presidencial y elecciones anticipadas, esta fue reprimida con enorme violencia. En este artículo se analizan las causas y factores que anuncian esta crisis política. Finalmente, se cuestiona la reacción tardía de la opinión pública internacional a la construcción gradual de un poder dictatorial en Nicaragua iniciada en 2007.

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Fe de errata

N. del E. Esta versión fue revisada y evaluada por pares bajo el esquema a doble ciego con la aprobación del equipo editorial de la publicación de origen.

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Este artículo, inicialmente redactado en francés, fue publicado en la revista Journal des Anthropologues en 2018, y traducido al español por Daniel Urbino. El presente texto corresponde a una versión aumentada y actualizada. Agradezco al Journal por su amable autorización.

  • 1 Se conocen por este término, ya utilizado bajo la dictadura de la familia Somoza, a las bandas dest (...)
  • 2 Excomandante de la Revolución sandinista, que provocó la partida del dictador Anastasio Somoza Deba (...)

1El 18 de abril del 2018, Nicaragua se sumergió en una de las crisis políticas y sociales más trágicas de su historia contemporánea. Una ola de protestas se expandió por todo el país tras la firma de un decreto gubernamental que reducía los beneficios de la jubilación y elevaba las contribuciones al Instituto de la Seguridad Social. El descontento se convirtió rápidamente en una insurrección cívica que reclamaba la renuncia presidencial y elecciones anticipadas. La respuesta del gobierno fue de una crueldad descomunal. A la represión policial se le sumaron grupos armados delincuenciales disimulados como agentes voluntarios, individuos comprometidos con el régimen –conocidos como las turbas1 al igual que antiguos policías y militares. Personas de todos los perfiles sociales componían la fuerza contestataria, la mayoría civiles con armas artesanales. Desde el comienzo de las manifestaciones, Daniel Ortega, jefe de Estado desde 2007,2 y su esposa, Rosario Murillo, a su lado como vicepresidenta desde el 2016, no vacilaron en utilizar el terror contra todos los que exigían su partida.

2“Nadie presintió este estallido, pero eran incontables las razones que anunciaban que ocurriría” (Equipo Envío, 2018a), escribió el equipo editorial de la revista Envío en la introducción de su número del mes de mayo. De hecho, desde el regreso al poder de Ortega en 2007 muchos actores y observadores nicaragüenses –entre los cuales estaba dicha publicación– alertaron sobre la construcción progresiva de un régimen político autoritario, cleptocrático, nepótico y violento.

  • 3 Según el informe de la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos (anpdh), a partir de datos (...)
  • 4 Para la redacción de este artículo, me baso en los intercambios que tuve a lo largo de los años 201 (...)

3Hoy, cuando las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman en 481 la cifra de muertos, 3 962 heridos y 1 215 detenciones arbitrarias3 ¿cómo entender el desencadenamiento de estos eventos? ¿Cuáles son los “incontables” factores que presagiaban la crisis y que evocaban el regreso de una dictadura? ¿Qué decir del bajo perfil en las noticias internacionales durante más de diez años, mientras Nicaragua era, a los ojos de los nostálgicos de la Revolución y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), uno de los principales emblemas de las aspiraciones emancipadoras del siglo xx?4

Factores desencadenantes de la crisis y escalada represiva

4El 18 de abril del 2018, las redes sociales difundieron el rostro ensangrentado de Ana Quirós, una notoria activista feminista de unos 60 años, directora desde la época sandinista de una organización no gubernamental nicaragüense especializada en temas de salud. Ella sufrió el asalto de paramilitares encapuchados y armados de barras de hierro, así como de integrantes de la Juventud Sandinista, fácilmente reconocibles por sus camisetas con la inscripción “Unidos en victoria, Daniel y Rosario”. El saldo fue una herida en la cabeza y la mano derecha fracturada. Las imágenes de la golpiza, de la cual fueron también víctimas periodistas y otros manifestantes contra la reforma de la Seguridad Social, se transmitieron y compartieron miles de veces a través de Facebook y Twitter. La ira que se adueñó de una parte considerable de la población a raíz de la violencia y la aprobación de la reforma se alimentó también de un descontento acumulado poco tiempo antes. Tal es el caso de la falta de reacción de las autoridades ante el implacable incendio de la reserva natural Indio Maíz a partir del 9 de abril. Las sospechas apuntan a una negligencia deliberada con la mirada puesta en la usurpación de tierras. Decenas de personas, la mayoría de ellas muy jóvenes, se movilizaron en las calles de Managua. Además, pocos días antes de estos hechos, la vicepresidenta del país amenazó con controlar las redes sociales, cuyo contenido, en su opinión, era perjudicial para los asuntos políticos de la nación.

5La concentración de estos acontecimientos en un período muy corto de tiempo planteó un reto sin precedentes a una presidencia autoproclamada diez años antes “solidaria, cristiana, revolucionaria” y “de reconciliación”.

6La juventud de los principales centros urbanos, la cual muchos creían apática y despolitizada, se movilizó masivamente (Rocha, 2019). La reforma de las pensiones fue recibida como una verdadera injusticia tras años de apropiación indebida de fondos públicos de un Instituto de Seguridad Social en quiebra. El saqueo del erario y de recursos naturales fue denunciado y entendido como el resultado de una depredación simbólica y material, a la vez que la prohibición de cualquier espacio de libertad de expresión, en la calle o virtual, pasó a ser un intolerable exceso de control.

7El 18 y 19 de abril, grupos de estudiantes bloquearon varias avenidas de la capital y levantaron barricadas. Aquellos provenientes de casas de altos estudios públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (unan), ocuparon instalaciones de la Universidad Politécnica, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria. Al mismo tiempo, cientos de jóvenes insurgentes en solidaridad con los estudiantes se refugiaron en la Catedral de Managua para protegerse de las bandas sandinistas armadas, quienes los perseguían en las calles. Las horas y los días que siguieron fueron el escenario de una escalada de violencia sin precedentes por parte del Estado. La policía utilizó munición real contra estudiantes atrincherados en edificios docentes. El periodista Ángel Eduardo Gahona murió asesinado mientras cubría enfrentamientos en vivo en la ciudad de Bluefields. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció docenas de muertos, desaparecidos, heridos y detenciones arbitrarias.

8Mientras los disparos tenían como blanco a los estudiantes, la represión visaba entonces dos objetivos: eliminar los controles de carretera y las barricadas levantadas por los insurgentes.También hubo actos puntuales de linchamiento y humillación hacia los sandinistas orteguistas. Varios policías fueron asesinados. El poder continuó utilizando la violencia letal para disuadir a la población de protestar en las calles. La avidez por neutralizar a los levantados se radicalizó aún más y llegó a su clímax el 30 de mayo 2018, cuando al final de una multitudinaria manifestación, conocida como madres de Abril, la policía abrió fuego contra los participantes.

  • 5 La cidh de la oea envió varios emisarios, solicitó expertos independientes e instaló el Mecanismo E (...)
  • 6 Unas diez ong, entre las cuales se encontraba el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenid (...)

9Según organizaciones de derechos humanos, 15 personas murieron ese día y 199 resultaron heridas en Managua, Masaya y Estelí. El escenario posterior a estos hechos estuvo marcado por un enfrentamiento muy desigual entre los bloqueos de las carreteras y los esbirros de Ortega y Murillo, quienes finalmente derrotaron a los manifestantes poco antes del 19 de julio en Masaya, la primera ciudad que se declaró “territorio libre de la dictadura”, usando las mismas palabras que durante su lucha contra Anastasio Somoza Debayle en 1979. Poco tiempo después, el parlamento aprobó una nueva legislación para tipificar como delito las protestas contra el régimen, y perseguir a los manifestantes por terrorismo. La intensificación de la represión militarizada, los asesinatos selectivos, las detenciones manu militari, el encarcelamiento, la tortura y los procesos judiciales arbitrarios han permitido a la pareja presidencial mantenerse en el poder por la fuerza. Después de la operación limpieza, durante los meses de junio y julio del 2018, que acabó con las barricadas, la pareja presidencial pretendió abrir un período de regreso a la normalidad. Una normalidad caracterizada por el balance de unos 800 presos políticos en las cárceles del país y las expulsiones de una misión de la onu el primero de septiembre y, el 20 de diciembre, de una delegación de la Comisión de derechos humanos (cidh) de la Organización de los Estados Americanos (oea), cuyos expertos habían realizado informes sobre las violaciones de los derechos fundamentales durante la crisis.5 Cuando estaba por acabarse el año 2018, varios organismos de derechos humanos fueron cerrados por el régimen y vandalizados por sus agentes de represión.6 El poder también reprimió los medios más críticos, tales como el diario Confidencial (allanamiento sin orden judicial y confiscación del material de trabajo) y el canal televisivo 100 % Noticias, cerrando sus instalaciones y encarcelando a su director Miguel Mora y a una de sus periodistas, Lucía Pineda Ubau.

Una convergencia de opositores y un infructuoso diálogo nacional

  • 7 El reclamo principal ha sido la asignación real del 6 % del presupuesto nacional a las universidade (...)

10La escalada represiva a lo largo del año 2018 responde sin duda al carácter duradero de la protesta. Una protesta también masiva y diversificada como resultado de la ruptura radical de dos sectores de la sociedad con Ortega: los estudiantes y la Iglesia católica; así como del distanciamiento entre la esfera empresarial y el poder. En el caso de los primeros, una considerable mayoría se rebeló contra el sindicato sandinista Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (unen). Vista retrospectivamente, la denuncia de los jóvenes de la Coalición Universitaria del 19 de Abril contra la represión reveló que la unen había podido incrementar su control sobre las universidades públicas gracias al apoyo y los medios que le había brindado el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) desde su regreso al gobierno. Todo esto a través de chantajes en la obtención de becas y la exención de cuotas de inscripción a cambio de fidelidad, interferencias en la contratación y el despido de profesores, en el contenido de los cursos, además de elevados salarios para los ejecutivos del sindicato, el único en Nicaragua nacido durante la Revolución sandinista y cuyas reivindicaciones siempre fueron apoyadas por el fsln.7 Finalmente, la unen se transformó en el órgano de supervisión del partido dentro de la comunidad universitaria pública. Al salir de su regazo, la figura misma del estudiante rompió con el fsln tras una asociación intrínseca desde la Revolución.

11También jugó un rol la Iglesia católica, institución que contribuyó a la caída del dictador Somoza, enemiga del sandinismo en la década de 1980 y oficialmente opuesta a su resurgimiento en 1996. En los años 2000, se formó una alianza entre Daniel Ortega y el cardenal Obando y Bravo. Este último ofició el matrimonio público de Ortega y Murillo en 2005, lo que significó un acto de reconciliación y bendición política para el comandante revolucionario. A cambio, el cardenal garantizó la protección de quien consideraba como su hijo adoptivo, Roberto Rivas, a la sazón titular del Consejo Supremo Electoral. Este personaje supervisó las elecciones y todas sus irregularidades, y se convirtió luego en uno de los aliados de mayor peso de Ortega y de su proyecto de mantenerse en el poder. La pareja presidencial apoyó la criminalización total del aborto, el principal caballo de batalla legislativo del Vaticano en América Latina después de la Guerra Fría. El fsln, una organización que alguna vez abogó por “la emancipación de la mujer”, aprobó una de las leyes más restrictivas del mundo sobre la interrupción del embarazo. Obando y Bravo fue nombrado por Ortega presidente de la Comisión de Paz y Reconciliación, un estatus equivalente al de ministro. Tal alianza provocó divisiones en el clero. Por una parte, el cardenal y sus cercanos, por la otra la mayoría de los miembros de la Conferencia Episcopal, cada vez más críticos con el poder.

12Cuando a finales de abril de 2018 grupos de jóvenes comenzaron a almacenar alimentos para los estudiantes en la Catedral de Managua, el obispo auxiliar de la capital, Silvio Báez, les envió mensajes que marcaron una ruptura radical con la presidencia de la República. “Su causa es justa, la Iglesia les apoya. Ustedes son la reserva moral de este país”, dijo.

13Por último, he de subrayar el distanciamiento de los representantes empresariales reunidos en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Durante una década, estos gozaron de un régimen económico preferencial elaborado por el fsln: fueron múltiples las exenciones tributarias y las condiciones de negociación favorables, siempre y cuando hicieran caso omiso de las prácticas antidemocráticas y de la monopolización de los recursos por parte de la élite del partido reunida en torno a Ortega. Los empresarios participaron en el modelo corporativista de negociaciones a puerta cerrada con los delegados sindicales, la mayoría de perfil sandinista-orteguista, así como con instituciones estatales. Sin embargo, menos de una semana después del levantamiento de las primeras barricadas, el Cosep invitó a los nicaragüenses a manifestarse contra la represión y luego convocó a una huelga general, acercándose de esta manera a los oponentes de larga data, lo cual contribuyó a dar peso político a los insurgentes.

  • 8 El proceso de movilización para la preservación del seguro nicaragüense, y su represión por el fsln(...)

14Así, estos tres grandes sectores sociales convergieron y se unieron a otros grupos ciudadanos ya en oposición a Ortega, con reivindicaciones compartidas. Es el caso, por ejemplo, de los campesinos expropiados o en riesgo de ser desposeídos de sus tierras por el proyecto de construcción de un canal interoceánico en territorio nicaragüense y del movimiento ciudadano –heterogéneo– por la restauración de las libertades públicas y las instituciones democráticas; a los cuales se suman los movimientos feministas y ecológicos, particularmente antiminería y grupos ad hoc como #ocupaINSS contra la corrupción dentro del Instituto de Seguridad Social.8

15En mayo del 2018, la Iglesia católica –mucho más que una variable de ajuste político, una autoridad moral– se propuso como garante de un diálogo nacional para que el país encontrara una salida pacífica a la crisis y llamó a todos los actores a reunirse en torno a la mesa. Los opositores estuvieron representados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La nota destacada de estos encuentros la puso un estudiante de periodismo de la Coalición Universitaria, Lesther Alemán, quien, durante la primera reunión, el 16 de mayo, se saltó el protocolo al tomar la palabra antes que el presidente de la República. El joven acusó personal y públicamente a Murillo y Ortega, a quienes advirtió que las pláticas no tenían otro objetivo que el de negociar su partida.

16Un acuerdo parecía germinar en torno a varias demandas expresadas por la Alianza Cívica: el cese de la represión, la reorganización de instituciones controladas por parte del fsln –como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral– y la celebración de elecciones anticipadas en 2019. Sin embargo, las milicias orteguistas no se desarmaron y la violencia del Estado se prolongó a pesar de la presencia en el territorio de varias instituciones internacionales de derechos humanos, por lo que las condiciones para el diálogo nacional dejaron de cumplirse. Fue un fracaso evidente. No obstante, las declaraciones de los representantes de la Alianza Cívica no tenían precedentes, pues hasta ese momento Ortega había evitado entrevistas y debates públicos contradictorios.

Años de maniobras para construir un poder dictatorial

17Este bloqueo político y la violencia no dependieron solamente de la crisis, sino también de la construcción progresiva de un estado dictatorial por parte de Daniel Ortega que recuerda, en algunos aspectos, las características del régimen de los Somoza (1936-1979). La comparación abruma y revela. Primero porque Ortega el sandinista contribuyó a expulsar de Nicaragua en 1979 al último tirano de la familia Somoza, Anastasio Somoza Debayle (1967-1979), al unirse al fsln para dirigir una insurrección armada inspirada en el castrismo. Ortega, a los ojos de muchos opositores, se habría convertido paradójicamente en una copia de su antiguo enemigo. Una vez reelegido en 2006, dieciséis años después del final de la Revolución, lanzó señales de querer ejercer un nuevo control sobre la sociedad nicaragüense, reabriendo a su favor un juego de competidores por el poder del cual los Somoza también se habían servido para establecer su dominación. Iniciada inmediatamente después de la independencia, teorizada y analizada por Charles W. Anderson (Anderson, 1962; Bataillon, 2005), esta forma de regulación política se interesa menos en eliminar al adversario desde un principio mediante la violencia y se enfoca más en incluirlo en las relaciones de poder para negociar y luego pactar entre las élites políticas y económicas, manteniendo así las relaciones clientelistas. De esta forma, Daniel Ortega, el hombre que aceptó la alternancia democrática en 1990 por la cesión pacífica del poder, contribuyó de manera particular junto con Arnoldo Alemán, presidente entre 1996 y 2001, a que este modo elitista de funcionar volviera a primeros planos.

  • 9 Con la condición de obtener al menos el 35 % de los votos y al menos cinco puntos de ventaja sobre (...)
  • 10 Partido disidente del fsln fundado en 1995.

18Los sucesivos pactos que ambos, por aquel entonces diputado y jefe de Estado, hicieron juntos en 1999, se centraron en temas económicos, institucionales y jurídicos, a partir de los cuales se pretendía establecer la hegemonía de dos partidos opositores, cada uno de los cuales reinaría de manera suprema: el Partido Liberal Constitucional (plc), liderado por Alemán, y el fsln, encabezado por Ortega. El pacto, impulsado como protección para asegurar la impunidad mutua cuando el primero fue acusado de corrupción y el segundo de violar a su hija adoptiva, impuso un fsln/plc bipartidista en 2000 en las principales instituciones del país. Las sucesivas reformas electorales y constitucionales permitieron imponer este sistema al parlamento, así como también al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Supremo Electoral (Equipo Nitlapán-Envío, 2003). Paradójicamente, la posición de retador de Ortega frente al plc lo ubicó en un mejor contexto para dividir a sus rivales, y emerger como ganador en el equilibrio de poder que él mismo había ayudado a construir. Así, cuando Alemán fue liberado de la acusación de desvío de fondos públicos por miembros del plc, Ortega y el fsln, a pesar de ser una minoría en el escenario político, se encontraron en una situación de mayoría relativa en la que podían controlar cualquier negociación. Uno de los acuerdos clave entre los rivales fue modificar nuevamente la ley electoral. Los cambios permitirían una victoria en la primera vuelta de las presidenciales mediante la reducción del umbral de votos emitidos, lo que implicaría que el candidato a la cabeza ganaría sin una mayoría absoluta.9 Esto propició que Ortega se enfrentara a una derecha dividida en 2006 y se coronara vencedor en la primera vuelta con el 38 % de los votos. Una vez presidente, utilizó la Corte Suprema para ser candidato legal para su propia sucesión en 2011, continuismo que estaba prohibido hasta entonces. En 2008, el Consejo Supremo Electoral impidió la participación del Movimiento de Renovación Sandinista10 en las elecciones municipales, las cuales resultaron en un fraude masivo. Tres años después, el fsln ganó las legislativas luego de la preparación opaca y clientelista de un escrutinio lleno de irregularidades. El partido obtuvo dos tercios de los escaños de la Asamblea, una mayoría absoluta para votar a favor de una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial indefinida.

19El último acto de control institucional se produjo en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2016. El Tribunal Supremo, con mayoría de jueces sandinistas, prohibió que una coalición de opositores estuviera representada por un partido, el Liberal Independiente, posible contrincante en futuras elecciones. Los diputados de esta organización y otros aliados que no admitieron la imposición de un nuevo líder de grupo (en conjunto con el fsln) en el parlamento fueron simple y llanamente despedidos de su mandato. Esta maniobra socavó el pluralismo y cedió todo el poder al sandinismo, cuyo jefe puso en práctica un autoritarismo dinástico que terminó de revelarse en 2016 con la nominación de su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia.

Negocios, clientelismos y violencia

  • 11 Nicaragua importa petróleo venezolano a un precio más bajo para que el Estado centroamericano pueda(...)

20El nombramiento de Murillo es solo una extensión del nepotismo económico que comenzó años antes, cemento del enriquecimiento de la familia Ortega y de su sostén en el poder, posible además gracias a las disposiciones constitucionales antes descritas. Los hijos de la pareja dirigen empresas –incluidos medios de comunicación– adquiridas con el desvío de una parte de los petrodólares fruto de la cooperación con la Venezuela bolivariana desde 200711 (Enríquez, 2015). La otra parte se invirtió en diversos tipos de programas sociales, no exentos de características clientelares, como el apoyo a la autosuficiencia agrícola familiar, la distribución de techos de zinc, programas de crédito, la facilitación del acceso a la salud para los más pobres, la gratuidad total de las escuelas públicas, entre otros. Aunque estos programas contribuyeron a reducir la pobreza, Nicaragua se mantiene en el último lugar de la clasificación de su índice de desarrollo humano: 124/189 (pnud, 2018). De igual forma, dichas iniciativas permitieron a la presidencia consolidar, aumentar e incluso estructurar sus bases políticas, ya que la organización a nivel local de los programas pasa por los “consejos de poder ciudadano”, instancias comunitarias modeladas a la imagen del modelo bolivariano y coordinados en última instancia por Murillo (Grupo Venancia, 2015).

  • 12 Se refiere al tratado firmado en 1914 entre el secretario de Estado estadounidense, William Jenning (...)

21Los negocios, el clientelismo y el crecimiento económico en el marco del modelo corporativista pactado con los empresarios han avanzado de la mano. El Estado ha mantenido incluso buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, respetando los términos del Tratado de Libre Comercio de América Central (cafta). Esta relativa buena vecindad durante los períodos 2007-2011 y 2012-2016 se hizo eco de la que se mantuvo con otros promotores del imperialismo, en este caso con un empresario chino de telecomunicaciones, Wang Jing, jefe del Grupo de Desarrollo del Canal de Hong Kong (hknd). En 2013, el magnate obtuvo, gracias a una ley promovida por Daniel Ortega, los derechos por un período de 100 años para la construcción de un canal interoceánico en el país. Sin duda esta decisión ayudó a unir a todo un grupo de opositores, para los cuales esta pérdida de soberanía marcaba una ruptura clara con los ideales sandinistas. Augusto César Sandino, figura inspiradora de la Revolución, había rechazado un siglo antes un tratado similar entre Estados Unidos y Nicaragua.12

22La lucha contra la construcción del canal puso en primer plano a un sector campesino expropiado, o bajo la amenaza de serlo, ante esta hipotética construcción.

23Una de sus líderes, Francisca Ramírez, una figura mediática que combina la resistencia ecológica y antiimperialista, catalizó la protesta política.

24Otras víctimas de la depredación de la tierra y los recursos cercanos a este combate han tenido más dificultades para alzar su voz debido a la violencia que ha acompañado a estos fenómenos. Los planes para otorgar concesiones a las empresas mineras confirman la inclusión del fsln en la estrategia económica extractivista de la mayoría de los partidos de izquierda que han estado últimamente en el poder en América Latina. Además, la usurpación de tierras agrícolas y minas de oro artesanales por colonos mestizos en las regiones central y atlántica del país estimuló el activismo de las comunidades indígenas y no indígenas, hasta el punto de provocar luchas de poder mediante el uso de armas y el desplazamiento de varios miles de personas. Los muertos se cuentan hoy por decenas, en su mayoría indígenas asesinados por los colonos. Lo que emerge tras la constatación de estos fenómenos vinculados a la corrupción generalizada es una ceguera voluntaria por parte de la administración central, la cual ha sabido sacar el máximo beneficio de la expoliación y el tráfico de terrenos (Bataillon, 2016).

25El conjunto de actores que desde finales de abril 2018 unieron sus fuerzas son de alguna manera el resultado de todos estos saqueos institucionales, sociales y territoriales-ambientales, en un contexto en el cual comenzaba a tambalearse la estabilidad económica de esta progresiva construcción dictatorial. La crisis en Venezuela redujo considerablemente los recursos de la cooperación bolivariana, incluso años antes de las sanciones estadounidenses adoptadas en enero 2019 contra el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (bandes) y contra la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (pdvsa). Además, el proyecto de construcción del canal no se concretó, ya que el empresario de hknd perdió gran parte de su capital como resultado de una crisis bursátil.

Resistencia, sanciones y aislamiento del régimen

  • 13 Moreno declaró delante de los secretarios políticos convocados el 19 de abril en Managua: “vamos co (...)

26Desde la crisis y la represión, varias encuestas de opinión han demostrado hasta qué punto la pareja Ortega-Murillo, que sigue utilizando la vieja retórica del “golpe de Estado” perpetrado contra ellos por “grupos insignificantes”, “perros rabiosos”, “financiados por el Imperio (Estados Unidos)”, ha caído en la impopularidad. Según una encuesta de cid-Gallup de mayo de 2018, cerca del 70 % de las personas encuestadas deseaba la partida de la pareja Ortega-Murillo (Equipo Envío, 2018b). Esta tendencia a considerar ilegítimo el régimen consiste por ejemplo en expresar la necesidad de elecciones anticipadas. Esto se ha confirmado hasta ahora en la opinión (Equipo Envío 2018c). El apoyo del cual podía gozar el régimen en las bases del fsln se ha debilitado considerablemente. También se muestra mucho más frágil entre las élites del partido. El 5 de junio 2018, Humberto Ortega, exministro del ejército y hermano de Daniel Ortega, sugirió al presidente renunciar a su cargo. El 8 de enero 2019, Rafael Solís, quien como miembro de la Corte Suprema de Justicia había dado argumentos legales para el continuismo presidencial, renunció a su cargo de magistrado. Solís afirmó entonces en una carta pública que no quería participar de “la instalación y la consolidación de una dictadura”, la cual había hecho un “uso irracional de la fuerza”. Víctor Urcuyo, superintendente de bancos de Nicaragua, también renunció a su cargo. Pocos meses antes, el 17 de septiembre 2018, Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua y exsecretaria política del fsln, había presentado su testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos. En esta audiencia había revelado de qué forma el secretario político de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, había llamado en nombre de la presidencia, a “defender la revolución” bajo cualquier método (“vamos con todo”), avalando la represión física.13

  • 14 El 5 de julio 2018, los EE.UU. aplicaron la ley Magnitsky contra tres altos responsables del fsln i (...)
  • 15 Reúne al menos a cuarenta organizaciones de la sociedad civil y a diferentes partidos políticos de (...)
  • 16 El Ejecutivo también hizo aprobar en enero 2019 una reforma de la seguridad social similar a la que (...)
  • 17 De los cuales fueron liberados 91 presos, el 30 de diciembre 2019. Véase https://confidencial.com.n (...)

27En el año 2019, las sanciones internacionales, en particular las de los Estados Unidos, contra funcionarios del Estado-partido y miembros de la familia gobernante,14 a la par del mantenimiento de una oposición política muy heterogénea reunida bajo la bandera de la “Unión Nacional Azul y Blanco” (unab),15 han contribuido a aislar al régimen dictatorial. Este sigue prohibiendo las manifestaciones y continúa utilizando la represión contra blancos específicos (asesinatos selectivos, humillaciones públicas, tortura, encarcelamientos arbitrarios); pero, si bien Daniel Ortega declaró en junio 2018 que no adelantaría las elecciones,16 las movilizaciones dentro y fuera del país y el lanzamiento de la aplicación de la carta democrática por los miembros de la oea obligaron al gobierno a volver a la mesa de negociaciones en febrero 2019, esta vez bajo la responsabilidad de la oea. El poder terminó excarcelando a unos cien presos políticos en mayo y aprobó una ley de amnistía el 8 de junio 2019, que permitió liberar a los casi ochocientos presos políticos, una ley cuyos principios fueron rechazados por la oposición. En efecto, esta incluía a todos los protagonistas de “los acontecimientos ocurridos desde el 18 de abril 2018”, sin distinción entre las personas directamente reprimidas por el régimen y los agentes de la represión. Implicaba también el impedimento de investigaciones sobre los hechos ocurridos y la responsabilidad de sus autores. A finales del año 2019, la oposición, al igual que el año anterior, pedía “una navidad sin presos políticos”. Eran 565 en diciembre 2018. En diciembre de 2019, se elevaba la cifra a 160.17

28Con excepción de Cuba, Venezuela, Rusia y China, el régimen de Ortega está hoy día aislado internacionalmente. Las negociaciones están estancadas, el deterioro económico es cada vez mayor. Se estima además que al menos 60 000 nicaragüenses han salido a Costa Rica, el país vecino.

  • 18 Poco antes de cerrar la edición final de este texto, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justi (...)

29La situación actual de Nicaragua es tan preocupante como a largo plazo. Tras la inevitable salida de Ortega y Murillo del poder, habrá que enfocarse en imaginar una nueva pacificación del país a través del desarme de los escuadrones y delincuentes legitimados por el gobierno y una revisión del sistema policial y judicial. Esta anticipación, que apela a una justicia transicional, es todavía prematura, ya que la situación está, por el momento, bloqueada y enfocada a las condiciones de realización de nuevas elecciones generales en 2021.18

Desaprobaciones internacionales tardías

  • 19 Por ejemplo, el Partido Podemos, que condenó la represión en Nicaragua en una declaración fechada e (...)
  • 20 El Foro de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores en Brasil, reúne cada año, desde 1 (...)
  • 21 Como el exguerrillero y expresidente uruguayo José Mujica, uno de los primeros en hacer este tipo d (...)

30A nivel internacional, cada vez más personas que se reivindican como parte de movimientos progresistas se unen a la oposición cívica contra Ortega. Salvo contadas excepciones, muchos de los que pudieron complacerse, con o sin entusiasmo, con el regreso al poder del fsln en 2006, terminaron denunciando la dictadura y la represión. Si bien todavía hay personas en este mismo movimiento que defienden el modelo bolivariano o que prefieren abstenerse de comentar sus actuales rasgos tiránicos,19 estas posiciones son cada vez más difíciles de mantener, dado que el presidente Nicolás Maduro hace gala del apoyo a su contraparte nicaragüense. Además, las declaraciones finales del Foro de São Paulo, organizado el 17 de julio de 2018, y las reacciones a las mismas en América Latina trazan una línea divisoria aún más clara entre las expresiones partidistas de solidaridad con la violencia estatal en Nicaragua, supuestamente defensiva frente al “golpe fomentado por Estados Unidos”,20 y las voces que condenan claramente la represión ordenada por Ortega afirmando que un jefe de Gobierno debe saber abandonar el poder.21

31Pueden analizarse dos dimensiones de estos últimos eventos. La primera se refiere a la debilidad de la respuesta internacional ante las denuncias que documentan violaciones de la libertad de expresión, manifestación y asociación en Nicaragua ya en 2008, cuando el fsln organizó el fraude electoral en los sufragios municipales. De hecho, hubo muy poca indignación cuando se apartó al Movimiento Renovador Sandinista de la competencia electoral, o cuando fueron arbitrariamente allanadas las instalaciones del Movimiento Autónomo de Mujeres y del Centro de Investigación de la Comunicación, organización feminista y medio independiente derivado de la disidencia sandinista, respectivamente, acompañados en ambos casos de amenazas y llamados al linchamiento de sus líderes en declaraciones de la Presidencia.

32El uso de turbas poco después de estos eventos tampoco provocó un aumento de la desaprobación. A los ojos de muchos, los programas sociales lanzados por el gobierno eran más importantes que estos hechos secundarios. Con el inicio del nuevo mandato del fsln y las maniobras antidemocráticas de su líder –tal y como demostramos anteriormente– se hizo evidente que desde el ejercicio del poder se buscaba socavar las bases constitucionales forjadas en 1995 a raíz de los conflictos armados centroamericanos, constituciones sobre las cuales se había intentado estructurar las condiciones para el cumplimiento de la separación de poderes, la división social y el pluralismo.

33La segunda dimensión corresponde a los discursos explicativos de la transformación del fsln en una organización que hace uso de la violencia represiva. Esta mutación habría supuestamente distorsionado los principios y la utopía liberadora de la Revolución y tergiversado los ideales de antaño, construyendo un régimen similar al de Somoza (Martí i Puig, 2019). Es cierto que muchos de los que querían reformar el fsln y convertirlo en un proyecto político más democrático abandonaron gradualmente sus filas, forzados a ceder ante una élite estructurada en torno al líder.

34Sin embargo, la interpretación de que Ortega ha tomado la forma del enemigo Somoza requiere tiempo para la reflexión. Evidentemente, la voluntad por mantener el poder a cualquier precio transformó al comandante en dictador. La práctica de la corrupción entre rivales, el control de los tres poderes, la cleptocracia dinástica y ahora la represión y el sadismo caracterizan tanto a la autocracia somocista como al gobierno vigente. La cuestión reside en entender cómo el jefe de Estado actual ejerció estas prácticas políticas tras un largo historial como revolucionario.

35Esto implica que los años ochenta también deben releerse con el prisma de una continuidad bélica en la historia política del país y no ceder a la mitología del sandinismo de Estado. Este régimen con rasgos totalitarios estaba estructurado en torno al fsln, un partido-estado y un espacio de confusión de los poderes. Al proclamarse a sí mismo como la encarnación de todo el pueblo, ejerció la represión estatal contra aquellos que afirmaban estar en su contra (Christian, 1983; Bataillon, 1983; Van Eeuwen, 1982). Tampoco dejó nunca de proteger a su jefe, denunciado por su hija adoptiva Zoilamérica Narváez Ortega por violaciones sexuales en su contra (Lacombe, 2010). Ciertamente, las características y los agentes de la violencia de hoy son nuevos, sin embargo, es en una lectura de la continuidad cronológica de su uso, a lo largo de la historia política nicaragüense, donde se comprenderá con mayor fineza la manera con la cual Daniel Ortega la utilizó a lo largo de su carrera política.

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Bibliografía

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Bataillon Gilles, 1983, « Nicaragua : de la tyrannie à la dictature du parti totalitaire », Esprit, n° 82 (10), pp. 39-56.

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Lacombe, Delphine, 2010, “El escándalo Ortega-Narváez o la caducidad del ‘hombre nuevo’: volver a la controversia”, ISTOR, disponible en: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_40/dossier5.pdf.

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Rocha, José Luis, 2019, Autoconvocados y conectados. Los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua, San Salvador, UCA Editores y Fondo Editorial UCA Publicaciones.

Van Eeuwen, Daniel, 1982, « Nicaragua, l’an II de la revolution », Problèmes d’Amérique Latine, n° 63.

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Notas

1 Se conocen por este término, ya utilizado bajo la dictadura de la familia Somoza, a las bandas destinadas a violentar a los opositores durante las manifestaciones.

2 Excomandante de la Revolución sandinista, que provocó la partida del dictador Anastasio Somoza Debayle, Daniel Ortega fue jefe de Estado de facto entre 1979 y 1983, luego fue electo y gobernó el país de 1984 a 1990. Durante todos esos años fue miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln). Continuó dirigiendo el fsln después de 1990.

3 Según el informe de la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos (anpdh), a partir de datos recolectados entre el 19 de abril y el 2 de septiembre de 2018. Disponible en: https://100noticias.com.ni/nacionales/92781-anpdh-registra-481-muertos-nicaragua/?fb_comment_id=1948473401842253_1948538341835759.

4 Para la redacción de este artículo, me baso en los intercambios que tuve a lo largo de los años 2018 y 2019 con diferentes interlocutores que vivían en Nicaragua, exiliados en San José (Costa Rica) o presentes en París durante estancias cortas. También he dado seguimiento a los acontecimientos basándome en el trabajo periodístico de Confidencial y Esta Semana, de la prensa cotidiana nicaragüense y española, de los números de la revista Envío –publicados por la Universidad Centroamericana de Managuay de sitios web como Despacho 505. También he revisado los artículos del suplemento de análisis político del Centro de Investigación de la Comunicación –Perspectivas–, informes de derechos humanos por ejemplo, del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comunicados oficiales de la presidencia nicaragüense (El 19).

5 La cidh de la oea envió varios emisarios, solicitó expertos independientes e instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). La cidh publicó varios trabajos e informes, entre los cuales resaltan Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua e Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, ambos enlistados en las referencias bibliográficas.

6 Unas diez ong, entre las cuales se encontraba el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (cisas), ong dirigida por la costarricense y nicaragüense Ana Quirós, ya había sido cerrado y su líder expulsada de Nicaragua el 26 de noviembre 2018.

7 El reclamo principal ha sido la asignación real del 6 % del presupuesto nacional a las universidades públicas, lo que corresponde a una disposición constitucional.

8 El proceso de movilización para la preservación del seguro nicaragüense, y su represión por el fsln está ampliamente documentado en este sitio web: www.ocupainss.com/.

9 Con la condición de obtener al menos el 35 % de los votos y al menos cinco puntos de ventaja sobre el candidato en segunda posición.

10 Partido disidente del fsln fundado en 1995.

11 Nicaragua importa petróleo venezolano a un precio más bajo para que el Estado centroamericano pueda reinvertir las ganancias en programas sociales. La revista Confidencial (www.confidencial.com.ni) ha documentado con investigaciones profundizadas la manera con la cual la familia Ortega ha desviado estos recursos con beneficios propios y clientelistas, una de las razones por la cual su director, Carlos Fernando Chamorro, y sus periodistas han sido objeto de la represión por el régimen.

12 Se refiere al tratado firmado en 1914 entre el secretario de Estado estadounidense, William Jennings Bryan, y el ministro nicaragüense, Emiliano Chamorro, el cual concedía a Estados Unidos el derecho exclusivo e inalienable de construir un canal interoceánico dos veces más amplio que el de Panamá.

13 Moreno declaró delante de los secretarios políticos convocados el 19 de abril en Managua: “vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución”. Véase https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2018/11/Testimonio-Ligia-Gomez-ESPAÑOL-1.pdf.

14 El 5 de julio 2018, los EE.UU. aplicaron la ley Magnitsky contra tres altos responsables del fsln implicados en la represión de las manifestaciones: el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el tesorero del fsln, José López, y el secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Se les prohibió el acceso a los EE. UU. y se les congelaron sus activos en ese país. El 27 de noviembre 2018, Donald Trump firmó un decreto que considera la crisis nicaragüense como una amenaza a la seguridad del país. Rosario Murillo, vicepresidente, y Néstor Moncada Lau, secretario personal de Ortega, también fueron sancionados. El 20 de diciembre 2018, Donald Trump firmó el Nica Act, que sanciona al gobierno nicaragüense por sus violaciones de los derechos humanos. Esta ley limita el acceso a préstamos internacionales. El 17 de abril de 2019, el departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, y al banco corporativo (BanCorp) por su implicación en la corrupción del régimen. El 7 de noviembre se unieron a la lista el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía; el magistrado Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral (cse), y Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (inss). Ya habían sido sancionados también por los Estados Unidos el vicepresidente de la empresa Albanisa, Francisco López Centeno; la exministra de salud, Sonia Castro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Son 16 funcionarios en total sancionados (añadiendo al ministro de Transporte, Óscar Mojica; el expresidente del cse, Roberto Rivas y el director de Telcor, Orlando Castillo). El 12 de diciembre 2019, Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial, fue también sancionado por el Departamento del Tesoro a la par de las empresas administradas por él (Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (dnp) Petronic, la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar), con los motivos de apoyo a la corrupción y lavado de dinero. Poco tiempo antes, el 14 de octubre 2019, la Unión Europea había también adoptado un “marco de sanciones”, como una advertencia a futuras sanciones individuales contra responsables de la represión en el país.

15 Reúne al menos a cuarenta organizaciones de la sociedad civil y a diferentes partidos políticos de la oposición desde el 4 de octubre 2018.

16 El Ejecutivo también hizo aprobar en enero 2019 una reforma de la seguridad social similar a la que había provocado nueve meses antes el levantamiento popular.

17 De los cuales fueron liberados 91 presos, el 30 de diciembre 2019. Véase https://confidencial.com.ni/mas-de-160-reos-politicos-siguen-en-carceles-de-ortega/.

18 Poco antes de cerrar la edición final de este texto, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (acdj) y la unab declararon separarse para apelar a la constitución de una gran coalición opositora nacional (el 17 de enero 2020).

19 Por ejemplo, el Partido Podemos, que condenó la represión en Nicaragua en una declaración fechada el 25 de mayo, sin dejar de apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela.

20 El Foro de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores en Brasil, reúne cada año, desde 1990, a los partidos latinoamericanos considerados de izquierda. El 17 de julio del 2018, en las declaraciones finales del foro se expresó un enfático apoyo al expresidente Lula y a los presidentes Maduro y Ortega “contra la ofensiva reaccionaria, conservadora y neoliberal de las élites mundiales”.

21 Como el exguerrillero y expresidente uruguayo José Mujica, uno de los primeros en hacer este tipo de declaraciones: “Perdieron el sentido que en la vida, hay momentos en que hay que decir me voy”.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Delphine Lacombe, «Nicaragua bajo el terror de la pareja Ortega-Murillo: antecedentes y construcción progresiva de una dictadura»Trace, 77 | 2020, 146-163.

Referencia electrónica

Delphine Lacombe, «Nicaragua bajo el terror de la pareja Ortega-Murillo: antecedentes y construcción progresiva de una dictadura»Trace [En línea], 77 | 2020, Publicado el 31 enero 2020, consultado el 16 junio 2024. URL: http://journals.openedition.org/trace/5078

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Autor

Delphine Lacombe

Sociologue, chargée de recherche cnrs. Université Paris-Diderot, Paris 7 Urmis (Unité de recherches Migrations et société), Francia, delphine.lacombe@cnrs.fr.

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