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Résumé

Con el objetivo de evidenciar las tensiones afrontadas con la implementación de proyectos ecoturísticos en el contexto colombiano, en el presente texto se discute el papel del conflicto armado en la generación de la conflictividad ambiental en Colombia, y la forma como esta ha venido incrementando en los últimos años por la llegada de nuevos actores a los distintos territorios. A continuación, se revisan algunos de los contenidos del acuerdo de paz con impacto en el ecoturismo para finalizar fundamentando la necesidad de adoptar un enfoque de justicia ambiental en la implementación del ecoturismo como forma propender por un adecuado respeto por los limites ambientales y derechos de las comunidades involucradas.

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Texte intégral

Introducción

1Este articulo aborda la discusión alrededor del ecoturismo como alternativa de construcción de paz en el escenario de la implementación del acuerdo de paz en Colombia, a partir de la revisión de las fuentes documentales existentes y de un análisis de la conflictividad ambiental basado en los desarrollos conceptuales de la justicia ambiental y los derechos humanos en perspectiva de integralidad. Lo anterior, con el objetivo de evidenciar algunas de las tensiones que surgen con la implementación del acuerdo de paz y la apuesta por el ecoturismo, en términos de ofrecer alternativas de desarrollo y la satisfacción de necesidades básicas de la población.

2En ese orden de ideas el texto se estructura en cuatro grandes apartados, en el primero se evidencia como el conflicto armado generó importantes conflictos ambientales a lo largo del territorio colombiano y afectó los territorios que hoy son vistos como lugares donde se espera desarrollar proyectos ecoturísticos. En la misma perspectiva, el segundo apartado destaca como Colombia es un país con una conflictividad ambiental creciente, precisamente por el aumento de presiones de nuevos agentes económicos, incluidos los turísticos, que se disputan alrededor de la forma de acceder, usar o distribuirse los bienes ambientales y naturales. En el tercer apartado, se discute algunos de los contenidos del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc – ep, desde la perspectiva ambiental, de derechos y destacando algunos de oportunidades y elementos que plantea el acuerdo para la construcción de la paz en el país y que sirven como elementos contextuales para la discusión sobre la implementación de proyectos de ecoturismo. Finalmente, en el cuarto apartado se aborda la discusión del ecoturismo en el escenario del post acuerdo.

3Desde el punto de vista metodológico este estudio se fundamente principalmente en el enfoque cualitativo y la revisión documental de los textos oficiales del Estado colombiano elaborados durante el periodo 2014 - 2017. En ese orden de ideas se tomaron los documentos del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Turismo Industria y Comercio, así como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los que diagnosticaron los efectos del conflicto armado en Colombia, en sus dimensiones territoriales y ambientales. Así mismo, se abordaron aquellos en los que se analizaron y proyectaron las dinámicas de crecimiento del sector turístico y las principales estrategias diseñadas para impulsarlo. De este ejercicio se sistematizan y extraen los principales cruces y puntos de articulación entre las expectativas de desarrollo del sector turístico para Colombia y las condiciones contextuales de implementación en términos territoriales.

4En un segundo eje de discusión, a partir de los análisis de conflictividad ambiental en Colombia, especialmente los desarrollados por el Atlas Global de Justicia ambiental y el observatorio de conflictos ambientales del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, y conjugado con la revisión del caso de Taganga (Santa Marta, Colombia) se identifican las principales dinámicas de conflictividad ambiental alrededor de las demandas de participación y distribución de beneficios. Finalmente, a través del análisis del acuerdo de paz suscrito entre las Farc-ep y el gobierno de Colombia, se identifican temáticamente aquellos aspectos que tienen impacto en el desarrollo del ecoturismo. En orden identificar las estrategias estatales y la forma como se articulan con la solución de conflictos ambientales y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Para concluir con el planteamiento de algunos comentarios críticos, para fundamentar la necesidad de incluir un enfoque de justicia ambiental.

I. Conflicto armado como un catalizador de la conflictividad ambiental1

  • 1 Los conflictos ambientales surgen de apropiaciones del ambiente realizadas de manera injustificada (...)

5Desde un concepto de lo ambiental como la interacción de elementos sociales y naturales que son indisolubles, los conflictos ambientales pueden ser definidos como conflictos alrededor del uso, acceso, distribución o intercambio de los bienes ambientales, pero al mismo tiempo pueden constituirse alrededor de la definición de las reglas que regulan la relación con la naturaleza y las formas como se comprende la conceptualización y fundamentación de dicha relación (Mesa Cuadros G. , 2011).

  • 2 En el desarrollo de este trabajo, el “ambiente” lo hemos venido entendiendo en el sentido de un sis (...)
  • 3 En este texto se hace referencia a los bienes ambientales como el conjunto de elementos que compone (...)

6Ahora bien, las relaciones entre los conflictos armados y el ambiente2 son múltiples y complejas; por un lado se ha relacionado el ambiente como causa de conflictos armados – lucha por el control de bienes ambientales y naturales; cambios ambientales que alteran las condiciones sociales- (Westing, 1986; Homer-Dixon, 1999; Afriansyah, 2013; Rodríguez Garavito, Rodríguez Franco, & Durán Crane, 2017); pero también como escenario en el cual se desarrollan los conflictos armados. En ese sentido se destacan los impactos de las guerras sobre el ambiente o las restricciones que implica en términos de la restricción de acceso y uso de ciertos bienes ambientales3 (Closmann, 2009; Hagmann T., 2005); y finalmente se destaca la relación del postconflicto y el ambiente –en términos de los pasivos y deudas que dejan las guerras y las presiones que sobre el ambiente se generan en sociedades que intentan dejar atrás un conflicto armado- (Conca & Wallace, 2009) (Renner, 1992).

7Los impactos de los conflictos armados van desde la pérdida de biodiversidad, la perdida de coberturas vegetales, la destrucción del suelo y la destrucción de ecosistemas enteros, con efectos que se prolongan más allá de las generaciones presentes tanto humanas como las que no lo son. Lo anterior, muestra cómo existe una incompatibilidad fundamental entre la guerra y la naturaleza (Broswimmer, 2007; Renner, 1992). En Colombia el conflicto armado tiene una relación profunda con la disputa por el control del ambiente y los bienes ambientales y naturales. De esta manera la incidencia territorial del conflicto armado está relacionada con la degradación ambiental. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de 1990 a 2013 se deforestaron en el país cerca de 5,2 millones de hectáreas, de las cuales el 58% está en municipios con incidencia alta y muy alta de conflicto. Igualmente, de los 13,4 millones de hectáreas donde hay sobreutilización del suelo por actividades agropecuarias y forestales, el 46% está en municipios de incidencia alta y muy alta del Conflicto armado (DNP, 2015; Cárdenas & Rodríguez, 2004).

8Asimismo, la relación entre la deforestación y la presencia de cultivos de coca durante los años 2000 a 2013, muestra que, por cada hectárea de coca sembrada en los municipios con incidencia alta y muy alta del conflicto, se deforestaron 1,7 hectáreas (DNP, 2015). El área cultivada con coca en los Parques Nacionales Naturales ha oscilado entre el 4% y el 8% del área total cultivada en el país en los últimos 10 años (UNPNN, 2015). En el 2013 se identificaron 3.791 hectáreas sembradas de coca en el SINAP (ONUDD, 2014). La explotación ilícita de minerales asociado al conflicto armado genera impactos relevantes en los ecosistemas y en sus bienes ambientales y naturales. De 2010 a 2014 encontró que cerca de la mitad de los municipios del país habían sido afectados por esta problemática, comprometiendo aproximadamente dos mil fuentes hídricas (DNP, 2015).  En 2010, el 86% del oro producido en el país provino de la minería ilegal, la cual utiliza mercurio y devasta las rondas hídricas de los territorios (MADS; UNEP, 2012) y para el año 2013, aproximadamente 58,7 toneladas de oro se produjeron en minas sin título en etapa de explotación (DNP, 2015)

9Las fuentes hídricas del país también se han visto afectadas por las voladuras de oleoductos asociadas al conflicto armado. En los últimos 35 años la infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por Ecopetrol ha sido atacada 2.575 veces, derramando 4,1 millones de barriles de petróleo (DNP, 2015; DNP, 2015b), durante el periodo 2009-2015 se derramaron 756.700 barriles de petróleo (DNP, 2015). Pero al mismo tiempo se ha reconocido que algunos de estos impactos se encuentran relacionados con las condiciones materiales de existencia de las personas y la satisfacción de sus necesidades básicas, así por ejemplo la Corte Constitucional Colombiana señalo que las actividades afines con la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, están relacionadas con “las condiciones de aislamiento de la oferta estatal, la precariedad institucional, las bajas condiciones de accesibilidad, y las fallas de gobernabilidad” (Corte Constitucional Sentencia C 644 de 2017)

  • 4 De tal forma, se puede sintetizar que bajo la perspectiva de la justicia ambiental se cometerían in (...)

10En ese sentido puede decirse que el conflicto armado en Colombia tiene distintos significados ambientales, de las cuales podemos destacar por lo menos tres dimensiones a) generador de importantes pasivos ambientales, b) como catalizador y profundizador de los conflictos y las injusticias ambientales4 y c) como causa del conflicto y a su vez como medio para superar el conflicto armado.

11Ahora bien, la transición de la guerra a la paz no implica la eliminación de los conflictos ambientales; por el contrario implica retos de distintos orden, que incluyen al menos tres variables a) qué hacer con los daños ambientales que ha dejado el conflicto armado –los cuales pueden ser conceptualizados como pasivos ambientales- b) qué hacer con el sector militar en términos del control de los impactos causados por las industria militar y las actividades militares en términos generales y c) una vez superadas las discusiones coyunturales de los conflictos armados, ¿cómo reconstruir un proyecto de sociedad que incluya criterios de sostenibilidad?. En esta ultima dimensión no hay que olvidar que muchas veces la salida de un conflicto armado implica el aumento de la presión por explotar los bienes ambientales so pretexto de garantizar las "sostenibilidad económica de la paz" (Conca & Wallace, 2009).

12Si estos retos son gestionados de manera correcta pueden crear una base sólida para la paz y la sostenibilidad; manejados mal, se corre el riesgo de socavar una ya débil paz (Conca & Wallace, 2009; Bustos & Jaramillo, 2016). Entonces los conflictos armados son un factor que causa graves daños en el ambiente, pero también es cierto que en ausencia de guerras o conflictos armados las presiones sobre el ambiente no disminuyen (en algunos casos simplemente se transforman), en ese sentido los contextos de transición de un conflicto armado a una situación de construcción de paz pueden llevar al surgimiento de nuevas presiones sobre el mismo. Lo anterior, se puede reflejar en la flexibilización de las normas ambientales o reducción de los estándares de protección ambiental, que en algunos casos pasan de contemplar límites a la apropiación injustificada e ilegítima del ambiente a contener autorizaciones amplias para tal apropiación (Mesa Cuadros G. , 2015).

II. Colombia un país con conflictividad ambiental creciente

  • 5 Las obligaciones del Estado en materia de protección ambiental pueden sintetizarse en cuatro grande (...)

13En especial hay que tener en cuenta que en el caso colombiano se presenta un aumento exponencial de los conflictos ambientales relacionados con actividades económicas como la minería, la explotación de hidrocarburos, el aumento de infraestructura vial, la agricultura desarrollada sin criterios de sostenibilidad, el comercio ilegal de especies de flora y fauna, entre otros, que se concretan en contaminación y degradación del ambiente y sus componentes como el agua, el suelo el aire, la flora y la fauna del país, sin que el estado cumpla con sus obligaciones5 (Contraloría General de la Nación, 2013, págs. 140 - 142). De hecho, The Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (un proyecto financiado por la Comisión Europea) identificó más de cien conflictos ambientales en el país, lo que ubica a Colombia como el país con más conflictos ambientales de Latinoamérica (EJOLT, 2017).

14Casos como el ocurrido con resolución 286 de 2016 mediante la cual se le entregó una licencia ambiental a Hupecol Operating Co Llc para realizar actividades de exploración petrolera en cercanías del sector de la Macarena (Meta), muy cerca de la reserva natural de Caño Cristales y que tuvo que ser revocada solo días después de su expedición muestran los riesgos que afrontan algunos ecosistemas ante la entrada de nuevas inversiones en zonas en las que tradicionalmente el conflicto armado había evitado la entrada de capitales. Esto se conjuga con la apuesta gubernamental por el desarrollo de industrias extractivas. De hecho según datos del Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022), a septiembre de 2018 el país registraba 8.635 títulos mineros. En materia de hidrocarburos, en el periodo 2010-2018 la ANH adjudicó 159 áreas para la evaluación técnico, exploración y explotación. A junio de 2018, el país registraba 326 contratos de concesión vigentes relacionados con hidrocarburos (DNP, 2019). En ese sentido, se produce un doble fenómeno, por un lado el país ve la llegada de nuevas inversiones provenientes del extranjero, pero al mismo tiempo esto genera nuevos conflictos ambientales.

15Además, los conflictos ambientales que involucran el ordenamiento territorial se reflejan, también, en los recientes casos de consultas contra la minería e hidrocarburos, en municipios como Cajamarca, Cabrera, Cumaral, Onzaga, Ibagué; o las discusiones que han suscitado los procesos de delimitación de ecosistemas esenciales para la vida – como los páramos- lo que evidencia que el postconflicto no estará exento de conflictividad ambiental.

16Dicho lo anterior, es importante destacar entonces como la conflictividad ambiental de Colombia va más allá del conflicto armado y se conjuga con la necesidad de lograr transformaciones estructurales para la satisfacción de la necesidades básicas de la población. De hecho, tal como lo reconoce la misma Corte Constitucional Colombiana en lo que va corrido de la implementación del acuerdo “se han presentado dos fenómenos de alta sensibilidad ambiental: de un lado, los procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas naturales se aceleraron debido a las pocas alternativas económicas para los habitantes de esas áreas; y, de otro lado, se ha presentado un aumento de cultivos de uso ilícito en varias zonas de Colombia, en especial frente al cultivo de coca. Ello demuestra que, en esta etapa de transición en la recomposición del poder territorial, se están acentuando las amenazas a los ecosistemas estratégicos” (Corte Constitucional, Sentencia C – 644 de 2017).

17Ahora bien, el contexto de la implementación de los acuerdos de paz logrados entre las guerrillas y el gobierno colombiano implica una reflexión sobre el modelo de desarrollo del país y construcción de una nueva forma de relación con el ambiente que permita la construcción de una paz estable y duradera. Esto supone al menos tres elementos importantes a) la consolidación de la institucionalidad estatal que permita la satisfacción de las necesidades de la población y al mismo tiempo ejercer control efectivo sobre las actividades que degradan el ambiente; b) la consolidación de alternativas económicas para las poblaciones que más sufrieron el conflicto armado, para evitar que sean cooptadas por la economías ilegales (minería, tala o cultivos ilegales) y c) la definición de un modelo de ordenamiento ambiental del territorio que defina claros limites a la apropiación del ambiente.

18De acuerdo, a los desarrollos bibliográficos más recientes podemos identificar tres grandes grupos principales de riesgos que afronta Colombia en el tránsito de la guerra a la paz. Un primer riesgo, de un escenario de postconflicto, tiene que ver con el previsible aumento de las solicitudes para el desarrollo de actividades económicas que avancen sobre los territorios en los que no había sido posible el ingreso, por el conflicto armado o bajo la promesa de la resolución de los problemas sociales y económicos del postconflicto, lo que a su vez podría ampliar los conflictos ambientales (Rodríguez Garavito, Rodríguez Franco, & Durán Crane, 2017)

19Un segundo riesgo, puede identificarse en el aumento de las demandas de bienes ambientales de nuevas poblaciones que arriben a los territorios, por un lado, las victimas que retornen a sus territorios, y por otro los excombatientes los cuales requerirán del ambiente necesario para la satisfacción de sus necesidades básicas (Rodríguez Garavito, Rodríguez Franco, & Durán Crane, 2017) igualmente deberá dotarse de la infraestructura y las inversiones necesarias en materia vial, de servicios públicos, de saneamiento básico etc.

20Otra arista, a tener en cuenta en la implementación de este acuerdo tiene que ver con las realidades territoriales propias de Colombia, caracterizados por la complejidad ecosistémica, social, cultural y territorial (Carrizosa Umaña, 2014), la diversa presencia territorial y fortaleza institucional de Estado (García Villegas & Espinosa Restrepo, 2011). Los casos de minería ilegal, la deforestación y la degradación ambiental en el río Atrato (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016) o el río Dagua (Consejo de Estado, 2012), evidencian las complejidades de implementar medidas de recuperación y gestión ambiental en territorios donde la presencia estatal es débil y donde grupos armados al margen de la ley mantienen cierto grado de control territorial, entre ellos, por ejemplo el Ejercito de Liberación Nacional -ELN-, el Ejercito Popular de Liberación -EPL-, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- o las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz.

21Entonces se puede afirmar que la construcción de la paz implica nuevos desafíos ambientales para Colombia, en materias tales como el ordenamiento ambiental del territorio, la satisfacción de los pasivos ambientales dejados por el mismo, la construcción de una sociedad equitativa en términos del disfrute de los bienes ambientales y naturales etc. (Mesa Cuadros G. , 2015b; Mesa Cuadros & al, 2015c). Por lo anterior una política ambiental colombiana para el tránsito al post-acuerdo deberá contener, entre otras orientaciones, el reconocimiento de todas y todos los colombianos como sujetos de derechos ambientales, capacitados para acceder con dignidad al ambiente y a sus elementos (p.e. el agua o la tierra para cultivo) y, la garantía de la protección del ambiente y sus componentes como requisito indispensable para la convivencia y la transformación de los conflictos (Mesa Cuadros G. , 2015b).

22Lo anterior, implica al menos dos conclusiones importantes para la discusión del turismo en general y el ecoturismo en particular. Por un lado, los proyectos a implementar deben afrontar un contexto de creciente conflictividad social producto de las disputas por el uso de los bienes ambientales, las presiones de industrias extractivas y la demandas sociales de acceso a bienes para la satisfacción de las necesidades básicas. Por otro, también aportar a la construcción de paz en un sentido transformador, es decir deben contribuir a establecer nuevos pactos de relacionamiento con el ambiente (establecimiento de límites a la apropiación ambiental en perspectiva de sostenibilidad), y deben contribuir a la superación de las condiciones de exclusión socioeconómica presentes en el territorio colombiano, en el sentido de que aún en Colombia existen poblaciones con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas.

III. Acuerdo de paz: ambiente y postconflicto

23Los temas ambientales no fueron uno de los puntos principales de negociación, y no hacen parte de los componentes centrales del “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” – en adelante el acuerdo de paz –, suscrito entre el gobierno de Colombia y las Farc-ep. Pero sin dudas, el acuerdo de paz tendrá unos impactos importantes en el ambiente y su protección. Pueden extraerse algunas consideraciones importantes, de esta manera el acuerdo de paz contempla el ambiente y su protección en el menos las siguientes dimensiones:

  1. Como finalidad de la construcción de paz, (pág. 5);

  2. Como objetivo de la “reforma rural integral” (pág. 18, 20, 32);

  3. Para definir los beneficiarios de los procesos de adjudicación de tierras en tanto podrán serlos quienes sean reubicados por razones de protección ambiental (pág. 15);

  4. Como aspecto en el cual debe profundizarse la democracia (pág. 18);

  5. Como elemento que deberá ser considerado para una adecuada reincorporación de la insurgencia;

  6. Como objetivo del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito;

  7. Como un criterio determinante del enfoque territorial (pág. 6);

  8. Como una de las formas de sanción aplicables a quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades. En tanto que, en el régimen de sanciones propias de la Jurisdicción Especial de Paz contempla un componente restaurativo, que puede cumplirse desarrollando acciones de protección ambiental o descontaminación;

  9. Como garantía de no repetición, en tanto, la implementación efectiva de los derechos ambientales se conceptualiza como una estrategia para que no resurja el conflicto armado (pág. 188);

  • 6 Se ha insistido mucho sobre los dividendos económicos de la paz. Colombia gasta aproximadamente 3.4 (...)

24En ese orden de ideas, puede destacarse como la cuestión ambiental es abordada en los acuerdos de paz, a partir de varias ideas fuerza. Primero la protección y conservación ambiental es un asunto que ha de tenerse en cuenta en la implementación de todos los contenidos de los acuerdos de paz6 -el ambiente es pensado como limite a las acciones a implementar para cumplir con el acuerdo-. Segundo, los asuntos ambientales son vistos como una órbita en la que debe ser profundizada la democracia – punto dos-; y tercero son vistos como criteriosa ser tenido en cuenta en la aplicación de la denominada justicia restaurativa – en tanto criterio de reparación y sanción-

25Sin perjuicio de lo anterior, uno de los contenidos que mayor impacto se espera tengan sobre el ambiente y la mejora de las condiciones para su respeto, es el relacionado con el punto 1 “Reforma Rural Integral”. En efecto, este punto del Acuerdo contiene múltiples elementos que, en últimas, tendrán que articularse con las ideas de la protección ambiental y la definición de los límites de la apropiación de la naturaleza. De entrada, este punto del acuerdo supone una reestructuración de los esquemas de propiedad en la ruralidad y los usos de esta.

26Pero tal reestructuración de la tenencia de la tierra también supondrá fuertes discusiones sobre la forma como se han ido estructurando los usos de la tierra y la definición incluso de las áreas protegidas o que requieren un manejo ambiental especial. Indicando algunos de los elementos que han de ser tenidos en cuenta; las Naciones Unidas – al establecer algunos municipios como prioritarios para la implementación de los acuerdos- ha sostenido que de una muestra que 41 de los 47 municipios con prioridad alta en el postacuerdo, tienen alguna figura de protección (PNN y/o reserva forestal), a su vez que 17 municipios tienen más del 50% de su área bajo estas figuras. De 78 municipios con prioridad media alta, 59 tienen alguna figura de protección y 26 tienen más del 50% de su área bajo alguna de estas figuras. Ocho municipios de los 125 municipios priorizados tienen el 100% de su área bajo alguna de estas figuras (ONU, 2014).

27En la misma línea, el Acuerdo implícitamente plantea la posibilidad de modificar algunos aspectos del poblamiento en las zonas rurales, al plantear la existencia de programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria. Estas actividades se concentran en un ámbito más general, dado por el cierre de la frontera agrícola en el cual se plantea la existencia de un plan de zonificación ambiental, con el doble propósito de delimitar la frontera agrícola y actualizar, ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial. En los aspectos institucionales aparece la necesidad de crear una instancia de alto nivel, en el marco de las competencias del gobierno nacional, que se encargue de la formulación de lineamientos generales orientados a una planeación indicativa de uso de la tierra para coordinar, articular y armonizar las políticas sectoriales, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de participación.

28La anterior medida iría acompañada de la elaboración de planes de desarrollo con enfoque territorial, planes de acción para la transformación regionales, planes nacionales para la reforma rural integral, que se sumarían a otras figuras de planificación actualmente existentes, a lo que deben agregarse los programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques y otros elementos del ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y la conservación ambiental y que se desarrollen en el contexto de la implementación de acuerdo. Por ello, el acuerdo de paz supone una revisión profunda del ordenamiento ambiental del territorio, lo que a su vez significaría la identificación de usos compatibles con el uso responsable del ambiente en perspectiva de potenciar las formas organizativas comunitarias.

29Acompañado de lo anterior, el acuerdo de paz refuerza la idea de participación de la sociedad civil en la definición de las decisiones de los usos del suelo en el área rural – profundizándose en los instrumentos ya existentes- en la necesidad de crear espacios “de concertación y diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local” (Acuerdo de Paz, 2016 p 18). Esto en congruencia con lo establecido en el punto del acuerdo sobre participación política que parte de la consideración según la cual la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto “requiere de una ampliación democrática” y “asegur[ar] que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente”

30Entonces, de los contenidos del Acuerdo en su componente rural, implica una reflexión profunda sobre al menos tres variables mutuamente condicionadas: por un lado, el ordenamiento territorial, los modelos de desarrollo implementados en los territorios y algunos mecanismos de participación para solucionar los conflictos derivados de los usos del territorio y de los proyectos económicos desarrollados en él. De la forma como se resuelvan estos tres asuntos puede depender el éxito o fracaso de la construcción de paz en el postacuerdo.

31Igualmente, el acuerdo contempla la obligación de fortalecer los diseños institucionales y las metodologías para facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas en distintos tópicos incluidos los ambientales, lo que iría en conjunto con las acciones para el desarrollo de una cultura política democrática y participativa. Algunos componentes adicionales están dados por cómo se creará un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción; el compromiso del Estado de revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, para entre otras cosas ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación, hacer los ajustes normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución.

32De esta forma el acuerdo abre la puerta a la discusión al establecer la necesidad de crear mecanismos para tramitar los conflictos derivados de la aplicación de proyectos de desarrollo y al propugnar por una profundización de la democracia en la toma de decisiones – incluidas las ambientales-, aunque no se compromete con una formula particular ni con la obligatoriedad de determinado nivel de participación como el deseable en la implementación de los acuerdos.

IV. Turismo y construcción de paz: necesidad de un enfoque basado en justicia ambiental

33Así pues, la construcción de paz implica discusiones más profundas que la mera implementación de lo pactado, debe llevar a superar reduccionismos y comprender y proyectar las concreciones de los acuerdos teniendo en cuenta la complejidad, globalidad, sistematicidad, integralidad e interdependencias entre sus múltiples dimensiones.

34La paz debe lograr transformaciones significativas en los territorios del país, y avanzar hacia un desarrollo rural más equitativo, el cierre de brechas socioeconómicas y la garantía de derechos de toda su población. Alcanzar estos propósitos implica necesariamente impulsar y fortalecer políticas relacionadas con: (i) la generación de ingresos y proyectos productivos agropecuarios, no agropecuarios, turísticos y culturales; (ii) la garantía de derechos sociales con enfoque territorial y diferencial para la igualdad de oportunidades (seguridad alimentaria, cultura, salud, educación, seguridad social, mecanismos de protección a la vejez, vivienda, agua potable y saneamiento); (iii) vías regionales, conectividad y bienes públicos para la paz; y (iv) ordenamiento del suelo y de la propiedad rural (catastro multipropósito y POT modernos) (DNP, 2015)

35Es aquí donde el turismo ecológico se ha visto como una alternativa para el desarrollo y la Construcción de la paz, en los que se puede denominar una doble visión del mismo por un lado la institucionalidad lo ve como un elemento a tener en cuenta para brindar alternativas económicas y medios para realizar un uso sostenible de la biodiversidad (DNP, 2017) interpretándolo como una herramienta para la construcción y el fortalecimiento de una cultura de paz, que contribuye a su vez con el desarrollo económico y social de las regiones (MICT, 2016).

36De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en los primeros cuatro meses del este 2017, el turismo extranjero en Colombia creció 43,1%, en comparación con el mismo período del año anterior, Entre enero y abril de este 2017, Colombia recibió 1.987.989 viajeros, 598.685 más que en el mismo período de 2016. Según declaraciones de la ministra de Comercio, “el posconflicto es una de las grandes ventajas que hoy le adiciona al turismo en Colombia, comenzamos por mejorar la imagen, mostrando una Colombia en paz y una Colombia que tiene nuevas oportunidades, nuevos destinos, nuevos productos turísticos a los cuales se puede llegar, se puede disfrutar y que muestra una ventaja comparativa con otros países” (MICT, 2017b).

37Pero al mismo, tiempo es visto con desconfianza por algunos sectores sociales y comunitarios (por ejemplo, La Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga frente al turismo en Santa Marta) por al menos dos razones, un turismo mal controlado puede significar impactos graves en los ecosistemas más importantes del país (no en vano p.e. en el caso del Parque Nacional Tayrona el turismo descontrolado es una de las 9 principales causas de deterioro ambiental en este importante ecosistema) y así la Unidad de Parques Nacionales de Colombia destaca que:

el turismo mal dirigido causa una serie de impactos directos sobre el ecosistema, como el manejo inadecuado de los residuos sólidos, compactación del suelo y ampliación de las márgenes de los senderos, contaminación visual por rayones en piedras y árboles, extracción y desplazamiento de fauna y flora por la presencia de los visitantes e impactos sobre el arrecife al pisar sobre las formaciones coralinas y debido al arribo de embarcaciones en zonas no autorizadas. La alta visitancia que posee el parque, ha fomentado la creación de asentamientos humanos irregulares con carencia de servicios básicos para la población, lo que trae consigo la destrucción o modificación de la línea de costa y ecosistemas adyacentes por la urbanización; se genera un elevado consumo y desperdicio de agua, uso de conchas para artesanías. Potenciando otras problemáticas locales, tales como, vertimientos de aguas residuales, pérdida de cobertura vegetal, entre otras”(PNN, 2015)

38Actualmente, la normatividad colombiana define el Ecoturismo como la modalidad turística especializada y sostenible, enfocada a crear conciencia sobre el valor de las Áreas del Sistema, a través de actividades de esparcimiento tales como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales y regionales. Mientras que define los Servicios asociados al ecoturismo como aquellos dirigidos a la atención del visitante que realiza actividades ecoturísticas en las áreas del Sistema de Parques, tales como alojamiento, transporte, alimentación, guianza e interpretación del patrimonio natural (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resolución 531 de 2013).

39Ahora bien, a pesar de estas conceptualizaciones es importante problematizar la idea, en la medida que no siempre, el Ecoturismo en sus concreciones prácticas (especialmente cuando se vuelve masivo o se conecta a servicios asociados altamente dañinos para el ambiente) permite caracterizarlo como una actividad económica es congruente, responsable o conservacionista del ambiente o de su uso cuidadoso. Por ello se deben mirar los aspectos concretos de esta clase de denominación, en últimas, precisar si es posible hablar de un real “ecoturismo” sostenible. Pues, es posible identificar prácticas denominadas ecoturísticas que no lo son porque están asociadas a actividades productivas que para ser económicamente viables y rentables, requieren usar indiscriminada y exageradamente recursos naturales.

  • 7 Una población colindante con el Parque Nacional Tayrona

40Se reconoce que el turismo puede traer importantes impactos sociales y económicos, como ha ocurrido en casos como el de la Bahía de Taganga7. Donde se han producido impactos como: la desintegración comunitaria, la pérdida de control territorial por parte de las comunidades tradicionales, desplazamiento o perdida de acceso a los bienes naturales para la satisfacción de las necesidades básicas entre otros.

41En efecto en la zona el turismo se desplego de una manera acelerada y desorganizada. La introducción del turismo aparejo simultáneamente elementos desfavorables con incidencias sobre la cohesión social y el ambiente. Por lo que hoy, se cuestiona la sostenibilidad de esta actividad, en relación con el aporte del turismo al beneficio económico que reciben las comunidades locales. Estos en términos de la generación de empleo y de ingresos, la desigualdad en la distribución de ingresos, la concentración de la propiedad, la valoración y el aprovechamiento del patrimonio cultural en los servicios turísticos. Además se cuestiona los impactos que se generan en los recursos naturales por diferentes clases de contaminación (Figuero Cabas, 2011).

42Los efectos negativos asociados al turismo están relacionados con el crecimiento de las actividades informales; la generación de empleo de baja calificación y de bajos ingresos; el deterioro del ambiente; el crecimiento urbanístico desorganizado; la degradación del entorno y de las playas; la pérdida de identidad local y el desplazamiento de otros sectores tradicionales como la pesca; el incremento de la drogadicción en la población juvenil y la prostitución, y la generación de mayores volúmenes de residuos sólidos (Figuero Cabas, 2011). Esto especialmente, en los lugares en los que se presta lo que la normatividad colombiana denomina “Servicios asociados al ecoturismo”, por lo que es conveniente analizar más integralmente la actividad ecoturística según lógicas de cadena de valor.

43Los impactos ambientales que provoca el turismo son de diferente magnitud y afectan de distinta manera los ecosistemas y el ambiente en general. El desarrollo turístico en la zona ha repercutido negativamente en la integridad y conservación de los bienes ambientales y naturales frágiles como los suelos, la vegetación, la fauna, el paisaje y los bosques, recursos que precisamente son cruciales para el desarrollo sostenible del turismo; así́ como, para garantizar la calidad de vida de los pobladores residentes (Figuero Cabas, 2011).

44En estas condiciones las actividades turísticas, no tendrán impacto en el desarrollo económico, el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social de la población local, mientras no se desarrollen sobre la base de una gestión y planificación turística integral, para el empleo racional de los recursos y fundamentalmente se logre crear y consolidar una cultura de excelencia en la prestación de los servicios turísticos que respondan a las nuevas exigencias de la demanda (Figuero Cabas, 2011).

45En esa perspectiva el desarrollo de futuros proyectos turísticos debe propiciar una vinculación efectiva de las comunidades receptoras en los órdenes económico, social y ambiental con la dinámica turística local y regional de tal manera que pueda contribuir de manera directa con la satisfacción de necesidades básicas. De esta forma siguiendo a Gómez Tobón (2002) el futuro turístico hay que concebirlo sobre el terreno, forjarlo con el compromiso directo de los interesados y desarrollarlo mostrando resultados que generen pertenencia, posean capacidad demostrativa y estimulen la iniciativa.

46Sin perjuicio de lo anterior, la contribución del turismo en favor de la paz se reconoció hace varios años. En especial se ha reconocido esta relación al destacar como el turismo puede convertirse en un factor clave del desarrollo económico y social (entendido como la satisfacción de las necesidades básicas de la población). En este sentido, el turismo tiene un gran potencial económico, visto desde la oportunidad de creación de empleo e ingresos, la cual puede generar un empoderamiento de la población que redunde en una reducción de la violencia y el conflicto. También se argumenta que un aporte del turismo a la construcción de paz es la construcción de una cultura de la paz, en la medida que a través de él es posible tener un mejor entendimiento del otro, ayudando en la construcción de una cultura en la prevención del conflicto.

47Si se consideran las desigualdades y los desentendimientos que pueden existir en una sociedad, el desarrollo del turismo como una actividad productiva, que beneficie a todos los miembros de una sociedad, puede contribuir a la generación de espacios de diálogo que permitan comprender las necesidades insatisfechas de la población de tal suerte que se logre llegar a un escenario de paz. Desde esta lógica, el turismo no se concibe solo como una actividad exclusivamente económica, sociológica, de conservación ecosistémica y pasa a ser una herramienta poderosa de desarrollo en una perspectiva multidimensional y de paz. En esa medida, debe considerarse el desarrollo gestionado desde las mismas comunidades como una prioridad para el emprendimiento de proyectos en las diversas regiones.

48Sin embargo, cuando se considera la relación de turismo, posconflicto y paz, se debe proceder con responsabilidad y cautela y se debe trabajar para que no existan territorios vedados, pero al mismo tiempo debe evitarse el surgimiento de nuevas formas de conflicto. Es pertinente la conversión del turismo en una estrategia integral de desarrollo que asuma un carácter multidimensional, que contribuya a reducir las brechas que se han forjado históricamente en las zonas de conflicto y de tal forma que se convierta en una forma de llevar paz a los territorios.

49Precisamente, por esta dicotomía que presenta el turismo como alternativa para la construcción de paz es necesario que se observen criterios de justicia ambiental en al menos

50tres dimensiones a) la distribución de las cargas y beneficios, entre los distintos sujetos en los territorios y en el tiempo, b) la forma como se participa en la toma de decisiones y c) la consideración adecuada de los limites ambientales (Gobert, 2010). En esta última dimensión es necesario reflexionar sobre la consideración hacia lo no humano y la asunción de una visión diacrónica y sincrónica con respecto a la aplicación de la justicia ambiental (Dejean, 2013; Shrader-Fredchette, 2002). Tal como lo ha destacado la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2017)“hay que tener en cuenta todos los asuntos locales: naturaleza, cultura, gastronomía e idiosincrasia. Cuando se combinan todos estos factores se consigue un sector turístico sensible hacia la paz, una paz que contribuya a la paz global. En un contexto de posconflicto, esta combinación contribuye con la construcción de la paz nacional y la reconciliación”.

51Ahora bien, el concepto de Justicia Ambiental se desarrolló, en un principio, a partir del análisis de las situaciones de desigualdad presentes en la distribución de beneficios o servicios ambientales, así como de las cargas contaminantes en detrimento, usualmente, de los derechos de los menos favorecidos en el ámbito socioeconómico (Hervé Espejo, 2010, p. 15). En países como España, se han realizado estudios en los cuales el concepto de justicia ambiental tiene una asociación directa con el de justicia espacial o geográfica, para Moreno Jiménez (2010) dicha relación se evidencia, en cuanto establece que hay situaciones de distribución inequitativa de aquellos territorios que tienen mejores condiciones ambientales, y que esta inequidad estaría ligada a la mejor o peor situación socioeconómica, de tal forma, que quienes acceden a los sitios con mayores beneficios ambientales y menor cantidad de contaminaciones son precisamente quienes ostentan mejores condiciones económicas. En ese sentido, no es difícil conectar el pensamiento ambiental con cuestiones generales de justicia social, con un enfoque distributivo (Bellmont, 2013; Gobert, 2010; Infante, 2016; Coyle, 2015).

52En este sentido, la justicia ambiental como la máxima fundamental de la política ambiental se caracteriza por un significado multidimensional, interconectado e interdependiente. De esta manera, hay una dimensión territorial de la justicia ambiental expresada en la distribución geográfica de los activos naturales y la concentración de la contaminación antropogénica (justicia espacial). Una dimensión en términos de garantizar el acceso y uso de bienes ambientales y naturales para la satisfacción de las necesidades básicas de humanos y no humanos (justicia ambiental intrageneracional). Una dimensión temporal alrededor de la discusión para una distribución justa de beneficios y cargas ambientales con las generaciones futuras (humanas y no humanas) (justicia intergeneracional). Una dimensión en términos de los límites de la apropiación (Justicia en la apropiación ambiental), es decir, cuánto apropiarnos y para qué, en una perspectiva de sostenibilidad, significa que los sistemas socioeconómicos que funcionan que destruyen su base biofísica son insostenibles y para eso prohibido. Esto implica dos elementos a) respetar los límites, es decir, lo que tomamos de la biosfera y lo que volvemos a ella debe estar dentro de los límites de absorción y regeneración de los ecosistemas; b) pensar en el mañana, “lo que queda”.

53Finalmente, aunque interconectado con los anteriores, hay una idea de justicia en reconocimiento (a quien debo reconocer o considerar en la toma de decisiones ambientales) y justicia en el procedimiento (que son los procedimientos adecuados para la consideración justa y equitativa de los diferentes intereses involucrados en los procesos de toma de decisiones ambientales).

54Ahora bien, la implementación de estos criterios sigue siendo una materia pendiente en la mayoría de los conflictos ambientales presentes en Colombia. Esto se ha evidenciado principalmente en los megaproyectos (mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos etc.). Por ejemplo, en materia de participación, se ha determinado que los mecanismos actualmente existentes para la participación de las comunidades afectadas por megaproyectos no resultan adecuados para garantizar una participación efectiva de la población afectada, de ahí que la Corte Constitucional colombiana haya decidido EXHORTAR al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio, con fundamento en la parte motiva de esta providencia.” En tanto, que debido a la inexistencia de una regulación definida por el Legislador respecto a la regulación de mecanismos de participación ciudanía e instrumentos de coordinación y concurrencia entre la nación y las entidades territoriales específicos para la explotación del subsuelo y de RNNR, la Corte encontró que existe en la materia un déficit de protección constitucionalmente inadmisible (Corte Constitucional, Sentencia SU 095 de 2018).

55Este déficit del derecho a la participación se ha encontrado situaciones en las que el campesinado y los pueblos indígenas discuten sobre la construcción de hidroeléctricas (como en el caso de la construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo, en el caso de Hidroituango o en el caso de la represa Urrá). Incluso en la construcción de los instrumentos de manejo ambiental de la áreas protegidas las comunidades han tenido problemas para participar de forma adecuada como en el caso de la Comunidad de Taganga y la construcción del Plan de Manejo ambiental del parque natural nacional Tayrona o la conflictividad ambiental desatada cuando el gobierno nacional intenta establecer los instrumentos de manejo de las áreas protegidas sin contar con la participación de la población indígena o campesina que habita dentro de ellas.

56Adicionalmente, Se han identificado algunos problemas en materia de acceso a la información especialmente ante figuras como el secreto industrial, que han sido argumentados por algunas empresas para no revelar información sobre la forma y condiciones en las que se desarrollan intervenciones ambientales. Tanto que en algunos casos incluso ha tenido que acudirse a la acción de tutela para acceder a la información relativa al estudio de impacto ambiental8, por ejemplo, en Barichará (un municipio de Colombia) acueductos comunitarios tuvieron que acudir a la acción de tutela para obtener información sobre el uso de agua en un proyecto agroindustrial de Cannabis.

57Igualmente, se han encontrado dificultades para disponer de información adecuada y pertinente ante el incumplimiento del Estado para generar, recopilar, poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y su deber de actualizar periódicamente esta información y alentar la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local.

  • 9 Dentro de estos casos se resaltan dos conflictos de minería de oro por su magnitud y relevancia par (...)

58Por ahora el turismo en Colombia no representa una fuente principal de conflictos ambiental, sin embargo la situación podría cambiar ante la expansión de este. De acuerdo a Pérez Rincón (2015) las principales fuentes de conflictos ambientales en Colombia son la minería (36%)9, la extracción y exploración de energía fósil (23%), la extracción de biomasa (14%), infraestructura (9%), la generación de energía eléctrica (8%). Por Su parte el turismo representa menos del 5% de los conflictos ambientales. Igualmente, este autor evidencia una alta relación entre los conflictos ambientales y el flujo de inversión extranjera al menos el 54% de los proyectos que generaron conflictos ambientales incluían inversión extranjera.

  • 10 Actualmente Colombia cuenta con ocho Normas Técnicas para Turismo Sostenible (Tabla 1) de las cual (...)

59Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que diferentes actividades ecoturísticas que se han desarrollado en las Áreas Protegidas de Colombia, también han presentado una serie de impactos negativos, estas afectaciones generalmente están relacionadas con el alojamiento y hospedaje; al uso de los recursos paisajísticos y a la movilidad dentro y fuera de los parques o áreas naturales, ocasionados por diferentes aspectos en la prestación de estos servicios por parte de diferentes empresas turísticas y organizaciones comunitarias que ofrecen tanto servicios ecoturísticos como de turismo convencional10 (Caviedes Rubio; Olaya Amaya 2018) con las que se establece en algunos casos concesiones, que afectan en cierto grado la sostenibilidad de los bienes ambientales.

60En ese orden de ideas, los problemas sobre la justicia ambiental en relación con el turismo en general, e incluso frente al ecoturismo, requieren abordar tanto el bienestar humano, como los fundamentos éticos para alcanzarlo y lo limites que este tendría. Entonces una teoría de la justicia ambiental requiere incorporar reformas de justicia distributiva, en el campo procesual y sustantivas en términos de limites adecuados a la apropiación ambiental (Shrader-Fredchette, 2002). Así las demandas de protección ambiental y de justicia ambiental son dos caras de la misma moneda, en tanto en el fondo incorporan la pregunta de hasta cuanto ambiente podemos apropiarnos – en las distintas formas de apropiación-, como distribuirnos los frutos de esta apropiación y como debería generarse el proceso de decisiones en la materia. Especialmente desde el punto vista de la participación de las comunidades en las actividades turísticas debe asegurarse la 1) representación justa, 2) trato justo y juego limpio, 3) voluntariedad en los acuerdos, y la 4) transparencia.

61Ahora bien, este último punto se relaciona con la pregunta de si la sostenibilidad ambiental puede alcanzarse a través de las formas democráticas (Engel, 2010; Bosselmann, Engel, & Taylor, 2008). Se discute alrededor de la crítica a la forma como el mercado ha desplazado a la democracia, se pregunta por cómo la democracia y la sostenibilidad pueden revivirse, de tal forma que la discusión se articula alrededor de la forma de teorizar críticamente los compromisos democráticos en la lucha por la conservación, y la sostenibilidad (Heinrichs, 2010; Bosselmann, Engel, & Taylor, 2008).

62Como electorado y contraparte de los gobiernos, la sociedad civil puede ser crítica o apoyar las políticas de crecimiento. Asimismo, la sociedad civil puede ser indiferente o proactiva con respecto a la sostenibilidad. En especial debe considerarse el hecho de que los debates sobre el ambiente y las agendas sobre la sostenibilidad están estrechamente vinculados con las agendas de la sociedad civil, de las comunidades y los colectivos humanos. En ese sentido, las perspectivas de sociedades democráticas y sostenibles están determinadas en última instancia por el papel que la sociedad civil está dispuesta a desempeñar (Bosselmann, Engel, & Taylor, 2008), después de todo las sociedades democráticas son auto-reflexivas en el sentido de ser capaces de reflexionar, aprender y cambiar (Bosselmann, 2010).

63Por supuesto, la anterior postura también implica que los ejercicios de toma de decisiones públicas deben reunir unas condiciones materiales y no solo formales, así como articulaciones entre los niveles globales, regionales y locales. Condiciones como transparencia, rendición de cuentas, y participación real, la definición de estándares ambientales adecuados para el desarrollo de las actividades económicas y algunos cambios en los esquemas electorales, son deseables (Heinrichs, 2010; Bosselmann, Engel, & Taylor, 2008). Al mismo tiempo, se requiere un cambio profundo hacia el pensamiento ambiental, en perspectiva de ciudadanía ambiental (Mesa Cuadros G. , 2013, 2010, 2007; Bosselmann, Engel, & Taylor, 2008).

64La democracia ambiental – en perspectiva de justicia ambiental - implica una mayor y autentica participación constituyente de todos y todas en las decisiones sobre la vida y el mercado, y por una democratización en todos los ámbitos de la vida social, política, local regional, estatal, internacional y global. La construcción de una verdadera democracia ambiental pasa por establecer algunos criterios para definir el tipo de decisiones y el mecanismo para participar en los distintos niveles de discusión – nacional, regional, local-; así como cuál es el nivel de participación adecuado para cada nivel y tipo de decisión – información, consulta, iniciativa, concertación, decisión, gestión, fiscalización (Rodriguez & Muñoz Avila, 2009). Tampoco se puede desconocer la necesidad de articular los niveles globales e internacionales de toma de decisión con las decisiones tomadas a nivel nacional y local, en ese orden de ideas uno de los retos es construir escenarios democráticos desde el nivel internacional hasta el local (Marquardt, 2014b; Mesa Cuadros G. , 2013, 2010, 2007; Mesa Cuadros G. , 2011; Ferry, 1994).

65En el caso Colombiano la Corte Constitucional se ha acercado al concepto de justicia ambiental de manera expresa en dos de sus componentes: una demanda de justicia distributiva que aboga por el reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales entre los sujetos de una comunidad eliminando aquellos factores de discriminación (injusticias de reconocimiento), o bien en la condición socioeconómica o en la pertenencia a países del Norte o del Sur global (injusticias de redistribución). En segundo lugar, la justicia ambiental incorpora una demanda de justicia participativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos (Corte Constitucional Colombiana Sentencia T-294 de 2014, T-606 de 2015, Sentencia C-389 de 2016).

66La consideración de estos elementos permitiría evitar conflictos ambientales como el ocurrido con el pueblo U’wa y campesinos de los municipios de Güicán de la Sierra, en relación con el ecoturismo en el Cocuy y otros sectores aledaños (en Boyacá); estos grupos han exigido en varias ocasiones la prohibición de ingreso al nevado de El Cocuy para actividades de turismo a causa de la contaminación que visitantes han venido ocasionando. Incluso han denunciado que el PNN El Cocuy se ha convertido en un monopolio económico para el sector hotelero, guías turísticos y agencias de viaje que solo buscan un beneficio económico sin tener en cuenta que ese frágil ecosistema representa un factor esencial para la vida.

67En ese orden de ideas, a pesar de las potencialidades del ecoturismo para la construcción de paz este debe pensarse desde al menos tres discusiones: las limitaciones necesarias a las actividades ecoturísticas para ser consideradas verdaderamente sostenibles; la distribución justa y equitativa de los beneficios y perjuicios que esta actividad cause y la participación adecuada de las comunidades presentes en los territorios donde aspira adelantarse proyectos de este tipo.

68Por supuesto esto supone desarrollar estrategias diferenciadas de intervención territorial en la medida que el conflicto armado colombiano ha dejado a los destinos turísticos del país en una situación muy asimétrica. Por una parte, se encuentran territorios que, incluso durante el conflicto armado, funcionaron como turísticos consolidados, tal es el caso de San Andrés, la costa Atlántica y el Eje Cafetero; luego, es posible ubicar aquellos espacios y territorios que, tras haber desarrollado una incipiente actividad turística, ésta se vio interrumpida durante el conflicto colombiano, con un mayor o menor grado de deterioro de las estructuras necesarias para recuperar la actividades turística, y entre los que se encontraría ciertos espacios del departamento del Chocó, Antioquía, Santander, Huila y Tolima, y, en general, la mayor parte de los espacios naturales del país. Finalmente, están aquellos territorios que nunca tuvieron iniciativas turísticas, pero que, en el nuevo escenario de posconflicto consideran al turismo como un sector económico que les posibilitaría cierto desarrollo (Menchero Sánchez, 2018). En esa perspectiva, necesario profundizar en las necesidades y características de los espacios turísticos con potencial para el ecoturismo que el país tiene, tanto para los destinos más maduros, como en aquellos que son emergentes. Igualmente, ha de avanzarse en el fortalecimiento institucional del sector y en la cooperación de todos aquellos actores que intervienen.

69En esta línea el gobierno nacional ha intentado avanzar a través de estrategias como: “Turismo, paz y convivencia” para la cual se han tomado inicialmente 5 territorios piloto; Camino Teyuna, La Macarena, Urabá́ Antioqueño, Darién chocoano y Putumayo. Los cuales tienen como característica común, la belleza de sus atractivos naturales, haber sido impactados por la violencia vivida en el país durante más de 40 años y porque hoy el turismo se desarrolla a partir de procesos de base comunitaria. Esta estrategia busca integrar a las regiones que han sido víctimas del conflicto armado a un mercado turístico incluyente que brinde opciones a las comunidades locales, permitiendo la transformación de escenarios de guerra a territorios de paz a través de la práctica del turismo consciente y sustentable, con el apoyo de las entidades territoriales, gremios, empresarios turísticos y la academia. Ahora bien, un balance integral de estos proyectos piloto es aun una tarea pendiente.

70Sin perjuicio de lo anterior, los balances iniciales han demostrado la heterogeneidad y necesidad de enfoques territoriales en el desarrollo del ecoturismo en un escenario de postconflicto. Así se puede encontrar un primer grupo que pueden definirse como destinos emergentes que están en una fase de inicio en temas de turismo como es el Putumayo donde hay posibilidades de desarrollar un turismo planificado y ordenado si se logra la articulación institucional y empresarial. Un segundo grupo se puede definir como territorios en fase de contracción que experimentaron auge y crecimiento en turismo en la década del 90 y que hoy afrontan las consecuencias de una actividad turística no planificada y carente de gobernabilidad como son el Urabá́ Antioqueño y el Urabá́ Darién, además de conflictos sociales y de infraestructura aún sin resolver. En un tercer grupo están los territorios en fase de crecimiento allí́ se encuentra La Macarena y Camino Teyuna. Territorios que han superado el conflicto y que llevan un proceso de desarrollo turístico de aproximadamente 10 años. Son territorios organizados, con capacidad de gestión interna y un liderazgo visible (López Zapata et al, 2017). En esa perspectiva esta diferencia muestra como la implementación de criterios de justicia ambiental son pertinentes y necesarios en el momento de plantear una ruta de intervención territorial con miras a la construcción de paz.

71Por ahora el nuevo Plan de Nacional de Desarrollo que guiara la política pública en Colombia ha definido como líneas de acción las siguientes: a) modernización el marco regulatorio para el turismo  que se adapte a los nuevos contextos y realidades  del sector y las regiones; b) establecimiento de Zonas Turísticas Especiales, en articulación con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT); c) desarrollo de productos turísticos diferenciados y de alto gasto, como el ecoturismo, el turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar; d) atraer inversión para infraestructura turística sostenible de talla mundial, e) Simplificar los trámites para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT), f) fortalecer las cualificaciones a nivel educativo, formativo y las competencias laborales relacionadas con las actividades u oficios del turismo, y g) actualizar la regulación para el ejercicio de los guías turísticos.​​ En esta perspectiva, se confirma una apuesta por el desarrollo del turismo – incluido el ecoturismo – pero por lo indicado más arriba es necesario acompañar estos ejercicios de rutas de intervención claras que asuman criterios de justicia ambiental o de lo contrario se corre el riesgo de profundizar o crear nuevos conflictos ambientales.

Conclusión

72La firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc-ep y el gobierno de Colombia, así como las negociaciones que actualmente se adelantan con la guerrilla del ELN, sin duda implica un nuevo contexto para el desarrollo de las actividades económicas en el país. Sin embargo, la implementación de los acuerdos de paz implica a su vez oportunidades como grandes retos, por el lado de las oportunidades se encuentran las posibilidades de realizar un nuevo pacto social, democratizar la sociedad colombiana, redefinir las relaciones con naturaleza y el territorio, así la posibilidad de acceder a territorios antes vedados por el conflicto implica también la apertura a nuevas ofertas turísticas que en teoría aprovecharían la diversidad ambiental y cultural del país atrayendo a miles de turistas de distintas partes del mundo, como ya lo evidencian las cifras del Ministerio de Comercio, industria y turismo.

73A pesar de lo anterior, el ecoturismo en Colombia requiere pensarse al menos dos dimensiones, la primera la dimensión de la sostenibilidad ambiental como demuestra la experiencia de algunos de los parques nacionales naturales en los que se realizan actividades de turismo, esta actividad mal dirigida puede causar graves daños y erosiones en el ambiente, además en algunos casos puede llegar a ser intensiva en el uso de bienes ambientales y naturales, en ese orden de ideas es necesario que aquellos proyectos turísticos que aspiren a desarrollarse en áreas de especial importancia ecológica se piensen esencialmente desde los límites a la apropiación de la naturaleza en orden a no sobrecargar estos ecosistemas. Una segunda dimensión que requiere pensarse la aplicación de nuevos proyectos de ecoturismo tiene que ver con el contexto social en el que se aplicarían, como se ha indicado muchas de las áreas con potencial ecoturístico se encuentran en áreas fuertemente afectadas por el conflicto armado, lo que supone por un lado un escenario en el cual el país se encuentra en proceso de construcción de la paz, lo que a su vez implica fuertes tensiones en términos de reconfiguraciones territorial, demandas sociales por la satisfacción de necesidades básicas etc.

74Precisamente, este último elemento es importante para el análisis pues una mala implementación de proyectos ecoturísticos podría convertirse en nueva fuente de conflictos ambientales, poniendo en riesgo la protección ambiental y la construcción de paz. De ahí la necesidad de que aquellos proyectos ecoturísticos que planteen desarrollarse en los territorios de importancia ambiental desarrollen criterios de justicia ambiental en al menos tres de las dimensiones destacadas en el presente escrito, a saber, a) la preocupación por la sostenibilidad ambiental y los límites del uso de la naturaleza b) la distribución justa y equitativa de los bienes y males ambientales derivados de la actividad económica, c) la participación adecuada y decisoria de las comunidades habitantes del territorio donde planean desarrollarse estos proyectos con respeto de las practicas comunitarias y tradicionales así como de sus modos de vida.

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Notes

1 Los conflictos ambientales surgen de apropiaciones del ambiente realizadas de manera injustificada o vulnerando los derechos de unos, muchos o todos por parte de unos pocos. En tal sentido, los conflictos ambientales involucran ante todo intereses de los sujetos de derecho, de tal forma que no puede existir un conflicto ambiental si no se están vulnerando los derechos o interés de individuos, pueblos y otras colectividades (Mesa et al; 2015, p 37). En ese sentido, los conflictos ambientales pueden entenderse como una disputa por al acceso, uso, distribución, intercambio o disposición final de bienes ambientales y naturales o residuos con un impacto en las condiciones de vida digna (afectación a derechos).

2 En el desarrollo de este trabajo, el “ambiente” lo hemos venido entendiendo en el sentido de un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean transformados o creados por el hombre. Se prefiere el termino ambiente sobre el termino medio ambiente pues tiene una significación más compleja e integral (el medioambiente siempre se verá como algo que carece de la otra mitad) y la segunda, porque la visión de “medio ambiente” ha tenido una connotación parcial, afirma cierta neutralidad ante el hecho de las actuaciones indebidas sobre la naturaleza, y además, casi siempre termina convirtiéndose en el “instrumento” para o mediante el cual el ser humano satisface sus intereses sin consideración sobre lo demás.

3 En este texto se hace referencia a los bienes ambientales como el conjunto de elementos que componen en ambiente y que serian patrimonio común de la humanidad. Esto para distinguirlo del término recursos naturales con sus connotaciones utilitarista e instrumentales de los elementos que componen el ambiente.

4 De tal forma, se puede sintetizar que bajo la perspectiva de la justicia ambiental se cometerían injusticias cuando un individuo o colectivo, comunidad, pueblo o grupo afronta (presente o futuro): a) se expone riesgos ambientales desproporcionados, b) tiene un acceso inequitativo a los bienes ambientales c) tiene menor oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones con respecto al ambiente (Gobert, 2010, párr. 43; Shrader-Fredchette, 2002, pp. 27 -29). Precisamente, en esta última arista de la discusión es que se incorporará la idea de que las desigualdades en la forma como se participa en el proceso de toma de decisión ambiental contribuyen a la formación o permanencia de los sistemas de desigualdad ambiental estructural, al permitir el mantenimiento de fallas de reconocimiento en las decisiones ambientales (Kaur Amar & Teelucksingh, 2015, p. 45)

5 Las obligaciones del Estado en materia de protección ambiental pueden sintetizarse en cuatro grandes grupos a) las obligaciones de planificación en materia ambiental; b) las obligaciones de control y vigilancia de las actividades o proyectos que pueden causar contaminación o daños ambientales; c) la obligación de sanción frente a las conductas que degradan el ambiente y d) las obligación de reparación del daño ambiental.

6 Se ha insistido mucho sobre los dividendos económicos de la paz. Colombia gasta aproximadamente 3.4% de su producto interno bruto en defensa. Es el país latinoamericano que más gasta en este sector. Aunque el liberar este presupuesto público no conlleva directamente un mayor crecimiento económico ni un mejor gasto social, sí abre una oportunidad para redirigir este dinero a la educación, la salud y el medio ambiente. De acuerdo con el gobierno, la paz podría resultar en un incremento del 1.5% en el PIB y 5% a 8% en las regiones más afectadas por la guerra (Bustos & Jaramillo, 2016).

7 Una población colindante con el Parque Nacional Tayrona

8 Ver http://www.consejodeestado.gov.co/news/estudios-de-impacto-ambiental-no-pueden-estar-sometidos-a-reserva/

9 Dentro de estos casos se resaltan dos conflictos de minería de oro por su magnitud y relevancia para el país; el del páramo de Santurbán en Santander, donde tiene presencia la multinacional Greystar de Canadá y el conflicto en la mina La Colosa, Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionado con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica.

10 Actualmente Colombia cuenta con ocho Normas Técnicas para Turismo Sostenible (Tabla 1) de las cuales, según el artículo 5 de la Ley 1558 de 2012, todas a excepción de las NTS TS 001-1 y 001-2, son de obligatorio cumplimiento y son reglamentadas de acuerdo con la Resolución 3860 de 2015 del MinCIT. El cumplimiento de la NTS TS 002 por parte de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, y su certificación por parte de un organismo autorizado por el Minambiente le permitirá obtener, además del Sello de Calidad Turística del MinCIT, el Sello Ambiental Colombiano

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Pour citer cet article

Référence électronique

Luis Fernando Sánchez Supelano, « Ecoturismo en la construcción de paz en Colombia: acuerdo de paz, conflictividad y justicia ambiental », Via [En ligne], 15 | 2019, mis en ligne le 22 novembre 2019, consulté le 25 juin 2022. URL : http://journals.openedition.org/viatourism/3649 ; DOI : https://doi.org/10.4000/viatourism.3649

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Auteur

Luis Fernando Sánchez Supelano

Abogado, Magíster en Derecho y Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del Grupo de Investigación en Derecho Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Correo: lfsanchezs@unal.edu.co

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